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Tutela, Curatela y Defensor Judicial para las personas incapaces

martes, 23 noviembre 2010

El Título X del Código Civil español se refiere a la tutela, la curatela y al defensor judicial como las instituciones de guarda y protección de los menores y de los incapacitados (artículos 215 a 302). Están sujetos a tutela los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad; los incapacitados judicialmente; los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela; y los menores que se hallen en situación de desamparo. Están sujetos a la curatela los menores emancipados que no tienen padres porque han fallecido o los tienen, pero están impedidos; los declarados incapaces para administrar sus bienes (pródigos); y los afectados por una incapacidad leve, pero que requieren del curador para realizar determinados actos jurídicos.

Es necesaria una sentencia judicial de incapacidad para determinar el grado de entendimiento del menor o del incapaz y así establecer el régimen de tutela o de curatela al que estará sujeto. Esta sentencia debe ser inscrita en el Registro Civil.

La intervención de un defensor judicial se da cuando se presume que las personas que ostentan la patria potestad, la tutela o la curatela velan más por sus propios intereses que por los de aquellos a quienes están confiados.

El procedimiento de incapacidad civil se sustancia por los trámites establecidos para el juicio verbal, contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Libro IV de los procesos especiales, Título I, Capítulo I, arts. 748 a 763 y se sustancia ante el Juzgado de Primera Instancia de lugar de residencia del presunto incapaz, mediante la interposición de una demanda por parte de los familiares directos y, en defecto de éstos, interviene el Estado a través del Ministerio Fiscal. La regla tiene una excepción cuando el afectado es menor de edad, caso en el cual sólo están legitimados los padres o tutores.

1. El Tutor está obligado a educar al menor o incapaz y a procurarle una formación integral, además de administrarle sus bienes y representarle en todos sus actos. Los tutores actúan en nombre y representación del sometido al régimen de tutela. Necesitan la autorización del Juez para ciertos actos como, por ejemplo, para solicitar el internamiento del tutelado en un instituto de salud mental o de educación especial, para gravar o enajenar sus bienes o empresas, objetos preciosos y valores mobiliarios, para renunciar a derechos, aceptar acuerdos o someter a arbitraje cuestiones que afecten a los intereses del tutelado, para intervenir en la partición de herencia o división de la cosa común, para realizar gastos extraordinarios en los bienes del tutelado, para interponer demandas salvo en los casos urgentes o de poco interés económico, para solicitar préstamos, etc.

La elección del tutor la realiza el Juez entre su cónyuge, los padres, las personas que hayan sido designadas por los padres en sus testamentos si éstos han fallecido, los descendientes, ascendientes, hermanos o terceros, nombrando tutor a la persona que se considera más capacitada para el ejercicio del cargo.

No pueden ser tutores aquellos que hayan sido privados o suspendidos (total o parcialmente) por resolución judicial del ejercicio de la patria potestad  o de los derechos de guarda y educación, ni los destituidos de un cargo tutelar anterior, ni los que estén cumpliendo una pena privativa de libertad, ni los condenados por cualquier delito que haga suponer que no van a desempeñar correctamente la tutela, ni los que no pueden materialmente desempeñar el cargo, ni las personas que tengan una enemistad manifiesta con el tutelado, ni las personas que tengan conflictos de intereses con el menor o incapaz, ni los quebrados y concursados no rehabilitados, ni las personas excluidas por los padres en sus disposiciones testamentarias.

La persona que haya sido nombrada como tutor puede rechazar el cargo por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales y profesionales, falta de relación con el menor o incapaz o por la carencia de medios económicos suficientes para atenderle. La renuncia al cargo debe hacerse en el plazo de 15 días desde el nombramiento si existe alguna de las causas anteriores o, posteriormente, cuando se manifieste algún motivo que imposibilite o limite el ejercicio de la tutela.

El cargo de tutor puede ser retribuido en un porcentaje comprendido entre el 4% y el 20 % del rendimiento de los bienes del menor. Antes de comenzar el cargo, el tutor estará obligado a realizar un inventario de los bienes que integran el patrimonio del tutelado y, al extinguirse el cargo, debe rendir cuentas detalladas de las operaciones que se han realizado en su patrimonio.

La tutela se extingue cuando el menor alcanza la mayoría de edad, cuando el que era titular de la patria potestad la recupera y por el fallecimiento del tutor o del tutelado.

Si no desempeñan bien sus funciones, los tutores pueden ser destituidos de oficio por un Juez o a petición del Ministerio Fiscal o de cualquier otra persona interesada. En estos casos y mientras se designa a un nuevo tutor, se nombrará a un defensor judicial que protegerá los intereses del menor o del incapaz.

El Juez constituirá la tutela previa audiencia de los parientes más próximos, de las personas que considere pruedente y, en todo caso, del tutelado si tuviera suficiente juicio y sea mayor de doce años.

La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo: a) cuando por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el tutor de los bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito de su competencia, si bien las decisiones que conciernan a ambos deberán tomarlas conjuntamente; b) cuando la tutela corresponda al padre y a la madre, será ejercida por ambos conjuntamente de modo análogo a la patria potestad; c) si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se considera conveniente que el cónyuge del tutor ejerza también la tutela; d) cuando el Juez nombre tutores a las personas que los padres del tutelado hayan designado en testamento o documento público notarial para ejercer la tutela conjuntamente.

2. El Curador interviene en aquellos actos de los sometidos a curatela, esto es, los emancipados cuyos padres han muerto o están incapacitados o imposibilitados, los menores de edad y los declarados incapaces para administrar sus bienes (pródigos), según haya dispuesto la sentencia judicial de declaración de incapacidad.

Al igual que la tutela, es un cargo renunciable y puede ser retribuido. La curatela de los incapacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido.

El nombramiento de tutor o curador se pide por los trámites del procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que debe aportarse la Sentencia previa de incapacidad y acreditar las circunstancias por las que se solicita la tutela o la curatela.

3. El Defensor Judicial es nombrado en caso de que existan conflictos de intereses entre el sometido a tutela, curatela o incluso patria potestad. También puede designarse un defensor judicial con carácter previo al nombramiento de un tutor o curador. Su representación se rige por lo dispuesto para los tutores y curadores.

Se nombrará un defensor judicial que represente y ampare los intereses de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos: a) cuando exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere sólo con uno de ellos, corresponderá al otro padre por Ley representar y amparar al menor o incapacitado, sin necesidad de especial nombramiento; b) en caso de que el tutor o el curador no desempeñaren sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.

Cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela, mientras se dicta resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal. Si además del cuidado de la persona también deben cuidarse sus bienes, el Juez podrá designar un administrador de los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida ésta.

El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo.

4. La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, cuyo objeto es el Patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad, establece que la tutela, la curatela y el defensor judicial son las tres instituciones de guarda y protección legal que se ocupan de la persona y de los bienes de los incapacitados y de los menores no sujetos a la patria potestad de sus padres.

Por lo tanto, cuando una persona carece de capacidad de obrar por no tener la capacidad de entender o de querer o tenerlas disminuidas, necesita de un representante para que en su nombre ejercite sus derechos, excepto la realización de actos personalísimos como, por ejemplo, el otorgamiento de un testamento, en cuyo caso ninguna persona puede representarle.

Algunas de las causas para la declaración judicial de incapacitación son, eso sí, estudiando caso por caso, la oligofrenia, la demencia, la esquizofrenia, la paranoia, la depresión, el trastorno bipolar, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, las deficiencias orgánicas y funcionales.  No todas las patologías afectan por igual a todas las personas que las padecen, pues a no todas les disminuyen su capacidad de autogobierno.

Únicamente tendrán la consideración de personas con discapacidad, las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33%, las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%. El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme.

Las personas discapacitadas beneficiarias del patrimonio protegido pueden ser discapacitados no incapacitados judicialmente y discapacitados incapacitados judicialmente (incapacitación total e incapacitación parcial). La Ley 41/2003 de 18 de noviembre, protege a los discapacitados con independencia de si existe o no incapacitación judicial y legitima. A falta de discernimiento del discapacitado, faculta a sus padres, tutores, curadores o, en su caso, guardadores de hecho, para realizar determinadas actuaciones en relación con el patrimonio protegido.

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, dice en el artículo 1.1: “1. El objeto de la presente Ley es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de los mismos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares. Tales bienes y derechos constituirán el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad”.

Muchos critican que esta ley dejaría fuera de su ámbito de aplicación a las personas discapacitadas mayores de edad no incapacitadas judicialmente y que carezcan de suficiente juicio, entre éstas a las personas mayores con demencia senil, Alzheimer, discapacidad psíquica ya que carecen de padres, tutores o curadores. En el caso de que exista un guardador de hecho de la persona discapacitada, el artículo 3.1.c) de la ley únicamente contempla la posible constitución del patrimonio por el guardador de una persona con discapacidad psíquica y, además, limitado a ciertas aportaciones; sin embargo, la nueva ley omite toda referencia al guardador de hecho en las demás actuaciones respecto del patrimonio protegido del discapacitado.

La constitución del patrimonio protegido está previsto en el artículo 3 de la Ley 41/2003: “1. Podrán constituir un patrimonio protegido: La propia persona con discapacidad beneficiaria del mismo, siempre que tenga capacidad de obrar suficiente; sus padres, tutores o curadores cuando la persona con discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente; el guardador de hecho de una persona con discapacidad psíquica podrá constituir en beneficio de éste un patrimonio protegido con los bienes que sus padres o tutores le hubieran dejado por título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por aquéllos y en los que hubiera sido designado beneficiario. Todo ello sin perjuicio de los dispuesto en el artículos 303,304 y 306 del Código Civil”.

Se trata de un patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad, vinculado a la satisfacción de sus necesidades vitales; está integrado por bienes y derechos que son aportados a título gratuito y que forman este patrimonio, que no tiene personalidad jurídica propia, se aíslan del resto del patrimonio personal de su titular-beneficiario, sometiéndolos a un régimen de administración y supervisión específico. Aparece como un patrimonio de destino, en cuanto que las distintas aportaciones tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares.

5. Existe otra figura jurídica llamada la “auto-tutela” que posibilita a una persona capaz de obrar para adoptar las disposiciones convenientes en previsión de su propia y futura incapacitación (por ejemplo, una enfermedad degenerativa), lo cual es acorde con el respeto a la autonomía privada. En los artículos 223, 234 y 239 del Código Civil español se habilita a las personas capaces para adoptar las disposiciones que considere oportunas en previsión de su propia incapacitación y alterar el orden de delación de la tutela, prefiriendo como tutor en primer lugar al designado por el propio tutelado, aunque el Juez tenga la facultad de alterar el orden de delación cuando así convenga al interés del incapacitado, en atención a circunstancias que no fueron tenidas en cuenta al efectuar la designación.

El artículo 234 del Código Civil prefiere para el nombramiento de tutor, en primer lugar, al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del art. 223.

Más que llamarse auto-tutela (que significaría que alguien se tutela a sí mismo) debería llamarse designación personal de un tutor.

6. En Aragón la tutela está contemplada en la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, estableciendo que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, pero con la peculiaridad propia de que a partir de los 14 años termina la representación legal del menor (quien actúa por sí mismo con la asistencia de sus padres, si todavía viven). En Aragón la capacidad se presume en las personas mayores de 14 años que no han sido incapacitadas judicialmente. Pero si hay personas no incapacitadas judicialmente y que no pueden decidir por sí mismas, se necesitará autorización judicial para permitir su internamiento o permanencia -contra su voluntad- en un centro especializado (artículo 33). No son válidos los actos de la persona no incapacitada (artículo 34).

El artículo 35 se refiere a la incapacitación, su extensión, límites y régimen de protección. Serán causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. El artículo 37 señala el patrimonio protegido de las personas con discapacidad. Los artículos 38 a 42 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, establecen los supuestos de prórroga o rehabilitación de la guarda, así como las causas de su extinción.

Se distinguen las relaciones tutelares de las instituciones tutelares como la tutela, curatela y el defensor judicial y de las instituciones complementarias como la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela, todas ellas  bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal. Se puede nombrar un Administrador de bienes para que los disponga a favor del menor o incapacitado.

También se permite en Aragón la auto-tutela, que ya definíamos anteriormente como aquella en que una persona mayor de edad y capaz, previendo su futura incapacitación judicial, puede designar mediante Escritura Pública a la(s) persona(s) que ejercerán las funciones tutelares en su persona y en su patrimonio.

La curatela, a la que están sujetos los incapacitados si lo determina la sentencia de incapacitación, puede limitarse al ámbito personal como incluir poderes de representación.

Hay que recordar que en el Derecho Foral Aragonés existe la importante  figura de la Junta de Parientes, que participan en la organización y funcionamiento de la tutela (artículos 92, 94, 99, 100, 126, 127 y 129) y en la guarda de hecho (artículo 145).

En lo que respecta a la tutela de los adultos en Aragón, la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón, perteneciente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ejercerá la tutela, curatela y el cargo de defensor judicial de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente, cuando dichas funciones sean encomendadas a la Administración de la Comunidad Autónoma, mediante Resolución Judicial. La incapacitación de la persona adulta se origina por causa de enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico, que impide a la persona gobernarse por sí misma. La declaración de incapacidad compete al Juez de Primera Instancia del lugar en el que resida el presunto incapaz.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Nuevas leyes en beneficio de los niños gravemente enfermos y de los niños desamparados

martes, 16 noviembre 2010

En este momento existen dos importantes iniciativas legislativas en España que velan por los derechos de los niños en situaciones de desventaja: la primera, todavía en proyecto de ley, en beneficio de los niños abandonados y acogidos en los centros institucionales de menores; la segunda, que acaba de ser  aprobada, en beneficio de los niños enfermos de cáncer o con otras enfermedades graves.
 
1) Respecto al proyecto de ley para los niños en situación de abandono, la futura Ley de Adopción Nacional y de Acogimiento Familiar propuesta por el Senado, que concluirá su dictamen el próximo día 20 de noviembre, se está considerando poner bajo la protección de familias de acogida a los niños de entre cero y seis años de edad que se encuentren en los centros de menores tutelados por la Administración. Esto no sólo supondrá un beneficio importante para estos niños en lo que respecta a la efectiva protección del desarrollo de su personalidad, de su salud psicológica y de su sana estabilidad emocional, sino también un importante ahorro económico para la Administración, pues se calcula que la plaza en un centro de acogida de la Administración cuesta entre las desorbitadas sumas de 3.500 a 6.000 euros al mes en un centro, mientras que en una familia 700 euros mensuales.

No se conoce el número oficial de menores tutelados en España (hasta los 18 años de edad), por abandono o desamparo, pero se barajan las cifras de entre 33.000 y 38.000 niños, de los cuales cerca a un 25% no han cumplido los seis años de edad, es decir, los años cruciales de sus vidas, especialmente en su aspecto psicológico. Las familias de acogida o de adopción son esenciales para estos niños, porque un recién nacido abandonado o declarado en desamparo debe pasar lo más pronto posible al cuidado de unos padres, ya sean en acogimiento o en adopción, según la situación específica de cada menor que determinará la respectiva Administración: a) adopción, cuando consta renuncia expresa de los padres biológicos o ha sido retirada la patria potestad por sentencia judicial, o b) acogimiento que puede ser en su familia extensa (tíos o abuelos) o en una en familia ajena voluntaria. Hay situaciones de urgencia, que pueden dar lugar a un acogimiento pre-adoptivo.

Evitar que estos niños resulten gravemente afectados es una prioridad. Nada justifica las largas demoras administrativas ni las peleas familiares en los Juzgados contra la Administración. Son varios los casos lamentablemente conocidos como los de Piedad (Canarias) o Diego, de El Royo (Soria), o los gemelos Iván y Sara, de Dos Hermanas (Sevilla), y otros muchos que permanecen años en instituciones mientras se decide su custodia.

La propuesta de ley del Senado consiste en un cierre progresivo de los Centros, en el menor tiempo posible, en primer lugar al tramo de edad de cero a tres años de edad y en una segunda fase, de los tres a los seis años. Desde esta edad y hasta los 11 años serían los siguientes en abandonar los Centros, y finalmente, los casos más difíciles para la adopción o la acogida, es decir, los niños mayores, quienes están agrupados en más de tres hermanos, o padecen enfermedades graves o presentan serias alteraciones de conducta, sí permanecerían durante un tiempo en las instituciones, pero con la advertencia expresa de sustituir estos centros por pisos u hogares tutelados, donde convivirían 6, 8 o 10 de estos niños como máximo.

Una de las recomendaciones más innovadoras del informe del Senado es la introducción en España de las familias profesionales de acogida que demuestren estar capacitadas y haberse sometido a los cursos de formación especializados en la crianza de niños desamparados y con problemas de salud, emocionales y/o de comportamiento. Estas familias cobran una cantidad por cada menor acogido y puede constituir su única vía de ingresos. En lugar de cuidar a los niños antes o después de ir al trabajo, el trabajo estará en casa y consistirá precisamente en la atención directa a los menores. La recomendación siguiente de los Senadores incide en la necesidad de intensificar los controles posteriores al acogimiento para evitar fraudes.

Uno de los objetivos es crear campañas de captación de familias idóneas de acogida, lograr una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas, tanto en los requisitos previos como en las ayudas económicas y la relación con la familia biológica y elaborar una lista única de adoptantes, tanto nacionales como internacionales.

2) Respecto a los padres de niños con cáncer u otra enfermedad grave que se vean obligados a cuidarles durante al menos el 50% de su jornada laboral, ya se ha aprobado que pueden percibir un subsidio para poder cuidarlos como se merecen. La prestación, equivalente a la reducción que experimenten por recortar sus horas de trabajo, y que podría llegar al 100% si los padres tienen que dejar el trabajo, se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 y se facilitará durante el tiempo que dure la enfermedad o hasta la mayoría de edad.

Esta iniciativa, permite que los niños puedan recibir el cuidado de sus padres con lo que se aliviará sus sufrimientos familiares, siendo así un acto de justicia tanto para el niño(a) enfermo(a) como para sus padres.

Según la presidenta de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer «nuestra experiencia como Federación es que todos los padres no están física ni psicológicamente bien para desempeñar su trabajo mientras su hijo está siendo tratado de cáncer, con lo que supone un tratamiento agresivo y que tu hijo pudiera estar contigo, porque le da tranquilidad y seguridad al menor. Además hay que tener en cuenta que cuando el padre está con él, el niño mantiene una total normalidad, un esfuerzo sobrehumano, porque el niño no note nada, aparte de que hay que tener en cuenta que los tratamientos no siempre se pueden obtener en tu ciudad».

Esta nueva prestación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2011, sólo beneficiará a uno de los padres; debe ser un trabajador afiliado a la Seguridad Social y que, al menos, tenga que dedicar la mitad de su jornada a la atención de sus hijos. La prestación podrá llegar al cien por cien de la base reguladora cuando el progenitor tenga que dejar de trabajar completamente. El texto de la enmienda señala que tendrán este derecho tanto los progenitores, los adoptantes o las personas que acogen al niño enfermo de forma pre-adoptiva o de forma permanente.

La novedosa prestación modifica la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y el Estatuto de los Trabajadores (ET). El artículo 38 de la LGSS incorporará el «cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave», como situación comprendida en la acción protectora del Sistema de Seguridad Social y amplía el artículo 180, sobre las cotizaciones realizadas durante la reducción de jornada, que se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo.

En cuanto al Estatuto de los Trabajadores que contempla el derecho del trabajador a conciliar la vida familiar y laboral, el artículo 37 detalla las situaciones en las que el trabajador tiene derecho a la reducción de jornada y reconoce como nuevo supuesto el cuidado de hijos afectados por cáncer o enfermedad grave. El artículo 34.8 reconoce que el trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en acuerdo individual.

Proyecto de Ley del Registro Civil español que invierte el orden de los apellidos

viernes, 5 noviembre 2010

En el día de ayer, todos los medios de comunicación españoles publicaron la noticia sobre el proyecto de ley del Registro Civil, que en este momento se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, por medio del cual se prescinde de la histórica preferencia del apellido paterno sobre el materno, permitiendo que sean ambos progenitores los que decidan de mutuo acuerdo el orden de los apellidos. En caso de desacuerdo entre ellos sobre este orden de preferencia, el encargado del Registro Civil determinará la elección de los apellidos según su orden alfabético.

Hasta ahora tenía prioridad el primer apellido del padre sobre el de la madre, salvo que por común acuerdo de los cónyuges se modificara ese orden a la hora de inscribir al bebé, pero de manera predeterminada el apellido paterno se anteponía al materno. Es decir, en caso de duda o desacuerdo, primaba el apellido del padre.

El proyecto añade que en los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos. Esto es algo que ya podía hacerse en este momento. También se mantiene que el interesado pueda decidir la inversión del orden de sus apellidos una vez alcance la mayoría de edad.

En la todavía vigente ley de Registro Civil, las personas mayores de edad también pueden cambiar su apellido si se produce una alteración de la filiación (adopción o reconocimiento de un hijo); si se desea sustituirlos por sus equivalentes onomásticos en cualquiera de las lenguas oficiales de España; si se ve necesario introducir la partícula “de” para evitar confusión entre nombre y apellido (Juan De David); o si alguien se ve obligado a cambiarlo cuando sus padres lo han hecho; se pueden unir apellidos siempre y cuando pertenezcan legítimamente al interesado. Lo que no puede hacerse es inventar un apellido para uno mismo.

Cuando se apruebe el proyecto de la nueva ley del Registro Civil, ésta no entrará en vigor antes de dos años, porque primero debe cambiarse todo el sistema de registro que pasará a ser informático e individualizado, ya que se sustituirá el tradicional Libro de Familia por un registro individual para cada ciudadano, vinculado a un código personal, con el que se podrá acceder a la base electrónica en la que se inscribirán todos los datos y hechos que afecten a una persona a lo largo de su vida desde el punto de vista civil.

El proyecto suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en secciones (nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, tutelas y representaciones legales) y crea un registro individual para cada persona desde el momento de su nacimiento o desde la adquisición de nacionalidad; se le asigna un “código personal de ciudadanía”, con el que se pretende diseñar un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente.

Se configura así una base de datos única que permitirá compaginar la unidad de la información con la gestión por territorios y la universalidad en el acceso. Se tendrán en cuenta las lenguas co-oficiales y los ciudadanos podrán solicitar que la inscripción de un hecho se practique en cualquier de las lenguas oficiales del lugar donde radique la oficina del Registro.

El proyecto de ley señala que si la filiación determina los apellidos y a su vez ésta viene fijada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden; lo que decidan para el primer hijo deberá continuarse para sus otros hijos que vengan después. En cuanto a la filiación, señala el proyecto que no se hará ninguna referencia al estado civil de los padres del inscrito, “equiparando así la relación matrimonial a cualquier otra situación”.

Si la o el solicitante son víctimas de violencia de género, podrán cambiar su apellido a través de una orden del Ministerio de Justicia.

El Ministro de Justicia afirma que el proyecto de Ley del Registro Civil “hace valer la igualdad entre hombre y mujer que establece el artículo 14 de la Constitución Española» y que «no cree que con este cambio se extingan los apellidos, sobre todo los que comienzan con las últimas letras del alfabeto». Porque ya hay quienes afirman que de aprobarse el proyecto de ley, los apellidos que empiezan por A tendrán más futuro en España que los apellidos que empiezan por Z,  los cuales se terminarán perdiendo o difuminando.

Ya se han pronunciado voces a favor y en contra de este proyecto de ley, cuya novedad más destacada y controvertida es que los apellidos se decidan por orden alfabético. Varias Asociaciones de Familia y de Juristas ven innecesaria la reforma. Dicen que lo que se pretende es desaparecer el concepto de familia en el Registro Civil español con una clara ideología individualista y antifamiliar. Sostienen que el actual Gobierno ha creado un nuevo conflicto familiar entre las parejas donde antes no lo había y que “el orden de los apellidos ni hace daño a nadie, ni ataca el principio de igualdad”.

El Instituto de Política Familiar (IPF) considera que «este proyecto, como otros del Gobierno actual, enfoca a la familia como una institución a eliminar y le va imponiendo ley tras ley”, e insta a todos los partidos “a que no sólo rechacen esta ley”, sino a “que se comprometan a restablecer el estatus jurídico de reconocimiento público y protección a la familia”.

Las Asociaciones de Familias Numerosas creen que “nadie ha podido decir que se sienta discriminado por esta cuestión”, y argumentan que “el criterio del orden alfabético es no tener criterio”.

Algunos Jueces temen que, con el argumento de modernizar el Registro Civil, se termine “desjudicializando”, mermando con ello las garantías del ciudadano.

Apuntan también algunos sociólogos las posibles dificultades que puedan presentarse en lo referente a la genealogía de las personas, en cuanto a las líneas ascendiente y descendiente, para determinar la serie de progenitores dentro de un orden precedente familiar e histórico. 

Otros, como la directora del Instituto de la Mujer, asegura que la propuesta de eliminar la preferencia histórica del apellido paterno es «justa y democrática», ya que, en su opinión, era «uno de los pocos restos machistas que permanecía en uno de los ordenamientos jurídicos más igualitarios del planeta».
Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho


Los Derechos Fundamentales de la Persona Humana

martes, 2 noviembre 2010

Escribir sobre los derechos fundamentales de la persona humana daría para llenar infinidad de páginas. En primer término, porque encontramos sobre este tema tantos enfoques como teorías hay sobre la noción de persona humana, no sólo desde un punto de vista filosófico, antropológico y ético, sino también político, económico, religioso y social. Dependiendo de cómo se defina al hombre, especialmente desde su trascendencia, habrá una aproximación más acorde a su realidad ontológica de persona.

Sólo el respeto a la dignidad trascendente de la persona humana genera una sociedad justa. Es necesario que todos los programas sociales, científicos, económicos, políticos y culturales estén presididos por el respeto de cada ser humano individualmente considerado dentro de esa comunidad de la que forma parte. Ninguna persona debe “instrumentalizarse” o “masificarse” con fines ajenos a su misma dignidad, ni debe ser sometida a injustas restricciones en el ejercicio de sus derechos y de su libertad.

La persona humana no es un “instrumento útil” para la economía ni para la política, porque la política y la economía están al servicio de la persona y no la persona al servicio de éstas. Ninguna persona puede ser tratada como un “objeto” para satisfacer deseos y necesidades de otras personas o instituciones. Podemos constatar que, lamentablemente, nos invade una cultura utilitarista que “cosifica” a la persona humana, tratándola como si fuera una cosa o un objeto carente de trascendencia. Y ante esto nunca podemos rendirnos porque las personas están para amar y ser amadas, mientras que las cosas están para usar: amar es opuesto a usar. Nadie puede ni debe ser “utilizado”.

Si algo caracteriza a la persona humana y la hace diferente de todo cuanto existe es su libertad, que es esa facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y/o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos y de sus omisiones. La libertad no puede ser entendida correctamente sin la responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás. La responsabilidad es esa capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de esas actuaciones realizadas libremente.

Libertad y responsabilidad son dos aspectos inescindibles de la persona humana, no pueden separarse y conllevan otra nota esencial del ser humano, que es su continua búsqueda de la verdad. Sólo el hombre libre y responsable puede buscar y encontrar la verdad. Y la verdad lleva al bien, a la felicidad, a la libertad y al bienestar personal y social.

Todos sabemos que la persona humana es, por naturaleza, un ser social que necesita para su desarrollo y para su progreso la convivencia con sus semejantes; es en esta convivencia donde el hombre y la mujer ejercen su sentido de libertad y de responsabilidad, sus derechos y deberes naturales y sociales, los cuales son inviolables e inalienables porque son fundamentales a toda persona humana, sin distingo de raza, condición, sexo, nacionalidad, religión, etc.

Estos derechos fundamentales de la persona humana son la clave para el respeto a todos los seres humanos individual y socialmente considerados. Por eso son universales. Son derechos y deberes que proceden de la dignidad humana, por lo tanto, NO son una concesión ni una creación del Estado ni de la Nación. El Estado, en todo caso, lo que debe hacer es tutelarlos, protegerlos y garantizarlos eficazmente.

Los derechos fundamentales y universales de la persona humana son: el derecho a la propia existencia; el derecho al desarrollo de la propia perfección personal; el derecho a cumplir los deberes propios con libertad y responsabilidad personal; el derecho a llevar una vida verdaderamente humana entre los demás hombres; el derecho a fundar una familia y a mantener y educar a los hijos; el derecho a adquirir propiedad privada y poder usar de la misma.

Estos derechos han sido proclamados por la ONU, por la Unión Europea y por casi todos los Estados del mundo. Están bellamente escritos y esculpidos. Pero esto no basta ni es suficiente. Es necesario que sean realizables. Que se garantice su alcance y realización a todas las personas, sin excepción alguna. Porque ¿de qué nos sirve decir que existe el derecho al trabajo, reconocido en todas las Constituciones de los países, cuando sabemos que el desempleo es el mayor problema y sufrimiento de muchas personas concretas en el mundo actual? Lo mismo podríamos decir de otros derechos proclamados con “bombo y platillo” como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la propiedad, etc.

¿Por qué no se garantizan efectivamente? Porque precisamente la política y la economía que nos rigen no “sirven” a la persona humana sino que “se sirven” de la persona humana. Porque los hombres y las mujeres, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos muchas veces no son vistos como personas, sino como objetos de los que se sirven los que manejan los hilos de esa política y esa economía, “instrumentalizando» a las personas para sus propios intereses. A la prueba está la actual “crisis económica” mundial.

La dignidad de la persona humana es el centro sobre el que deben gravitar todos los asuntos, no sólo a nivel político, económico y social, ya sean  a “gran escala” nacional o internacional, sino sobre todo a nivel individual, en nuestras diarias y cotidianas relaciones interpersonales e intrafamiliares. Es la difícil pero posible puesta en práctica de esa sencilla regla de oro universal de “tratar a tu prójimo como a ti mismo” o, lo que es lo mismo, “no hacer a otro lo que no quieres que te hagan a ti”. 

Entre los derechos a la propia existencia están el derecho a la vida de todos los seres humanos, desde el momento de su concepción; el derecho a la legítima defensa contra un agresor injusto; el derecho a la integridad corporal e inviolabilidad personal. Una existencia verdaderamente humana y decorosa se alcanza cuando está garantizado el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica en todos los estadios y condiciones de la vida, ya sea en la salud o enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro, etc.

El derecho al desarrollo de la propia personalidad se consigue cuando la persona humana puede desarrollar todos sus talentos y cualidades, cuando se respeta su derecho a la intimidad y se protege su vida privada, su honor y buena fama, su buen nombre. Vemos como la sospecha, el juicio temerario, la difamación, la calumnia y la injuria están hoy a la orden del día y son el “plato favorito” de muchos medios de comunicación.

El derecho a la verdad es también un deber que incluye la libre y respetuosa expresión de las propias opiniones y creencias, a cultivar cualquier arte y profesión honesta, a tener una información objetiva de los sucesos públicos, a no manipular la opinión pública con fines “utilitaristas”, a no ahogar la voz de los ciudadanos ni reducirla a un silencio forzado. Incluye también el derecho a la libertad religiosa. Todos los hombres estamos obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a practicar la propia religión. Ninguna ley puede suprimir o dificultar la práctica de la propia fe, siempre que se respete el justo orden público. El derecho a la verdad incluye igualmente el derecho a obrar según la recta y propia conciencia.

Los derechos del hombre con respecto a la familia son el derecho al matrimonio y a fundar una familia, a procrear y decidir el número de hijos, a educarlos humana, moral y culturalmente y a poseer los bienes suficientes para mantener la familia y dar a los hijos la educación adecuada. También tiene relación con el derecho a la inviolabilidad del hogar y a desarrollar la propia vida doméstica sin injustas intromisiones que provengan del exterior y perturben la intimidad del hogar.

Los derechos económicos nacen de la misma naturaleza humana y son necesarios para salvaguardar la libertad y la dignidad del hombre. Los principales derechos económicos son el derecho al trabajo para proveer a la propia vida y a la de los hijos; el derecho a la elección de una profesión honesta con la que pueda desarrollar sus propios talentos y colaborar con el progreso de la sociedad. El derecho a la propiedad privada es una garantía de la libertad humana.

Los derechos sociales y políticos exigen la colaboración de todos para lograr el bien común y el bienestar social. Entre estos tenemos el derecho a la seguridad jurídica con el que se garantiza una defensa justa, eficaz e igual para todos; el derecho a la libre fijación de residencia y de libre circulación y movimiento; el derecho a la emigración; el derecho de asilo político cuando, por motivos políticos, alguien es perseguido por las autoridades públicas. Atentan contra este derecho la deportación y la repatriación forzada. Dentro de los derechos sociales y políticos también tenemos el derecho de libre reunión con fines honestos que no atenten contra el bien común de la sociedad; el derecho de libre asociación para alcanzar los fines que los particulares por sí solos no pueden conseguir eficazmente; el derecho de participación activa en la vida pública y el derecho de sufragio libre en la elección de los gobernantes, es decir, el derecho a elegir y ser elegido.

También hay deberes sociales como el deber de obediencia a las leyes justas, el deber de luchar contra el abuso de la autoridad mediante una legítima actitud de los ciudadanos llamada el derecho de resistencia.

El derecho a la educación y a la cultura, con calidad y equidad para todos, es también uno de los derechos políticos y sociales con el que nos situamos activa y críticamente en nuestra sociedad, ayudando a construirla y mejorarla para alcanzar la paz y el desarrollo humano y social.

Todos estos derechos fundamentales de la persona humana, son también deberes personales con los que debemos procurar el bien común y conseguir el progreso y desarrollo del estado de bienestar social. No son sólo responsabilidad del Estado y de las autoridades políticas y económicas, sino también de todas las personas individuales y de las instituciones privadas. No podemos eludir nuestras propias responsabilidades particulares. Una sociedad moderna y justa exige la responsabilidad y la participación activa del sector privado y no sólo del sector público.

1. LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA:

En diciembre de 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta adquirió el mismo carácter jurídico vinculante que los Tratados. A tal efecto, la Carta fue enmendada y proclamada por segunda vez en diciembre de 2007. Incluye un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en 7 capítulos:

Capítulo I: Dignidad (dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado).

Capítulo II: Libertad (derechos a la libertad y a la seguridad, respeto de la vida privada y familiar, protección de los datos de carácter personal, derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación, libertad de las artes y de las ciencias, derecho a la educación, libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho de asilo, protección en caso de devolución, expulsión y extradición).

Capítulo III: Igualdad (igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre hombres y mujeres, derechos del menor, derechos de las personas mayores, integración de las personas discapacitadas).

Capítulo IV: Solidaridad (derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de trabajo justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del medio ambiente, protección de los consumidores).

Capítulo V: Ciudadanía (derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales, derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos, Defensor del Pueblo Europeo, derecho de petición, libertad de circulación y de residencia, protección diplomática y consular).

Capítulo VI: Justicia (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia y derechos de la defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito).

Capítulo VII: Disposiciones generales.

2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU:

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Consta de un preámbulo y 30 artículos:

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14: 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15: 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16: 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21: 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27: 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29: 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

3. La Iglesia Católica tiene un Compendio de su Doctrina Social, en el que se recogen de manera completa y sistemática los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario; se presenta a todas las personas como una guía para inspirar, en el ámbito individual y colectivo, los comportamientos y opciones que permitan mirar al futuro con confianza y esperanza.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

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