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La gestión responsable e inteligente de la economía familiar

martes, 1 marzo 2011

La familia emprendedora es aquella que demuestra  unidad, esfuerzo y dedicación para sacar adelante las metas y objetivos que persigue de manera solidaria.  La familia es la principal empresa que tenemos entre manos y, como toda empresa, debe tener  proyectos en los que todos sus miembros se involucran de manera activa, libre y responsable.

Una familia unida tiene planes de acción conjunta para lograr la solidez, la armonía y la organización que suponen conformar un “hogar”. Evidentemente, en una familia hay espontaneidad cuando de amor, alegría y comprensión se trata; la manera de comunicarse, de conocerse, sus “complicidades”, surgen del propio impulso del afecto familiar. Todo esto se aprende en familia sin “programación” previa.

Sin embargo, hay otras cosas que sí requieren una organización, una planificación, una programación como, por ejemplo, los encargos que cada miembro tiene para “involucrarse” en “su casa”. Un hogar ordenado y cuidado no sale solo o como por “arte de magia”, sino que hay que poner manos a la obra y repartirse los encargos: la limpieza, el menú, las compras de la canasta familiar, el arreglo de los desperfectos, el tener todo en orden (“un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”), la ropa limpia y planchada, el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, gas, etc. no admiten espera.

Llegar a casa, “sentirse en casa” no es sólo cuestión de amor sino también de orden.  El “dulce hogar” no es sólo armonía y tranquilidad, sino también limpieza y organización. “Sentirse en casa” implica “meterse en las cosas de la casa”, llevar todos juntos las cargas de la casa.

Uno de los aspectos más importantes que debemos llevar todos juntos y a una es la economía familiar. Todos los miembros de la familia podemos colaborar para conseguir una economía familiar sana. Generalmente, los padres  son los que manejan el dinero y elaboran un presupuesto de gastos y de ingresos. Y aunque los hijos todavía no estén en condiciones de ingresar dinero por su edad o por estar estudiando, sí están en condiciones de gastar menos, de cuidar más las cosas que usan, de no crearse necesidades “innecesarias”, de tener conciencia del ahorro, etc. Esto también se aprende en familia.

Una regla de oro personal y familiar es que nunca se debe gastar más de lo que se ingresa, ni se debe gastar todo lo que se ingresa, sino que se debe gastar menos de lo que se ingresa, guardando un porcentaje de dinero como previsión para necesidades futuras.

Las necesidades primordiales son lo primero que hay que satisfacer en un hogar y, cuando sea posible, las superfluas. Llevar un estricto régimen presupuestario, planificar el gasto y ahorrar sí que es posible hacerlo,  y con optimismo. El presupuesto hay que revisarlo y adaptarlo con frecuencia, porque siempre hay “imprevistos”.

Lo primero es pagar las deudas contraídas, los seguros, los gastos imprescindibles. Hay que intentar  usar  lo menos posible las tarjetas de crédito, ya que el crédito excesivo necesariamente convierte el ahorro en un imposible. Nunca debemos vivir por encima de nuestras posibilidades económicas y esto es un lema de vida para toda la familia. Las crisis económicas no son tan malas como parecen, pues nos enseñan muy bien esta lección.

El consumismo excesivo, el despilfarro económico, crearse necesidades ficticias, la adicción a comprar y a gastar, no nos hacen personas más felices ni  personas con más carácter. Gastar más y aparentar tener más, no nos hace personas más importantes ni más valiosas. La “cultura del tener más” nunca podrá relegar a la “cutura del ser más”. Y aunque parezca una perogrullada decirlo, es evidente que las personas valen más por lo que SON que por lo que TIENEN. Y los padres tienen que enseñar esto a sus hijos, primero con el propio ejemplo.

Planificar la situación patrimonial de la familia, implica una visión a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. No sólo hay que analizar los gastos del próximo mes, sino los de todo el año y los de futuros años.  Hay que hacer un inventario de lo que tenemos en el presente (dinero, inversiones, propiedades, etc.) y  delinear importantes objetivos financieros futuros como, por ejemplo,  poder financiar el postgrado de los hijos, aunque todavía estén pequeños. De ahí la necesidad de planificar el consumo y el ahorro.

Esto no implica tacañería ni racanería. Implica inteligencia, responsabilidad, visión de conjunto y visión de futuro para vivir bien y con calidad de vida, sin el agobio de las deudas imposibles de pagar, por la falta de una adecuada planificación de la situación patrimonial de la familia. La mesura, el equilibrio, el auto-control son virtudes humanas necesarias para vivir felices y garantizarnos una adecuada calidad de vida.

Una familia solidaria, aunque no sea rica, piensa también en la generosidad porque, sin  importar el monto de sus ingresos, destina un pequeño porcentaje de ellos para ayudar a los más necesitados. Es como dice el refrán, si queremos que realmente se aplique “hoy por ti, mañana por mí”.

El consumismo a todos nos llega, nos bombardea por todos lados, se nos mete por los ojos, los oídos, la nariz …por todos los sentidos. La cultura consumista nos “manipula” para gastar, gastar y gastar como si ésto fuera la fuente de la felicidad y de la autorealización personal.  Por eso, hay que estar alerta.

El gasto mesurado y el ahorro inteligente no son una utopía, pero sí requiere disciplina y convicción. El consumismo sí que es una quimera y una esclavitud. Todos deberíamos ser educados en las finanzas dentro de la propia familia, porque en ella tenemos nuestra mejor universidad. La mesura, la moderación, la sobriedad se aprenden en la familia como, también en familia, se aprende a amar, a respetar, a dialogar, a comprender, a perdonar y a ser solidarios con los más necesitados.

Otra regla de oro es estar contento con lo que cada uno tiene ahora y disfrutarlo. Hay que disfrutar con lo que se tiene cada día y ser agradecido. Esto no es conformismo, sino realismo. Y, aunque siempre se aspire a más y mejor, no hay que esperar a disfrutar de la vida cuando en el futuro se tenga más, sino a disfrutar de la vida con lo que se tiene en el presente.

El sentido común,  que resulta ser el “menos común de los sentidos”, nos enseña que no es más rico el que tiene más, sino el que menos necesita. Esto no significa no tener aspiraciones; al contrario, significa crecer más como personas. Significa aspirar a ser libres de las cargas financieras. La libertad financiera sólo la puede dar el ahorro y la inversión. Habrá libertad financiera si separamos un 10% de nuestros ingresos  y no lo tocamos para nada.

No hay libertad financiera cuando en una familia, con un muy alto nivel de gastos, el padre y la madre tienen que trabajar sin descanso para poder mantener ese altísimo nivel de vida, pero con muy poco tiempo para disfrutar de su familia y de aquellas cosas que los hacen felices.

Obviamente, hay que trabajar intensamente para generar ingresos activos, pero con un orden de prioridades para no “desplazar” a la familia o relegarla a un segundo plano creyendo, equivocadamente, que es más importante darle dinero que tiempo. El nivel de gastos de una familia nunca debería “esclavizar” a los padres.

Es importante no prescindir de la recreación en familia ni de las vacaciones en familia. Hay que salir a vacaciones, por lo menos, una vez cada dos años. Se puede disfrutar mucho, sin tener que gastar mucho. Las mejores vacaciones no son las más caras. Salir de vacaciones no es un lujo sino una necesidad, que solo es posible cuando se tiene una fuerte cultura del ahorro.

La economía familiar es un trabajo en equipo, es una tarea conjunta entre padres e hijos que debe asumirse de manera positiva y entusiasta, sobre todo en los momentos de escasez. Es una realidad constatable que, muchas veces, las familias más felices y más unidas, son aquellas que tienen los gastos muy limitados, haciendo a todos sus miembros personas más recias, más compasivas y más solidarias con los demás. 

Actualmente las familias en España deben hacer auténticos malabarismos para sobrevivir en medio de esta crisis económica que nos aqueja. España es en estos momentos el país de la Unión Europea con la más alta tasa de paro, y es un drama saber que al día de hoy son miles las familias que tienen al padre y a la madre sin trabajo y con pocas posiblidades de encontrarlo.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Los Derechos de las Personas Mayores o de la Tercera Edad

domingo, 13 febrero 2011

Todos conocemos dentro de nuestra familia, amigos y vecinos, a personas mayores, es decir, personas de 65 años de edad en adelante. Los que todavía no somos personas mayores o de la tercera edad, ya quisiéramos tener asegurado que llegaremos a serlo. Por eso, el simple hecho de ser una persona mayor, ya es un privilegio que constata más tiempo de vida, con el consecuente cúmulo de experiencias y de sabiduría que supone vivir más.

Pero no se trata sólo de vivir más, sino de vivir mejor. Las personas ancianas (que tienen 80 o más años de edad), cada vez son más numerosas. Hasta hace poco tiempo, la longevidad era algo extraordinario, ahora es algo normal. Hoy, es común ver personas de más de 80 años muy activas, llenas de ilusión y de ganas de vivir más tiempo y aprovecharlo mejor. Tienen inquietudes culturales, sociales, tecnológicas y hasta deportivas y, por qué no, afectivas también.

Según el Departamento de asuntos sociales y económicos de la Organización de Naciones Unidas, uno de cada diez habitantes del planeta tiene ahora sesenta y cinco años de edad o más. Es un sector amplio de la humanidad.

Ser anciano o ser mayor, es una etapa más en la vida y debe asumirse con la misma tranquilidad con la que se asume la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, cada una con sus respectivas dificultades.

Los Gobiernos tienden a poner en marcha mejores y más desarrollados sistemas de asistencia para las personas mayores, como seguridad social o atención médica gratuita o de precio reducido, programas culturales y de esparcimiento apropiados, centros de personas para la tercera edad, residencias, leyes de dependencia para cuidar de sus mayores enfermos, etc. Pero, hay que reconocer, que estamos todavía muy lejos de valorar y considerar los derechos de las personas mayores como es debido.

Los derechos de protección, participación e imagen de las personas mayores deben ser una prioridad de las autoridades para cuidar su particular vulnerabilidad, la cual no debe confundirse con proyectar una imagen distorsionada de los mayores como personas decrépitas o con pocas posibilidades de futuro.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25, párrafo 1), se establece que: “Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar propio y de su familia, incluyendo comida, ropa, hogar y atención médica y servicios sociales necesarios, y el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, edad avanzada o cualquier otra carencia en circunstancias ajenas a su voluntad”.

Las personas mayores tienen derecho a no ser discriminadas por su edad, ni a ser consideradas “inútiles” o “improductivas” en la sociedad ni, mucho menos, en su entorno familiar. Al contrario, pueden aportar mucho más de lo que creemos si contamos más con ellas. Debemos darles, por lo menos, las mismas oportunidades, beneficios y privilegios de los demás miembros de la sociedad y de la familia y, al mismo tiempo, debemos brindarles más comprensión, paciencia y cariño. Es inconcebible que pueda haber sociedades, instituciones o familiares que “maltratan” o ignoran a sus ancianos. ¡Nunca debe permitirse esto!

La persona mayor, ya sea hombre o mujer, como cualquier otra persona, tiene derecho a no padecer trato cruel, ni abandono, ni abuso psicológico o físico.

Las personas mayores tienen un gran valor para la sociedad en general y, particularmente, para las jóvenes generaciones. Es reconfortante constatar que en algunas tribus indígenas “supuestamente incivilizadas”, las personas mayores son las que componen las asambleas de sabios o de consejeros y todas las decisiones  importantes pasan por su experimentado criterio y sabiduría, que sólo el paso de los años puede dar. Las sociedades “civilizadas” podríamos aprender de esas sociedades primigenias que tienen en gran estima a sus mayores y cuentan con ellas efectivamente, involucrándolas activamente en la proyección de una sociedad mejor.

En nuestra sociedad civilizada las personas mayores tienen que ser sujetos activos, no meros espectadores pasivos. Sería una gran idea que los Gobiernos tuviesen como asesores a personas mayores a quienes escuchar para la solución de sus grandes problemas. Probablemente, encontrarían mejores y más sencillas soluciones.

Las personas mayores no sólo tienen derecho a la plena protección social, sino también a vivir libremente y a conservar su independencia tanto tiempo como deseen o sean capaces de hacerlo y a que se les respete su intimidad.

Ser mayor implica capacidad para elegir donde vivir. Algunas veces la familia, creyendo que le hace un bien a la persona mayor, la quiere sacar de su casa porque es muy grande, le quieren cambiar sus muebles porque están viejos, olvidando que su mejor sitio es su “hábitat”, ese lugar donde está su vida, sus recuerdos y donde “se mueve como pez en el agua”. El derecho a decidir dónde vivir es inalienable a todas las personas, salvo que tengan que ser debidamente internadas por total incapacidad mental.

Ningún anciano(a) debería ser obligado a ingresar en un centro geriátrico o residencia de la tercera edad, sin contar con autorización judicial o el expreso consentimiento de la propia persona que es ingresada.

Actualmente existen varias Organizaciones No Gubernamentales a nivel nacional  e internacional que realizan un trabajo de defensa y planificación para las personas mayores, especialmente asociaciones médicas  que se comprometen, entre otras cosas, a impedir el abuso hacia sus pacientes más ancianos y a avisar de casos en los que se sospeche de abuso físico y psicológico a las autoridades pertinentes.

Son muchos los médicos que, por ejemplo, ante la enfermedad del Alzheimer, ofrecen soluciones para tratar correctamente a personas con patologías neurodegenerativas, evitando el uso de sujeciones físicas o químicas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los siguientes Principios en Favor de las Personas Mayores o de la Tercera Edad:

1. Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados.
2. Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras oportunidades de obtener ingresos.
3. Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales.
4. Tener acceso a programas educativos y de capacitación adecuados.
5. Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a los cambios de sus capacidades.
6. Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.
7. Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afectan directamente su bienestar y poder compartir sus conocimientos con las generaciones más jóvenes.
8. Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades.
9. Poder formar grupos o asociaciones.
10. Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad.
11. Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades.
12. Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado.
13. Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humanitario y seguro.
14. Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.
15. Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial.
16. Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos.
17. Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de maltrato físico o mental.
18. Recibir un trato digno, independientemente de su edad, sexo, etnia, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica.

“Es curioso que todos deseamos  llegar a viejos y, cuando llegamos, nos quejamos de ser viejos”, opinan algunos abuelos. Ser mayor no es sinónimo de ser persona incapaz, a la que deba tutelarse en todos los casos. Ser mayor es una etapa más en la vida.

No hay que asustarse, sino prepararse, para asimilar tanto personalmente como familiarmente, que la edad avanzada u otros factores pueden hacer que algunos de nuestros mayores se conviertan en personas dependientes. La dependencia es  un estado permanente en el que las personas, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, unidas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o de ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

A partir de 2011, en España, el baremo de valoración para establecer los grados y niveles de la dependencia, son tres:

“Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día, o cuando tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador, o cuando tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o cuando tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal”.

La legislación española sobre las personas mayores es abundante. Tenemos no sólo la  Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que también tenemos derechos constitucionales, derechos civiles, derechos penales, derechos de seguridad social, derechos de pensiones, derechos sanitarios para su protección.

Por falta de leyes no hay que preocuparse, sino de que realmente se apliquen. Lo que no podemos permitir es que ante situaciones económicas o sociales difíciles y cambiantes, nuestros mayores vean restringidos sus derechos, garantías y libertades.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

La Incapacidad de las Personas

jueves, 2 diciembre 2010

1. Cuando en una familia existen personas con alguna incapacidad o discapacidad, sus padres y familiares tienen una legítima preocupación por su futuro, especialmente cuando ellos falten y no les puedan brindar personalmente ese continuo desvelo. El deseo de estos padres y familiares es garantizarles en todo momento unos cuidados personales y los suficientes recursos para que tengan una calidad de vida asegurada.

La Ley otorga a los progenitores y familiares algunos medios de previsión para proteger a ese hijo o familiar necesitado de especial apoyo y afecto; estos medios pueden ser, entre otros: a) hacer un testamento que lo ampare en el aspecto personal y en el patrimonial, ampliando la legítima con el tercio de mejora y/o el de libre disposición; b) designarle tutor; c) determinarle una sustitución fideicomisaria que podrá gravar la legítima estricta en su beneficio; d) donarle o legarle un derecho de habitación sobre la vivienda  habitual  del  progenitor,  que no se computará  para  el  cálculo  de  las legítimas, cuando convivía con el  testador; e) legarle el usufructo  de  determinados  bienes,  dejando  la  nuda propiedad para los hermanos y, mientras viva, obtendrá los frutos y rentas que  produzcan  los  bienes, pero sin poder venderlos. Cuando fallezca, los hermanos consolidarán la plena propiedad.

2. Otra posibilidad que tienen los padres y familiares es suscribir un contrato de alimentos en beneficio del incapaz, mediante el cual una de las partes se obliga a proporcionarle vivienda, manutención y asistencia, recibiendo a cambio la propiedad de determinados bienes y derechos, mientras viva el beneficiario.

3. Existe también el patrimonio protegido (Ley  41/2003,  de  18  de noviembre),  contemplado para  la protección económica de las personas con discapacidad,  a través del cual se concede la posibilidad de agrupar un conjunto de bienes, dinero y derechos, formando un patrimonio del que sólo puede ser beneficiaria la persona que se encuentre afectada por una discapacidad física mayor del 65%, o por una  discapacidad  psíquica  mayor del 33% (según certificado administrativo acreditativo del grado de minusvalía), con independencia de que haya sido o no  judicialmente incapacitada, y con la finalidad de satisfacer sus necesidades vitales.

El patrimonio protegido puede constituirse por la propia persona con discapacidad, es decir, el propio beneficiario si conserva su capacidad de obrar, pudiendo nombrar y sustituir a su administrador. También pueden constituirlo los padres, tutores, curadores y guardadores de hecho de la persona incapaz. Se requiere una aportación inicial de dinero u otra clase de bienes o derechos a título gratuito.

Una vez constituido, cualquier persona puede efectuar aportaciones al mismo, a título gratuito.  Se constituye mediante escritura pública otorgada ante Notario, anotando las normas de administración de ese patrimonio, según las necesidades de la persona con discapacidad y los bienes aportados y determinando el momento en que comenzará su uso, bien al fallecimiento de los progenitores o, incluso, en vida de éstos. Es conveniente inscribirlo en el Registro Civil y en el Registro de la Propiedad.

El patrimonio protegido se extingue por la muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario, o cuando el beneficiario deje de padecer una minusvalía en los grados establecidos por la Ley o por decisión judicial cuando así convenga al interés de la persona con incapacidad.

A nivel fiscal existen medidas y beneficios para favorecer las aportaciones a los patrimonios protegidos a título gratuito. La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, regulan el régimen tributario aplicable al discapacitado, titular del patrimonio protegido, por las aportaciones que se integren en éste; y a las personas que aportan al patrimonio por las disposiciones que realicen.

4. Es importante diferenciar términos, conceptos y situaciones que no deben confundirse como, por ejemplo, capacidad, incapacidad, discapacidad (física, psíquica, intelectual, sensorial), incapacitación. Y lo más importante es aplicar la precisión terminológica cuando estos conceptos hagan referencia a personas en estas situaciones de especial vulnerabilidad, a las que deben protegerse en todos sus derechos, sin ninguna discriminación.

Vemos personas que pueden tener una discapacidad física, sensorial o un impedimento de movilidad, pero que están en pleno uso de sus facultades mentales, incluso pueden tener una inteligencia superior a la media de las personas que no tienen ningún impedimento físico. También vemos personas con una capacidad intelectual bastante limitada, pero con unas habilidades físicas muy superiores.

Las diferencias no expresan minusvalía, sino diversidad de personas. Es imprescindible que todos aprendamos que hay equivalencia en la diferencia, que sepamos equilibrar la diferencia y que tengamos la capacidad de reconocer y valorar las diferencias entre las personas; esto nos hace más humanos, más solidarios y más inteligentes.

Distingamos conceptos. Según la Real Academia Española (RAE):

A. CAPACIDAD: Es la aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. La capacidad de obrar es la aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. La capacidad jurídica es la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones.

B. INCAPACIDAD: Es la falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo; falta de entendimiento o inteligencia; falta de preparación o de medios para realizar un acto; es un estado transitorio o permanente de una persona que, por accidente o enfermedad, queda mermada en su capacidad laboral; carencia de aptitud legal para ejecutar válidamente determinados actos, o para ejercer determinados cargos públicos; situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que impide a una persona, de manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesional y que normalmente da derecho a una prestación de la seguridad social.

C. DISCAPACITADO: Dicho de una persona que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas.

D. INCAPACITADO: Falto de capacidad o aptitud para hacer algo. Dicho de una persona sujeta a interdicción civil.

E. DISMINUIDO: Que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal.

Otros conceptos que también deben aplicarse con precisión terminológica son: DEFICIENCIA: Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. DISCAPACIDAD: Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. MINUSVALÍA: Toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un papel que es normal en su caso (en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales).

No es correcto ni justo hablar de personas inválidas o minusválidas, porque todas las personas en cualquier circunstancia o situación en la que se encuentren, tienen el mismo valor y la misma dignidad personal. Todas las personas son igualmente válidas, ni más ni menos válidas, así unas personas tengan más capacidades que otras en distintos aspectos. Otra cosa es que haya personas más conscientes de sus capacidades y talentos.  Y otras personas, que siendo conocedoras de esas capacidades y talentos que poseen, los potencian más, se esfuerzan más, se exigen más, haciéndose por esto más meritorias.

Muchas veces se concibe a una persona discapacitada como alguien incapaz de hacer bien cualquier cosa. Son estereotipos que reflejan en el fondo una falta de conocimiento y de comprensión hacia estas personas que pueden valerse por sí mismas en otras muchas actividades y aportar mucho a la sociedad en la que se mueven. No constituyen un grupo separado o segregado, sino que son miembros de la comunidad, con la misma dignidad personal y los mismos derechos a una calidad de vida, a las mismas oportunidades y recursos para desarrollarse como personas. Más que sobreprotección o compasión, lo que necesitan es apoyo y solidaridad.

Todas las personas, por el hecho de serlo y desde su nacimiento, tienen capacidad jurídica, con independencia de su edad, estado civil y de su salud mental y física. En virtud de la capacidad jurídica, todas las personas, incluidas las afectadas por una incapacidad, pueden ser titulares de derechos y obligaciones y ser sujetos de las relaciones jurídicas, como ser propietarias, herederas, etc.

Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, para ejercitar estos derechos y cumplir con sus obligaciones es necesaria la capacidad de obrar. La capacidad de obrar la tienen todas las personas mayores de edad mientras no sean incapacitadas total o parcialmente, mediante un proceso judicial de incapacitación que culmina con una Sentencia firme, en la que el Juez determinará el grado de la incapacidad solicitada y establecerá el régimen al que el incapaz debe quedar sometido.

Las personas incapacitadas judicialmente carecen de capacidad de negociar jurídicamente y para hacerlo como, por ejemplo, firmar un contrato, necesitan la asistencia de otra persona que la represente legalmente, porque no pueden autogobernarse.

La Sentencia declarará la incapacidad total, cuando se aprecie que el demandado no es capaz de cuidar de su persona, ni de administrar sus bienes. La Sentencia declarará la incapacidad parcial, cuando se estime que el demandado puede realizar determinados actos por sí solo y que es capaz de adoptar algunas decisiones sobre su persona, pero no para actos de mayor trascendencia porque necesita el auxilio de otra persona. La Sentencia debe especificar qué actos puede el incapaz realizar por sí mismo y para qué actos necesita asistencia.

La incapacitación judicial no significa una pérdida de derechos, sino un apoyo al incapaz para ejercer sus derechos y hacer valer sus intereses a través de un tutor o un curador o un defensor judicial.

Si se declara por Sentencia la incapacidad total o la incapacidad parcial, el incapacitado conserva algunos derechos personales, a menos que expresamente la Sentencia firme establezca otra cosa. Algunos de estos derechos son: a) El ejercicio del derecho de sufragio. b) La facultad de hacer testamento notarial, pudiendo el Notario autorizar su otorgamiento, cuando dos peritos por él designados examinen al incapaz y respondan de su capacidad para testar, en el momento mismo de otorgarlo. c) Derecho a contraer matrimonio civil o canónico; el Juez encargado del Registro Civil, o el Párroco encargado de elaborar el expdiente matrimonial, previo informe médico de un especialista, apreciarán si el contrayente posee capacidad suficiente para prestar válidamente su consentimiento matrimonial. d) Firmar un contrato de trabajo que permita a una persona con capacidad limitada ejercer ese trabajo, bastando la autorización expresa del representante legal.

La incapacitación puede ser modificada cuando la persona recupere su capacidad, porque era una incapacidad transitoria o porque se ha curado de la enfermedad o deficiencia física o psíquica que determinó la declaración de incapacidad parcial.  También se modifica cuando siendo una incapacidad parcial, la persona se agrava con el transcurso del tiempo y, entonces, debe iniciarse un nuevo proceso judicial para que se declare la incapacidad total.

Cuando sea necesaria la inmediata protección de de los bienes y derechos de la persona presuntamente incapaz, sin necesidad de tener que esperar a que se dicte la Sentencia de incapacitación, puede solicitarse previamente al Juez que se adopten medidas conducentes a su protección; también será el mismo Juez quien las adopte si lo estima necesario. Ejemplo de estas medidas previas a la Sentencia de incapacitación, pueden ser: a) internamiento no voluntario en un centro psiquiátrico; b) el seguimiento de un tratamiento médico adecuado; c) el nombramiento de un administrador provisional de los bienes del presunto incapaz; d) la indisponibilidad de las cuentas bancarias; e) el depósito de bienes muebles o valores mobiliarios en un establecimiento destinado a este fin; f) la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad.

Una vez haya Sentencia, el Juez decretará el mantenimiento o extinción de estas medidas cautelares o las sustituirá por otras más convenientes.  La declaración de incapacidad de una persona, no conlleva necesariamente su internamiento en un Centro especializado y para hacerlo, el tutor o el curador o el defensor judicial, deberán solicitarlo al Juez, aportando los informes médicos que determinen el ingreso como la mejor opción.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Nuevas leyes en beneficio de los niños gravemente enfermos y de los niños desamparados

martes, 16 noviembre 2010

En este momento existen dos importantes iniciativas legislativas en España que velan por los derechos de los niños en situaciones de desventaja: la primera, todavía en proyecto de ley, en beneficio de los niños abandonados y acogidos en los centros institucionales de menores; la segunda, que acaba de ser  aprobada, en beneficio de los niños enfermos de cáncer o con otras enfermedades graves.
 
1) Respecto al proyecto de ley para los niños en situación de abandono, la futura Ley de Adopción Nacional y de Acogimiento Familiar propuesta por el Senado, que concluirá su dictamen el próximo día 20 de noviembre, se está considerando poner bajo la protección de familias de acogida a los niños de entre cero y seis años de edad que se encuentren en los centros de menores tutelados por la Administración. Esto no sólo supondrá un beneficio importante para estos niños en lo que respecta a la efectiva protección del desarrollo de su personalidad, de su salud psicológica y de su sana estabilidad emocional, sino también un importante ahorro económico para la Administración, pues se calcula que la plaza en un centro de acogida de la Administración cuesta entre las desorbitadas sumas de 3.500 a 6.000 euros al mes en un centro, mientras que en una familia 700 euros mensuales.

No se conoce el número oficial de menores tutelados en España (hasta los 18 años de edad), por abandono o desamparo, pero se barajan las cifras de entre 33.000 y 38.000 niños, de los cuales cerca a un 25% no han cumplido los seis años de edad, es decir, los años cruciales de sus vidas, especialmente en su aspecto psicológico. Las familias de acogida o de adopción son esenciales para estos niños, porque un recién nacido abandonado o declarado en desamparo debe pasar lo más pronto posible al cuidado de unos padres, ya sean en acogimiento o en adopción, según la situación específica de cada menor que determinará la respectiva Administración: a) adopción, cuando consta renuncia expresa de los padres biológicos o ha sido retirada la patria potestad por sentencia judicial, o b) acogimiento que puede ser en su familia extensa (tíos o abuelos) o en una en familia ajena voluntaria. Hay situaciones de urgencia, que pueden dar lugar a un acogimiento pre-adoptivo.

Evitar que estos niños resulten gravemente afectados es una prioridad. Nada justifica las largas demoras administrativas ni las peleas familiares en los Juzgados contra la Administración. Son varios los casos lamentablemente conocidos como los de Piedad (Canarias) o Diego, de El Royo (Soria), o los gemelos Iván y Sara, de Dos Hermanas (Sevilla), y otros muchos que permanecen años en instituciones mientras se decide su custodia.

La propuesta de ley del Senado consiste en un cierre progresivo de los Centros, en el menor tiempo posible, en primer lugar al tramo de edad de cero a tres años de edad y en una segunda fase, de los tres a los seis años. Desde esta edad y hasta los 11 años serían los siguientes en abandonar los Centros, y finalmente, los casos más difíciles para la adopción o la acogida, es decir, los niños mayores, quienes están agrupados en más de tres hermanos, o padecen enfermedades graves o presentan serias alteraciones de conducta, sí permanecerían durante un tiempo en las instituciones, pero con la advertencia expresa de sustituir estos centros por pisos u hogares tutelados, donde convivirían 6, 8 o 10 de estos niños como máximo.

Una de las recomendaciones más innovadoras del informe del Senado es la introducción en España de las familias profesionales de acogida que demuestren estar capacitadas y haberse sometido a los cursos de formación especializados en la crianza de niños desamparados y con problemas de salud, emocionales y/o de comportamiento. Estas familias cobran una cantidad por cada menor acogido y puede constituir su única vía de ingresos. En lugar de cuidar a los niños antes o después de ir al trabajo, el trabajo estará en casa y consistirá precisamente en la atención directa a los menores. La recomendación siguiente de los Senadores incide en la necesidad de intensificar los controles posteriores al acogimiento para evitar fraudes.

Uno de los objetivos es crear campañas de captación de familias idóneas de acogida, lograr una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas, tanto en los requisitos previos como en las ayudas económicas y la relación con la familia biológica y elaborar una lista única de adoptantes, tanto nacionales como internacionales.

2) Respecto a los padres de niños con cáncer u otra enfermedad grave que se vean obligados a cuidarles durante al menos el 50% de su jornada laboral, ya se ha aprobado que pueden percibir un subsidio para poder cuidarlos como se merecen. La prestación, equivalente a la reducción que experimenten por recortar sus horas de trabajo, y que podría llegar al 100% si los padres tienen que dejar el trabajo, se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 y se facilitará durante el tiempo que dure la enfermedad o hasta la mayoría de edad.

Esta iniciativa, permite que los niños puedan recibir el cuidado de sus padres con lo que se aliviará sus sufrimientos familiares, siendo así un acto de justicia tanto para el niño(a) enfermo(a) como para sus padres.

Según la presidenta de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer “nuestra experiencia como Federación es que todos los padres no están física ni psicológicamente bien para desempeñar su trabajo mientras su hijo está siendo tratado de cáncer, con lo que supone un tratamiento agresivo y que tu hijo pudiera estar contigo, porque le da tranquilidad y seguridad al menor. Además hay que tener en cuenta que cuando el padre está con él, el niño mantiene una total normalidad, un esfuerzo sobrehumano, porque el niño no note nada, aparte de que hay que tener en cuenta que los tratamientos no siempre se pueden obtener en tu ciudad”.

Esta nueva prestación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2011, sólo beneficiará a uno de los padres; debe ser un trabajador afiliado a la Seguridad Social y que, al menos, tenga que dedicar la mitad de su jornada a la atención de sus hijos. La prestación podrá llegar al cien por cien de la base reguladora cuando el progenitor tenga que dejar de trabajar completamente. El texto de la enmienda señala que tendrán este derecho tanto los progenitores, los adoptantes o las personas que acogen al niño enfermo de forma pre-adoptiva o de forma permanente.

La novedosa prestación modifica la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y el Estatuto de los Trabajadores (ET). El artículo 38 de la LGSS incorporará el “cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave”, como situación comprendida en la acción protectora del Sistema de Seguridad Social y amplía el artículo 180, sobre las cotizaciones realizadas durante la reducción de jornada, que se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo.

En cuanto al Estatuto de los Trabajadores que contempla el derecho del trabajador a conciliar la vida familiar y laboral, el artículo 37 detalla las situaciones en las que el trabajador tiene derecho a la reducción de jornada y reconoce como nuevo supuesto el cuidado de hijos afectados por cáncer o enfermedad grave. El artículo 34.8 reconoce que el trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en acuerdo individual.

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