Entradas de la categoría ‘General’

Proyecto de Ley del Registro Civil español que invierte el orden de los apellidos

viernes, 5 noviembre 2010

En el día de ayer, todos los medios de comunicación españoles publicaron la noticia sobre el proyecto de ley del Registro Civil, que en este momento se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, por medio del cual se prescinde de la histórica preferencia del apellido paterno sobre el materno, permitiendo que sean ambos progenitores los que decidan de mutuo acuerdo el orden de los apellidos. En caso de desacuerdo entre ellos sobre este orden de preferencia, el encargado del Registro Civil determinará la elección de los apellidos según su orden alfabético.

Hasta ahora tenía prioridad el primer apellido del padre sobre el de la madre, salvo que por común acuerdo de los cónyuges se modificara ese orden a la hora de inscribir al bebé, pero de manera predeterminada el apellido paterno se anteponía al materno. Es decir, en caso de duda o desacuerdo, primaba el apellido del padre.

El proyecto añade que en los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos. Esto es algo que ya podía hacerse en este momento. También se mantiene que el interesado pueda decidir la inversión del orden de sus apellidos una vez alcance la mayoría de edad.

En la todavía vigente ley de Registro Civil, las personas mayores de edad también pueden cambiar su apellido si se produce una alteración de la filiación (adopción o reconocimiento de un hijo); si se desea sustituirlos por sus equivalentes onomásticos en cualquiera de las lenguas oficiales de España; si se ve necesario introducir la partícula “de” para evitar confusión entre nombre y apellido (Juan De David); o si alguien se ve obligado a cambiarlo cuando sus padres lo han hecho; se pueden unir apellidos siempre y cuando pertenezcan legítimamente al interesado. Lo que no puede hacerse es inventar un apellido para uno mismo.

Cuando se apruebe el proyecto de la nueva ley del Registro Civil, ésta no entrará en vigor antes de dos años, porque primero debe cambiarse todo el sistema de registro que pasará a ser informático e individualizado, ya que se sustituirá el tradicional Libro de Familia por un registro individual para cada ciudadano, vinculado a un código personal, con el que se podrá acceder a la base electrónica en la que se inscribirán todos los datos y hechos que afecten a una persona a lo largo de su vida desde el punto de vista civil.

El proyecto suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en secciones (nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, tutelas y representaciones legales) y crea un registro individual para cada persona desde el momento de su nacimiento o desde la adquisición de nacionalidad; se le asigna un “código personal de ciudadanía”, con el que se pretende diseñar un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente.

Se configura así una base de datos única que permitirá compaginar la unidad de la información con la gestión por territorios y la universalidad en el acceso. Se tendrán en cuenta las lenguas co-oficiales y los ciudadanos podrán solicitar que la inscripción de un hecho se practique en cualquier de las lenguas oficiales del lugar donde radique la oficina del Registro.

El proyecto de ley señala que si la filiación determina los apellidos y a su vez ésta viene fijada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden; lo que decidan para el primer hijo deberá continuarse para sus otros hijos que vengan después. En cuanto a la filiación, señala el proyecto que no se hará ninguna referencia al estado civil de los padres del inscrito, “equiparando así la relación matrimonial a cualquier otra situación”.

Si la o el solicitante son víctimas de violencia de género, podrán cambiar su apellido a través de una orden del Ministerio de Justicia.

El Ministro de Justicia afirma que el proyecto de Ley del Registro Civil “hace valer la igualdad entre hombre y mujer que establece el artículo 14 de la Constitución Española” y que “no cree que con este cambio se extingan los apellidos, sobre todo los que comienzan con las últimas letras del alfabeto”. Porque ya hay quienes afirman que de aprobarse el proyecto de ley, los apellidos que empiezan por A tendrán más futuro en España que los apellidos que empiezan por Z,  los cuales se terminarán perdiendo o difuminando.

Ya se han pronunciado voces a favor y en contra de este proyecto de ley, cuya novedad más destacada y controvertida es que los apellidos se decidan por orden alfabético. Varias Asociaciones de Familia y de Juristas ven innecesaria la reforma. Dicen que lo que se pretende es desaparecer el concepto de familia en el Registro Civil español con una clara ideología individualista y antifamiliar. Sostienen que el actual Gobierno ha creado un nuevo conflicto familiar entre las parejas donde antes no lo había y que “el orden de los apellidos ni hace daño a nadie, ni ataca el principio de igualdad”.

El Instituto de Política Familiar (IPF) considera que “este proyecto, como otros del Gobierno actual, enfoca a la familia como una institución a eliminar y le va imponiendo ley tras ley”, e insta a todos los partidos “a que no sólo rechacen esta ley”, sino a “que se comprometan a restablecer el estatus jurídico de reconocimiento público y protección a la familia”.

Las Asociaciones de Familias Numerosas creen que “nadie ha podido decir que se sienta discriminado por esta cuestión”, y argumentan que “el criterio del orden alfabético es no tener criterio”.

Algunos Jueces temen que, con el argumento de modernizar el Registro Civil, se termine “desjudicializando”, mermando con ello las garantías del ciudadano.

Apuntan también algunos sociólogos las posibles dificultades que puedan presentarse en lo referente a la genealogía de las personas, en cuanto a las líneas ascendiente y descendiente, para determinar la serie de progenitores dentro de un orden precedente familiar e histórico. 

Otros, como la directora del Instituto de la Mujer, asegura que la propuesta de eliminar la preferencia histórica del apellido paterno es “justa y democrática”, ya que, en su opinión, era “uno de los pocos restos machistas que permanecía en uno de los ordenamientos jurídicos más igualitarios del planeta”.
Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho


Los Derechos Fundamentales de la Persona Humana

martes, 2 noviembre 2010

Escribir sobre los derechos fundamentales de la persona humana daría para llenar infinidad de páginas. En primer término, porque encontramos sobre este tema tantos enfoques como teorías hay sobre la noción de persona humana, no sólo desde un punto de vista filosófico, antropológico y ético, sino también político, económico, religioso y social. Dependiendo de cómo se defina al hombre, especialmente desde su trascendencia, habrá una aproximación más acorde a su realidad ontológica de persona.

Sólo el respeto a la dignidad trascendente de la persona humana genera una sociedad justa. Es necesario que todos los programas sociales, científicos, económicos, políticos y culturales estén presididos por el respeto de cada ser humano individualmente considerado dentro de esa comunidad de la que forma parte. Ninguna persona debe “instrumentalizarse” o “masificarse” con fines ajenos a su misma dignidad, ni debe ser sometida a injustas restricciones en el ejercicio de sus derechos y de su libertad.

La persona humana no es un “instrumento útil” para la economía ni para la política, porque la política y la economía están al servicio de la persona y no la persona al servicio de éstas. Ninguna persona puede ser tratada como un “objeto” para satisfacer deseos y necesidades de otras personas o instituciones. Podemos constatar que, lamentablemente, nos invade una cultura utilitarista que “cosifica” a la persona humana, tratándola como si fuera una cosa o un objeto carente de trascendencia. Y ante esto nunca podemos rendirnos porque las personas están para amar y ser amadas, mientras que las cosas están para usar: amar es opuesto a usar. Nadie puede ni debe ser “utilizado”.

Si algo caracteriza a la persona humana y la hace diferente de todo cuanto existe es su libertad, que es esa facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y/o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos y de sus omisiones. La libertad no puede ser entendida correctamente sin la responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás. La responsabilidad es esa capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de esas actuaciones realizadas libremente.

Libertad y responsabilidad son dos aspectos inescindibles de la persona humana, no pueden separarse y conllevan otra nota esencial del ser humano, que es su continua búsqueda de la verdad. Sólo el hombre libre y responsable puede buscar y encontrar la verdad. Y la verdad lleva al bien, a la felicidad, a la libertad y al bienestar personal y social.

Todos sabemos que la persona humana es, por naturaleza, un ser social que necesita para su desarrollo y para su progreso la convivencia con sus semejantes; es en esta convivencia donde el hombre y la mujer ejercen su sentido de libertad y de responsabilidad, sus derechos y deberes naturales y sociales, los cuales son inviolables e inalienables porque son fundamentales a toda persona humana, sin distingo de raza, condición, sexo, nacionalidad, religión, etc.

Estos derechos fundamentales de la persona humana son la clave para el respeto a todos los seres humanos individual y socialmente considerados. Por eso son universales. Son derechos y deberes que proceden de la dignidad humana, por lo tanto, NO son una concesión ni una creación del Estado ni de la Nación. El Estado, en todo caso, lo que debe hacer es tutelarlos, protegerlos y garantizarlos eficazmente.

Los derechos fundamentales y universales de la persona humana son: el derecho a la propia existencia; el derecho al desarrollo de la propia perfección personal; el derecho a cumplir los deberes propios con libertad y responsabilidad personal; el derecho a llevar una vida verdaderamente humana entre los demás hombres; el derecho a fundar una familia y a mantener y educar a los hijos; el derecho a adquirir propiedad privada y poder usar de la misma.

Estos derechos han sido proclamados por la ONU, por la Unión Europea y por casi todos los Estados del mundo. Están bellamente escritos y esculpidos. Pero esto no basta ni es suficiente. Es necesario que sean realizables. Que se garantice su alcance y realización a todas las personas, sin excepción alguna. Porque ¿de qué nos sirve decir que existe el derecho al trabajo, reconocido en todas las Constituciones de los países, cuando sabemos que el desempleo es el mayor problema y sufrimiento de muchas personas concretas en el mundo actual? Lo mismo podríamos decir de otros derechos proclamados con “bombo y platillo” como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la propiedad, etc.

¿Por qué no se garantizan efectivamente? Porque precisamente la política y la economía que nos rigen no “sirven” a la persona humana sino que “se sirven” de la persona humana. Porque los hombres y las mujeres, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos muchas veces no son vistos como personas, sino como objetos de los que se sirven los que manejan los hilos de esa política y esa economía, “instrumentalizando” a las personas para sus propios intereses. A la prueba está la actual “crisis económica” mundial.

La dignidad de la persona humana es el centro sobre el que deben gravitar todos los asuntos, no sólo a nivel político, económico y social, ya sean  a “gran escala” nacional o internacional, sino sobre todo a nivel individual, en nuestras diarias y cotidianas relaciones interpersonales e intrafamiliares. Es la difícil pero posible puesta en práctica de esa sencilla regla de oro universal de “tratar a tu prójimo como a ti mismo” o, lo que es lo mismo, “no hacer a otro lo que no quieres que te hagan a ti”. 

Entre los derechos a la propia existencia están el derecho a la vida de todos los seres humanos, desde el momento de su concepción; el derecho a la legítima defensa contra un agresor injusto; el derecho a la integridad corporal e inviolabilidad personal. Una existencia verdaderamente humana y decorosa se alcanza cuando está garantizado el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica en todos los estadios y condiciones de la vida, ya sea en la salud o enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro, etc.

El derecho al desarrollo de la propia personalidad se consigue cuando la persona humana puede desarrollar todos sus talentos y cualidades, cuando se respeta su derecho a la intimidad y se protege su vida privada, su honor y buena fama, su buen nombre. Vemos como la sospecha, el juicio temerario, la difamación, la calumnia y la injuria están hoy a la orden del día y son el “plato favorito” de muchos medios de comunicación.

El derecho a la verdad es también un deber que incluye la libre y respetuosa expresión de las propias opiniones y creencias, a cultivar cualquier arte y profesión honesta, a tener una información objetiva de los sucesos públicos, a no manipular la opinión pública con fines “utilitaristas”, a no ahogar la voz de los ciudadanos ni reducirla a un silencio forzado. Incluye también el derecho a la libertad religiosa. Todos los hombres estamos obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a practicar la propia religión. Ninguna ley puede suprimir o dificultar la práctica de la propia fe, siempre que se respete el justo orden público. El derecho a la verdad incluye igualmente el derecho a obrar según la recta y propia conciencia.

Los derechos del hombre con respecto a la familia son el derecho al matrimonio y a fundar una familia, a procrear y decidir el número de hijos, a educarlos humana, moral y culturalmente y a poseer los bienes suficientes para mantener la familia y dar a los hijos la educación adecuada. También tiene relación con el derecho a la inviolabilidad del hogar y a desarrollar la propia vida doméstica sin injustas intromisiones que provengan del exterior y perturben la intimidad del hogar.

Los derechos económicos nacen de la misma naturaleza humana y son necesarios para salvaguardar la libertad y la dignidad del hombre. Los principales derechos económicos son el derecho al trabajo para proveer a la propia vida y a la de los hijos; el derecho a la elección de una profesión honesta con la que pueda desarrollar sus propios talentos y colaborar con el progreso de la sociedad. El derecho a la propiedad privada es una garantía de la libertad humana.

Los derechos sociales y políticos exigen la colaboración de todos para lograr el bien común y el bienestar social. Entre estos tenemos el derecho a la seguridad jurídica con el que se garantiza una defensa justa, eficaz e igual para todos; el derecho a la libre fijación de residencia y de libre circulación y movimiento; el derecho a la emigración; el derecho de asilo político cuando, por motivos políticos, alguien es perseguido por las autoridades públicas. Atentan contra este derecho la deportación y la repatriación forzada. Dentro de los derechos sociales y políticos también tenemos el derecho de libre reunión con fines honestos que no atenten contra el bien común de la sociedad; el derecho de libre asociación para alcanzar los fines que los particulares por sí solos no pueden conseguir eficazmente; el derecho de participación activa en la vida pública y el derecho de sufragio libre en la elección de los gobernantes, es decir, el derecho a elegir y ser elegido.

También hay deberes sociales como el deber de obediencia a las leyes justas, el deber de luchar contra el abuso de la autoridad mediante una legítima actitud de los ciudadanos llamada el derecho de resistencia.

El derecho a la educación y a la cultura, con calidad y equidad para todos, es también uno de los derechos políticos y sociales con el que nos situamos activa y críticamente en nuestra sociedad, ayudando a construirla y mejorarla para alcanzar la paz y el desarrollo humano y social.

Todos estos derechos fundamentales de la persona humana, son también deberes personales con los que debemos procurar el bien común y conseguir el progreso y desarrollo del estado de bienestar social. No son sólo responsabilidad del Estado y de las autoridades políticas y económicas, sino también de todas las personas individuales y de las instituciones privadas. No podemos eludir nuestras propias responsabilidades particulares. Una sociedad moderna y justa exige la responsabilidad y la participación activa del sector privado y no sólo del sector público.

1. LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA:

En diciembre de 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta adquirió el mismo carácter jurídico vinculante que los Tratados. A tal efecto, la Carta fue enmendada y proclamada por segunda vez en diciembre de 2007. Incluye un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en 7 capítulos:

Capítulo I: Dignidad (dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado).

Capítulo II: Libertad (derechos a la libertad y a la seguridad, respeto de la vida privada y familiar, protección de los datos de carácter personal, derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación, libertad de las artes y de las ciencias, derecho a la educación, libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho de asilo, protección en caso de devolución, expulsión y extradición).

Capítulo III: Igualdad (igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre hombres y mujeres, derechos del menor, derechos de las personas mayores, integración de las personas discapacitadas).

Capítulo IV: Solidaridad (derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de trabajo justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del medio ambiente, protección de los consumidores).

Capítulo V: Ciudadanía (derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales, derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos, Defensor del Pueblo Europeo, derecho de petición, libertad de circulación y de residencia, protección diplomática y consular).

Capítulo VI: Justicia (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia y derechos de la defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito).

Capítulo VII: Disposiciones generales.

2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU:

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Consta de un preámbulo y 30 artículos:

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14: 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15: 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16: 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21: 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27: 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29: 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

3. La Iglesia Católica tiene un Compendio de su Doctrina Social, en el que se recogen de manera completa y sistemática los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario; se presenta a todas las personas como una guía para inspirar, en el ámbito individual y colectivo, los comportamientos y opciones que permitan mirar al futuro con confianza y esperanza.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El Derecho de la Persona en la Ley Aragonesa 13/2006, de 27 de diciembre

miércoles, 8 septiembre 2010

En la historia del Derecho Aragonés no ha existido la patria potestad romana; es por esto que en nuestro derecho foral, las relaciones entre padres e hijos menores siempre han mirado al bienestar de los hijos como interés superior. Al no tener patria potestad, los aforados aragoneses desde antiguo han alcanzado la plena capacidad de obrar cuando cumplen los catorce años. Otro hecho significativo de la ausencia de patria potestad en el derecho foral aragonés, es la histórica igualdad de las relaciones jurídicas entre el padre y la madre con sus hijos. Sin lugar a dudas, se puede decir que el derecho foral aragonés en lo que respecta a la regulación de la igualdad de las relaciones familiares y al derecho de la persona, “se adelantó a los siglos”.

Los ideales y exigencias del Derecho de la Persona en los ordenamientos jurídicos occidentales del siglo XXI, son para el derecho foral aragonés una identidad de siempre, por lo que no ha supuesto un corte o un cambio radical en nuestra tradición histórica y cultural “actualizarse”. Así, se puede entender que los principios más exigentes en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la personalidad han estado siempre presentes en el Derecho Foral Aragonés. Como ejemplo más reciente, se destaca el haber sido pioneros en España en legalizar la guarda y custodia compartida mediante la Ley 2/2010, de 26 de mayo, conocida como la “Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres” y que entra en vigor hoy miércoles 8 de septiembre de 2010.

El derecho de la persona en el derecho civil aragonés,  tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre capacidad y estado de las personas físicas y de las instituciones civiles para la protección de menores e incapaces. La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, que fue antecedida por la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte y por la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad  y precedida por la Ley 2/2010, de 26 de mayo, sobre la “Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres”, corroboran que las instituciones civiles aragonesas son muy recientes y adecuadas a las circunstancias y valores del tiempo en el que vivimos.

Esta Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, se estructura en cuatro Títulos: el I se ocupa de la capacidad y estado de las personas; el II, de las relaciones entre ascendientes y descendientes; el III, de las relaciones tutelares, y el IV, de la Junta de Parientes.

El Título I sobre la capacidad y estado de las personas, consta de tres Capítulos: I, Capacidad de las personas por razón de la edad; II, Incapacidad e incapacitación y III, Ausencia.

Desde 1978, cuando se redujo la mayoría de edad para toda España, en Aragón la mayoría de edad quedó establecida al cumplir dieciocho años. También son mayores de edad los que han contraído matrimonio, dejando de estar sujetos a la autoridad familiar, tutela o curatela porque se presumen capaces para todos los actos de la vida civil. En Aragón no ha existido nunca la emancipación por matrimonio, puesto que el contraerlo constituye al menor en la situación de mayoría de edad.

En Aragón, la minoría de edad no es una situación de incapacidad sino un estado de las personas en los primeros años de su vida, cuando su personalidad se está desarrollando y requiere una formación adecuada a este desarrollo. Para favorecer este desarrollo y esta formación, los menores están sujetos a la autoridad familiar, la tutela o la curatela que están presididas siempre por el criterio supremo del interés del menor, interés que hoy es central y decisivo en estas materias en las legislaciones de nuestro entorno, pero que en el derecho aragonés ha estado presente desde hace muchos siglos, porque no se ha conocido la patria potestad.

A partir de los catorce años, el menor aragonés actúa por sí mismo y sin representante, con la asistencia de las personas llamadas a prestarla para la plena validez de sus actos. Los padres son los únicos titulares de la autoridad familiar y, en consecuencia, son generalmente sus asistentes, pues la autoridad familiar habitualmente lleva consigo la gestión de los bienes del hijo, pero no como contenido de un poder paterno, sino como función aneja a la autoridad familiar que no es esencial a la misma.

Las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretarán de forma restrictiva, porque la capacidad es la regla y sus limitaciones, la excepción. Pero para algunos asuntos no es el cumplimiento de determinada edad lo decisivo, sino que el menor tenga suficiente juicio; en todo caso, si es mayor de doce años, ha de ser oído antes de la adopción de medidas que le afecten en su persona o bienes.

El Título II, sobre las relaciones entre padres e hijos, consta de tres capítulos: en el capítulo 1 se habla de los efectos de la filiación; en el 2 del deber de crianza y autoridad familiar y en el 3 de la gestión de los bienes de los hijos.

En Aragón, a la edad de catorce años, se puede solicitar  la alteración en el orden de los apellidos paterno y materno. También, a esa edad, se exigen deberes como el de asistencia recíproca que comprende contribuir equitativamente, durante la vida en común, a la satisfacción de las necesidades familiares y que se concreta en la colaboración personal del hijo en las tareas del hogar y los negocios familiares, mientras conviva con la familia, además del cumplimiento de las reglas de convivencia equitativa entre padres e hijos mayores de edad.  Se concede la posibilidad de que los padres que ejerzan la autoridad familiar destinen una parte de los ingresos del hijo a necesidades familiares distintas de su propia crianza y educación.

Hay un especial énfasis en el derecho del hijo a relacionarse con ambos padres, con sus abuelos y con otros parientes y allegados, con el único límite del propio interés del menor; el padre tiene la obligación de contribuir a los gastos de embarazo y parto de la madre del hijo común. Se regulan los supuestos de privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar.

El deber de los padres de sufragar los gastos de enseñanza y educación de los hijos, se mantiene cuando alcanza el hijo la mayoría de edad, con término de extinción, salvo que judicial o convencionalmente se hubiera establecido otra cosa, al cumplir el hijo los veintiséis años, más allá del cual subsistirá el derecho de alimentos en caso de necesidad.

Otro efecto de no tener la patria potestad en Aragón, es que se reconocen como flexibles las relaciones jurídicas familiares entre nietos y abuelos, así como entre los hijos de una persona y el cónyuge de ésta.

La autoridad familiar de otras personas que no sean los padres, es igual al que les corresponde en el ámbito personal, pero no se extiende a la gestión de los bienes del menor. Para la gestión de los bienes es necesario, si no hay administrador, el nombramiento de un tutor, cargo que puede recaer en quien ejerza la autoridad familiar. La gestión de los bienes de los hijos es función aneja a la autoridad familiar solo cuando ésta se ejerce por los padres.

El Título III de esta Ley se ocupa de las relaciones e instituciones tutelares respecto de menores y de incapacitados, regulando la tutela, la curatela y el defensor judicial, así como las instituciones de la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela, siendo éstas complementarias de las anteriores. Se posibilita el nombramiento de administrador de bienes, coexistente con los padres o el tutor. La autoridad judicial salvaguarda la tutela, que se ejerce bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, potenciándose la autonomía de los particulares en la determinación de las reglas por las que cada tutela haya de regirse.

La “autotutela”, es aquella en la  que cualquier persona capaz y mayor de edad, previendo ser incapacitada judicialmente puede, mediante escritura pública, designar a las personas que ejercerán las funciones tutelares, así como adoptar las disposiciones relativas a su persona y bienes para cuando esté incapacitado, incluido un mandato a tercero que no se extinga por su incapacidad sobrevenida o su incapacitación. También podrá promover, en su momento, su propia incapacitación.

En el derecho aragonés pueden concurrir varias personas simultáneamente en el ejercicio de la tutela. También serán dos los tutores cuando lo sean los padres o los abuelos paternos o maternos o cuando, por decisión del Juez, el tutor sea una persona casada y considere conveniente que también ejerza la tutela con su cónyuge, debiendo cumplir todos con sus obligaciones de fianza e inventario, rendir cuenta general justificada de su gestión ante la autoridad judicial, al cesar en sus funciones.

La tutela se manifiesta también en algunos aspectos familiares como la obligación, en última instancia, de alimentos cuando no haya nadie más que se los pueda proporcionar al pupilo. En este título también se establece la curatela de los emancipados y de los incapacitados, si así lo determina la sentencia de incapacitación. También se hace referencia a la guarda, que de hecho es transitoria, a la guarda administrativa y al acogimiento familiar.

El Título IV trata de la Junta de Parientes, institución importante que es como un tribunal familiar integrado por dos parientes idóneos, uno por cada grupo familiar, que ayuda a resolver los problemas que se pueden presentar en la familia. Las funciones principales de la Junta de Parientes son la autorización para disponer de bienes de menores de catorce años por sus representantes legales y la prestación de asistencia a los menores que han cumplido dicha edad, en los casos y formas que las leyes preven. La Junta puede también dirimir divergencias entre los padres en el ejercicio de la autoridad familiar, dirimir los conflictos que surjan sobre la titularidad de la autoridad familiar de personas distintas de los padres, sobre la organización y funcionamiento de la tutela y la guarda de hecho, etc., cuando se prefiera acudir a ella, en vez de al Juez.

Se describe la composición y funcionamiento de la Junta de Parientes, pudiendo constituirse voluntariamente ante Notario o por decisión judicial a instancia de parte interesada, manifestando sobre qué asunto familiar o sucesorio decidirán, sin que puedan privar al Juez de la facultad de apartarse motivadamente de estos criterios cuando se quiera acudir a la constitución judicial. La toma de decisiones por parte de la Junta de Parientes es libre y por unanimidad con asistencia obligatoria y personal a las reuniones, deliberaciones conjuntas y decisiones conformes al leal saber y entender de los vocales.

La decisión de la Junta de Parientes, ya sea positiva o sea negativa, impide someter el mismo asunto a otro órgano de decisión, en particular al Juez en funciones de jurisdicción voluntaria. Si transcurre un mes sin obtener un acuerdo, se permite acudir a otra vía. La validez y eficacia de las decisiones de la Junta de Parientes se presume mientras no se declare judicialmente la invalidez.

Vemos , entonces, que las normas legales más importante del Derecho Civil Aragonés, están contenidas en la Ley de Sucesiones (Ley 1/1999, de 24 de febrero), en la Ley de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad (Ley 2/2003, de 12 de febrero), en la Ley del Derecho de la Persona (Ley 13/2006, de 27 de diciembre) y en la Ley sobre la “Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres” (Ley 2/2010, de 26 de mayo), que se refiere a la guarda y custodia compartida de los padres. Aragón ya tiene su propio código de derecho civil, llamado Código del Derecho Foral de Aragón.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Internacionales en España

domingo, 11 julio 2010

Para que una resolución judicial extranjera en materia matrimonial (llámese sentencia, auto, etc.) sea reconocida con efectos en España y pueda ejecutarse en nuestro país, debe ser homologada por el órgano jurisdiccional español competente (Exequátur). El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en España constituyen dos procedimientos separados, aunque se tramitan simultáneamente ante el mismo Juzgado de Primera Instancia.

Mediante el reconocimiento (Exequátur) se pretende que la sentencia extranjera produzca efectos en España. Mediante la ejecución se pide al juez que ordene el cumplimiento forzoso de la sentencia extranjera previamente reconocida. La ejecución de la sentencia extranjera en España es competencia exclusiva de los Tribunales españoles, concretamente de los del lugar donde se encuentra el ejecutado.

La sentencia extranjera cuyo reconocimiento se pretende en España debe ser firme, es decir, que ya no es susceptible de posterior recurso. El exequátur no se concederá si una de las partes no ha sido correctamente emplazada o por no haber tenido la oportunidad de defenderse. La rebeldía procesal voluntaria o por conveniencia no impedirá la concesión del exequátur. Actualmente esta condición se extiende al cumplimiento del principio procesal esencial de audiencia y al respeto del derecho de defensa de las partes.

La doctrina internacionalista ha elaborado un concepto propio de la rebeldía procesal, en orden al reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras, al distinguir entre la rebeldía involuntaria, en la que el emplazamiento y citación del demandado al litigio no han sido realizados debidamente, de aquélla situación que se califica de rebeldía táctica o de conveniencia, en la cual existe plena constancia de que el demandado ha tenido conocimiento preciso de la existencia del litigio y ha optado por no comparecer o por no hacerlo en la forma legalmente establecida.

En el proceso de exequátur no se revisa el fondo del asunto juzgado por el tribunal extranjero, se trata sólo de un procedimiento de control formal. Acreditadas todas estas condiciones, el Juzgado de Primera Instancia otorga el exequátur y pasa a ejecutar la sentencia o resolución extranjera, si ésta ha sido solicitada expresamente.

El Exequátur es un procedimiento judicial por el que se verifica si una sentencia judicial emitida en un país extranjero reúne o no los requisitos que permiten su homologación en otro Estado. El titular o sujeto activo del exequátur es la persona en cuyo favor se dictó la sentencia.

Para que sea procedente el exequátur se requiere: 1. Verificación de Tratado: Es decir si existen Tratados Internacionales al respecto con el Estado del cual emana la sentencia. 2. Reciprocidad: Si no existen Tratados bilaterales, se aplica el principio de reciprocidad con el país de origen de la sentencia, es decir, si el Estado del cual emana la sentencia le otorga valor a las emanadas del Estado ante quien se tramita el exequátur. 3. Compatibilidad de la sentencia con las leyes del país donde se solicita que sea reconocida; esto es: a) que no contravenga la legislación ni el orden público del país donde se tramita; b) que no se oponga a la jurisdicción del país donde se tramita; c) que la parte contra quien se invoca la sentencia haya sido notificada conforme a derecho y d) que la sentencia se encuentre ejecutoriada conforme a la ley del Estado de donde se otorgó.

En el procedimiento de exequátur, la parte que inste el reconocimiento de la sentencia, debe estar representada por Procurador y asistida por Abogado, salvo en determinados casos de inscripción directa en el Registro Civil.

1. Si la Resolución (Auto o Sentencia) procede de un Estado miembro de la Unión Europea, será reconocida en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, vigente desde el 1 de marzo de 2005 en todos los Estados miembros de la Unión Europea (salvo Dinamarca), que derogó el Reglamento (CE) n° 1347/2000.

2. Si la resolución procede de otros países distintos a la Unión Europea, se tendrán en cuenta los convenios bilaterales firmados por España con esos otros países.

3. Si no es aplicable ni el Reglamento 2201/2003 ni ningún Convenio Bilateral o Tratado Internacional , el reconocimiento o Exequátur se debe solicitar ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte contra la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquéllas; subsidiariamente la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o donde aquellas sentencias y resoluciones deban producir sus efectos. En este caso se aplica el régimen interno español, contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (cuyos artículos en relación con el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras se mantienen en vigor por expresa disposición de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000).

En estos dos últimos casos, debe estar apostillada conforme al Convenio de La Haya y debe ser traducida al idioma español por un traductor jurado. La sentencia debe ser lícita, esto es, que respete el orden público español y debe reunir las formalidades requeridas por la legislación del país donde ha sido dictada.

4. Si se trata de obtener el reconocimiento en España de una sentencia de divorcio, nulidad y separación que ha sido dictada en un Estado miembro de la Unión Europea, excepto Dinamarca, o la declaración en España de que dicha resolución no debe reconocerse, se presentará una solicitud de reconocimiento, sin que sea preciso que la resolución a reconocer sea firme en el Estado donde se dictó, ante el Juez de Primera Instancia del lugar del domicilio de la persona contra la que se pide el reconocimiento o la declaración de no reconocimiento.

El reconocimiento en España de las resoluciones dictadas en Dinamarca, se rige por las normas españolas. El trámite procesal se inicia con la formulación de demanda presentada directamente ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio de la persona contra la que se pide el reconocimiento o la declaración de no reconocimiento.

El procedimiento para solicitar que una resolución no deba ser reconocida, es el mismo que para solicitar que se decida que sí debe serlo. Si la resolución ha sido reconocida con base en el Reglamento del Consejo Nº 2201/2003, de 27 de noviembre, la oposición sólo se puede formular tras ser notificado de la decisión que concede el reconocimiento y en el plazo fijado legalmente, presentando recurso ante la Audiencia Provincial correspondiente.

Si se trata de una resolución dictada en Dinamarca, la oposición debe formularse cuando sea emplazado ante el Juzgado de Primera Instancia en un proceso en el que se la parte contraria ha pedido su reconocimiento. En todos los casos se necesita Abogado y Procurador para formalizar la oposición.

5. En España, la separación y el divorcio se rigen por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de ésta, por la ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado.

En todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida habitualmente en España: a) Si no resulta aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas; b) Si en la demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro. La ley que rige la separación, el divorcio y la nulidad, es además, la que se aplica tanto para analizar las causas de la ruptura matrimonial como las consecuencias y los efectos de la misma.

La liquidación del régimen matrimonial se rige por los pactos y capitulaciones de los esposos, en cuanto sean conformes a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.

Las relaciones paterno-filiales se rigen por la ley personal del hijo y, en su defecto, por la de la residencia habitual del hijo.

En materia de medidas provisionales y cautelares, debe aplicarse la misma ley que rija la separación, la nulidad y el divorcio en cada caso. En lo referente a la acreditación y prueba del derecho extranjero en España, si éste fuera el caso concreto, deberá probarse su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal español, además, de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.

Los procesos sustanciados en España, se rigen siempre por la ley procesal española, con independencia de la ley que se aplique al divorcio, la separación y la nulidad, y ello con las solas excepciones que puedan prever los convenios y Tratados suscritos por España, como sucede en el caso de la legislación comunitaria que contiene, en ocasiones, normativa procesal que prevalece sobre la prevista en la ley procesal civil española.

6. Vamos a detenernos a analizar algunos aspectos importantes del Reglamento Nº 2201/2003, de 27 de noviembre, como su ámbito de aplicación y de no aplicación, la competencia, la litispendencia internacional y acciones dependientes, etc.

Ámbito de aplicación: El artículo 1 dice que este Reglamento se aplicará: a) al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial; b) a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental. Esta responsabilidad parental se refiere: 1) al derecho de custodia y al derecho de visita; 2) a la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; 3) a la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del menor, de representarlo o de prestarle asistencia; 4) al acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento; 5) a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de sus bienes.

Ámbito de no aplicación: El Reglamento referido no se aplicará: a) a la determinación y a la impugnación de la filiación; b) a las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, ni a la anulación y revocación de la adopción; c) al nombre y apellidos del menor; d) a la emancipación; e) a las obligaciones de alimentos; f) a los fideicomisos y las sucesiones; g) a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por los menores.

La Competencia: Los órganos Judiciales competentes para conocer del divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial, según el artículo 3 de dicho Reglamento, son el Estado miembro de la UE: a) en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual de los cónyuges, o el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o la residencia habitual del demandado, o en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su “domicile”; b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del “domicile” común.

Litispendencia y acciones dependientes: Según el artículo 19 del Reglamento: 1. Cuando se presentaren demandas de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera. 2. Cuando se presentaren demandas relativas a la responsabilidad parental sobre un menor que tengan el mismo objeto y la misma causa ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera. 3. Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el segundo se inhibirá en favor de aquél. En este caso, la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primero.

7. Existe una muy interesante Propuesta de Reglamento del Consejo (de la UE), de 17 de julio de 2006, para modificar el Reglamento (CE) Nº 2201/2003, en  lo que se refiere a la competencia y se introducen normas relativas a la ley aplicable en materia matrimonial, que fue presentada por la Comisión Europea y tiene por objeto establecer un marco jurídico claro y completo en materia matrimonial en la UE. Visto el elevado porcentaje de divorcios en la UE, la Comisión Europea desea reforzar la seguridad jurídica, la predictibilidad, la flexibilidad y el acceso a los Tribunales para los “matrimonios internacionales”  en materia matrimonial, en particular en caso de divorcio y de separación judicial. Esta propuesta argumenta la falta de disposiciones comunitarias, fuente de inseguridad jurídica.

Actualmente no existen disposiciones comunitarias en el ámbito de la ley aplicable en materia matrimonial. El Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, establece normas relativas a la competencia y al reconocimiento de las decisiones en materia matrimonial, pero no contiene normas sobre la ley aplicable. Además, las normas actuales pueden conducir a uno de los cónyuges a promover una acción judicial antes que el otro cónyuge para que el proceso quede sometido a una legislación que proteja sus intereses (“carrera a los tribunales”).

La propuesta pretende establecer normas comunes en materia matrimonial, reforzando la seguridad jurídica mediante normas de conflicto de leyes armonizadas; dando mayor flexibilidad mediante la introducción de una limitada autonomía de las partes; garantizando el acceso a los tribunales; impidiendo la “carrera a los tribunales” por parte de uno de los cónyuges, es decir, la situación en la cual uno de ellos solicita el divorcio antes que el otro para asegurarse de que el proceso se regirá por una ley particular que favorezca sus propios intereses.

8. Por último, es necesario recordar nuevamente que cuando una Sentencia firme dictada en materia matrimonial por cualquier país que forma parte de la Unión Europea, al existir entre estos países miembros el principio de confianza mutua entre sus órganos jurisdiccionales, las Resoluciones serán reconocidas en los demás países miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. Y ninguna de las partes interesadas podrán solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución (articulo 21 Reglamento 2201/2003). Este mismo Reglamento europeo, en su artículo 33, dice que la Resolución de ejecutoriedad recaída podrá ser recurrida por alguna de las partes, conforme a las normas que rigen el principio contradictorio.

Me parece que es una “contradicción intrínseca” legal que se diga que la Resolución extranjera podrá ser recurrida por las partes cuando se solicita su reconocimiento y ejecución en otro país miembro de la UE, cuando lo que realmente sucede es que es automáticamente reconocida y ejecutada.  Por ejemplo, los Tribunales de España, en caso de solicitud de reconocimiento y ejecución de una Resolución en materia matrimonial (ya sea Auto o Sentencia) de un Tribunal de un país miembro de la Unión Europea, éstos ni tan siquiera pueden realizar una revisión de fondo de la resolución extranjera ni de las apreciaciones de hecho que realice el Tribunal europeo extranjero, ni tampoco pueden hacer una valoración de la prueba. La Resolución a ejecutar no puede ser objeto, en ningún caso, de una revisión en cuanto al fondo (artículos 26 y 31.3 del Reglamento 2201/2003).

¿Y qué sucede entonces si esa resolución extranjera de un país europeo es manifiestamente injusta contra un ciudadano español, si no puede ser revisada en el fondo, ni valorada en los hechos ni en las pruebas sobre los que está basada? ¿Debe ser “automátícamente” reconocida y ejecutada por los Tribunales españoles, así se oponga el interesado con suficientes pruebas y fundamentos jurídicos que evidencian la injusticia, como si los Tribunales estuvieran constituidos por máquinas y no por jueces que son personas humanas capaces de ver la injusticia que pudiera haber en alguna resolución extranjera de algún país miembro de la UE?

Tal vez sería más justo y razonable modificar la tramitación de la ejecución de una sentencia extranjera de la UE en materia de Derecho de familia, dando primero trámite de alegaciones a las partes y después acordando o no la ejecución, y no como ahora se hace. Quizá en aras de la seguridad jurídica, podría llegar a reconocerse automáticamente situaciones realmente injustas.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Páginas: Ant. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 11 12 Sig.