Entradas de la categoría ‘Divorcio’

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Internacionales en España

domingo, 11 julio 2010

Para que una resolución judicial extranjera en materia matrimonial (llámese sentencia, auto, etc.) sea reconocida con efectos en España y pueda ejecutarse en nuestro país, debe ser homologada por el órgano jurisdiccional español competente (Exequátur). El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en España constituyen dos procedimientos separados, aunque se tramitan simultáneamente ante el mismo Juzgado de Primera Instancia.

Mediante el reconocimiento (Exequátur) se pretende que la sentencia extranjera produzca efectos en España. Mediante la ejecución se pide al juez que ordene el cumplimiento forzoso de la sentencia extranjera previamente reconocida. La ejecución de la sentencia extranjera en España es competencia exclusiva de los Tribunales españoles, concretamente de los del lugar donde se encuentra el ejecutado.

La sentencia extranjera cuyo reconocimiento se pretende en España debe ser firme, es decir, que ya no es susceptible de posterior recurso. El exequátur no se concederá si una de las partes no ha sido correctamente emplazada o por no haber tenido la oportunidad de defenderse. La rebeldía procesal voluntaria o por conveniencia no impedirá la concesión del exequátur. Actualmente esta condición se extiende al cumplimiento del principio procesal esencial de audiencia y al respeto del derecho de defensa de las partes.

La doctrina internacionalista ha elaborado un concepto propio de la rebeldía procesal, en orden al reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras, al distinguir entre la rebeldía involuntaria, en la que el emplazamiento y citación del demandado al litigio no han sido realizados debidamente, de aquélla situación que se califica de rebeldía táctica o de conveniencia, en la cual existe plena constancia de que el demandado ha tenido conocimiento preciso de la existencia del litigio y ha optado por no comparecer o por no hacerlo en la forma legalmente establecida.

En el proceso de exequátur no se revisa el fondo del asunto juzgado por el tribunal extranjero, se trata sólo de un procedimiento de control formal. Acreditadas todas estas condiciones, el Juzgado de Primera Instancia otorga el exequátur y pasa a ejecutar la sentencia o resolución extranjera, si ésta ha sido solicitada expresamente.

El Exequátur es un procedimiento judicial por el que se verifica si una sentencia judicial emitida en un país extranjero reúne o no los requisitos que permiten su homologación en otro Estado. El titular o sujeto activo del exequátur es la persona en cuyo favor se dictó la sentencia.

Para que sea procedente el exequátur se requiere: 1. Verificación de Tratado: Es decir si existen Tratados Internacionales al respecto con el Estado del cual emana la sentencia. 2. Reciprocidad: Si no existen Tratados bilaterales, se aplica el principio de reciprocidad con el país de origen de la sentencia, es decir, si el Estado del cual emana la sentencia le otorga valor a las emanadas del Estado ante quien se tramita el exequátur. 3. Compatibilidad de la sentencia con las leyes del país donde se solicita que sea reconocida; esto es: a) que no contravenga la legislación ni el orden público del país donde se tramita; b) que no se oponga a la jurisdicción del país donde se tramita; c) que la parte contra quien se invoca la sentencia haya sido notificada conforme a derecho y d) que la sentencia se encuentre ejecutoriada conforme a la ley del Estado de donde se otorgó.

En el procedimiento de exequátur, la parte que inste el reconocimiento de la sentencia, debe estar representada por Procurador y asistida por Abogado, salvo en determinados casos de inscripción directa en el Registro Civil.

1. Si la Resolución (Auto o Sentencia) procede de un Estado miembro de la Unión Europea, será reconocida en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, vigente desde el 1 de marzo de 2005 en todos los Estados miembros de la Unión Europea (salvo Dinamarca), que derogó el Reglamento (CE) n° 1347/2000.

2. Si la resolución procede de otros países distintos a la Unión Europea, se tendrán en cuenta los convenios bilaterales firmados por España con esos otros países.

3. Si no es aplicable ni el Reglamento 2201/2003 ni ningún Convenio Bilateral o Tratado Internacional , el reconocimiento o Exequátur se debe solicitar ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte contra la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquéllas; subsidiariamente la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o donde aquellas sentencias y resoluciones deban producir sus efectos. En este caso se aplica el régimen interno español, contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (cuyos artículos en relación con el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras se mantienen en vigor por expresa disposición de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000).

En estos dos últimos casos, debe estar apostillada conforme al Convenio de La Haya y debe ser traducida al idioma español por un traductor jurado. La sentencia debe ser lícita, esto es, que respete el orden público español y debe reunir las formalidades requeridas por la legislación del país donde ha sido dictada.

4. Si se trata de obtener el reconocimiento en España de una sentencia de divorcio, nulidad y separación que ha sido dictada en un Estado miembro de la Unión Europea, excepto Dinamarca, o la declaración en España de que dicha resolución no debe reconocerse, se presentará una solicitud de reconocimiento, sin que sea preciso que la resolución a reconocer sea firme en el Estado donde se dictó, ante el Juez de Primera Instancia del lugar del domicilio de la persona contra la que se pide el reconocimiento o la declaración de no reconocimiento.

El reconocimiento en España de las resoluciones dictadas en Dinamarca, se rige por las normas españolas. El trámite procesal se inicia con la formulación de demanda presentada directamente ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio de la persona contra la que se pide el reconocimiento o la declaración de no reconocimiento.

El procedimiento para solicitar que una resolución no deba ser reconocida, es el mismo que para solicitar que se decida que sí debe serlo. Si la resolución ha sido reconocida con base en el Reglamento del Consejo Nº 2201/2003, de 27 de noviembre, la oposición sólo se puede formular tras ser notificado de la decisión que concede el reconocimiento y en el plazo fijado legalmente, presentando recurso ante la Audiencia Provincial correspondiente.

Si se trata de una resolución dictada en Dinamarca, la oposición debe formularse cuando sea emplazado ante el Juzgado de Primera Instancia en un proceso en el que se la parte contraria ha pedido su reconocimiento. En todos los casos se necesita Abogado y Procurador para formalizar la oposición.

5. En España, la separación y el divorcio se rigen por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de ésta, por la ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado.

En todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida habitualmente en España: a) Si no resulta aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas; b) Si en la demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro. La ley que rige la separación, el divorcio y la nulidad, es además, la que se aplica tanto para analizar las causas de la ruptura matrimonial como las consecuencias y los efectos de la misma.

La liquidación del régimen matrimonial se rige por los pactos y capitulaciones de los esposos, en cuanto sean conformes a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.

Las relaciones paterno-filiales se rigen por la ley personal del hijo y, en su defecto, por la de la residencia habitual del hijo.

En materia de medidas provisionales y cautelares, debe aplicarse la misma ley que rija la separación, la nulidad y el divorcio en cada caso. En lo referente a la acreditación y prueba del derecho extranjero en España, si éste fuera el caso concreto, deberá probarse su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal español, además, de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.

Los procesos sustanciados en España, se rigen siempre por la ley procesal española, con independencia de la ley que se aplique al divorcio, la separación y la nulidad, y ello con las solas excepciones que puedan prever los convenios y Tratados suscritos por España, como sucede en el caso de la legislación comunitaria que contiene, en ocasiones, normativa procesal que prevalece sobre la prevista en la ley procesal civil española.

6. Vamos a detenernos a analizar algunos aspectos importantes del Reglamento Nº 2201/2003, de 27 de noviembre, como su ámbito de aplicación y de no aplicación, la competencia, la litispendencia internacional y acciones dependientes, etc.

Ámbito de aplicación: El artículo 1 dice que este Reglamento se aplicará: a) al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial; b) a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental. Esta responsabilidad parental se refiere: 1) al derecho de custodia y al derecho de visita; 2) a la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; 3) a la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del menor, de representarlo o de prestarle asistencia; 4) al acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento; 5) a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de sus bienes.

Ámbito de no aplicación: El Reglamento referido no se aplicará: a) a la determinación y a la impugnación de la filiación; b) a las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, ni a la anulación y revocación de la adopción; c) al nombre y apellidos del menor; d) a la emancipación; e) a las obligaciones de alimentos; f) a los fideicomisos y las sucesiones; g) a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por los menores.

La Competencia: Los órganos Judiciales competentes para conocer del divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial, según el artículo 3 de dicho Reglamento, son el Estado miembro de la UE: a) en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual de los cónyuges, o el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o la residencia habitual del demandado, o en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su “domicile”; b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del “domicile” común.

Litispendencia y acciones dependientes: Según el artículo 19 del Reglamento: 1. Cuando se presentaren demandas de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera. 2. Cuando se presentaren demandas relativas a la responsabilidad parental sobre un menor que tengan el mismo objeto y la misma causa ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera. 3. Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el segundo se inhibirá en favor de aquél. En este caso, la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primero.

7. Existe una muy interesante Propuesta de Reglamento del Consejo (de la UE), de 17 de julio de 2006, para modificar el Reglamento (CE) Nº 2201/2003, en  lo que se refiere a la competencia y se introducen normas relativas a la ley aplicable en materia matrimonial, que fue presentada por la Comisión Europea y tiene por objeto establecer un marco jurídico claro y completo en materia matrimonial en la UE. Visto el elevado porcentaje de divorcios en la UE, la Comisión Europea desea reforzar la seguridad jurídica, la predictibilidad, la flexibilidad y el acceso a los Tribunales para los “matrimonios internacionales”  en materia matrimonial, en particular en caso de divorcio y de separación judicial. Esta propuesta argumenta la falta de disposiciones comunitarias, fuente de inseguridad jurídica.

Actualmente no existen disposiciones comunitarias en el ámbito de la ley aplicable en materia matrimonial. El Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, establece normas relativas a la competencia y al reconocimiento de las decisiones en materia matrimonial, pero no contiene normas sobre la ley aplicable. Además, las normas actuales pueden conducir a uno de los cónyuges a promover una acción judicial antes que el otro cónyuge para que el proceso quede sometido a una legislación que proteja sus intereses (“carrera a los tribunales”).

La propuesta pretende establecer normas comunes en materia matrimonial, reforzando la seguridad jurídica mediante normas de conflicto de leyes armonizadas; dando mayor flexibilidad mediante la introducción de una limitada autonomía de las partes; garantizando el acceso a los tribunales; impidiendo la “carrera a los tribunales” por parte de uno de los cónyuges, es decir, la situación en la cual uno de ellos solicita el divorcio antes que el otro para asegurarse de que el proceso se regirá por una ley particular que favorezca sus propios intereses.

8. Por último, es necesario recordar nuevamente que cuando una Sentencia firme dictada en materia matrimonial por cualquier país que forma parte de la Unión Europea, al existir entre estos países miembros el principio de confianza mutua entre sus órganos jurisdiccionales, las Resoluciones serán reconocidas en los demás países miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. Y ninguna de las partes interesadas podrán solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución (articulo 21 Reglamento 2201/2003). Este mismo Reglamento europeo, en su artículo 33, dice que la Resolución de ejecutoriedad recaída podrá ser recurrida por alguna de las partes, conforme a las normas que rigen el principio contradictorio.

Me parece que es una “contradicción intrínseca” legal que se diga que la Resolución extranjera podrá ser recurrida por las partes cuando se solicita su reconocimiento y ejecución en otro país miembro de la UE, cuando lo que realmente sucede es que es automáticamente reconocida y ejecutada.  Por ejemplo, los Tribunales de España, en caso de solicitud de reconocimiento y ejecución de una Resolución en materia matrimonial (ya sea Auto o Sentencia) de un Tribunal de un país miembro de la Unión Europea, éstos ni tan siquiera pueden realizar una revisión de fondo de la resolución extranjera ni de las apreciaciones de hecho que realice el Tribunal europeo extranjero, ni tampoco pueden hacer una valoración de la prueba. La Resolución a ejecutar no puede ser objeto, en ningún caso, de una revisión en cuanto al fondo (artículos 26 y 31.3 del Reglamento 2201/2003).

¿Y qué sucede entonces si esa resolución extranjera de un país europeo es manifiestamente injusta contra un ciudadano español, si no puede ser revisada en el fondo, ni valorada en los hechos ni en las pruebas sobre los que está basada? ¿Debe ser “automátícamente” reconocida y ejecutada por los Tribunales españoles, así se oponga el interesado con suficientes pruebas y fundamentos jurídicos que evidencian la injusticia, como si los Tribunales estuvieran constituidos por máquinas y no por jueces que son personas humanas capaces de ver la injusticia que pudiera haber en alguna resolución extranjera de algún país miembro de la UE?

Tal vez sería más justo y razonable modificar la tramitación de la ejecución de una sentencia extranjera de la UE en materia de Derecho de familia, dando primero trámite de alegaciones a las partes y después acordando o no la ejecución, y no como ahora se hace. Quizá en aras de la seguridad jurídica, podría llegar a reconocerse automáticamente situaciones realmente injustas.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Ley 2/2010, de 26 de mayo, de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura de los Padres

martes, 8 junio 2010

Muchas son las personas que han preguntado si ya entró en vigor la nueva ley aragonesa de la custodia compartida. En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) Nº 111, esta nueva ley llamada “Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres”. Se trata de la Ley 2/2010, de 26 de mayo. La disposición final tercera dispone la entrada en vigor de esta ley a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, por entender necesario un periodo de “vacatio  legis” suficientemente amplio para que pueda conocerse adecuadamente el contenido de las novedades que supone la presente ley. O sea, que a partir de hoy se contarán tres meses para su entrada en vigencia, que será el próximo 8 de septiembre.

LEY 2/2010, DE 26 DE MAYO, DE IGUALDAD EN LAS RELACIONES FAMILIARES ANTE LA RUPTURA DE LA CONVIVENCIA DE LOS PADRES

PREÁMBULO

I

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

La instauración del Estado autonómico supuso la apertura de una nueva etapa  para  el  Derecho  foral  aragonés,  símbolo  de  nuestra  identidad  originaria. Aragón recuperaba su capacidad para legislar en materia de Derecho civil propio, en el marco de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Tras asumir esta competencia, el primer paso de las Cortes de Aragón fue la  promulgación  de  la  Ley  3/1985,  de  21  de  mayo,  para  integrar  en  el ordenamiento  jurídico  aragonés  la  Compilación  de  1967,  así  como  para actualizarla  a  los  nuevos  principios  constitucionales de  igualdad  entre  los cónyuges  y  no  discriminación  entre  los  hijos  por  razón  de  la  filiación.

Con posterioridad  a  ésta,  la  labor  legislativa  llevada  a  cabo  en  nuestra  Comunidad Autónoma  ha  sido  muy  importante;  concretamente  se  han  dictado  hasta  el momento otras seis leyes más: la Ley 3/1988, de 25 de abril, sobre equiparación de  hijos  adoptivos;  la  Ley  4/1995,  de  29  de  marzo,  sobre  modificación  de  la Compilación  del  Derecho  Civil  de  Aragón  y  de  la  Ley  de  Patrimonio  de  la Comunidad Autónoma en materia de sucesión intestada; la Ley 1/1999, de 24 de febrero,  de  sucesiones  por  causa  de  muerte;  la  Ley  6/1999,  de  26  de  marzo, relativa  a  parejas  estables  no  casadas;  la  Ley  2/2003,  de  12  de  febrero,  de régimen  económico  matrimonial  y  viudedad,  y  la  Ley  13/2006,  de  27  de diciembre, de Derecho de la Persona.

Siguiendo con esta labor de actualización de nuestro Derecho civil se dicta la  presente  Ley  en  ejercicio  de  la  competencia  exclusiva  de  Aragón  en  las materias de conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés y del  Derecho  procesal  derivado  de  las  particularidades  del  derecho  sustantivo aragonés, reconocidas en los artículos 149.1.8.ª y 6.ª de la Constitución y 71.2ª y 3.ª del Estatuto de Autonomía.

Esta Ley tiene por objeto regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, promoviendo el ejercicio de la custodia de forma compartida por ambos, en desarrollo de los principios  rectores  contenidos  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón  de protección de la familia y la infancia y de igualdad entre el hombre y la mujer.

II

La preocupación por la protección del menor y de la familia ha sido una constante en las democracias más desarrolladas. Este principio se reconoce en el artículo  39  de  la  Constitución  española,  y  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de Aragón,  cuyo  artículo  24  impone  a  los  poderes  públicos  aragoneses  adoptar políticas que garanticen la protección de  las relaciones familiares y  la igualdad entre el hombre y la mujer. Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño,  proclamada  por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  el  20  de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales  y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo que fuera contrario al interés superior del niño.

Los   supuestos   de   ruptura   de   la   convivencia   familiar   han   crecido notablemente en  la última década, siendo uno de los asuntos más delicados a resolver  el  de  la  guarda  y  custodia  de  los  hijos  comunes.  Esta  cuestión  se encuentra  actualmente  regulada  por  el  artículo  92  del  Código  Civil  español, reformado por la Ley 15/2005, de 8 de julio, que en defecto de acuerdo entre los padres  configura  la  guarda  y  custodia  compartida  como  excepcional,  siendo necesario recabar asimismo informe favorable del Ministerio Fiscal. La aplicación de  este  precepto  ha  supuesto  en  la  práctica  el  otorgamiento  de  la  custodia individual  de  forma  generalizada  a  la  mujer.  Sin embargo,  la  evolución  de  la sociedad exige dotar de una nueva regulación al régimen de guarda y custodia que favorezca el contacto continuado de los hijos con los padres y la igualdad entre los progenitores.

III

La presente ley, respondiendo a una importante demanda social, supone un cambio del esquema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la  individual  como  norma  preferente  en  los  supuestos  de  ruptura  de  la convivencia entre los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se pretende favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores.

La custodia compartida se fundamenta en la conjugación de dos derechos básicos:  por  una  parte,  el  derecho  de  los  hijos  a  mantener  una  relación equilibrada y continuada con ambos padres y, por otra, el derecho-deber de los padres de crianza y educación de los hijos en ejercicio de la autoridad familiar.

Esta ley recoge y refuerza el principio del interés superior de los menores en  relación  con  las  consecuencias  de  la  ruptura  de  convivencia  de  sus progenitores.  La  mejor  realización  de  su  beneficio  e  interés  exige  que  ambos progenitores perciban que su responsabilidad continúa, a pesar de la separación o  el  divorcio,  y  que  la  nueva  situación  les  exige,  incluso,  un  mayor  grado  de diligencia en el ejercicio de sus deberes con los hijos.

Las ventajas de la custodia compartida son evidentes. Con ella, los hijos mantienen  lazos  de  afectividad  y  una  relación  continuada  con  ambos  padres, permite  una  mejor  aceptación  de  la  nueva  situación  familiar  por  parte  de  los hijos, ambos padres se implican de manera efectiva en todos los aspectos de la educación y desarrollo de los hijos y se reduce la litigiosidad entre los padres, dado que el otorgamiento de la custodia a uno solo de ellos en muchas ocasiones acrecienta los conflictos, debido a la desigualdad que se genera en el ámbito de las relaciones con los hijos.

La custodia compartida se acepta mayoritariamente como un sistema progresista que fomenta la corresponsabilidad de los padres en el ejercicio de su autoridad  familiar  en  el  marco  de  una  sociedad  avanzada,  que  promueve  la igualdad  de  ambos  sexos  en  todos  los  sectores  y  en  la  que  el  desarrollo profesional de la mujer y el deseo de los hombres de una mayor implicación en el ámbito  familiar  imponen  un  cambio  en  el  esquema  tradicional  de  atribuir  la custodia en exclusiva a la madre. La custodia compartida favorece la distribución igualitaria de los roles sociales entre hombres y mujeres.

En  definitiva,  la  razón  principal  que  motiva  la  presente  ley  son  los importantes cambios que se han ido produciendo en la sociedad aragonesa en las últimas  décadas  como  consecuencia  de  la  incorporación  de  la  mujer  al  mundo laboral, circunstancia que ha generado unas nuevas relaciones familiares que se ajustan  más  al  modelo  de  custodia  compartida  que  al  modelo  de  custodia individual.  Es  verdad  que  todavía  queda  camino  por  recorrer,  pero  esta  ley quiere contribuir a avanzar en la igualdad sociológica entre mujeres y hombres.

IV

La  ley  se  compone  de  un  total  de  diez  artículos,  distribuidos  en  cinco capítulos,  dos  disposiciones  transitorias,  cuatro  adicionales,  una  derogatoria  y tres finales.

El Capítulo I, denominado «Disposiciones generales», delimita el objeto y finalidad  de  la  Ley,  así  como  los  derechos  y  principios  que  han  de  observarse ante la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo. El derecho de los hijos a un contacto directo y continuado con sus padres y el derecho de los padres  a  la  igualdad  en  sus  relaciones  con  los  hijos  son  los  dos  derechos esenciales sobre los que se fundamenta toda la ley.

V

El Capítulo II, intitulado «El pacto de relaciones familiares», inspirado en el respeto a la libertad de pacto del Derecho foral aragonés, otorga prioridad en la regulación  de  las  relaciones  familiares  a  lo  acordado  por  los  padres  en  el denominado   pacto   de   relaciones   familiares,   que   regulará   las   cuestiones principales que se deriven de la ruptura de su convivencia, tanto en su relación personal con los hijos como en el orden económico.

En  el  pacto  de  relaciones  familiares  se  hace  referencia  a  un  aspecto importante, como es la relación de los hijos con los hermanos, abuelos y otros parientes y allegados, siguiendo la tradición del Derecho histórico aragonés de protección a la familia

VI

En el Capítulo III, rubricado «Mediación familiar», se regula la posibilidad de que los progenitores, de común acuerdo o por decisión del Juez, acudan en cualquier momento a  la  mediación  familiar  para  resolver  sus  discrepancias derivadas   de   la   ruptura.   La   mediación   familiar   resulta   un   instrumento fundamental  para  favorecer  el  acuerdo  entre  los  progenitores,  evitar  la litigiosidad  en  las  rupturas  y  fomentar  el   ejercicio  consensuado  de  las responsabilidades parentales tras la ruptura.

VII

En defecto de acuerdo entre los padres y fracasado, en su caso, el proceso de mediación familiar, las relaciones familiares que se deriven de la ruptura de la convivencia  deberán  regirse  por  lo  que  decida  el  Juez  en  aplicación  de  los artículos contenidos en el Capítulo IV de la ley, sobre «Medidas de aplicación en defecto del pacto de relaciones familiares».

La principal medida que adopta la ley es considerar la custodia compartida como el régimen de custodia que el Juez adoptará de forma preferente en interés de los hijos menores a falta de pacto, salvo en los supuestos en que la custodia individual fuere lo más conveniente. El Juez deberá motivar su decisión teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares y los factores a los que se refiere la ley, como la edad de los hijos, el arraigo social y familiar de los hijos, la opinión de  los  hijos,  la  aptitud  y  la  voluntad  de  los  progenitores  para  asegurar  la estabilidad  de  los  hijos  o  las  posibilidades  de  los  padres  de  conciliar  su  vida familiar  y  laboral.  La ley también establece  que  en  todo  acuerdo  de  custodia, salvo circunstancias excepcionales, no se separará a los hermanos.

La  finalidad  de  la  custodia  compartida  es  un  reparto  efectivo  de  los derechos y responsabilidades de los padres, fomentando las relaciones afectivas y  continuadas  de  convivencia  con  los  hijos  y  la  participación  directa  en  su desarrollo y educación.

La  custodia  compartida,  tal  y  como  se  configura  en  la  ley,  no  implica necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en periodos iguales, pero sí en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia compartida. La ley establece un marco flexible para que el Juez pueda valorar todas las circunstancias que concurren en el caso concreto y  decida  el  régimen  de  convivencia  de  cada  progenitor  en  interés  de  unas adecuadas relaciones familiares.

Por otra parte, una de las causas que expresamente prevé la ley para no otorgar  la  custodia,  ni  individual  ni  compartida,  es  la  violencia  doméstica  o de género,  en  línea  con  el  compromiso  asumido  por  los  poderes  públicos  para prevenir, erradicar y castigar la violencia doméstica en todos los ámbitos de la sociedad.

El Capítulo IV también regula las reglas que deben regir la atribución del uso  de  la  vivienda  familiar,  distinguiendo  entre  los  supuestos  de  custodia compartida de los hijos y los de custodia individual. En la custodia compartida, el criterio  de  atribución  del  uso  de  la  vivienda  es  a  favor  del  progenitor  más necesitado, dado el criterio de igualdad que debe prevalecer en este régimen de custodia.  En  los  casos  de  custodia  individual  se  atribuye  el  uso  con  carácter general  a  favor  del  progenitor  que  ostente  la  custodia,  a  menos  que  el  mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor. En todo caso, la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores tendrá una limitación temporal. Una posibilidad que admite la ley es que el Juez acuerde la venta de la vivienda familiar cuando ello fuera necesario para unas adecuadas relaciones familiares. Junto con la atribución del uso de la vivienda, la ley regula la distribución del ajuar familiar.

Este Capítulo se refiere, por último, a los gastos de asistencia de los hijos y  establece  el  deber  de  los  padres  de  contribuir  proporcionalmente  a  sus recursos, así como la posibilidad de que uno de los padres solicite al otro una asignación  económica destinada a  compensar  la  desigualdad  económica  que  le produzca la ruptura de la convivencia. Esta asignación compensatoria, temporal o  indefinida,  deberá  determinarse  por  el  Juez  atendiendo  a  los  criterios establecidos  en  la  ley,  pudiendo  asimismo  revisarse  o  extinguirse  en  los supuestos legalmente previstos.

VIII

En el Capítulo V, titulado «Medidas provisionales», se regulan las medidas que pueden adoptarse judicialmente antes de dictarse la resolución definitiva que apruebe el pacto de relaciones familiares o las medidas judiciales aplicables. Para la solicitud de estas medidas provisionales se legitima no solamente a los padres, sino también a los hijos a cargo mayores de catorce años y al Ministerio Fiscal en su función de protección de los menores. En cuanto a los criterios que debe tener en cuenta el Juez se opta por una fórmula genérica de remisión a los criterios establecidos en la ley, con el fin de que desde un primer momento se apliquen unas medidas que se ajusten lo máximo posible a las que serán definitivas.

IX

Finalmente, en la  ley  se  incluyen  dos  disposiciones  transitorias,  cuatro adicionales, una derogatoria y tres finales. La ley se dicta con vocación de aplicación a todas las relaciones familiares en los casos de ruptura de convivencia de los padres, incluidas las que se han regido por la legislación anterior, pues lo que se pretende es un cambio social en el concepto de las relaciones familiares tras la ruptura de la convivencia de los padres,  de  modo  que  la  revisión  de  los  convenios  reguladores  y  las  medidas judiciales  adoptadas  según  la  legislación  anterior  se  regirán  por  la  nueva  ley.

Además, se fija un plazo de caducidad de un año desde la entrada en vigor de la Ley  a  los  efectos  de  seguridad  jurídica  cuando  la  causa  de  revisión  sea  la custodia compartida a solicitud de uno de los progenitores. La  ley  también  regula  el  régimen  provisional  a  aplicar  en  tanto  no  se apruebe la Ley de Mediación Familiar.

Las   disposiciones   adicionales   relativas   a   especialidades   procesales respetan  los  procedimientos  establecidos  por  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  y únicamente  incluyen  las  necesarias  adaptaciones  al  nuevo  régimen  legal, sustituyendo  el  concepto  de  convenio  regulador  por  el  pacto  de  relaciones familiares. También se exige en la vía judicial que los padres deberán proponer, cada uno de ellos, un plan de relaciones familiares.

La disposición adicional cuarta, referida a los supuestos de privación de la custodia  por  la  existencia  de  indicios  fundados  de  violencia  doméstica  u  otros delitos  cometidos  en  el  ámbito  familiar,  establece  que  la  sentencia  absolutoria firme de los citados delitos será causa de revisión del régimen de custodia.

La  disposición  derogatoria  única  y  la  disposición  final  primera  deroga  y modifica, respectivamente, los preceptos de la ley relativa a parejas estables no casadas que dejarán de aplicarse al ser sustituidos por el nuevo régimen previsto en la presente ley, que es aplicable a las relaciones familiares de los padres con los hijos con independencia del régimen legal de convivencia de los padres.

Se  incluye  en  la  ley  una  disposición  final  segunda  con  un  mandato  al Gobierno de Aragón para la remisión a las Cortes de Aragón de un Proyecto de Ley de Mediación Familiar en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Por último, la disposición final tercera dispone la entrada en vigor de la ley a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, por entender necesario  un  periodo  de  vacatio  legis  suficientemente  amplio  para  que  pueda conocerse adecuadamente el contenido de las novedades que supone la presente ley.

Texto completo de la Ley 2/2010, de 26 de mayo,  de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura de los Padres.

Las parejas estables no casadas en Aragón

lunes, 7 junio 2010

La Ley Aragonesa 6/1999, de 26 de marzo, de parejas estables no casadas, modificada por la Ley 2/2004, de 3 de mayo, con la que se amplió los derechos a las parejas del mismo sexo, se aplica a las personas mayores de edad que formen parte de una pareja estable no casada en la que exista una relación de afectividad análoga a la conyugal; deben estar  inscritas en el respectivo Registro de la Diputación General de Aragón o en el Registro Civil competente .

Existe en España una amplia regulación de las uniones de hecho en las Leyes Autonómicas, lo que implica en ocasiones un problema de disparidad y contradicción legal. En Aragón, se configura la pareja estable no casada, cuando se haya producido la convivencia marital durante un período ininterrumpido de dos años como mínimo, o se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura pública y, si no existiera escritura pública, mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, especialmente a través de acta de notoriedad o documento judicial que acredite la convivencia. Entre los distintos medios de prueba tenemos, por ejemplo, contratos privados, contratos con terceros (de arrendamiento, compra-venta de bienes), empadronamiento, domicilio fiscal, hijos comunes y libro de familia, cartilla de la Seguridad Social, testigos, etc.

No podrá permitirse una pareja estable no casada entre:  1) Los que estén ligados con vínculo matrimonial. 2) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 3) Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. 4) Los que formen pareja estable con otra persona.

Sus derechos y obligaciones  podrán  regularse  en  los aspectos personales y patrimoniales mediante convenio recogido en escritura pública, conforme al principio de libertad de pactos, siempre que no perjudiquen los derechos o dignidad de cualquiera de los otorgantes y no sean contrarios a normas imperativas aplicables en Aragón. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable no casada con carácter temporal ni someterse a condición. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al mantenimiento de la vivienda y gastos comunes con sus recursos, en proporción a sus ingresos respectivos y, si no son suficientes, de acuerdo con sus patrimonios, sin perjuicio de que cada uno conserve la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes.

Tienen la consideración de gastos comunes de la pareja  los  necesarios  para  su  mantenimiento  y  el  de los hijos comunes o no que convivan con ellos, incluyendo  el  derecho  a  alimentos,  educación,  atenciones médico-sanitarias y vivienda. Ambos  miembros  de  la  pareja  responden  solidariamente ante terceras personas de las obligaciones contraídas por estos gastos.

La pareja estable no casada se extingue: a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes. b) De común acuerdo. c) Por decisión unilateral. d) Por separación de hecho de más de un año. e) Por matrimonio de uno de sus miembros. Cualquier  miembro  de  la  pareja  estable  podrá proceder, unilateralmente, a su revocación, notificándolo fehacientemente al otro. En todo caso, los dos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a dejar sin efecto la escritura pública cuando se hubiera otorgado.

En caso de ruptura de la convivencia, las partes no pueden volver a formalizar una pareja estable no casada mediante escritura pública hasta que hayan transcurrido seis meses desde que dejaron sin efecto el documento público correspondiente a la convivencia anterior. La extinción de la pareja estable no casada implica la revocación de los poderes que cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro.

En caso de extinción de la pareja estable no casada por causa distinta a la muerte o declaración de fallecimiento, y si la convivencia ha supuesto una situación de  desigualdad  patrimonial  entre  ambos  convivientes que implique un enriquecimiento injusto, podrá exigirse una compensación económica por el conviviente perjudicado en los siguientes casos: a) Cuando el conviviente ha contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja estable no casada. b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución  insuficiente, se ha dedicado al hogar o a los hijos comunes o del otro conviviente o ha trabajado para éste.

En estos casos, cualquiera de  los  convivientes  podrá  exigir  al  otro  una  pensión, si la necesitase para su sustento, en el supuesto de que el cuidado de los hijos comunes le impida la realización de actividades laborales o las dificulte seriamente. La pensión  se  extinguirá  cuando  el  cuidado  de  los  hijos cese por cualquier causa o éstos alcancen la mayoría de edad o se emancipen. Se le llama pensión reparadora.

La reclamación de estos derechos de compensación económica y/o de pensión reparadora deberá formularse en el plazo máximo de un año, contado  desde  la  extinción  de  la  pareja  estable no casada, en razón de la duración de la convivencia.

En  cuanto  a  la  guarda  y  custodia  de  los hijos comunes y al régimen de visitas, comunicación, estancia y alimentos de los hijos, se estará a lo que la pareja haya convenido. El Juez podrá moderar lo acordado, cuando a su juicio sea gravemente lesivo para cualquiera de los miembros o para la prole común. Si no hay pacto entre los padres se acudirá al Juez, quien podrá acordar lo que estime procedente respecto a la prole común, en beneficio de los hijos menores y previa audiencia de éstos si tienen suficiente juicio o son mayores de doce años.

Lo normal es que la vivienda se la quede el propietario pero, excepcionalmente y mediante Resolución Judicial, el uso y disfrute de la vivienda se le puede otorgar a los hijos comunes y al compañero(a) no propietario que se quede con su custodia, hasta la mayoría de edad o la independencia económica de los hijos.

La vivienda pudo ser adquirida por el otro compañero antes de la convivencia, en este caso es de su propiedad. O pudo ser adquirida durante la convivencia por uno de los convivientes, con dinero propio y para su exclusiva propiedad. O pudo ser adquirida por uno sólo de los convivientes pero para los dos, así deberá constar en la  Escritura Pública; si no hay Escritura Pública en la que figure que es de los dos, se presume que es de quien figure como propietario en el Registro de la Propiedad.

En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el supérstite tendrá derecho al mobiliario, útiles e instrumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión solamente de las joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los bienes de procedencia familiar. Asimismo, el supérstite podrá, independientemente de los derechos hereditarios que se le atribuyeran, residir gratuitamente en la vivienda habitual durante el plazo de un año.

Sobre la pensión de viudedad, que es la prestación económica a que tiene derecho el cónyuge supérstite, llamado viudo(a), por el fallecimiento de su consorte, hay que recordar que el 1 de enero de 2008 entró en vigor la nueva regulación del derecho a la pensión de viudedad, en la que se reconoce que también tienen derecho a esta prestación el sobreviviente de una pareja de hecho.

Respecto al tema de la adopción, mediante la Ley 2/2004, de 3 de mayo, se amplió este derecho a las parejas estables del mismo sexo, ya que antes sólo se les permitía a las parejas heterosexuales, con lo que se evitó la discriminación existente, quedando la redacción del artículo 10: “Las parejas estables no casadas podrán adoptar conjuntamente, con fundamento en el artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón”.

En cuanto a otros de los efectos jurídicos que se generan entre las parejas estables no casadas en Aragón, tenemos: 1. Si un miembro de la pareja es declarado judicialmente en ausencia, a efectos de su representación y administración de su patrimonio, el otro ocupará la misma posición que el cónyuge. 2. Si uno de los miembros de la pareja es declarado judicialmente incapacitado, el otro ocupará el primer lugar en el orden de preferencia para la delación dativa de la tutela. 3. Los miembros de la pareja están obligados a prestarse entre sí alimentos, con preferencia a cualquier otra persona legalmente obligada. 4. La pareja estable no casada no genera relación alguna de parentesco entre cada uno de sus miembros y los parientes del otro. 5. Pueden testar mancomunadamente, otorgar pactos sucesorios y ordenar la sucesión del otro mediante la fiducia, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sucesoria aragonesa.

El régimen de convivencia y de derechos y obligaciones de la pareja estable no casada, pactado en escritura pública, adquirirá el valor de capitulaciones matrimoniales,  en  caso de que los miembros de la pareja contrajeran matrimonio, si  así  lo  hubieran  acordado expresamente en la escritura.

Para la liquidación y adjudicación de los bienes comunes, si los hay, se puede hacer de mutuo acuerdo o de manera contenciosa. Si no hay bienes inmuebles comunes, se podrán liquidar verbalmente o por documento privado. Si hay bienes inmuebles comunes y cuando la pareja no casada se ha registrado con escritura pública, la liquidación se hará mediante escritura pública.

Por último, y como novedad legislativa, cabe anotar que la nueva ley aragonesa, pionera en España, sobre la guarda y custodia compartida, llamada Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura de la Convivencia de los Padres (aprobada por las Cortes de Aragón en sesión plenaria celebrada los días 20 y 21 de mayo de 2010), ha dispuesto, en su diposición adicional tercera: “Especialidades procesales en los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o parejas de hecho con hijos a cargo: En los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o de parejas de hecho con hijos a cargo, las medidas judiciales sobre las relaciones familiares tras la ruptura, se adoptarán en el procedimiento que corresponda según la Ley de Enjuiciamiento Civil. La demanda y la reconvención deberán ir acompañadas de un plan de relaciones familiares”.

Igualmente, la  disposición  derogatoria  única  y  la  disposición  final  de dicha ley pionera de Aragón,  deroga  y modifica los preceptos de la ley relativa a parejas estables no casadas, en lo que es aplicable a las relaciones familiares de los padres con los hijos con independencia del régimen legal de convivencia de los padres, de la siguiente manera:  “DISPOSICIONES FINALES: Primera. Modificación de la Ley relativa a parejas estables no casadas. 1. El artículo 7.1.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, quedará redactado en los siguientes términos: b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución insuficiente, se ha  dedicado  al  hogar,  o  a  los  hijos  del  otro  conviviente,  o  ha  trabajado  para éste. 2.  El  artículo  7.3  de  la  Ley  6/1999,  de  26  de  marzo,  relativa  a  parejas estables no casadas, quedará redactado en los siguientes términos: 2.  La  reclamación  por  cualquiera  de  los  miembros  de  la  pareja  del derecho regulado en el párrafo anterior deberá formularse en el plazo máximo de un año a contar desde la extinción de la pareja estable no casada, ponderándose equilibradamente en razón de la duración de la convivencia”.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

 

Por fin llega la Ley de la Guarda y Custodia Compartida

martes, 18 mayo 2010

Aragón es la primera Comunidad Autónoma en España que admite por ley la guarda y custodia compartida en los casos de separación y divorcio de los padres, lo cual es fruto de su propio Derecho Foral. Nuestra larga y sólida tradición jurídica y cultural aragonesa ha concebido, desde hace mucho tiempo, la primacía del beneficio e interés de los menores, lo mismo que la igualdad de condiciones de ambos padres en el ejercicio del derecho y del deber del cuidado y protección de sus hijos. Prueba de ello es que el Derecho Civil Aragonés tiene unas relaciones paterno-filiales propias, en las que nunca ha existido con respecto a los hijos la patria potestad, sino la autoridad familiar.

Podría decirse que las dos terceras partes de los divorcios y separaciones en Aragón se alcanzan mediante el mutuo acuerdo lo que, desde mi punto de vista, está más acorde con el carácter noble y franco de los aragoneses.

Mediante la nueva Ley Aragonesa de Custodia Compartida, los Jueces podrán decidir de manera preferente la guarda y custodia compartida en interés de los hijos menores, sin renunciar a su discrecionalidad cuando consideren que en algunas situaciones concretas sea más conveniente atribuirla a uno sólo de los padres o cuando sean los propios padres los que hayan decidido que no sea compartida. Hasta ahora, generalmente, los Jueces aragoneses se regían en este aspecto por el Código Civil español, que establece que debe otorgarse a uno sólo de los cónyuges (casi siempre la madre), salvo que ambos acuerden que sea compartida. Desde mañana la excepción (custodia compartida) se convertirá en la regla en Aragón. Probablemente, otras Comunidades Autónomas con Derecho Foral propio como Cataluña y País Vasco, entre otras, seguirán el mismo ejemplo de establecer como regla la custodia compartida y como excepción la custodia para uno sólo de los progenitores.

Aún están por regularse en las Cortes Aragonesas algunos elementos inherentes a la custodia compartida, como es el establecer un servicio de mediación familiar y especificar el pacto de relaciones familiares (conocido como el convenio regulador), en el que los padres deciden tras su ruptura la continuidad de las relaciones familiares con los hijos y con otros parientes como hermanos, abuelos , tíos, etc; además de otros temas como la participación en los gastos ordinarios y extraordinarios de los hijos y la aportación de cada progenitor a los mismos, según sus propios ingresos. Todo ello previa aprobación judicial. En todo estos apectos, los Abogados de Familia podemos seguir facilitando mucho las decisiones propias de las partes, ayudándoles a negociar el mejor acuerdo para buscar el beneficio de todos los implicados.

En cuanto a otros aspectos como  la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, hay importantes novedades:  1. En los casos de custodia compartida, el uso de la vivienda familiar se atribuirá al progenitor que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda y, en su defecto, se decidirá por el Juez el destino de la vivienda en función del mejor interés para las relaciones familiares. 2. Cuando corresponda a uno de los progenitores de forma individual la custodia de los hijos, se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor. 3. La atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una LIMITACIÓN TEMPORAL que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia. 4. Cuando el uso de la vivienda sea a título de propiedad de los padres, el Juez acordará su venta, si es necesaria para unas adecuadas relaciones familiares.

Los Jueces seguirán escuchando a los hijos menores cuando tengan suficiente juicio (y, en todo caso, si ya han cumplido los doce años de edad).

De todas maneras, el día jueves 19 de mayo será aprobado el texto definitivo de la Ley Aragonesa de Guarda y Custodia Compartida entre ambos progenitores, la cual transcribiré en este blog, una vez sea publicado oficialmente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Así las cosas, los dos padres seguirán tomando las decisiones sobre la educación y crianza de sus hijos y también ambos tendrán reconocido su derecho a relacionarse de forma regular y directa con sus hijos. Esto implica una aplicación práctica del tan anhelado principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Esta ley incluye una cláusula para que durante un año todas las parejas separadas o divorciadas con anterioridad a su vigencia, puedan solicitar la revisión de su convenio regulador de divorcio para adecuarlo a la nueva legislación.

La ley pionera de la guarda y custodia compartida es mucho más adecuada para este siglo XXI en el que estamos ya inmersos, pues refleja una sociedad más avanzada que promueve la igualdad de ambos sexos en todos los sectores de la vida y porque actualmente el desarrollo profesional de la mujer y el deseo de los hombres de una mayor implicación en el ámbito familiar, hacen posible que sea una realidad cultural el poder compartir entre ambos padres las tareas familiares y que no siga siendo sólo la mujer la que deba asumir estos deberes en caso de divorcio o separación.  El “esquema tradicional” de atribuir la guarda y custodia en exclusiva a la madre, no es la más adecuada a los tiempos que corren.

Lo más importante es que esta ley reconoce expresamente el derecho y el deber de ambos padres en igualdad de condiciones con respecto a sus hijos, sabiendo que  el cuidado y la tenencia de los menores no es sólo un priviliegio sino también una carga que deben compartir por igual,  sin que sea necesario un estricto y matemático 50% para cada uno de los padres, pero sí el tiempo conveniente y prudente para padres e hijos que garantice el cumplimiento de la finalidad de la custodia compartida, que no es otra que los menores sigan contando verdaderamente con sus dos padres.

En definitiva, esta ley consigue garantizar dos derechos básicos: a) el derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada y continua con ambos padres y b) el derecho de los padres de educar y custodiar a los hijos, en igualdad de condiciones para ejercer efectivamente la autoridad familiar.

Varios medios de comunicación como, por ejemplo, las noticias de la noche de Antena 3 T.V. y de la cadena 1 de T.V. Española, emitidas en la noche de ayer, han solicitado el análisis del Despacho Alzate Monroy & Asociados en torno a este tema de actualidad.

NOTA ACTUALIZADA A 8 DE JUNIO/2010: En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) Nº 111, esta nueva ley llamada “Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres”. Se trata de la Ley 2/2010, de 26 de mayo.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Páginas: Ant. 1 2 3 ... 11 12 13 14 15 ... 19 20 21 Sig.