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El Derecho de la Persona en la Ley Aragonesa 13/2006, de 27 de diciembre

miércoles, 8 septiembre 2010

En la historia del Derecho Aragonés no ha existido la patria potestad romana; es por esto que en nuestro derecho foral, las relaciones entre padres e hijos menores siempre han mirado al bienestar de los hijos como interés superior. Al no tener patria potestad, los aforados aragoneses desde antiguo han alcanzado la plena capacidad de obrar cuando cumplen los catorce años. Otro hecho significativo de la ausencia de patria potestad en el derecho foral aragonés, es la histórica igualdad de las relaciones jurídicas entre el padre y la madre con sus hijos. Sin lugar a dudas, se puede decir que el derecho foral aragonés en lo que respecta a la regulación de la igualdad de las relaciones familiares y al derecho de la persona, “se adelantó a los siglos”.

Los ideales y exigencias del Derecho de la Persona en los ordenamientos jurídicos occidentales del siglo XXI, son para el derecho foral aragonés una identidad de siempre, por lo que no ha supuesto un corte o un cambio radical en nuestra tradición histórica y cultural “actualizarse”. Así, se puede entender que los principios más exigentes en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la personalidad han estado siempre presentes en el Derecho Foral Aragonés. Como ejemplo más reciente, se destaca el haber sido pioneros en España en legalizar la guarda y custodia compartida mediante la Ley 2/2010, de 26 de mayo, conocida como la “Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres” y que entra en vigor hoy miércoles 8 de septiembre de 2010.

El derecho de la persona en el derecho civil aragonés,  tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre capacidad y estado de las personas físicas y de las instituciones civiles para la protección de menores e incapaces. La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, que fue antecedida por la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte y por la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad  y precedida por la Ley 2/2010, de 26 de mayo, sobre la “Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres”, corroboran que las instituciones civiles aragonesas son muy recientes y adecuadas a las circunstancias y valores del tiempo en el que vivimos.

Esta Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, se estructura en cuatro Títulos: el I se ocupa de la capacidad y estado de las personas; el II, de las relaciones entre ascendientes y descendientes; el III, de las relaciones tutelares, y el IV, de la Junta de Parientes.

El Título I sobre la capacidad y estado de las personas, consta de tres Capítulos: I, Capacidad de las personas por razón de la edad; II, Incapacidad e incapacitación y III, Ausencia.

Desde 1978, cuando se redujo la mayoría de edad para toda España, en Aragón la mayoría de edad quedó establecida al cumplir dieciocho años. También son mayores de edad los que han contraído matrimonio, dejando de estar sujetos a la autoridad familiar, tutela o curatela porque se presumen capaces para todos los actos de la vida civil. En Aragón no ha existido nunca la emancipación por matrimonio, puesto que el contraerlo constituye al menor en la situación de mayoría de edad.

En Aragón, la minoría de edad no es una situación de incapacidad sino un estado de las personas en los primeros años de su vida, cuando su personalidad se está desarrollando y requiere una formación adecuada a este desarrollo. Para favorecer este desarrollo y esta formación, los menores están sujetos a la autoridad familiar, la tutela o la curatela que están presididas siempre por el criterio supremo del interés del menor, interés que hoy es central y decisivo en estas materias en las legislaciones de nuestro entorno, pero que en el derecho aragonés ha estado presente desde hace muchos siglos, porque no se ha conocido la patria potestad.

A partir de los catorce años, el menor aragonés actúa por sí mismo y sin representante, con la asistencia de las personas llamadas a prestarla para la plena validez de sus actos. Los padres son los únicos titulares de la autoridad familiar y, en consecuencia, son generalmente sus asistentes, pues la autoridad familiar habitualmente lleva consigo la gestión de los bienes del hijo, pero no como contenido de un poder paterno, sino como función aneja a la autoridad familiar que no es esencial a la misma.

Las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretarán de forma restrictiva, porque la capacidad es la regla y sus limitaciones, la excepción. Pero para algunos asuntos no es el cumplimiento de determinada edad lo decisivo, sino que el menor tenga suficiente juicio; en todo caso, si es mayor de doce años, ha de ser oído antes de la adopción de medidas que le afecten en su persona o bienes.

El Título II, sobre las relaciones entre padres e hijos, consta de tres capítulos: en el capítulo 1 se habla de los efectos de la filiación; en el 2 del deber de crianza y autoridad familiar y en el 3 de la gestión de los bienes de los hijos.

En Aragón, a la edad de catorce años, se puede solicitar  la alteración en el orden de los apellidos paterno y materno. También, a esa edad, se exigen deberes como el de asistencia recíproca que comprende contribuir equitativamente, durante la vida en común, a la satisfacción de las necesidades familiares y que se concreta en la colaboración personal del hijo en las tareas del hogar y los negocios familiares, mientras conviva con la familia, además del cumplimiento de las reglas de convivencia equitativa entre padres e hijos mayores de edad.  Se concede la posibilidad de que los padres que ejerzan la autoridad familiar destinen una parte de los ingresos del hijo a necesidades familiares distintas de su propia crianza y educación.

Hay un especial énfasis en el derecho del hijo a relacionarse con ambos padres, con sus abuelos y con otros parientes y allegados, con el único límite del propio interés del menor; el padre tiene la obligación de contribuir a los gastos de embarazo y parto de la madre del hijo común. Se regulan los supuestos de privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar.

El deber de los padres de sufragar los gastos de enseñanza y educación de los hijos, se mantiene cuando alcanza el hijo la mayoría de edad, con término de extinción, salvo que judicial o convencionalmente se hubiera establecido otra cosa, al cumplir el hijo los veintiséis años, más allá del cual subsistirá el derecho de alimentos en caso de necesidad.

Otro efecto de no tener la patria potestad en Aragón, es que se reconocen como flexibles las relaciones jurídicas familiares entre nietos y abuelos, así como entre los hijos de una persona y el cónyuge de ésta.

La autoridad familiar de otras personas que no sean los padres, es igual al que les corresponde en el ámbito personal, pero no se extiende a la gestión de los bienes del menor. Para la gestión de los bienes es necesario, si no hay administrador, el nombramiento de un tutor, cargo que puede recaer en quien ejerza la autoridad familiar. La gestión de los bienes de los hijos es función aneja a la autoridad familiar solo cuando ésta se ejerce por los padres.

El Título III de esta Ley se ocupa de las relaciones e instituciones tutelares respecto de menores y de incapacitados, regulando la tutela, la curatela y el defensor judicial, así como las instituciones de la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela, siendo éstas complementarias de las anteriores. Se posibilita el nombramiento de administrador de bienes, coexistente con los padres o el tutor. La autoridad judicial salvaguarda la tutela, que se ejerce bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, potenciándose la autonomía de los particulares en la determinación de las reglas por las que cada tutela haya de regirse.

La “autotutela”, es aquella en la  que cualquier persona capaz y mayor de edad, previendo ser incapacitada judicialmente puede, mediante escritura pública, designar a las personas que ejercerán las funciones tutelares, así como adoptar las disposiciones relativas a su persona y bienes para cuando esté incapacitado, incluido un mandato a tercero que no se extinga por su incapacidad sobrevenida o su incapacitación. También podrá promover, en su momento, su propia incapacitación.

En el derecho aragonés pueden concurrir varias personas simultáneamente en el ejercicio de la tutela. También serán dos los tutores cuando lo sean los padres o los abuelos paternos o maternos o cuando, por decisión del Juez, el tutor sea una persona casada y considere conveniente que también ejerza la tutela con su cónyuge, debiendo cumplir todos con sus obligaciones de fianza e inventario, rendir cuenta general justificada de su gestión ante la autoridad judicial, al cesar en sus funciones.

La tutela se manifiesta también en algunos aspectos familiares como la obligación, en última instancia, de alimentos cuando no haya nadie más que se los pueda proporcionar al pupilo. En este título también se establece la curatela de los emancipados y de los incapacitados, si así lo determina la sentencia de incapacitación. También se hace referencia a la guarda, que de hecho es transitoria, a la guarda administrativa y al acogimiento familiar.

El Título IV trata de la Junta de Parientes, institución importante que es como un tribunal familiar integrado por dos parientes idóneos, uno por cada grupo familiar, que ayuda a resolver los problemas que se pueden presentar en la familia. Las funciones principales de la Junta de Parientes son la autorización para disponer de bienes de menores de catorce años por sus representantes legales y la prestación de asistencia a los menores que han cumplido dicha edad, en los casos y formas que las leyes preven. La Junta puede también dirimir divergencias entre los padres en el ejercicio de la autoridad familiar, dirimir los conflictos que surjan sobre la titularidad de la autoridad familiar de personas distintas de los padres, sobre la organización y funcionamiento de la tutela y la guarda de hecho, etc., cuando se prefiera acudir a ella, en vez de al Juez.

Se describe la composición y funcionamiento de la Junta de Parientes, pudiendo constituirse voluntariamente ante Notario o por decisión judicial a instancia de parte interesada, manifestando sobre qué asunto familiar o sucesorio decidirán, sin que puedan privar al Juez de la facultad de apartarse motivadamente de estos criterios cuando se quiera acudir a la constitución judicial. La toma de decisiones por parte de la Junta de Parientes es libre y por unanimidad con asistencia obligatoria y personal a las reuniones, deliberaciones conjuntas y decisiones conformes al leal saber y entender de los vocales.

La decisión de la Junta de Parientes, ya sea positiva o sea negativa, impide someter el mismo asunto a otro órgano de decisión, en particular al Juez en funciones de jurisdicción voluntaria. Si transcurre un mes sin obtener un acuerdo, se permite acudir a otra vía. La validez y eficacia de las decisiones de la Junta de Parientes se presume mientras no se declare judicialmente la invalidez.

Vemos , entonces, que las normas legales más importante del Derecho Civil Aragonés, están contenidas en la Ley de Sucesiones (Ley 1/1999, de 24 de febrero), en la Ley de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad (Ley 2/2003, de 12 de febrero), en la Ley del Derecho de la Persona (Ley 13/2006, de 27 de diciembre) y en la Ley sobre la “Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres” (Ley 2/2010, de 26 de mayo), que se refiere a la guarda y custodia compartida de los padres. Aragón ya tiene su propio código de derecho civil, llamado Código del Derecho Foral de Aragón.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El Parlamento de Cataluña aprueba la Guarda Compartida

miércoles, 14 julio 2010

El pleno del Parlamento de Cataluña aprobó hoy miércoles 14 de julio el proyecto de ley del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña sobre la persona y la familia, dando preferencia a la guarda compartida de los hijos en caso de separación o divorcio de los progenitores, sin perjuicio de que en determinadas situaciones, por interés del menor, se pueda atribuir la guarda a uno solo de los padres.

También establece la obligación de los padres de hacer saber al hijo adoptado que lo es antes de que cumpla los 12 años de edad, reconociendo el derecho de los hijos adoptados de ser informados de su origen. A partir de la mayoría de edad, los hijos adoptivos podrán “ejercer las acciones que conduzcan a averiguar la identidad de sus progenitores biológicos, lo cual no afecta la filiación adoptiva”.

Con estas reformas se intenta adaptar la legislación actual a los cambios que se han producido en la sociedad sobre características de las familias actuales y los nuevos modelos familiares. “Hemos eliminado conscientemente el término visitas, no queremos ganadores ni perdedores, queremos niños atendidos por dos progenitores”, ha apuntado la Consejera de Familia, quien afirma también que “se pretende regular los derechos de las personas que han cuidado a los hijos de su pareja y les otorga facultades para participar en los asuntos de la vida diaria”.

La guarda compartida en Cataluña no será otorgada por defecto, habrá condicionantes, pero se elimina la normativa que permitía a un juez concederla de manera excepcional cuando uno de los padres la pidiese. La reforma, tras ser aprobada por el pleno de la cámara, entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

La nueva ley hace referencia a un Plan de Parentalidad que obliga a las parejas con hijos que se separen o divorcien a presentarlo, en el que deben figurar las propuestas de cada progenitor sobre la custodia de los hijos y su participación en su crianza y educación. En el texto se sustituye la denominación de custodia compartida por el de guarda compartida, junto al de potestad (o responsabilidad) parental compartida.

La guarda compartida queda condicionada en Cataluña a que los padres lleguen a ese acuerdo que se refleja en su respectivo “plan de parentalidad”, el cual debe existir previamente antes de la separación, para lo cual se valorará el tiempo dedicado a los hijos antes de la ruptura. Así se consigue que la separación “no altere las responsabilidades que corresponden a los progenitores hacia los hijos”; en consecuencia, estas responsabilidades mantienen su carácter compartido y, en la medida de lo posible, se tienen que ejercer conjuntamente, lo que no implica un reparto de la convivencia al 50%.

A falta de acuerdo o si éste no es aprobado, la autoridad judicial determinará la forma de ejercer la guarda y, aunque deja abierta la posibilidad de que el Juez reconozca el carácter conjunto de las responsabilidades parentales, también precisa que puede disponer que la guarda se ejerza de forma individual si esto es lo más adecuado para el interés del hijo o de los hijos.

La nueva ley rompe con la tendencia que automáticamente atribuía la vivienda familiar al cónyuge que asumía la custodia de los hijos, admitiendo excepciones si el beneficiario tiene medios económicos suficientes. También se incorpora el concepto de “progenitores” en lugar de “padres”.

La Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, Capítulo III sobre los efectos de la nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separación judicial (artículos 233-1 a 233-25) y en el Capítulo IV (artículos 234-1 a 234-14) respecto a la convivencia estable en pareja, contempla todo lo relativo a  la aprobación judicial de los pactos de parentalidad, responsabilidad parental, plan de parentalidad, guarda compartida, relaciones personales con los abuelos y los hermanos, prestación compensatoria, atribución o distribución del uso de la vivienda familiar, etc.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Ley 2/2010, de 26 de mayo, de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura de los Padres

martes, 8 junio 2010

Muchas son las personas que han preguntado si ya entró en vigor la nueva ley aragonesa de la custodia compartida. En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) Nº 111, esta nueva ley llamada “Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres”. Se trata de la Ley 2/2010, de 26 de mayo. La disposición final tercera dispone la entrada en vigor de esta ley a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, por entender necesario un periodo de “vacatio  legis” suficientemente amplio para que pueda conocerse adecuadamente el contenido de las novedades que supone la presente ley. O sea, que a partir de hoy se contarán tres meses para su entrada en vigencia, que será el próximo 8 de septiembre.

LEY 2/2010, DE 26 DE MAYO, DE IGUALDAD EN LAS RELACIONES FAMILIARES ANTE LA RUPTURA DE LA CONVIVENCIA DE LOS PADRES

PREÁMBULO

I

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

La instauración del Estado autonómico supuso la apertura de una nueva etapa  para  el  Derecho  foral  aragonés,  símbolo  de  nuestra  identidad  originaria. Aragón recuperaba su capacidad para legislar en materia de Derecho civil propio, en el marco de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Tras asumir esta competencia, el primer paso de las Cortes de Aragón fue la  promulgación  de  la  Ley  3/1985,  de  21  de  mayo,  para  integrar  en  el ordenamiento  jurídico  aragonés  la  Compilación  de  1967,  así  como  para actualizarla  a  los  nuevos  principios  constitucionales de  igualdad  entre  los cónyuges  y  no  discriminación  entre  los  hijos  por  razón  de  la  filiación.

Con posterioridad  a  ésta,  la  labor  legislativa  llevada  a  cabo  en  nuestra  Comunidad Autónoma  ha  sido  muy  importante;  concretamente  se  han  dictado  hasta  el momento otras seis leyes más: la Ley 3/1988, de 25 de abril, sobre equiparación de  hijos  adoptivos;  la  Ley  4/1995,  de  29  de  marzo,  sobre  modificación  de  la Compilación  del  Derecho  Civil  de  Aragón  y  de  la  Ley  de  Patrimonio  de  la Comunidad Autónoma en materia de sucesión intestada; la Ley 1/1999, de 24 de febrero,  de  sucesiones  por  causa  de  muerte;  la  Ley  6/1999,  de  26  de  marzo, relativa  a  parejas  estables  no  casadas;  la  Ley  2/2003,  de  12  de  febrero,  de régimen  económico  matrimonial  y  viudedad,  y  la  Ley  13/2006,  de  27  de diciembre, de Derecho de la Persona.

Siguiendo con esta labor de actualización de nuestro Derecho civil se dicta la  presente  Ley  en  ejercicio  de  la  competencia  exclusiva  de  Aragón  en  las materias de conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés y del  Derecho  procesal  derivado  de  las  particularidades  del  derecho  sustantivo aragonés, reconocidas en los artículos 149.1.8.ª y 6.ª de la Constitución y 71.2ª y 3.ª del Estatuto de Autonomía.

Esta Ley tiene por objeto regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, promoviendo el ejercicio de la custodia de forma compartida por ambos, en desarrollo de los principios  rectores  contenidos  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón  de protección de la familia y la infancia y de igualdad entre el hombre y la mujer.

II

La preocupación por la protección del menor y de la familia ha sido una constante en las democracias más desarrolladas. Este principio se reconoce en el artículo  39  de  la  Constitución  española,  y  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de Aragón,  cuyo  artículo  24  impone  a  los  poderes  públicos  aragoneses  adoptar políticas que garanticen la protección de  las relaciones familiares y  la igualdad entre el hombre y la mujer. Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño,  proclamada  por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  el  20  de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales  y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo que fuera contrario al interés superior del niño.

Los   supuestos   de   ruptura   de   la   convivencia   familiar   han   crecido notablemente en  la última década, siendo uno de los asuntos más delicados a resolver  el  de  la  guarda  y  custodia  de  los  hijos  comunes.  Esta  cuestión  se encuentra  actualmente  regulada  por  el  artículo  92  del  Código  Civil  español, reformado por la Ley 15/2005, de 8 de julio, que en defecto de acuerdo entre los padres  configura  la  guarda  y  custodia  compartida  como  excepcional,  siendo necesario recabar asimismo informe favorable del Ministerio Fiscal. La aplicación de  este  precepto  ha  supuesto  en  la  práctica  el  otorgamiento  de  la  custodia individual  de  forma  generalizada  a  la  mujer.  Sin embargo,  la  evolución  de  la sociedad exige dotar de una nueva regulación al régimen de guarda y custodia que favorezca el contacto continuado de los hijos con los padres y la igualdad entre los progenitores.

III

La presente ley, respondiendo a una importante demanda social, supone un cambio del esquema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la  individual  como  norma  preferente  en  los  supuestos  de  ruptura  de  la convivencia entre los padres y en ausencia de pacto de relaciones familiares. Con este cambio se pretende favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores.

La custodia compartida se fundamenta en la conjugación de dos derechos básicos:  por  una  parte,  el  derecho  de  los  hijos  a  mantener  una  relación equilibrada y continuada con ambos padres y, por otra, el derecho-deber de los padres de crianza y educación de los hijos en ejercicio de la autoridad familiar.

Esta ley recoge y refuerza el principio del interés superior de los menores en  relación  con  las  consecuencias  de  la  ruptura  de  convivencia  de  sus progenitores.  La  mejor  realización  de  su  beneficio  e  interés  exige  que  ambos progenitores perciban que su responsabilidad continúa, a pesar de la separación o  el  divorcio,  y  que  la  nueva  situación  les  exige,  incluso,  un  mayor  grado  de diligencia en el ejercicio de sus deberes con los hijos.

Las ventajas de la custodia compartida son evidentes. Con ella, los hijos mantienen  lazos  de  afectividad  y  una  relación  continuada  con  ambos  padres, permite  una  mejor  aceptación  de  la  nueva  situación  familiar  por  parte  de  los hijos, ambos padres se implican de manera efectiva en todos los aspectos de la educación y desarrollo de los hijos y se reduce la litigiosidad entre los padres, dado que el otorgamiento de la custodia a uno solo de ellos en muchas ocasiones acrecienta los conflictos, debido a la desigualdad que se genera en el ámbito de las relaciones con los hijos.

La custodia compartida se acepta mayoritariamente como un sistema progresista que fomenta la corresponsabilidad de los padres en el ejercicio de su autoridad  familiar  en  el  marco  de  una  sociedad  avanzada,  que  promueve  la igualdad  de  ambos  sexos  en  todos  los  sectores  y  en  la  que  el  desarrollo profesional de la mujer y el deseo de los hombres de una mayor implicación en el ámbito  familiar  imponen  un  cambio  en  el  esquema  tradicional  de  atribuir  la custodia en exclusiva a la madre. La custodia compartida favorece la distribución igualitaria de los roles sociales entre hombres y mujeres.

En  definitiva,  la  razón  principal  que  motiva  la  presente  ley  son  los importantes cambios que se han ido produciendo en la sociedad aragonesa en las últimas  décadas  como  consecuencia  de  la  incorporación  de  la  mujer  al  mundo laboral, circunstancia que ha generado unas nuevas relaciones familiares que se ajustan  más  al  modelo  de  custodia  compartida  que  al  modelo  de  custodia individual.  Es  verdad  que  todavía  queda  camino  por  recorrer,  pero  esta  ley quiere contribuir a avanzar en la igualdad sociológica entre mujeres y hombres.

IV

La  ley  se  compone  de  un  total  de  diez  artículos,  distribuidos  en  cinco capítulos,  dos  disposiciones  transitorias,  cuatro  adicionales,  una  derogatoria  y tres finales.

El Capítulo I, denominado «Disposiciones generales», delimita el objeto y finalidad  de  la  Ley,  así  como  los  derechos  y  principios  que  han  de  observarse ante la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo. El derecho de los hijos a un contacto directo y continuado con sus padres y el derecho de los padres  a  la  igualdad  en  sus  relaciones  con  los  hijos  son  los  dos  derechos esenciales sobre los que se fundamenta toda la ley.

V

El Capítulo II, intitulado «El pacto de relaciones familiares», inspirado en el respeto a la libertad de pacto del Derecho foral aragonés, otorga prioridad en la regulación  de  las  relaciones  familiares  a  lo  acordado  por  los  padres  en  el denominado   pacto   de   relaciones   familiares,   que   regulará   las   cuestiones principales que se deriven de la ruptura de su convivencia, tanto en su relación personal con los hijos como en el orden económico.

En  el  pacto  de  relaciones  familiares  se  hace  referencia  a  un  aspecto importante, como es la relación de los hijos con los hermanos, abuelos y otros parientes y allegados, siguiendo la tradición del Derecho histórico aragonés de protección a la familia

VI

En el Capítulo III, rubricado «Mediación familiar», se regula la posibilidad de que los progenitores, de común acuerdo o por decisión del Juez, acudan en cualquier momento a  la  mediación  familiar  para  resolver  sus  discrepancias derivadas   de   la   ruptura.   La   mediación   familiar   resulta   un   instrumento fundamental  para  favorecer  el  acuerdo  entre  los  progenitores,  evitar  la litigiosidad  en  las  rupturas  y  fomentar  el   ejercicio  consensuado  de  las responsabilidades parentales tras la ruptura.

VII

En defecto de acuerdo entre los padres y fracasado, en su caso, el proceso de mediación familiar, las relaciones familiares que se deriven de la ruptura de la convivencia  deberán  regirse  por  lo  que  decida  el  Juez  en  aplicación  de  los artículos contenidos en el Capítulo IV de la ley, sobre «Medidas de aplicación en defecto del pacto de relaciones familiares».

La principal medida que adopta la ley es considerar la custodia compartida como el régimen de custodia que el Juez adoptará de forma preferente en interés de los hijos menores a falta de pacto, salvo en los supuestos en que la custodia individual fuere lo más conveniente. El Juez deberá motivar su decisión teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares y los factores a los que se refiere la ley, como la edad de los hijos, el arraigo social y familiar de los hijos, la opinión de  los  hijos,  la  aptitud  y  la  voluntad  de  los  progenitores  para  asegurar  la estabilidad  de  los  hijos  o  las  posibilidades  de  los  padres  de  conciliar  su  vida familiar  y  laboral.  La ley también establece  que  en  todo  acuerdo  de  custodia, salvo circunstancias excepcionales, no se separará a los hermanos.

La  finalidad  de  la  custodia  compartida  es  un  reparto  efectivo  de  los derechos y responsabilidades de los padres, fomentando las relaciones afectivas y  continuadas  de  convivencia  con  los  hijos  y  la  participación  directa  en  su desarrollo y educación.

La  custodia  compartida,  tal  y  como  se  configura  en  la  ley,  no  implica necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en periodos iguales, pero sí en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia compartida. La ley establece un marco flexible para que el Juez pueda valorar todas las circunstancias que concurren en el caso concreto y  decida  el  régimen  de  convivencia  de  cada  progenitor  en  interés  de  unas adecuadas relaciones familiares.

Por otra parte, una de las causas que expresamente prevé la ley para no otorgar  la  custodia,  ni  individual  ni  compartida,  es  la  violencia  doméstica  o de género,  en  línea  con  el  compromiso  asumido  por  los  poderes  públicos  para prevenir, erradicar y castigar la violencia doméstica en todos los ámbitos de la sociedad.

El Capítulo IV también regula las reglas que deben regir la atribución del uso  de  la  vivienda  familiar,  distinguiendo  entre  los  supuestos  de  custodia compartida de los hijos y los de custodia individual. En la custodia compartida, el criterio  de  atribución  del  uso  de  la  vivienda  es  a  favor  del  progenitor  más necesitado, dado el criterio de igualdad que debe prevalecer en este régimen de custodia.  En  los  casos  de  custodia  individual  se  atribuye  el  uso  con  carácter general  a  favor  del  progenitor  que  ostente  la  custodia,  a  menos  que  el  mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor. En todo caso, la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores tendrá una limitación temporal. Una posibilidad que admite la ley es que el Juez acuerde la venta de la vivienda familiar cuando ello fuera necesario para unas adecuadas relaciones familiares. Junto con la atribución del uso de la vivienda, la ley regula la distribución del ajuar familiar.

Este Capítulo se refiere, por último, a los gastos de asistencia de los hijos y  establece  el  deber  de  los  padres  de  contribuir  proporcionalmente  a  sus recursos, así como la posibilidad de que uno de los padres solicite al otro una asignación  económica destinada a  compensar  la  desigualdad  económica  que  le produzca la ruptura de la convivencia. Esta asignación compensatoria, temporal o  indefinida,  deberá  determinarse  por  el  Juez  atendiendo  a  los  criterios establecidos  en  la  ley,  pudiendo  asimismo  revisarse  o  extinguirse  en  los supuestos legalmente previstos.

VIII

En el Capítulo V, titulado «Medidas provisionales», se regulan las medidas que pueden adoptarse judicialmente antes de dictarse la resolución definitiva que apruebe el pacto de relaciones familiares o las medidas judiciales aplicables. Para la solicitud de estas medidas provisionales se legitima no solamente a los padres, sino también a los hijos a cargo mayores de catorce años y al Ministerio Fiscal en su función de protección de los menores. En cuanto a los criterios que debe tener en cuenta el Juez se opta por una fórmula genérica de remisión a los criterios establecidos en la ley, con el fin de que desde un primer momento se apliquen unas medidas que se ajusten lo máximo posible a las que serán definitivas.

IX

Finalmente, en la  ley  se  incluyen  dos  disposiciones  transitorias,  cuatro adicionales, una derogatoria y tres finales. La ley se dicta con vocación de aplicación a todas las relaciones familiares en los casos de ruptura de convivencia de los padres, incluidas las que se han regido por la legislación anterior, pues lo que se pretende es un cambio social en el concepto de las relaciones familiares tras la ruptura de la convivencia de los padres,  de  modo  que  la  revisión  de  los  convenios  reguladores  y  las  medidas judiciales  adoptadas  según  la  legislación  anterior  se  regirán  por  la  nueva  ley.

Además, se fija un plazo de caducidad de un año desde la entrada en vigor de la Ley  a  los  efectos  de  seguridad  jurídica  cuando  la  causa  de  revisión  sea  la custodia compartida a solicitud de uno de los progenitores. La  ley  también  regula  el  régimen  provisional  a  aplicar  en  tanto  no  se apruebe la Ley de Mediación Familiar.

Las   disposiciones   adicionales   relativas   a   especialidades   procesales respetan  los  procedimientos  establecidos  por  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  y únicamente  incluyen  las  necesarias  adaptaciones  al  nuevo  régimen  legal, sustituyendo  el  concepto  de  convenio  regulador  por  el  pacto  de  relaciones familiares. También se exige en la vía judicial que los padres deberán proponer, cada uno de ellos, un plan de relaciones familiares.

La disposición adicional cuarta, referida a los supuestos de privación de la custodia  por  la  existencia  de  indicios  fundados  de  violencia  doméstica  u  otros delitos  cometidos  en  el  ámbito  familiar,  establece  que  la  sentencia  absolutoria firme de los citados delitos será causa de revisión del régimen de custodia.

La  disposición  derogatoria  única  y  la  disposición  final  primera  deroga  y modifica, respectivamente, los preceptos de la ley relativa a parejas estables no casadas que dejarán de aplicarse al ser sustituidos por el nuevo régimen previsto en la presente ley, que es aplicable a las relaciones familiares de los padres con los hijos con independencia del régimen legal de convivencia de los padres.

Se  incluye  en  la  ley  una  disposición  final  segunda  con  un  mandato  al Gobierno de Aragón para la remisión a las Cortes de Aragón de un Proyecto de Ley de Mediación Familiar en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Por último, la disposición final tercera dispone la entrada en vigor de la ley a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, por entender necesario  un  periodo  de  vacatio  legis  suficientemente  amplio  para  que  pueda conocerse adecuadamente el contenido de las novedades que supone la presente ley.

Texto completo de la Ley 2/2010, de 26 de mayo,  de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura de los Padres.

Las parejas estables no casadas en Aragón

lunes, 7 junio 2010

La Ley Aragonesa 6/1999, de 26 de marzo, de parejas estables no casadas, modificada por la Ley 2/2004, de 3 de mayo, con la que se amplió los derechos a las parejas del mismo sexo, se aplica a las personas mayores de edad que formen parte de una pareja estable no casada en la que exista una relación de afectividad análoga a la conyugal; deben estar  inscritas en el respectivo Registro de la Diputación General de Aragón o en el Registro Civil competente .

Existe en España una amplia regulación de las uniones de hecho en las Leyes Autonómicas, lo que implica en ocasiones un problema de disparidad y contradicción legal. En Aragón, se configura la pareja estable no casada, cuando se haya producido la convivencia marital durante un período ininterrumpido de dos años como mínimo, o se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura pública y, si no existiera escritura pública, mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, especialmente a través de acta de notoriedad o documento judicial que acredite la convivencia. Entre los distintos medios de prueba tenemos, por ejemplo, contratos privados, contratos con terceros (de arrendamiento, compra-venta de bienes), empadronamiento, domicilio fiscal, hijos comunes y libro de familia, cartilla de la Seguridad Social, testigos, etc.

No podrá permitirse una pareja estable no casada entre:  1) Los que estén ligados con vínculo matrimonial. 2) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 3) Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. 4) Los que formen pareja estable con otra persona.

Sus derechos y obligaciones  podrán  regularse  en  los aspectos personales y patrimoniales mediante convenio recogido en escritura pública, conforme al principio de libertad de pactos, siempre que no perjudiquen los derechos o dignidad de cualquiera de los otorgantes y no sean contrarios a normas imperativas aplicables en Aragón. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable no casada con carácter temporal ni someterse a condición. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al mantenimiento de la vivienda y gastos comunes con sus recursos, en proporción a sus ingresos respectivos y, si no son suficientes, de acuerdo con sus patrimonios, sin perjuicio de que cada uno conserve la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes.

Tienen la consideración de gastos comunes de la pareja  los  necesarios  para  su  mantenimiento  y  el  de los hijos comunes o no que convivan con ellos, incluyendo  el  derecho  a  alimentos,  educación,  atenciones médico-sanitarias y vivienda. Ambos  miembros  de  la  pareja  responden  solidariamente ante terceras personas de las obligaciones contraídas por estos gastos.

La pareja estable no casada se extingue: a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes. b) De común acuerdo. c) Por decisión unilateral. d) Por separación de hecho de más de un año. e) Por matrimonio de uno de sus miembros. Cualquier  miembro  de  la  pareja  estable  podrá proceder, unilateralmente, a su revocación, notificándolo fehacientemente al otro. En todo caso, los dos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a dejar sin efecto la escritura pública cuando se hubiera otorgado.

En caso de ruptura de la convivencia, las partes no pueden volver a formalizar una pareja estable no casada mediante escritura pública hasta que hayan transcurrido seis meses desde que dejaron sin efecto el documento público correspondiente a la convivencia anterior. La extinción de la pareja estable no casada implica la revocación de los poderes que cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro.

En caso de extinción de la pareja estable no casada por causa distinta a la muerte o declaración de fallecimiento, y si la convivencia ha supuesto una situación de  desigualdad  patrimonial  entre  ambos  convivientes que implique un enriquecimiento injusto, podrá exigirse una compensación económica por el conviviente perjudicado en los siguientes casos: a) Cuando el conviviente ha contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja estable no casada. b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución  insuficiente, se ha dedicado al hogar o a los hijos comunes o del otro conviviente o ha trabajado para éste.

En estos casos, cualquiera de  los  convivientes  podrá  exigir  al  otro  una  pensión, si la necesitase para su sustento, en el supuesto de que el cuidado de los hijos comunes le impida la realización de actividades laborales o las dificulte seriamente. La pensión  se  extinguirá  cuando  el  cuidado  de  los  hijos cese por cualquier causa o éstos alcancen la mayoría de edad o se emancipen. Se le llama pensión reparadora.

La reclamación de estos derechos de compensación económica y/o de pensión reparadora deberá formularse en el plazo máximo de un año, contado  desde  la  extinción  de  la  pareja  estable no casada, en razón de la duración de la convivencia.

En  cuanto  a  la  guarda  y  custodia  de  los hijos comunes y al régimen de visitas, comunicación, estancia y alimentos de los hijos, se estará a lo que la pareja haya convenido. El Juez podrá moderar lo acordado, cuando a su juicio sea gravemente lesivo para cualquiera de los miembros o para la prole común. Si no hay pacto entre los padres se acudirá al Juez, quien podrá acordar lo que estime procedente respecto a la prole común, en beneficio de los hijos menores y previa audiencia de éstos si tienen suficiente juicio o son mayores de doce años.

Lo normal es que la vivienda se la quede el propietario pero, excepcionalmente y mediante Resolución Judicial, el uso y disfrute de la vivienda se le puede otorgar a los hijos comunes y al compañero(a) no propietario que se quede con su custodia, hasta la mayoría de edad o la independencia económica de los hijos.

La vivienda pudo ser adquirida por el otro compañero antes de la convivencia, en este caso es de su propiedad. O pudo ser adquirida durante la convivencia por uno de los convivientes, con dinero propio y para su exclusiva propiedad. O pudo ser adquirida por uno sólo de los convivientes pero para los dos, así deberá constar en la  Escritura Pública; si no hay Escritura Pública en la que figure que es de los dos, se presume que es de quien figure como propietario en el Registro de la Propiedad.

En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el supérstite tendrá derecho al mobiliario, útiles e instrumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión solamente de las joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los bienes de procedencia familiar. Asimismo, el supérstite podrá, independientemente de los derechos hereditarios que se le atribuyeran, residir gratuitamente en la vivienda habitual durante el plazo de un año.

Sobre la pensión de viudedad, que es la prestación económica a que tiene derecho el cónyuge supérstite, llamado viudo(a), por el fallecimiento de su consorte, hay que recordar que el 1 de enero de 2008 entró en vigor la nueva regulación del derecho a la pensión de viudedad, en la que se reconoce que también tienen derecho a esta prestación el sobreviviente de una pareja de hecho.

Respecto al tema de la adopción, mediante la Ley 2/2004, de 3 de mayo, se amplió este derecho a las parejas estables del mismo sexo, ya que antes sólo se les permitía a las parejas heterosexuales, con lo que se evitó la discriminación existente, quedando la redacción del artículo 10: “Las parejas estables no casadas podrán adoptar conjuntamente, con fundamento en el artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón”.

En cuanto a otros de los efectos jurídicos que se generan entre las parejas estables no casadas en Aragón, tenemos: 1. Si un miembro de la pareja es declarado judicialmente en ausencia, a efectos de su representación y administración de su patrimonio, el otro ocupará la misma posición que el cónyuge. 2. Si uno de los miembros de la pareja es declarado judicialmente incapacitado, el otro ocupará el primer lugar en el orden de preferencia para la delación dativa de la tutela. 3. Los miembros de la pareja están obligados a prestarse entre sí alimentos, con preferencia a cualquier otra persona legalmente obligada. 4. La pareja estable no casada no genera relación alguna de parentesco entre cada uno de sus miembros y los parientes del otro. 5. Pueden testar mancomunadamente, otorgar pactos sucesorios y ordenar la sucesión del otro mediante la fiducia, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sucesoria aragonesa.

El régimen de convivencia y de derechos y obligaciones de la pareja estable no casada, pactado en escritura pública, adquirirá el valor de capitulaciones matrimoniales,  en  caso de que los miembros de la pareja contrajeran matrimonio, si  así  lo  hubieran  acordado expresamente en la escritura.

Para la liquidación y adjudicación de los bienes comunes, si los hay, se puede hacer de mutuo acuerdo o de manera contenciosa. Si no hay bienes inmuebles comunes, se podrán liquidar verbalmente o por documento privado. Si hay bienes inmuebles comunes y cuando la pareja no casada se ha registrado con escritura pública, la liquidación se hará mediante escritura pública.

Por último, y como novedad legislativa, cabe anotar que la nueva ley aragonesa, pionera en España, sobre la guarda y custodia compartida, llamada Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura de la Convivencia de los Padres (aprobada por las Cortes de Aragón en sesión plenaria celebrada los días 20 y 21 de mayo de 2010), ha dispuesto, en su diposición adicional tercera: “Especialidades procesales en los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o parejas de hecho con hijos a cargo: En los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o de parejas de hecho con hijos a cargo, las medidas judiciales sobre las relaciones familiares tras la ruptura, se adoptarán en el procedimiento que corresponda según la Ley de Enjuiciamiento Civil. La demanda y la reconvención deberán ir acompañadas de un plan de relaciones familiares”.

Igualmente, la  disposición  derogatoria  única  y  la  disposición  final  de dicha ley pionera de Aragón,  deroga  y modifica los preceptos de la ley relativa a parejas estables no casadas, en lo que es aplicable a las relaciones familiares de los padres con los hijos con independencia del régimen legal de convivencia de los padres, de la siguiente manera:  “DISPOSICIONES FINALES: Primera. Modificación de la Ley relativa a parejas estables no casadas. 1. El artículo 7.1.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, quedará redactado en los siguientes términos: b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución insuficiente, se ha  dedicado  al  hogar,  o  a  los  hijos  del  otro  conviviente,  o  ha  trabajado  para éste. 2.  El  artículo  7.3  de  la  Ley  6/1999,  de  26  de  marzo,  relativa  a  parejas estables no casadas, quedará redactado en los siguientes términos: 2.  La  reclamación  por  cualquiera  de  los  miembros  de  la  pareja  del derecho regulado en el párrafo anterior deberá formularse en el plazo máximo de un año a contar desde la extinción de la pareja estable no casada, ponderándose equilibradamente en razón de la duración de la convivencia”.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

 

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