¿De quién heredan los nietos si el padre fallece antes que el abuelo?

lunes, 12 enero 2015

Lo normal es que los padres mueran antes que sus hijos y éste es el deseo de todo padre y madre. Lo más doloroso para los padres es que sus hijos los antecedan en el fallecimiento y, lamentablemente, este hecho ocurre con alguna frecuencia. Es un drama familiar que un padre o una madre mueran antes que el abuelo o la abuela. Después de superar este trauma familiar, hay una pregunta inevitable, que parece odiosa, pero que en algún momento habrá que enfrentar: ¿si los padres fallecen antes que los abuelos, los nietos de quién heredan?

La respuesta parece sencilla, pero desde un punto de vista jurídico no es muy fácil de explicar, porque hay diversas interpretaciones. La respuesta sencilla sería: si el padre heredero muere antes que el abuelo sin haber aceptado ni repudiado la herencia, pasará el mismo derecho que el padre tenía a sus hijos (es decir, a los nietos).

1. Existen dos posiciones doctrinales sobre la interpretación y alcance del artículo 1006 del Código Civil que contempla la sucesión por derecho de transmisión, que yo llamaría la teoría sencilla y la teoría complicada:

a) La teoría “sencilla” de la adquisición directa o por doble capacidad, que considera que los bienes del primer causante pasan directamente al heredero transmisario cuando éste ejercita positivamente el “Ius Delationis”.

b) La teoría “complicada” que considera que existen dos movimientos de bienes: uno que va del patrimonio del causante a la masa hereditaria del heredero transmitente, que fallece antes de aceptar la herencia de aquél; y un segundo movimiento desde esta masa hereditaria del segundo causante o transmitente al heredero transmisario que acepta las dos herencias, como si se tratara de dos sucesiones.

2. Vamos a quedarnos con la “teoría sencilla” que es la que contempla el artículo 1006 del Código Civil, al establecer que “por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía”. La cual ha sido corroborada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo al dictar la Sentencia 539/13, de 11 de septiembre de 2013 (recurso 397/2011), sentando doctrina jurisprudencial en torno a cómo ha de interpretarse este hecho: “cuando el llamado a suceder al causante fallece antes de aceptar o repudiar su herencia, hay un mero efecto transmisivo del derecho como presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia”.

De este modo, al aceptar la herencia, los herederos transmisarios (nietos) suceden directamente al causante de la herencia (abuelo) y en otra sucesión distinta, al fallecido heredero (el padre), conforme a lo establecido en el artículo 1006 del Código Civil. Es lo que se conoce como el Ius Delationis y el Ius Transmissionis. 

3. El Ius Delationis es el derecho que se le concede al llamado a una herencia para aceptarla o repudiarla, una vez producida la apertura de la herencia (por el fallecimiento de una persona); el llamamiento a la sucesión puede ser por testamento (sucesión testada) o por ley (sucesión intestada o sin testamento).

Si el llamado a la herencia la acepta, desde ese momento ostenta la condición de heredero. Esa aceptación puede ser pura y simple, expresa o tácita, y por tanto el heredero responde de todas las cargas de la herencia con los bienes de la herencia y con los suyos propios, a menos que haya aceptado la herencia a beneficio de inventario.

Este derecho que ostenta el llamado a la aceptación o repudiación de la herencia, es transmisible mortis causa, situación que se contempla en el artículo 1006 del Código Civil, cuando el llamado a la herencia fallece sin haberla aceptado ni repudiado.

Por tanto, el Ius Transmissionis se entiende ligado al Ius Delationis, puesto que el derecho que tiene el llamado a una herencia para aceptarla o repudiarla (Ius Delationis), se transmite a sus herederos, según el citado artículo 1006 del Código Civil: “por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía”. Esta transmisión del derecho que tenía el llamado a una herencia, pero que ha fallecido sin haberlo ejercitado, se conoce con el nombre de Ius Transmissionis o derecho de transmisión, en el sentido de que los herederos del heredero fallecido adquieren la facultad de aceptar o repudiar la herencia del causante.

El derecho de transmisión del artículo 1006 (Ius Transmissionis) supone posibilidad ex lege de transmitir el Ius Delationis.

4. La cuestión de fondo es que en los Tribunales no había unidad de criterio en cuanto a la naturaleza y alcance del derecho de transmisión (Ius Transmissionis) del artículo 1006 del Código Civil, pues se aplicaba una u otra teoría indistintamente, hasta que llega la Sentencia 539/13 del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 11 de septiembre de 2013, que sienta como doctrina jurisprudencial aplicable lo contenido en su fundamento segundo de derecho, que dice:

“La correcta fundamentación del presente caso requiere de una previa precisión de índole metodológica en el alcance del artículo 1006 del Código Civil. En este sentido interesa destacar que el derecho de transmisión que contempla el citado precepto (ius transmissionis) refiere, sustancialmente, la cualidad del ius delationis de poder ser objeto de transmisión, esto es, la aplicación ex lege de un efecto transmisivo en la adquisición de la herencia por el que el derecho a aceptar o repudiar la herencia que tenía el heredero transmitente, que fallece sin ejercitarlo, pasa a sus propios herederos, denominados en este proceso como herederos transmisarios. De esta forma, fuera de la mencionada cualidad el derecho de transmisión, en sí mismo considerado, ni configura ni altera la naturaleza y caracterización del ius delationis, verdadera cuestión de fondo del caso planteado…

“Esta equivalencia entre la unidad del fenómeno sucesorio y el ius delationis, que subsiste como tal, sin pérdida de su esencia o de sus caracteres en el curso de dicho fenómeno sucesorio, también encuentra un claro apoyo interpretativo en los precedentes de nuestro Código Civil pertinentes al actual artículo 1006. En este sentido, el artículo 2365 del Proyecto de 1836 ya establecía que el ius delationis podían ejercitarlo los herederos “en su propio nombre”. Por su parte, el artículo 836.1 del Proyecto de 1851 recalcaba que por la muerte del heredero, sin aceptar o repudiar la herencia, “se transmitía a los suyos el mismo derecho que él tenía”. Dicha expresión fue mantenida en el artículo 1018 del Anteproyecto de 1882.

“Del contexto interpretativo realizado debe concluirse, como fijación de la Doctrina jurisprudencial aplicable a la cuestión debatida, que el denominado derecho de transmisión previsto en el artículo 1006 del Código Civil no constituye, en ningún caso, una nueva delación hereditaria o fraccionamiento del ius delationis en curso de la herencia del causante que subsistiendo como tal, inalterado en su esencia y caracterización, transita o pasa al heredero trasmisario…

“No hay, por tanto, una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius delationis, sino un mero efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia que ex lege ostentan los herederos transmisarios; todo ello, dentro de la unidad orgánica y funcional del fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que aceptando la herencia del heredero transmitente, y ejercitando el ius delationis integrado en la misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente…

“La inalterabilidad del ius delationis, junto con la debida diferenciación de los procesos sucesorios en liza, determina, a su vez, que los derechos hereditarios de los herederos transmisarios se ejerciten plenamente conforme a la sucesión del causante de la herencia, ya testamentariamente o bien de forma intestada, quedando comprendidas en dicha ejecución sucesoria la concreción e individualización propia de las operaciones particionales cuando éstas tengan lugar; sin que dicha ejecución venga condicionada por las disposiciones que deban seguirse respecto de la sucesión o partición de la herencia del heredero transmitente…

“Esta misma razón de inalterabilidad o subsistencia del ius delationis hace que cumplidos ya los requisitos de capacidad sucesoria por el heredero transmitente y, por tanto, la posibilidad de transmisión del ius delationis, la capacidad sucesoria de los herederos transmisarios en la herencia del causante deba ser apreciada cuando éstos acepten la herencia del fallecido heredero transmitente…”

5. Por último, la misma Sentencia 539/13 del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 11 de septiembre de 2013, dice que en parecidos términos a lo expuesto, en los Derechos Forales, el ius delationis y el ius transmissionis gozan de plena carta de naturaleza.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Fiscalidad y Familia

jueves, 20 noviembre 2014

Es imprescindible mejorar el trato fiscal a las familias españolas, máxime si tenemos en cuenta que los principios de la regulación fiscal son la neutralidad, la equidad y la eficiencia. La mejora del tratamiento fiscal dado a las familias no es solo una cuestión de justicia tributaria, sino también una decisión política para la sostenibilidad social.

Las legislaciones que contemplan beneficios tributarios a las familias, lo hacen estimulando el crecimiento demográfico para frenar el rápido envejecimiento de la población en las economías desarrolladas. España se encuentra entre los países con más baja natalidad del mundo, y esto repercute en el futuro de las prestaciones sociales y del Estado del bienestar. Proteger a las familias con hijos no es cuestión baladí.

1. El Pleno del Congreso ha aprobado hoy definitivamente los tres proyectos de ley que conforman la reforma fiscal relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto de Sociedades y al IVA y otros tributos especiales para que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

Respecto a la fiscalidad familiar, esta reforma amplía el beneficio fiscal asociado a los “impuestos negativos” por discapacitados a cargo o familias numerosas. En concreto, en los supuestos en los que los contribuyentes tengan a su cargo ascendientes o descendientes con discapacidad, podrán obtener 1.200 euros al año por cada ascendiente o descendiente.

Asimismo, se permite el derecho a aplicar las deducciones entre los contribuyentes que tengan derecho a las mismas en relación con un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa (por ejemplo, entre los ascendientes de un mismo descendiente), para facilitar la gestión ante la administración mediante una solicitud conjunta. Se clarifican los supuestos que dan derecho a las deducciones por familia numerosa para incluir la integrada por hermanos huérfanos de padre y madre.

La reforma fiscal introduce un aumento de los mínimos familiares en el IRPF, de hasta el 32%, y tres nuevos “impuestos negativos” o categorías de beneficios sociales para familias y personas con discapacidad. Operarán para familias con hijos dependientes con discapacidad, familias con ascendientes dependientes y familias numerosas (3 o más hijos o con 2 hijos y uno discapacitado). En cada uno de los casos recibirán 1.200 euros anuales, que se podrán recibir de forma anticipada a razón de 100 euros mensuales. Estos “impuestos negativos” son acumulables entre sí y al actual de igual cuantía (100 euros mensuales) que perciben las madres trabajadoras con hijos menores de tres años.

2. Efectivamente, puede ser que esta reforma resulte más favorable para las familias con hijos o con personas dependientes, al incorporar por primera vez deducciones específicas para familias numerosas y aumentar las cuantías de los mínimos vitales y familiares. Es verdad que el nuevo IRPF dará un trato más positivo a los hogares con más miembros dependientes, ya sean niños o mayores. Pero con respecto a otros países europeos, todavía se queda corta en cuanto a beneficios fiscales para las familias. Es lamentable que impuestos indirectos como el IVA, en artículos como pañales para bebés, alcancen el 21%, como si fuesen artículos de lujo, aunque, por fortuna, los pañales para adultos sí tienen un IVA más reducido.

Varios padres y asociaciones de familias numerosas españolas manifiestan que no están tanto a favor de establecer o aumentar “los mínimos familiares” como sí de tener en cuenta a todos los miembros de la familia, al igual que sucede en Francia con el llamado “cociente familiar” del Impuesto sobre la Renta; es decir, que la renta se divida primero entre los miembros del hogar, dando lugar a la renta per cápita familiar, sobre la que se calcula el impuesto: este sistema es mucho más justo y equitativo, y los expertos lo consideran como uno de los factores que ayudan a que Francia tenga una de las tasas de natalidad más elevadas de Europa.

El sistema francés es mucho “más equitativo” porque considera a la familia “como una unidad fiscal” en la que la renta se divide por el número de hijos. Es por lo tanto, una medida de mayor equidad distributiva que aplicar el impuesto exclusivamente sobre la renta, porque lo que hace es ajustar los ingresos a la verdadera renta disponible, teniendo en cuenta el mayor gasto que conlleva mantener una familia.

Este sistema francés no es una innovación, puesto que está en vigor en Francia desde 1945 por consenso de todos los partidos políticos. Lo positivo es que cambia el concepto porque no se parte de la idea de una ayuda a las familias sino de un reparto equitativo al gravar el nivel de vida y no la renta. Debe permitirse a las familias deducir en el IRPF los gastos inherentes a la infancia, como los pañales, la leche y los gastos médicos específicos.

3. Varias familias piensan que tener hijos en España discrimina fiscalmente, no solo con el IRPF sino también con el IVA. Y se preguntan “¿es normal que los niños, que no tienen ningún tipo de ingreso, tengan que pagar impuestos? Pues lo hacen: su comida, su ropa, todo lo que usan, está gravado con el IVA”.

Otro aspecto desfavorable para las familias numerosas es, por ejemplo, el impuesto de circulación que se calcula por la potencia del vehículo, y como las familias numerosas necesitan vehículos grandes, siempre pagan más. Consideran que el hecho de solo dirigirse a individuos hace que la dimensión familiar esté ignorada, provocando multitud de problemas, no solo fiscales, sino con todo lo que supone la conciliación de la vida familiar y laboral. “Así, no es de extrañar que seamos de los últimos países del mundo en natalidad, y se retrasen los matrimonios y la formación de hogares. Si queremos apostar por un futuro sostenible, y mantener nuestro sistema de bienestar, el trato a las familias es clave. Ojalá esta reforma fiscal, y el plan de apoyo a la familia sea un primer paso para conseguirlo, y se mantenga y se mejore con el tiempo”.

Sabemos que el tratamiento fiscal de la familia es un problema complejo, sobre el que difícilmente puede proponerse una solución claramente superior a las demás, desde los puntos de vista de la equidad tributaria, de la eficacia económica y de la igualdad ante la ley. Por razones de eficacia económica, el incentivo a trabajar de una persona no debería verse condicionado por la renta de los miembros de su familia, puesto que al considerar la renta conjunta de una familia como base imponible de un impuesto progresivo, deriva en que el tipo marginal al que se grava el trabajo de un cónyuge empieza donde acaba el del otro.

4. La reforma fiscal respecto a los mínimos familiares y el impuesto negativo:

a) Esta reforma fiscal plantea profundizar en los mínimos familiares en el IRPF y extender a las familias numerosas la deducción de 1.200 euros al año (o un adelanto de 100 euros al mes) que ya disfrutan las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años.

El aumento de los mínimos familiares es más notable en el caso de los dos primeros descendientes menores de 18 años. Así, el mínimo familiar exento por el primer hijo pasa de 1.836 euros a 2.400 euros, mientras que si hay un segundo descendiente, la exención sube de 2.040 euros a 2.700 euros, un incremento cercano al 33%. El aumento del mínimo familiar es más limitado por el tercer hijo (de 3.672 a 4.000 euros) y la exención llega a 4.500 euros (frente a los 4.182 actuales) si se tienen cuatro hijos o más. Además, también se aumenta la exención si los hijos son menores de tres años (de 2.244 a 2.800 euros).

El incremento de los mínimos familiares también afecta a lo que queda exento por tener familiares mayores de 65 años a cargo (pasará de 918 euros a 1.150 euros), una exención que se amplía a 2.550 euros a partir de los 75 años. En el caso de los familiares discapacitados, el aumento de la exención es del 29%, de modo que la desgravación oscila entre los 3.000 y los 12.000 euros en función del grado de discapacidad del familiar.

b) Además del aumento de los mínimos familiares, se ha decidido ampliar el uso de lo que los expertos catalogan como “impuesto negativo”: una deducción en la cuota que el contribuyente puede pedir por adelantado, ya que su cobro está asegurado. Es lo que ya se utiliza en el caso de las mujeres trabajadoras con hijos menores de tres años: tienen derecho a una desgravación anual de 1.200 euros, que Hacienda les puede anticipar, si lo solicitan, mediante un ingreso de 100 euros al mes.

Esta fórmula se extenderá ahora a otros colectivos. Así, una familia con hijos dependientes con una discapacidad superior al 33% podrá aplicarse dicha deducción, o el cobro por adelantado, desgravación que también podrán aplicarse los hogares con ascendientes dependientes con una discapacidad también del 33%.

Las familias numerosas con tres o más hijos también tendrán derecho a esta ayuda, o aquellas que tengan dos hijos pero uno de ellos presente una discapacidad del 33%. La medida se extenderá a las familias numerosas de categoría especial, con cinco o más hijos, o aquellos hogares con cuatro hijos y al menos tres por parto o adopción múltiple. También se aplicará a familias con cuatro hijos e ingresos anuales no superiores al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), fijado en unos 7.450 euros al año. Estas ayudas son acumulativas, es decir, que si una familia cumple, por ejemplo, con dos requisitos, podrá desgravarse 2.400 euros, o recibir 200 euros de ingreso mensual.

5. La Reforma del IRPF es cierto que supone una mejora de la protección fiscal de las familias con hijos, con la nueva deducción de 1.200 euros para familias numerosas y de 2.400 para las de categoría especial; sin embargo, estas medidas fiscales son insuficientes si no van acompañadas de otras relativas a la vivienda, la educación, la conciliación de la vida famiiar y laboral, etc.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Sobre el proceso de declaración de la muerte presunta del cónyuge

sábado, 8 noviembre 2014

El proceso de declaración sobre la muerte presunta del cónyuge está previsto en el canon 1707 del Código de Derecho Canónico: “1. Cuando la muerte de un cónyuge no pueda probarse por documento auténtico, eclesiástico o civil, el otro cónyuge no puede considerarse libre del vínculo matrimonial antes de que el Obispo diocesano haya emitido la declaración de muerte presunta. 2. El Obispo diocesano sólo puede emitir la declaración a que se refiere el § 1 cuando, realizadas las investigaciones oportunas, por las declaraciones de testigos, por fama o por indicios, alcance certeza moral sobre la muerte del cónyuge. No basta el solo hecho de la ausencia del cónyuge, aunque se prolongue por mucho tiempo. 3. En los casos dudosos y complicados, el Obispo ha de consultar a la Sede Apostólica”.

Por tanto, si no consta con certeza la muerte de un cónyuge, el otro cónyuge no puede considerarse libre del vínculo matrimonial mientras no se instruya un proceso que declare la muerte presunta. Pero si se cuenta con un documento auténtico, eclesiástico o civil, el párroco puede autorizar el matrimonio del cónyuge viudo. Si no existe tal documento, el párroco no puede autorizar el nuevo matrimonio, y el cónyuge que se presume viudo habrá de acudir al Obispo.

Como documento auténtico puede servir la certificación de la inscripción de defunción en el Registro Civil,  que será un documento  público de carácter  civil que dará fe de la muerte. Y como documento auténtico eclesiástico podrá servir la partida parroquial de defunción. No puede servir de documento auténtico la sentencia civil que declara la muerte presunta como un fallecimiento, ni tampoco la inscripción  de defunción que se fundamente en ella, puesto que en estos documentos no se afirma el hecho cierto de la defunción, aunque sí podrán valorarse como un indicio más en el proceso canónico de declaración de muerte presunta, los cuales, unidos a otras pruebas, pueden llevar al Obispo a alcanzar la certeza de la defunción.

1. No basta pues la ausencia del cónyuge, por muy prolongada que ésta sea, ni la desaparición. Lo importante es la exigencia de que el juez “alcance la certeza moral sobre la muerte del cónyuge”, mediante la admisión de los medios de prueba establecidos: testigos, indicios y fama.

Es el cónyuge presente quien debe solicitar la apertura de este procedimiento, porque aún teniendo la íntima certeza de la muerte de su cónyuge, no le es lícito casarse sin que conste legítimamente y con certeza la disolución del precedente vínculo, según lo establece el  canon 1085.2 del Código de Derecho Canónico.

Es competente el Obispo diocesano del lugar donde se contraerá el nuevo  matrimonio. El Obispo también puede encomendar la instrucción del proceso al Tribunal de su diócesis o a un sacerdote idóneo. Si después de las pruebas aportadas, el Obispo ve que se trata de una situación dudosa, tiene el deber de consultar a la Sede Apostólica, concretamente, a la Sagrada Congregación para los Sacramentos.

Al finalizar el proceso, el Obispo dicta un decreto resolutorio declarando la muerte o rechazando la declaración de muerte; contra este decreto cabe recurso ante la Sagrada Congregación para los Sacramentos. El decreto de declaración de muerte presunta del cónyuge no es que disuelva el matrimonio, sino que permite al cónyuge presente considerarse libre para contraer un nuevo matrimonio, sólo bajo el presupuesto de que el cónyuge ausente esté realmente fallecido. El  procedimiento  para  instruir  la  declaración  de  muerte  presunta  suele ser un proceso administrativo, pero el Obispo diocesano puede tramitarlo judicialmente, sin que sea necesaria la comparecencia del defensor del vínculo, pero sí la del notario y del promotor de justicia.

2. Aunque parezca un tema de novela, ¿qué pasaría si tras la declaración eclesiástica de la muerte presunta del cónyuge, se ha celebrado un segundo matrimonio válidamente y de buena fe, y el presunto cónyuge muerto aparece y está vivo? Son casos reales actuales y no del pasado, de “desaparecimientos” o “ausencias prolongadas” que se siguen dando tras sucesos como tsunamis, terremotos u otras causas. Y de ahí la diferencia entre una ausencia prolongada, un desaparecimiento y la declaración de una muerte presunta, que sólo será cierta si realmente hay fallecimiento.

En el derecho canónico, si resulta con certeza que el cónyuge ausente está vivo o si éste retorna, el segundo matrimonio no es válido por el principio de indisolubilidad del matrimonio (canon 1141), así haya sido contraído de buena fe y con una declaración eclesiástica de muerte presunta del anterior cónyuge. Sin embargo, la declaración de nulidad del segundo matrimonio por impedimento de ligamen, no se opone a que éste sea considerado putativo y produzca los efectos matrimoniales, conforme a lo establecido en el canon 1061.3 del Código de Derecho Canónico: “El matrimonio inválido se llama putativo, si fue celebrado de buena fe al menos por uno de los contrayentes, hasta que ambos adquieran la certeza de la nulidad”.

Es importante tener claro que no es la reaparición del cónyuge ausente o la prueba de que vive lo que hace inválido el nuevo matrimonio, sino que este nuevo matrimonio ya era nulo por haberse contraído sin que realmente estuviera disuelto el anterior vínculo. No obstante, debe declararse esta nulidad judicialmente para que cese la buena fe de los contrayentes del segundo matrimonio y los beneficios del matrimonio putativo.

La invalidez del segundo matrimonio puede ser reclamada por los cónyuges del vínculo nulo, o por el fiscal o promotor de justicia cuando la nulidad sea notoria. El cónyuge desaparecido que retorna no está habilitado legalmente para pedir la nulidad, pero el promotor de justicia podrá actuar puesto que la nulidad será suficientemente notoria, para tener el carácter de divulgada, al reaparecer el cónyuge declarado presuntivamente muerto.

3. Puede suceder también el caso de que se haya probado la muerte del desaparecido, pero que ésta haya ocurrido en una fecha posterior a la celebración del nuevo matrimonio. En este supuesto este matrimonio también sería nulo, pero podría ser convalidado por renovación del consentimiento matrimonial (canon 1156) o por sanación en la raíz (canon 1161), si los cónyuges quieren permanecer en su vida conyugal. Es cierto que se configura el impedimento de ligamen que es un impedimento de derecho natural y, por tanto, no es dispensable, pero sí procede la sanación porque el impedimento ha cesado al quedar probada la muerte del primer cónyuge. Es la confirmación del canon 1041, cuando dice que el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y del canon 1163.2, cuando dice que el matrimonio nulo por un impedimento de derecho natural o divino positivo, sólo puede sanarse una vez que haya cesado el impedimento. En este caso el impedimento ha cesado por la muerte del ausente.

4. A diferencia del ordenamiento canónico, el ordenamiento civil establece que el matrimonio civil se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y el divorcio. El Código Civil español así lo afirma en su artículo 85, cuando se refiere a la disolución del matrimonio civil, atribuyendo a la declaración de fallecimiento más que una presunción de muerte, puesto que conlleva la disolución del matrimonio anterior.

Tenemos, entonces, que en el derecho civil español, la declaración de fallecimiento se equipara a la muerte, por lo que en relación con el vínculo matrimonial preexistente, esta declaración no es una mera presunción sino una ficción legal por la cual el cónyuge se considera muerto, aunque luego reaparezca. Es por esto que en el matrimonio civil, a diferencia del matrimonio católico, el cónyuge presente puede contraer un nuevo matrimonio con la simple declaración del fallecimiento, y sin que la reaparición del presunto difunto tenga ningún efecto de nulidad sobre este nuevo matrimonio.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

El Papa Francisco pide que los procesos de nulidad matrimonial sean más rápidos y económicos

viernes, 7 noviembre 2014

El Papa Francisco ha advertido que los procesos de nulidad matrimonial no deben tomar años y que es necesario estar muy atentos para que los procesos de nulidad matrimonial no entren en el “marco de los negocios”. Lo ha dicho este miércoles 5 de noviembre durante el breve encuentro que tuvo con los participantes del curso sobre el matrimonio organizado por la Rota Romana, ante quienes reiteró que los fieles necesitan procesos breves y sentencias justas.

El Santo Padre recordó que en el Sínodo extraordinario sobre la familia, realizado en octubre, se expresó la preocupación “por simplificar el proceso, por un motivo de justicia. Justicia, para que sean justas, y justicia para la gente que espera”.

Es un llamado para que la Rota Romana acelere los procesos de nulidad matrimonial:  el Papa Francisco señala que no puede ser posible que las personas esperen años por una sentencia, para saber si su matrimonio es válido o no.

“Justicia, cuánta gente espera por años una sentencia. Y por esto ya antes del Sínodo he constituido una Comisión que ayudase a preparar diversas posibilidades en esta línea: una línea de justicia, y también de caridad, porque hay tanta gente que necesita una palabra de la Iglesia sobre su situación matrimonial, para el sí o para el no, pero que sea justa”, expresó a los participantes del curso sobre el matrimonio organizado por la Rota Romana.

El Papa señaló que algunos procedimientos son largos y pesados “que no favorecen y la gente se va”. Recordó que al Tribunal interdiocesano de Buenos Aires (Argentina), llegaban personas luego de haber recorrido hasta 240 kilómetros. “No se puede, es imposible imaginarse que personas simples, comunes, vayan al Tribunal, tengan que hacer un viaje, tienen que perder días de trabajo”, expresó.

Estas personas, indicó, “dicen: Dios me comprende y sigo adelante así, con este peso en el alma. Y la Madre Iglesia debe hacer justicia y decir: Sí, es cierto, tu matrimonio es nulo; no, tu matrimonio es válido. Pero es la justicia la que lo tiene que decir. Así ellos podrán ir adelante sin esta duda, sin esta oscuridad en el alma”.

En ese sentido, el Papa Francisco agradeció este tipo de cursos. “Es la Madre Iglesia que va a buscar a sus hijos para hacer justicia. Y es necesario estar muy atentos a que los procesos de nulidad matrimonial no entren en el marco de los negocios: y no hablo de cosas extrañas. Ha habido también escándalos públicos”.

“Una vez tuve que despedir del tribunal a una persona, hace tiempo, que decía: “10 mil dólares y te hago los dos procesos: el civil y el eclesiástico”. ¡Por favor, esto no! Siempre en el Sínodo algunas propuestas han hablado de gratuidad, eso se debe ver… Pero cuando son atacados los intereses espirituales por lo económico, ¡esto no es de Dios! La Madre Iglesia tiene tanta generosidad para poder hacer justicia gratuitamente, como gratuitamente hemos sido justificados por Jesucristo. Este punto es importante: separen las dos cosas”, expresó.

“Gracias por haber venido a este curso: se debe estudiar y se debe ir adelante y buscar siempre la salus animarum, que no necesariamente se debe encontrar fuera de la justicia, sino también con justicia. Muchas gracias y les ruego que recen por mí. Gracias”, concluyó.

Hay que recordar que el 27 de agosto el Papa Francisco creó una Comisión con el fin de hacer más simples y rápidos los procesos de nulidad matrimonial, un tema que fue abordado en el Sínodo de la Familia.

El Cardenal Francesco Coccopalmerio, miembro de este grupo, explicó el pasado 10 de octubre que la misión de la Comisión es “preparar una propuesta de reforma del proceso matrimonial, buscando simplificar sus procedimientos, haciéndolo más sencillo y salvaguardando el principio de indisolubilidad del matrimonio”.

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