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Supuestos de disolución matrimonial en el Derecho Canónico

viernes, 27 mayo 2011

La indisolubilidad del matrimonio (perpetuidad) es una de las propiedades esenciales del matrimonio, junto con la unidad (un hombre con una mujer), lo que impide la bigamia (tener dos matrimonios al mismo tiempo), la poligamia (un hombre que tiene varias esposas) o la poliandria (una mujer que tiene varios esposos). La Iglesia no acepta el divorcio ni el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni la bigamia, ni la poligamia, ni la poliandria.

El derecho canónico refuerza jurídicamente la indisolubilidad del matrimonio, mediante el impedimento de vínculo o ligamen, de modo que es nulo el matrimonio contraído subsistiendo un vínculo matrimonial anterior (bigamia). El canon 1085 § 1, dice que atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado.

En virtud de la propiedad esencial de la indisolubilidad y del impedimento de vínculo, los contrayentes adquieren un compromiso para toda la vida, compromiso que ninguna autoridad puede disolver; el matrimonio católico «no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa, fuera de la muerte» (canon 1141). No obstante, como enseña la Iglesia, la propiedad esencial de la indisolubilidad se refiere a todos los matrimonios, también a los matrimonios celebrados entre no cristianos.

El divorcio es la negación de la indisolubilidad, ya que el divorcio disuelve el matrimonio por la simple voluntad de uno de los esposos, o de los dos esposos, decidiendo poner fin al matrimonio, independientemente de que haya sido contraído válidamente.

El matrimonio católico válidamente contraído (matrimonio RATO), una vez consumado (es decir, que se ha realizado a modo humano el acto conyugal o acto sexual), no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni siquiera por el Papa. Los contrayentes, en el momento de contraer el matrimonio católico, deben tener plena capacidad y libre consentimiento para hacerlo y, además,  deben consumarlo una vez contraido para que sea indisoluble.

Sin embargo, la Iglesia reconoce su propia potestad para disolver el matrimonio en el caso del matrimonio rato pero que no ha sido consumado. Se trata de un matrimonio católico válidamente celebrado entre personas bautizadas, o al menos una de ellas, pero en el que los cónyuges no han realizado el acto conyugal.

Existen otros casos excepcionales reconocidos en la iglesia, en las que un matrimonio sí puede ser disuelto: es el llamado privilegio de la fe (privilegio paulino y privilegio petrino). El privilegio de la fe solo se aplica a los matrimonios entre personas no bautizadas, en las que una de ellas posteriormente se bautiza en la iglesia católica.

1. El privilegio paulino es la disolución de un vínculo natural del matrimonio entre partes no bautizadas. Surge cuando una de las partes se bautiza mientras que la otra no está dispuesta a aceptar pacíficamente la situación; la parte bautizada puede entonces contraer nuevo matrimonio. El nuevo matrimonio disuelve el antiguo. El privilegio paulino se contempla en los cánones 1143 a 1147 del Código de Derecho Canónico.

Hay cuatro condiciones para que pueda aplicarse el privilegio paulino: un matrimonio válido previo entre dos personas no bautizadas; la conversión y el bautismo (en la Iglesia católica) de uno de los cónyuges; la oposición y el distanciamiento físico o moral del cónyuge no bautizado; la interpelación de la parte no bautizada.

Para su validez se requiere que la parte no bautizada sea interrogada acerca de los siguientes puntos: si desea recibir el bautismo; si quiere por lo menos cohabitar pacíficamente con la parte bautizada, sin ofensa (contumelia) del Creador. La respuesta negativa a estas preguntas confirma la separación de la parte no bautizada y confiere validez al segundo matrimonio.

El ejercicio del privilegio paulino no supone anulación, ya que no hay intervención directa por parte de la Iglesia. Si la parte bautizada es católica, ésta puede valerse del privilegio paulino para casarse con un católico, o un no católico, bautizado o no, de acuerdo con los cánones 1124 a1 129 sobre los matrimonios mixtos; en tales casos es necesario el permiso del Ordinario del lugar (canon 1147).

Tenemos entonces, que por el privilegio paulino, cuando un cónyuge se bautiza y el otro no consiente en convivir respetando las exigencias de la fe de la otra parte, el cónyuge bautizado puede contraer nuevo matrimonio y el anterior queda, ipso facto, disuelto.

2. El privilegio petrino se aplica a los casos de poligamia o poliandria, cuando la persona implicada se bautiza: aunque tendría que permanecer sólo con el primer cónyuge, si esto le resulta duro, se le permite casarse con otro, y el primer matrimonio (único válido) queda disuelto.

El privilegio petrino es un concepto sumamente complejo y su aplicación es muy variada, como puede verse en los cánones 1148 y 1149 del Código de Derecho Canónico. Se va desde la dispensa respecto a las interpelaciones en caso de imposibilidad de hacerlas hasta la posibilidad de decidir, por parte del que se convierte a la fe, a qué persona escoger como cónyuge en el caso de un matrimonio polígamo preexistente.

El privilegio petrino se refiere a matrimonios polígamos entre no bautizados (ya sea entre un hombre con varias mujeres o una mujer con varios hombres) en los que la parte implicada se bautiza y debe escoger a uno sólo de sus cónyuges. Esto nos lleva a deducir que el matrimonio de los infieles no resulta absolutamente indisoluble frente a la potestad vicaria del Papa.

El privilegio petrino se diferencia del privilegio paulino en que el primero conlleva un acto de ejercicio de la autoridad suprema del Papa.

3. El canon 1142 señala que el Romano Pontífice puede conceder la gracia de disolver el matrimonio rato, si no ha sido consumado. Puede verse que la sacramentalidad y la consumación refuerzan la indisolubilidad del matrimonio. El Código de Derecho Canónico, en su canon 1056, dice que las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento.

Los únicos matrimonios que no pueden disolverse son los matrimonios válidos consumados entre dos cristianos o uno de ellos (matrimonios ratos y consumados). Ahora bien, la no consumación justifica la posibilidad de disolver el matrimonio rato en la iglesia católica, como una potestad del Sumo Pontífice. Los cánones 1697 y siguientes regulan el modo de pedir esta gracia. La disolución del matrimonio rato no consumado, se conoce como dispensa comúnmente llamada dispensa super rato. Se trata de una dispensa que actúa por vía de gracia y no de justicia, pudiéndose negar el Romano Pontífice a su concesión, incluso siendo ciertos los fundamentos alegados.

No es muy exacto calificar este supuesto como dispensa, tal y como se encuentra definida en los cánones 85 a 93 del Código de Derecho Canónico, puesto que la dispensa se predica de un impedimento matrimonial, siendo una figura jurídico-canónica en la que se exime de una norma canónica a un caso particular, sin que esto suponga derogarla.

La disolución del matrimonio rato y no consumado puede aplicarse tanto al matrimonio entre bautizados, como al matrimonio entre parte bautizada y parte no bautizada. El canon 1142 afirma que  el matrimonio no consumado entre bautizados, o entre parte bautizada y parte no bautizada, puede ser disuelto por el Romano Pontífice, a petición de ambas partes o de una de ellas, aunque la otra se oponga.

Deben cumplirse cuatro requisitos: 1. Matrimonio válido. 2. El bautismo de, al menos, uno de los cónyuges. 3. La inconsumación del matrimonio. 4. La justa causa.

El matrimonio estará consumado si se ha producido la cópula conyugal desde el momento de su válida celebración. La cópula que implica la consumación del matrimonio, consiste en la realización de modo humano del acto conyugal apto de por sí para engendrar prole. La justa causa queda recogida en los cánones 1142 y 1698.

Por último, no deben confundirse estos supuestos disolución del matrimonio, con las causas de nulidad del matrimonio canónico. Con la disolución se «disuelve» el matrimonio, independientemente de que éste sea válido o no lo sea. Con la nulidad se «declara» que un matrimonio ha sido contraido inválidamente, mediante una sentencia judicial de nulidad. Los Tribunales Ecelsiásticos no es que anulen el matrimonio, sino que certifican que ya lo es desde que se contrajo, previo un proceso canónico de nulidad matrimonial

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

No es lo mismo separación, divorcio y nulidad matrimonial

lunes, 2 mayo 2011

Algunas veces, realmente pocas, suelen llegar a mi Despacho personas pidiendo la separación, cuando en realidad lo que quieren es divorciarse; o solicitando el divorcio, cuando lo que desean es la nulidad matrimonial; o pretendiendo el divorcio, cuando tan solo desean separarse. Otras veces utilizan indistintamente estos términos, pensando que significan lo mismo.

Es cuando debo explicarles las diferencias entre separación, divorcio y nulidad matrimonial. Para los Abogados de Familia son obvias estas diferencias, pero algunas personas no lo tienen tan claro, lo cual tampoco debe sorprendernos, puesto que estos temas no pertenecen a la vida ordinaria de las personas, ni todos los matrimonios tienen que enfrentarse a estas realidades jurídicas.

Antes del año 2005, en España era necesario separarse previamente para poder divorciarse. Con la entrada en vigor de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se puede demandar directamente el divorcio si han transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. No será necesario que hayan transcurrido los tres meses cuando se acredite que existe un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge que solicita el divorcio, de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

La principal diferencia entre la separación y el divorcio, es que con la separación no se disuelve el vínculo matrimonial, sino que el matrimonio permanece, sigue vigente; por lo tanto, no puede volverse a contraer un nuevo matrimonio con una tercera persona, mientras el vínculo matrimonial no se disuelva. La sentencia de separación matrimonial suspende la vida en común de los casados.

La separación puede ser de hecho o de derecho. Es de derecho, cuando se solicita judicialmente; es de hecho si se produce por mutuo acuerdo o de forma unilateral, sin intervención judicial, abandonando uno de los esposos la vivienda familiar (es la comúnmente llamada separación de cuerpos).

En caso de separación, es recomendable separarse judicialmente para que puedan definirse aspectos tan importantes como los referentes a los hijos (guarda y custodia, pensión de alimentos, etc.) o los referentes a las relaciones patrimoniales (régimen económico matrimonial, liquidación del régimen económico matrimonial, etc.). En todo caso, si deciden separarse de hecho, es conveniente formalizar mediante acta notarial las relaciones paterno-filiales y patrimoniales.

La sentencia de divorcio, en cambio, sí disuelve o rompe el vínculo matrimonial, por lo que, una vez divorciados, los cónyuges pueden volver a contraer un nuevo  matrimonio civil. Pero si el matrimonio se celebró por la Iglesia católica, el divorcio no permite contraer un nuevo matrimonio canónico hasta que los Tribunales Eclesiásticos competentes no declaren judicialmente la nulidad del matrimonio católico, tras un exigente proceso judicial, en el que se examina cuidadosamente si concurren algunas de las causas de nulidad matrimonial canónica.

Los Tribunales Civiles también pueden declarar la nulidad de un matrimonio civil, si existen las causales de nulidad matrimonial civil, señaladas en el artículo 73 del Código Civil español. La sentencia de nulidad, tanto eclesiástica para el matrimonio católico, como civil para el matrimonio civil, lo que hace es declarar la inexistencia del matrimonio, es decir, que no hubo matrimonio, que éste no nació a la vida jurídica, aunque sí generó efectos jurídicos (por ejemplo, respecto a la filiación matrimonial de los hijos, el régimen económico matrimonial, etc.).

La nulidad, a diferencia del divorcio, declara la inexistencia del matrimonio porque se contrajo inválidamente. El divorcio, en cambio, disuelve el matrimonio, lo rompe sin importar que haya sido válido o haya sido nulo.

Tenemos, entonces, que la separación matrimonial ni disuelve ni anula el matrimonio, éste sigue existiendo y los cónyuges siguen siendo cónyuges, es decir, permanecen casados y, por lo tanto, no pueden casarse nuevamente con otra persona. El divorcio sí disuelve el matrimonio, éste deja de existir, así el matrimonio haya sido contraído válidamente y los ex cónyuges pueden volver a casarse por lo civil con otra persona. La nulidad declara que ese matrimonio no tuvo validez, que no existe, pero sí se desplegaron todos los efectos jurídicos del matrimonio relativos a los hijos habidos en el matrimonio y al régimen económico matrimonial; una vez declarada judicialmente la nulidad matrimonial, los cónyuges quedan sin vínculo matrimonial y pueden volver a contraer nuevas nupcias.

Con la separación cesan algunos deberes conyugales, como el deber de vivir juntos, y cesan algunas presunciones legales, como la presunción de paternidad respecto a los hijos concebidos por la esposa en el periodo en que la separación sea ya efectiva.  Si los esposos se reconcilian, pueden volver a vivir juntos en matrimonio, comunicándolo al Juez si la separación no es de hecho sino judicial. Pero si están divorciados y los ex se reconcilian, deben contraer nuevo matrimonio civil, porque éste fue disuelto.

Tanto la ley civil como la ley canónica autorizan la separación de los esposos. Igualmente, también la ley canónica (para el matrimonio canónico) y la ley civil (para el matrimonio civil) admiten y reconocen que puede haber causas de nulidad que permitan declarar que un matrimonio es nulo. Mientras que en la Iglesia católica el matrimonio es indisoluble y por esto no admite el divorcio (salvo el privilegio de la fe y el matrimonio rato no consumado).

Las causas de nulidad matrimonial tienen que existir antes de contraerse el matrimonio o deben darse en el mismo momento contraerlo. No deben ser posteriores a la celebración del matrimonio válidamente contraído. Es por esto que en caso de nulidad matrimonial, no es que la jurisdicción eclesiástica o la jurisdicción civil, “anulen el matrimonio” o lo “hagan nulo”, sino lo que hacen es “declarar la nulidad pre-existente” del mismo, una vez la hayan constatado (porque la presunción de validez admite que “todo es matrimonio es válido, mientras no se demuestre lo contrario”).

Las causales de nulidad tanto del matrimonio civil como del matrimonio católico, están taxativamente señaladas por las legislaciones respectivas y ambas admiten la dispensa de las mismas, así como su convalidación y sanación en la raíz.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Aragón ya tiene su propio Código Civil

miércoles, 30 marzo 2011

En el día de ayer se publicó el “Código del Derecho Foral de Aragón” (Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón), que recopila nuestras propias “Leyes Civiles Aragonesas”:

1) El Título preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.

2) La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.

3) La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.

4) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.

5) La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.

6) La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.

7) La propia Ley de Derecho civil patrimonial.

La publicación del “Código del Derecho Foral de Aragón”, puede verse en el Boletín Oficial de Aragón (B.O.A.) número 63 de 29/03/2011.

Se cierra así un ciclo de más de diez años que abrió la Ley de sucesiones por causa de muerte en 1999 y se culmina la reformulación legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. El Derecho civil aragonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adaptado a las nuevas necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del siglo XXI y ha adquirido mayor presencia en nuestra sociedad.

Aprobada la Ley de Mediación Familiar Aragonesa

lunes, 28 marzo 2011

El pasado 24 de marzo, el Pleno de las Cortes de Aragón, aprobó la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad Autónoma, que la regula como un servicio social especializado para facilitar la resolución de conflictos en la unidad familiar.

Sus principales impulsores sostienen que la mediación familiar es un sistema alternativo al judicial para encontrar decisiones favorables entre las partes en litigio y facilitar el cumplimiento de sus acuerdos, ayudando así a todos los miembros de la unidad familiar, especialmente a los más desfavorecidos. Esta mediación, no sólo será aplicable para los casos de rupturas de parejas, sino para cualquier otro tipo de conflicto familiar.

La ley regula la mediación familiar como servicio social especializado, en el que los mediadores serán designados por la Comunidad Autónoma, lo que no significa que no pueda llevarse a cabo ninguna otra mediación.

Un número bastante elevado de los legisladores que la aprobaron consideran que la mediación debe extenderse al derecho privado, como un procedimiento extrajudicial y voluntario, y no sólo la que presta el servicio de mediación del Gobierno, sino también la que pudieran prestar entidades locales, asociaciones, colegios profesionales o profesionales liberales.

En este punto estoy totalmente de acuerdo, y espero que el texto definitivo así lo contemple, puesto que considero que una de estas profesiones liberales es la del Abogado(a) en ejercicio. Desde mi punto de vista personal, y dada mi experiencia profesional como Abogada de familia durante más de quince años, estoy convencida de que el mediador familiar por antonomasia es el Abogado de Derecho de Familia. Nuestros Despachos son los primeros y principales lugares de mediación familiar, porque es en ellos donde ponemos todos nuestros esfuerzos, conocimientos y experiencia para conseguir el mutuo acuerdo entre nuestros clientes implicados en conflictos familiares.

Llámese «convenio regulador» (según el código civil español), o «pacto de relaciones familiares» (Aragón), o «plan de parentalidad» (Cataluña), o «pacto de convivencia familiar» (Valencia), éstos son acuerdos voluntarios y mutuamente satisfactorios, logrados exitosamente a través de la imprescindible asesoría legal que estos temas jurídicos de familia requieren, con ese «plus» que sólo podemos aportarle los Abogados de familia, que es el de que esos acuerdos puedan ser eficazmente presentados ante los Juzgados de familia, mediante una demanda de mutuo acuerdo, para su respectiva aprobación judicial. Es decir, que tenemos la enorme ventaja de ser, a la misma vez, Abogados y mediadores de familia.

Nadie puede negar esta realidad, como tampoco nadie puede negar la numerosa existencia y aumento de demandas de divorcios y separaciones de mutuo acuerdo conseguidas en los Juzgados de Familia, a través de nuestro eficaz ejercicio profesional como Abogados- mediadores. Es evidente que todos los que tenemos un Despacho de derecho de familia, tocamos a diario la «fibra humana» de nuestos clientes, quienes nos confian de manera admirable sus preocupaciones y sentimientos más íntimos, en busca de una solución jurídica favorable a sus problemas. Por eso, la gran mayoría de Abogados de Familia, también somos expertos en humanidad.

Una vez se publique la Ley de Mediación Familiar en el BOA, conoceremos el texto definitivo aprobado. Mientras tanto, puede verse el texto del Proyecto de ley de Mediación Familiar en Aragón y las Enmiendas presentadas a este proyecto de ley por los disitintos grupos parlamentarios.

Por último, nos viene bien recordar las palabras de Leonard Marlow, prestigioso Abogado matrimonialista de los EE.UU. y experto en mediación familiar, quien define la mediación como “un proceso  imperfecto  donde una tercera persona imperfecta trata de ayudar a personas imperfectas a alcanzar soluciones imperfectas  en un mundo imperfecto” .

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

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