Hace una semana acaba de publicarse la nueva ley de adopción internacional en España, la cual era muy necesaria. Todos sabemos que en los últimos años el número de menores extranjeros adoptados por españoles o residentes en España se ha incrementado de manera muy notable. Los factores determinantes para este aumento de adopciones internacionales son, entre otros,  el descenso de la natalidad en España y la difícil situación económica y social de algunos países de donde provienen los niños adoptados por familias españolas.

Supone un gran desafío jurídico para el legislador asegurar que la adopción se realice con las máximas garantías y respeto a los intereses de los menores a adoptar, a la vez que posibilitar el desarrollo armónico de la personalidad del niño en el contexto de un medio familiar propicio. La dispersión normativa que existe hasta el momento en esta materia es bien conocida por todos, de ahí la urgente necesidad de conseguir una legislación propicia, completa y uniforme de las cuestiones de derecho internacional privado que atañen a todo proceso de adopción internacional, que no sólo asegure sino que también armonice los principios y valores de nuestra Constitución con las disposiciones de los instrumentos internacionales en materia de adopción que son parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Han servido de base a esta Ley los principios contenidos en el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar en los planos nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General 41/1985, de 3 de diciembre de 1986), el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, ratificado por España mediante Instrumento de 30 de junio de 1995.

En la adopción, ya sea nacional o internacional, siempre prima el interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo. Específicamente, la adopción internacional está concebida como una medida de protección de los menores que no pueden encontrar una familia en sus países de origen,  estableciendo las garantías necesarias y adecuadas para asegurar que las adopciones internacionales se realicen, ante todo, en interés superior del niño y con respeto a sus derechos. Asimismo, se pretende evitar y prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños, asegurando al mismo tiempo la no discriminación del menor por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, etc.

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La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional en España ha sido reformada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria: Esta reciente ley ha reformado algunos aspectos de la adopción, tanto nacional como internacional, que entraron en vigor el 12 de agosto de 2015.

NOTA: Este artículo también ha sido publicado en el Boletín Nº 182 de los Colegios de Abogados de Aragón (IV época, enero de 2008).

Hasta no hace más de 30 años la filiación estaba fundamentada en el origen biológico de la consanguinidad sin descartar, por supuesto,  la filiación  por adopción. El principio de igualdad de la filiación condujo a la plena equiparación entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y los hijos adoptados. Los hijos o eran concebidos sexualmente por sus padres (dentro del matrimonio, fuera del matrimonio o en unión libre) o eran adoptados. No cabía ni imaginar que los hijos pudieran ser concebidos artificialmente, a través de la procreación médicamente asistida, mediante la fecundación homóloga o heteróloga.

En España la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre reproducción humana médicamente asistida,  ha regulado diversos aspectos (médicos, administrativos, penales, civiles) de la aplicación de nuevas técnicas de procreación humana. El primer banco de espermas se creó en 1978 y al tiempo de la promulgación de la ley se calculaba que había 2.000 niños concebidos mediante estas técnicas, calculándose, además, que unas 700.000 parejas podrían beneficiarse de ellas, en 14 clínicas especializadas. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, es la actualmente vigente en España.

Los requisitos para utilizar estas técnicas son los siguientes: a) Deberá haber posibilidades razonables de éxito sin poner en riesgo la vida de la madre o del niño por nacer; b) la mujer solicitante deberá ser mayor de edad, estar en buen estado de salud psicofísica y haber manifestado su consentimiento informado de manera libre y consciente; c) los equipos encargados de aplicar estas técnicas tienen el deber de informar a todos los intervinientes sobre los aspectos biológicos, jurídicos, éticos o económicos de aquéllas; d) los consentimientos dados deben hacerse constar en formularios uniformes; e) en cualquier aplicación de las técnicas la mujer tiene derecho a renunciar a proseguirla; f) la historia clínica individual deberá ser tratada reservadamente, lo mismo que la esterilidad de los usuarios de las mismas y todos los aspectos concernientes al nacimiento de los niños así procreados.

Está prohibida la fecundación de óvulos con finalidades distintas de la procreación humana. El número de pre-embriones transferidos al útero de la mujer deberá ser el más adecuado científicamente, para asegurar razonablemente el embarazo. Se prevé el contrato gratuito de cesión de gametos así como la cesión hecha por el donante y el Centro autorizado; esta donación deberá formalizarse por escrito y de forma anónima. Los datos de identidad serán conservados en el secreto más estricto, y en clave, en el Centro y Registro Nacional de Donantes. La madre y los hijos tendrán acceso a la información general de los donantes, pero no a la identidad de los mismos.

Excepcionalmente, y en caso de peligro de muerte para el niño, será posible revelar la identidad del donante, pero sin publicidad. El donante deberá ser mayor de edad, tener plena capacidad de obrar y no sufrir enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles. Los Centros velarán para que de un único donante no nazcan más de seis hijos.

La mujer debe ser informada de los peligros que pueden afectar a la descendencia y durante el embarazo debido a una edad inadecuada de la madre. Si ésta está casada el marido debe prestar plenamente su consentimiento de manera libre, consciente y formal ,y de no estar casada, se exige el consentimiento de su pareja el cual, una vez prestado, equivale al documento que, en su caso, exige el reconocimiento del niño por nacer. La ley permite las técnicas de la procreación asistida a una mujer sola, cualquiera que sea su estado civil, lo cual supone que el niño que nazca carecerá forzosamente de un padre legal.

Así mismo, se autoriza la fecundación post mortem si el marido o su pareja de hecho ha autorizado, por testamento o en documento público, que la mujer sea fecundada dentro de los seis meses siguientes a la muerte del marido, con el esperma que éste había  depositado en un Banco de semen.

La ley prohíbe la gestación por sustitución, también conocida como maternidad subrogada y establece que el vínculo de maternidad deriva del alumbramiento. Igualmente, la ley prohíbe la clonación humana.

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NOTA: Hay también otro artículo relacionado con este tema dentro de este mismo blog, que se refiere a los Sistemas de Parentesco y de Familia en el Derecho Canónico, el cual puedes descargar en “Sexualidad, Matrimonio, Familia y Parentesco en Derecho Canónico”.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho