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La nulidad canónica matrimonial por incapacidad de naturaleza psíquica

martes, 6 enero 2009

Una cosa es la dificultad de la vida matrimonial y otra muy distinta es la nulidad matrimonial. Es diferente que un matrimonio “fracase” por las dificultades, a que un matrimonio sea nulo por las incapacidades. Nadie duda de que, a veces, la convivencia matrimonial es difícil, pero esto no quiere decir que sea imposible. Hablar de nulidad matrimonial es hablar de incapacidad para casarse, de “imposibilidad” de conformar una comunidad de vida y amor conyugal; no es hablar de “dificultad” para realizar una verdadera comunidad de vida y amor. Sólo la incapacidad -y no la dificultad- para dar el consentimiento matrimonial, hace nulo el matrimonio.

El fracaso de la unión conyugal no es nunca una prueba para demostrar la incapacidad de los contrayentes ni es la prueba de una seria anomalía que afecta sustancialmente la capacidad del entendimiento y de la voluntad del contrayente. “Nadie está obligado a hacer lo imposible”. El canon 1095.3 del Código de Derecho Canónico dice claramente que “quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, son incapaces de contraer matrimonio”. Tanto la doctrina como la jurisprudencia canónicas , han ido señalando una serie de características que debe tener la incapacidad para que ésta sea calificada como tal y no como mera dificultad y pueda así invalidar el matrimonio.

Ser incapaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, quiere decir que el contrayente no puede comprometer ese futuro conyugal, no puede hacerse cargo ni responsabilizarse de la obligación jurídica de realizar aquellos comportamientos futuros que son idóneos y necesarios para la obtención de los fines objetivos del matrimonio. Es una imposibilidad personal y moral para casarse y adquirir las cargas del matrimonio por una causa de naturaleza psíquica, aunque se goce de un suficiente uso de razón.

Hay personas que pueden ser muy inteligentes, pero carecen de las condiciones psíquicas exigidas para casarse por tener una anomalía que afecta su capacidad de contraer matrimonio válidamente. Esta anomalía psíquica debe ser antecedente, es decir, que debe existir en la persona antes de casarse y debe estar presente en el momento mismo de emitir el consentimiento matrimonial.

1. La anomalía psíquica:

La incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica, que hace imposible realizar una verdadera comunidad de vida y amor, no se trata simplemente de mala voluntad ni de leves vicios del carácter ni de trastornos de personalidad que originan una relación interpersonal más difícil o menos perfecta, sino que se requiere que la causa de naturaleza psíquica haga la relación interpersonal matrimonial moralmente imposible o intolerable. Es una incapacidad que no admite grados: o existe o no existe.

La causa psíquica originante de la incapacidad debe existir previamente al consentimiento matrimonial, para que así pueda hacer inválido o nulo el matrimonio. No es necesario que se hubiera manifestado con anterioridad, pues podía existir aunque sólo fuera en forma “latente”. Por eso, aunque la incapacidad en concreto se haya probado después de las nupcias, debe proceder de una causa que ya existía en el mismo momento de contraer matrimonio. La anomalía no debe sobrevenir después de celebrado el matrimonio.

¿Y qué es la incapacidad latente? Es aquella incapacidad que, aun existiendo con anterioridad a la celebración del matrimonio, se manifiesta con posterioridad al mismo. Es decir, que en el momento del matrimonio deben estar los elementos patológicos que necesariamente hagan explotar la incapacidad del sujeto.

La incapacidad psíquica despliega las situaciones propias de un inadecuado desarrollo del psiquismo y de la personalidad, que afectan al grado de autoposesión, de autodominio y de autogobierno de la propia libertad y de todos aquellos comportamientos propios para la recta ordenación de los fines de la unión conyugal. Es una incapacidad de superar las dificultades ordinarias y comunes de la vida matrimonial, generando reacciones desequilibradas y anormales en el sujeto que la padece. Nunca debe confundirse la incapacidad con meros vicios o dificultades o defectos del carácter.

Un elenco de las “causas de naturaleza psíquica” que más suelen alegarse en los Tribunales Eclesiásticos son, por ejemplo: 1. En el área de las relaciones sexuales aparece la hiperestesia sexual o deseo sexual inmoderado tanto en el hombre (satiriasis) como en la mujer (ninfomanía); la grave inhibición sexual de la mujer debida a diferentes causas como el incesto; la violencia sexual en las relaciones conyugales; etc. 2. Las neurosis, psicosis, psicopatías en sus diferentes versiones: psicosis maníaco-depresivas, personalidad paranóica, esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, anorexia mental, etc. 3. Los trastornos de personalidad, en su variada gama: el trastorno de personalidad histriónico o histérico, de personalidad narcisista, de personalidad esquizoide, de personalidad psicopática, de personalidad dependiente, de personalidad antisocial, la cleptomanía, la celotipia, el alcoholismo grave, la drogodependencia, etc. Todas estas enfermedades mentales pueden perturbar gravemente el consorcio conyugal y hacerlo totalmente imposible.

Sin embargo, es importante anotar que no se trata sólo de que exista una enfermedad psíquica para que el matrimonio sea nulo, puesto que puede haber parejas matrimoniales en las que uno o ambos miembros padecen enfermedades psíquicas o psicológicas y los dos se complementan muy bien y logran conformar mutuamente una comunidad de vida y amor conyugal. En definitiva, para que un matrimonio sea nulo por causas de naturaleza psíquica, “depende” de cada situación concreta y de la forma en que esa enfermedad incida en la validez del matrimonio y en realización de la vida matrimonial.

2. La prueba pericial:

El juez debe apoyarse en la Psiquiatría y en los informes periciales que avalan la naturaleza del trastorno de una persona, la evolución del mismo y su incidencia en la inteligencia y en la voluntad del individuo. Entender las causas de nulidad del matrimonio por limitaciones psíquicas o psiquiátricas exige, por una parte, la ayuda de expertos en esas materias, que valoren según su propia competencia la naturaleza y el grado de los procesos psíquicos que afectan al consentimiento matrimonial y la capacidad de la persona para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio.

El interés del juez radica en que el perito se pronuncie acertadamente sobre el modo como la anomalía psíquica afecta a las facultades superiores de la persona. Es decir, lo que interesa en orden a declarar la nulidad del matrimonio no es el que la anomalía padecida esté catalogada en uno o en otro tipo de enfermedad dentro de las categorías de la ciencia psiquiátrica y psicológica, sino el hecho de que la existencia de una anomalía grave, del tipo que sea, incapacita al contrayente para cumplir los deberes conyugales. No hay que olvidar que las sentencias las hacen los jueces, no las hacen los peritos. Las pericias psiquiátricas son una prueba muy importante, pero son sólo una prueba pericial. Las sentencias rotales manifiestan que las pericias deben estar fundadas en los autos de la causa y el perito debe usar toda su ciencia, experiencia y los medios legítimos a su alcance. 

Las investigaciones acerca de la complejidad y de los condicionamientos de la vida psíquica no deben hacer perder de vista una completa e integral concepción del hombre creado por Dios ni una genuina visión del matrimonio como una íntima comunidad de vida y amor conyugal.

Como decía el Papa Juan Pablo II en la Alocución de 5 de febrero de 1987 a la Rota Romana: “El juez, por tanto, no puede y no debe pretender del perito un juicio acerca de la nulidad del matrimonio y, mucho menos, debe sentirse obligado por el juicio que en ese sentido hubiera eventualmente expresado el perito. La valoración acerca de la nulidad del matrimonio corresponde únicamente al juez. La función del perito es únicamente la de presentar los elementos que afectan a su específica competencia, y por tanto la naturaleza y el grado de la realidad psicológica o psiquiátrica, en función de la cual ha sido defendida la nulidad del matrimonio. Efectivamente, el Código en los cánones 1578 y 1579 exige expresamente del juez que valore críticamente las pericias. Es importante que en esta valoración no se deje engañar ni por juicios superficiales ni por expresiones aparentemente neutrales, pero que en realidad contienen premisas antropológicas inaceptables”.

La tarea de los Jueces de los Tribunales Eclesiásticos es descubrir la verdad en cada situación matrimonial que se les plantea y así decidir con justicia sobre la nulidad o la validez de un matrimonio concreto. La difícil tarea del Juez en estos procesos canónicos de nulidad matrimonial, es la de constatar el nexo de causalidad proporcionada entre esta causa de naturaleza psíquica y el defecto de capacidad consensual que se invoca como causa de nulidad. Y como lo he dicho ya en varios artículos escritos sobre este tema,  se ha de tener especialmente en cuenta la biografía de las personas implicadas y el conjunto de otras pruebas procesales como la confesión, la prueba documental, los testimonios de los testigos y de las personas próximas a la intimidad de las partes.

NOTA: Si desea leer otros artículos referentes a este tema, puede encontrarlos en este mismo blog en : Grave defecto de discreción de juicio, las Causales canónicas de nulidad matrimonial, el Proceso de nulidad del matrimonio católico.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Los impedimentos o prohibiciones matrimoniales

sábado, 3 enero 2009

El ius connubii o derecho a contraer matrimonio, es un derecho fundamental de la persona humana, cuyo ejercicio es determinado por la misma naturaleza del matrimonio. No es un derecho de libertad ilimitada o un derecho absoluto de elección, ni tampoco es un derecho independiente de  la verdad sobre el matrimonio y la familia. Es cierto que todas las personas tienen derecho a casarse y a elegir libremente con quien casarse. Pero, obviamente, existen unas limitaciones o prohibiciones a ese derecho a casarse que impiden hacerlo cuando se dan ciertas circunstancias. No es una restricción a la libertad impedir, por ejemplo, que se casen un padre con su hija o una madre con su hijo o una hermana con su hermano, ni que una mujer se case con varios hombres o que un hombre se case con varias mujeres, porque si se permitieran estos matrimonios se estaría faltando a la justicia.

Según el diccionario de la lengua española de la RAE (Real Academia Española), la palabra impedimento (del latín impedimentum) significa obstáculo, estorbo para algo, cada una de las circunstancias que hacen ilícito o nulo el matrimonio. El impedimento dirimente es el que estorba que se contraiga matrimonio entre ciertas personas y lo anula si se contrae, mientras que el impedimento es impidiente si se se contrae matrimonio entre ciertas personas, haciéndolo ilícito, pero no nulo.

Los impedimento matrimoniales surgen del derecho natural o del derecho positivo, ya sea del derecho canónico o del derecho civil; existe una distinción entre impedimentos dirimentes que son los que hacen nulo el matrimonio y los impedimentos prohibitorios o impidientes que solamente lo hacen ilícito. Hay un impedimento que no está señalado taxativamente como tal en el código de derecho canónico, pero se entiende que no está permitido en la Iglesia Católica el matrimonio entre dos personas del mismo sexo o matrimonio homosexual .

Asi los contrayentes tengan plena capacidad para contraer matrimonio y aunque deseen hacerlo libremente, no pueden casarse entre ellos porque existen impedimentos o prohibiciones por los siguientes motivos:

1. Impedimentos que nacen de circunstancias personales y que obedecen a una razón de incapacidad física:

a) Impedimento de edad: La edad mínima que se requiere para contraer matrimonio es de 16 años cumplidos para el varón y 14 cumplidos para la mujer (c. 1083). Este impedimento es de derecho humano y, por tanto, cabe su dispensa, que corresponde al Obispo del lugar; su fundamento es asegurar, en la medida de lo posible, la necesaria madurez biológica y psicológica de quienes van a contraer matrimonio.

b) Impedimento de impotencia cierta, antecedente y perpetua ya sea por parte del hombre o de la mujer (c. 1084). Se llama impotencia a la imposibilidad de realizar naturalmente el acto conyugal. La impotencia puede ser originada por causas psíquicas o por causas físicas sobrevenidas de enfermedades funcionales o de carencias o atrofias de los órganos genitales, ya sea en el hombre o en la mujer. Puede darse la impotencia de modo absoluto o relativo, según impida la realización del acto conyugal con cualquier persona del otro sexo, o solamente con algunas. Estas causas psíquicas o físicas pueden ser antecedentes al matrimonio o como consecuencia de él, es decir, adquirida después. Los tres requisitos que el derecho canónico exige para que la impotencia constituya un impedimento para el matrimonio son: que sea antecedente al matrimonio; que sea perpetua, lo que en sentido jurídico quiere decir incurable por medios ordinarios, lícitos y no peligrosos para la vida o gravemente perjudiciales para la salud; cierta, bastando un grado de certeza que es el de certeza moral. Jurídicamente la impotencia se distingue de la esterilidad que es la  imposibilidad de engendrar hijos sin afectar al acto conyugal; la simple esterilidad no constituye ningún impedimento para casarse.

2.  Impedimentos que nacen de causas jurídicas o incompatibilidades jurídicas:

a) Impedimento de vínculo o ligamen o matrimonio anterior pre-existente (c. 1085). Recibe también el nombre de bigamia y es la inhabilidad para contraer un nuevo matrimonio mientras permanece el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. Es un impedimento de derecho natural, al ser consecuencia de las propiedades esenciales del matrimonio especialmente de la unidad; este impedimento no puede dispensarse.

b)  Impedimento de disparidad de cultos o diferentes religiones (c. 1086). Es el nombre que se da al impedimento existente para contraer matrimonio entre una persona bautizada y otra no bautizada. Si una de las partes pertenece a una confesión cristiana no católica y ha recibido válidamente el bautismo, el matrimonio es ilícito aunque válido. Para la licitud se requiere la dispensa del Obispo. Este tipo de matrimonios se llaman mixtos, y el Código de Derecho Canónico los legisla en los cánones 1124 a 1129. Desde el punto de vista canónico, el no bautizado no puede recibir el sacramento del matrimonio y el hecho de no estarlo supone un peligro para la fe del cónyuge católico y de los hijos. La fe es un don tan grande que origina en quienes lo poseen el deber de tutelarla y conservarla, de ahí que la Iglesia establezca este impedimento matrimonial. Al mismo tiempo, es evidente que también el no bautizado tiene el ius connubi o derecho a contraer matrimonio y ésta es la razón por la que se prevé la posibilidad de dispensar este impedimento, si se reúnen determinadas condiciones (pude leer en este mismo blog un artículo sobre los matrimonios mixtos).

Los requisitos para que el Obispo del lugar pueda conceder la dispensa son (cfr. canon 1125):  1. Que el cónyuge católico se declare dispuesto a evitar cualquier peligro para la fe, y prometa sinceramente poner todos los medios para bautizar y educar en la fe católica a los hijos; 2. Que el otro cónyuge no bautizado está informado de las promesas que debe hacer el bautizado, y de las obligaciones que tiene;  3. Que los dos contrayentes sean instruidos sobre los fines y propiedades del matrimonio, que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos.

c) Impedimento de orden sagrado o de sacerdocio (c. 1087). Es una inhabilidad por la que no pueden contraer matrimonio quienes han recibido la ordenación sacerdotal. Tiene su fundamento en el celibato eclesiástico que se prescribe expresamente para los clérigos a partir de diaconado. El sacerdote que intenta casarse, aunque sea sólo civilmente, queda suspendido de ejercer la potestad y el oficio del sacerdocio y, si persiste en su intento, se le pueden ir añadiendo penas (cfr. canon 1394). Podría en algunos casos darse la pérdida del estado clerical o de la condición jurídica de clérigo (cfr. canon 290). En esos casos, sin embargo, la pérdida del estado clerical no lleva consigo la dispensa de la obligación de vivir el celibato, por lo que una persona en estas condiciones no puede contraer matrimonio. La dispensa del celibato sólo puede concederla el Romano Pontífice (cfr. canon 291).

d) Impedimento de voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso (c. 1088). Para que se dé el impedimento es necesario que se trate de un voto perpetuo de castidad, por lo que no se incluye aquí ningún otro tipo de promesas o juramentos; que sea un voto público, es decir, recibido en nombre de la Iglesia por el superior legítimo y que sea emitido en un instituto religioso. Cabe su dispensa, aunque está reservada al Romano Pontífice (cfr. canon 1078 & 2). Si un religioso(a) atenta matrimonio incurre en entredicho (censura por la que, sin perder la comunión con la Iglesia, se ve privado de algunos bienes sagrados) y queda dimitido ipso facto de su instituto (cfr. cánones 1394 y 694).

3. Impedimentos que nacen de delitos cometidos para casarse:

a)  Impedimento de rapto o secuestro (c. 1089). Se entiende por rapto el traslado o la retención violenta de una mujer, con la intención de contraer matrimonio con ella. Es un impedimento establecido en el Concilio de Trento y que se mantiene en la actual legislación canónica, a pesar de que hubo algunas sugerencias acerca de su supresión en los trabajos preparatorios, porque “no es tan infrecuente como podría parecer a simple vista”. Los elementos que configuran este impedimento son los siguientes: debe tratarse de un varón raptor y de una mujer raptada, y no al revés; el acto puede consistir tanto en el traslado de la mujer, contra su voluntad, a otro lugar, como la retención violenta en el lugar en que ya se encontraba; la intención de contraer matrimonio puede preceder al traslado o retención, o aparecer después en el raptor. Para que cese el impedimento de rapto, basta que la mujer raptada una vez sea separada de su raptor y puesta en un lugar seguro y libre, persista en el deseo de seguir casada con su raptor.

b) Impedimento de conyugicidio o de crimen por asesinar al cónyuge anterior y así poder casarse con otro(a), ya sea éste su cómplice o no (c. 1090). Se trata de un impedimento en el que quedan comprendidos tres casos: 1. Conyugicidio propiamente dicho: es decir, dar muerte al propio cónyuge para quedar viudo(a) y libre del matrimonio; 2. Conyugicidio impropio, es decir, dar muerte al cónyuge de aquel o aquella con quien se desea contraer matrimonio; 3. Conyugicidio con cooperación mutua entre los que desean casarse, es decir, con complicidad. En estos tres casos es necesario que los dos interesados, o sólo uno de ellos, causen la muerte del cónyuge directamente o por medio de terceras personas, que realmente muera el cónyuge y que el acto se haya realizado con el fin de contraer matrimonio.

4.  Impedimentos por tener vínculos de parentesco con el otro contrayente:

a) Impedimento de consanguinidad en línea recta: abuelos con nietos, padres con hijos, o en línea colateral: entre hermanos, entre tíos con sobrinos, entre primos-hermanos, etc. (c. 1091). Los rasgos fundamentales de este impedimento son los siguientes: es siempre impedimento en línea recta (abuelos, nietos, padres, hijos) y en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive (tios, sobrinos y primos-hermanos). El Obispo del lugar puede dispensar el matrimonio entre primos-hermanos.

b) Impedimento de afinidad (c. 1092). Se entiende por afinidad el parentesco o vínculo legal que existe entre un cónyuge y los consanguíneos del otro (no entre los consanguíneos del uno y los consanguíneos del otro). Los principios generales que han de tenerse en cuenta son: Sólo es impedimento en línea recta; no lo es en línea colateral (por ejemplo, supondría impedimento pretender matrimonio con la madre de la difunta esposa, pero no con su hermana). Su dispensa corresponde al Obispo del lugar.

c) Impedimento de pública honestidad (c. 1093). Este impedimento surge de la casi afinidad que existe entre quien ha contraído un matrimonio inválido y los consanguíneos del otro contrayente; y de quienes viven en concubinato público y notorio y los consanguíneos de la otra parte. Sobre este impedimento hay que hacer notar que no es necesario que el matrimonio inválido o el concubinato haya sido consumado, basta que se haya instaurado la vida en común. Su aplicación se reduce al primer grado en línea recta; puede dispensarlo el Obispo del lugar.

d) Impedimento de parentesco legal por adopción (c. 1094). Es el parentesco que nace de la adopción legal y supone un impedimento para quienes están unidos por él en línea recta (padrastro-hijastra; madrastra-hijastro), o en segundo grado de línea colateral (hermanastros); es un impedimento dispensable por el Obispo del lugar.

De esta lista de impedimentos que originan la nulidad del matrimonio canónico, ya decíamos que  hay algunos que pueden dispensarse o absolverse y otros no. Por ejemplo, nunca se concede dispensa del impedimento de vínculo o matrimonio anterior pre-existente (bigamia) ni del impedimento de consanguinidad en línea recta (abuelos con nietos o padres con hijos o entre hermanos). Hay dispensas que están reservadas sólo a la Sede Apostólica o al Papa (impedimento de sagradas órdenes, voto público perpetuo de castidad, conyugicidio) y otros al Ordinario del lugar u Obispo (como el de edad, disparidad de cultos, parentesco entre primos, etc).

Si los contrayentes perseveran en su deseo de seguir casados teniendo un impedimento que sí puede dispensarse, su matrimonio puede convalidarse; es lo que llamaríamos la convalidación del matrimonio, que puede ser convalidación simple (canon 1156) si se trata de una nulidad matrimonial por impedimento, o puede ser convalidación de sanación en la raíz (canon 1161), si se trata de un defecto de forma.

Existen otras causas de nulidad del matrimonio católico que ya han sido explicadas en otro artículo escrito en este mismo blog, al igual que también se ha sido explicado en este blog cómo es el proceso de nulidad del matrimonio católico, escritos que pueden leer si lo desean, pinchando en los enlaces señalados.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Las Causales de Nulidad del Matrimonio Católico

lunes, 22 diciembre 2008

Todos hemos oído hablar de la ley de la causa y el efecto: “todo efecto tiene su causa”,“toda causa tiene su efecto”, lo que también puede expresarse  como  “no hay causa sin efecto ni efecto sin causa”. Como queramos enunciarla no importa tanto, porque entendemos que esta ley es lógica e infalible. Podría decirse que en derecho matrimonial canónico la ley de la causa y el efecto es la que resume y explica las causales de nulidad del matrimonio católico, ya que la causa que origina el matrimonio verdadero es el consentimiento matrimonial válido; y el efecto del consentimiento matrimonial válido es el matrimonio verdadero. Por lo tanto, no  hay efecto si no hay causa (no hay matrimonio si no hay consentimiento matrimonial) o, lo que es lo mismo, no hay causa sin efecto (sin consentimiento matrimonial no hay matrimonio). Es así de sencillo y de simple.

En derecho matrimonial canónico se presume que todo matrimonio es válido, mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que mientras no se demuestre que los contrayentes, en el momento de contraer matrimonio, emitieron un consentimiento matrimonial inválido, no se puede declarar la nulidad del matrimonio. Es por esto que para que un matrimonio católico se declare nulo, se deben alegar una o varias causales de nulidad, las cuales recaen en uno sólo de los contrayentes o en los dos, causales que deben probarse y demostrarse ante los Tribunales Eclesiásticos competentes (ver el Proceso de nulidad del matrimonio católico).

¿Y cuáles son esas causales de nulidad? Son varias las causales de nulidad matrimonial y están taxativamente señaladas en el Código de Derecho Canónico. Con que se pruebe una sóla de ellas, se declara judicialmente la nulidad matrimonial.

Pero antes de exponer cada una de las causales de nulidad del matrimonio católico, empezaré explicando qué es el consentimiento matrimonial válido (causa) y qué es el matrimonio verdadero (efecto). La causa (consentimiento matrimonial) está definida en el canon 1057 del Código de Derecho Canónico:  “§1. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. §2.  El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio”.

Mientras que el el efecto (matrimonio) está definido en el canon 1055 del mismo Código: “§1: La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. §2.  Por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento”.

Ya aclarando qué es el consentimiento matrimonial y qué es el matrimonio en derecho canónico, ahora sí podemos puntualizar cuándo y cómo se da un consentimiento matrimonial inválido que produce u origina un matrimonio nulo o inexistente. Al declararse la nulidad de un matrimonio católico, se está diciendo que ese matrimonio no existió; cosa que es muy diferente a lo que sucede con el divorcio del derecho civil, en el que no importa si el matrimonio fue válido o no lo fue para “disolverlo”.

Sólo me limitaré a mencionar las causales sin explicarlas, puesto que sería imposible analizarlas exhaustivamente en esta brevedad de espacio y  de tiempo del que dispongo; obviamente, cada una de estas causales daría perfectamente para llenar muchísimas páginas.  Sin embargo, señalaré que en este mismo blog he escrito varios temas de derecho canónico, en los que me extiendo un poco más en explicar algunas causales de nulidad matrimonial, por si el lector quisiera leerlas.

Las causales de nulidad del matrimonio católico por la falta de un consentimiento matrimonial válido, provienen de varios motivos:

1. Porque los dos contrayentes o sólo uno de ellos son incapaces de emitir un consentimiento matrimonial válido por: a) Carecer de uso de razón (canon 1095, 1); b) Tener un grave defecto de discreción de juicio o una inmadurez psicológica grave (canon 1095, 2; ver Grave defecto de discreción de juicio); c) Incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica (canon 1095, 3; ver Nulidad matrimonial canónica por incapacidad de naturaleza psíquica).

2. Porque siendo capaces de emitir un consentimiento matrimonial válido, no pudieron hacerlo por tener el consentimiento viciado ya fuera por: a)  Ignorancia de las propiedades esenciales del matrimonio como son la fidelidad, la indisolubilidad o la apertura a los hijos (canon 1096); b) Error acerca de la persona al casarse con otra diferente (canon 1097 § 1); c)  Error acerca de una cualidad de la persona directa y principalmente pretendida (canon 1097 § 2); d) Dolo o engaño provocado para obtener el consentimiento matrimonial (canon 1098); e) Error determinante acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio (canon 1099); f) Simulación total del matrimonio o exclusión de una propiedad esencial del mismo (canon 1101; ver la Simulación del consentimiento matrimonial); g)  Nulidad por atentar matrimonio bajo condición de futuro (canon 1102 § 1) o bajo condición de pasado o de presente que no se verifica (canon 1102 § 2); h) Matrimonio contraído por violencia, coacción o por miedo grave (canon 1103).

3. Porque siendo capaces para emitir un consentimiento matrimonial válido y aún queriendo hacerlo, no pueden casarse porque existen impedimentos para contraer matrimonio, ya sea por: 1. Impedimentos que nacen de circunstancias personales como:  a) Impedimento de edad: 16 años para el varón y 14 para la mujer (c. 1083); b) Impedimento de impotencia cierta, antecedente y perpetua por parte del hombre o de la mujer (c. 1084); 2.  Impedimentos que nacen de causas jurídicas como: a) Impedimento de vínculo o ligamen o matrimonio anterior pre-existente (c. 1085); b)  Impedimento de disparidad de cultos o de diferentes religiones (c. 1086); c) Impedimento de orden sagrado o sacerdocio (c. 1087); d) Impedimento de voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso (c. 1088); 3. Impedimentos que nacen de delitos cometidos para casarse como: a)  Impedimento de rapto o secuestro (c. 1089); b) Impedimento de conyugicidio o crimen por asesinar al cónyuge anterior y así poder casarse con otro(a), ya sea su cómplice o no (c. 1090); 4.  Impedimentos por tener vínculos de parentesco con el otro contrayente: a) Impedimento de consanguinidad en línea recta: abuelos con nietos, padres con hijos, o en línea colateral: entre hermanos, tíos con sobrinos, entre primos-hermanos, etc. (c. 1091); b) Impedimento de afinidad (c. 1092); c) Impedimento de pública honestidad (c. 1093); d) Impedimento de parentesco legal por adopción (c. 1094).

Hay impedimentos que pueden dispensarse y otros no. Nunca se concede dispensa del impedimento de vínculo anterior pre-existente (bigamia) ni del impedimento de consanguinidad en línea recta (padres con hijos o entre hermanos). Hay dispensas que están reservadas sólo a la Sede Apostólica o al Papa (impedimento de sagradas órdenes, voto público perpetuo de castidad, conyugicidio) y otros al Ordinario del lugar u Obispo (como el de edad, disparidad de cultos, parentesco entre primos, etc).

4. Existen otras causales de nulidad que no tienen que ver directamente  con el consentimiento matrimonial, ya que los contrayentes siendo capaces de emitir un consentimiento matrimonial válido y aún queriendo y pudiendo casarse, el matrimonio es nulo porque se omitieron algunos requisitos formales que originan una nulidad por defecto de forma, como es el caso de: a) Matrimonio nulo por celebrarse sin la asistencia del Ordinario del lugar o Párroco, o sin su delegación (canon 1108); b) Matrimonio por Procurador nulo o por vicio del mandato (canon 1105).

Si los contrayentes perseveran en su deseo de seguir casados teniendo un impedimento que puede dispensarse, su matrimonio puede convalidarse; es lo que llamaríamos la convalidación del matrimonio, que puede ser una convalidación simple (canon 1156) si se trata de una nulidad por impedimento dispensable; o de sanación en la raíz (canon 1161), si se trata de un defecto de forma.

También puede leer otros temas importantes en este mismo blog, que complementan y ayudan a entender más sobre el Matrimonio como Alianza y sobre el concepto de  Familia y Parentesco en derecho canónico. También puede leer todos los cánones sobre el matrimonio en el Código de Derecho Canónico.

Las publicaciones de este blog de derecho matrimonial y de familia, no tienen más pretensión que la de poner al alcance del público en general, unas explicaciones sencillas y breves sobre sus diferentes inquietudes acerca del matrimonio y de la  familia, tanto en el área del derecho civil como del derecho canónico. Se trata de hacer accesible estos temas a la “gente del común”, a la gente de la calle y no sólo a los especialistas en la materia. Y mi mejor apoyo para continuar escribiendo sobre estos temas en mi blog, son esas miles de personas de todos los rincones del mundo que lo leen y les ayuda a esclarecer sus dudas.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El matrimonio no es un contrato, es mucho más… es una alianza

miércoles, 10 diciembre 2008

El matrimonio es evidentemente una realidad antropológica, puesto que sólo se da entre los seres humanos. De aquí que un desarollo adecuado de la realidad matrimonial y familiar, no pueda partir sino de una antropología adecuada: el hombre (ya sea varón o mujer) es un ser en relación. Si el diseño personal del hombre es esencialmente relacional, la alteridad resulta ser un elemento clave para entender el verdadero concepto de persona, de libertad, de amor, de justicia y, de manera especial, para determinar la verdadera naturaleza jurídica del vínculo matrimonial. La mutua y recíproca donación sincera entre un hombre y una mujer que se da en el matrimonio, se realiza siempre en una relación interpersonal, lo que implica reconocer al otro como un ser personal y ser reconocido por el otro como persona.

Hablar de derecho matrimonial no es simplemente referirse a la unión conyugal como una relación jurídicamente reconocida, sino que es, primordialmente, acceder a la realidad natural de la “una caro”, esto es, a una realidad personal y biográfica. La ciencia jurídica no es sólo ciencia de las normas, sino que es principlamente ciencia del hombre en relación. El matrimonio es el núcleo familiar que crea las más sólidas e íntimas relaciones interpersonales, porque están fundadas en el amor verdaderamente personal que lleva a los cónyuges a darse y entregarse mutuamente en alianza permanente y, por lo tanto, está abierto a la historia de cada uno de sus miembros.

La alteridad que se opera en el matrimonio tiene tal especificidad, que se distingue de otras relaciones interpersonales y es de de ella de donde se deriva su intrínseca juridicidad. La unión conyugal permanentemente fiel y abierta a la fecundidad es, ante todo una realidad natural. Es decir, la esencia y la estructura básica del matrimonio se deriva de la misma naturaleza del hombre. El derecho regula el matrimonio, pero no lo crea.

El matrimonio lo crean los contrayentes porque se produce por su libre consentimiento matrimonial. Este consentimiento matrimonial, es un acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente en alianza permanente y fiel.  Es un acuerdo de voluntades, es un pacto conyugal  que no tiene que equipararse necesariamente a un contrato. Es verdad que un contrato es un acuerdo de voluntades que origina unos derechos y unas obligaciones, pero una cosa es que el matrimonio sea un acuerdo de voluntades y otra cosa es que se le califique jurídicamente como un contrato o negocio jurídico.

El libre consentimiento de los cónyuges (o principio consensual) es la causa eficiente del matrimonio y tiene gran relevancia jurídica en el momento constitutivo del matrimonio, pero no se puede concluir que por esto sea el matrimonio un contrato porque se podría desfigurar su realidad natural. Reducir el matrimonio a un contrato sería ilógico, puesto que las personas no pueden ser objeto de contratación ya que son indisponibles y en el matrimonio se entregan y se aceptan dos personas. Son los cónyuges que se casan de verdad en una alianza permanente, fiel y abierta a la vida los que crean el matrimonio con todo su dinamismo natural.  Ni el Estado ni la ley han creado el matrimonio, en todo caso lo que tiene que hacer el Estado y la ley es regular esa realidad natural pre-existente, conforme a sus propiedades esenciales y sin desfigurarlo.

Si fueran el Estado y el derecho positivo los que decidieran qué es el matrimonio, llegaríamos a lo que está sucediendo ahora en España: que lo han ido despojando de su realidad natural para convetirlo en algo irreconocible. Con las reformas del Código Civil español del año 2005, concretamente con la Ley 13/2005, de 1 de julio (en materia de derecho a contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo) y la Ley 15/2005, de 8 de julio (en materia del llamado divorcio “express” : un divorcio unilateral, sin alegar causales y a los 3 meses de matrimonio), al matrimonio lo han ido desnaturalizando hasta convertirlo en algo irreconocible y poco serio desde un punto de vista jurídico-positivo. Digo poco serio, porque pareciera que en el sistema jurídico matrimonial vigente en España, fuera más “comprometedor” celebrar contratos de hipoteca o de compra-venta de una casa que casarse.

Todos sabemos que actualmente los españoles que quieren comprar un piso, tienen que asumir hipotecas de hasta 30 años de duración; mientras que para divorciarse por lo civil bastaría que transcurrieran tan sólo 3 meses de matrimonio, sin alegar ninguna causal y por el simple consentimiento de uno de los cónyuges. O sea, mañana y sin saberlo, podríamos estar divorciados, simplemente porque nuestro cónyuge lo ha decidido por su cuenta.

Es verdad que los divorcios han aumentado considerablemente después de la entrada en vigor de esta ley del divorcio rápido, pero también es cierto que en España es un hecho social indiscutible que la gente se sigue casando con el deseo de que su matrimonio sea verdadero, es decir, que sea permanente, fiel y abierto a la procreación. Y la gran mayoría de los españoles lo han conseguido, lo consiguen y lo seguirán consiguiendo. En realidad, el problema no es que existan leyes civiles que desvirtúen el matrimonio (siempre las ha habido). El verdadero problema sería que se llegara a crear una cultura y una ” mentalidad “antimatrimonial y antifamiliar” con  sus graves consecuencias para el entramado social.

Es curioso observar cómo las mismas leyes civiles sobre el matrimonio en España pueden llegar a ser tan contraditorias. Hay muchos ejemplos de esa contradicción en la vigente legislación civil española en materia de matrimonio, de filiación, etc. Pero sólo voy a poner un ejemplo de esta contradicción legal: se trata de los llamados matrimonios de conveniencia o de complacencia, los cuales se consideran nulos e inexistentes en España y, por lo tanto, no se pueden inscribir en el Registro Civil Español y esto se aplica a “rajatabla”.

Veamos esta contradicción legal: mientras en el Código Civil español, en sus recientes reformas del año 2005, se permite contraer un matrimonio y luego divorciarse “porque sí” a los 3 meses de casados, resulta que en la Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre los matrimonios de conveniencia o de complacencia, se dice expresamente que… “para que haya verdadero matrimonio, no se requiere un consentimiento cualquiera, sino un consentimiento matrimonial dirigido a crear una comunidad de vida entre los esposos, con el fin de asumir los fines propios y específicos de la unión en matrimonio, es decir, formar un “consortium omnes vitae” (fundar una familia)”. En esta Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios de complacencia o de convenciencia, que es posterior a la reforma de la Ley 15/2005, de 8 de julio, sobre el divorcio “express”, se recuerda que cuando los contrayentes se unen en matrimonio, excluyendo las propiedades esenciales del matrimonio, ese matrimonio es simulado y, por lo tanto, nulo. Continúa diciendo la Instrucción… “El matrimonio es simulado cuando el consentimiento se emite por una o ambas partes en forma legal, pero simulada, esto es, sin una voluntad real y efectiva de contraer matrimonio, excluyendo el matrimonio mismo (simulación total) o un elemento o propiedad esencial del matrimonio (simulación parcial)… Esta simulación genera una nulidad matrimonial que impide que pueda inscribirse ese matrimonio en los Registros Civiles Españoles, porque un matrimonio simulado supone una voluntad matrimonial inexistente. Se trata de una nulidad absoluta, “ipso iure” o automática…”

¿Puede ser que se prohiba legalmente -en la Instrucción de 31 de enero de 2006- un matrimonio que no está llamado a conformar un “consortium omnes vitae”  (una comunidad de vida y amor, es decir, una familia) y al mismo tiempo que se permita legalmente -en la Ley 15/2005, de 8 de julio- un matrimonio que no está llamado a conformar una comunidad de vida y amor, porque los contrayentes pueden divorciarse a los 3 meses de casados? ¿Y puede ser que una misma legislación civil diga que es nulo el matrimonio en el que los contrayentes excluyen sus propiedades esenciales y en otra se permita excluirlas? Porque nadie puede negar que si a los 3 meses de casados se puede uno divorciar, difícilmente se puede conformar una “comunidad de vida y amor” ni una familia.

El matrimonio es una “comunidad de vida y amor” según la legislación vigente en España y en esta definición están todas sus propiedades esenciales.  Y a una comunidad de vida y amor no cabría calificarla jurídicamente como contrato porque no sería lo más adecuado, ni expresaría toda su esencia y su contenido. Cabría más bien llamarla alianza. Los anillos que siempre se han entregado los contrayentes en la ceremonia nupcial, ya sea civil o religiosa, como “símbolo” de su compromiso, se les llama “alianzas matrimoniales” para expresar lo que es el matrimonio. Esas alianzas “significan” lo que es el matrimonio; es decir, la alianza no es el anillo o la argolla, sino el matrimonio que han conformado los cónyuges con su consentimiento matrimonial libre.

Entonces, ¿sustituir “contrato matrimonial” por “alianza matrimonial”, es un simple cambio terminológico o supone mucho más? Realmente la palabra alianza expresa la grandeza del matrimonio, su más íntima naturaleza: la mutua y recíproca entrega de los esposos. Mientras que la palabra contrato es algo frio, un simple negocio jurídico como otro cualquiera: también se llama contrato a una hipoteca, a una compra-venta de un coche, de una casa, a un contrato laboral que, en ningún modo, son lo mismo que el matrimonio.  

En la alianza matrimonial, sucede lo mismo que en el amor: se entregan dos personas; mientras que en los contratos no pueden entregarse dos personas. A lo más, en los contratos se intercambian derechos y obligaciones. Un hombre y una mujer que se aman y se casan por amor, no se intercambian derechos y obligaciones, se entregan ellos mismos como personas y se asumen de manera permanente y fiel.

Los derechos y obligaciones que se originan serían consecuencia de esa “alianza”, pero no objeto de un “contrato matrimonial”. En cambio, el objeto de una “alianza matrimonial” no es un conjunto de derechos y de obligaciones, sino la “búsqueda del bien de los cónyuges, del bien de la familia y del bien de la sociedad” y esto es sólo posible, cuando los cónyuges se “asumen y se comprometen de verdad” y no condicionados al “mientras tanto”.

 “Asumirse” los dos esposos de verdad en una alianza matrimonial, es “asumir” el futuro de ese compromiso, el futuro de los dos con todas sus consecuencias previsibles e imprevisibles. Esto es casarse realmente y por amor. Lo otro, “casarse” para divorciarse a los 3 meses no es casarse de verdad y, mucho menos, es casarse por amor. Esto no sería un matrimonio real, así lo diga muy “legalmente” la Ley 15/2005, de 8 de julio. Tampoco es matrimonio verdadero el matrimonio homosexual, de dos personas del mismo sexo, así lo diga muy “legalmente” la Ley 13/2005, de 1 de julio. Bien sabemos que el derecho está plagado de muchas leyes que no son verdaderas ni justas. Con las leyes podemos crear “ficciones del derecho” contradiciendo e ignorando realidades naturales. 

¿Que se legaliza el “matrimonio” entre personas del mismo sexo? No sucede nada. ¿Que se legaliza el “matrimonio” con divorcio rápido”? Tampoco sucede nada. En todo caso, se les llamaría “contrato matrimonial”, pero no podría llamárseles “alianza matrimonial” porque -al fín y al cabo- con el contrato las partes pueden acordar lo que sea, siempre y cuando no sea algo “ilícito”. En un “contrato matrimonial”, la ley, el Estado y los contrayentes pueden decidir “lo que quieran” y llamarlo matrimonio. Mientras que en la “alianza matrimonial” los esposos despliegan “porque quieren” todo el dinamismo natural y verdadero del matrimonio, con todas sus consecuencias.

El ordenamiento jurídico español (¿o “desordenamiento”?) en torno al matrimonio que hoy tenemos vigente, es un sistema positivo que cree que el matrimonio es creación del derecho y del Estado y por eso éstos deciden lo que el matrimonio debe ser en cada momento, según las conveniencias políticas u otro tipo de intereses cambiantes. De seguir así ¿quién nos asegura que mañana el derecho o el Estado no decidan “legalizar” el matrimonio polígamo o el matrimonio incestuoso? Si lo importante para “legalizar” el matrimonio es el amor, el derecho a la libre orientación sexual y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, no podrían los polígamos e incestuosos pedir consecuentemente que se les “legalice” este tipo de “contrato matrimonial”?

En definitiva y desde una óptica estrictamente jurídica, es más apropiado llamar al matrimonio alianza y no contrato. No se trata de un simple juego de palabras, sino de describir lo que es verdaderamente el matrimonio como una relación familiar. Además, el matrimonio entendido como alianza, es más consecuente con el diseño personal de hombre y de la mujer por ser una visión “personalista”; mientras que el matrimonio, entendido como contrato, obedece más a una visión “contractualista” o utilitarista .

En la visión personalista ¿en qué consiste ese diseño personal del hombre y de la mujer? En que ontológicamente son personas y como personas tienen una dignidad intrínseca: sólo pueden ser objetos de amor y de bien, las personas sólo pueden ser amadas y no utilizadas. Es debido en justicia que lo amado conyugalmente en el matrimonio sea la persona del otro (el cónyuge) y que se le ame como persona en tanto distinta sexualmente y, por serlo precisamente, en cuanto complementaria (varón-mujer). El amor conyugal ordenado no puede separar ese doble componente: lo personal y lo sexual. La alianza matrimonial significa la entrega y aceptación sincera de un hombre y de una mujer que se casan para fundar una familia buscando el bien de los cónyuges, el bien de la familia y el bien común de la sociedad. La entrega personal de los esposos exige, por su naturaleza, que sea permanente, duradera.

Esto no sucede en una visión contractualista del matrimonio, la cual no encuadra en la lógica “personalista” del amor conyugal que es el amor y la entrega sincera de dos personas, de un hombre y de una mujer; la visión contractualista del matrimonio encuadra más en una lógica “utilitarista” en la que los esposos lo que se intercambiarían, a lo sumo, es un conjunto de “derechos y obligaciones” hasta que quisieran cumplirlos.

De todas maneras, un verdadero matrimonio -ya sea civil o religioso- es un hecho real y posible, no es algo teórico e idealista, sino algo abrumadoramente palpable y comprobable a lo largo de la historia universal: cuántos hombres y mujeres de todas las razas, lenguas, religiones y naciones se han casado, se casan y se seguirán casando verdadera y “libremente” en una alianza de amor permanente, fiel y abierta a los hijos. Ahí están tantos millones de historias reales, “de carne y hueso” que lo corroboran.     

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

NOTA: Si desea leer otros artículos relacionados con este tema y en este mismo blog, puede hacerlo en “Análisis de la Ley 13/2005 sobre derecho a contraer matrimonio”   también en “¿Una mentalidad optimista del matrimonio frente a una mentalidad pesimista del divorcio?”  y además en “Los cónyuges son los primeros parientes”

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