Entradas de la categoría ‘Custodia Compartida’

Custodia compartida y colaboración de los abuelos

martes, 4 junio 2019

Recientemente, y en menos de una semana, hemos conocido dos sentencias judiciales sobre la custodia compartida y la ayuda a ésta por parte de los abuelos. Las dos sentencias, una del 21 de mayo de 2019 y la otra del 25 de mayo de 2019, curiosamente son totalmente diversas en su dictamen. Es lo que tiene la aplicación de la ley a situaciones concretas de la vida real. Es curioso, pero a la vez es la maravilla de lo que significa la realidad viva del derecho en la interpretación lógica de cada caso, en el que ninguno es igual a otro.

La primera sentencia trata de un padre que pierde la custodia compartida por dejar el cuidado de su hijo menor a la casi total ayuda de los abuelos. Y en el otro caso, el padre gana la custodia compartida porque sus abuelos colaboran con el joven padre en el cuidado de su hijo menor de edad. Veamos:

1. El 21 de mayo conocíamos que la sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirma el fallo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de esta ciudad que retiró la custodia compartida a un padre por “desatención” en el cuidado de su hijo y delegar en los abuelos paternos el cuidado del niño. La sentencia afirma que se ha demostrado “la desatención del padre respecto al cuidado hacia su hijo, funciones que realizan los abuelos paternos”. “Una cosa es que, en casos puntuales, pueda verse obligado a pedir ayuda a los abuelos del menor para su cuidado, pero no que sean éstos los que cuiden y se encarguen directamente de su nieto”.

Se recalca en esta sentencia que las funciones que le corresponden al padre “son de obligado cumplimiento sin que pueda exonarse de sus obligaciones por considerar que el menor está bien cuidado por los abuelos”. “Lo cual no se pone en duda”, precisa el fallo. Por todo ello, considera “correctas” las medidas adoptadas por el juez de instancia respecto a la atribución de la custodia a la madre, estableciendo un régimen de visitas y de vacaciones, con la obligación del padre de abonarle en concepto de pensión de alimentos la suma de 200 euros mensuales.

2. El 25 de mayo, la Audiencia Provincial de Badajoz desestima el recurso de una mujer que solicitaba la custodia exclusiva de su hijo de dos años y rechaza el argumento de que los abuelos paternos ayuden en el cuidado del menor del padre para retirar la custodia compartida.

La sentencia sostiene que el régimen de custodia compartida es el deseable cuando los padres se separan porque les garantiza “la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y deberes inherentes a la patria potestad y participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos”.

El niño nació en el año 2016 cuando sus progenitores, que entonces tenían 19 años, estudiaban. Desde que tenía dos meses de vida, los padres decidieron compartir la custodia por semanas. En ese período, el bebé residía junto al padre o la madre en la casa de los abuelos paternos o maternos según le correspondiera. Así ocurrió hasta que la pareja rompió su relación en abril de 2017. Tres meses más tarde, el juzgado le concedió la guarda y custodia a la madre, pero el padre se opuso y en noviembre de 2018 fue dictada una sentencia en la que se aprobaba un régimen de custodia compartida por turnos semanales.

La madre, entonces, recurrió a la Audiencia para que le permitiera mantener la custodia mono parental. Entre los motivos que ella alegó están que el padre vive con sus progenitores, los cuales “son los que cuidan del niño”, así como que la distancia que les separa, 21 kilómetros, hace “inviable” la custodia compartida. La madre también ha alegado que el padre “es adicto a la marihuana” y lo considera “inmaduro e incapaz de dar de comer o bañar al niño”, dado que tiene 21 años.

Por su parte, el padre ha rechazado ser adicto y ha aceptado someterse a los oportunos análisis que han dado negativo en consumo de drogas, por lo que considera el Tribunal que “no se ha demostrado la adicción”. La Audiencia también rechaza que el padre sea “inmaduro” y que “insinuar que no sabe dar de comer, bañar, vestir, educar o jugar con su hijo de dos años está fuera de lugar. Ciertamente la paternidad le ha llegado por sorpresa. Pero lo mismo le ha pasado a la madre”.

El Tribunal entiende que tener un hijo con esa edad no es algo “extraordinario”. Y es cuando destaca el papel que han desempeñado los abuelos, de quienes se dice “pueden ser unos magníficos colaboradores. Más todavía en supuestos como éste, donde prácticamente puede hablarse de padres adolescentes”. La Sentencia afirma que “cuando hablamos de custodia compartida, uno de los factores a valorar positivamente es la disponibilidad de los abuelos”.

En cuanto a la distancia que les separa de las dos localidades en las que viven los padres, 21 kilómetros, la Sala se pronuncia e indica que si el niño se escolariza en la localidad de la madre, el padre tardará 20 minutos en coche, con lo cual no ve impedimento en llevar a cabo la custodia compartida como señala la resolución. La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.

3. Considero personalmente que los abuelos son un gran apoyo para los padres en el cuidado de sus nietos menores, sin importarles que sus hijos estén casados, divorciados o separados. Pero es justo y lógico que los abuelos no asuman deberes paternales que solo corresponden por obligación natural a los progenitores. Los abuelos tienen una disponibilidad incondicional, desinteresada y amorosa hacia sus nietos,  pero los padres no pueden abusar de ellos para convertirlos en abuelos “esclavos”, como sucede muchas veces.

Como pudimos ver en estos dos casos, una cosa es que los abuelos colaboren en el cuidado de sus nietos y otra bien distinta es que asuman casi totalmente ese cuidado.

La guarda y custodia compartida solo se concede cuando se solicita por uno o ambos progenitores

lunes, 11 julio 2016

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) mediante Sentencia 400/2016, de 15 de junio, anula el régimen de custodia compartida de una menor concedido a su padre y su madre porque ninguno de los dos lo había solicitado. El Alto Tribunal ordena a la Audiencia Provincial de Vizcaya, que dictó la sentencia estableciendo la custodia compartida, que pronuncie nueva sentencia en los “estrictos términos” en que se planteó el debate “que no incluía decidir sobre la guarda y custodia compartida”.

El Juzgado de Bilbao que resolvió en primera instancia el caso concedió la custodia al padre, quien al inicio de la vista desistió de la petición subsidiaria de custodia compartida proponiendo únicamente la custodia paterna. La madre reclamaba que se le concediese la custodia a ella.

El Juzgado le dio la custodia al padre al considerar que, al estar desempleado, tenía más tiempo de ocuparse del cuidado de la hija, mientras que la madre regentaba un negocio de hostelería que le absorbía mucho tiempo.

Respecto a la custodia compartida, el juez de Primera Instancia señaló que no concurrían los presupuestos para concederla porque ninguno de los progenitores la había pedido. Según el artículo 92 del Cödigo CIvil, se establece como requisito esencial que exista la petición de al menos uno de los progenitores, para acordarse la guarda y custodia compartida.

La madre recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial (AP) de Vizcaya, que estableció un sistema de guarda y custodia compartida por semanas alternas, permaneciendo la menor en el domicilio familiar salvo acuerdo que pudiesen alcanzar las partes en otro sentido, considerando la AP que la madre se encontraba ahora desempleada y el padre con trabajo.

La custodia compartida es el sistema normal, pero debe solicitarse: El Tribunal Supremo recuerda la doctrina contenida en su sentencia de 19 de abril de 2012 (recurso 1089/2010): los dos casos previstos por el artículo 92 del Código Civil para que pueda acordarse la guardia y custodia compartida, parten de un mismo “requisito esencial para acordar este régimen”: “la petición de al menos uno de los progenitores: si la piden ambos, se aplicará el párrafo quinto, y si la pide uno solo y el juez considera que, a la vista de los informes exigidos en el párrafo octavo, resulta conveniente para el interés del niño, podrá establecerse este sistema de guarda”, pero, destaca la Sala, el Código Civil “exige siempre la petición de al menos uno de los progenitores, sin la cual no podrá acordarse”.

Y “si bien es cierto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 del Código Civil, el Juez debe tomar las medidas que considere más convenientes en relación a los hijos, en el sistema del Código civil para acordar la guarda y custodia compartida debe concurrir esta petición”.

Doctrina que ha sido posteriormente confirmada por las Sentencias del Tribunal Supremo 29 de abril de 2013 (recurso 2525/2011) y 9 de marzo de 2016 (recurso 1849/2014), que establecen que si bien la guarda y custodia compartida ha de considerarse la medida “normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”, requiere “la existencia de petición de parte, pues de no existir ésta por ninguno de los progenitores, difícilmente puede valorarse un plan contradictorio, adecuadamente informado, sobre el qué decidir con fundamento en el interés de los menores, al no haber existido debate y prueba contradictoria sobre tal régimen de custodia”.

Mejora protección de los menores en materia de custodia, visitas y sustracción internacional

sábado, 9 julio 2016

Para que los menores tengan un marco jurídico seguro que les garantice de manera real y efectiva la relación con ambos padres, la Comisión Europea, interesada en la mayor protección de los menores en litigios transfronterizos en materia de responsabilidad parental y en relación con la custodia, el derecho de visitas y la sustracción de menores, prepara nuevas normas con el objetivo acelerar los procedimientos judiciales y administrativos, aumentando la cooperación judicial entre los Estados.

Los procedimientos judiciales transfronterizos en la Unión Europea deben ser más armoniosos y eficientes, especialmente en cuanto a los plazos aplicables en las distintas fases del procedimiento de restitución de menores. La idea es que este período máximo de restitución sea de 18 semanas. Igualmente, las decisiones relativas a la restitución podrán recurrirse una sola vez, y el Juez deberá considerar si durante el proceso debe ser ejecutable una resolución que ordene el retorno del menor.

Buscar la mayor brevedad posible del procedimiento irá directamente en el interés superior del menor. Se trata de una actualización de las normas existentes sobre la base de la experiencia práctica adquirida durante los diez últimos años. Un aspecto muy importante es garantizar a los niños que estén en condiciones de formarse un juicio propio, la oportunidad de expresar su opinión en todos los procedimientos que les afecten directamente, como son los procesos sobre la custodia, el derecho de visita y sobre la restitución de menores en caso de que hayan sido sustraídos por uno de los padres.

Con la aprobación del nuevo Reglamento, quedará abolido el exequátur actualmente necesario para la ejecución de una sentencia en otro país. Así, cuando la ejecución no haya tenido lugar en el plazo de seis semanas, el Tribunal comunicará a la autoridad central requirente del Estado miembro de origen, o al solicitante, los motivos de la no ejecución en su momento. Además, el Tribunal que haya dictado el fallo podrá declararla provisionalmente ejecutiva.

Interpretación homogénea sobre la custodia compartida

lunes, 4 abril 2016

El Tribunal Supremo advierte que se pone en evidente riesgo la seguridad jurídica cuando las Audiencias Provinciales desconocen los criterios de la Sala Civil del Alto Tribunal sobre la custodia compartida de los hijos menores, debiendo ser este sistema el “normal y deseable” tras la separación de los progenitores. En su Sentencia número 194/2016, de 29 de marzo de 2016, el Tribunal Supremo (TS) dice que la custodia compartida es una materia necesitada de una interpretación homogénea.

El TS llama la atención a la Audiencia Provincial (AP) de Madrid, porque ésta, en una sentencia de 24 de febrero de 2015 de la Sección 22ª, “ciertamente, desconoce, como si no existiera, la doctrina de esta Sala y pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares”.

El padre interpuso recurso de casación contra la sentencia de la AP de Madrid que le negaba la guarda y custodia compartida con su esposa de su hijo menor, en demanda de modificación de medidas tras la anterior sentencia de divorcio en la que se estableció la guarda y custodia en favor de la madre y un régimen de visitas en favor del padre, que la sentencia recurrida amplió.

Dice la Sentencia del TS que en “el presente caso, en el motivo único del recurso extraordinario por infracción procesal, bajo la denuncia por falta de motivación, lo que realmente se impugna son las conclusiones obtenidas por la sentencia recurrida sobre la guarda y custodia compartida. Es más, bastaría con analizar el recurso de casación para, sin alteración de los hechos, justificar una repuesta distinta sobre dicho sistema. La sentencia, ciertamente, desconoce, como si no existiera, la doctrina de esta Sala y pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares. Pero más allá de este desconocimiento de la jurisprudencia y de un escaso o nulo esfuerzo en incardinar los hechos que se ofrecen por ambas partes en alguno de los criterios reiteradamente expuestos por esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, se conoce perfectamente el razonamiento que lo niega y que es, en definitiva, lo que justifica el interés casacional del recurso de casación, que también se formula, por oponerse a la jurisprudencia de esta Sala”.

También señala la Sentencia en otro de sus fundamentos de derecho que “denuncia la infracción del artículo 92.5, 6, 7 y 8 por oponerse a la doctrina jurisprudencial que establece que probada la capacidad suficiente de ambos progenitores para atender al menor y resultar beneficioso para el mismo, como acredita el amplio régimen de visitas acordado, sin embargo se deniega el régimen solicitado. La sentencia, señala, aplica de manera incorrecta el interés del menor con vulneración de la doctrina de esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, relativa a que siempre que se den los requisitos necesarios para la adopción de tal sistema, hay que acordarlo por cuanto es la mejor manera de proteger al mismo”.

“Y así es, en efecto. Es cierto que algunas resoluciones de esta Sala han denegado este régimen de custodia pese al establecimiento en la instancia de un sistema amplio de comunicaciones de uno de los progenitores con los hijos. Se trata de resoluciones concretas en las que no era posible el tránsito de una guarda exclusiva a otra compartida con base en las circunstancias debidamente valoradas en la sentencia recurrida y siempre en interés del menor (lo que impide formular una doctrina concreta), a partir de una doctrina reiterada en el sentido de que en los casos en que se discute la guarda y custodia compartida solo puede examinarse si el Juez a quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre, la conveniencia de que se establezca o no este sistema de guarda (SSTS 614/2009, de 28 septiembre, 623/2009, de 8 octubre, 469/2011, de 7 julio, 641/2011, de 27 septiembre y 154/2012, de 9 marzo, 579/2011, de 22 julio, 578/2011, de 21 julio, 323/2012, de 21 mayo y 415/2015, de 30 de diciembre). La razón se encuentra en que “el fin último de la norma es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de este” (STS 27 de abril 2012, citada en la STS 370/2013). El recurso de casación en la determinación del régimen de la guarda y custodia no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia”.

“La sentencia no solo desconoce la jurisprudencia de esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, sino que más allá de lo que recoge la normativa nacional e internacional sobre el interés del menor, resuelve el caso sin una referencia concreta a éste, de siete años de edad, manteniendo la guarda exclusiva de la madre y dejando vacío de contenido el artículo 92 CC en tanto en cuanto de los hechos probados se desprende la ausencia de circunstancias negativas que lo impidan, pues ninguna se dice salvo que funciona el sistema de convivencia instaurado en la sentencia de divorcio. Antes al contrario. Al régimen amplio de comunicaciones establecido en la sentencia, se añade un buen nivel de relaciones entre los progenitores (nada en contra dice la sentencia), una comunicación entre padre e hijo extensa, intensa y abundante que actualmente se asemeja a la custodia compartida y unas concretas circunstancias laborales y materiales concurrentes en el recurrente que le permiten afrontar las obligaciones que derivan de dicha convivencia”.

La Sentencia del TS concluye que “la interpretación del artículo 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de guarda y custodia compartida, que se acordará cuando concurran alguno de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma “debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea” (STS 25 de abril 2014)”.

“Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013: se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de éstos con aquel. Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos (Sentencia 2 de julio de 2014, recurso 1937/2013)”.

“El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no aplicable por su fecha a los presentes hechos, pero sí extrapolable como canon hermenéutico, en el sentido de que “se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares”, se protegerá “la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas”; se ponderará “el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo”; “la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten… y a que la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara” (STS 19 de febrero de 2016)”.

Varios expertos en esta materia señalan que “esta sentencia cobra especial importancia por cuanto viene a reconocer cierto cansancio del Tribunal Supremo de tener que estar actuando casi como una tercera instancia, ante la constante inaplicación, por muchos tribunales, de la doctrina fijada por el propio Alto Tribunal. No se puede entender de otra manera la referencia que hace al riesgo en que pone la Audiencia Provincial de Madrid a la seguridad jurídica”.

Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sig.