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Eficacia Civil de las Sentencias Eclesiásticas Matrimoniales

jueves, 23 septiembre 2010

El reconocimiento de la eficacia civil de las sentencias matrimoniales de los Tribunales Eclesiásticos por parte del Estado Español no es automático. El artículo 80 del Código Civil español, dice que “las resoluciones dictadas por los Tribunales Eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Este reconocimiento tiene como base el Acuerdo firmado entre la Santa Sede y el Estado Español, fechado el 3 de enero de1979, sobre Asuntos Jurídicos (artículo VI, Nº2), que dice que “los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal civil competente”.

¿Qué significa que la Sentencia de nulidad matrimonial canónica deba declararse ajustada al Derecho del Estado para que pueda hacerse ese reconocimiento con eficacia civil? El Juez civil no tiene como labor en ese reconocimiento revisar el fondo de la sentencia canónica, sino determinar que no sea contraria ni atente contra el orden público del Estado español. Tampoco se trata de que deba darse una exactitud en las causas de nulidad matrimonial canónica y civil (porque de hecho éstas son muy distintas por tratarse de sistemas legales matrimoniales contrarios: el civil divorcista y homosexual y el canónico antidivorcista y heterosexual).

Son varias las Sentencias de la Sala Civil del Tribunal Supremo que confirman la eficacia civil de las Sentencias eclesiásticas de nulidad matrimonial; sólo como ejemplo cito, entre muchas otras, la STS 1711/2001, Ponente JOSE ALMAGRO NOSETE , Nº Recurso 584/1996,  con fecha 05/03/2001; la STS 1842/2001, Ponente JOSE RAMON VAZQUEZ SANDES,  Nº Recurso 487/1996 , con fecha 08/03/2001;  la STS 1821/2005, Ponente IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA, Nº Recurso 132/2002 , con fecha 23/03/2005; y la STS 8256/2007, Ponente JUAN ANTONIO XIOL RIOS, Nº Recurso 132/2007, con fecha 24/10/2007.

Los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regulan el exequatur; el art. 954 dice que “las ejecutorias tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes: 1. Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal; 2. Que no haya sido dictada en rebeldía; 3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España. 4. Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España”.

Algunos consideran que el reconocimiento de la eficacia civil de las Sentencias canónicas marimoniales debe calificarse analógicamente como un exequátur u homologación. Otros consideran que el exequátur no es una apreciación exacta, puesto que éste se refiere a Sentencias extranjeras que provienen de otros países, lo cual no sería acertado cuando la nulidad ha sido declarada firme por un Tribunal Eclesiástico de España.

Además, cabe destacar que el sistema matrimonial canónico tiene una evidente posición jurídica en el ordenamiento jurídico español, no sólo en el marco de la Constitución Española sobre el derecho fundamental al matrimonio (artículo 32), los principios de libertad e igualdad religiosa, laicidad del Estado y cooperación con las confesiones (artìculos 14 y 16). El régimen jurídico del matrimonio canónico en España también está contenido en el Acuerdo sobre asuntos jurídicos de 3 de enero 1979 (artículo 6 y el Protocolo final) y en el Derecho Concordatario (Concordato entre la Santa Sede y España de 1953).

Hay que recordar también que la eficacia civil de una sentencia canónica de nulidad matrimonial se fundamenta en la aconfesionalidad del Estado español.

Tampoco debe olvidarse que la esencia del reconocimiento de la eficacia civil de las resoluciones canónicas matrimoniales es el hecho de que el matrimonio canónico no puede considerarse simplemente como una mera forma o un rito más, ya que lo que verdaderamente produce efectos civiles no es “una forma canónica de celebración”, sino el matrimonio canónico celebrado según un sistema legal diferente al sistema legal del matrimonio civil.

El Juez civil deberá rechazar la homologación o exquátur cuando la Sentencia canónica o el procedimiento efectuado atenten contra el derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que prohibe la indefensión de las personas : 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de Letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

En este sentido, es necesario diferenciar entre la indefensión y la rebeldía procesal voluntaria. En realidad, no es extraño que en los procesos de nulidad matrimonial canónica, en algunas ocasiones la parte demandada asume una posición pasiva, es decir, no asiste a las citaciones que le hace el Tribunal Eclesiástico ni responde a los requerimientos y escritos notificados debidamente, recayendo así en una posición de rebeldía procesal voluntaria que no impide que el proceso canónico de nulidad matrimonial siga adelante hasta su culminación.

Por último, decir que en los casos de nulidad matrimonial canónica, es muy frecuente en España, que las personas antes de acudir a los Tribunales Eclesiásticos solicitando la declaración de nulidad de su matrimonio católico, ya han demandado y obtenido previamente ante los Tribunales Civiles de Familia el divorcio civil de ese mismo matrimonio, con lo que de esta manera se evitan el proceso posterior de reconocimiento de la eficacia civil de las sentencias eclesiásticas positivas de nulidad matrimonial, ante la jurisdicción civil de familia.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Se incrementa el número de matrimonios internacionales en España

martes, 28 julio 2009

20 minutos zaragozaSegún el Instituto de Política Familiar (IPF), el 17% de los matrimonios en España tiene al menos un cónyuge extranjero, triplicándose entre los años 2000 y 2007, puesto que la cifra ha pasado de 11.974 a 34.223, lo que supone un incremento del 186 por ciento. De seguir con esta tendencia, aumentarían en un 20% en el año 2010.

En España los matrimonios entre nacionales “han descendido un 10 por ciento en los últimos años” lo que afirma el carácter integrador y hospitalario de los españoles”, señala el Presidente del IPF. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), los hombres españoles prefieren las nacionalidades brasileña y colombiana, mientras que las mujeres optan por los marroquíes. Además, los hombres (15.395) se casan más con foráneos que las españolas (10.659).

Por Comunidades Autónomas, Baleares y Canarias son las regiones que tienen una mayor tasa de matrimonios internacionales con el 31,23 y 25,39 por ciento respectivamente, seguidas por Cataluña (23,05 por ciento), Navarra (20,85 por ciento), Madrid (20,35 por ciento) y La Rioja (20,09). Extremadura y Aragón ocupan los últimos lugares con un 5,66 por ciento y 9,94 por ciento de matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges es extranjero. El resto de Autonomías se mueven entre el 10 y el 11 por ciento.

Las autoridades tanto civiles como religiosas encargadas de tamitar los expedientes previos al matrimonio, deben extremar todas las precauciones para evitar que se celebren matrimonios de conveniencia o de complacencia, porque algunos de los contrayentes podrían buscar finalidades distintas al matrimonio, como la de “obtener papeles” para poder legalizar su situación en el país.  Aunque es verdad que estas situaciones ilegales pueden darse, tampoco podemos presumir o “poner la etiqueta de conveniencia” a todo matrimonio celebrado entre un extranjero(a) con un español(a).

Estos matrimonios internacionales no sólo se celebran en España civilmente, sino también por el rito religioso, la mayoría de ellos por la iglesia católica. Algunos de ellos son inter-religiosos, lo que en derecho canónico se denominan matrimonios mixtos y son permitidos por el derecho canónico, con algunas condiciones.

Otra de las precauciones que deben tener en cuenta los encargados de la tramitación de los expedientes previos al matrimonio, ya sean el encargado del Registro Civil (si es matrimonio civil), o el párroco competente (si es matrimonio católico), o el Cónsul de España en otro país si se celebra el matrimonio en el extranjero, es cerciorarse de que los contrayentes no incurran en el delito de bigamia, es decir, que no tengan un matrimonio vigente en el momento de celebrar la boda, para así proteger la monogamia del matrimonio.

Algunos medios de comunicación españoles han solicitado información al Despacho de Abogados Alzate Monroy & Asociados sobre la celebración de los matrimonios internacionales en España, como el “diario 20 minutos”, en su edición de hoy martes 28 de julio de 2009.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El objeto del consentimiento matrimonial en la visión contractualista, institucionalista y personalista del matrimonio

domingo, 21 junio 2009

La unión conyugal indisolublemente fiel y abierta a la fecundidad que define al matrimonio es, ante todo, una realidad natural. Su esencia deriva de su misma naturaleza y es por esto que a la unidad y a la indisolubilidad se les llama  propiedades esenciales del matrimonio. ¿Cómo deben entenderse en el plano jurídico estas propiedades esenciales del matrimonio? Evidentemente, hay puntos de vista diversos, dependiendo del enfoque que se le dé al matrimonio o, mejor dicho, dependiendo de la calificación jurídica que se le otorgue al matrimonio, ya sea como contrato, como institución o como alianza.

Sea cuál sea la calificación jurídica contractualista, institucionalista o personalista que se le atribuya al matrimonio, en todas éstas se admite pacíficamente  la propiedad esencial de la unidad (la monogamia y la fidelidad), puesto que  todas las legislaciones de los países Occidentales rechazan la bigamia, la poligamia y la poliandria. Mientras que no sucede lo mismo con la propiedad esencial de la  indisolubilidad, que es rechazada en estas legislaciones civiles de Occidente (con una que otra contada excepción) admitiendo el divorcio.

Tampoco resuta complicado aceptar en las mismas legislaciones civiles Occidentales que el matrimonio está abierto a la prole y a la generación de la vida humana. Y, aunque es obvio que para tener hijos no hay que estar casados, se entiende que la prole es una de las finalidades del matrimonio, pero no una propiedad esencial, ya que pueden existir matrimonios sin hijos.

Lo cierto es que el amor fecundo e indisolublemente fiel tiene una dimensión jurídica que determina qué es lo justo para los cónyuges y cuál el objeto del consentimiento matrimonial. El objeto del consentimiento matrimonial puede ser estudiado desde perspectivas tan diversas como la contractualista (que considera que  el matrimonio es un “contrato”) o la institucionalista (que considera que el matrimonio es una “institución”) o la personalista (que considera que el matrimonio es una “alianza”).

Voy a concretar este artículo desde un análisis jurídico-canónico, partiendo del libre consentimiento de los cónyuges, es decir, del principio consensual como causa eficiente del matrimonio. Aquí sólo me limitaré a sintetizar porque este tema ya lo he desarrollado ampliamente en mi tesis doctoral de derecho canónico.

1. El Matrimonio-contrato:

Se podría decir que desde Pedro Lombardo y Graciano (siglo XII), la mayoría de los canonistas siguen abordando el estudio del libre consentimiento de los cónyuges, como causa eficiente del matrimonio, desde la categoría de los contratos por el llamado principio consensual: “donde no hay consentimiento de los esposos, no puede haber matrimonio”. Paradójicamente, esta gran aportación de la canonística medieval respecto del principio consensual o del libre consentimiento como causa eficiente del matrimonio, ha sido el mejor argumento de algunos civilistas “contractualistas” contemporáneos para reducir el matrimonio a un simple contrato, en cuya lógica contractual, se deja a la libertad de los esposos la determinación de sus efectos, de su duración y de su finalidad. En el siglo XIX, las leyes civiles del matrimonio eran una copia de la normativa canónica; igualmente lo eran hasta mediados del siglo XX, excepto en la ley del divorcio. Ahora, en el siglo XXI, en algunos países ya no existen similitudes, sino grandes diferencias entre las legislaciones matrimoniales canónica y civil como, por ejemplo, en España.

¿Cabría cuestionarnos si resulta adecuado desde el sistema matrimonial de la doctrina canónica, estructurado sobre un principio contractual, sostener jurídicamente que la indisolubilidad del matrimonio sea defendida dentro de un régimen de excepción a la teoría general de los contratos?

Sigue siendo doctrina común entre los canonistas calificar al matrimonio como un contrato sui generis que, a diferencia de otros contratos, no es rescindible una vez consumado.  Sabemos muy bien que es principio general de la teoría de los contratos, que éstos pueden disolverse por mutuo acuerdo o por voluntad de una de las partes, si hay causa legítima. Y en esto los divorcistas tienen toda la razón, porque si el matrimonio es un contrato, las partes pueden decidir con respecto a él lo que quieran ya que primaría el principio consensual. Me parece que no resulta lógico, desde un punto de vista jurídico-canónico, sostener que el matrimonio es un contrato sui generis porque tiene una “excepción” a la teoría general de los contratos y es que no puede rescindirse: esto sería como “defender la cuadratura del círculo”.

2. El matrimonio-institución:

La concepción institucionalista del matrimonio parte de la doctrina francesa de la institución, aplicada al matrimonio especialmente por Renard.  Para los institucionalistas la figura del contrato sui generis del sistema matrimonial canónico, ofrece tantas derogaciones a los principios generales de la contratación, que resulta ser la más inadecuada para explicar la naturaleza de la relación matrimonial, su realidad, su régimen jurídico y, especialmente, su indisolubilidad; mientras -según ellos- el concepto de la institución explica más satisfactoriamente la naturaleza, caracterísitcas y relaciones jurídicas que vinculan a los cónyuges, cuya influencia en el nacimiento del matrimonio implica libertad para “aceptar la institución”, tal y como se halla estructurada en el ius cogens.

La teoría institucional ha recibido bastantes críticas. Una de ellas considera que en el matrimonio no se puede dar la nota esencial de una institución que es la trascendencia sobre las personas que la componen, precisamente porque el matrimonio es una unidad de dos personas, vinculadas en su diferenciación sexual, en una integración personal en la cual la persona singular y concreta lo es todo y, por tanto, no hay trascendencia del conjunto sobre sus componentes.

El peligro de la institucionalización de las relaciones jurídicas privadas radica en las notas de absolutismo y de publicismo que la caracterizan y que no se compaginan ni con el personalismo ni con el comunitarismo que son las líneas rectoras de la nueva concepción del matrimonio canónico. Además, esta teoría, al igual que la del contractualismo, conlleva un empobrecimiento de su verdadera realidad antropológica.

3. El matrimonio-alianza:

Sustituir “contrato matrimonial” e “institución matrimonial” por “alianza matrimonial”, no es un simple cambio terminológico sino que supone mucho más, porque la alianza expresa la grandeza del matrimonio que es la mutua y recíproca entrega de un hombre y una mujer.  Los esposos se  “asumen” en una alianza matrimonial.  Desde una óptica estrictamente jurídico-canónica, es más apropiado llamar al matrimonio alianza y no contrato o institución. No se trata de un simple juego de palabras, sino de describir lo que es verdaderamente el matrimonio acorde con una visión “personalista” y no utilitarista. Las personas sólo pueden ser amadas y no utilizadas. Lo amado conyugalmente en el matrimonio es la persona del otro (el cónyuge). La alianza matrimonial significa la entrega y aceptación sincera de un hombre y de una mujer que se casan para fundar una familia, por eso requiere que sea duradera.

El matrimonio entendido como alianza es una “íntima comunidad de vida y amor”, que tiene como objeto la mutua acepetación-donación de los esposos. El matrimonio entendido como contrato es el “intercambio” entre los esposos de  unos derechos y  deberes conyugales que son el objeto de su consentimiento. El matrimonio entendido como institución tiene como objeto la “adhesión de los esposos” a una institución que ya tiene pre-establecidos unos derechos y deberes institucionales que los esposos deben asumir “libremente”, es decir, los contrayentes se insertan en un orden objetivo institucional que está por encima de ellos y  no depende de ellos.

Y en esto tan sutil es donde radica la gran diferencia respecto del objeto del consentimiento matrimonial: en la alianza matrimonial se entregan ellos mismos como esposos (personalismo); mientras que en el contrato matrimonial y en la institución matrimonial se intercambian unos derechos  y obligaciones indeterminados e indeterminables extrínsecos a ellos mismos (utilitarismo).

4. El objeto del consentimiento matrimonial:

La doctrina canónica post-conciliar también toma diferentes posturas, según se considere al matrimonio como un contrato o como una institución, pero con un punto de acuerdo que es la visión personalista (canon 1057,2), que mejor llamaría “cuasi-personalista” mientras se mantengan las estructuras contractualistas o institucionalistas de siglos atrás y no se acepte plenamente el verdadero personalismo post-conciliar de la donación personal, que es la mutua y recíproca entrega-aceptación de los cónyuges (coniuges mutuo sesse tradunt et accipiunt).

Para algunos canonistas, como por ejemplo Giacchi, el acto de la voluntad de los esposos debe contemplar como objeto propio la comunidad de vida: lo que los esposos se entragarían en el pacto conyugal sería el “conjunto de derechos y obligaciones” que componen el consorcio conyugal (ius ad communitatem vitae). Para otros canonistas, como por ejemplo Navarrete, no se puede aceptar que el objeto formal del consentimiento matrimonial puedan serlo la persona de los cónyuges, pues sería indigno de la persona ser objeto de contratación. Navarrete considera que el objeto formal sería el “ad constituendum matrimonium” (para constituir el matrimonio). Mientras que otros canonistas con una posición prevalentemente personalista, como por ejemplo Hervada, sostienen que lo amado conyugalmente es, de modo básico y primario, la persona porque el amor conyugal es personal y el objeto del consentimiento matrimonial es querer darse como esposo y recibir al otro como tal, aquí y ahora.

El Concilio Vaticano II ha expresado claramente que “no existe derecho sin objeto, el cual, en el matrimonio, se refiere a la persona de los cónyuges”. Considero que la posición de Hervada es la más acorde con la concepción conciliar personalista del matrimonio. El personalismo conciliar rechaza toda visión contractualista e institucionalista del matrimonio, las cuales identifican el objeto del consentimiento matrimonial con las acciones o prestaciones de los cónyuges.

La voluntad de los esposos no tiene como objeto propio y directo ninguna prestación o actividad ni tampoco ningún aspecto concreto de la vida conyugal, porque si fuera así se estaría negando la capacidad de la persona de donarse a sí misma.

Con lo hasta aquí expuesto se puede afirmar que estas diferentes posiciones doctrinales tienen un presupuesto común: el reconocimiento de la dimensión jurídica del pacto y del vínculo conyugal. En el personalismo prevalece la expresión “coniuges mutuo sesse tradunt et accipiunt” y en las otras prevalece la expresión “ad constituendum matrimonium” o “ius ad communitatem vitae”.

¿Que es lo que hacen un hombre y una mujer cuando realmente se casan? ¿Celebrar un contrato personal en el que se comprometen a “cumplir” unas indeterminadas e indeterminables acciones y prestaciones? ¿O “adherirse” a una institución que ya tiene establecidas por la ley unos derechos y obligaciones? ¿O entregarse ellos mismos mutua y recíprocamente?

De la adecuada respuesta a estas preguntas, depende la correcta determinación del objeto del consentimiento matrimonial y la verdadera exigencia de justicia que comporta el amor conyugal de los esposos. Mientras la relación matrimonial siga siendo concebida en términos contractualistas o institucionalistas, su estructura adoptará una forma “triangular”; es decir, el objeto del consentimiento será un bien extrínseco a los contrayentes, una prestación (dar, hacer o no hacer algo). Por el contrario, si el objeto del consentimiento matrimonial se sitúa en el “bonum coniugum” (el bien de los cónyuges) y, en cierto sentido, en el “bonum familiae” (el bien de la familia), entonces el matrimonio adopta una forma perfectamente interpersonal y recíproca: ese bien que es asumido por los esposos, no se distingue realmente de ellos y coincide con su desarrollo vital. Ese bien conyugal es siempre realizable.

¿El amor conyugal tiene realmente un objeto? El amor conyugal va de persona a persona: esto no significa un dominio del uno sobre el otro, sino una búsqueda recíproca y mutua del bien del otro cónyuge y, en este sentido, existe un único bien que es exactamente la realización de los dos. Esto tan sublime es también real, porque el amor conyugal busca el bien de los cónyuges (bonun coniugum) que, como objeto del consentimiento matrimonial, centraliza internamente el sistema matrimonial canónico.

El pacto conyugal, entendido como alianza matrimonial, es un pacto personal intrínseco que tiene como objeto el bien personal de los contrayentes. En cambio, el contrato matrimonial y la institución matrimonial tienen como objeto propio una contraprestación para conseguir fines extrínsecos a los contrayentes.

La entrega de la persona a la persona exige, por su naturaleza, que sea duradera e irrevocable. En este entregarse recíproco se manifiesta el carácter esponsal del amor. El bien de los cónyuges como objeto del consentimiento matrimonial, no sólo es jurídicamente posible sino que, además, es humanamente atractivo y estimulante.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Situaciones reales que no garantizan la monogamia del matrimonio

domingo, 7 junio 2009

La propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. Estas propiedades esenciales existen, no porque lo establezca la Iglesia (canon 1056) o una determinada confesión religiosa, sino porque dimanan de la naturaleza humana, de la dinámica natural del amor conyugal; esto quiere decir que se viven de una manera espontánea y no forzada o impuesta y esto lo entienden muy bien todos aquellos que saben amar y respetar a su cónyuge, es decir,  a esa persona elegida para compartir juntos el futuro y un proyecto de vida común.

La unidad hace referencia a que el matrimonio sólo puede darse entre un hombre y una mujer, no entre un hombre con varias mujeres (poligamia) o entre una mujer con varios hombres (poliandria). El amor verdadero es exclusivo y precisamente en esta exclusividad radica la justicia y la garantía de la igualdad real entre el hombre y la mujer, además de ayudar a proteger la dignidad de la persona porque nadie acepta la infidelidad cuando ama sinceramente, ni nadie la “padece” cuando es amado de verdad. La indisolubilidad también es consecuencia de la justicia que implica la relación conyugal, porque amar conyugalmente es aceptar al otro(a) en su entera persona, abarcando no sólo su dimensión afectiva, sexual, corporal, espiritual… sino también su dimensión temporal, ya que la persona necesariamente existe y se desarrolla durando en el tiempo; de modo que la mutua entrega no sería total (no sería matrimonial) si no se entregara también el futuro, comprometiéndolo definitivamente.

Lo que sí está claro es que desde hace muchos siglos en nuestra cultura occidental se ha protegido pacíficamente la unidad del matrimonio (la monogamia). La gran mayoría de los países de Occidente establecen la prohibicion de la poligamia o la poliandria y penalizan la bigamia como un delito. No sucede lo mismo con la indisolubilidad, puesto que en la casi totalidad de las legislaciones civiles está previsto el divorcio.

No voy a extenderme en las propiedades esenciales del matrimonio, ni en las características del verdadero amor conyugal, ni tampoco en la relación familiar de parentesco que supone la relación conyugal , pues de estos temas ya he escrito bastante en este blog. Pero sí voy a detenerme en un hecho real que se repite  -y con no poca frecuencia- respecto a los supuestos matrimonios simultáneos que derivan de algunas situaciones concretas, las cuales intentaré describir brevemente y que, posiblemente, ya habrán experimentado en “carne propia” uno que otro de mis asiduos lectores, quienes me las han planteado en varias de las consultas jurídicas que me hacen.

Me refiero a que a pesar de que la monogamia está protegida legalmente, posiblemente se nos escapa el importante control que debe hacerse cuando se celebran matrimonios religiosos; la falta de este control que podríamos llamar “control administrativo” genera que se puedan celebrar matrimonios simultáneos, esto es, que personas que están “actualmente” casadas, no les aparezca su matrimonio registrado en el correspondiente Registro Civil (con lo que se presumiría que su estado civil es soltero o soltera) y podrían celebrar otro matrimonio, incurriendo “supuestamente” en el delito de bigamia y en la nulidad del matrimonio por impedimento de ligamen o vínculo anterior.

Me limitaré a describir estas situaciones reales en el ámbito de nuestro territorio español, donde pueden celebrarse en forma religiosa cuatro tipos de matrimonio: católico, evangélico, judío y musulmán.

1. Matrimonio Canónico:

a) En España, no es el Encargado del Registro Civil el que se reserva la tramitación del expediente prematrimonial sino que es el párroco competente, con lo que podría posibilitarse la celebración de un matrimonio canónico, subsistiendo anteriormente otro celebrado en forma civil que no se ha disuelto ni declarado nulo.

b) Si un matrimonio canónico no se inscribe en el Registro Civil, quien dolosamente quisiera podría celebrar un nuevo matrimonio en forma civil, al no existir constancia de la existencia del celebrado católicamente.

c) Las Sentencias de nulidad declaradas por los Tribunales Eclesiásticos y las Decisiones Pontificias de los matrimonios ratos y no consumados, deben ser reconocidas por el Estado Español para que puedan tener eficacia en el ámbito civil. Pero sucede que cuando estas decisiones de nulidad y de disolución matrimonial de los Tribunales Eclesiásticos ya son firmes, quien ha obtenido la nulidad puede celebrar un nuevo matrimonio canónico, sin que muchas veces  se haya reconocido la eficacia civil de la sentencia eclesiástica de nulidad.

Antes de pasar a los otros matrimonios religiosos, es necesario aclarar que la Iglesia Católica, a diferencia de las otras confesiones religiosas, firma con los respectivos Estados los llamados Concordatos, puesto que la Santa Sede es también un Estado (El Estado Vaticano), el cual tiene una reconocida connotación política internacional y una Diplomacia Internacional acreditada: los diferentes Estados tienen sus Embajadores ante la Santa Sede y Ésta a su vez tiene ante los Estados sus propias Nunciaturas y Delegaciones Apostólicas.

2. Matrimonios Evangélicos y Judíos:

a) Falta de inscripción de estos matrimonios. Según los Acuerdos frmados con el Estado Español, se establece que dichos matrimonios deben celebrarse antes de transcurridos seís meses desde la perfección del expediente de capacidad por parte del Encargado del Registro Civil. Si transcurrido los seís meses no se procediera a la inscripción del matrimonio, se entiende que éste no se ha celebrado y, entonces, es posible tramitar nuevamente un expediente de capacidad para permitir un nuevo matrimonio. Es decir,  no existe constancia de lo que sucede una vez tramitado el expediente de capacidad por parte del Órgano competente estatal.

b) Al no saberse lo que sucede transcurrido dicho plazo, cualquiera de los aspirantes podría celebrar un nuevo matrimonio por no existir un control de verificación del anterior matrimonio (si se ha celebrado o no). Si se ha celebrado ese primer matrimonio, pero no lo han inscrito en el Registro Civil, pueden volver a celebrar otro matrimonio subsistiendo el anterior, el cual no fue inscrito porque el certificado de capacidad del primer matrimonio caducó.

3. Matrimonio Islámico:

a) Antes de celebrar este matrimonio, no existe obligación de tramitar ante el Encargado del Registro Civil el expediente de capacidad, para que sea válido.

b) Tampoco existe la obligación de inscribir el matrimonio en el Registro Civil, puesto que la inscripción es voluntaria, ya que el Acuerdo firmado con el Estado Español dice: “quienes deseen inscribir su matrimonio”, permitiendo hacerlo en cualquier tiempo.

c) El Acuerdo también establece que “no podrá practicarse la inscripción si han transcurrido más de seis meses desde la expedición del certificado de capacidad”. Estas cuestiones permiten celebrar nuevos matrimonios sin haberse disuelto los celebrados anteriormente, pues la inscripción del matrimonio es potestativa y puede realizarse en cualquier momento.

4. Matrimonios celebrados en el extranjero:

a) Deben ser inscritos en el Registro Consular Español o Registro Civil. Si los esposos desean celebrar un nuevo matrimonio, deben divorciarse o anularlo previamente ante los Tribunales españoles o extranjeros competentes. Si acuden a los Tribunales extranjeros, una vez obtenida la disolución o nulidad de su matrimonio, deben tramitar el procedimiento de Exequátur para que esas sentencias tengan eficacia en España (si son de países que no pertenecen a la Unión Europea). Si las Resoluciones son emitidas en los países de la Unión, el procedimiento que se sigue para su recnocimiento y eficacia es diverso.

b) Esto mismo puede originar la falta de inscripción del matrimonio en el Registro Consular español o Registro Civil, permitiendo que los cónyuges puedan celebrar otro matrimonio al no existir constancia en los Registros de ese matrimonio anterior.

c) En cuanto al reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras emitidas en países extranjeros, el ordenamiento jurídico español reconoce eficacia “a las sentencias de separación y divorcio dictadas por los Tribunales extranjeros desde la fecha de su reconocimiento conforme a los dispuesto en la Ley de enjuiciamiento Civil” ( art. 107 del Código Civil). Pero la ausencia de Exequátur de esas Resoluciones porque las partes no la han solicitado o por no ajustarse éstas al ordenamiento del Estado español, permiten la celebración de un nuevo matrimonio en el país en el que se procedió a la disolución o nulidad del matrimonio, subsistiendo en España el celebrado anteriormente al no haberse reconocido efectos a esas Resoluciones extranjeras.

5. Hacia una búsqueda de posibles soluciones al problema de los matrimonios simultáneos:

a) Cuando se trate de matrimonios religiosos, lo más deseable sería tramitar el expediente previo de capacidad ante el Encargado del Registro Civil antes de la celebración del matrimonio en forma religiosa y, una vez concluído,  se remitiría a la autoridad de la confesión religiosa respectiva, para que proceda a la celebración del matrimonio. De esta manera sólo tendría efectos civiles en el Estado Español desde el momento de su celebración, siempre y cuando:

1. Antes de los seis meses desde la terminación del certificado previo de capacidad, y una vez celebrado el matrimonio, se remita al Encargado del Registro Civil copia de la certificación de celebración del matrimonio, constando expresamente que el consentimiento se ha emitido personalmente por parte de los contrayentes ante mínimo dos testigos mayores de edad y el Testigo cualificado (el Ministro confesional competente), dentro del plazo de seis meses desde la expedición de dicho certificado. Además, es muy importante que el Ministro confesional correspondiente o testigo cualificado que ha celebrado el matrimonio religioso y los propios contrayentes, en un plazo máximo de cinco días, presenten el certificado de la celebración del matrimonio en el Registro Civil.

2) Si el matrimonio religioso no se celebrara en el plazo de los seis meses, el Ministro confesional o testigo cualificado debe notificarlo a la autoridad civil que tramitó el expediente previo de capacidad .

b) Cuando se trate de matrimonios celebrados en el extranjero, lo más conveniente sería que:

1. Una vez celebrado el matrimonio, el Órgano o autoridad competente remitera un certificado a la autoridad municipal respectiva de donde residían los contrayentes en España, en el plazo máximo de un mes.

b) Si el matrimonio se ha anulado o disuelto, una vez en firme la sentencia de nulidad o de disolución emitida por los Tribunales extranjeros, éstos deberán remitir copia de las mismas al Consulado más próximo y éstos, a su vez, remitirán esas Resoluciones al Juzgado de Primera Instancia del municipio en el que residieron los contrayentes para que se reconozca su eficacia civil y, una vez reconocida su eficacia en España, dicha Resolución de reconocimento del Juzgado Civil Municipal debe inscribirse en el marginal del certificado de nacimiento de los implicados.

Estas medidas protegerían adecuadamente el ejercicio del ius connubii y evitarían la bigamia (conocida como impedimento de ligamen), prohibida tanto en la legislación canónica como en la legislación civil y constitucional de los diversos países de nuestra cultura Occidental, contribuyendo así a la preservación del orden público estatal y del derecho de libertad religiosa de los individuos, a la vez que aseguraría los efectos civiles de los matrimonios celebrados en forma religiosa.

Considero que el Estado Español debe revisar estas situaciones planteadas de matrimonios simultáneos y debe hacer más control mediante la tramitación previa del expediente de capacidad ante el Encargado del Registro Civil, exigiendo la inscripción del matrimonio tanto a los propios contrayentes como al testigo cualificado confesional que interviene, en un plazo de cinco días (artículo 71 de la Ley del Registro Civil).

Ya lo dice el artículo 63 del Código Civil español: “La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil. Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título”.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

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