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La nulidad canónica matrimonial por incapacidad de naturaleza psíquica

martes, 6 enero 2009

Una cosa es la dificultad de la vida matrimonial y otra muy distinta es la nulidad matrimonial. Es diferente que un matrimonio “fracase” por las dificultades, a que un matrimonio sea nulo por las incapacidades. Nadie duda de que, a veces, la convivencia matrimonial es difícil, pero esto no quiere decir que sea imposible. Hablar de nulidad matrimonial es hablar de incapacidad para casarse, de “imposibilidad” de conformar una comunidad de vida y amor conyugal; no es hablar de “dificultad” para realizar una verdadera comunidad de vida y amor. Sólo la incapacidad -y no la dificultad- para dar el consentimiento matrimonial, hace nulo el matrimonio.

El fracaso de la unión conyugal no es nunca una prueba para demostrar la incapacidad de los contrayentes ni es la prueba de una seria anomalía que afecta sustancialmente la capacidad del entendimiento y de la voluntad del contrayente. “Nadie está obligado a hacer lo imposible”. El canon 1095.3 del Código de Derecho Canónico dice claramente que “quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, son incapaces de contraer matrimonio”. Tanto la doctrina como la jurisprudencia canónicas , han ido señalando una serie de características que debe tener la incapacidad para que ésta sea calificada como tal y no como mera dificultad y pueda así invalidar el matrimonio.

Ser incapaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, quiere decir que el contrayente no puede comprometer ese futuro conyugal, no puede hacerse cargo ni responsabilizarse de la obligación jurídica de realizar aquellos comportamientos futuros que son idóneos y necesarios para la obtención de los fines objetivos del matrimonio. Es una imposibilidad personal y moral para casarse y adquirir las cargas del matrimonio por una causa de naturaleza psíquica, aunque se goce de un suficiente uso de razón.

Hay personas que pueden ser muy inteligentes, pero carecen de las condiciones psíquicas exigidas para casarse por tener una anomalía que afecta su capacidad de contraer matrimonio válidamente. Esta anomalía psíquica debe ser antecedente, es decir, que debe existir en la persona antes de casarse y debe estar presente en el momento mismo de emitir el consentimiento matrimonial.

1. La anomalía psíquica:

La incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica, que hace imposible realizar una verdadera comunidad de vida y amor, no se trata simplemente de mala voluntad ni de leves vicios del carácter ni de trastornos de personalidad que originan una relación interpersonal más difícil o menos perfecta, sino que se requiere que la causa de naturaleza psíquica haga la relación interpersonal matrimonial moralmente imposible o intolerable. Es una incapacidad que no admite grados: o existe o no existe.

La causa psíquica originante de la incapacidad debe existir previamente al consentimiento matrimonial, para que así pueda hacer inválido o nulo el matrimonio. No es necesario que se hubiera manifestado con anterioridad, pues podía existir aunque sólo fuera en forma “latente”. Por eso, aunque la incapacidad en concreto se haya probado después de las nupcias, debe proceder de una causa que ya existía en el mismo momento de contraer matrimonio. La anomalía no debe sobrevenir después de celebrado el matrimonio.

¿Y qué es la incapacidad latente? Es aquella incapacidad que, aun existiendo con anterioridad a la celebración del matrimonio, se manifiesta con posterioridad al mismo. Es decir, que en el momento del matrimonio deben estar los elementos patológicos que necesariamente hagan explotar la incapacidad del sujeto.

La incapacidad psíquica despliega las situaciones propias de un inadecuado desarrollo del psiquismo y de la personalidad, que afectan al grado de autoposesión, de autodominio y de autogobierno de la propia libertad y de todos aquellos comportamientos propios para la recta ordenación de los fines de la unión conyugal. Es una incapacidad de superar las dificultades ordinarias y comunes de la vida matrimonial, generando reacciones desequilibradas y anormales en el sujeto que la padece. Nunca debe confundirse la incapacidad con meros vicios o dificultades o defectos del carácter.

Un elenco de las “causas de naturaleza psíquica” que más suelen alegarse en los Tribunales Eclesiásticos son, por ejemplo: 1. En el área de las relaciones sexuales aparece la hiperestesia sexual o deseo sexual inmoderado tanto en el hombre (satiriasis) como en la mujer (ninfomanía); la grave inhibición sexual de la mujer debida a diferentes causas como el incesto; la violencia sexual en las relaciones conyugales; etc. 2. Las neurosis, psicosis, psicopatías en sus diferentes versiones: psicosis maníaco-depresivas, personalidad paranóica, esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, anorexia mental, etc. 3. Los trastornos de personalidad, en su variada gama: el trastorno de personalidad histriónico o histérico, de personalidad narcisista, de personalidad esquizoide, de personalidad psicopática, de personalidad dependiente, de personalidad antisocial, la cleptomanía, la celotipia, el alcoholismo grave, la drogodependencia, etc. Todas estas enfermedades mentales pueden perturbar gravemente el consorcio conyugal y hacerlo totalmente imposible.

Sin embargo, es importante anotar que no se trata sólo de que exista una enfermedad psíquica para que el matrimonio sea nulo, puesto que puede haber parejas matrimoniales en las que uno o ambos miembros padecen enfermedades psíquicas o psicológicas y los dos se complementan muy bien y logran conformar mutuamente una comunidad de vida y amor conyugal. En definitiva, para que un matrimonio sea nulo por causas de naturaleza psíquica, “depende” de cada situación concreta y de la forma en que esa enfermedad incida en la validez del matrimonio y en realización de la vida matrimonial.

2. La prueba pericial:

El juez debe apoyarse en la Psiquiatría y en los informes periciales que avalan la naturaleza del trastorno de una persona, la evolución del mismo y su incidencia en la inteligencia y en la voluntad del individuo. Entender las causas de nulidad del matrimonio por limitaciones psíquicas o psiquiátricas exige, por una parte, la ayuda de expertos en esas materias, que valoren según su propia competencia la naturaleza y el grado de los procesos psíquicos que afectan al consentimiento matrimonial y la capacidad de la persona para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio.

El interés del juez radica en que el perito se pronuncie acertadamente sobre el modo como la anomalía psíquica afecta a las facultades superiores de la persona. Es decir, lo que interesa en orden a declarar la nulidad del matrimonio no es el que la anomalía padecida esté catalogada en uno o en otro tipo de enfermedad dentro de las categorías de la ciencia psiquiátrica y psicológica, sino el hecho de que la existencia de una anomalía grave, del tipo que sea, incapacita al contrayente para cumplir los deberes conyugales. No hay que olvidar que las sentencias las hacen los jueces, no las hacen los peritos. Las pericias psiquiátricas son una prueba muy importante, pero son sólo una prueba pericial. Las sentencias rotales manifiestan que las pericias deben estar fundadas en los autos de la causa y el perito debe usar toda su ciencia, experiencia y los medios legítimos a su alcance. 

Las investigaciones acerca de la complejidad y de los condicionamientos de la vida psíquica no deben hacer perder de vista una completa e integral concepción del hombre creado por Dios ni una genuina visión del matrimonio como una íntima comunidad de vida y amor conyugal.

Como decía el Papa Juan Pablo II en la Alocución de 5 de febrero de 1987 a la Rota Romana: “El juez, por tanto, no puede y no debe pretender del perito un juicio acerca de la nulidad del matrimonio y, mucho menos, debe sentirse obligado por el juicio que en ese sentido hubiera eventualmente expresado el perito. La valoración acerca de la nulidad del matrimonio corresponde únicamente al juez. La función del perito es únicamente la de presentar los elementos que afectan a su específica competencia, y por tanto la naturaleza y el grado de la realidad psicológica o psiquiátrica, en función de la cual ha sido defendida la nulidad del matrimonio. Efectivamente, el Código en los cánones 1578 y 1579 exige expresamente del juez que valore críticamente las pericias. Es importante que en esta valoración no se deje engañar ni por juicios superficiales ni por expresiones aparentemente neutrales, pero que en realidad contienen premisas antropológicas inaceptables”.

La tarea de los Jueces de los Tribunales Eclesiásticos es descubrir la verdad en cada situación matrimonial que se les plantea y así decidir con justicia sobre la nulidad o la validez de un matrimonio concreto. La difícil tarea del Juez en estos procesos canónicos de nulidad matrimonial, es la de constatar el nexo de causalidad proporcionada entre esta causa de naturaleza psíquica y el defecto de capacidad consensual que se invoca como causa de nulidad. Y como lo he dicho ya en varios artículos escritos sobre este tema,  se ha de tener especialmente en cuenta la biografía de las personas implicadas y el conjunto de otras pruebas procesales como la confesión, la prueba documental, los testimonios de los testigos y de las personas próximas a la intimidad de las partes.

NOTA: Si desea leer otros artículos referentes a este tema, puede encontrarlos en este mismo blog en : Grave defecto de discreción de juicio, las Causales canónicas de nulidad matrimonial, el Proceso de nulidad del matrimonio católico.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Las Causales de Nulidad del Matrimonio Católico

lunes, 22 diciembre 2008

Todos hemos oído hablar de la ley de la causa y el efecto: “todo efecto tiene su causa”,“toda causa tiene su efecto”, lo que también puede expresarse  como  “no hay causa sin efecto ni efecto sin causa”. Como queramos enunciarla no importa tanto, porque entendemos que esta ley es lógica e infalible. Podría decirse que en derecho matrimonial canónico la ley de la causa y el efecto es la que resume y explica las causales de nulidad del matrimonio católico, ya que la causa que origina el matrimonio verdadero es el consentimiento matrimonial válido; y el efecto del consentimiento matrimonial válido es el matrimonio verdadero. Por lo tanto, no  hay efecto si no hay causa (no hay matrimonio si no hay consentimiento matrimonial) o, lo que es lo mismo, no hay causa sin efecto (sin consentimiento matrimonial no hay matrimonio). Es así de sencillo y de simple.

En derecho matrimonial canónico se presume que todo matrimonio es válido, mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que mientras no se demuestre que los contrayentes, en el momento de contraer matrimonio, emitieron un consentimiento matrimonial inválido, no se puede declarar la nulidad del matrimonio. Es por esto que para que un matrimonio católico se declare nulo, se deben alegar una o varias causales de nulidad, las cuales recaen en uno sólo de los contrayentes o en los dos, causales que deben probarse y demostrarse ante los Tribunales Eclesiásticos competentes (ver el Proceso de nulidad del matrimonio católico).

¿Y cuáles son esas causales de nulidad? Son varias las causales de nulidad matrimonial y están taxativamente señaladas en el Código de Derecho Canónico. Con que se pruebe una sóla de ellas, se declara judicialmente la nulidad matrimonial.

Pero antes de exponer cada una de las causales de nulidad del matrimonio católico, empezaré explicando qué es el consentimiento matrimonial válido (causa) y qué es el matrimonio verdadero (efecto). La causa (consentimiento matrimonial) está definida en el canon 1057 del Código de Derecho Canónico:  “§1. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. §2.  El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio”.

Mientras que el el efecto (matrimonio) está definido en el canon 1055 del mismo Código: “§1: La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. §2.  Por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento”.

Ya aclarando qué es el consentimiento matrimonial y qué es el matrimonio en derecho canónico, ahora sí podemos puntualizar cuándo y cómo se da un consentimiento matrimonial inválido que produce u origina un matrimonio nulo o inexistente. Al declararse la nulidad de un matrimonio católico, se está diciendo que ese matrimonio no existió; cosa que es muy diferente a lo que sucede con el divorcio del derecho civil, en el que no importa si el matrimonio fue válido o no lo fue para “disolverlo”.

Sólo me limitaré a mencionar las causales sin explicarlas, puesto que sería imposible analizarlas exhaustivamente en esta brevedad de espacio y  de tiempo del que dispongo; obviamente, cada una de estas causales daría perfectamente para llenar muchísimas páginas.  Sin embargo, señalaré que en este mismo blog he escrito varios temas de derecho canónico, en los que me extiendo un poco más en explicar algunas causales de nulidad matrimonial, por si el lector quisiera leerlas.

Las causales de nulidad del matrimonio católico por la falta de un consentimiento matrimonial válido, provienen de varios motivos:

1. Porque los dos contrayentes o sólo uno de ellos son incapaces de emitir un consentimiento matrimonial válido por: a) Carecer de uso de razón (canon 1095, 1); b) Tener un grave defecto de discreción de juicio o una inmadurez psicológica grave (canon 1095, 2; ver Grave defecto de discreción de juicio); c) Incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica (canon 1095, 3; ver Nulidad matrimonial canónica por incapacidad de naturaleza psíquica).

2. Porque siendo capaces de emitir un consentimiento matrimonial válido, no pudieron hacerlo por tener el consentimiento viciado ya fuera por: a)  Ignorancia de las propiedades esenciales del matrimonio como son la fidelidad, la indisolubilidad o la apertura a los hijos (canon 1096); b) Error acerca de la persona al casarse con otra diferente (canon 1097 § 1); c)  Error acerca de una cualidad de la persona directa y principalmente pretendida (canon 1097 § 2); d) Dolo o engaño provocado para obtener el consentimiento matrimonial (canon 1098); e) Error determinante acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio (canon 1099); f) Simulación total del matrimonio o exclusión de una propiedad esencial del mismo (canon 1101; ver la Simulación del consentimiento matrimonial); g)  Nulidad por atentar matrimonio bajo condición de futuro (canon 1102 § 1) o bajo condición de pasado o de presente que no se verifica (canon 1102 § 2); h) Matrimonio contraído por violencia, coacción o por miedo grave (canon 1103).

3. Porque siendo capaces para emitir un consentimiento matrimonial válido y aún queriendo hacerlo, no pueden casarse porque existen impedimentos para contraer matrimonio, ya sea por: 1. Impedimentos que nacen de circunstancias personales como:  a) Impedimento de edad: 16 años para el varón y 14 para la mujer (c. 1083); b) Impedimento de impotencia cierta, antecedente y perpetua por parte del hombre o de la mujer (c. 1084); 2.  Impedimentos que nacen de causas jurídicas como: a) Impedimento de vínculo o ligamen o matrimonio anterior pre-existente (c. 1085); b)  Impedimento de disparidad de cultos o de diferentes religiones (c. 1086); c) Impedimento de orden sagrado o sacerdocio (c. 1087); d) Impedimento de voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso (c. 1088); 3. Impedimentos que nacen de delitos cometidos para casarse como: a)  Impedimento de rapto o secuestro (c. 1089); b) Impedimento de conyugicidio o crimen por asesinar al cónyuge anterior y así poder casarse con otro(a), ya sea su cómplice o no (c. 1090); 4.  Impedimentos por tener vínculos de parentesco con el otro contrayente: a) Impedimento de consanguinidad en línea recta: abuelos con nietos, padres con hijos, o en línea colateral: entre hermanos, tíos con sobrinos, entre primos-hermanos, etc. (c. 1091); b) Impedimento de afinidad (c. 1092); c) Impedimento de pública honestidad (c. 1093); d) Impedimento de parentesco legal por adopción (c. 1094).

Hay impedimentos que pueden dispensarse y otros no. Nunca se concede dispensa del impedimento de vínculo anterior pre-existente (bigamia) ni del impedimento de consanguinidad en línea recta (padres con hijos o entre hermanos). Hay dispensas que están reservadas sólo a la Sede Apostólica o al Papa (impedimento de sagradas órdenes, voto público perpetuo de castidad, conyugicidio) y otros al Ordinario del lugar u Obispo (como el de edad, disparidad de cultos, parentesco entre primos, etc).

4. Existen otras causales de nulidad que no tienen que ver directamente  con el consentimiento matrimonial, ya que los contrayentes siendo capaces de emitir un consentimiento matrimonial válido y aún queriendo y pudiendo casarse, el matrimonio es nulo porque se omitieron algunos requisitos formales que originan una nulidad por defecto de forma, como es el caso de: a) Matrimonio nulo por celebrarse sin la asistencia del Ordinario del lugar o Párroco, o sin su delegación (canon 1108); b) Matrimonio por Procurador nulo o por vicio del mandato (canon 1105).

Si los contrayentes perseveran en su deseo de seguir casados teniendo un impedimento que puede dispensarse, su matrimonio puede convalidarse; es lo que llamaríamos la convalidación del matrimonio, que puede ser una convalidación simple (canon 1156) si se trata de una nulidad por impedimento dispensable; o de sanación en la raíz (canon 1161), si se trata de un defecto de forma.

También puede leer otros temas importantes en este mismo blog, que complementan y ayudan a entender más sobre el Matrimonio como Alianza y sobre el concepto de  Familia y Parentesco en derecho canónico. También puede leer todos los cánones sobre el matrimonio en el Código de Derecho Canónico.

Las publicaciones de este blog de derecho matrimonial y de familia, no tienen más pretensión que la de poner al alcance del público en general, unas explicaciones sencillas y breves sobre sus diferentes inquietudes acerca del matrimonio y de la  familia, tanto en el área del derecho civil como del derecho canónico. Se trata de hacer accesible estos temas a la “gente del común”, a la gente de la calle y no sólo a los especialistas en la materia. Y mi mejor apoyo para continuar escribiendo sobre estos temas en mi blog, son esas miles de personas de todos los rincones del mundo que lo leen y les ayuda a esclarecer sus dudas.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El matrimonio no es un contrato, es mucho más… es una alianza

miércoles, 10 diciembre 2008

El matrimonio es evidentemente una realidad antropológica, puesto que sólo se da entre los seres humanos. De aquí que un desarollo adecuado de la realidad matrimonial y familiar, no pueda partir sino de una antropología adecuada: el hombre (ya sea varón o mujer) es un ser en relación. Si el diseño personal del hombre es esencialmente relacional, la alteridad resulta ser un elemento clave para entender el verdadero concepto de persona, de libertad, de amor, de justicia y, de manera especial, para determinar la verdadera naturaleza jurídica del vínculo matrimonial. La mutua y recíproca donación sincera entre un hombre y una mujer que se da en el matrimonio, se realiza siempre en una relación interpersonal, lo que implica reconocer al otro como un ser personal y ser reconocido por el otro como persona.

Hablar de derecho matrimonial no es simplemente referirse a la unión conyugal como una relación jurídicamente reconocida, sino que es, primordialmente, acceder a la realidad natural de la “una caro”, esto es, a una realidad personal y biográfica. La ciencia jurídica no es sólo ciencia de las normas, sino que es principlamente ciencia del hombre en relación. El matrimonio es el núcleo familiar que crea las más sólidas e íntimas relaciones interpersonales, porque están fundadas en el amor verdaderamente personal que lleva a los cónyuges a darse y entregarse mutuamente en alianza permanente y, por lo tanto, está abierto a la historia de cada uno de sus miembros.

La alteridad que se opera en el matrimonio tiene tal especificidad, que se distingue de otras relaciones interpersonales y es de de ella de donde se deriva su intrínseca juridicidad. La unión conyugal permanentemente fiel y abierta a la fecundidad es, ante todo una realidad natural. Es decir, la esencia y la estructura básica del matrimonio se deriva de la misma naturaleza del hombre. El derecho regula el matrimonio, pero no lo crea.

El matrimonio lo crean los contrayentes porque se produce por su libre consentimiento matrimonial. Este consentimiento matrimonial, es un acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente en alianza permanente y fiel.  Es un acuerdo de voluntades, es un pacto conyugal  que no tiene que equipararse necesariamente a un contrato. Es verdad que un contrato es un acuerdo de voluntades que origina unos derechos y unas obligaciones, pero una cosa es que el matrimonio sea un acuerdo de voluntades y otra cosa es que se le califique jurídicamente como un contrato o negocio jurídico.

El libre consentimiento de los cónyuges (o principio consensual) es la causa eficiente del matrimonio y tiene gran relevancia jurídica en el momento constitutivo del matrimonio, pero no se puede concluir que por esto sea el matrimonio un contrato porque se podría desfigurar su realidad natural. Reducir el matrimonio a un contrato sería ilógico, puesto que las personas no pueden ser objeto de contratación ya que son indisponibles y en el matrimonio se entregan y se aceptan dos personas. Son los cónyuges que se casan de verdad en una alianza permanente, fiel y abierta a la vida los que crean el matrimonio con todo su dinamismo natural.  Ni el Estado ni la ley han creado el matrimonio, en todo caso lo que tiene que hacer el Estado y la ley es regular esa realidad natural pre-existente, conforme a sus propiedades esenciales y sin desfigurarlo.

Si fueran el Estado y el derecho positivo los que decidieran qué es el matrimonio, llegaríamos a lo que está sucediendo ahora en España: que lo han ido despojando de su realidad natural para convetirlo en algo irreconocible. Con las reformas del Código Civil español del año 2005, concretamente con la Ley 13/2005, de 1 de julio (en materia de derecho a contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo) y la Ley 15/2005, de 8 de julio (en materia del llamado divorcio “express” : un divorcio unilateral, sin alegar causales y a los 3 meses de matrimonio), al matrimonio lo han ido desnaturalizando hasta convertirlo en algo irreconocible y poco serio desde un punto de vista jurídico-positivo. Digo poco serio, porque pareciera que en el sistema jurídico matrimonial vigente en España, fuera más “comprometedor” celebrar contratos de hipoteca o de compra-venta de una casa que casarse.

Todos sabemos que actualmente los españoles que quieren comprar un piso, tienen que asumir hipotecas de hasta 30 años de duración; mientras que para divorciarse por lo civil bastaría que transcurrieran tan sólo 3 meses de matrimonio, sin alegar ninguna causal y por el simple consentimiento de uno de los cónyuges. O sea, mañana y sin saberlo, podríamos estar divorciados, simplemente porque nuestro cónyuge lo ha decidido por su cuenta.

Es verdad que los divorcios han aumentado considerablemente después de la entrada en vigor de esta ley del divorcio rápido, pero también es cierto que en España es un hecho social indiscutible que la gente se sigue casando con el deseo de que su matrimonio sea verdadero, es decir, que sea permanente, fiel y abierto a la procreación. Y la gran mayoría de los españoles lo han conseguido, lo consiguen y lo seguirán consiguiendo. En realidad, el problema no es que existan leyes civiles que desvirtúen el matrimonio (siempre las ha habido). El verdadero problema sería que se llegara a crear una cultura y una ” mentalidad “antimatrimonial y antifamiliar” con  sus graves consecuencias para el entramado social.

Es curioso observar cómo las mismas leyes civiles sobre el matrimonio en España pueden llegar a ser tan contraditorias. Hay muchos ejemplos de esa contradicción en la vigente legislación civil española en materia de matrimonio, de filiación, etc. Pero sólo voy a poner un ejemplo de esta contradicción legal: se trata de los llamados matrimonios de conveniencia o de complacencia, los cuales se consideran nulos e inexistentes en España y, por lo tanto, no se pueden inscribir en el Registro Civil Español y esto se aplica a “rajatabla”.

Veamos esta contradicción legal: mientras en el Código Civil español, en sus recientes reformas del año 2005, se permite contraer un matrimonio y luego divorciarse “porque sí” a los 3 meses de casados, resulta que en la Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre los matrimonios de conveniencia o de complacencia, se dice expresamente que… “para que haya verdadero matrimonio, no se requiere un consentimiento cualquiera, sino un consentimiento matrimonial dirigido a crear una comunidad de vida entre los esposos, con el fin de asumir los fines propios y específicos de la unión en matrimonio, es decir, formar un “consortium omnes vitae” (fundar una familia)”. En esta Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios de complacencia o de convenciencia, que es posterior a la reforma de la Ley 15/2005, de 8 de julio, sobre el divorcio “express”, se recuerda que cuando los contrayentes se unen en matrimonio, excluyendo las propiedades esenciales del matrimonio, ese matrimonio es simulado y, por lo tanto, nulo. Continúa diciendo la Instrucción… “El matrimonio es simulado cuando el consentimiento se emite por una o ambas partes en forma legal, pero simulada, esto es, sin una voluntad real y efectiva de contraer matrimonio, excluyendo el matrimonio mismo (simulación total) o un elemento o propiedad esencial del matrimonio (simulación parcial)… Esta simulación genera una nulidad matrimonial que impide que pueda inscribirse ese matrimonio en los Registros Civiles Españoles, porque un matrimonio simulado supone una voluntad matrimonial inexistente. Se trata de una nulidad absoluta, “ipso iure” o automática…”

¿Puede ser que se prohiba legalmente -en la Instrucción de 31 de enero de 2006- un matrimonio que no está llamado a conformar un “consortium omnes vitae”  (una comunidad de vida y amor, es decir, una familia) y al mismo tiempo que se permita legalmente -en la Ley 15/2005, de 8 de julio- un matrimonio que no está llamado a conformar una comunidad de vida y amor, porque los contrayentes pueden divorciarse a los 3 meses de casados? ¿Y puede ser que una misma legislación civil diga que es nulo el matrimonio en el que los contrayentes excluyen sus propiedades esenciales y en otra se permita excluirlas? Porque nadie puede negar que si a los 3 meses de casados se puede uno divorciar, difícilmente se puede conformar una “comunidad de vida y amor” ni una familia.

El matrimonio es una “comunidad de vida y amor” según la legislación vigente en España y en esta definición están todas sus propiedades esenciales.  Y a una comunidad de vida y amor no cabría calificarla jurídicamente como contrato porque no sería lo más adecuado, ni expresaría toda su esencia y su contenido. Cabría más bien llamarla alianza. Los anillos que siempre se han entregado los contrayentes en la ceremonia nupcial, ya sea civil o religiosa, como “símbolo” de su compromiso, se les llama “alianzas matrimoniales” para expresar lo que es el matrimonio. Esas alianzas “significan” lo que es el matrimonio; es decir, la alianza no es el anillo o la argolla, sino el matrimonio que han conformado los cónyuges con su consentimiento matrimonial libre.

Entonces, ¿sustituir “contrato matrimonial” por “alianza matrimonial”, es un simple cambio terminológico o supone mucho más? Realmente la palabra alianza expresa la grandeza del matrimonio, su más íntima naturaleza: la mutua y recíproca entrega de los esposos. Mientras que la palabra contrato es algo frio, un simple negocio jurídico como otro cualquiera: también se llama contrato a una hipoteca, a una compra-venta de un coche, de una casa, a un contrato laboral que, en ningún modo, son lo mismo que el matrimonio.  

En la alianza matrimonial, sucede lo mismo que en el amor: se entregan dos personas; mientras que en los contratos no pueden entregarse dos personas. A lo más, en los contratos se intercambian derechos y obligaciones. Un hombre y una mujer que se aman y se casan por amor, no se intercambian derechos y obligaciones, se entregan ellos mismos como personas y se asumen de manera permanente y fiel.

Los derechos y obligaciones que se originan serían consecuencia de esa “alianza”, pero no objeto de un “contrato matrimonial”. En cambio, el objeto de una “alianza matrimonial” no es un conjunto de derechos y de obligaciones, sino la “búsqueda del bien de los cónyuges, del bien de la familia y del bien de la sociedad” y esto es sólo posible, cuando los cónyuges se “asumen y se comprometen de verdad” y no condicionados al “mientras tanto”.

 “Asumirse” los dos esposos de verdad en una alianza matrimonial, es “asumir” el futuro de ese compromiso, el futuro de los dos con todas sus consecuencias previsibles e imprevisibles. Esto es casarse realmente y por amor. Lo otro, “casarse” para divorciarse a los 3 meses no es casarse de verdad y, mucho menos, es casarse por amor. Esto no sería un matrimonio real, así lo diga muy “legalmente” la Ley 15/2005, de 8 de julio. Tampoco es matrimonio verdadero el matrimonio homosexual, de dos personas del mismo sexo, así lo diga muy “legalmente” la Ley 13/2005, de 1 de julio. Bien sabemos que el derecho está plagado de muchas leyes que no son verdaderas ni justas. Con las leyes podemos crear “ficciones del derecho” contradiciendo e ignorando realidades naturales. 

¿Que se legaliza el “matrimonio” entre personas del mismo sexo? No sucede nada. ¿Que se legaliza el “matrimonio” con divorcio rápido”? Tampoco sucede nada. En todo caso, se les llamaría “contrato matrimonial”, pero no podría llamárseles “alianza matrimonial” porque -al fín y al cabo- con el contrato las partes pueden acordar lo que sea, siempre y cuando no sea algo “ilícito”. En un “contrato matrimonial”, la ley, el Estado y los contrayentes pueden decidir “lo que quieran” y llamarlo matrimonio. Mientras que en la “alianza matrimonial” los esposos despliegan “porque quieren” todo el dinamismo natural y verdadero del matrimonio, con todas sus consecuencias.

El ordenamiento jurídico español (¿o “desordenamiento”?) en torno al matrimonio que hoy tenemos vigente, es un sistema positivo que cree que el matrimonio es creación del derecho y del Estado y por eso éstos deciden lo que el matrimonio debe ser en cada momento, según las conveniencias políticas u otro tipo de intereses cambiantes. De seguir así ¿quién nos asegura que mañana el derecho o el Estado no decidan “legalizar” el matrimonio polígamo o el matrimonio incestuoso? Si lo importante para “legalizar” el matrimonio es el amor, el derecho a la libre orientación sexual y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, no podrían los polígamos e incestuosos pedir consecuentemente que se les “legalice” este tipo de “contrato matrimonial”?

En definitiva y desde una óptica estrictamente jurídica, es más apropiado llamar al matrimonio alianza y no contrato. No se trata de un simple juego de palabras, sino de describir lo que es verdaderamente el matrimonio como una relación familiar. Además, el matrimonio entendido como alianza, es más consecuente con el diseño personal de hombre y de la mujer por ser una visión “personalista”; mientras que el matrimonio, entendido como contrato, obedece más a una visión “contractualista” o utilitarista .

En la visión personalista ¿en qué consiste ese diseño personal del hombre y de la mujer? En que ontológicamente son personas y como personas tienen una dignidad intrínseca: sólo pueden ser objetos de amor y de bien, las personas sólo pueden ser amadas y no utilizadas. Es debido en justicia que lo amado conyugalmente en el matrimonio sea la persona del otro (el cónyuge) y que se le ame como persona en tanto distinta sexualmente y, por serlo precisamente, en cuanto complementaria (varón-mujer). El amor conyugal ordenado no puede separar ese doble componente: lo personal y lo sexual. La alianza matrimonial significa la entrega y aceptación sincera de un hombre y de una mujer que se casan para fundar una familia buscando el bien de los cónyuges, el bien de la familia y el bien común de la sociedad. La entrega personal de los esposos exige, por su naturaleza, que sea permanente, duradera.

Esto no sucede en una visión contractualista del matrimonio, la cual no encuadra en la lógica “personalista” del amor conyugal que es el amor y la entrega sincera de dos personas, de un hombre y de una mujer; la visión contractualista del matrimonio encuadra más en una lógica “utilitarista” en la que los esposos lo que se intercambiarían, a lo sumo, es un conjunto de “derechos y obligaciones” hasta que quisieran cumplirlos.

De todas maneras, un verdadero matrimonio -ya sea civil o religioso- es un hecho real y posible, no es algo teórico e idealista, sino algo abrumadoramente palpable y comprobable a lo largo de la historia universal: cuántos hombres y mujeres de todas las razas, lenguas, religiones y naciones se han casado, se casan y se seguirán casando verdadera y “libremente” en una alianza de amor permanente, fiel y abierta a los hijos. Ahí están tantos millones de historias reales, “de carne y hueso” que lo corroboran.     

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

NOTA: Si desea leer otros artículos relacionados con este tema y en este mismo blog, puede hacerlo en “Análisis de la Ley 13/2005 sobre derecho a contraer matrimonio”   también en “¿Una mentalidad optimista del matrimonio frente a una mentalidad pesimista del divorcio?”  y además en “Los cónyuges son los primeros parientes”

El derecho de corrección de los padres sobre sus hijos

lunes, 8 diciembre 2008

Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos, de guiarles, aconsejarles y corregirles para que sean personas de bien, libres y responsables. Es ésta una tarea maravillosa y grandiosa que requiere mucha paciencia, madurez, constancia, fortaleza de espíritu, buen criterio; requiere el ejercicio de muchas virtudes y, sobre todo, requiere mucho amor. Educar a los hijos exige mucho más que procurarles alimento, vestido, vivienda, colegio, salud, bienestar, descanso y diversión. Exige un ambiente familiar propicio y un clima de confianza, de comunicación y de respeto. Exige, especialmente, que los padres tengan muy claro cómo quieren educar a sus hijos, qué valores quieren inculcarles para que sus hijos sean felices y personas realizadas en todo sentido.

Educar hijos felices no quiere decir evitarles dificultades ni esfuerzos, porque deben aprender que la vida no es fácil ni cómoda; educar es también exigir, poner disciplina y orden, es hacer ver lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo, es “enderezar”, corregir a tiempo y con fortaleza (que no quiere decir con violencia) para no hacer de los hijos unas personas caprichosas, irresponsables y “tiranas”. Castigar una conducta incorrecta no es malo, es bueno para los hijos. Para los padres sería más fácil “dejar pasar”, no corregir, pero esto, a corto y largo plazo, sería muy perjudicial para ellos y para los hijos. Para los padres educar y corregir no es tarea fácil, porque les supone esfuerzo y valentía, les supone -ante todo- dar buen ejemplo a sus hijos. La mejor educación que puede  brindar un padre y una madre a sus hijos es el buen ejemplo, puesto que “una imagen vale más que mil palabras”.

“Educad y corregid al niño, para que no tengáis que castigar al hombre”. A los hijos hay que explicarles por qué está mal algo que han hecho indebidamente, pero si persisten en su actuación después de mucho explicarles, no estaría mal una buena palmada en el trasero dada a tiempo, si se sabe administrar bien y adecuadamente. Es mejor que los niños no sean motivados en sus actuaciones por premios ni por castigos, pero no es incorrecto que los padres -de vez en cuando- premien y estimulen el buen comportamiento de sus hijos y -siempre- les corrijan su mal comportamiento. ¿Y cuál es esa medida correcta de una corrección? No es algo matemático, depende de cada situación, de cada niño(a), del momento oportuno. En esto no valen las casuísticas, pero lo cierto es que hay que saber ser padres y no sólo amigos de los hijos.

¿A un hijo se le debe dar todo lo que pide? No. ¿Se le debe dejar hacer todo lo que quiera? No. ¿Se le debe exigir que cumpla sus deberes escolares y de la casa (porque en su casa también debe tener deberes caseros)? Sí. ¿Se le debe exigir que cuide sus cosas? Sí. ¿Se le debe exigir que respete a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus maestros y compañeros de colegio? Sí. ¿Se le debe exigir que no mienta, que no robe, que no golpee a los demás? Sí. ¿Y si lo hace se le debe corregir? Sí. ¿Corregirlo con golpes, con gritos, con humillaciones, con violencia? Nunca.

Es más efectivo corregir con pequeñas sanciones, como por ejemplo, reducirle el dinero que se le da semanalmente, retrasarle el paseo o el viaje que se le había prometido, etc. Esto lo “persuade” y le aprovecha más que una absurda e irracional paliza, que un grito, que una humillación. Pero hay que corregirlo, sabiendo que corregir no es algo violento sino que es expresión de amor y, como tal, debe ser algo positivo, convincente porque tiene la fuerza de la verdad y no del maltrato. Como dice el refrán: “más hace una gota de miel que un barril de hiel”.

Habrá ocasiones en que se tendrá que recurrir a métodos más drásticos, pero nunca a la violencia. ¿Violencia es una palmada dada a tiempo en el trasero? No, si no se hace con frecuencia y con fuerza. Pero tampoco podemos llegar a extremos tan absurdos, como el que acaba de suceder en España, en el que un Juzgado Penal de Jaén condena a una madre “sordomuda” a 45 días de prisión y a no acercarse a su hijo durante un año por agarrarle del cuello y darle un bofetón por un “delito de malos tratos” después de que le diera al menor un bofetón y le agarrara del cuello tras una pelea, que se inició cuando ella le reprendió por no haber hecho los deberes del colegio, a lo que este menor le respondió tirándole una zapatilla y corriendo a encerrarse en el cuarto de baño. La madre fue tras el hijo de 10 años de edad y, pese a la oposición del menor, consiguió abrir la puerta, lo que hizo que el niño cayera al suelo, fue entonces cuando la condenada le levantó agarrándole del cuello, dándole seguidamente un golpe por detrás en la cabeza que hizo que se golpeara la nariz y sangrara, tal y como describen los medios de comunicación y los propios implicados.

Cuando después el menor llegó a clase al colegio, su tutor percibió rastros de sangre en la nariz del menor y, al preguntarle qué le había pasado, le contó que su madre le había agarrado del cuello y le había dado un bofetón; el tutor observó que tenía en el cuello un moratón y denunció el hecho. Para la magistrada que juzgó el caso, ha quedado acreditado que la madre “cometió un acto de agresión contra su hijo al cogerle del cuello para levantarlo del suelo y darle un tortazo en la cabeza”, lo que hizo que su cabeza se golpeara contra el lavabo provocando la sangre en la nariz, por lo que “se cumplen todos los requisitos del tipo de maltrato, aún cuando hubiese sido la única agresión cometida por ella hacia su hijo”. Igualmente, analiza que el menor tiene un “carácter difícil y desobediente” respecto a las tareas del colegio y la madre se sumió en un estado de nerviosismo porque vio que le había mentido y no había hecho los deberes. La madre y el niño son los principales sorprendidos con esta sentencia condenatoria y ambos piden que no los separen. La madre sordomuda no había maltratatado nunca antes a su hijo.

Ante estos hechos, el debate se ha centrado en que si la actuación de la madre queda justificada ante la desobediencia del menor y si tiene cabida el bofetón en el derecho de corrección de los padres. Al respecto, argumenta la sentencia que ante una agresión física de esta índole -“dos actos de agresión de cierta intensidad que produjeron lesiones”- los actos de la madre “no pueden considerarse comprendidos dentro de los conceptos de razonabilidad y moderación”. En definitiva, se le condenó por un delito de malos tratos a 45 días de prisión y se le prohibió aproximarse a menos de 500 metros a su hijo durante un año y 45 días.

Recientemente, el Congreso español derrogó el art. 154 del Código Civil que recogía la posibilidad de que los padres corrigieran razonablemente a sus hijos y se ha abierto un amplio debate mediático sobre si esta reforma lleva consigo que el mero hecho de pegar un «cachete» a un hijo configura la comisión de un delito de violencia doméstica del art. 153.2 del Código Penal, que está sancionado con pena de entre tres meses de prisión y un año.

Es verdad que al estar vigente con anterioridad el precepto derogado, no legitimaba de por sí la agresión de un padre a un hijo, como tampoco se legitima ahora ni antes. Hay que proteger a las víctimas de la violencia cometida por los propios familiares en el seno del hogar. El Estado debe intervenir en estos hechos y de manera ineludible. Ahora bien, la expresa derogación del citado artículo 154 del C.C. que decía que los padres “podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos”, no conlleva necesariamente ingresar al padre o a la madre en prisión por un solo bofetón, al menos tres meses, con una pena de alejamiento de un año que expulse, además, al progenitor del hogar con las consecuencias que esto comporta.

Varios son los Juristas que consideran que con esta Sentencia la Juez ha hecho una interpretación restrictiva e ilógica de la ley y es como si se entendiera que antes de la derogación sí se permitía a los padres pegar a sus hijos y así no es. El derecho de corrección del artículo 154 del C.C. en ningún momento ha permitido la violencia doméstica ni se trataba de una “licencia” de los padres para maltratar a sus hijos. Antes, ahora y después, el hecho de ser padres no permite extralimitaciones en el ejercicio de la patria potestad. Los padres no pueden utilizar vías agresivas para hacer ver a sus hijos lo que está mal en su actitud y de ninguna manera está justificada la agresión a un menor. Pero ello no quiere decir que dar un cachete es cometer un delito de violencia doméstica.

Y como si ya fuera poca la pena decidida en esta Sentencia de Jaén, el Ministerio Fiscal la recurrió solicitando que se incremente la pena de 45 días de prisión más el año y 45 días de alejamiento a 67 días de cárcel manteniéndose la prohibición de acercamiento, puesto que la Sentencia emitida en primera instancia no tuvo en cuenta que se tenía que aplicar el agravante de que los hechos se desarrollaron en el domicilio familiar. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Jaén elevó la pena impuesta a la madre sordomuda  imponiéndole 67 días de prisión, así como un año y 67 días de alejamiento del menor, al considerar los Magistrados que debían resolver a favor del recurso planteado por la fiscalía .

Ante este incremento de la pena, la madre interpuso un recurso de apelación solicitando la revocación de la condena. Al respecto, los Magistrados analizan que el “simple hecho de golpear al niño ya incardina la conducta de la acusada” en el artículo 153 del Código Penal que contempla el delito de violencia doméstica y sostienen que en este caso concreto no puede entenderse que el derecho de corrección de la madre pueda justificar la conducta que tuvo. “Corregir no equivale a agredir, maltratar o golpear”, afirman, para agregar a continuación que “el derecho de corrección no autoriza ni alcanza la utilización del castigo físico”.

La Sentencia de apelación añade que los hechos enjuiciados no fueron un simple acto de reprensión ante una conducta impropia, sino el uso de la violencia física “como único medio de corrección de una conducta de cierta violencia”, de ahí que sólo quepa aplicar lo estipulado en el Código Penal sobre los delitos de violencia doméstica. “La obligación del juez es respetar y aplicar la Ley en cuya redacción y promulgación no participa y el caso es que el código penal no permita dejar de aplicar una norma imperativa” y estos hechos son “perfectamente incardinables en el delito de maltrato familiar”, expone la Sentencia.

Pese a todo ello, el Tribunal propone el indulto de la pena de prohibición de aproximación “con la consiguiente suspensión de su ejecución”, ya que considera que su aplicación puede conllevar consecuencias perjudiciales para los dos hijos menores de esta madre. De ahí que falle que se expida testimonio de esa Sentencia para su remisión al Ministerio de Justicia a efectos de la incoación del oportuno expediente de indulto. El Consejo de Ministros ha dado el indulto de la pena de alejamiento a la madre. El indulto, notificado por la Fiscalía de Jaén a la Fiscalía Superior de Andalucía, deja sin efecto así la sentencia dictada el pasado enero por la Audiencia de Jaén. Eso significa que esta madre sordomuda no tendrá que cumplir la pena. Se le condiciona a “que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años” desde la publicación del Real Decreto en el BOE.

Independientemente de este caso concreto, lo que sí queda claro es que una cosa es reprobar a un hijo una conducta impropia y otra muy distinta es agredirle con bofetones o con un cinturón, con tanta intensidad como para ocasionarle contusiones en diversas partes del cuerpo. Hasta no hace mucho tiempo, se veía muy “normal” que los padres castigaran a sus hijos con cinturones o “fuetes”. Esto ha sido, es  y será maltrato y violencia intrafamiliar antes y después de la derogación del citado precepto. Pero tampoco lleguemos al extremo y a la mala interpretación de que un cachete es violencia. A nadie va a causarle un trauma infantil una simple palmada dada muy de vez en cuando. Otra cosa es que se recurra con frecuencia y con fuerza a las palmadas, cachetes, bofetones, puños, golpes, gritos, humillaciones para   educar a los hijos, porque con esto se genera violencia y luego serán los mismos hijos los futuros transmisores de violencia intrafamiliar en los hogares que más tarde conformen.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

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