El Notario y sus nuevas competencias matrimoniales

jueves, 10 noviembre 2016

Tras la aprobación de la ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que entrará en vigor el próximo 30 de junio de 2017, se da un paso más hacia la autonomía de la voluntad de los cónyuges en el matrimonio, además de un muy importante reconocimiento del Notariado como órgano de jurisdicción voluntaria frente a la ausencia de confrontación de las partes. Destaca con esta nueva ley el paso que se ha dado para desjudicializar, en parte, no solo el acta matrimonial y la celebración del matrimonio sino, especialmente, las crisis matrimoniales que se quieran resolver de mutuo acuerdo, excluyendo  el conflicto y la litigiosidad en estos asuntos.

1. Tramitación del acta matrimonial: Lo que es conocido como expediente matrimonial en el ámbito judicial, pasa a llamarse acta matrimonial cuando sea el Notario quien la instruya. El acta matrimonial es el documento notarial en el que se hace constar el cumplimiento de los requisitos y las valoraciones del Notario para la celebración del matrimonio, el cual no perderá su naturaleza registral.

A partir del 30 de junio de 2017, cuando entre en vigor la Ley 15/2015 de 2 de julio, habrá otra alternativa fuera de los Juzgados de Primera Instancia para que los cónyuges puedan tramitar su respectiva acta matrimonial. Hasta ahora, solo el Encargado del Registro Civil es el competente para su tramitación, con el cometido en exclusiva de los Jueces de Primera Instancia y en los municipios donde no los haya por los Jueces de Paz. Esto supondrá la descarga de trabajo de los Jueces, principal objetivo de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.

No obstante, parece que no habrá libre elección de Notario, puesto que la nueva ley fija su competencia basada en el domicilio de los contrayentes. Lo ideal hubiera sido dejar a los contrayentes elegir libremente a cualquier Notario para que les tramitara su acta matrimonial.

2. En cuanto a la celebración del matrimonio, los Notarios serán competentes para celebrarlo y no solo para tramitar el acta. Actualmente los únicos funcionarios habilitados para autorizar el matrimonio civil son los Jueces, Alcaldes, Encargados del Registro Civil en el extranjero y los Concejales por delegación de los Alcaldes. La novedad de la ley es que además de los Notarios, también podrán autorizar el matrimonio civil los Secretarios Judiciales, lo mismo que las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores de edad ni con capacidad limitada, esto es, modificada judicialmente.

El Notario que haya tramitado el acta matrimonial será el competente para celebrarlo, recordando que solo puede serlo el del domicilio de cualquiera de los contrayentes. La Escritura Pública Notarial será el medio de prueba para hacer constar el matrimonio, la cual deberá ser inscrita en el Registro Civil. No hay que olvidar que los Notarios son juristas y fedatarios públicos, lo que otorga a los contrayentes una garantía especial en cuanto a la posible validez de su consentimiento matrimonial, como elemento clave del matrimonio.

3. Las crisis matrimoniales también podrán ser competencia del Notario, siempre y cuando estemos ante un supuesto de mutuo acuerdo y que no existan hijos menores de edad o, siendo mayores, que no tengan la capacidad modificada judicialmente, además de cumplirse los otros requisitos previstos en el Código Civil. En este punto también se aplicará el criterio competencial del domicilio común o residencia de ambos cónyuges o, en su defecto, el domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos. Es decir, para resolver su crisis matrimonial de mutuo acuerdo, no podrán los cónyuges acudir libremente a cualquier Notario.

La Escritura Pública será el documento notarial en el que consta la situación de crisis y la voluntad de los cónyuges de quedar separados o divorciados. A través de este documento notarial, el Notario habrá hecho un control y una tutela de los derechos e intereses legítimos de ambos cónyuges.

Es comprensible que cuando los cónyuges desean divorciarse o separarse de mutuo acuerdo, quieran hacerlo pronto, fácil y con más “normalidad”, puesto que acudir a una Notaría les resultará más habitual y tranquilizador que acudir a un Juzgado.

4. La autonomía de la voluntad de los cónyuges en el matrimonio civil es un hecho que el legislador ha desarrollado progresivamente a través del tiempo. Mas aún, si tenemos en cuenta la libre elección de la forma de celebración civil matrimonial hasta la posibilidad más rápida y sencilla para divorciarse o separarse sin alegar causales e independientemente del mutuo acuerdo o no de los cónyuges.

La principal premisa de la jurisdicción voluntaria es la ausencia de confrontación de las partes. Sabiendo que el Notariado es un órgano de Jurisdicción Voluntaria, la autonomía de la voluntad en el matrimonio guarda una estrecha relación con la jurisdicción voluntaria y, por ende, con la competencia notarial para estos asuntos y con estas características.

5. Es evidente que cuando no existen hijos menores de edad y las partes llegan a un acuerdo, la vía notarial para el divorcio o la separación es muy rápida, puesto que la Escritura Pública de separación o divorcio puede otorgarse el mismo día o al día siguiente (incluido el mes de agosto), a diferencia de lo que sucede con la separación y divorcio judicial o ante el Secretario Judicial. No hay gastos de Procurador, porque no se requiere su intervención. Habrá que abonar los aranceles notariales correspondientes de las respectivas Escrituras Públicas, las cuales pueden estar sujetas al impuesto de actos jurídicos documentados, lo que no sucede en los casos de separación y divorcio tanto ante el Juez como ante el Secretario Judicial.

Otra ventaja que tiene la vía notarial para el divorcio o la separación es que los cónyuges pueden incluir en el convenio regulador otras materias distintas a las que se contienen en el artículo 90 del Código Civil, e incluso pueden aprovechar la Escritura Pública para incluir otros negocios jurídicos entre los cónyuges.

Tanto en el divorcio notarial como en el divorcio ante el Secretario Judicial, los hijos mayores de edad deben comparecer para prestar su consentimiento en relación con la pensión alimenticia que se haya fijado a su favor. Mientras que en el divorcio ante el juez, nada se dice sobre la necesidad de que los hijos mayores tengan que comparecer ante el Juez para prestar su consentimiento (articulo 777 LEC). Si los padres no desean que sus hijos mayores de edad vayan al Notario o al Secretario Judicial a prestar su consentimiento, o son los hijos los que no quieren prestarlo, la opción judicial para el divorcio será la única viable.

Por: Patricia Alzate Monroy, Doctora en Derecho

Alimentos y declaración de paternidad

miércoles, 5 octubre 2016

La madre no puede reclamar al padre el reembolso de los alimentos que ella prestó al hijo antes de la declaración judicial de la paternidad. Así lo establece el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, resolviendo la cuestión jurídica de los efectos retroactivos de la obligación de los alimentos cuando se determina judicialmente la filiación paterna de una persona.

Mediante Sentencias fechadas el 29 y 30 de septiembre de 2016 (números 573/2016 y 574/2016, respectivamente), la Sala rechaza la acción de reembolso contemplada en el artículo 1158 del Código Civil en estos supuestos. Para ello la Sala se ha basado en el artículo 148.I in fine del Código Civil, que establece una excepción de retroactividad, afirmando que “ninguna petición de reembolso cabe de cantidades cuyo pago ya no podría ser exigido”.

1. Las Sentencias aclaran que no se está negando que haya existido una obligación de alimentos, pues la obligación del padre y de la madre de prestar alimentos a los hijos menores de edad nace y es exigible desde el nacimiento del hijo, aunque la filiación no esté entonces legalmente determinada, sino que la previsión legal establece que los alimentos solo son exigibles desde el momento en que se interpone demanda. Es claro que si el propio beneficiario de los alimentos carece de acción para ampliar su reclamación a un momento anterior a la demanda, tampoco tiene su madre la acción de reembolso contra el padre.

2. En el caso resuelto en la Sentencia 573/2016 de la Sala, la filiación paterna no matrimonial había sido determinada judicialmente en el año 2004 en un procedimiento instado por el hijo –nacido en 1983-, cuando ya era mayor de edad, y en el que no había reclamado alimentos. Unos años después, en 2011, la madre, que había asumido en exclusiva los gastos de manutención y educación del hijo, inició el procedimiento que ha resuelto el Tribunal Supremo, reclamando del padre el reembolso de dichos gastos.

La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y declaró el derecho de la parte actora al reintegro de 45.000 euros. Esta sentencia fue revocada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Malága, que, en sentencia de 30 de junio de 2015 , estimó el recurso de apelación del padre y desestimó la demanda. Entre sus argumentos, se remite a la doctrina del Tribunal Supremo, recogida en la sentencia de 8 de abril de 1995, que establece que una vez determinada la filiación, no puede reclamarse pensión de alimentos con efecto retroactivo, pues no pueden confundirse tiempo del nacimiento y tiempo de la exigibilidad de los alimentos, al carecer éstos de efectos retroactivos.

3. En el otro caso resuelto en la Sentencia 574/2016, la filiación paterna quedó determinada en 2008 en un procedimiento iniciado por la madre del menor (nacido en 2005), en el que no utilizó la posibilidad legal de acumular a la acción de filiación la acción de reclamación de alimentos. La determinación de la filiación fue firme en 2010 y, en un proceso posterior, la madre reclamó una pensión de alimentos para el menor, que se estableció con efectos desde la presentación de esa segunda demanda. Ya en el año 2013, la madre inició un tercer procedimiento contra el padre en reclamación del 80% de las cantidades empleadas en la atención del menor desde su nacimiento hasta la fecha en que se había establecido la pensión. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron la demanda por no haber utilizado la posibilidad legal de acumular ambas acciones en el mismo procedimiento.

4.  La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado los dos recursos de casación interpuestos por las madres demandantes contra las Sentencias de las respectivas Audiencias Provinciales. Razona la Sala que la filiación produce sus efectos desde que tiene lugar y su determinación tiene efectos retroactivos, pero siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de esos efectos y la ley no disponga lo contrario (artículo 112 del Código Civil).

Y, precisamente en materia alimenticia, el Código Civil establece una excepción expresa a la retroactividad cuando dispone en el artículo 148 que, aunque la obligación de dar alimentos es exigible desde que la persona que tenga derecho a percibirlos los necesite para subsistir, solo se abonarán desde la fecha de la demanda en la que se reclamen.

Esta norma, prevista en el régimen jurídico general de los alimentos entre parientes, es también de aplicación a la obligación de alimentos a los hijos menores, por mandato del propio artículo 153 del Código Civil. Así lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que en 2014 inadmitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la posible contradicción de esa acotación temporal con el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos (artículo 39 de la Constitución Española).

5. Se trata de una norma legal que establece una mínima retroactividad hasta la fecha de la demanda, y está prevista en beneficio del alimentante, atendiendo a la especial naturaleza de la prestación alimenticia reclamada. El legislador, con esta disposición, ha querido proteger al deudor de alimentos, evitando que le sea reclamada una cantidad elevada de dinero (hasta cinco años de pensiones, según el artículo 1966,1 del Código Civil a quien podía desconocer o dudar razonablemente que era, o por qué importe era, deudor de alimentos).

El Tribunal Constitucional (ATC Pleno de 16 diciembre 2014), consideró al respecto que una delimitación temporal de la exigibilidad de los alimentos parece proporcionada para evitar una situación de pendencia, difícilmente compatible con el principio de seguridad jurídica.

Como dice el Tribunal Constitucional, “es cierto que la retroactividad de los alimentos facilitaría procesalmente el resarcimiento del progenitor que cumplió su obligación ex artículo 154.1 del Código Civil como vía para reclamar la deuda al progenitor incumplidor. Pero la retroactividad de la obligación de prestación de alimentos al menor no se orientaría a su asistencia, como fin constitucionalmente relevante del artículo 39.3 de la Constitución Española, pues el menor ya fue asistido y sus necesidades ya fueron cubiertas, sino a resarcir al progenitor cumplidor, que puede formular demanda en reclamación de alimentos tan pronto como nace la obligación frente a una deuda generada a su favor por el progenitor incumplidor, y la limitación temporal de la exigibilidad de los alimentos, ante el incumplimiento voluntario por parte del progenitor no custodio, resulta además proporcionada para evitar una situación de pendencia que no sería compatible con la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución Española)”.

6. Si el propio beneficiario de los alimentos carece de acción para ampliar su reclamación a un momento anterior a la demanda, con mayor motivo no la tendrá su madre a través de la acción de reembolso contra el padre. Puede haber, sin duda, una obligación moral a cargo de quien finalmente es declarado padre por los gastos de manutención y educación anteriores a esa fecha, pero lo cierto es que la ley no concede acción para pedir el cumplimiento de un deber de esta clase.

Para ello, sería necesaria una modificación del Código Civil que extendiera la obligación de prestar alimentos a los hijos menores más allá de lo que la norma autoriza, o exceptuara del régimen general de los alimentos entre parientes el deber de alimentos a los hijos menores, e incluso facilitara la acción de reembolso al progenitor que asumió el cuidado del hijo en la parte que corresponde al progenitor no conviviente, con el límite de la prescripción, como ocurre en otros ordenamientos jurídicos.

Se ha criticado al legislador por no haber llevado la “retroactividad” de los alimentos a la fecha de una reclamación extrajudicial de los mismos, y por no haber tenido en cuenta si el retraso en la reclamación se debió, o no, a una causa imputable al deudor de los alimentos. Cuestión que, conforme manifiesta la Sala, no le corresponde aconsejar al legislador civil estatal la adopción, o no, de normas semejantes.

Reclamación de indemnización al Estado si un Juez no aplica o ignora el Derecho de la Unión Europea

jueves, 15 septiembre 2016

Los requisitos para que los ciudadanos puedan solicitar una indemnización al Estado por los daños causados a los particulares, cuando los tribunales nacionales dejan de aplicar o ignoren el Derecho de la Unión, han sido establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la sentencia de 28 de julio de 2016 en el asunto C-168/15: un Estado miembro responde por los daños causados a los particulares por la violación del Derecho de la Unión acaecida por una resolución de un órgano jurisdiccional nacional, si esta resolución procede de un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia infringiendo manifiestamente el Derecho aplicable o ignorando una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia.

Las reglas relativas a la reparación de ese daño, como las referidas a su evaluación o a las vías de recurso que puedan estar disponibles, quedan determinadas por el Derecho nacional de cada Estado miembro, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.

En el asunto concreto, el Tribunal de Apelación ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europeoa dos cuestiones fundamentales:

1. ¿Constituye una grave violación del Derecho de la Unión Europea el hecho de que, de forma contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un procedimiento ejecutivo incoado sobre la base de un laudo arbitral, se exija una cantidad derivada de una cláusula abusiva?
2. ¿Puede nacer la responsabilidad de un Estado miembro por violación del Derecho de la Unión antes de que la parte en el procedimiento agote todas las vías jurídicas?

El TJUE recuerda en su sentencia que el principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión (sentencias Francovich, Brasserie du pêcheur y Factortame), rige en cualquier supuesto de violación del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro, independientemente de cuál sea la autoridad pública responsable de esta violación. Y también es aplicable, en determinadas circunstancias, cuando dicha vulneración se deriva de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia, pues es el último órgano ante el cual los particulares pueden hacer valer los derechos que les reconoce el ordenamiento. Si el tribunal de última instancia no aplica el Derecho de la Unión, provoca un daño reparable, del que es responsable el Estado. Cita, entre otras sentencias, la sentencia en el asunto Traghetti del Mediterraneo, C-173/03.

El TJUE también declara de forma reiterada que, con carácter general, los particulares perjudicados por una vulneración del Derecho de la Unión tienen un derecho a la reparación del perjuicio sufrido siempre que se cumplan tres requisitos. Estos tres requisitos son aplicables cuando dicha vulneración provenga de un órgano jurisdiccional:

1. Que la norma vulnerada por el Tribunal tenga por objeto conferir derechos a los particulares.
2. Que la violación de dicha norma esté “suficientemente caracterizada”. Para ello deben valorarse diversas circunstancias como grado de claridad y precisión de la norma vulnerada, el carácter intencional o involuntario de la infracción, etc. En todo caso, una violación del Derecho de la Unión está suficientemente caracterizada cuando se ha producido con un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia.
3.Que exista una relación de causalidad directa entre esta violación y el daño sufrido.

Estos mismos requisitos se aplican a la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados por la resolución de un órgano jurisdiccional nacional que resuelva en última instancia cuando dicha resolución viole una norma del Derecho de la Unión (sentencia de 30 de septiembre de 2003, C-224/01, Köbler).

Para determinar si existe una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión, es preciso tener en cuenta todos los elementos que caractericen la situación que se haya sometido al órgano jurisdiccional nacional. Y según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre los elementos que pueden tomarse en consideración a este respecto, se encuentran el grado de claridad y precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a las autoridades nacionales, el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho, el hecho de que las actitudes adoptadas por una institución de la Unión hayan podido contribuir a la adopción o al mantenimiento de medidas o prácticas nacionales contrarias al Derecho de la Unión, así como el incumplimiento por parte del órgano jurisdiccional de que se trate de su obligación de remisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C46/93 y C48/93, EU:C:1996:79, apartado 56; de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C224/01, EU:C:2003:513, apartados 54 y 55, y de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C446/04, EU:C:2006:774, apartado 213).

En todo caso, concluye el TJUE, una violación del Derecho de la Unión está suficientemente caracterizada cuando se ha producido con un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, teniendo la obligación de examinar de oficio las cuestiones pertinentes cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea al fijar los requisitos para que nazca la responsabilidad del Estado por vulneración del Derecho de la Unión Europea, sostiene que es el juez nacional el que debe decidir sobre la concurrencia de estos requisitos. Y reafirma que es el Estado, con arreglo al Derecho nacional en materia de responsabilidad, quien debe reparar las consecuencias del perjuicio causado.

Así, en el supuesto de que el juez nacional reconociera un derecho de indemnización, las reglas aplicables a su reparación, como las referidas a su evaluación, o a las vías de recurso que puedan estar disponibles, quedan determinadas por el Derecho nacional de cada Estado miembro, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.

Impugnación de la paternidad no biológica por divorcio

viernes, 19 agosto 2016

La paternidad de un hijo no biológico puede extinguirse con el divorcio. Así lo determina la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a renunciar, una vez disuelto el matrimonio,  a la paternidad adquirida de un hijo no biológico en el marco de la relación. La Sala de lo Civil fija doctrina y destaca que “quien ha realizado un reconocimiento de complacencia de su paternidad puede ejercitar una acción de impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de no ser el padre biológico del reconocido”.

1. La sentencia número 494/2016, de 15 de julio de 2016, establece que el afectado tiene derecho a impugnar la filiación. El recurrente había efectuado un reconocimiento de complacencia a la hija de su mujer, que no tenía ninguna paternidad reconocida. En este sentido, el Tribunal Supremo subraya que “la finalidad de este reconocimiento es constituir entre ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es propia de la paternidad por naturaleza”.

El magistrado ponente del fallo, rechaza “una visión general de los reconocedores de complacencia como personas frívolas o inconstantes, cuyos caprichosos cambios de opinión no pueda el Derecho tolerar”. Además, insiste en dotar al marido de “la posibilidad de reconstruir su vida afectiva y familiar, aunque se haya quebrado la convivencia con la madre del reconocido a pesar de lo que, en la normalidad de los casos, preveían y deseaban que ocurriera”.

Así, el Tribunal Supremo establece que en caso de que el autor del reconocimiento de complacencia y la madre del reconocido hayan contraído matrimonio con posterioridad al nacimiento de éste, la acción de impugnación de la paternidad que dicho reconocedor podrá ejercitar será la regulada en el artículo 136 Código Civil. También se podrá pedir la nulidad, cuando el reconocimiento se haya realizado con anterioridad a la celebración del referido matrimonio.

La dificultad de impugnar también es analizada en la sentencia cuando interpreta el artículo 119 del Código Civil. “Su finalidad es robustecer la protección jurídica de la familia que se ha convertido en matrimonial, y precisamente por la razón de que ha venido a serlo”. El Tribunal Supremo insiste que es “un robustecimiento que consiste, especialmente, en hacer más difícil la impugnación de la filiación”.

El magistrado ponente niega que la acción de nulidad que pretende el recurrente sea para evitar el pago de la pensión de alimentos, como sostenía la madre de la menor. Sin embargo, en el asunto concreto, la sentencia rechaza el recurso por motivos de plazo. Y recuerda que el plazo para renunciar a la paternidad es de un año por tratarse de una filiación matrimonial. En el caso de personas que no se han casado, el Supremo extiende el plazo hasta los cuatro años.

2. El reconocimiento de complacencia es el que hace un hombre (reconocimiento de complacencia de la paternidad) o una mujer (reconocimiento de complacencia de la maternidad), con conocimiento de que dicha declaración de voluntad no se corresponde con la realidad biológica porque el reconocedor es consciente de que el reconocido como hijo(a) suyo(a) no lo es biológicamente, y, pese a ello, tiene la real intención de asumir una relación de filiación con el reconocido, con todos los deberes y cargas que ello impone, aunque no se acuda para ello al procedimiento de adopción, sino a un reconocimiento de filiación, mucho más sencillo y económico en sus trámites (lo que no implica un supuesto de fraude de ley ni implica causa ilícita en el acto).

Hay que distinguir entre el reconocimiento de “complacencia” de la paternidad o de la maternidad, en el que existe una verdadera voluntad de asumir la filiación, y el reconocimiento de “conveniencia”, otorgado en fraude de ley y con otras finalidades, que lo hacen nulo de pleno derecho. El reconocimiento de complacencia de la paternidad no es nulo por ser de complacencia.

El Tribunal Supremo sostiene que “lo que caracteriza a los reconocimientos de complacencia es que el autor del reconocimiento, sabiendo o teniendo la convicción de que no es el padre biológico del reconocido, declara su voluntad de reconocerlo con el propósito práctico de tenerlo por hijo biológico suyo, con la finalidad de constituir entre ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es propia de la paternidad por naturaleza. Esto lo diferencia radicalmente de los denominados reconocimientos de conveniencia que tienen la finalidad de crear una mera apariencia de que existe dicha relación de filiación, en orden a conseguir la consecuencia jurídica favorable de una norma (sobre nacionalidad, permisos de residencia, beneficios sociales, etc.) cuyo supuesto de hecho la requiere.

La polémica con los reconocimientos de complacencia surge cuando la pareja en cuyo seno tuvo lugar el reconocimiento entra en crisis, pretendiendo, bien el reconocedor, bien la madre del reconocido, la anulación de los efectos del mismo.

3. La misma Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2016 reconoce que su doctrina sobre la validez de pleno derecho del reconocimiento de complacencia de la filiación y la posibilidad de su inscripción, se contradice con la posición sostenida al respecto por la Dirección General del Registro y Notariado (DGRN). Afirma la sentencia:

“La respuesta afirmativa sobre la nulidad del reconocimiento de complacencia la sostiene la Dirección General de los Registros y del Notariado: entre otras, en las resoluciones de 5 de junio de 2006 y la de 29 de octubre de 2012, en los términos siguientes: «Hay que insistir en la idea de que la regulación de la filiación en el Código Civil español se inspira en el principio de la veracidad biológica (principio reforzado por las Sentencias del Tribunal Constitucional 138/2005, de 26 de mayo y por la más reciente de 27 de octubre de 2005 que declaran la inconstitucionalidad de los artículos 136.1 y 133.1 del C.C., respectivamente), de modo que un reconocimiento de complacencia de la paternidad no matrimonial es nulo de pleno derecho y no podrá ser inscrito cuando haya en las actuaciones datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que tal reconocimiento no se ajusta a la realidad» …

Frente al autorizado criterio de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), considera esta Sala que – como dejó bien claro la sentencia del Tribunal Constitucional 138/2005, de 26 de mayo, que el mismo Centro Directivo invoca- las exigencias del principio de veracidad biológica o prevalencia de la verdad biológica ( arts. 10.1 y 39.2 CE ) pueden y deben cohonestarse con las que impone el principio de seguridad jurídica en las relaciones familiares y de estabilidad de los estados civiles, especialmente en interés de los menores de edad ( arts. 9.3 , 39.3 y 39.4 CE ). En ese sentido nos hemos pronunciado en las sentencias 707/2014, de 3 de diciembre (Rec. 1946/2013 ), y 441/2016, de 30 de junio (Rec. 1957/2015 ), esta última del Pleno. No impone, pues, nuestra Ley Fundamental que en la filiación por naturaleza la verdad biológica prevalezca siempre sobre la realidad jurídica de la determinación legal de esa clase de filiación. De otro modo, habría que considerar inconstitucionales la totalidad de las limitaciones de la legitimación activa y los plazos de caducidad que resultan de la regulación «De las acciones de filiación» contenida en el Capítulo III del Título V del Libro I del Código Civil”.

4. Queda, pues, fijada como doctrina jurisprudencial que “en caso de que el autor del reconocimiento de complacencia y la madre del reconocido hayan contraído matrimonio con posterioridad al nacimiento de éste, la acción de impugnación de la paternidad que dicho reconocedor podrá ejercitar será la regulada en el artículo 136 del Código Civil , durante el plazo de caducidad de un año que el mismo artículo establece. También será esa la acción, cuando el reconocimiento se haya realizado con anterioridad a la celebración del referido matrimonio; y a no ser que hubiera caducado antes la acción que regula el artículo 140.2 del Código Civil, en cuyo caso, el reconocedor no podrá ejercitar la acción del artículo 136 del Código Civil: el matrimonio no abrirá un nuevo plazo de un año a tal efecto”.

Respecto de la posibilidad de impugnar la paternidad por reconocimiento, también se fija como doctrina que “cabe que quien ha realizado un reconocimiento de complacencia de su paternidad ejercite una acción de impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de no ser el padre biológico del reconocido. Si esa acción prospera, el reconocimiento devendrá ineficaz”.

 

Páginas: Ant. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 54 55 56 Sig.