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Modificación de medidas definitivas: reducción pensión de alimentos y pensión compensatoria

miércoles, 28 marzo 2012

Todos sabemos que España atraviesa actualmente por una grave crisis económica con una elevadísima tasa de paro laboral, lo que está repercutiendo de manera directa y negativa en las familias, muchas de las cuales ya tienen a todos sus miembros sin trabajo y sin ninguna facilidad de conseguirlo pronto. Las últimas estadísticas muestran que tenemos más de cinco millones de personas en paro, con el agravante de que a una gran mayoría de ellas ya se les ha agotado la prestación por desempleo.

Esta situación de desempleo es una de las causas que ha tenido como efecto directo un elevado crecimiento en los Juzgados de familia de los procedimientos de modificación de medidas definitivas respecto a la pensión de alimentos y pensión compensatoria, en las que se solicita que las cuantías asignadas en sentencias anteriores sean reducidas por imposibilidad del obligado a pagarlas.

1. El párrafo penúltimo del artículo 90 y el inciso último del artículo 91 del Código Civil español, establecen la posibilidad de modificar judicialmente las medidas definitivas adoptadas previamente en una sentencia anterior, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias del obligado a cumplirlas.

Igualmente, el artículo 146 del Código Civil dice que la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. Y el artículo 147 del mismo afirma que los alimentos, en los casos a que se refiere el anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.

El procedimiento de modificación de las medidas definitivas se sustanciará por los trámites del juicio verbal, si no hay acuerdo entre las partes. Pero también podrá hacerse de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro, acompañando al Juzgado propuesta de convenio regulador.

En todo caso, la modificación de la pensión de alimentos o de la pensión compensatoria sólo podrá autorizarla el Juez, nunca puede hacerse unilateralmente. El artículo 775.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que  el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por ellos o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.

Para determinar la pensión de alimentos y la pensión compensatoria, siempre se aplica un criterio de proporcionalidad. Es por esto, que para poder solicitar una reducción de las mismas, debe probarse de manera fehaciente que los ingresos del obligado al pago de la pensión de alimentos y/o de la pensión compensatoria han disminuido notablemente.

La crisis económica o la situación de desempleo no justifican el impago de la pensión de alimentos. El deber de dar alimentos es de derecho natural y es una de las principales obligaciones de los padres hacia sus hijos. Algunos tribunales fijan un mínimo vital de pensión de alimentos de aproximadamente 130 euros mensuales por hijo.

Actualmente hay muchos padres alimentantes que al agotar la prestación por desempleo, han tenido que recurrir al subsidio por desempleo de 420 euros. En este caso, hay tribunales que han reducido ese mínimo vital a una cuantía de 90 euros mensuales por hijo. De todas maneras, los jueces al decidir en sus sentencias sobre la modificación de pensión de alimentos, antes de reducirlas, estudian caso por caso.

La reducción de los ingresos económicos no debe ser imputable al obligado al pago de los alimentos; es decir, que esa reducción de ingresos no debe ser voluntaria ni buscada. La reducción debe ser muy significativa y notoria, tanto que casi impida el cumplimiento del pago de los alimentos. Además, debe ser una situación duradera, no provisional ni temporal. Corresponde al obligado al pago de la pensión de los alimentos probar la reducción de sus propios ingresos con estas caracterísiticas.

2. Es aconsejable acudir de inmediato al procedimiento de modificación de medidas cuando cambien sustancialmente las circunstancias que impiden seguir pagando la pensión de alimentos en la cuantía inicialmente fijada mediante sentencia. Sin embargo, el deber de pagar los alimentos en su cuantía inicial no cesa con la interposición de la demanda de modificación de medidas. La sentencia que modifique la pensión de alimentos, reduciéndola, generalmente  tendrá efectos a partir del momento en que se pronuncie el Juez. Rara vez se concede con efectos retroactivos.

Cualquier impago de la pensión de alimentos por parte de quien deba prestarlos, haya sido fijada o no por sentencia, da derecho a que pueda ser reclamada judicialmente por vía de ejecución y embargo. La pensión de alimentos en fase de ejecución, es un crédito preferente y privilegiado.

Quiere esto decir, que la pensión de alimentos debida al cónyuge o a los hijos, está fuera de los límites de lo que se considera “no embargable” en cuanto a las pensiones corrientes aún no vencidas, para asegurar los alimento futuros, pudiendo el juez fijar una cantidad embargable que podría llegar al 100% de los ingresos del obligado. En cuanto  a las cantidades reclamadas en concepto de atrasos, sí pueden regir los límites de lo no embargable del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que pueda alegarse la existencia de la situación de precariedad económica, laboral y personal por las que atraviesa el ejecutado y que le han impedido hacer frente a las pensiones alimenticias que se le reclaman.

Incluso, si el obligado ha dejado de pagar la pensión de alimentos o la ha reducido por cuenta propia, y por este motivo está demandado dentro de un proceso de ejecución y embargo, aunque invocara como oposición a la ejecución y embargo estar en curso  un procedimiento de modificación de medidas por reducción de alimentos, su interposición y trámite no suspenderá el proceso de ejecución ni las medidas de apremio del proceso ejecutivo.

Podemos ver que desde el punto de vista civil es muy grave y perjudicial no pagar la pensión de alimentos o reducir su cuantía por cuenta propia. Sólo se puede modificar esta cuantía por decisión judicial o por mutuo acuerdo entre las partes. Ese acuerdo debe ser homologado por el Juez. De no ser así, se corre el riesgo evidente y seguro de que pueda iniciarse un proceso de ejecución y embargo contra el obligado a pagar la pensión de alimentos por incumplimiento de sentencia. Repito que dicho embargo puede alcanzar hasta el 100% de los ingresos del obligado, por ser la pensión de alimentos un crédito preferente y privilegiado.

3. Desde el punto de vista penal también tiene graves consecuencias no pagar la pensión de alimentos, pues el que incumpliera con esta obligación se le imputará un delito de abandono de familia por impago de pensiones. Este delito está contemplado en los artículos 226, 227 y 228 del código de derecho penal español, con sus respectivas penas:

Artículo 226 del Código Penal: 1.  El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses. 2. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

Artículo 227 del Código Penal: 1.  El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. 2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior. 3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

Artículo 228 del Código Penal: Los delitos previstos en los dos artículos anteriores, sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

Pero si el imputado del delito de abandono de familia por impago de pensión de alimentos, alega y demuestra con pruebas suficientes su situación de insolvencia y precariedad económica, podrá ser absuelto de este delito por la imposibilidad de hacer frente a dicha obligación, al no concurrir el elemento subjetivo del dolo exigido, ya que no se trata de una voluntad consciente y deliberada de no cumplir, sino de no poder disponer de recursos económicos por encontrarse, por ejemplo, en situación de paro laboral.

4. La situación de grave crisis económica y de paro laboral que nos aqueja en España, también ha tenido repercusión en lo que respecta a los gastos extraordinarios. El artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha sido reformado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre: “Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto.”

Los únicos gastos extraordinarios que se pueden reclamar son aquellos que tienen un carácter excepcional; es decir, que no sean periódicos ni previsibles en el momento de su fijación; que no sean gastos caprichosos y arbitrarios; que sean gastos acomodados a las posibilidades económicas y reales de ambos progenitores; y que hayan sido previa y expresamente consensuados y consentidos entre los progenitores.

La pensión de alimentos cubre los gastos ordinarios de manutención, vestido, asistencia médica, educación y formación de los hijos. Por ejemplo, los gastos de educación, colegio, sanidad, clases extraescolares, matrículas, no son extraordinarios porque se contemplan  dentro del pago mensual periódico. Los gastos extraordinarios se cubren al 50% entre los padres, como pueden ser los gastos de ortodoncia, óptica y todos aquellos gastos sanitarios que no cubra la Seguridad Social.

5. El derecho foral aragonés siempre ha mostrado un avance respecto de otras legislaciones en lo que se refiere a igualdad de condiciones de ambos padres con respecto a sus hijos, y más aún, ante la ruptura de la convivencia de éstos, ya sea matrimonial o de hecho. El Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título de “Código del Derecho Foral de Aragón” el Texto Refundido de las Leyes Civiles Aragonesas,  hace una distinción importante en cuanto a los gastos extraordinarios, al clasificarlos en gastos extraordinarios necesarios y gastos extraordinarios no necesarios.

El artículo 82 del Código del  Derecho Foral de Aragón, se refiere a los gastos de asistencia a los hijos: 1. Tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su cargo. La contribución de los progenitores a los gastos ordinarios de asistencia a los hijos se determinarán por el Juez en función de las necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recursos económicos disponibles por los padres. 3. El Juez asignará a los padres la realización compartida o separada de los gastos ordinarios de los hijos teniendo en cuenta el régimen de custodia, y si es necesario fijará un pago periódico entre los mismos. 4. Los gastos extraordinarios necesarios de los hijos serán sufragados por los progenitores en proporción a sus recursos económicos disponibles. Los gastos extraordinarios no necesarios se abonarán en función de los acuerdos a los que lleguen los progenitores y, en defecto de acuerdo, los abonará el progenitor que haya decidido la realización del gasto.

El artículo 83 del Código del Derecho Foral de Aragónse refiere a la asignación compensatoria: 1. El progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia, tendrá derecho a percibir del otro una asignación compensatoria. 2. La cuantía y la naturaleza temporal o indefinida de la asignación serán determinadas por el Juez mediante la ponderación equitativa de los siguientes criterios: Los recursos económicos de los padres; la edad del solicitante, sus perspectivas económicas y las posibilidades de acceso al mercado de trabajo; la edad de los hijos; la atribución del uso de la vivienda familiar; las funciones familiares desempeñadas por los padres; la duración de la convivencia. 3. La asignación compensatoria podrá tener cualquier contenido patrimonial, periódico o de única entrega, siempre que permita el cumplimiento de su finalidad. 4. La asignación compensatoria se revisará en los casos de variación sustancial de la situación económica del perceptor o del pagador. 5. La asignación compensatoria se extinguirá en los supuestos de nueva convivencia marital del perceptor, alteración sustancial de los criterios económicos en función de los cuales se determinó, la muerte del perceptor, cumplimiento del plazo de duración, así como por el incumplimiento de su finalidad.

Es evidente que la crisis económica y la situación de desempleo ha dado lugar a una proliferación de procedimientos de modificación de medidas para reducir o extinguir las pensiones, ya sean alimenticias o compensatorias y, por esto, los Juzgados están señalando con varios meses de espera las fechas de celebración de la vista; en algunos casos el señalamiento de la vista después de admitida la demanda puede tardar entre 8 y 11 meses.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Abogados de familia: mediadores familiares

viernes, 4 noviembre 2011

La mediación familiar es aplicable a cualquier tipo de conflicto familiar y es una eficaz alternativa de solución entre las partes, porque con ella se intenta llegar a un acuerdo satisfactorio, duradero y estable para todos los implicados. La mediación familiar evita entrar en litigios innecesarios y desgastadores que muchas veces no consiguen resolver y atender las necesidades de todos. Pero tampoco es la panacea porque no existe el acuerdo perfecto, ya que la “mediación es un proceso  imperfecto  donde una tercera persona imperfecta trata de ayudar a personas imperfectas a alcanzar soluciones imperfectas  en un mundo imperfecto”, como muy bien dice Leonard Marlow, prestigioso abogado matrimonialista de los EE.UU. y experto en mediación familiar.

Desde mi punto de vista personal, y dada mi experiencia profesional como abogada de familia durante más de quince años, estoy convencida de que el mediador familiar por antonomasia es el abogado de derecho de familia. Nuestros despachos son los primeros y principales lugares de mediación familiar, porque es en ellos donde ponemos todos nuestros esfuerzos, conocimientos y experiencia para conseguir el mutuo acuerdo entre nuestros clientes implicados en conflictos familiares.

Llámese “convenio regulador” (según el código civil español), o “pacto de relaciones familiares” (Aragón), o “plan de parentalidad” (Cataluña), o “pacto de convivencia familiar” (Valencia), éstos son acuerdos voluntarios y mutuamente satisfactorios, logrados exitosamente a través de la imprescindible asesoría legal que estos temas jurídicos de familia requieren, con ese “plus” que sólo podemos aportarle los abogados de familia, que es el de que esos acuerdos pueden ser eficazmente presentados, mediante una demanda de mutuo acuerdo, ante los Juzgados de familia para su respectiva aprobación judicial. Es decir, que tenemos la enorme ventaja de ser, a la misma vez, abogados de familia con ejercicio y mediadores familiares.

Nadie puede negar esta realidad, como tampoco nadie puede negar la numerosa existencia y aumento de demandas de divorcios y separaciones de mutuo acuerdo conseguidas en los Juzgados de Familia, a través de nuestro eficaz ejercicio profesional como abogados-mediadores de familia. Es evidente que todos los que tenemos un despacho dedicado al derecho de familia, tocamos a diario la “fibra humana” de nuestos clientes, quienes nos confian de manera admirable sus preocupaciones y sentimientos más íntimos, en busca de una solución jurídica favorable a sus problemas. Por eso, la gran mayoría de abogados de familia también somos expertos en humanidad y podemos crear  una “cultura a favor del no litigio” y de la “solución consensuada” de los conflictos familiares.

Los conflictos familiares son conflictos interpersonales que afectan a todos los individuos de la propia familia, ya que sus miembros tienen en común una historia compartida. La mediación familiar que ejercemos los abogados de familia para conseguir el mutuo acuerdo y ayudar a resolver conflictos familiares, ha sido muy positiva en España y tiende a crecer en el ámbito de las relaciones familiares y de las crisis matrimoniales y de pareja, extendiéndose a otros contextos como las herencias y sucesiones, la obligación de alimentos, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas de los abuelos, la pensión compensatoria, las separaciones de bienes o de cuerpos, la atribución de la vivienda familiar, etc.

La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, señala en su exposición de motivos que “… las partes pueden pedir en cualquier momento al Juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas objeto de litigio. La intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados, o uno de los cónyuges y las partes no hayan atendido a sus requerimientos de modificación. Sólo en estos casos deberá dictarse una resolución en la que se impongan las medidas que sean precisas…”

La mediación familiar está demostrando en todo el mundo muchas ventajas como la descongestión de los Tribunales y Juzgados, la celeridad y economía de tiempo y de dinero, el incremento de la participación de los actores del conflicto y la capacidad que tienen todos ellos de asumir su propia responsabilidad personal en la solución del problema. Esto no quiere decir que la mediación familiar sustituya a los Tribunales de Justicia, pero sí que puede “descargarlos” de algunos asuntos que pueden resolverse extrajudicialmente.

En la misma exposición de motivos de la ya citada Ley 15/2005, de 8 de julio, se hace una referencia a las ventajas que conlleva la mediación familiar: “… Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el diálogo y, en especial, garantizar la protección del interés superior del menor, se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y neutral…”

Los abogados de familia vemos en demasiadas ocasiones que cuando un cliente entra en nuestro despacho buscando nuestra asesoría legal o pidiéndonos que asumamos su caso en un conflicto familiar, nos plantea el problema en términos de “contienda” en la que tenemos que ganar. Se sorprende cuando le preguntamos si se ha planteado llegar al mutuo acuerdo o lo descarta de plano como algo imposible de conseguir. Es cuando comienza nuestro trabajo, más lento y difícil si cabe, pero también más eficaz, de intentar conseguir el consenso entre las partes implicadas, lo cual nos obliga a desplegar todas nuestras dotes mediadoras y conciliadoras. Y en la mayoría de los casos se logra con éxito y todos salen ganando.

Cuando los abogados de familia mediamos para conseguir el mutuo acuerdo buscando la mejor solución para todos, cambiando el “esquema” vencedor y vencido, fuerte y débil, ganador y perdedor, se pone realmente en acción el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, su capacidad de buscar soluciones a un problema y de comprometerse a cumplirlas, buscando el bien de los menores y de la familia. El abogado de familia es realmente imparcial cuando actúa como abogado de ambas partes, buscando el mutuo acuerdo en los temas conflictivos planteados.

Todos los abogados de familia sabemos que no es fácil lograr el mutuo acuerdo entre las partes y cuando se consigue después de un arduo trabajo como mediadores en nuestros despachos, nos damos cuenta de que debemos poner en juego muchas cualidades, no sólo de experiencia profesional y de sólidos conocimientos jurídicos sino, sobre todo, los valores éticos y deontológicos. También es cuestión de tener aptitudes humanas, actitudes conciliadoras y mucha observación psicológica para conseguir esos acuerdos que cumplen los requisitos jurídicamente exigibles para ser homologados en los procesos judiciales, mediante las demandas de mutuo acuerdo.

En Aragón ha sido recientemente aprobada la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar, contemplada para cualquier conflicto familiar y no sólo para los casos de ruptura de la pareja. Se insiste, y con razón, en la necesidad del título y de la formación del mediador familiar. Pero también es verdad, que muchos abogados de familia desde hace muchísimo tiempo vienen mediando eficazmente en sus despachos ante los conflictos familiares de sus clientes y lo seguirán haciendo como siempre, sin tener el “título” de mediadores familiares, pero sí la sólida y exitosa experiencia para seguir practicando y transmitiendo esos valiosos conocimientos.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abgada y Doctora en Derecho

 

Los fieles casados por lo católico, que se han divorciado y vuelto a casar por lo civil

lunes, 10 octubre 2011

Bien sabemos que el matrimonio católico es indisoluble.  El canon 1141 del Código de Derecho Canónico, expresamente dice que “el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte”. El  nº 1640 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo mismo: “Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina”.

También sabemos que en la Iglesia Católica no existe el divorcio, tal y como es entendido en la legislación civil de los países Occidentales, aunque sí existen algunos supuestos de disolución matrimonial canónica. Son varios los fieles católicos casados por la Iglesia, que se han divorciado por lo civil y se han vuelto a casar por lo civil. Es evidente que el divorcio ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente desde que la jurisdicción civil puede legalmente “cesar los efectos civiles del matrimonio canónico”, es decir, puede decretar el divorcio de un matrimonio católico, pero éste permanece vigente para la Iglesia, mientras no se declare la nulidad eclesiástica del matrimonio, si es que existen causales de nulidad para declararla.

Esta situación de “católicos divorciados y vueltos a casar” es bastante numerosa y es un problema que preocupa inmensamente a la jerarquía eclesiástica, la cual siempre ha demostrado su desvelo por estos fieles, a través de su ingente pastoral dirigida a ellos.

El problema radica en que los fieles casados por la Iglesia, que se han divorciado por lo civil y han vuelto a casarse por lo civil, aún permaneciendo su vínculo matrimonial canónico, NO pueden comulgar, es decir, no pueden recibir la Eucaristía. Esta prohibición afecta profundamente a los fieles que se encuentran en esta difícil situación, especialmente cuando se trata de católicos que se declaran practicantes y creyentes. También es cierto que hay muchos católicos bautizados que están dentro de este mismo supuesto, pero a quienes no les importa para nada no poder comulgar, ya que se declaran no practicantes ni creyentes ni tampoco se consideran vinculados a la Iglesia católica, a pesar de estar bautizados en ella.

Cabe recordar también que hay católicos que estando ambos solteros, se han casado sólo por el matrimonio civil y luego se han divorciado; éstos sí pueden comulgar, aunque se hayan vuelto a casar por lo católico con otra persona soltera que tampoco tiene un vínculo matrimonial canónico ni civil vigente.

Otro caso es el de los fieles casados por lo católico y que se han divorciado por lo civil, pero que no se han vuelto a casar por lo civil ni viven en unión libre, éstos también pueden comulgar. Quiere decir que el divorcio civil no es un obstáculo para recibir la comunión, porque sólo cesa los efectos civiles del matrimonio y regula los aspectos económicos del matrimonio y del régimen económico matrimonial, además de las obligaciones paterno-filiales (como la guarda y custodia de los hijos, la pensión de alimentos, etc.).

Entonces, tenemos que se origina la prohibición de comulgar cuando existen dos vínculos matrimoniales vigentes (bigamia); o sea, cuando el fiel está casado por lo civil, manteniendo todavía un matrimonio canónico vigente. También cuando estando casado por lo católico y divorciado, vive en unión libre o en unión de hecho permanente, ya que estas dos situaciones son consideradas en la Iglesia como adulterio.

Intentaré, de manera breve, decir cuáles son las enseñanzas de la Iglesia para no permitir recibir la Eucaristía a estos fieles bautizados que se han casado por lo católico, se han divorciado y vuelto a casar por lo civil. También haré mención a algunos argumentos diferentes a la doctrina de la Iglesia, que consideran que sí se les debería permitir la comunión a estas personas.

1. La Doctrina de la Iglesia Católica:

La Santa Sede afirma la continua teología y disciplina de la Iglesia Católica, sobre los fieles que se han divorciado y vuelto a casar sin un Decreto de Nulidad para el primer matrimonio (sin importar si fue realizado dentro o fuera de la Iglesia), quienes no pueden recibir los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, hasta que se resuelva la irregularidad matrimonial por el Tribunal Eclesiástico de los Procesos Matrimoniales.

Sin embargo, afirma la Sede Apostólica, “estos hombres y estas mujeres deben saber que la Iglesia los ama, no está alejada de ellos y sufre por su situación. Los divorciados vueltos a casar son y siguen siendo miembros suyos, porque han recibido el bautismo y conservan la fe cristiana”.

Pero la Iglesia Católica, al mismo tiempo, no puede quedar indiferente frente el aumento de esas situaciones, ni debe rendirse ante una costumbre, fruto de una mentalidad que devalúa el matrimonio como compromiso único e indisoluble, así como no puede aprobar todo lo que atenta contra la naturaleza propia del matrimonio mismo.

Se debe promover también la asistencia pastoral de los que se dirigen o podrían dirigirse al juicio de los Tribunales Eclesiásticos. Conviene ayudarles a tomar en cuenta la posible nulidad de su matrimonio.

La Iglesia dice que no puede aceptarse la creencia errónea que tiene una persona divorciada y vuelta a casar, de poder recibir la Eucaristía normalmente, ya que esto supondría que la conciencia personal es tomada en cuenta en el análisis final de que, basado en sus propias convicciones, existió o no existió un matrimonio anterior y el valor de una nueva unión. Y recuerda que el matrimonio es básicamente una realidad pública.

El Papa Juan Pablo II, recientemente canonizado, tenía una gran preocupación por estos fieles católicos; y así lo escribió en el documento de la Reconciliación y de la Eucaristía, donde expresa que la Iglesia desea que estas parejas participen de la vida de la Iglesia hasta donde les sea posible (y esta participación en la Misa, adoración Eucarística, devociones y otros serán de gran ayuda espiritual para ellos) mientras trabajan para lograr la completa participación sacramental.

La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, reafirma que sólo podrían acercarse a comulgar si, evitado el escándalo y recibida la absolución sacramental, se comprometen a vivir en plena continencia.

El Consejo Pontificio para la Familia invita a que se respete la verdad del matrimonio, redescubriendo el valor y el significado del mismo y de la vida conyugal, especialmente en lo que respecta a la fidelidad conyugal. Y propone la preparación previa de los futuros contrayentes para lograr una celebración fructuosa del matrimonio.

El Papa Benedicto XVI, en un encuentro informal que se celebró el día 25 de julio del año 2005, en la iglesia de Introd de la Diócesis de Aosta, localidad en la que pasó ese año sus vacaciones de verano, pronunció sin papeles unas palabras en italiano, que fueron transcritas por la edición diaria de «L’Osservatore Romano» y traducidas por Zenit, en su página web del 29 de julio de 2005, que manifiestan su honda preocupación por este problema particularmente doloroso para las personas que viven en situaciones en las que son excluidas de la comunión eucarística y, naturalmente, para los sacerdotes que quieren ayudar a estas personas a amar a la Iglesia y a querer a Cristo. El Sumo Pontífice dice que la Iglesia debe acoger con amor a los divorciados vueltos a casar y ayudarles a vivir el sufrimiento provocado por no acceder a la comunión, para manifestar también visiblemente el carácter indisoluble del matrimonio.

Benedicto XVI explicó que “ninguno de nosotros tiene una receta, en parte porque las situaciones son siempre diferentes. Diría que es particularmente dolorosa la situación de los que se casaron por la Iglesia, pero no eran realmente creyentes y lo hicieron por tradición, y luego, encontrándose en una nueva boda no válida se convierten, encuentran la fe y se sienten excluidos por el sacramento. Éste realmente es un sufrimiento grande y cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe invité a muchas Conferencias episcopales y especialistas a estudiar este problema: un sacramento celebrado sin fe. No me atrevo a decir si realmente se pueda encontrar aquí un motivo de invalidez porque en el sacramento faltó una dimensión fundamental. Personalmente yo lo pensé, pero con las discusiones que hemos tenido he comprendido que el problema es muy difícil y que tiene que todavía hay que profundizar en él. Es importante que el párroco y la comunidad parroquial hagan experimentar a estas personas que, por una parte, tenemos que respetar el carácter indivisible del sacramento y, por otra parte, que queremos a estas personas que también sufren por nosotros. Y éste es un sufrimiento noble, diría yo”.

2. Otras consideraciones diferentes a la Doctrina de la Iglesia:

Hay quienes consideran que la Iglesia no debería sancionar con la pena canónica más severa, esto es, excluir de la comunión eucarística a aquellos fieles que están casados por lo civil, y menos aún cuando hay diferencia entre aquellos que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente, o los que han contraído una segunda boda para asegurar la educación de los hijos, estando  seguros en conciencia de que el precedente matrimonio, irreparablemente destruido, no había sido nunca válido.

Y aunque muchos reconocen que si se admitiera a estas personas divorciadas y vueltas a casar a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio, reconocen también que  resulta imposible la carga que se les impone consistente en que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios como, por ejemplo, la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, “tienen que asumir el compromiso de vivir en plena continencia, o sea de abstenerse de los actos conyugales propios de los esposos”.

Afirman que la Iglesia está firmemente convencida de que también quienes viven en tal situación pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación si perseveran en la oración, en la penitencia y en la caridad, y los sigue considerando “fieles” divorciados vueltos a casar, invitándoles a tomar parte en la vida eclesial. Entonces, se preguntan ¿por qué mantener apartados de la Eucaristía a los que desean ser parte activa y desean con fervor comulgar?

También se cuestionan que si el sacramento de la confesión TODO lo perdona, ¿por qué el segundo matrimonio civil de los fieles divorciados es el ÚNICO caso en el que la reconciliación sacramental no es posible? ¿Por qué se interpreta como única prueba de arrepentimiento y de conversión el abandono del segundo vínculo?

Se sabe que la ausencia de arrepentimiento entraña la imposibilidad de la absolución, y si “para todo pecado hay misericordia divina”, ¿por qué obligarles a que su segunda unión no sea indisoluble, si lo que pretenden los cónyuges casados es que su nuevo vínculo sea duradero y estable?

Esto causa un sufrimiento enorme en aquellos a quienes precisamente su segunda unión les ha implicado un renacer en su fe por el amor, porque precisamente su primera unión era dramática.

¿Por qué a los divorciados vueltos a casar que buscan sinceramente ser miembros activos de la Iglesia, se les aparta de la vida sacramental por encontrar nuevamente la posibilidad de vivir un vínculo matrimonial duradero, fiel y abierto a la vida? ¿Acaso  un verdadero matrimonio entre bautizados no es ya de por sí sacramental? ¿No podría pensarse que este segundo matrimonio sí que es el verdadero?

Si un fiel joven se casó por primera vez por lo católico sin la fe de un compromiso verdaderamente sacramental y ahora con su segundo matrimonio se casa “como Dios manda”, ¿es Dios Misericordioso el que lo aparta de la absolución y de la Eucaristía, a menos que “no vivan como esposos”, cuando realmente se aman como tales? Estas personas consideran que todo esto no es realmente imposición de Dios sino que creen que es sólo imposición de la disciplina de la Iglesia.

¿Es acaso un pecado grave “imperdonable” amar casándose por segunda vez y conforme a la verdadera esencia del matrimonio? Porque muchas veces y realmente se está ante casos de un segundo matrimonio contraído esta vez sí verdaderamente, por lo que no debería ser considerado como adulterio. ¿Por que la Iglesia necesaria e irremisiblemente debe considerar la segunda unión matrimonial como “escándalo público” y “adulterio”?

¿Si los divorciados vueltos a casar no están excomulgados, por qué se les niegan los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, cuando precisamente es la misma Iglesia la que  reconoce a  estos sacramentos como la fuente de alimento y gracia para aquellos que, se supone, más lo necesitan? Por una parte, con insistencia pastoral se les invita a participar en la Iglesia y, por  otra, se les excluye del centro y esencia de la fe que es la Eucaristía y la Reconciliación.

Es cierto que la Iglesia insiste en que en el primer matrimonio que se contrajo por el rito católico podría haber una nulidad matrimonial y, por lo tanto,  podría acudirse a los Tribunales Eclesiásticos solicitando un proceso de nulidad matrimonial. Esta nulidad podría ser declarada si existen causales para ello y, por lo mismo, ese primer vínculo matrimonial canónico dejaría de existir y se podría contraer  un nuevo matrimonio canónico.

¿Pero qué sucede si no se declara nulo el matrimonio? ¿Es que la Iglesia no admite el fracaso matrimonial de sus fieles que, precisamente, no son perfectos por ser humanos? ¿Es que admitir sinceramente el fracaso no es el primer paso para arrepentirse y comenzar de nuevo, sin cometer los errores de la primera vez?

3. Como conclusión de esta difícil situación de los fieles divorciados vueltos a casar, que desean ardientemente seguir siendo parte activa en la Iglesia Católica, participando plenamente de los Sacramentos, podría decirse que por referirse a casos reales y vidas concretas, es imposible no asumir su sufrimiento, sufrimiento que por la comunión eclesial es el sufrimiento de todos los miembros de la Iglesia.

Suele haber personas que sin tener conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre este punto, la critican sin conocimiento de causa. En cambio, hay otras que conociendo bien el Magisterio de la Iglesia sobre los fieles en esta situación, por tratarse de sacerdotes y laicos comprometidos, toman una posición que podría o no diferir de las Enseñanzas de la Iglesia sobre la recepción de los sacramentos de la penitencia y de la comunión en este caso.

Las preguntas que fueron expuestas anteriormente en el apartado 2 como otras posiciones “diferentes” a la doctrina perenne de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio, son profundas y honestas, porque están hechas por personas conocedoras y pastoralmente preocupadas por estos fieles y, por lo tanto, merecen la debida consideración y análisis.

Es verdad que en la Iglesia hay católicos que sin tener impedimentos para recibir la Eucaristía, no acuden a Misa, ni a confesarse ni a comulgar porque se declaran indiferentes y no practicantes. Otros católicos comulgan con frecuencia porque pueden hacerlo y valoran profundamente el querer y poder hacerlo. Pero también es verdad que cuando un católico se ve impedido de recibir la comunión sacramental, la valora como nunca antes lo había hecho.

Muchas veces, los católicos divorciados y vueltos a casar que antes eran indiferentes respecto de su fe cristiana, entran en un proceso de acercamiento a la Iglesia, pero sin poder llegar al culmen de su fe que es la recepción de la Sagrada Eucaristía.

Y aunque muchos pudieran considerar que se trata de una discriminación en la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar, insistiendo que la actitud de Cristo es amorosa más que juzgadora y condenatoria, especialmente cuando se presenta en su imagen del Buen Pastor, realmente no es discriminatorio porque la Iglesia defiende una Verdad del Principio que compromete la importancia del vínculo matrimonial y del matrimonio como sacramento.

Para los fieles divorciados y vueltos a casar queda plenamente abierta la posibilidad de la comunión espiritual que les permite sentir la presencia divina en una forma especial. Poder aceptar desde el corazón la comunión espiritual es una gracia que es concedida cuando es pedida.

La Santa Sede defiende una posición que considera irrenunciable, puesto que sostiene una Verdad sobre el matrimonio y la familia que no pertenece a la Iglesia sino que Ella es la depositaria de esa Verdad  y, por lo tanto, debe custodiarla en su integridad. Aunque resulte duro, no puede cambiar el contenido de su Mensaje ni de sus Enseñanzas de acuerdo al parecer de una mayoría de sus fieles, puesto que la Iglesia no es democrática en este sentido para someter sus enseñanzas a “referéndum”.

Esto no quiere decir que la Iglesia sea arbitraria o impositiva, ni que se quede anquilosada y no se “actualice” a los tiempos, pues es la misma Iglesia la que defiende que su Doctrina perenne sobre el matrimonio (la cual es la enseñanza de Cristo) es siempre actual. Para la Iglesia sería “más fácil acomodarse” a una mayoría para “ganar adeptos”, pero estaría contradiciendo su misión encomendada.

Las puertas para la correcta solución al problema no están cerradas, puesto que en muchos casos de estos fieles divorciados y vueltos a casar puede existir una posible nulidad matrimonial, ya que en sus primeros matrimonios podrían presentarse causales evidentes de nulidad para ser declaradas por los Tribunales Eclesiásticos. Lo que sucede es que muchos de estos fieles no acuden a buscar un posible proceso de nulidad o un posible proceso de disolución, porque los desconocen o sienten temor y desconfianza. Si tan injusto es declarar un matrimonio nulo cuando no lo es, más injusto todavía es mantener como aparentemente válido un matrimonio que es nulo en su origen, porque los fieles implicados no han acudido a un proceso canónico de nulidad matrimonial, pudiendo y debiendo hacerlo.

Como punto final diría que hay que seguir confiando, puesto que la Santa Sede sigue trabajando intensamente en la solución a este problema a través de la pastoral específica, analizando todas las inquietudes y preguntas ya expuestas y otras tantas y tan importantes como las que ya manifestó el Papa Benedicto XVI en el encuentro informal que se celebró el día 25 de julio del año 2005, en la iglesia de Introd de la Diócesis de Aosta, que ya fueron expuestas al final del punto 1 de este artículo.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

¿Da igual casarse que no casarse?

viernes, 23 septiembre 2011

logo aragon radio - ¿Da igual casarse que no casarse?Hace pocos días me hicieron una entrevista en directo en el magazine diario de las mañanas “Cada día más” de la emisora “Aragón Radio”, en el que me preguntaban “si daba lo mismo casarse que irse a vivir juntos en unión de hecho”. La cuestión la planteaban argumentando que actualmente hay demasiados divorcios en España, son tantos que -según las estadísticas del año 2010- en nuestro país hubo un número más elevado de divorcios que de matrimonios. Uno de los contertulios, un sociólogo que también fue invitado a participar en dicho programa de radio, aducía que ahora las mujeres optan más por la unión libre, dada su independencia económica y que los hijos son iguales ante la ley, sin importar que nazcan dentro de un matrimonio o dentro de una unión de hecho.

Se afirmaba también que las parejas buscan más las uniones de hecho para “huir de los papeleos”. Y que por todo ello podría pensarse que actualmente el matrimonio está en crisis.

Teniendo en cuenta mi experiencia en temas de derecho matrimonial y de familia, tanto en el área del derecho civil como del derecho canónico, manifestaba en este programa lo que personalmente creo y es que el matrimonio no está en crisis, aunque sea cierto que últimamente han aumentado considerablemente los divorcios y las uniones de hecho. Como prueba de que el matrimonio no está en crisis, tenemos las innumerables listas de espera que hay en las Iglesias y en los Juzgados por el elevado número de parejas que desean casarse, ya sea por lo católico o por lo civil, las cuales deben esperar un promedio de uno a dos años para poder contraer nupcias.

Sinceramente considero que lo que está en crisis es una visión optimista acerca del amor y del matrimonio, ya que existe un gran temor a las dificultades propias de la convivencia matrimonial. Algunas personas piensan que la estabilidad y la permanencia de la vida matrimonial es una utopía; otros creen que hay más libertad para vivir en “unión libre” o en unión de hecho que en matrimonio. ¡Y nada más lejos de la realidad! Para casarse también se necesita libertad, además de madurez, porque con libertad y madurez dos personas que se aman pueden entregarse y aceptarse  mutua y recíprocamente en matrimonio.

Casarse supone asumir juntos un futuro impredecible e imprevisible porque el matrimonio es un proyecto de vida en común a largo plazo. Un matrimonio estable funda un hogar estable en el que se pueden “echar raíces”. El hogar está hecho a la medida del amor humano, por eso el hogar como el amor, es un proyecto a largo plazo. El amor no es la suma de dos egoísmos, ni la relación entre dos, sino una actitud amorosa de darse mutuamente sin intereses personales, de una manera permanente, sin la temporalidad del “mientras tanto”. Un hogar no se logra mientras esté sujeto a caducidad temporal, porque precisamente el hogar nace cuando la persona se estabiliza y fija su vida y sus metas. Cuando fijamos nuestra permanencia, nuestro afincamiento, nuestro asiento es porque hemos constituido un hogar. Podría decirse que el hogar es un proyecto interminable.

Es verdad que hay parejas en unión de hecho que son estables y permanentes y que fundan hogares estables y permanentes. Conozco varias parejas de hecho que llevan más de 25 años de convivencia, que no se han casado ni piensan hacerlo y que ya tienen hasta nietos, a pesar de que todavía son jóvenes. Conozco también otras parejas en unión de hecho, que después de muchos años de convivencia, deciden casarse. En general, las parejas que inicialmente deciden vivir juntas, tienen en mente casarse si después de unos años “funcionan como pareja”; es decir, en la mayoría de los casos, el matrimonio es la meta después de conocerse a fondo.

También es verdad que el matrimonio no es la “garantía” de que una pareja va a permanecer mucho tiempo junta. Hay matrimonios que a los 6 meses de casados, se divorcian. Pero también hay muchísimos matrimonios que “duran toda la vida”. En el fondo de los corazones de dos personas que se aman verdaderamente y deciden unirse para vivir juntas, late el deseo de buscar el “bien de los dos”, de permanecer en el tiempo y de superar unidos todas las difultades. Y así es, ya que el amor real tiene vocación de permanencia y de estabilidad.

Evidentemente, la manera de convivir en pareja es una cuestión de actitud, de libertad, de convicción personal y no de “sistemas legales” o formales, porque no son los sistemas legales ni los ordenamientos jurídicos los que crean las familias, ni los que crean los matrimonios ni las uniones de hecho, sino que son las personas las que deciden libremente casarse o vivir en unión de hecho sin casarse. En todo caso, lo que debe hacer el sistema legal es regular esas  formas de convivencia en pareja, ya sean en matrimonio o en uniones de hecho, según decidan los enamorados. Y por esto digo que lo que está en crisis no es la “institución del matrimonio” sino la actitud optimista acerca del amor y de la convivencia estable y libre en pareja.

Hay un cierto pesimismo y temor al compromiso estable, ya sea matrimonial o en unión de hecho. Y reitero nuevamente que no es la “opción” del matrimonio o de la unión de hecho (o sea, un “sistema legal”) la garantía de esa decisión permanente y firme de conviviencia, sino que la grantía está en la actitud consciente y libre de querer hacerlo y de estar convencidos de poder hacerlo. Y hay que afirmar que sí es posible, por amor y en libertad, fundar familias y hogares estables, ya sea en matrimonio o en unión de hecho.

Sin embargo, no es lo mismo casarse que no casarse o, dicho de otra manera, desde un punto de vista legal, no es igual el matrimonio a la unión de hecho, así esta unión sea la de una pareja estable que lleve muchos años de convivencia. Y así lo viene sosteniendo de manera reiterada el Tribunal Supremo, quien declara desde hace tiempo y a través de sus sentencias que entre el matrimonio y la pareja de hecho no existe una relación de analogía y que aunque estas uniones de hecho gocen de un reconocimiento social no son equivalentes al matrimonio, por lo que no cabe transponer el régimen jurídico de éste en aspectos tales como, por ejemplo, el régimen económico matrimonial en las parejas no casadas. La unión de hecho es una situación NO equiparable al matrimonio, aunque ciertamente ambas instituciones se encuentran en el ámbito del derecho de familia.

Que las uniones de hecho no son lo mismo que el matrimonio lo saben muy bien las parejas homosexuales, quienes no se han conformado con que sus uniones se queden jurídicamente reconocidas tan sólo como uniones de hecho, sino que han luchado hasta conseguirlo ya en algunos países, que se les reconozca legalmente su derecho a casarse, es decir, a contraer matrimonio y no a ser simplemente parejas de hecho. ¿Por qué? Porque saben que el matrimonio “implica” más que la mera convivencia de hecho, tiene mayor trascendencia y reconocimiento socio-jurídico, porque el matrimonio origina un estado civil, el de “casado/a”, y porque el matrimonio crea una identidad familiar que es la de ser “esposo o esposa” o “cónyuges”.

Sabemos que los cónyuges son los primeros parientes, porque la relación conyugal tiene un carácter familiar que se adquiere desde el momento en que los esposos se intercambian el consentimiento matrimonial, cuando se dicen libremente y por amor, durante la ceremonia nupcial, “si quiero entregarme a ti como esposo/a”.

El matrimonio también crea unas relaciones de parentesco por afinidad entre los parientes consanguíneos de los cónyuges, quienes, precisamente por ser cónyuges, hacen que surjan las relaciones familiares entre los suegros con sus yernos y sus nueras, entre cuñados, etc.

Obviamente, el actual sistema legal sobre el matrimonio es totalmente opuesto respecto del matrimonio civil y del matrimonio canónico. El matrimonio civil en España permite el divorcio a los 3 meses de casados, permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, lo cual no está permitido en el matrimonio católico, porque el matrimonio católico es indisoluble y sólo puede contraerse entre un hombre y una mujer.  Muchos expertos juristas en derecho matrimonial, consideran que el matrimonio civil en España es un sistema “creado por la ley” o una “ficción legal” que desvirtúa el verdadero y auténtico concepto del matrimonio y del consentimiento matrimonial.

Y por esto, tampoco es igual casarse por lo católico que por lo civil en España, y los que se casan eligiendo alguna de estas dos formas, generalmente lo hacen por convicción personal y/o religiosa, sabiendo que el matrimonio canónico conlleva una visión trascendente del vínculo matrimonial, que va más allá de un formalismo meramente legal.

En cuanto a las uniones de hecho, también su regulación es muy diversa según se aplique el código civil español o la legislación propia de algunas Comunidades Autónomas que tienen derecho foral propio. Tampoco es lo mismo una unión de hecho “registrada” a una unión de hecho “no registrada”. Pero lo cierto es que las uniones de hecho están tan extensamente legisladas que, a veces, terminan pareciéndose a un “cuasi-matrimonio civil”. Tanto es así, que si una pareja elige la unión de hecho para “huir de los papeleos”, lo tiene muy mal porque no puede evitarlos si quiere demostrar que vive en unión de hecho, lo mismo que si quieren terminarla o demostrar que la han terminado.

Entonces, tenemos que no es igual casarse a no casarse. Y que no es lo mismo casarse por lo católico, que casarse por lo civil, que vivir en unión de hecho registrada o no registrada. ¿Qué hace la diferencia? ¡No es el sistema legal! La diferencia la hacen las dos personas que se aman y deciden cómo van a vivir su unión. Es la decisión personal sincera, libre y verdadera de cómo asumir a su pareja; decisión que necesariamente conlleva la dimensión temporal de vivir de manera estable y permanente o sólo “mientras tanto”. Es una decisión de dos, donde no sólo cuenta cómo quiero yo asumir a mi pareja sino, sobre todo, cómo quiero yo que me asuma mi pareja a mí. Es lo que marca el grado de compromiso.

Y de acuerdo con ese grado de compromiso personal y de pareja se toma la decisión de casarse o no casarse. Lo importante es ser coherente con la decisión y el compromiso adquirido. Creo que nadie se casa pensando en divorciarse. Pero si alguien se casa por lo civil, sabe que el divorcio express lo puede obtener a los 3 meses de casados (o menos tiempo, si hay violencia de género), y con el divorcio ya queda libre de ese vínculo matrimonial civil. Mientras que si se casa por lo católico, sabe que ese matrimonio es indisoluble y que en la Iglesia, al no existir el divorcio, sólo se podrá quedar libre de ese vínculo matrimonial católico, si se declara la nulidad matrimonial, siempre y cuando existan causales de nulidad matrimonial. Es verdad que se puede obtener el “divorcio civil” de un matrimonio canónico en la jurisdicción civil, pero este divorcio no libera el vínculo matrimonial canónico, por lo que nadie puede volver a casarse por lo católico mientras éste permanezca, aunque sí puede volver a casarse por lo civil, pero con consecuencias canónicas como la de no poder comulgar: ésta es la difícil situación de los divorciados católicos vueltos a casar por lo civil.

Como conclusión, podemos entender que existe libertad para vivir en pareja estando casados o no casados; y que existe también libertad para divorciarse si hay matrimonio o para romper la convivencia si hay unión de hecho. Pero, sin duda, hay un mayor grado de libertad, de amor y de compromiso personal para convivir de manera estable y permanente, ya sea en matrimonio canónico, matrimonio civil o en unión de hecho, porque la pareja así lo ha decidido y lo cree posible. Y sólo el transcurso del tiempo, “hasta que la muerte nos separe” certifica la veracidad de ese auténtico compromiso amoroso, ya sea matrimonial o en unión de hecho. Y muchísimas parejas “duraderas”, ya sean casadas o en unión de hecho, pueden certificar con sus vidas comprometidas la permanencia de su entrega por amor.

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Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

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