La libertad religiosa es uno de los derechos y libertades fundamentales del hombre y es la fuente de convivencia de una sana sociedad democrática y pluralista, que entiende la religión como un factor importante e influyente en la vida social. La libertad religiosa tiene un papel central en la defensa y protección de la dignidad inviolable de cada ser humano.

Ningún Estado puede plantearse la religión como un problema para la sociedad, ni como un factor de perturbación o de conflicto, porque la religión también posibilita la construcción estable del bien común.

1. La Constitución española de 1978 protege y garantiza el derecho y la libertad religiosa en varios de sus artículos. Cito como ejemplo, entre otros:

Artículo 10:
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

En este punto debe recordarse que el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece expresamente: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado».

Artículo 14:
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 16:
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin mas limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden publico protegido por la Ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

El límite de la libertad religiosa lo constituye el orden público  establecido en el ordenamiento jurídico de los Estados democráticos y de derecho.

2. La libertad religiosa se manifiesta no sólo individualmente, sino también comunitaria o colectivamente. Ejemplos del ejercicio individual de la libertad religiosa son el derecho a profesar cualquier creencia religiosa o a no profesar ninguna, a cambiar de religión, a no ser obligado a declarar sobre sus ideas o a no ser obligado a practicar actos de culto, a recibir enseñanza religiosa según las propias convicciones o las de los padres o tutores, derecho a recibir sepultura digna, etc. Ejemplos del ejercicio colectivo de la libertad religiosa, son el  derecho a celebrar los propios ritos mediante los propios actos de culto, el derecho a impartir enseñanza religiosa, a reunirse, manifestarse o  asociarse, etc.

La libertad religiosa no es compatible con la subversión o alteración del orden público que provoca daños a la sociedad, como el fanatismo, el fundamentalismo, las prácticas contrarias a la dignidad humana; esto nunca  puede justificarse, mucho menos en nombre de la religión, puesto que la religión no se impone por la fuerza.

Así como debe condenarse toda forma de fanatismo y fundamentalismo religioso, debe condenarse también toda forma de «laicismo» u hostilidad contra la religión, que limita el ejercicio público de los creyentes en la vida civil y política. Tanto el fundamentalismo religioso como el laicismo, constituyen un rechazo al legítimo pluralismo y al principio de laicidad estatal. Ningún Estado puede imponer ni negar la religión, porque la libertad religiosa no es una creación estatal que puede ser manipulada, sino que debe ser reconocida y respetada. De lo contrario, caeríamos en totalitarismos políticos e ideológicos, que menoscaban y coartan la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión.

La libertad religiosa es garantía auténtica de paz y de justicia. Por esto, un Estado debe ser aconfesional, es decir, no debe tener confesión religiosa porque debe ser neutral ante el hecho religioso, pero no indiferente ni mucho menos restrictivo con la religión, ni puede discriminar a los ciudadanos creyentes.

La inscripción de Iglesias, confesiones o entidades religiosas no habilita al Estado para ejercer un control sobre las distintas modalidades de expresión de las actividades religiosas (Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero).

Es innegable el hecho histórico y cultural de que tanto España, como el resto de Europa, son países de hondas raíces cristianas, lo cual no puede desconocerse ni ignorarse ni arrancarse mediante decretos o leyes. Hace pocos días leía un interesante artículo de un periodista, quien dice no considerarse religioso, que decía que «los católicos españoles y europeos dejarán de ser católicos el día en que lo decidan ellos, no sus Gobiernos».

El respeto del derecho a la vida y a la libertad religiosa es una condición para la legitimidad de toda norma social y jurídica, ya que ninguna ley puede imponer a los ciudadanos creyentes que “tengan que suprimir su fe para ser ciudadanos activos”.

3. Una vertiente de la libertad religiosa es la libertad de conciencia, que posibilita la objeción de conciencia, entendida como aquella facultad de oponerse al cumplimiento de deberes establecidos de forma general por el ordenamiento jurídico.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la objeción de médicos y personal sanitario en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (STC 53/1985, de 11 de abril) y prácticas vinculadas a reproducción asistida (STC 116/1999, de 17 de junio).

En este campo de la sanidad pública suelen presentarse situaciones personales conflictivas entre la propia creencia religiosa, la objeción  de conciencia y un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Algunas personas que trabajan en la sanidad pública, desde su propia fe religiosa o desde su propia libertad ideológica, tienen la firme convicción de que la vida humana debe ser protegida desde el mismo instante de la concepción, hasta el momento de la muerte (no provocada).

El conflicto se presenta cuando ese personal médico y sanitario que, por ejemplo, profesa la fe católica, tiene que actuar profesionalmente dentro de sistemas legales sanitarios que permiten el aborto y la eutanasia. Lo justo es que puedan objetar su conciencia para no tener que practicar abortos o eutanasias en las clínicas u hospitales públicos en los que trabajan. Un Estado «pluralista y democrático» como es España, no podría negar, ni directa ni indirectamente, al personal médico y sanitario «creyente» el derecho a la objeción de conciencia, ni obligarlos por «imperativo legal» a practicar abortos o eutanasias, cuando estas personas están convencidas, no sólo por argumentos de fe, sino también por argumentos científicos y de razón, que el aborto y la eutanasia son contrarios a la defensa de la vida humana. 

 Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho 

 

 

Si hay algo seguro e inevitable en la vida de una persona es la muerte. Ninguno podremos librarnos de ella porque, como bien dice un amigo mio, «el verdadero peligro para morirse es estar vivo». No sabemos «ni el día ni la hora» en que llegará, ni dónde ni cómo será nuestra propia muerte.

Lo extraño es que siendo la muerte una realidad tan evidente y tan connatural a la vida misma,  se intenta eludirla de nuestro pensamiento y se evita afrontarla como si fuese algo “macabro”, cuando no debería ser así porque la muerte es una realidad inherente al ser humano. Los sabios nos recuerdan que solo la persona que enfrenta cada día de su vida como si fuera el último de su existencia en la tierra, es quien vive plena e intensamente.

I. Actualmente se habla mucho en España del “Testamento Vital” o del “Documento de Voluntades Anticipadas”, lo mismo que del “Anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna” del Gobierno central. Todo esto está despertando muchas voces a favor y muchas voces en contra. De hecho, en España ya hay dos Comunidades Autónomas que tienen recientemente aprobadas la «Ley de Muerte Digna», que son Andalucía y Aragón. En ellas se recogen algunas de las cuestiones relacionadas con el proceso de la muerte, como son la calidad de vida, el consentimiento informado, los cuidados paliativos, la declaración de voluntad vital anticipada, la intervención en el ámbito de la sanidad, la limitación del esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa, la situación terminal, el testamento vital, etc.

Los que defienden el Anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna, dicen que ésta persigue proteger la dignidad de la persona y asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad, incluyendo la manifestada voluntad anticipada mediante el testamento vital; sostienen también que “la muerte digna forma parte de la vida digna”, porque a través de esta ley se intenta evitar sufrimientos innecesarios para los pacientes, sus familias y los profesionales de la salud.

Los que no están de acuerdo, creen que con la llamada “ley de muerte digna” se dan pasos hacia la «eutanasia». Critican, además, que el anteproyecto del gobierno no alude a la objeción de conciencia, no brinda seguridad ni a los médicos ni a los pacientes, que la actuación de los profesionales sanitarios quedará en «tela de juicio» y surgirán conflictos éticos y jurídicos que, probablemente, acabarán en los tribunales.

El todavía proyecto de ley de cuidados paliativos y de muerte digna en el proceso final de la vida, del actual gobierno socialista español, debería tener más en cuenta el consenso y la opinión de los profesionales de los cuidados paliativos, porque ellos son quienes deciden sobre las intervenciones y el tratamiento a seguir en situaciones terminales de los pacientes, para evitarles dolor y sufrimiento innecesarios.

Pero varios de estos profesionales se quejan de que este proyecto de ley convierte al médico en mero ejecutor de «la voluntad del paciente, que se configura como mandato fundamental del personal sanitario» y «no contempla el derecho a la objeción de conciencia», ya que el profesional tendrá todo el amparo legal si respeta las convicciones y decisiones del paciente, puesto que esta ley dice que «el cumplimiento de la voluntad del paciente (…) excluirá cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales». En caso de incapacidad del paciente, será su representante legal o familiar más próximo quien decidirá qué tratamientos dar o suspender, sin que en ningún momento se contemple la posibilidad de que el profesional se niegue a realizar la voluntad del paciente.

Los críticos ante este proyecto de  ley de cuidados paliativos y muerte digna, reconocen que esta ley no regula de forma abierta la eutanasia, pero sí permite que suceda impunemente, al hacer posible que el paciente o su representante decidan en un momento dado que se retire una nutrición necesaria para sobrevivir,  convirtiendo de esta manera la relación profesional y humana médico-paciente, en una relación basada en la sospecha y la desconfianza.

Es verdad que la dignidad de una persona no radica en su estado de salud o en su condición física y, precisamente por esto, la vida de una persona en estado terminal no deja de ser digna. También es verdad que todos debemos enfrentarnos a la muerte de nuestros seres queridos y a nuestra propia muerte, lo cual conlleva un sufrimiento y un dolor inevitables: ninguna ley puede aliviar el dolor humano que conlleva toda muerte. El dolor y el sufrimiento físico y espiritual no hacen indigna la muerte. Por tanto, la muerte no se convierte en “digna” cuando no hay dolor y en «indigna» cuando lo haya.

Lo que sí es cierto es que este dolor sí debe aliviarse a través del amor del entorno familiar del paciente, con la medicación y con la sedación indicada en los protocolos ya existentes, los cuales impiden prolongar inútilmente una «vida artificial» y también ayudan a mitigar el dolor y el sufrimiento del paciente. Esta es la responsabilidad del médico y esta es su vocación de «cuidar» y es aquí donde radica la confianza del paciente hacia su médico.

El artículo 27 del Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial Española de 1999, señala claramente que «el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuando ya no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo, aún cuando de ello pudiera derivarse, a pesar de su correcto uso, un acortamiento de la vida. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste».

Y la Asociación Médica Mundial declara reiteradamente que «la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, ya sea a petición suya o de sus familiares, es contraria a la ética médica».

La Organización Médica Colegial Española aprobó en febrero de 2009 una Declaración sobre «Ética de la sedación en la agonía», señalando que “la frontera entre lo que es una sedación en la agonía y la eutanasia activa se encuentra en los fines primarios de una y otra. En la sedación se busca conseguir, con la dosis mínima necesaria de fármacos, un nivel de conciencia en el que el paciente no sufra, ni física, ni emocionalmente, aunque de forma indirecta pudiera acortar la vida. En la eutanasia se busca deliberadamente la muerte inmediata. La diferencia es clara si se observa desde la Ética y la Deontología Médica».

Una sedación para paliar el dolor es correcta, una sedación con la intención de precipitar el desenlace sería un acto de eutanasia.

II. Tanto la ley andaluza (Ley 2/2010, de 8 de abril, de «Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte»), como la ley aragonesa (Ley 10/2011, de 24 de marzo, de «Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir y de la Muerte»), que ya están aprobadas, como el mencionado «Anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna» del gobierno central, aún sin aprobar, hacen referencia al «Testamento Vital» o  “Documento de Voluntades Anticipadas”, contemplados en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. El artículo 11 de esta ley los define como el documento en el que “una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo”.

Los requisitos básicos que ha de reunir un ‘testamento vital’ para que produzca efectos legales y, por tanto, pueda ser tenido en cuenta, son: 1) Deberá ser otorgado por persona mayor de edad, capaz y libre. 2) Se hará por escrito. 3) No podrá ser contraria al ordenamiento jurídico (especialmente al Código Penal que, en su artículo 143, tipifica la eutanasia como delito por ser auxilio e inducción al suicidio), a la lex artis, ni a las que no se correspondan al supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlo. Puede ser revocado por escrito, en cualquier momento del procedimiento y se podrá designar un representante o interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas o tomar las decisiones oportunas de interpretación de éstas.

La mencionada ley de autonomía del paciente, contempla la creación de un «Registro Nacional de Instrucciones Previas», con el objeto de asegurar la eficacia en todo el territorio español de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas. El problema radica en que actualmente la situación normativa sobre el ‘Testamento Vital’ en las pocas Comunidades Autónomas donde se legisla es dispersa, incompleta, ambigua, presenta lagunas y contradicciones.

MODELO DE DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS:

Yo, D………………………………………………………………….., mayor de edad, con  Documento Nacional de Identidad número ……………….., y con domicilio en ………………, (calle, plaza)…………………………………… número…….., con capacidad para tomar una decisión de manera libre y con la información suficiente que me ha permitido reflexionar, DECLARO por medio del presente documento las instrucciones que quiero que se tengan en cuenta sobre mi atención sanitaria cuando me encuentre en una situación en que, por diferentes circunstancias derivadas de mi estado físico y/o psíquico, no pueda expresar mi voluntad:
Teniendo en cuenta que para mi proyecto vital es muy importante la calidad de vida, es mi deseo que ésta no se prolongue mediante sistemas o técnicas artificiales cuando la situación sea irreversible. Por este motivo, deseo que se respeten los principios antes mencionados en las situaciones médicas como las que se especifican a continuación o a cualquier otra que, a juicio de los médicos que me atiendan, sean asimilables:
• Enfermedad irreversible que tiene que conducir inevitablemente a mi muerte.
• Estado vegetativo crónico, persistente y prolongado.
• Estado avanzado de la enfermedad de pronóstico fatal.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y con los criterios señalados, es mi voluntad que, si a juicio de los médicos que entonces me atiendan (siendo al menos uno de ellos especialista), no haya expectativa de recuperación, se tengan en cuenta las siguientes instrucciones:
1.-No me sean aplicadas o, bien que se me retiren si ya han empezado a aplicarse, medidas de soporte vital, o cualquier otra que intenten prolongar mi supervivencia artificialmente.
2.- Se me suministren los fármacos necesarios para paliar al máximo el malestar, el sufrimiento psíquico y el dolor físico que me ocasione mi enfermedad.
3.- Sin perjuicio de las decisiones tomadas, se me garantice la asistencia necesaria adecuada para procurarme una muerte digna.
4.- No se me administren tratamientos complementarios ni terapias no contrastadas, que no demuestren su efectividad para la recuperación y prolonguen inútilmente mi vida.
5.- Si estuviera embarazada y me encontrara en alguna de las situaciones anteriores, deseo que la validez de este documento quede en suspenso hasta después del parto, siempre que eso no afecte negativamente al feto.
6.- Igualmente, manifiesto mi deseo de hacer donación de mis órganos para transplantes tratamientos, investigación o enseñanza (opcional)
7.- El lugar donde deseo que se me atienda en el final de mi vida es.. (Hospital, Domicilio, otro lugar…)
8.- Deseo recibir asistencia espiritual acorde con mis creencias y manifiesto profesar la religión …………………………….  ( opcional)

DESIGNO COMO MI REPRESENTANTE para que actúe como interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario que me atenderá, en el caso de encontrarme en una situación en la que no pueda expresar mi voluntad a D………………………………………………………………., con Documento Nacional de Identidad nº ………………………….., con domicilio en…………………………………………….C/……………………………………………………. nº…………….. teléfono…………………

En consecuencia, AUTORIZO a mi representante para que tome decisiones con respecto a mi salud en el caso en que yo no pueda  y siempre que no se contradiga con las voluntades anticipadas que constan en este documento.

Lugar y fecha………………………………………………………………………………………
Nombre y dos apellidos………………………………………………………………………..
D.N.I. nº……………………………………………………………………………………………..

Firma
ACEPTO la designación y estoy conforme en ser el representante de D………………………………………………………………….. COMPRENDO Y ESTOY DE ACUERDO en seguir las instrucciones expresadas en este documento por la persona que represento. ENTIENDO que mi representación solamente tiene sentido en el caso de que la persona a quien represento no pueda expresar ella misma estas instrucciones y en el caso de que no haya revocado este documento, bien en su totalidad o en la parte que me afecte .

Lugar y Fecha
Nombre y dos apellidos
D.N.I. Nº

Firma:

Los abajo firmantes, mayores de edad, con plena capacidad de obrar y no vinculados, los dos primeros, con el otorgante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho, parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna, DECLARAMOS : que la persona que firma este documento de voluntades anticipadas lo ha hecho plenamente consciente sin que nos conste que haya sido incapacitada judicialmente y sin que hayamos podido apreciar ningún tipo de coacción en su decisión

Y para que así conste firmamos el presente documento en presencia del otorgante en la fecha y lugar anteriormente mencionados.

Testigo primero:
Nombre y apellidos……………………………………………………………….
D.N.I nº…………………………………………………………………..
Dirección………………………………………………………………………………………….Teléfono………………………………………………………………………………….

Firma:

Testigo segundo:
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………..
D.N.I nº ……………………………………………………
Dirección………………………………………………………………………………..
Teléfono………………………………………………………………………………

Firma:

Testigo tercero:
Nombre y apellidos………………………………………………………………………
D.N.I. nº………………………………………………
Dirección……………………………………………………………………………………
Teléfono………………………………………………………………

Firma:

MODELO DOCUMENTO DE REVOCACIÓN DE VOLUNTADES ANTICIPADAS

Yo ……………………………………………………………………………, mayor de edad, con D.N.I. nº ………………………., con capacidad para tomar una decisión de manera libre, y con la información suficiente para hacerlo REVOCO Y DEJO SIN EFECTO el presente documento, comprometiéndome a comunicárselo a las personas en el aludidas

Lugar y fecha…………………………………………………………………………

Firma:

III. La Conferencia Episcopal Española (CEE) sostiene que la muerte no debe ser causada (no a la eutanasia), pero tampoco absurdamente retrasada (no al encarnizamiento terapéutico) y rechaza toda acción u omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor (eutanasia); tampoco acepta las terapias desproporcionadas que retrasan forzadamente la muerte a costa del sufrimiento del moribundo y de sus familiares. En cambio, acepta los cuidados paliativos y la administración adecuada de calmantes al paciente. También acepta la posibilidad de redactar un “testamento vital” y ofrece un modelo de manifestación anticipada de voluntad. Y ha redactado una Declaración fechada el 22 de junio de 2011, con motivo de este anteproyecto de ley del gobierno español en el proceso final de la vida humana.

MODELO DE «TESTAMENTO VITAL» DE LA CEE:

A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario: Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento.
Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios.
Por ello, yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados; que no se me aplique la eutanasia (ningún acto u omisión que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte) y que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos.
Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio de los sacramentos.
Suscribo esta declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuando yo mismo no pueda hacerlo, a………… Faculto a esta misma persona para que, en este supuesto, pueda tomar en mi nombre, las decisiones pertinentes. Para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración.
Nombre y apellidos:
Firma:
Lugar y fecha:

IV. Puede concluirse que la última etapa de nuestra vida o etapa terminal no es ni menos digna ni despreciable, sino la ocasión de encarar con serenidad este momento por el que inevitablemente hemos de pasar todos. Y es una obligación de la sociedad procurar que este proceso se desarrolle con la mayor serenidad y con la mejor atención posible en los aspectos clínicos, psicológicos y espirituales.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

El pasado 24 de marzo, el Pleno de las Cortes de Aragón, aprobó la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad Autónoma, que la regula como un servicio social especializado para facilitar la resolución de conflictos en la unidad familiar.

Sus principales impulsores sostienen que la mediación familiar es un sistema alternativo al judicial para encontrar decisiones favorables entre las partes en litigio y facilitar el cumplimiento de sus acuerdos, ayudando así a todos los miembros de la unidad familiar, especialmente a los más desfavorecidos. Esta mediación, no sólo será aplicable para los casos de rupturas de parejas, sino para cualquier otro tipo de conflicto familiar.

La ley regula la mediación familiar como servicio social especializado, en el que los mediadores serán designados por la Comunidad Autónoma, lo que no significa que no pueda llevarse a cabo ninguna otra mediación.

Un número bastante elevado de los legisladores que la aprobaron consideran que la mediación debe extenderse al derecho privado, como un procedimiento extrajudicial y voluntario, y no sólo la que presta el servicio de mediación del Gobierno, sino también la que pudieran prestar entidades locales, asociaciones, colegios profesionales o profesionales liberales.

En este punto estoy totalmente de acuerdo, y espero que el texto definitivo así lo contemple, puesto que considero que una de estas profesiones liberales es la del Abogado(a) en ejercicio. Desde mi punto de vista personal, y dada mi experiencia profesional como Abogada de familia durante más de quince años, estoy convencida de que el mediador familiar por antonomasia es el Abogado de Derecho de Familia. Nuestros Despachos son los primeros y principales lugares de mediación familiar, porque es en ellos donde ponemos todos nuestros esfuerzos, conocimientos y experiencia para conseguir el mutuo acuerdo entre nuestros clientes implicados en conflictos familiares.

Llámese «convenio regulador» (según el código civil español), o «pacto de relaciones familiares» (Aragón), o «plan de parentalidad» (Cataluña), o «pacto de convivencia familiar» (Valencia), éstos son acuerdos voluntarios y mutuamente satisfactorios, logrados exitosamente a través de la imprescindible asesoría legal que estos temas jurídicos de familia requieren, con ese «plus» que sólo podemos aportarle los Abogados de familia, que es el de que esos acuerdos puedan ser eficazmente presentados ante los Juzgados de familia, mediante una demanda de mutuo acuerdo, para su respectiva aprobación judicial. Es decir, que tenemos la enorme ventaja de ser, a la misma vez, Abogados y mediadores de familia.

Nadie puede negar esta realidad, como tampoco nadie puede negar la numerosa existencia y aumento de demandas de divorcios y separaciones de mutuo acuerdo conseguidas en los Juzgados de Familia, a través de nuestro eficaz ejercicio profesional como Abogados- mediadores. Es evidente que todos los que tenemos un Despacho de derecho de familia, tocamos a diario la «fibra humana» de nuestos clientes, quienes nos confian de manera admirable sus preocupaciones y sentimientos más íntimos, en busca de una solución jurídica favorable a sus problemas. Por eso, la gran mayoría de Abogados de Familia, también somos expertos en humanidad.

Una vez se publique la Ley de Mediación Familiar en el BOA, conoceremos el texto definitivo aprobado. Mientras tanto, puede verse el texto del Proyecto de ley de Mediación Familiar en Aragón y las Enmiendas presentadas a este proyecto de ley por los disitintos grupos parlamentarios.

Por último, nos viene bien recordar las palabras de Leonard Marlow, prestigioso Abogado matrimonialista de los EE.UU. y experto en mediación familiar, quien define la mediación como “un proceso  imperfecto  donde una tercera persona imperfecta trata de ayudar a personas imperfectas a alcanzar soluciones imperfectas  en un mundo imperfecto” .

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Karol Woytila (o Wojtyla), conocido también como el Papa Juan Pablo II, será beatificado el próximo 1 de mayo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en ceremonia religiosa presidida por el Papa Benedicto XVI. Su insigne figura como líder mundial de gran talla intelectual, moral y humana es indiscutible, como también es indiscutible su reconocimiento como uno de los personajes más importantes e influyentes del Siglo XX.

Por ser ésta una noticia de gran repercusión mundial, y por ser Juan Pablo II uno de los intelectuales que más bella y profusamente escribiera y enseñara sobre el matrimonio y la familia, desarrollando su sólida corriente antropológico-filosófica del personalismo trascendente, he decidido escribir en mi blog de derecho matrimonial y de la familia, una breve explicación de lo que es un proceso de beatificación y de canonización, según la legislación actual de la Iglesia, en homenaje su carismática figura.

Todos recordamos, tras su muerte,  la manera universal y tan espontánea como fue aclamada su santificación por millones de personas de todos los continentes, razas y culturas, que vieron en Juan Pablo II no sólo al líder humano y guía espiritual, sino también al hombre santo y ejemplar a quien proclamar en los altares.

Las causas de beatificación y de canonización son los procesos  judiciales más rigurosos y difíciles de cuantos existen, porque implican algo tan serio e importante como declarar que un fiel difunto es Beato o Santo, es decir, ejemplar para la humanidad. El Santo Padre es el único que tiene potestad de declarar y autorizar a los fieles católicos la veneración del nuevo Beato o Santo, conforme a las normas litúrgicas de culto público.

La beatificación y la canonización son actos reservados exclusivamente al Papa, aunque en estos procesos intervienen diversos Organismos Diocesanos y de la Santa Sede que examinan con detalle y meticulosidad todos y cada uno de los pasos que se han dado previamente a esas declaraciones. Tanto la beatificación de un Beato como la canonización de un Santo se celebran dentro de una Misa, siendo una de las ceremonias más espléndidas y solemnes de la Iglesia Católica.

El canon 1403 del Código de Derecho Canónico, establece que las causas de canonización se rigen por una ley pontificia peculiar: “1. Las causas de canonización de los Siervos de Dios se rigen por una ley pontificia peculiar. 2. A esas causas se aplican además las prescripciones de este Código, cuando esa ley haga remisión al derecho universal o se trate de normas que, por su misma naturaleza, rigen también esas causas”.

La ley pontificia peculiar es la actual  Constitución Apostólica “Divinus Perfectionis Magister”, de 25 de enero de 1983 (AAS 75 (1983) 349-355) y las “Normae Servandae in Inquisitionibus ab Episcopis Faciendis in Causis Sanctorum” promulgadas por la Congregación para las Causas de los Santos el 7 de febrero de 1983 (AAS 75 (1983) 396-403).

Antes de la canonización de un fiel difunto, se debe proceder a su beatificación. La beatificación requiere dos procesos: el primero, el llamado proceso de virtudes heroicas y, el segundo, el proceso que declara probado que Dios ha obrado un milagro por intercesión del fiel a  quien se pretende beatificar. Una vez beatificado el fiel, por haberse demostrado fehacientemente sus virtudes vividas en grado heroico y por haberse demostrado que éste ha obrado un milagro, debe declararse probado un nuevo milagro por intercesión del ya Beato, para poder proceder a su canonización.

1. El Proceso de Beatificación:

La causa de beatificación se introduce cuando un fiel ha fallecido con fama de santidad en diversos lugares del mundo y esa fama es constante y creciente. Para comenzar el proceso de beatificación, debe haber  transcurrido un plazo mínimo de cinco años y un plazo máximo de cincuenta años desde la muerte del fiel, para evitar la desaparición de las exigentes pruebas que se requieren.

Recordemos que por decisión pontificia se ha suspendido en tres ocasiones extraordinarias la norma del transcurso de los cinco años de la muerte para iniciar un proceso de beatificación, en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, del Papa Juan Pablo II y de Sor Lucía, la vidente de Fátima.

Cuando hay interés en promover la beatificación de un fiel fallecido con fama de santidad, se  pueden editar y distribuir estampas, hojas informativas y otros impresos que contienen oraciones al fiel, pero todo ello con la finalidad de la devoción privada, puesto que hasta que el fiel no sea beatificado solemnemente, está prohibido su culto público.

Durante esos cinco años, los promotores de una causa de beatificación pueden recoger las pruebas pertinentes, como testimonios de personas que hayan conocido en vida al fiel difunto con fama de santidad, para testificar de sus virtudes heroicas; también pueden hacer una biografía objetiva y detallada del futuro beato mediante libros, folletos, vídeos; y pueden recoger una cuidadosa y exigente documentación, con el fin de poder aportar todo esto al proceso de beatificación.

En los tiempos actuales de desarrollo tecnológico, las páginas web son utilizadas para dar a conocer el proceso de beatificación del fiel a más personas.

Sabemos que en la Iglesia siempre han existido personas extraordinarias, que vivieron y encarnaron en sus vidas todas las virtudes humanas y teologales en grado heroico, que ya están beatificadas o canonizadas. Aunque, también es verdad, que hay muchas más personas cuya santidad nunca será proclamada pública ni solemnemente. Son esos santos anónimos de todos los tiempos, que hicieron el bien en todo momento y en medio de las más grandes dificultades.

Afortunadamente, personas santas abundan en todos los ambientes y lugares, mucho más de lo que pensamos, pasando desapercibidas, escondidas y calladas, pero eso sí haciendo de este mundo un mundo mejor y transmitiendo su paz y alegría por donde pasan y a quienes tratan.

¿Y cuáles son esas virtudes humanas y teologales que se analizan meticulosamente y se comprueban dentro de un proceso de beatificación?  Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad; y las virtudes humanas son muchísimas, pero se agrupan en las llamadas virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.

Existe otro camino para la beatificación, diferente al proceso de las virtudes vividas en grado heroico, que es el martirio. El proceso de martirio lleva a comprobar si el fiel sufrió la muerte tormentosa por defender su fe cristiana. Son mártires quienes voluntariamente han derramado su sangre en defensa de su fe y cuya muerte ha sido causada por aquellos que odian o persiguen su fe cristiana.

El Postulador de la causa de beatificación o de canonización, es quien la impulsa ante la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Por esto, el Postulador debe residir en Roma y se recomienda que sea un perito en historia, teología y derecho canónico para impulsarlas correctamente.

El proceso de beatificación se inicia ante el Tribunal del lugar donde falleció el fiel. El Obispo de ese lugar, a través de doctos censores teólogos, examina los escritos del siervo de Dios, para certificar que ninguno contiene alguna doctrina contraria a la fe y a las buenas costumbres cristianas. Cuando se dictamina que todos y cada uno de esos escritos no contienen ninguna nota discordante con la fe ni con las buenas costumbres cristianas, el Obispo, mediante Decreto, debe tomar la decisión de abrir o no abrir el proceso de beatificación, teniendo en cuenta el bien de la Iglesia universal.

Si decide abrirla, constituye “ex professo” un Tribunal, con al menos un Juez, un Promotor de Justicia y un Secretario-Notario, quienes buscarán la verdad del caso y recogerán las pruebas de las virtudes heroicas.

Cuando la causa es por martirio, las pruebas que se aportan se determinarán al momento de la muerte del Siervo de Dios.

El Tribunal interrogará a un número bastante amplio de testigos, tanto conformes con la causa, como contrarios a ella y, mejor aún, si han conocido en vida y personalmente al posible beato.

Cuando termina esta fase probatoria de virtudes heroicas o de martirio, se recoge todo lo actuado en un documento que se llama Positio, el cual se envía a la Congregación para las Causas de los Santos, en la Santa Sede. Allí, un Relator del Colegio de Relatores, impulsa la causa con suma exigencia, precisión, cuidado y rigor y prepara la Ponencia sobre las virtudes o sobre el martirio del Siervo de Dios.

Una causa será más importante y expedita entre mayor sea la fama de santidad del Siervo o Sierva de Dios, entre mayor sea el número de relatos de favores atribuidos a la intercesión del Siervo o Sierva de Dios y entre mayor sea el número de cartas que escriben los fieles.

El Postulador también deberá ir recogiendo toda la documentación que avale el milagro con informes médicos, declaraciones juradas, etc.

La Ponencia sobre las virtudes o sobre el martirio se presenta a la Comisión de Teólogos, quienes emiten su voto. Si éste es favorable, pasa a los Cardenales y Obispos miembros de la Congregación para la Causa de los Santos. Si su voto también es favorable, se presenta al Santo Padre una propuesta de que se apruebe el Decreto de las virtudes heroicas del Siervo de Dios, quien a partir de ese momento recibe el título de Venerable.

Las normas litúrgicas no permiten dar ningún culto a los Siervos de Dios declarados Venerables, pero desde el momento de su declaración cesan los sufragios por su alma.

Si la causa de beatificación se sigue por la vía del martirio, no se procede a la declaración de Venerable. Para la beatificación de los mártires no es necesario el proceso de virtudes heroicas ni el proceso del milagro, sino que si se aprueba el martirio del Siervo(a) de Dios, ante la Comisión de Teólogos y ante la Congregación para la Causa de los Santos, el Papa ordenará su beatificación, si lo considera conveniente para el bien de la Iglesia.

El proceso del milagro lo realiza e investiga el Obispo del lugar en que haya ocurrido éste. El milagro es un hecho físico que no es explicable por causas naturales y que se atribuye a la intercesión del siervo(a) de Dios, y debe ser probado, sin lugar a dudas. La mayoría de los milagros, pero no todos, suelen ser de tipo médico y esa “curación inexplicable por causas naturales” , deberá testificarla la persona que haya pedido y/o se haya beneficiado del favor, por intercesión del siervo de Dios.

El Postulador, antes de iniciar el proceso, deberá buscar asesoramiento de excelentes  y prestigiosos médicos que, además, tengan recto criterio. Después de terminado el minucioso análisis del milagro, se redacta una Positio y se envían las actas a la Congregación para las Causas de los Santos. El milagro atribuido, si es una curación, se estudia en una Comisión de médicos peritos,  después en un Congreso especial de Teólogos y, por último, en la Congregación de los Cardenales y Obispos. Si los informes de los tres grupos son favorables, se presenta al Santo Padre para que, si lo estima conveniente, emita un Decreto por el que se aprueba el milagro y se ordena la beatificación.

El Papa Pablo VI realizó personalmente las beatificaciones y canonizaciones y lo mismo hizo el Papa Juan Pablo II. El actual Papa Benedicto XVI, ha delegado en algunos Cardenales la beatificación y canonización de los Siervos de Dios.

El 29 de septiembre de 2005, la Congregación para las Causas de los Santos afirmó que la beatificación, siendo un acto pontificio, será realizada por un Cardenal, en nombre del Santo Padre; normalmente ese Cardenal será el Prefecto de la Congregación para la causa de los Santos. El rito se realizará en la Diócesis que ha promovido la beatificación o en otro lugar idóneo, aunque a petición de los Obispos puede ser en el Vaticano, ya sea en la Basílica de San Pedro o en la Plaza de San Pedro, dependiendo del número de asistentes a la beatificación, que se realiza dentro de la celebración eucarística.

2. El Proceso de la Canonización:

El beato(a) o siervo(a) de Dios, ya lo sea por martirio o por virtudes heroicas, puede ser canonizado, si se prueba que ha habido un nuevo milagro atribuible a la intercesión del beato. Ese milagro debe ser posterior a la beatificación y se analizará y probará de la misma manera que en el proceso de beatificación.

Una vez terminado el segundo proceso del nuevo milagro comprobado, el Papa, si lo estima procedente, promulgará un Decreto por el que se ordena la canonización.  La fecha de la misma se decide en un Consistorio de Cardenales.

Es decir, que para canonizar a un ya beato por virtudes heroicas, ha debido probarse judicialmente y de manera rigurosa, en varias instancias y con muchos peritos, que han existido dos milagros. Pero si la canonización del beato es por vía de martirio, se debe probar sólo un milagro.

Los procesos de beatificación y de canonización están contemplados en la Constitución Apostólica “DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER” del  Sumo Pontífice Juan Pablo II.

En el Decreto de Beatificación de Juan Pablo II, se recogen brevemente los aspectos más importantes de su vida.

Su fecunda existencia, marcada no solamente por sus innumerables viajes apostólicos y escritos, lo hacen merecedor de ser canonizado, sin lugar a dudas.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho