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Sentido, ética y profesionalidad del Abogado de Familia

martes, 2 septiembre 2008

Estoy convencida de que todos los profesionales del Derecho que nos dedicamos al área del matrimonio y de la familia, teniendo siempre en la mira el horizonte fundamental de nuestra misión y el sentido de nuestra tarea, nos preguntamos por qué nos vemos a veces “ejerciendo” un poco de psicológos o de orientadores familiares. Esto es normal que nos suceda (sin quererlo ni buscarlo) porque nuestros clientes, cuando acuden a nuestro Despacho pidiendo orientación jurídica para su concreta situación matrimonial o familiar, nos hacen muchas confidencias personales e íntimas que ni siquiera se las han contado a sus más cercanos parientes.

Suelo tener en mi escritorio o sobre la mesa de la sala donde atiendo a mis clientes una caja de kleenex, porque es normal que al narrarnos su problema se les escapen algunas lágrimas y sollozos. Y no hablo sólo de mujeres ¡no! He visto a muchos hombres soltando una que otra lágrima durante la consulta. Todo esto me lleva a tener cada día más conciencia de la grandeza de mi profesión y de la delicadeza y del respeto que implica ejercerla cuando las personas nos confian su intimidad y nos cuentan sus historias personales. Y es que se toca la “fibra humana”, se palpan los sentimientos humanos, lo cual imprime el carácter y la dignidad de lo que somos y de lo que hacemos. Conseguir ese clima de confianza que facilita esa apertura del cliente, es cuestión de sintonía. Porque los clientes se dan cuenta de manera inmediata si se encuentran frente a un abogado de familia consciente de su misión, que los trata como a  personas y no como a un “expediente o un caso más por resolver”. Los clientes son los primeros en notar si su abogado es un humanista o alguien preocupado más por la “ganancia económica” que le supone el caso.

El abogado de familia tiene la posibilidad real de trabajar por la familia, por la persona. Digo esto porque en algunas ocasiones nos encontramos ante un cliente, hombre o mujer, que teniendo un problema matrimonial que no pasa de ser sólo una “crisis matrimonial” nos consulta la posibilidad de tramitar su divorcio. Es cuando entra en juego la conciencia y el sentido que tenemos de nuestra profesión y lo que marca la diferencia entre el abogado de familia y aquel que sólo busca tramitar un divorcio para “cobrar” un caso más. Muchas veces he tenido la satisfacción personal de ayudar a que una persona recapacite sobre su matrimonio y su familia y no se precipite a plantearse un divorcio, porque la solución no es ésta sino otra que tiene que ver más con el diálogo y la comunicación de pareja. Le ayudo a que reflexione sobre su posible decisión de divorciarse proyectándose hacia el futuro en un corto, mediano y largo plazo. Es verdad que actuando así, el cliente recapacita y dejo de ganarme los “honorarios” de ese posible divorcio, pero he ganado más en lo personal y en lo profesional y esto me trae muchos más dividendos, pues siempre he estado convencida de que la ética profesional es muy rentable: un cliente satisfecho con la actuación de su abogado, trae muchos más clientes.

El abogado de familia que se encuentra en consulta con su cliente no debe dejar de ver que detrás de éste hay una familia, unos hijos, cada uno con su propia biografía personal. Y que con nuestra asesoría jurídica, podemos ayudar a esa familia. Cada situación matrimonial y familiar tendrá una solución específica, pero no será la misma para todas. El divorcio es una muy buena solución, pero no siempre es la única solución.

Es cierto que el divorcio está alcanzando un alto índice de proporciones. Esto debe llevarnos a los abogados de familia a reflexionar cuáles pueden ser sus causas y sus consecuencias, para enfocar el problema convenientemente y ayudar a plantear soluciones adecuadas, dentro de la disciplna jurídica en la que estamos inmersos. No es para alegrarse de tanto divorcio. Tampoco es para lamentarse. Es sencillamente para analizar y estudiar más a fondo sobre la situación actual del matrimonio y la familia, puesto que el estudio y el análisis de la realidad es algo que nunca debe dejar de hacer el abogado. Y es que el abogado de familia es un humanista por antonomasia y debe ser un conocedor de las ciencias sociales.

A mi modo de ver, una de las muchas causas de tanto divorcio que actualmente tenemos en nuestra sociedad es la falta de educación en el amor, en el manejo de las emociones y de las relaciones interpersonales y familiares. Varias parejas y familias “se rompen” por la falta de esta formación. Esto es lo que a veces percibo en el fondo de algunas situaciones. En otras ocasiones, son los mismos clientes los que nos lo dicen. Es cuando, sin quererlo ni buscarlo, nos encontramos ejerciendo un poco de psicólogos o de orientadores familiares, como decía al inicio de este escrito. No es intrusismo, sino simplemente consecuencia de nuestra profesión, puesto que un abogado de familia debe tener mucho de psicólogo y mucho de orientador familiar para ser muy competente en su profesión. Y no es porque tengamos que estudiarlo en la universidad, sino que la vida misma y la profesión nos enseñan a serlo.

Por esto mismo, me permito dar algunas sugerencias para evitar -en lo posible- esas rupturas matrimoniales y familiares, siguiendo unas pequeñas pautas de comportamiento en la convivencia diaria: 1. Estar dispuestos a comprender, a ponernos en la piel del otro. 2. Prestar mucha atención a las pequeñas cosas, a los detalles.  3. Luchar por “no ser tan hipersensible” en la convivencia.  4. Procurar “evitar discusiones innecesarias”.  5. Tener “capacidad de reacción” tras momentos o días difíciles.  6. Cuidar el lenguaje verbal y no verbal, sabiendo que “cualquier conducta humana es comunicación”. Por eso, atender muy especialmente a tres ingredientes esenciales de la comunicación: respeto, comprensión y delicadeza.  7. Poner el máximo empeño para que no salga “la lista de agravios”.  8. Tener “el don de la oportunidad”.  9. Todo comportamiento necesita de un cierto aprendizaje. El amor de la pareja consiste “en una relación compleja en la que se intercambian recompensas presentes y futuras”. 10. Para lograr una correcta estabilidad de la pareja es necesario “adquirir habilidades para la comunicación”, sabiendo que “comunicarse” tiene mucho que ver con el dar, el darse y el entregarse.  11. Disculparse cuando uno se equivoca.  12. Buscar siempre alternativas.  13. Fijarse más en las virtudes del otro que en sus defectos, sólo así intentaremos ayudarle a que se de cuenta de sus defectos y los pueda corregir.  14. Es importante no basar nuestra vida emocional en las debilidades de nuestra pareja, sino en sus fortalezas.

Podría seguir con un largo etcétera, pero lo importante es tener claro que la vida de familia es una escuela de virtudes en la que todos aprendemos a ser mejores contando también con nuestros fallos y nuestras equivocaciones.

Obviamente, en todo lo dicho hasta aquí, me he referido a situaciones “normales” en las que se excluye la existencia de “patologías” o enfermedades, ya que encontramos personas que son incapaces de tener unas sanas relaciones interpersonales o un sano control de las emociones o un sano concepto del amor o un sano equilibrio emocional. Es cuando les aconsejamos que acudan a la ayuda de un experto psicólogo o psiquiatra. Hay otros casos muy lamentables en los que algún miembro de la pareja o de la familia tienen un desequilibrio psíquico o psicológico, convirtiendo su entorno familiar en un infierno (casos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de abusos a menores, de alcoholismo, drogadicción, etc.) en los que hay que acudir a otras pautas y a otras soluciones drásticas e inmediatas.

Antes de terminar hago un pequeño paréntesis para decir que en este escrito me he centrado sólo en el tema del matrimonio y del divorcio. Porque bien sabemos todos que los abogados de familia atendemos otros asuntos como la filiación, las herencias, las adopciones, guarda y custodia de los hijos, etc. Sobre todos estos aspectos he escrito en este mismo blog. Lo cierto es que los temas de divorcio son los que más se suelen solicitar en nuestros Despachos, a los que acuden también  -hay que decirlo- muchas personas que han madurado y sopesado muy bien su decisión  de divorciarse, buscando el bien personal y de sus hijos.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

Los cónyuges son los “primeros parientes”

jueves, 21 agosto 2008

¿”Y todavía no tenéis familia”? es la pregunta que comúnmente se le hace a una pareja de recién casados para saber si ya tienen hijos o vienen en camino o si piensan tenerlos pronto. Pareciera haber un “cierto acoso” por parte de algunos familiares y amigos hacia estos “recién casados”, que muchas veces no saben qué responder a tan insistentes preguntas de aquellos cercanos que sueñan con ser ya abuelos, tios o padrinos de bautismo. Detrás de esta inocente pregunta se esconde un error fundamental de apreciación acerca del concepto de “familia”. ¿Es que acaso no son ya familia entre sí los cónyuges?

El pacto conyugal, la alianza matrimonial, el vínculo matrimonial o como se quiera llamar a ese matrimonio que han conformado los cónyuges mediante su consentimiento matrimonial, crea una íntima comunidad de vida y amor con la que -mediante su libertad personal- han decidido fundar una familia. Esa alianza conyugal tiene como objeto la búsqueda del  “bien de los cónyuges que es un valor trascendente que busca la propia y mutua felicidad. Fundar una familia exige de los cónyuges un pacto de amor conyugal de donación y aceptación mutua y recíproca; es hacer un auténtico uso de la libertad y de la responsabilidad personal.

Esa íntima comunidad de vida y amor que han creado los esposos mediante su vínculo matrimonial origina unas relaciones familiares, una comunidad familiar. El vínculo conyugal no es solamente una relación jurídica contractual, sino que se integra dentro de la primera y más original noción de familia: los cónyuges son familia, son los “primeros parientes”, los “primeros familiares”. Aunque es fácil de entender con claridad esta realidad familiar conyugal, sucede que ésta se ha oscurecido porque durante siglos el matrimonio ha sido comprendido con una visión muy positivista y jurídico-formal, encuadrándolo dentro de un frio concepto jurídico de contrato o de institución, quedando así desprovisto de su genuina realidad natural.

Hay que rescatar el auténtico concepto de amor y de alianza del matrimonio, el cual no puede quedar reducido a un simple concepto de contrato o de institución con unos planteamientos demasiado utilitaristas y funcionales. Hay que enseñar en las aulas y en la calle que el matrimonio no es sólo un contrato de “derechos y obligaciones”, sino que es mucho más, es una alianza de mutua y recíproca entrega de dos personas por amor. No se trata simplemente de una diferencia termonológica, sino de una concepción más humana y menos fria de la realidad matrimonial y familiar que crean los cónyuges con su libertad personal al casarse. Existe actualmente una notable pérdida de la conciencia del “carácter familiar de la relación conyugal”.

Implícitamente subyace la idea de que la familia es una realidad biológica que requiere la existencia de los vínculos de sangre. Por esto está hoy tan difundido el considerar en términos funcionales, pero  no familiares, el vínculo conyugal. Se piensa que la familia comenzaría a existir a partir del nacimiento del primer hijo; antes sólo existiría la pareja casada, es decir, unida por el vínculo matrimonial. De ahí la famosa pregunta que se hace a los recién casados: “¿Y todavía no tenéis familia?”.

Las relaciones familiares son más que relaciones sociales o funcionales. El matrimonio no puede ser entendido como una relación social o funcional en la que cada cónyuge “cumple una función determinada”. De ahí que sea urgente y necesario destacar y rescatar la realidad existencial, vital y afectiva de la relación conyugal que la hace relación familiar. La relación conyugal es ya familiar desde el momento en que los esposos se intercambian el consentimiento matrimonial, cuando se dicen libremente y por amor durante la ceremonia nupcial “si quiero”.

El vínculo conyugal tiene como soporte una relación familiar que sólo puede comprenderse en el interior de un sistema de parentesco. Las relaciones familiares padres-hijos-hermanos tienen como fundamento un hecho biológico: la generación. Mientras que la conyugalidad constituye un caso especial porque no se constituye sobre este hecho biológico de la generación, sino en la elección del cónyuge que es consecuencia de la libertad de los esposos. Podría entonces pensarse que la conyugalidad no es una relación familiar porque en ella no interviene el elemento sangre, sino la libertad o consentimiento matrimonial. Por tanto, y de ser así, ser cónyuges consistiría en saber desarrollar unos roles: el propio “rol de esposos”, “rol” que sería definido por el contexto socio-cultural.

Entonces tendría que concluirse que el concepto de familia y de relación familiar quedarían ligados exclusivamente a la dimensión biológica de la persona, cayendo en un prejuicio cultural muy difundido que hace pensar que donde no hay relación biológica, pero sí vínculo de libertad, no habría familia. Consecuentemente, la familia vendría a ser el efecto biológico del vínculo matrimonial, lo cual sería un error.

El vínculo matrimonial permanente refleja que la relación conyugal tiene un carácter personal y biográfico. Porque en el matrimonio los esposos se entregan y se asumen como personas en su dimensión biográfica y existencial, que no está sujeta a la temporalidad “del mientras tanto”.  La conyugalidad es la relación familiar por excelencia y, sin ésta, no hay ninguna otra relación que sea plenamente familiar. Sobre la conyugalidad se fundamentan las otras relaciones familiares por consanguinidad: padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, primos, tíos;  y también las relaciones familiares por afinidad: cuñados, suegros, consuegros, etc. También las relaciones familiares por adopción.

La familia no es un conjunto de personas que ponen en común sus existencias y sus bienes. La familia es una comunidad de personas que solamente puede constituirse sobre la comunión conyugal del hombre y la mujer. La conyugalidad recibe su plenitud con el advenimiento del hijo. Sin embargo, con independencia de la inexistencia involuntaria de los hijos, la comunión de los esposos es ya familiar puesto que “los cónyuges son los primeros parientes”.

Efectivamente hay matrimonios que por razones ajenas a su voluntad no logran tener hijos. Pero es un matrimonio, es una familia. Ya son familia. La familia no se puede reducir al hecho biológico de la procreación. ¿Qué es lo que relamente crea el lazo familiar? ¿Una estructura social, política o económica? No. Es la exigencia de la solidaridad radical y de la comunidad amorosa, dimanante de la condición y dignidad de las personas humanas, de quienes se vinculan definitivamente entre sí, por el “simple y grandioso hecho”  de ser aceptados y amados sin más; esto es lo que crea el lazo radical e incondicional de amor y solidaridad debido en justicia entre familiares.

Por esto los cónyuges, antes que padres, se han dado para siempre como esposos en una alianza de amor permanente y abierta a la vida. La relación entre los cónyuges, lejos de ser una relación funcional de “roles” es una relación plenamente familiar porque tiene ese carácter personal y biográfico que los hace llamarse “consortes”, es decir, comparten la misma suerte y escriben juntos sus propias biografías.

Desde un punto de vista práctico, tan exigente como ser “esposo” o “esposa” es ser “hijo”, “hija”, “padre”, “madre”, “abuelo”, “abuela”. La familia se encuentra como el primer “nosotros”: cada uno es “yo” y “tú”; cada uno es para el otro marido o mujer, padre o madre, hija o hijo, hermano o hermana, abuelo o nieta, tio o sobrino, prima o primo, cuñado o cuñada, etc. Se reconocen como sujetos en relación. Los familiares no pueden considerarse individuos aislados, sin lazos familiares. ¿Un lazo familiar de sangre puede ser destruido por voluntad humana? Evidentemente no. Nadie puede llamar a su padre o a su madre o a su hijo o a su abuelo o a su hermana o nieto mi “ex” porque aunque hubiera relaciones familiares rotas, no pueden ser desconocidos o destruidos los vínculos de sangre. Porque a éstas se les reconoce como relaciones familiares. ¿Y por qué es tan frecuente oir hablar de mi “ex-cónyuge”? Porque las relaciones conyugales se reducen simplemente a relaciones funcionales sujetas al sólo acuerdo de voluntades o a unos intereses particulares que, una vez ya no se cumplen, pueden rescindirse.

Pero los esposos que se casan de verdad, en una alianza de amor permanente, no hay que explicarles mucho que ellos son “los primeros parientes”, porque ya lo saben o lo intuyen.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Grave Defecto de Discreción de Juicio del Contrayente en Derecho Matrimonial Canónico

miércoles, 11 junio 2008

Para todos los actos jurídicos que celebran las personas a lo largo de su vida, se requiere un consentimiento adecuado y proporcionado para que sus actuaciones puedan ser calificadas como válidas y así desplieguen los efectos jurídicos con todas sus consecuencias. Obviamente, para celebrar válidamente un matrimonio, el consentimiento personal de los contrayentes debe alcanzar un mínimo de condiciones y requisitos dentro de lo que se considera un grado normal de madurez psicológica y salud psíquica. Se dice grado normal, puesto que para casarse válidamente no se piden cualidades o condiciones especiales a los contrayentes, ni tampoco un grado de inteligencia o de madurez superiores a lo normal.

Lo que sí se pide es que los contrayentes sean capaces de contraer el matrimonio, es decir que puedan prestar un consentimiento matrimonial válido. El consentimiento matrimonial es un acto humano y como tal debe ser libre, pleno, responsable, real e idóneamente proporcionado al objeto y título matrimoniales. En Derecho Canónico el matrimonio goza del favor del derecho (“favor iuris”), esto es, se presume que todos los matrimonios son válidos, mientras no se demuestre y pruebe lo contrario ante los Tribunales Eclesiásticos. Concretamente, hay que demostrar la incapacidad de los contrayentes o de uno de ellos para contraer matrimonio.

El canon 1095 del Código de Derecho canónico dice expresamente quiénes son incapaces de contraer matrimonio:
1. Quienes carecen de suficiente uso de razón;
2. Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar;
3. Quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica.

Con una lectura atenta de este canon, puede observarse que es diferente cada una de las causales de incapacidad que impiden prestar un consentimiento matrimonial válido, idóneo y proporcionado a la naturaleza misma del matrimonio. Podría decirse que las causales de los numerales 1 y 3 del canon 1095 se encuadran más dentro de la ciencia de la psiquiatría, por tratarse de anomalías psíquicas; mientras que la causal número 2 encuadra más dentro de la ciencia de la psicología, por tratarse de la falta de discreción de juicio que tiene que ver directamente con la afectación de la madurez de la persona.

Estas causales de incapacidad para contraer matrimonio por defecto del consentimiento matrimonial, del canon 1095, se salen de ese grado de normalidad psíquica o psicológica de la persona, al cual nos hemos referido anteriormente. Obviamente, determinar ese grado de normalidad o anormalidad, corresponde a los expertos o peritos psiquiatras o psicólogos. Esa valoración científica es una prueba pericial que unida al conjunto de otras pruebas como las testimoniales y las documentales, son las que conforman el juicio y la certeza moral de los jueces eclesiásticos para declarar la nulidad de un matrimonio católico por defecto del consentimiento.

En este breve escrito sólo haré referencia a la causal segunda del canon 1095, puesto que es una de las causales más comunes en los procesos de nulidad del matrimonio canónico.

1. GRAVE DEFECTO DE DISCRECIÓN DE JUICIO:

El numeral segundo del canon 1095 dice que son incapaces de contraer matrimonio aquellas personas que tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar o aceptar. Se trata de una capacidad de discernir y, aunque la inteligencia y el nivel cultural pueden influir en el grado de discernimiento, concretamente la expresión discreción de juicio se refiere más al grado de madurez personal del contrayente que a su riqueza cognoscitiva o a su percepción intelectual suficiente para asumir los derechos y deberes esenciales del matrimonio.

Se trata de un defecto grave referido a la discreción de juicio que es un concepto jurídico. No es la gravedad de la anomalía (estricto concepto médico) sino la gravedad del defecto de la discreción de juicio (estricto concepto jurídico) la causa de la incapacidad consensual y de la nulidad del acto. Lo decisivo no es tanto la enfermedad o trastorno psicológico, que generó el defecto grave, cuanto que lo produjera efectivamente, privando al sujeto de la suficiente discreción de juicio. La gravedad del defecto se estima con un criterio objetivo, a saber, sobre los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. Esos derechos y deberes son mutuos y recíprocos, esto quiere decir que su ejercicio es conjunto para ambos contrayentes.

Ese defecto grave se da cuando uno de los contrayentes carece de la madurez intelectiva y volitiva necesaria para discernir y comprometer irrevocablemente los derechos y deberes matrimoniales que son: conformar una comunidad de vida y amor conyugal, indisolublemente fiel, ordenada al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. La discreción de juicio es aquel grado de madurez del entendimiento y de la voluntad de los contrayentes que los hace capaces de asumir mutua y recíprocamente esos derechos y deberes esenciales.

Para invalidar el matrimonio, el defecto grave de la discreción de juicio ha de padecerse al menos y en todo caso en el momento de prestar el consentimiento matrimonial. Su apreciación es de competencia judicial. El juez valora también los hechos y circunstancias anteriores, concomitantes y subsiguientes a la celebración del matrimonio. En esa apreciación judicial se debe determinar correctamente cómo y por qué se produjo ese defecto grave, privando al contrayente de su discreción de juicio en el momento mismo de emitir su consentimiento matrimonial.

Por eso, para entender correctamente este concepto jurídico, entra en juego la biografía de la persona contrayente en la que recae el defecto grave de discreción de juicio. El juzgador debe estar convencido de la verdad histórica favorable o contraria a la validez del vínculo matrimonial. La causa, que es el defecto grave, debe estar presente en el momento de emitir el consentimiento matrimonial; causa que tiene como efecto la nulidad matrimonial. El fracaso matrimonial es una consecuencia, no una causa de nulidad.

La discreción de juicio repercute no sólo en el entendimiento y en la voluntad, sino en el equilibrio entre ambos. Exige del contrayente aquel grado de madurez personal que le permita discernir acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio. El grado de madurez personal, unida a la biografía de la persona, conlleva una realidad existencial que, como tal, es un proceso vital y perfectible, lo cual quiere decir que la madurez se mejora con los años y la experiencia de la vida. Ninguna persona es perfectamente madura, pero sí perfectible de madurar más con el paso del tiempo. Por lo tanto, la madurez personal es un proceso que no termina sino con la muerte de la persona. Bien sabemos que la madurez no siempre depende de la edad y la experiencia de las personas, pues a veces encontramos personas que a los 20 años de edad tienen más madurez que otra persona de 40 años de edad.

Nuevamente nos referimos al grado normal de madurez, que en unas personas puede ser más alto y en otras más bajo. Dentro de estos “parámetros normales” del grado de madurez de las personas, todas  tienen capacidad para contraer matrimonio, así unas personas sean más maduras que otras. Es decir, tienen la “suficiente” discreción de juicio para entender y asumir los derechos y deberes del matrimonio. El problema radica cuando nos salimos de esos parámetros normales y traspasamos el límite para entrar en el campo de la “anormalidad”. Ya decíamos antes que para casarse no hacen falta cualidades especiales de inteligencia o voluntad, sino una “suficiente” discreción de juicio para discernir el matrimonio, un suficiente grado de madurez para comprometerse en matrimonio. Conviene subrayar que el canon 1095,2 no exige una madurez o discreción de juicio plena o perfecta. Esto se corrobora en el canon 1096 que dice: 1. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. 2. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad.

Podría decirse que el “grave defecto de discreción de juicio” se mueve en el terreno de la “anormalidad” del grado de madurez, entendiendo por tal su disminución, pero no su carencia absoluta. Hay grave defecto de discreción de juicio cuando el contrayente no puede entender ni cumplir los derechos y deberes matrimoniales. Es un no poder darse cuenta de lo que es el matrimonio y, por eso mismo, no querer asumirlo libremente por tener una grave inamdurez psicológica, que se traduce en una inmadurez afectiva que no sería la adecuada para su edad,  puesto que la persona presenta unos rasgos de infantilismo, de  inestabilidad afectiva, de dependencia afectiva de sus padres, de egocentrismo o egoísmo que lo lleva a considerar todo sólo  bajo la óptica de su propio yo, de inseguridad, de falta de realismo en sus juicios sobre la vida y en el miedo de superar las dificultades de la vida y en su falta de responsabilidad. Esta inmadurez afectiva da lugar al grave defecto de discreción de juicio, haciendo a la persona incapaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, esto es, haciéndola incapaz de contraer matrimonio.

2. LA PRUEBA PERICIAL:

La incapacidad consensual requiere sustentarse sobre una causa psíquica o psicológica que la explique. La prueba de la pericia médico-psiquiátrica o psicológica es de gran valor probatorio. El perito es un asesor del juez, pero no es el que decide la nulidad o validez del matrimonio, sino es el Juez quien la declara valorando el conjunto de las pruebas testimoniales, documentales y periciales y todas las circunstancias y hechos antecedentes, concomitantes y posteriores al matrimonio que implican la biografía de la persona.

La doctrina y la jurisprudencia canónica dan una serie de pautas específicas en la realización de la prueba pericial. Por ejemplo, el perito ha de conocer muy bien y valorar el desarrollo biográfico del sujeto y su natural secuencia cronológica en todos sus órdenes (personal, social, familiar, conyugal, profesional, etc.) en cuanto hechos y modos de comportamiento. Ese dictamen pericial no debe tener contradicciones inexplicables con los resultados del conjunto de las otras pruebas testimoniales, documentales, confesión de las partes, etc.

El perito hace un diagnóstico, no una calificación. El perito debe tener una idea clara de lo que es el matrimonio y el consentimiento matrimonial y debe saber bien la diferencia entre lo que es una nulidad matrimonial y un fracaso matrimonial. La sentencia del juez declara la nulidad del matrimonio con la ayuda de los peritos, cuando adquiere la certeza moral de la incapacidad matrimonial. La prueba pericial psicológica es un medio científico que debe ser pertinente y hacer referencia a conocimientos técnicos, científicos y prácticos. Se considera la prueba pericial como aquel dictamen emitido por especialistas que perciben, verifican, valoran los hechos y los ponen en conocimiento del juez, dando su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los mismos. La prueba pericial, en última instancia, tiene como función avalar y garantizar el derecho de las personas.

La misión del psicólogo perito es la de ilustrar, asesorar, aportar conocimientos al juez, convirtiéndose así en su auxiliar o colaborador. El informe pericial se emite para constatar, a través de una valoración técnica, una realidad no perceptible. Su fin es hacer visible lo invisible, hacer tangible lo intangible. El grado de fiabilidad que puede merecer un dictamen pericial vendrá ligado a los elementos y datos que el perito tenga para emitir su opinión técnica, así como su especialidad y comprensión del proceso psicopatológico.

NOTA: Puede leer en este mismo blog dos artículos relacionados con este tema:  “El Proceso de Nulidad del Matrimonio Católico” y sobre “La Nulidad canónica matrimonial por incapacidad de naturaleza psíquica”  También, si le interesa saber sobre otros interesantes temas de derecho canónico, puede verlos en este blog.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

La Simulación del Consentimiento Matrimonial en Derecho Canónico

domingo, 8 junio 2008

En el acto de simular debe existir una razón clara y contundente por la cual la persona se decide a declarar falsamente que quiere casarse. Deben darse dos motivos: 1. Un motivo que induce a querer adquirir el estado matrimonial, 2) y otro motivo que lleva a querer que el matrimonio que celebra sea inválido. El acto de simular consiste en expresar en modo serio y solemne la fórmula del consentimiento matrimonial, pero sin consentirlo con la voluntad. Si un contrayente declara no haber querido con su voluntad aquello que manifestó externamente con las palabras y/o los gestos, quiere decir que el acto celebrado no tiene valor jurídico y que por tanto fue un acto simulado en el que excluyó el objeto del mismo del matrimonio, lo que tendrá como consecuencia la nulidad matrimonial.

1. ¿QUÉ ES LA SIMULACIÓN?

La simulación es el acto por el cual, una persona hábil y capaz jurídicamente, haciendo uso de sus facultades intelectivas y volitivas, decide con toda ciencia y conciencia dar, prestar o expresar con palabras o signos comprensibles, un consentimiento de querer casarse, pero en realidad no hacerlo. Es expresar un sí quiero con las palabras o con signos o gestos, pero decidir internamente un no quiero con la voluntad, excluyendo con un acto positivo de la voluntad el matrimonio mismo o uno de sus elementos o propiedades esenciales como son la indisolubilidad, la fidelidad o la prole (Canon 1101, 1, 2 del Código de Derecho Canónico). El acto positivo de la voluntad exige la existencia de una voluntad cierta y determinada contraria al matrimonio, no bastando simplemente las ideas, opiniones, deseos o previsiones contrarias a la fidelidad o a la indisolubilidad o a la procreación. No se trata de desear que el matrimonio sea temporal, sino de decidir con un acto positivo de la voluntad que sea limitado en el tiempo.

Para hablar de la posibilidad de la simulación o exclusión en el ámbito canónico, es necesario partir de la certeza del sano y equilibrado estado de salud mental, psíquica o psicológica de la persona que simula. Se entiende que es un acto positivo de la voluntad del que simula, porque no desconoce qué es el matrimonio ni qué es el consentimiento matrimonial. Nadie excluye sin darse cuenta de lo que hace.

Las circunstancias antecedentes, concomitantes y consecuentes a la celebración del matrimonio son la clave que tienen los jueces eclesiásticos para descifrar el enigma de la simulación y para declarar con certeza moral si consta o no consta el consentimiento fingido, después de un serio y estudiado proceso. Valorar la prueba en los casos de simulación y consultar la intención del contrayente al excluir internamente con un acto positivo de la voluntad el matrimonio mismo o uno de sus elementos o propiedades esenciales, obviamente, no es tarea fácil, pero tampoco imposible, puesto que para probar la existencia de la voluntad excluyente, es necesario que esa voluntad interna tenga repercusiones externas, que pueda ser probada con certeza moral en el fuero externo. Una verdadera voluntad positiva contraria al matrimonio se manifestará en hechos y conductas concretas externas.

Cabe anotar aquí que para declarar la nulidad de un matrimonio católico deben darse dos sentencias afirmativas y para no declararla, igualmente, hacen falta dos sentencias negativas. En cada instancia de los Tribunales Eclesiásticos deciden tres jueces; esto quiere decir que cada caso de nulidad matrimonial canónica es estudiado por seis jueces –como mínimo- o por nueve jueces si hay que ir a tercera instancia. Sin olvidar que también intervienen en cada instancia las actuaciones y conclusiones de los defensores del vínculo y de los abogados. Todo esto da una idea de la seriedad, del estudio y de la responsabilidad que implica un proceso de nulidad matrimonial en la Iglesia.

Con la reforma del nuevo proceso canónico de nulidad matrimonial, ya no se requieren siempre las dos instancias, ni la intervención de un tribunal de tres jueces.

2. SIMULACIÓN TOTAL Y SIMULACIÓN PARCIAL:

La simulación es una de las causas más comunes de la nulidad del matrimonio católico. La simulación puede ser total o parcial. Es total cuando se excluye el matrimonio mismo y es parcial cuando se excluye una de sus propiedades o uno de sus elementos esenciales. Hay autores que rechazan esta distinción, pues en uno u otro caso nos encontramos, en definitiva, ante la exclusión del matrimonio. Pero la distinción se mantiene ya que en el plano psicológico la intención del que simula no es la misma, pues alguien podría no rechazar el matrimonio pero sí la fidelidad o la indisolubilidad o la prole, por ejemplo. Los motivos que llevan a la exclusión son muy diversos.

En la simulación total, el contrayente rechaza el matrimonio mismo (“matrimonium ipsum”), quiere un no casarse, rechazando todo aquello que implica estar unido en matrimonio. Un ejemplo podría ser cuando se rechaza a la otra persona como cónyuge; otro ejemplo puede ser cuando se pretende instrumentalizar la ceremonia nupcial (caso de matrimonio de conveniencia o de complacencia para obtener la nacionalidad, cuyo escrito puede leerlo en este mismo blog). En la simulación total, el contrayente(s)  excluye de su consentimiento matrimonial, con un acto positivo de su voluntad, los tres bienes del matrimonio: fidelidad, indisolubilidad y procreación  (bonum fidei, bonum sacramenti, bonum prolis). Esto es, excluye el matrimonio mismo.

Los diversos supuestos de exclusión parcial pueden ser diversos. Un supuesto es la exclusión absoluta y perpetua de la prole (exclusión del “bonum prolis”), es decir, rechazar en forma permanente la dimensión procreativa de los actos conyugales, impidiendo de forma definitiva la potencial paternidad o maternidad. Se trata de rechazar voluntariamente los hijos de manera definitiva y permanente. No se trata de retrasar la prole temporalmente. Esto no debe confundirse nunca con la infertilidad por una causa de enfermedad, de edad o de cualquier otra circunstancia involuntaria. La infertilidad no es motivo de nulidad, a menos que se hubiera ocultado este hecho si se conocía previamente.

Otro supuesto de simulación parcial es la exclusión de la indisolubilidad (exclusión del “bonum sacaramenti”) por ser una propiedad esencial del matrimonio. Hoy en día resulta muy difícil de entenderla, dada la extendida mentalidad divorcista del matrimonio, especialmente desde el ámbito del derecho civil. Pareciera que en la cultura actual fuera imposible la permanencia y estabilidad del vínculo conyugal. Pero lo cierto es que en derecho canónico quien se casa por lo católico queriendo positivamente contraer un matrimonio limitado en el tiempo, “ad tempus”, abierto al divorcio, contrae inválidamente por excluir la indisolubilidad. Como ya se ha dicho, no se trata de un simple deseo ni de una intención ni de un temor a que el matrimonio no llegue a ser permanente, sino de una decisión de excluirla.

El otro supuesto es la exclusión de la fidelidad conyugal (exclusión del “bonum fidei”). El deber de la fidelidad conyugal no es sólo un deber moral, sino esencialmente jurídico tanto para el hombre como para la mujer, es por tanto deber y derecho para los cónyuges. Excluye la fidelidad quien excluye la exclusividad del otro cónyuge. Asumir el deber de la fidelidad es darle cumplimiento en la vida conyugal. No asume la fidelidad quien no está dispuesto a cumplirla. La Jurisprudencia Rotal deja claro que excluir la fidelidad no es simplemente la idea de que no se va a ser fiel o la opinión de que no es posible ser fiel, sino que es querer y decidir un matrimonio cerrado a la fidelidad o desprovisto de ella, ya que es ésta una voluntad no matrimonial.

3. LA PRUEBA DE LA SIMULACIÓN:

La eficacia probatoria, la auténtica interpretación, en definitiva, el significado verdadero, no depende de una u otra circunstancia considerada aisladamente sino del conjunto de ellas; es ésta la única manera de garantizar un examen de las pruebas sin equivocaciones, sin riesgos y sin dudosas conclusiones. Respecto a la veracidad y validez de la simulación corresponde a los jueces eclesiásticos valorar todas las circunstancias, ya que el único objetivo es demostrar la existencia de la simulación del matrimonio mismo, o de uno de sus elementos, o de una sus propiedades esenciales.

Estas circunstancias para que sean válidas y puedan aportar una eficacia a la prueba de la simulación, deben ser: a) ciertas y determinadas; b) claras, manifiestas y evidentes; c) concordantes y conexas; d) graves y aptas; e) precisas, urgentes y de eficacia probatoria.

En cuanto a la valoración de las presunciones, en la discreción del juez está el resolver en cada caso las conjeturas que sean suficientes para producir la certeza moral. Los medios de prueba en la simulación y la exclusión los encontramos en el Código de Derecho Canónico, al tratar en el Libro VII todo lo relativo a los Procesos. Recordamos que el capítulo de la nulidad matrimonial por simulación o exclusión es difícil, justamente porque se trata de demostrar exteriormente aquello que pertenece a un campo de dimensión interna, a un fuero de conciencia, de voluntad, de intimidad que no es fácil de probar. Debido a la amplitud, dificultad y delicadeza del tema, el Código de Derecho Canónico no puede ser casuístico.

La prueba judicial se obtiene a través de modos e instrumentos establecidos por la ley. Puede haber pruebas directas, es decir, aquellas que se refieren en modo directo al objeto por probar; y pruebas indirectas, son aquellos hechos diversos del objeto por probar, pero que en algún modo tienen una conexión. Se trata de descubrir con hechos conocidos, actos desconocidos, como por ejemplo, los indicios y las presunciones. La prueba directa se consigue de la confesión del simulador y de las declaraciones que haga en el momento del juicio; de igual modo se consiguen de las declaraciones de los testigos y de los mismos documentos pedidos o aportados. La prueba indirecta se obtiene de la «causa contrahendi et simulandi» y de las mismas circunstancias. En general, las pruebas solicitadas por las partes o solicitadas de oficio por el juez, pueden ser testimoniales, documentales, periciales, etc.

El actual Código de Derecho Canónico al tratar lo referente a las declaraciones de las partes, a la confesión judicial y la extrajudicial, las equipara, en cuanto al valor probatorio, a las deposiciones de los testigos. Es particularmente característico de la confesión judicial, la aceptación delante del juez, de un hecho que va en contra de quien lo confiesa y, en cambio, sí en beneficio del otro contrayente.

La presunción del “favor iuris” conlleva que en derecho canónico todo matrimonio goza del favor del derecho, esto es, que se está por la validez del matrimonio, presumiéndose que es válido mientras no se demuestre lo contrario.

En conclusión, para valorar la prueba de la exclusión, es necesario:

a) La confesión de la simulación, hecha en tiempo no sospechoso.
b) La explicación de la simulación, deducida de las causas tanto simulandi como contrahendi, tenidas en cuenta las circunstancias del simulante.
c) La confirmación de la simulación, proveniente de las circunstancias antecedentes, concomitantes y sucesivas a la celebración del matrimonio, demostrada por testigos dignos de fe o mediante documentos que den fe de ello.

Los jueces deben valorar atentamente las diversas pruebas y buscar las causas de las posibles contradicciones entre las partes o entre los testigos y en este trabajo deben tener en cuenta su credibilidad, para lo cual pueden ser útiles los llamados testimonios de credibilidad. La Jurisprudencia Rotal ha elaborado, como fruto de la experiencia de siglos, los diversos criterios ya expuestos para ayudar a la prueba de la voluntad simulatoria. Se trata de un análisis concreto de los hechos ciertos que se deducen de las causas y de las pruebas. Se suelen utilizar los clásicos medios de prueba: las declaraciones de las partes y de los testigos, la prueba documental y la pericia. ¿Cómo deducir de todas estas pruebas la existencia de la voluntad simulatoria? La respuesta es individuando la causa que ha llevado a la celebración del matrimonio (causa contrahendi) y, simultáneamente, la causa por la cual una persona, a pesar de haber celebrado el matrimonio, lo ha hecho con una voluntad excluyente (causa simulandi). Con ausencia de estas causas no se puede dar la certeza moral del juez.

NOTA: Puede leer en este mismo blog un artículo relacionado sobre  “El Proceso de Nulidad del Matrimonio Católico”  También puede leer otros interesantes temas de derecho canónico en este blog.

Por: Patricia Alzate Monroy. Abogada y Doctora en Derecho

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