Con la nueva normativa, las autoridades nacionales de los Veintisiete reconocerán las medidas de protección impuestas en cualquier otro Estado miembro de acuerdo con sus leyes penales.

Sostienen los Jueces que modificando leyes no se solucionan estos problemas, sino con políticas de prevención y educación que, obvimente, cuestan más , duran más, exigen más, pero son más efectivas.

Critican los Jueces que al decir la ministra “que afectará a todos los hombres INCURSOS en delitos de violencia de género” lo que está diciendo es que “una persona sólo por el hecho de haber sido denunciada puede perder la custodia de sus hijos, lo cual es “una barbaridad” porque esa persona aún no habría sido juzgada ni condenada. “Eso lo tendrá que decidir un Juez”, ha dicho uno de los representantes de estas Asociaciones de Jueces. Y recuerda que esta medida ya viene siendo aplicada por los Tribunales desde hace años, en casos de violencia doméstica y de género y han reivindicado que estas reformas se deben dejar en manos del Ministerio de Justicia y no del de Sanidad.

La retirada de la custodia y/o patria potestad de sus hijos únicamente debe aplicarse a los padres y madres maltratadores con sentencia firme. Y así se vienen aplicando en los Tribunales.

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9883

Fecha: 19/10/2010. El Tribunal Constitucional ha denegado el amparo a un condenado a tres años de prisión por golpear a su esposa, en una sentencia en la que, por primera vez, aplica a un caso concreto su propia doctrina, que avaló la imposición de penas más altas al hombre que maltrata a una mujer, prevista en la ley.

En la sentencia, de la que ha sido ponente la Presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, el TC insiste en que imponer una pena mayor al hombre, como contempla la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, no implica discriminación ni vulneración del principio de igualdad, como alegaba el condenado en su recurso de amparo.

Además, reitera que “resulta adecuada” la diferenciación de penas en la medida en que “no resulta irrazonable” entender que “en la agresión del varón contra la mujer que es o fue su pareja se ve peculiarmente dañada la libertad de ésta; se ve intensificado su sometimiento a la voluntad del agresor y se ve peculiarmente dañada su dignidad”.

La Sentencia cuenta con los votos discrepantes de dos Magistrados, en los que se considera que “la sentencia se suma a un superado Derecho penal paternalista que promueve una concepción de la mujer como sujeto vulnerable que, por el solo hecho de iniciar una relación afectiva con un varón, incluso sin convivencia, se sitúa en una posición subordinada que requiere de una específica tutela penal”. Además que “resulta profundamente injusto considerar que todas las mujeres tienen el mismo riesgo de opresión, como si sólo el sexo incidiera en el origen del maltrato, cuando lo cierto es que las condiciones socio-económicas desempeñan un papel que la sentencia silencia”.

Fuente: http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/noticias/el-tribunal-constitucional-avala-por-primera-vez-la-imposicion-de-penas-mas-altas-a-un-maltratador

Hay un mapa nacional de unidades asistenciales, policiales y judiciales, servicios de información y asesoramiento, asociaciones de mujeres, atención policial, juzgados, y servicios de asesoramiento legal.

Esta interesante web puede encontrarla en:

http://www.migualdad.es/recursos/search/SearchForm.action

ARTÍCULO 23: Igualdad entre mujeres y hombres:

La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.