Entradas de la categoría ‘Divorcio’

Las Cortes Valencianas aprueban la guarda y custodia compartida

viernes, 25 marzo 2011

En el día de ayer, las Cortes Valencianas aprobaron la ley de la guarda y custodia compartida, llamada «Ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven».

Con ésta, ya son tres las Comunidades Autónomas que tienen una ley con la opción preferente de custodia compartida: Aragón, Cataluña y Valencia, cada una con sus propias especificidades, porque tienen un derecho foral propio que les permite legislar de manera autonómica en torno a estas realidades familiares y sociales.

Recordemos que el pasado jueves 10 de marzo, en el Parlamento de Navarra fue aprobada también una Ley Foral sobre custodia de los hijos en el supuesto de ruptura de la convivencia de sus padres. Previamente, el Consejo de Navarra había dictaminado que la Comunidad Foral de Navarra es competente para legislar respecto a una proposición de Ley Foral sobre custodia compartida.

Con la nueva ley valenciana de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores ya no conviven, porque los padres se divorcian o se separan, habiendo estado unidos anteriormente en matrimonio o en pareja de hecho, y no pueden ponerse de acuerdo para alcanzar un pacto de relaciones familiares acerca de sus hijos, que debe ser judicialmente aprobado, el principio general será el de la custodia compartida.

La ley también prevé la situación de otros parientes afectados por la situación de crisis familiar, como los abuelos, quienes tienen derecho a mantener las relaciones familiares con sus nietos.

Aunque el juez podrá decidir discrecionalmente la custodia individual, según las circunstancias de cada caso.

Cuando se fije un régimen de custodia compartida, mediante ese «pacto de convivencia familiar», prevalecerá el interés del menor en la asignación de la vivienda y se atenderán los intereses del cónyuge que más dificultades tenga para encontrar una nueva vivienda después de la ruptura, siempre y cuando este interés sea compatible con el del menor.

Ley Valenciana 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Eficacia Civil de las Sentencias Eclesiásticas Matrimoniales

jueves, 23 septiembre 2010

El reconocimiento de la eficacia civil de las sentencias matrimoniales de los Tribunales Eclesiásticos por parte del Estado Español no es automático. El artículo 80 del Código Civil español, dice que “las resoluciones dictadas por los Tribunales Eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Este reconocimiento tiene como base el Acuerdo firmado entre la Santa Sede y el Estado Español, fechado el 3 de enero de1979, sobre Asuntos Jurídicos (artículo VI, Nº2), que dice que “los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal civil competente”.

¿Qué significa que la Sentencia de nulidad matrimonial canónica deba declararse ajustada al Derecho del Estado para que pueda hacerse ese reconocimiento con eficacia civil? El Juez civil no tiene como labor en ese reconocimiento revisar el fondo de la sentencia canónica, sino determinar que no sea contraria ni atente contra el orden público del Estado español. Tampoco se trata de que deba darse una exactitud en las causas de nulidad matrimonial canónica y civil (porque de hecho éstas son muy distintas por tratarse de sistemas legales matrimoniales contrarios: el civil divorcista y homosexual y el canónico antidivorcista y heterosexual).

Son varias las Sentencias de la Sala Civil del Tribunal Supremo que confirman la eficacia civil de las Sentencias eclesiásticas de nulidad matrimonial; sólo como ejemplo cito, entre muchas otras, la STS 1711/2001, Ponente JOSE ALMAGRO NOSETE , Nº Recurso 584/1996,  con fecha 05/03/2001; la STS 1842/2001, Ponente JOSE RAMON VAZQUEZ SANDES,  Nº Recurso 487/1996 , con fecha 08/03/2001;  la STS 1821/2005, Ponente IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA, Nº Recurso 132/2002 , con fecha 23/03/2005; y la STS 8256/2007, Ponente JUAN ANTONIO XIOL RIOS, Nº Recurso 132/2007, con fecha 24/10/2007.

Los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regulan el exequatur; el art. 954 dice que “las ejecutorias tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes: 1. Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal; 2. Que no haya sido dictada en rebeldía; 3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España. 4. Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España”.

Algunos consideran que el reconocimiento de la eficacia civil de las Sentencias canónicas marimoniales debe calificarse analógicamente como un exequátur u homologación. Otros consideran que el exequátur no es una apreciación exacta, puesto que éste se refiere a Sentencias extranjeras que provienen de otros países, lo cual no sería acertado cuando la nulidad ha sido declarada firme por un Tribunal Eclesiástico de España.

Además, cabe destacar que el sistema matrimonial canónico tiene una evidente posición jurídica en el ordenamiento jurídico español, no sólo en el marco de la Constitución Española sobre el derecho fundamental al matrimonio (artículo 32), los principios de libertad e igualdad religiosa, laicidad del Estado y cooperación con las confesiones (artìculos 14 y 16). El régimen jurídico del matrimonio canónico en España también está contenido en el Acuerdo sobre asuntos jurídicos de 3 de enero 1979 (artículo 6 y el Protocolo final) y en el Derecho Concordatario (Concordato entre la Santa Sede y España de 1953).

Hay que recordar también que la eficacia civil de una sentencia canónica de nulidad matrimonial se fundamenta en la aconfesionalidad del Estado español.

Tampoco debe olvidarse que la esencia del reconocimiento de la eficacia civil de las resoluciones canónicas matrimoniales es el hecho de que el matrimonio canónico no puede considerarse simplemente como una mera forma o un rito más, ya que lo que verdaderamente produce efectos civiles no es «una forma canónica de celebración», sino el matrimonio canónico celebrado según un sistema legal diferente al sistema legal del matrimonio civil.

El Juez civil deberá rechazar la homologación o exquátur cuando la Sentencia canónica o el procedimiento efectuado atenten contra el derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que prohibe la indefensión de las personas : 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de Letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

En este sentido, es necesario diferenciar entre la indefensión y la rebeldía procesal voluntaria. En realidad, no es extraño que en los procesos de nulidad matrimonial canónica, en algunas ocasiones la parte demandada asume una posición pasiva, es decir, no asiste a las citaciones que le hace el Tribunal Eclesiástico ni responde a los requerimientos y escritos notificados debidamente, recayendo así en una posición de rebeldía procesal voluntaria que no impide que el proceso canónico de nulidad matrimonial siga adelante hasta su culminación.

Por último, decir que en los casos de nulidad matrimonial canónica, es muy frecuente en España, que las personas antes de acudir a los Tribunales Eclesiásticos solicitando la declaración de nulidad de su matrimonio católico, ya han demandado y obtenido previamente ante los Tribunales Civiles de Familia el divorcio civil de ese mismo matrimonio, con lo que de esta manera se evitan el proceso posterior de reconocimiento de la eficacia civil de las sentencias eclesiásticas positivas de nulidad matrimonial, ante la jurisdicción civil de familia.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El aumento de divorcios después de las vacaciones

viernes, 6 agosto 2010

Pareciera un tópico afirmar que en España se incrementan los divorcios al terminar los períodos vacacionales del verano, la Semana Santa o las Navidades. Pero los Abogados de Familia sabemos que es así y las estadísticas de los Tribunales también lo corroboran. ¿Por qué sucede esto?

Resulta curioso que, justamente, cuando la convivencia familiar se intensifica, sobrevienen los problemas. Esto no debería suceder, porque las vacaciones son el mejor momento para compartir, descansar, dialogar, comunicarse, interrelacionarse, conocerse más y expresarse mejor esos afectos familiares. Obviamente, las rupturas surgen en aquellas parejas que ya arrastran desde antes problemas de comunicación y diálogo.

La comunicación en el matrimonio y en la familia es esencial e indispensable siempre. Muchas parejas se quejan de que durante el año, por el trabajo y los horarios, no es fácil compartir y comunicarse. Y justo, cuando en vacaciones pueden hacerlo, no lo hacen o no saben hacerlo. Todos entendemos que conformar un verdadero hogar no es tarea fácil, ni es cosa de un sólo miembro de la familia; es tarea de todos ayudar a conseguir una buena convivencia matrimonial y familiar.

Es en la familia donde se da el mayor grado de solidaridad y de afecto desinteresado y esa solidaridad y afecto deben demostrarse en todo momento, más aún durante las vacaciones, cuando todos los miembros de la familia deben descansar y ayudarse entre sí a descansar. Si cada uno piensa sólo en su propio descanso y en sus propios intereses y gustos y se olvida de que cada uno es responsable de que descansen todos por igual, vienen las fricciones o se aumentan las que ya existen. Es normal que las desaveniencias existan durante todo el año, puesto que las discusiones y los conflictos familiares son normales, incluso, hasta necesarios.

 Encontrar la raíz del problema, es encontrar la verdadera solución. La raíz del problema es la falta de diálogo y para dialogar se necesita confianza. Diálogo y confianza se retroalimentan: si no hay diálogo no hay confianza y viceversa. Y para dialogar no es necesario estar de acuerdo, sino saber comunicar las diferencias de opiniones, de gustos, de preferencias y de pareceres para respetarlas e intentar llegar a un arreglo. Un matrimonio que no lo hace durante todo el año,  difícilmente lo hará en las vacaciones. Pero lo puede conseguir, si se dan cuenta de cuál es el problema y cuál es la solución.

El problema no son las vacaciones, sino la falta de comunicación. La solución no es el divorcio sino recomponer el diálogo, la sinceridad y el afecto. Pero, si se deja pasar mucho tiempo sin identificar el problema ni ponerle solución, a veces, ya no hay arreglo. 

En el periódico «El Heraldo de Aragón» del pasado domingo 1 de agosto, se publicó un extenso artículo sobre este tema, en el que fue consultado el Despacho de Derecho de Familia Alzate Monroy & Asociados.

Si desea leer el articulo_publicado en el Heraldo de Aragón.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El Parlamento de Cataluña aprueba la Guarda Compartida

miércoles, 14 julio 2010

El pleno del Parlamento de Cataluña aprobó hoy miércoles 14 de julio el proyecto de ley del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña sobre la persona y la familia, dando preferencia a la guarda compartida de los hijos en caso de separación o divorcio de los progenitores, sin perjuicio de que en determinadas situaciones, por interés del menor, se pueda atribuir la guarda a uno solo de los padres.

También establece la obligación de los padres de hacer saber al hijo adoptado que lo es antes de que cumpla los 12 años de edad, reconociendo el derecho de los hijos adoptados de ser informados de su origen. A partir de la mayoría de edad, los hijos adoptivos podrán «ejercer las acciones que conduzcan a averiguar la identidad de sus progenitores biológicos, lo cual no afecta la filiación adoptiva».

Con estas reformas se intenta adaptar la legislación actual a los cambios que se han producido en la sociedad sobre características de las familias actuales y los nuevos modelos familiares. «Hemos eliminado conscientemente el término visitas, no queremos ganadores ni perdedores, queremos niños atendidos por dos progenitores», ha apuntado la Consejera de Familia, quien afirma también que «se pretende regular los derechos de las personas que han cuidado a los hijos de su pareja y les otorga facultades para participar en los asuntos de la vida diaria».

La guarda compartida en Cataluña no será otorgada por defecto, habrá condicionantes, pero se elimina la normativa que permitía a un juez concederla de manera excepcional cuando uno de los padres la pidiese. La reforma, tras ser aprobada por el pleno de la cámara, entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

La nueva ley hace referencia a un Plan de Parentalidad que obliga a las parejas con hijos que se separen o divorcien a presentarlo, en el que deben figurar las propuestas de cada progenitor sobre la custodia de los hijos y su participación en su crianza y educación. En el texto se sustituye la denominación de custodia compartida por el de guarda compartida, junto al de potestad (o responsabilidad) parental compartida.

La guarda compartida queda condicionada en Cataluña a que los padres lleguen a ese acuerdo que se refleja en su respectivo “plan de parentalidad”, el cual debe existir previamente antes de la separación, para lo cual se valorará el tiempo dedicado a los hijos antes de la ruptura. Así se consigue que la separación «no altere las responsabilidades que corresponden a los progenitores hacia los hijos»; en consecuencia, estas responsabilidades mantienen su carácter compartido y, en la medida de lo posible, se tienen que ejercer conjuntamente, lo que no implica un reparto de la convivencia al 50%.

A falta de acuerdo o si éste no es aprobado, la autoridad judicial determinará la forma de ejercer la guarda y, aunque deja abierta la posibilidad de que el Juez reconozca el carácter conjunto de las responsabilidades parentales, también precisa que puede disponer que la guarda se ejerza de forma individual si esto es lo más adecuado para el interés del hijo o de los hijos.

La nueva ley rompe con la tendencia que automáticamente atribuía la vivienda familiar al cónyuge que asumía la custodia de los hijos, admitiendo excepciones si el beneficiario tiene medios económicos suficientes. También se incorpora el concepto de «progenitores» en lugar de «padres».

La Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, Capítulo III sobre los efectos de la nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación judicial (artículos 233-1 a 233-25) y en el Capítulo IV (artículos 234-1 a 234-14) respecto a la convivencia estable en pareja, contempla todo lo relativo a  la aprobación judicial de los pactos de parentalidad, responsabilidad parental, plan de parentalidad, guarda compartida, relaciones personales con los abuelos y los hermanos, prestación compensatoria, atribución o distribución del uso de la vivienda familiar, etc.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

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