El Gobierno, en interés de proteger a la infancia, evitará que los menores de seis años en situación de desamparo ingresen en centros de protección, por lo que facilitará y agilizará los trámites para que sean acogidos por familias.

Los menores de tres años no ingresarán en los centros de protección, “salvo que exista imposibilidad muy justificada”, detalla el anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia presentado hace unas semanas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

También se permitirá la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable y regulará los centros para menores con trastornos de conducta. Los mayores de 18 años, podrán ser adoptados siempre y cuando estén en situación de acogida familiar o convivencia estable, para ello se eliminará la condición de que el menor hubiera sido acogido antes de cumplir los 14 años.

Acorta y simplifica los procedimientos judiciales (como suprimir el acogimiento provisional y preadoptivo), y amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.

Así, el período previo establecido para la presentación de la propuesta de adopción ante el juez pasa de un año a tres meses. Otra de las medidas de agilización es que todos los procedimientos contra las resoluciones administrativas referentes a cada menor se acumulen en el mismo Juzgado.

En los supuestos de menores con trastorno de conducta o discapacidad, la norma también establece una serie de garantías como la intensificación de los servicios de actuación.

La nueva ley implicará la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, y unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas.

“UNICEF ha recibido muchos pedidos de información por parte de familias que esperan poder adoptar niños y niñas de otros países. UNICEF sostiene que toda decisión que afecte a un niño o niña -incluso las decisiones referidas a su adopción- se deben tomar teniendo en cuenta en primer lugar su interés superior. La Convención de La Haya sobre la Adopción Internacional constituye un avance importante al respecto tanto para las familias como para los niños y niñas adoptados y por adoptar, ya que alienta la transparencia y la corrección ética de los procesos, a fin de que en éstos se de prioridad al interés superior de los niños. UNICEF exhorta a los gobiernos nacionales a que garanticen la protección de todos y cada uno de los niños y niñas durante el período de transición previo a la vigencia plena de la Convención de La Haya.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que rige la labor de UNICEF, establece claramente que todos los niños y niñas tienen derecho a conocer a sus padres y, en la medida de lo posible, a ser criados por éstos. De conformidad con ello, y atento al valor y la importancia que tiene la familia en la vida de los niños, UNICEF sostiene que las familias que necesiten apoyo para poder atender a sus hijos e hijas deberían recibirlo, y que sólo se debería considerar la posibilidad de formas sustitutivas de cuidado de los niños cuando, pese a ese respaldo, las familias de esos niños no estén disponibles o dispuestas a cuidarlos, o no sean capaces de hacerlo.

Es preferible que los niños y niñas que no puedan ser criados por sus propias familias crezcan en ámbitos familiares sustitutivos adecuados, en lugar de en establecimientos de atención institucional, a los que sólo se debería apelar como último recurso y con carácter provisional. En los casos de esos niños y niñas, una de las varias opciones posibles es la adopción internacional, que puede resultar la solución más idónea cuando se trate de niños y niñas que no puedan ser colocados en un ámbito familiar permanente en sus países de origen. Pero en cada caso, el principio rector de toda decisión en materia de adopción debe ser el interés superior del niño o la niña en cuestión.

En los últimos 30 años se ha producido un aumento considerable del número de familias de países ricos interesadas en adoptar niños y niñas de otros países. Al mismo tiempo, la ausencia de normas reguladoras y mecanismo de supervisión, especialmente en los países de origen, así como las posibilidades de lucro que se dan en el ámbito de las adopciones internacionales, han alentado el crecimiento de una industria centrada en las adopciones, en la que se da prioridad a los beneficios materiales en desmedro del interés superior de los niños. Entre los abusos que se cometen figuran el secuestro y la venta de niños y niñas, la intimidación de los padres y el pago de sobornos.

Muchos países del mundo reconocen esos peligros y por ello han ratificado la Convención de La Haya sobre la Adopción Internacional. UNICEF apoya firmemente ese acuerdo internacional, cuyo objetivo consiste en poner en práctica los principios relacionados con la adopción internacional que se estipulan en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre ellos figuran que la adopción sea aprobada por las autoridades pertinentes; que las adopciones internacionales estén protegidas por las mismas normas y salvaguardas que se aplican a las adopciones nacionales; y que las adopciones internacionales no redunden en beneficio financiero improcedente para ninguna de las partes involucradas en esas operaciones. Pese a que el objetivo principal de esas estipulaciones es la protección de los niños, las mismas tienen también el efecto positivo de brindar a los padres adoptivos potenciales la certeza de que sus hijos no han sido objeto de prácticas ilícitas y lesivas.

La situación de los niños y niñas separados de sus padres y comunidades durante los conflictos armados o los desastres naturales amerita una consideración especial. No se debe dar por supuesto que esos menores no tienen padres o parientes vivos. Aun en el caso de que ambos progenitores hayan muerto, existe la posibilidad de encontrar a otros parientes vivos o de que el niño pueda regresar a su comunidad u hogar una vez apaciguado el conflicto o finalizado el desastre natural. Por lo tanto, en lugar de planificar la adopción internacional de esos niños y niñas se debería dar prioridad a la localización de las familias.
Tanto UNICEF como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Conferencia Internacional de la Cruz Roja comparten este punto de vista, así como ONG internacionales como la Alianza Internacional para el Apoyo a la Niñez”.