Lo que debe conocer sobre los contratos de multipropiedad.

domingo, 15 julio 2007

El régimen de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, comúnmente conocido “multipropiedad” o también “time-sharing”, está regulado en España por la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias.

Hay que reseñar que el término propiedad o multipropiedad está mal aplicado jurídicamente ya que, en definitiva, el consumidor no va a ser propietario del inmueble. A la hora de firmar el contrato o cualquier otro documento anexo conviene asesorarse por un especialista y así conocer qué derechos y obligaciones contraemos en este acto jurídico.

¿Qué es un derecho de aprovechamiento por turno?

Es el derecho por el que el consumidor puede utilizar un alojamiento amueblado en un inmueble turístico durante un período determinado al año y recibir, durante este tiempo, los servicios necesarios para su adecuado disfrute. El empresario puede haberlo configurado como un arrendamiento de temporada o como un derecho real de uso.

Consejos previos al contacto con la empresa que ofrece el servicio

Algunas empresas utilizan métodos comerciales agresivos para dar a conocer este servicio (publicidad engañosa, regalos sin compromiso, reuniones informativas en grupo, etc). No debemos dejarnos deslumbrar por este tipo de marketing. Desconfié de estas tácticas, recuerde que acude a recibir información, no se sienta presionado en ningún momento a comprometerse. Recuerde que la información legal tienen que facilitársela por medio de un documento de la oferta que tiene que ser de fácil comprensión y haber sido aprobado previamente por el Registro de la Propiedad. Asesórese por un profesional que nada tenga que ver con la empresa que le oferta el servicio.

Subrayamos algunas pautas de actuación habituales que hemos recogido de testimonios de personas afectadas:

  1. En la mayoría de casos de estafa no son los clientes los que han buscado el servicio sino las empresas las que contactan con el cliente.
  2. En un primer contacto se presenta el servicio con todas las ventajas, aunque suelen pasar por alto el tema económico.
  3. Se busca la firma del contrato alegando que el primer año no hay que desembolsar cantidades importantes y así se puede probar el producto y desistir del mismo si no queda conforme.
  4. Te dicen que puedes revender los derechos de la multipropiedad en todo momento aunque luego no hay forma de hacerlo. ¿crees que alguien los compraría?
  5. Recuerda que, pese a lo que te digan, la vivienda no se compra, se comparte.

¿Por cuánto tiempo puedo ocupar el alojamiento?

El período anual de aprovechamiento no podrá ser nunca inferior a siete días seguidos. En todo caso, dentro de un régimen, los turnos han de tener todos la misma duración. Deberá, además, quedar reservado para reparaciones, limpieza u otros fines comunes un período de tiempo que no podrá ser inferior a siete días por cada uno de los alojamientos sujetos al régimen. Se establece una duración mínima del contrato de 3 años y máxima 50 años del régimen.

Después de celebrar el contrato, ¿puedo desistir del mismo?

Sí. A partir de la fecha de celebración del contrato, el consumidor puede desistir de la adquisición realizada con sólo comunicarlo al empresario en el domicilio que a tal efecto ha de constar en el contrato, siempre que lo haga dentro de los diez días siguientes a la celebración del mismo (cuidado con este plazo de tiempo, suele ser bastante complicado contactar con la empresa). Recomendamos enviar un burofax con acuse de recibo y certificación del contenido a la dirección que figura en el contrato en el caso de optar por desistir del contrato.

Para poder desistir, ¿tengo que alegar alguna razón o motivo?

No. El desistimiento no tiene que estar fundamentado en ninguna razón o motivo.

Si desisto ¿cómo puedo obtener la devolución de las cantidades ya pagadas?

El empresario no puede exigir el pago de ninguna cantidad en tanto no hayan transcurrido los diez días en que el consumidor puede desistir del contrato. En el caso de que el consumidor hubiese anticipado alguna cantidad, el consumidor tendrá derecho a que se le devuelva duplicada. Los anticipos están prohibidos.

¿Qué cantidades estoy obligado a pagar?

Además del precio que tenga el derecho, y que ha de pactarse libremente entre el empresario y el consumidor, el titular o adquirente debe satisfacer la cuota anual de mantenimiento que habrá de estar previamente determinada en la escritura reguladora y figurar en el contrato. Ésta puede ser actualizada en el futuro, pero siempre con arreglo a un índice objetivo, sin que le esté permitido al empresario, o a la empresa de servicios que se haga cargo del mantenimiento. El pago del precio y de la cuota no sólo dan derecho a ocupar el alojamiento, sino también a recibir los servicios de que disponga el inmueble.

¿Puedo comprar un derecho de aprovechamiento por turno en un inmueble que se encuentre en construcción?

Sí, pero entonces el empresario está obligado, con anterioridad, a constituir un seguro que garantice que la construcción estará terminada en el plazo comprometido. Si, llegada la fecha, la construcción no se ha terminado, el consumidor puede exigir, con cargo a ese seguro, la restitución de las cantidades abonadas.

¿Qué ocurre cuando, transcurridos los diez días, me doy cuenta de que no se me ha suministrado la información necesaria acerca del derecho que adquiero?

Si el folleto informativo que ha de editar el empresario no contiene la información exigida o si el contrato no incluye las circunstancias establecidas por la Ley o si la información no es veraz, el plazo de los diez días para desistir no empieza a correr sino desde el momento en que el empresario complete o entregue esa información o hayan transcurrido tres meses sin hacerlo. Mientras la información no esté completada, durante esos tres meses, el consumidor puede libremente resolver el contrato y exigir la devolución de cualquier cantidad satisfecha. Pero recuerde que los anticipos están prohibidos.

¿Puedo inscribir en el Registro de la Propiedad mi derecho?

Sí. La inscripción del mismo evitará que se vea afectado por actos de disposición o por las demandas que se interpongan contra el empresario (embargo, suspensión de pagos, etc), pero no es obligatoria, y el adquirente es titular del derecho desde la misma celebración del contrato.

¿Qué ocurre si, en el complejo, no se prestan los servicios adecuadamente?

En este caso, el consumidor puede dirigirse directamente contra el propietario del inmueble que es, en todo caso, el responsable de una adecuada prestación de los servicios.

¿Puedo recurrir a los Tribunales españoles si el contrato se ha celebrado fuera de España o se ha pactado el sometimiento a otras leyes o tribunales distintos de los españoles?

Sí, siempre que el derecho de aprovechamiento por turno se refiera a un inmueble que se encuentre en España. En este caso, el consumidor tiene la plena protección de los tribunales y leyes españolas, cualquiera que sea el lugar donde se haya celebrado el contrato o cualesquiera sean las cláusulas del mismo.

¿A qué profesionales puedo acudir?

Acuda a las Organizaciones de Consumidores, a las que la Ley atribuye especiales facultades, a las Oficinas de Consumo establecidas por los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el Estado, Abogados, Notarios y Registradores del lugar donde radique el inmueble. También puede obtenerse información en los Colegios Profesionales de Arquitectos, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria o Administradores de Fincas.

El slamming o cambio de operador de telecomunicaciones no autorizado.

domingo, 20 mayo 2007

Cada vez se dan más casos de cambios en compañías de telecomunicaciones sin el consentimiento previo del usuario. Las nuevas normativas sobre portabilidad o la cuestionada validez jurídica de los contratos de voz han dado paso a la utilización de esta fraudulenta técnica con el único fin de conseguir el cambio de operador a cualquier coste.

¿Qué es el slamming?

El slamming es un término anglosajón que se emplea para describir el cambio de compañía de telecomunicaciones (telefonía, Internet, etc) sin la autorización del cliente.

¿Cómo podemos intuir que estamos siendo victimas de slamming?

Preferiblemente utilicemos el sentido común. Hágase preguntas del tipo, ¿quien se ha puesto en contacto con quien? Si se ponen en contacto con usted para ofrecerle una promoción que debe firmar en un tiempo limitado antes de perderla es posible que le estén forzando a tomar una decisión precipitada sin saber realmente si le interesa la promoción.

¿Cuándo nos damos cuenta del fraude?

Normalmente cuando dejamos de recibir el servicio con nuestra operadora, que es cuando llamamos y nos dicen que no estamos en la base de datos como clientes. También se puede detectar cuando nuestra operadora nos llama para lanzarnos una contraoferta o una promoción para “recuperarnos” como clientes. O, sencillamente, cuando nos llega la factura de un operador hasta ahora no habitual .

¿Cómo podemos evitarlo?

  • Se aconseja no dar nunca datos personales y mucho menos bancarios. Se recomienda ser muy cautos en la conversación telefónica mantenida con el interlocutor. Por ejemplo suelen emplearse preguntas del tipo: ¿desea aceptar recibir información para …?, ¿desea recibir información sin compromiso …? Las respuestas afirmativas suelen tomarse en consideración de tal forma que lo mejor es mantenerse firme y, si realmente no nos interesa lo que nos ofrecen, responder con un rotundo ¡no!.
  • Cuando reciba una llamada telefónica de este tipo, exija que le faciliten un teléfono para poder informarse más tarde. Póngase en contacto con la compañía y verifique que esa promoción, oferta o producto se ajusta a los parámetros que le han indicado anteriormente. Infórmese de cómo debe proceder para que le envíen las condiciones del nuevo contrato, bien sea por Internet o correo convencional, antes de proceder a su firma.
  • Si recibe información a través del correo electrónico, asegúrese de leer con cuidado toda la información antes de devolver la autorización aceptando la oferta. Asegúrese de entender claramente las tarifas, términos y condiciones establecidas en la oferta de servicios.
  • Revise su factura telefónica cuidadosamente. Si ve el nombre de una compañía nueva, llame inmediatamente a su operador y solicite información.

¿A quien reclamamos si hemos sido víctimas de un slamming?

Primero al servicio de atención al cliente de su operador. Para ello cuenta con un mes de plazo para presentar una reclamación desde que se ha recibido la notificación del cambio de Compañía. Recuerde que deben entregarle un número de referencia de su reclamación. Si no le solucionan el problema el siguiente paso es acudir a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones  llamando al teléfono 901366699.

La presunción de los matrimonios de conveniencia o complacencia.

jueves, 8 febrero 2007

boletin presuncion - La presunción de los matrimonios de conveniencia o complacencia.Resulta llamativa la creciente consulta en los Despachos de Abogados de personas que vienen solicitando asistencia jurídica por encontrarse ante la imposibilidad de celebrar un matrimonio con extranjero/a porque la autoridad competente “presume” que se encuentra ante un matrimonio de complacencia. También es frecuente la consulta porque al haberse celebrado ya ese  matrimonio en el extranjero, no pueden inscribirlo en el Registro Civil Español respectivo por esa misma presunción. 

Aunque es verdad que estamos ante un fenómeno social a nivel mundial como es el de la migración, no podemos presumir o “poner la etiqueta” de matrimonio de complacencia o de “conveniencia” a todo matrimonio celebrado entre ciudadano/a español/a con ciudadano/a extranjero/a. Los llamados matrimonios de complacencia se celebran a cambio de un precio, entre ciudadano/a extranjero/a y ciudadano/a español/a, con el expreso o tácito acuerdo de no tener convivencia matrimonial auténtica, ni voluntad de fundar o formar una familia y que pasado un tiempo (generalmente un año) se pedirá el divorcio. Estos matrimonios de complacencia se celebran con la finalidad de obtener de manera acelerada la nacionalidad española o la residencia legal o la reagrupación familiar, pues es bien sabido que al estar casado un extranjero/a con ciudadano/a español/a facilita mucho las cosas en este sentido.

Si estos son los móviles que llevan a celebrar ese matrimonio, no estamos ante un verdadero consentimiento matrimonial sino ante un matrimonio simulado o aparente. Para que haya verdadero matrimonio, no se requiere un consentimiento cualquiera, sino un consentimiento matrimonial dirigido a crear una comunidad de vida entre los esposos, con el fin de asumir los fines propios y específicos de la unión en matrimonio, es decir, formar un “consortium omnes vitae” (fundar una familia) según lo establece expresamente la Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios de complacencia. En esta Instrucción se recuerda que cuando los contrayentes se unen en matrimonio, excluyendo las propiedades esenciales del matrimonio, ese matrimonio es simulado y, por lo tanto, nulo.

El matrimonio es simulado cuando el consentimiento se emite por una o ambas partes en forma legal, pero simulada, esto es, sin una voluntad real y efectiva de contraer matrimonio, excluyendo el matrimonio mismo (simulación total) o un elemento o propiedad esencial del matrimonio (simulación parcial). Quiere decir esto que lo dicho con palabras en el momento de emitir el consentimiento matrimonial ante la autoridad competente, no corresponde con la voluntad real o intencionalidad. No sobra decir sobre la dificultad de la prueba ante estos casos de simulación. Esta simulación genera una nulidad matrimonial que impide que pueda inscribirse ese matrimonio en los Registros Civiles Españoles porque un matrimonio simulado supone una voluntad matrimonial inexistente. Se trata de una nulidad absoluta, “ipso iure” o automática, sin perjuicio de su declaración judicial, es una nulidad insubsanable por lo que no cabe convalidación ni por transcurso del tiempo ni por confirmación. Ningún funcionario puede autorizar su acceso al Registro.

¿Y qué sucede entonces con el “ius connubii” o derecho fundamental de la persona al matrimonio? Es verdad que el derecho al matrimonio no es ilimitado ni tampoco ampara a los matrimonios simulados, por ser éstos falsos matrimonios. Por tanto, en el tratamiento jurídico de los matrimonios de complacencia, deben conjugarse factores que están dentro  del ámbito del derecho privado y dentro del ámbito del derecho público. El derecho a contraer matrimonio libremente,  consagrado en el artículo  32 de la Constitución Española y en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros convenios internacionales, tiene algunas escasas limitaciones legales, como por ejemplo, la edad, el parentesco cercano, un vínculo anterior todavía existente, etc. Si no se cumplen esos requisitos esenciales se impide su celebración y, en caso de haber sido celebrados ya, se impide su inscripción en el Registro Civil. Esto en cuanto el ámbito del derecho privado. En cuanto el ámbito del derecho público, entramos ya al derecho de nacionalidad y al derecho de extranjería, con la consiguiente preocupación de que estos matrimonios de complacencia  potencian el fraude de las normas de la nacionalidad y extranjería y fomentan la inmigración ilegal.

Desde la perspectiva del derecho internacional privado, es necesario precisar cuál es la ley estatal aplicable, pues en estos casos se haya implicado un ciudadano extranjero. Una vez precisada cuál es la legislación nacional aplicable, es necesario determinar los criterios adecuados para probar que el matrimonio que se pretende celebrar o inscribir en el Registro Civil Español  es un matrimonio falso, es decir, simulado. Los criterios suelen ser la capacidad matrimonial, el consentimiento matrimonial y la forma de celebración del matrimonio.

En lo que respecta a la validez o invalidez del  consentimiento matrimonial, debemos atenernos a la ley estatal española. La doctrina mayoritaria se refiere al artículo 9.1 del Código Civil Español en el que se establece  que el consentimiento matrimonial debe regirse por la ley personal de cada contrayente, ya que afecta a su estado civil. Por esto, el consentimiento matrimonial de cada cónyuge se regirá por la ley nacional de cada uno de ellos en el momento de la celebración del matrimonio y así se deberá determinar si  ese consentimiento es real o aparente, cuáles son los vicios del consentimiento, los efectos del consentimiento aparente, el plazo para el ejercicio de las acciones  y las personas legitimadas para hacerlo.

Pero es importante tener en cuenta que la citada Instrucción de 31 de enero de 2006 de la DGRN,  diferencia claramente dos situaciones: la primera es cuando uno de los contrayentes es español y el otro extranjero y la segunda se refiere a cuando los dos contrayentes son extranjeros. Veamos, en la primera situación y para la economía procesal, basta analizar el consentimiento matrimonial del contrayente español para determinar si ese matrimonio es válido o no. En la segunda situación, para analizar la validez de ese consentimiento matrimonial hay que dilucidar sus respectivas leyes personales, es decir, el derecho extranjero. Dicha ley no se aplicará por las autoridades españolas, si resultasen contradictorias con el orden público internacional español, como por ejemplo, cuando ese derecho extranjero sí se permite la bigamia o el matrimonio de menores convenido entre los padres de éstos, etc.

Además de estas dos situaciones diferentes que acabamos de citar, también vemos  que la citada Instrucción del 31 de enero de 2006, contempla que ante los matrimonios de complacencia nos podemos encontrar en dos momentos distintos: un primer momento es cuando no se ha podido celebrar ese matrimonio porque la autoridad competente, en la investigación previa al matrimonio mediante el llamado expediente matrimonial, ha percibido el hecho y por esto no ha  permitido su celebración. Un segundo momento es cuando ya se ha celebrado el matrimonio -casi siempre en el extranjero- y entonces lo que no se permite es su inscripción en el Registro Civil Español.

¿Y cómo se prueba la simulación en el expediente matrimonial previo a la autorización de ese  matrimonio? Para evitar que se celebren los matrimonios de complacencia se aplica la Instrucción del 9 de enero de 1995 de la DGRN, sobre el expediente previo al matrimonio, cuando uno de los contrayentes está domiciliado en el extranjero, ya se trate de matrimonios civiles o religiosos (por el rito evangélico, judío o islámico) y para acreditar la capacidad nupcial y la verdadera intención matrimonial. Con el expediente previo se verifica el cumplimiento de todos los requisitos legales para la validez del matrimonio, especialmente en el trámite de la audiencia  de cada uno de los contrayentes por separado, en la que el instructor interroga a los futuros contrayentes para descubrir posibles fraudes. Ha de ser un interrogatorio bien encauzado para verificar si la verdadera intención matrimonial es la de asumir todos los derechos y deberes propios del matrimonio. Esa entrevista ha de ser lo más completa posible y no debe hacerse de manera rutinaria. La certeza de los hechos será investigada de oficio (principio inquisitivo en la carga de la prueba). El verdadero problema de que se “cuelen” tantos matrimonios de complacencia, es que muchos se celebran en el extranjero sin haberse instruido un expediente previo ante la autoridad española. Sin embargo, no dejan de quedar muchas dudas, porque no es nada fácil demostrar si estamos ante un matrimonio de complacencia, así se haya hecho un expediente matrimonial previo.

¿Y cómo se prueba la simulación en el momento de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil Español, cuando el matrimonio se ha celebrado en el extranjero? Bien sabemos que al Registro sólo pueden acceder actos válidos y eficaces. Pues bien, cuando se trata de inscribir en el Registro Civil central o consular un matrimonio ya celebrado en el extranjero, el Encargado debe comprobar si concurren todos los requisitos legales  y en las declaraciones complementarias oportunas debe llegar a la convicción de que no hay dudas de la realidad del hecho y de su legalidad conforme al derecho español. Esas declaraciones complementarias son precisamente las realizadas en audiencia personal reservada y por separado. Cuando existen una serie de hechos objetivos comprobados por las declaraciones de los propios interesados y demás pruebas oportunas, debe denegarse la inscripción de ese matrimonio en el Registro. 

La simulación del consentimiento matrimonial es algo evidentemente difícil de probar, puesto que normalmente no existen pruebas directas. Aquí nos adentramos en el campo de las presunciones como medio para acreditar la existencia de un matrimonio simulado. Según el artículo 386 de la LEC 1/2000, se debe acudir al sistema de las presunciones judiciales: “a partir de un hecho admitido o probado se puede presumir la certeza de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace directo y preciso según las reglas del criterio humano”. Al aplicar de manera supletoria este criterio a las actuaciones registrales (expediente y calificación), por ser de jurisdicción voluntaria, vemos que a falta de una prueba directa y, a partir de ciertos datos o indicios, se podría deducir  la presunción de inexistencia de un verdadero consentimiento matrimonial. Esos datos de hecho objetivos pueden desprenderse de las declaraciones de los contrayentes o de terceras personas, o de cualquier información escrita o de otros datos obtenidos durante la investigación.

Ahora bien, la valoración de esos hechos objetivos se ha de realizar de modo que garantice el pleno respeto al “ius connubii”, como derecho fundamental de la persona a contraer matrimonio y, al mismo tiempo, se ha de evitar que una falsa apariencia de matrimonio pueda acceder al Registro Civil Español. En la Instrucción del 31 de enero de 2006 que venimos comentando, se da a los Encargados de los Registros Civiles unas orientaciones prácticas en este sentido. Dice, por ejemplo, que los datos básicos de los que cabe suponer la simulación del consentimiento matrimonial son dos:

  1. El desconocimiento por parte de uno o ambos contrayentes de los datos personales y/o familiares básicos del otro (pueden ser fecha y lugar de nacimiento, domicilio, profesión, aficiones relevantes, hábitos notorios, nacionalidad, anteriores matrimonios, cómo se conocieron, etc.) sin que sea preciso descender a detalles concretos. Lo que se pide es un conocimiento suficiente, pero no exhaustivo de esos datos personales y/o familiares. Debe hacerse entonces una valoración de conjunto, de modo que se permita concluir  que el desconocimiento de esos datos por parte de uno o ambos contrayentes es claro, evidente y flagrante. Hay otros datos “no básicos” que no son determinantes por sí solos (conocimiento personal de los familiares del otro, hechos de la vida pasada del otro contrayente, etc.). Todos estos son elementos que pueden ayudar a la Autoridad española a formarse una certeza moral sobre la simulación o autenticidad del matrimonio. En definitiva, no se trata de dar una “lista cerrada” de datos o hechos objetivos porque, entre otras cosas, sería imposible..
  2. La inexistencia de relaciones previas entre los contrayentes. Aun cuando los contrayentes pudieran desconocer algunos datos familiares y/o personales básicos recíprocos, esto resultaría insuficiente si se prueba que los contrayentes han mantenido relaciones antes de la celebración del matrimonio, ya sean de manera personal o por carta o por teléfono o por internet y que por su duración o por su intensidad, no permitan excluir toda duda sobre la posible simulación.

Las relaciones personales pueden ser antes o después del matrimonio, pero si son posteriores al matrimonio, deberán ser ininterrumpidas durante un cierto lapso de tiempo. Las relaciones entre los contrayentes pueden ser visitas a España o al país extranjero del otro contrayente. El hecho de que los contrayentes hablen idiomas diferentes y que no se comprendan entre ellos, es un indicio de que las relaciones son difíciles pero no imposibles.

Son también indicios importantes, el hecho de que en el historial de uno de los contrayentes se revelen matrimonios simulados anteriores. Igualmente, el hecho de que se hayan entregado entre los contrayentes sumas de dinero, salvo que se trate de la dote donde ésta sea una costumbre relevante. Si los contrayentes se han conocido pocos meses o pocas semanas antes al enlace no dice nada, en sí mismo, de la intención simulatoria. Pero si se han conocido el mismo día del enlace o pocos días antes, ya sería algo que llamaría notoriamente la atención.

En todo caso sí es muy importante que el Encargado del Registro Civil alcance una “certeza moral plena” de hallarse ante un matrimonio simulado. No se trata de una evidencia total porque ésta no es posible, pero si no tiene esa certeza moral plena, el matrimonio debe autorizarse o inscribirse en el Registro. De todas maneras, y frente a la formulación de una presunción judicial de estas dimensiones, cualquiera de los contrayentes afectados por la presunción de simulación u otra persona legitimada, puede practicar “pruebas en contrario” para demostrar la inexistencia del indicio tomado en cuenta por la Autoridad española para declarar el matrimonio de complacencia.

Finalmente, y por la importancia de la cuestión planteada, si se llegare a rechazar la autorización o la inscripción del matrimonio, al existir sospechas de simulación o fraude, siempre es posible instar posteriormente la inscripción del matrimonio si surgen nuevos datos relevantes, pues en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada.

Pero volviendo a lo que decía al comienzo de este escrito, todas estas precauciones y orientaciones están muy bien para evitar los matrimonios fraudulentos o de complacencia, siempre y cuando no se lleguen a tomar estas medidas de manera general y como una práctica habitual ante todo matrimonio que se celebre entre un ciudadano/a español/a con un ciudadano/a extranjero/a, ya sea en España o en el Consulado español de un país extranjero. Varias son las personas que buscando afanosamente una asesoría jurídica, nos han llegado a los Despachos de Abogados “sorprendidos” por el hecho de que habiéndose casado con una verdadera intención matrimonial en un país extranjero, se encuentran ante la sorpresa que a su matrimonio celebrado con autenticidad lo han calificado de “matrimonio de complacencia” y les han denegado su inscripción en el Registro Civil.

NOTA: Este artículo también ha sido publicado en el Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón, Nº 178, de Abril de 2007.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

¿Nuevo sistema de parentesco y de Familia para el siglo XXI?

miércoles, 8 noviembre 2006

Hasta no hace más de 30 años la filiación estaba fundamentada en el origen biológico de la consanguinidad sin descartar, por supuesto,  la filiación  por adopción. El principio de igualdad de la filiación condujo a la plena equiparación entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y los hijos adoptados. Los hijos o eran concebidos sexualmente por sus padres (dentro del matrimonio, fuera del matrimonio o en unión libre) o eran adoptados. No cabía ni imaginar que los hijos pudieran ser concebidos artificialmente, a través de la procreación médicamente asistida, mediante la fecundación homóloga o heteróloga.

En España la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre reproducción humana médicamente asistida,  ha regulado diversos aspectos (médicos, administrativos, penales, civiles) de la aplicación de nuevas técnicas de procreación humana. El primer banco de espermas se creó en 1978 y al tiempo de la promulgación de la ley se calculaba que había 2.000 niños concebidos mediante estas técnicas, calculándose, además, que unas 700.000 parejas podrían beneficiarse de ellas, en 14 clínicas especializadas. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, es la actualmente vigente en España.

Los requisitos para utilizar estas técnicas son los siguientes: a) Deberá haber posibilidades razonables de éxito sin poner en riesgo la vida de la madre o del niño por nacer; b) la mujer solicitante deberá ser mayor de edad, estar en buen estado de salud psicofísica y haber manifestado su consentimiento informado de manera libre y consciente; c) los equipos encargados de aplicar estas técnicas tienen el deber de informar a todos los intervinientes sobre los aspectos biológicos, jurídicos, éticos o económicos de aquéllas; d) los consentimientos dados deben hacerse constar en formularios uniformes; e) en cualquier aplicación de las técnicas la mujer tiene derecho a renunciar a proseguirla; f) la historia clínica individual deberá ser tratada reservadamente, lo mismo que la esterilidad de los usuarios de las mismas y todos los aspectos concernientes al nacimiento de los niños así procreados.

Está prohibida la fecundación de óvulos con finalidades distintas de la procreación humana. El número de pre-embriones transferidos al útero de la mujer deberá ser el más adecuado científicamente, para asegurar razonablemente el embarazo. Se prevé el contrato gratuito de cesión de gametos así como la cesión hecha por el donante y el Centro autorizado; esta donación deberá formalizarse por escrito y de forma anónima. Los datos de identidad serán conservados en el secreto más estricto, y en clave, en el Centro y Registro Nacional de Donantes. La madre y los hijos tendrán acceso a la información general de los donantes, pero no a la identidad de los mismos.

Excepcionalmente, y en caso de peligro de muerte para el niño, será posible revelar la identidad del donante, pero sin publicidad. El donante deberá ser mayor de edad, tener plena capacidad de obrar y no sufrir enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles. Los Centros velarán para que de un único donante no nazcan más de seis hijos.

La mujer debe ser informada de los peligros que pueden afectar a la descendencia y durante el embarazo debido a una edad inadecuada de la madre. Si ésta está casada el marido debe prestar plenamente su consentimiento de manera libre, consciente y formal ,y de no estar casada, se exige el consentimiento de su pareja el cual, una vez prestado, equivale al documento que, en su caso, exige el reconocimiento del niño por nacer. La ley permite las técnicas de la procreación asistida a una mujer sola, cualquiera que sea su estado civil, lo cual supone que el niño que nazca carecerá forzosamente de un padre legal.

Así mismo, se autoriza la fecundación post mortem si el marido o su pareja de hecho ha autorizado, por testamento o en documento público, que la mujer sea fecundada dentro de los seis meses siguientes a la muerte del marido, con el esperma que éste había  depositado en un Banco de semen.

La ley prohíbe la gestación por sustitución, también conocida como maternidad subrogada y establece que el vínculo de maternidad deriva del alumbramiento. Igualmente, la ley prohíbe la clonación humana.

Puedes leer y descargar el resto del artículo en formato PDF desde aquí.

NOTA: Hay también otro artículo relacionado con este tema dentro de este mismo blog, que se refiere a los Sistemas de Parentesco y de Familia en el Derecho Canónico, el cual puedes descargar en “Sexualidad, Matrimonio, Familia y Parentesco en Derecho Canónico”.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho


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