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El impuesto de sucesiones vulnera el principio de igualdad

viernes, 8 noviembre 2013

En algunas Comunidades Autónomas se pagan menos impuestos que en otras. Por ejemplo, en Madrid y en el País Vasco las herencias de padres a hijos prácticamente no tributan, mientras que en Extremadura o Andalucía el impuesto es tan alto que podría obligar a vender los propios bienes de la herencia para poder pagarlo. Todo esto lleva a pensar que se discrimina a unos ciudadanos por razón de su residencia, lo que incentiva el cambio de residencia fiscal y la deslocalización de empresas y patrimonios a las Comunidades Autónomas de menor tributación.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) es un tributo cuya gestión y administración se encuentra cedida a las Comunidades Autónomas que, además, tienen capacidad normativa para regular determinados aspectos del mismo, tales como reducciones en la base imponible, tarifas, coeficientes reductores, reducciones y bonificaciones en la cuota. Esa capacidad normativa de las Comunidades Autónomas ha llevado a la situación actual en la que el coste fiscal de una herencia o una donación puede ser muy diferente en función de que se aplique la normativa de una u otra Comunidad Autónoma.

La determinación de la normativa aplicable en España depende de la residencia habitual, por lo que resulta necesario saber qué se entiende por “residencia habitual”, a los efectos del ISD (Impuesto de Sucesiones y Donaciones). La Ley 22/2009 establece que, a los efectos del ISD, las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando permanezcan en el mismo un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de devengo del Impuesto (fecha de fallecimiento en las adquisiciones hereditarias y de realización de la donación en las donaciones). En consecuencia, no se exige permanencia durante los cinco años inmediatamente anteriores, sino una permanencia de un mayor número de días en un periodo global de cinco años. Así, podría concluirse que para el ISD una persona tiene su residencia habitual en una Comunidad Autónoma si permanece en la misma durante más de dos años y medio.

Sin embargo, las donaciones de inmuebles no quedarían afectadas por el concepto de residencia habitual, en la medida en que el criterio de conexión es el de la ubicación del inmueble, no siendo relevante, por tanto, el lugar de residencia ni del donante ni del donatario. Si el sujeto pasivo, esto es, el heredero o el donatario no es residente fiscal en España aplicaría, en todo caso, la normativa estatal.

En cuanto al Impuesto Sobre Sucesiones, en relación con la tributación por las adquisiciones “mortis causa”, esto es, por herencia, hay dos Comunidades Autónomas, Cantabria y Cataluña, que se han incorporado al listado de Comunidades Autónomas que tienen prácticamente suprimido este Impuesto entre los familiares de grado más próximo (herencias a favor de cónyuges, descendientes y adoptados, ascendientes y adoptantes).

Sin embargo, alguno de los territorios forales del País Vasco, en concreto, Guipúzcoa, ha eliminado la exención hasta ahora existente en las transmisiones hereditarias a favor del cónyuge, descendientes y adoptados. En otras, el ISD ha quedado prácticamente eliminado: se trata de las Comunidades de Baleares (deducción 99%), Canarias (bonificación 99,9%), Cantabria (bonificación 99%), Castilla-La Mancha (deducción 95%), Castilla León (bonificación 99%), Cataluña (bonificación 99%), Ceuta y Melilla (bonificación 99%), La Rioja (deducción 99%), Madrid (bonificación 99%) y Valencia (bonificación 99%). Junto a estas importantes novedades, cabría destacar que se ha  incrementado el tipo impositivo en Andalucía. Mientras que en Aragón la bonificación en adquisiciones “mortis causa”, se fija en el 33% en el año 2013 y se irá incrementando en los próximos años hasta alcanzar el 100% en 2015.

Puede decirse que el Impuesto de Sucesiones en España vulnera el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución en el artículo 31 que dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Esto quiere decir que las personas con la misma capacidad económica deben contribuir lo mismo y las personas con distinta capacidad económica deben contribuir distinto.

La determinación de una tributación distinta en España deriva sólo de la residencia de la persona que fallece, circunstancia ésta que nada tiene que ver con la capacidad económica del contribuyente del impuesto, que es el heredero.

Una de las causas más comunes para rechazar una herencia, es la imposibilidad de los herederos de pagar el elevado impuesto de sucesiones que se aplican en algunas Comunidades Autónomas.  Esta situación se ha incrementado notablemente en España, en los últimos cinco años, debido también a la grave situación económica que atraviesa nuestro país.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Heredar a Beneficio de Inventario

lunes, 28 octubre 2013

Otra de las muchas consecuencias que ha traído la actual crisis económica en España es el aumento de las renuncias a las herencias. Las causas principales de estas renuncias de los herederos suelen ser porque el fallecido ha dejado deudas superiores al valor del caudal relicto o hereditario, o porque los herederos no pueden pagar los elevados impuestos de sucesiones que aplican algunas Comunidades Autónomas.

El incremento de renuncias a las herencias que se ha producido en España entre los años 2007 a 2012 es del 110%, según datos del Consejo General del Notariado, lo que refleja el desconocimiento generalizado de la figura jurídica de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

1. Los herederos del difunto tienen la facultad de aceptar la herencia o de rechazarla o repudiarla. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita, mientras que la renuncia siempre debe ser expresa y formalizada en un documento público y auténtico, ya sea por vía notarial o judicial. Aceptar una herencia o repudiarla son decisiones irrevocables.

Es necesario advertir que la renuncia a la herencia no puede aplicarse para asegurar el patrimonio familiar con la intención de defraudar los intereses legítimos de los acreedores, ya que si la renuncia causa un perjuicio a un tercero, éste puede solicitar al Juez que le autorice a aceptarla en su nombre, para que sus derechos no se vean vulnerados.

El heredero que acepta una herencia sucede en todo al causante, en sus bienes y derechos y se subroga en las obligaciones y deudas del causante las cuales no se extinguen por la muerte.

La aceptación de la herencia puede ser pura o simple o a beneficio de inventario. Si se acepta de manera pura y simple el heredero se compromete a pagar todas las deudas del fallecido, respondiendo no solamente con el patrimonio de la herencia recibida, sino también con su propio patrimonio. Mientras que si se acepta la herencia a beneficio de inventario, el heredero responde de las deudas del fallecido con los bienes hereditarios y sólo hasta la cantidad que reciba de la herencia, pero no responde con sus propios bienes.

Aceptar una herencia a beneficio de inventario es un acto muy importante, por lo que debería ser conocido por todas las personas, ya que todas somos susceptibles de heredar. Lo que resulta curioso es que son muy pocas las personas que saben de este beneficio y por esto, muchas veces, reciben una herencia pura y simplemente, desconociendo los riesgos económicos que esto conlleva. O se preocupan mucho de heredar sin conocer a fondo el verdadero caudal hereditario del causante o los impuestos que han de pagar previamente para poder recibir la herencia.

Aceptar una herencia a beneficio de inventario es un acto solemne en tiempo y forma que puede hacerse por vía judicial o por vía notarial. Requiere la formación de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia hecho dentro de las formalidades y plazos legales. Por la vía judicial sería mediante un juicio ordinario de división de herencia por la jurisdicción voluntaria, que no produce efectos de cosa juzgada. Si hay oposición se deriva por la vía contenciosa. Mediante la vía notarial tanto el inventario de bienes como la aceptación de la herencia requieren Escritura Pública.

Si el heredero se halla en país extranjero, puede realizarse ante el Agente diplomático o consular de España que esté habilitado para ejercer las funciones de Notario en el lugar del otorgamiento.

Vemos pues, que es mejor no precipitarse a aceptar una herencia sin conocer el verdadero estado económico de los activos y posibles pasivos de la herencia; tampoco es conveniente hacer actos tácitos de aceptación de la herencia como, por ejemplo, firmar como arrendador un contrato de arrendamiento de una casa que era del difunto, puesto que este acto es una manera tácita de aceptar la herencia.

2. Ejemplos prácticos y comunes de riesgos que podrían correrse al no rechazar una herencia o al aceptarla sin beneficio de inventario, pueden ser varios:

a) Un padre o una madre fallece sin propiedades pero con una cuenta corriente con muy poco saldo, teniendo deudas con la Seguridad Social que les serán reclamadas después a los hijos.

b) Una persona fallece teniendo sólo un piso con un valor actual tan depreciado, que la deuda de la hipoteca es mayor o igual al precio del inmueble, por lo que los herederos asumirían esa deuda bancaria pendiente pagando por el piso más de lo que vale hoy en el mercado.

c) En el caso de que el fallecido haya avalado deudas de parientes o amigos, que puedan serle luego reclamadas. Muchos bancos, además de la garantía hipotecaria, exigían como complemento un aval o fianza. Si la deuda avalada por el difunto es excesiva, puede interesar no aceptar la herencia o aceptarla con beneficio de inventario. El problema está en que los herederos desconozcan la existencia de estos avales o fianzas, que son garantías que no se registran para conocimiento público. Y sin saberlo, resultan siendo avales con la obligación de responder con su propio patrimonio si la herencia aceptada sin beneficio de inventario no alcanza para cubrir el aval.

d) Una de las razones más comunes que tienen los herederos para repudiar una herencia es cuando son éstos los que tienen muchas deudas, y al rechazarla, la herencia se transmite a sus posteriores herederos. No obstante, los acreedores del renunciante pueden aceptar la herencia para cobrar sus créditos del fallecido.

e) Ya habíamos hablado que otra de las causas para rechazar una herencia es la imposibilidad de los herederos de pagar el impuesto de sucesiones en algunas Comunidades Autónomas. O la falta de liquidez para pagarlo. Puede ser que la herencia tenga el patrimonio suficiente para pagar el impuesto, pero el problema es que Hacienda sólo acepta que se le pague en dinero líquido, salvo muy escasas excepciones.

3. No es necesario renunciar a percibir una herencia, por el simple temor a verse afectado por las deudas que el fallecido tenía en vida. Los artículos 1010 y siguientes del Código Civil español, posibilitan al heredero aceptar una herencia a beneficio de inventario para limitar su propia responsabilidad, dando eso sí cumplimiento a los requisitos de tiempo y forma señalados en la ley.

Respecto del plazo o momento para hacer uso del beneficio de inventario, el Código Civil español distingue diferentes supuestos:

a) El supuesto general se regula en el artículo 1016 CC. Se puede invocar mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia, que según la doctrina y jurisprudencia es de 30 años.

b) Entre los supuestos especiales encontramos:

– Si el heredero está en poder de los bienes de la herencia o de parte de ellos tiene 10 días si reside en el lugar donde falleció el causante o 30 días si reside fuera (artículo 1014 CC). El “dies a quo” será el siguiente al día en que supiera ser tal heredero.

– Si se le ha concedido plazo por el Juez para aceptar o repudiar conforme al artículo 1005 C.C., el plazo de 10 o 30 días, según resida en el lugar fallecimiento del causante, se contará desde que expire dicho plazo (artículo 1015 CC).

– Si hubiese aceptado o gestionado como heredero serán los mismos plazos, 10 ó 30 días, a contar desde que hubiera aceptado o gestionado como tal (artículo 1015 CC).

El heredero puede perder el beneficio de inventario si no lo concluye en los plazos previstos, si deja de incluir en su activo y a sabiendas alguno de los bienes, derechos o acciones de la herencia, o si antes de completar el pago de las deudas, enajenase alguno de los bienes hereditarios sin autorización judicial o de todos los interesados, o no diese al precio de lo vendido el objetivo previsto.

Los gastos y costas de la formación del inventario, de la administración de la herencia y de la defensa de los derechos del heredero son a cargo de la misma herencia. Por todo esto, el heredero no tiene por qué renunciar a la expectativa de incorporar a su patrimonio los bienes que queden una vez satisfechas las cargas de la herencia, pues al aceptar la herencia a beneficio de inventario no va a quedar obligado a pagar deudas que excedan del valor de los bienes de la propia herencia, ni va a ver confundido su patrimonio con el del fallecido, pudiendo ejercer así todos sus derechos y acciones respecto al caudal hereditario.

El beneficio de inventario se encuentra consagrado en el artículo 1304 del Código Civil español en los siguientes términos: “El beneficio de inventario consiste en no hacer los herederos que aceptan, responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes, que han heredado”.

4. Como conclusión podríamos sacar que ante la disyuntiva de si aceptar o renunciar a una herencia, existe una posibilidad legal intermedia que es la de aceptar la herencia a beneficio de inventario. Es lo más aconsejable cuando existen dudas fundadas de que una herencia puede llevar consigo deudas de cualquier índole, porque le aseguraría al heredero que su patrimonio privativo, actual o futuro, nunca se vería afectado por acreedores del causante que él desconocía.

El testador no puede ordenar en su testamento que el heredero o herederos lo sean a beneficio de inventario para evitarles responsabilidad, ni tampoco el testador puede prohibir el beneficio de inventario a los herederos.

Lo que sí puede hacer el testador en su testamento, es establecer mecanismos de protección de sus sucesores “mortis causa” para prevenirles de la aceptación tácita sorpresiva. Uno de estos mecanismos es nombrar uno o varios Administradores de la herencia relicta, que podrían ser los propios llamados mientras no acepten la herencia de manera expresa en la forma prevista por el artículo 999,2 del Código Civil, y “mortis causa” le sucedan como legatarios de parte alícuota y no como herederos.

5. Las personas que no necesitan hacer inventario son:

a) La herencia dejada a los pobres (artículo 992 C.C.).

b) La herencia intestada a favor del Estado (artículo 957 C.C.). Lo mismo cabe decir respecto de la herencia expresa a favor del mismo o cualquier otra corporación pública conforme a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (art 20,1º de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre).

c) Las Fundaciones (artículo 22,1º de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones), habiendo afirmado la DGRN en Resolución de 16 de julio de 2007 que en el caso de tales entidades “la aceptación tácita es necesariamente hecha siempre a beneficio de inventario”.

d) El que venciera en la acción judicial reclamando una herencia de la que otro se encuentra en posesión más de un año (artículo 1021 C.C.). Dicho “vencimiento en juicio” exige que recaiga sentencia firme, ya que si el proceso concluye por acuerdo transaccional el demandante no queda protegido por dicho precepto, salvo que acepte a beneficio de inventario dentro de plazo y con los trámites ordinarios.

e) Los incapacitados, ya que el tutor para renunciar requiere autorización expresa del Juez (artículo 271,4º C.C.). El texto legal dice que el tutor puede aceptar a beneficio de inventario sin autorización judicial.

f) Los menores sometidos a patria potestad. El artículo 166 del C.C. se limita a exigir autorización judicial para renunciar la herencia y señala que si se le negara se entenderá aceptada a beneficio de inventario, por lo se entiende que la aceptación es siempre a beneficio de inventario. Salvo para repudiar la herencia se exige autorización judicial. Para aceptarla tanto pura y simplemente como a beneficio de inventario es suficiente la actuación de ambos progenitores. El artículo 166 del C.C., en armonia con el art 992 del C.C., lleva a entender que la aceptación en nombre del menor siempre es a beneficio de inventario sin necesidad de formalizar este inventario.

6. Hemos visto que el Código Civil español, tiene el sistema jurídico de derecho sucesorio influenciado por el derecho romano, que considera al heredero como un continuador universal de todas las relaciones del causante, transmisibles “mortis causa”, con una responsabilidad patrimonial ilimitada, por lo que tiene la necesidad de instaurar para el heredero la posibilidad de aceptar la herencia a beneficio de inventario.

Pero en algunas Comunidades Autónomas con derecho foral propio como, por ejemplo, Aragón, que tiene su propio Código Civil, responde a un sistema hereditario de naturaleza germánica y no romana, en la que el sucesor o heredero lo es en bienes concretos, no respondiendo personalmente de las deudas del causante, basándose en el principio de la “responsabilidad limitada” por deudas hereditarias, con tres criterios básicos que son: la no confusión de los patrimonios hereditarios y del heredero, por lo que el heredero responde de las obligaciones del causante y de los legados y demás cargas hereditarias exclusivamente con los bienes que reciba del caudal relicto, aunque no se haga inventario.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

No tienen revisión de fondo las resoluciones matrimoniales en la UE

jueves, 3 enero 2013

El Reglamento (CE) N° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, se refiere a los procedimientos civiles concernientes a divorcios, separación de cuerpos o anulación de matrimonios, así como a todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad parental. Se excluyen de su ámbito de aplicación los procedimientos civiles relativos a obligaciones de alimentos.

Según el artículo 26 de este Reglamento (CE) Nº 2201/2003, por el que se deroga el Reglamento (CE) N° 1347/2000, no se puede hacer una revisión en cuanto al fondo de la resolución extranjera de entre los países miembros de la UE, diciendo textualmente: “La resolución no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuanto al fondo”.

Las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro son reconocidas en los otros Estados miembros, sin que sea necesario recurrir a un procedimiento complementario. El Reglamento entiende por “resolución” cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, ya sea auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, sin que estas decisiones extranjeras puedan ser objeto de una revisión de fondo.

Este mismo Reglamento europeo, en su artículo 33, dice que la Resolución de ejecutoriedad recaída podrá ser recurrida por alguna de las partes, conforme a las normas que rigen el principio contradictorio. En realidad este principio contradictorio no existe, porque la Resolución extranjera tendrá un reconocimiento y una ejecución “automáticos” en otro país miembro de la UE, sin que pueda ser objeto, en ningún caso, de una revisión en cuanto al fondo (artículos 26 y 31.3 del Reglamento 2201/2003).

Cuando una sentencia firme dictada en materia matrimonial por cualquier país que forma parte de la Unión Europea, y al existir entre estos países miembros el principio de confianza mutua entre sus órganos jurisdiccionales, las resoluciones serán reconocidas en los demás países miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. Y ninguna de las partes interesadas podrán solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución (articulo 21 Reglamento 2201/2003).

Sin embargo, una resolución no será reconocida si el reconocimiento fuera manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido; si la cédula de emplazamiento del procedimiento no se hubiera notificado con tiempo suficiente al demandado para que pueda defenderse; si es inconciliable con una decisión dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido; si es inconciliable con una resolución dictada anteriormente en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tiene el mismo objeto y la misma causa.

Un tribunal puede suspender el procedimiento si una resolución dictada en otro Estado miembro fuere objeto de un recurso ordinario.

Las resoluciones se ejecutan en otro Estado miembro después de haber sido declaradas allí ejecutorias a instancia de cualquier parte interesada. Las partes pueden interponer un recurso contra la decisión relativa a la solicitud de declaración que constata la fuerza ejecutoria… pero de nada sirve, porque la ejecución inmediatamente se ordena judicialmente, por la imposibilidad de la revisión de fondo por parte del otro Estado miembro de la UE que reconoce y/o ejecuta la decisión extranjera.

Como ya decía en otro artículo publicado en este mismo blog, sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias internacionales en España, me parece que desde un punto de vista legal y procesal, es una “contradicción intrínseca” que se diga que la Resolución extranjera podrá ser recurrida por las partes cuando se solicita su reconocimiento y ejecución en otro país miembro de la UE, cuando lo que realmente sucede es que ésta es automáticamente reconocida y ejecutada, sin posibilidad de ser revisada.

Por ejemplo, los Tribunales de España, en caso de solicitud de reconocimiento y ejecución de una Resolución en materia matrimonial (ya sea Auto o Sentencia) de un Tribunal de un país miembro de la Unión Europea, éstos ni tan siquiera pueden realizar una revisión del fondo de la resolución extranjera ni de las apreciaciones de hecho que realice el Tribunal europeo extranjero, ni tampoco pueden hacer una valoración de la prueba.

Procesalmente no puede decirse que la parte perjudicada puede recurrir el reconocimiento y la ejecución de esa decisión extranjera de otro país miembro de la UE, porque no es cierto, ya que al ser automático ese reconocimiento y ejecución, no puede hacerse una revisión en cuanto al fondo ni pueden valorarse los hechos ni las pruebas sobre los que está basada.

¿Qué sucede, entonces, si esa resolución extranjera conlleva una injusticia manifiesta contra un ciudadano o ciudadana españoles? ¿Debe ser “automátícamente” reconocida y ejecutada por los Tribunales españoles, así se oponga el interesado con suficientes pruebas y fundamentos jurídicos que evidencian la injusticia? ¿Es como si los Tribunales estuvieran constituidos por autómatas y no por jueces que son personas humanas capaces de ver la injusticia que pudiera haber en alguna resolución extranjera de algún país miembro de la UE?

De hecho se presentan muchas situaciones injustas y parece ser que los jueces tuvieran “las manos atadas” porque no tienen posibilidad de revisar el fondo de la resolución en cuestión.

Tal vez sería más justo y razonable modificar la tramitación de la ejecución de una sentencia extranjera de la UE en materia de Derecho de familia, dando primero trámite de alegaciones a las partes y después acordando o no la ejecución, y no como ahora se hace. Especialmente cuando son resoluciones extranjeras declaradas en rebeldía involuntaria del ciudadano español y tienen que ver con temas como reclamaciones de pensión compensatoria, de responsabilidad parental, etc.

¿Sería, quizás, como si en aras de la seguridad jurídica se estuviera sacrificando la verdadera justicia? Porque existen casos reales en los que jueces españoles no tienen más remedio que reconocer y ejecutar “automáticamente” decisiones extranjeras que originan situaciones realmente injustas para sus propios compatriotas.

Y, aunque se esté muy a favor del europeísmo, al buscarse, ante todo, la “seguridad jurídica” de las resoluciones judiciales matrimoniales de otros países miembros de la UE, probablemente se esté renunciando implícitamente a la verdadera soberanía del Estado español por impedirse la revisión de fondo, conforme lo establecido en el artículo 26 del Reglamento (CE) Nº 2201/2003.

Por: Patricia Alzate Monroy,  Abogada y Doctora en Derecho

Nuevo Reglamento Europeo sobre sucesiones mortis causa y creación de certificado sucesorio europeo

jueves, 2 agosto 2012

El Reglamento (UE) Nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones “mortis causa” y a la creación de un certificado sucesorio europeo, ha sido aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) para garantizar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de competencia, así como para establecer medidas destinadas a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia de sucesiones y testamentos.

En el espacio europeo de justicia, es imperativo que los ciudadanos puedan organizar su sucesión. Es preciso garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al causante, así como de los acreedores de la herencia.

El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe abarcar todos los aspectos de Derecho civil de la sucesión por causa de muerte, es decir, cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya derive de una transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una transmisión abintestato.

El presente Reglamento no se aplica a cuestiones fiscales ni a cuestiones administrativas de Derecho público. Por consiguiente, debe corresponder al Derecho nacional determinar, por ejemplo, las modalidades de cálculo y pago de los tributos y otras prestaciones de Derecho público, ya se trate de tributos adeudados por el causante a fecha del fallecimiento, o de cualquier tipo de tributo relacionado con la sucesión que deba ser abonado con cargo a la herencia o por los beneficiarios.

También debe corresponder al Derecho nacional determinar si la entrega de bienes sucesorios a los beneficiarios en virtud del presente Reglamento o la inscripción de los bienes sucesorios en un registro pueden estar sujetas a tributación.

Tampoco se aplica el presente Reglamento a las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, incluidos los acuerdos matrimoniales tal como se conocen en algunos sistemas jurídicos en la medida en que no aborden asuntos sucesorios, ni a regímenes patrimoniales de relaciones que se considera que tienen efectos similares al matrimonio.

No obstante, las autoridades que sustancien una sucesión con arreglo al presente Reglamento deben tener en cuenta, en función de la situación, la liquidación del régimen económico matrimonial o de un régimen patrimonial similar del causante para determinar la herencia de éste y las cuotas hereditarias de los beneficiarios.

Los bienes, derechos y acciones creados o transmitidos por otros medios distintos de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades (como las donaciones), también deben quedar fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Con todo, debe ser la ley que el presente Reglamento considere como la ley aplicable a la sucesión la que determine si las liberalidades o cualquier otra forma de disposición inter vivos que tenga por efecto la adquisición de un derecho real con anterioridad al fallecimiento deben ser reintegrados o tenerse en cuenta a los efectos del cálculo de las cuotas hereditarias de los beneficiarios según la ley aplicable a la sucesión.

El presente Reglamento no afecta a las competencias que los Estados miembros atribuyan a los notarios en materia de sucesiones. La vinculación de los notarios de un Estado miembro a las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento depende de si están incluidos en la definición de «tribunal» contenida en el mismo.

Determinar la residencia habitual del causante puede revelarse complejo. Tal sería el caso, en particular, cuando por motivos profesionales o económicos el causante hubiese trasladado su domicilio a otro país para trabajar en él, a veces por un período prolongado, pero hubiera mantenido un vínculo estrecho y estable con su Estado de origen. En tal caso, dependiendo de las circunstancias, podría considerarse que el causante tenía su residencia habitual en su Estado de origen, en el que estaba situado el centro de interés de su familia y su vida social. También podrían suscitarse otras situaciones complejas cuando el causante haya residido en diversos Estados alternativamente o viajado de un Estado a otro sin residir permanentemente en ninguno de ellos. Si el causante fuera nacional de uno de dichos Estados o tuviera sus principales bienes en uno de ellos, la nacionalidad de aquel o la localización de dichos bienes podrían constituir un factor especial en la evaluación general de todas las circunstancias objetivas.

Por lo que respecta a la determinación de la ley aplicable a la sucesión, en casos excepcionales en los que, por ejemplo, el causante se haya mudado al Estado de su residencia habitual poco tiempo antes de su fallecimiento, y todas las circunstancias del caso indiquen que aquel tenía un vínculo manifiestamente más estrecho con otro Estado, la autoridad que sustancie la sucesión puede llegar a concluir que la ley aplicable a la sucesión no sea la ley del Estado de residencia habitual del causante sino la ley del Estado con el que el causante tenía un vínculo manifiestamente más estrecho. Sin embargo, la vinculación manifiestamente más estrecha no debe emplearse como nexo subsidiario cuando la determinación de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento resulte compleja.

Con el fin de tener en cuenta los distintos sistemas para sustanciar sucesiones en los Estados miembros, el presente Reglamento debe garantizar la aceptación y la fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros de los documentos públicos en materia de sucesiones.

Los documentos públicos deben tener en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en su país de origen o el efecto más próximo comparable. La determinación del valor probatorio de un determinado documento público en otro Estado miembro o del efecto más próximo comparable debe hacerse por referencia a la naturaleza y al alcance del valor probatorio del documento público en el Estado miembro de origen. Por lo tanto, el valor probatorio que un determinado documento público tenga en otro Estado miembro depende del Derecho del Estado miembro de origen.

La tramitación rápida, ágil y eficiente de las sucesiones con repercusión transfronteriza en la Unión requiere que los herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia puedan probar fácilmente su cualidad como tales o sus derechos o facultades en otro Estado miembro, por ejemplo en el Estado miembro en que estén situados los bienes sucesorios.

Para que lo puedan hacer, el presente Reglamento debe prever la creación de un certificado uniforme, el “certificado sucesorio europeo”  que se expedirá para su uso en otro Estado miembro. Conforme al principio de subsidariedad, el certificado no debe sustituir a los documentos que puedan existir con efectos similares en los Estados miembros.

La autoridad que expida el certificado debe tener en cuenta las formalidades que se exigen para la inscripción de bienes inmuebles en el Estado miembro en que esté situado el registro. A este fin, el presente Reglamento debe prever el intercambio de información sobre tales formalidades entre los Estados miembros.

La utilización del certificado no debe ser obligatoria. Ello supone que las personas con derecho a solicitar un certificado no deben estar obligadas a ello, sino tener libertad para recurrir a los demás instrumentos que el presente Reglamento pone a su disposición (resoluciones, documentos públicos o transacciones judiciales). No obstante, ninguna autoridad o persona ante la que se presente un certificado expedido en otro Estado miembro debe estar facultada para pedir en lugar del certificado la presentación de una resolución, de un documento público o de una transacción judicial.

El certificado se debe expedir en el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes en virtud del presente Reglamento. Debe corresponder a cada Estado miembro determinar en su legislación interna qué autoridades serán competentes para expedir el certificado, ya sean tribunales tal como se definen a efectos del presente Reglamento, ya sean otras autoridades con competencias en asuntos sucesorios como, por ejemplo, los notarios.

El certificado debe surtir los mismos efectos en todos los Estados miembros. No debe ser un título con fuerza ejecutiva por sí mismo pero debe tener efecto probatorio y se ha de presumir que demuestra de manera fidedigna elementos que han quedado acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a elementos específicos, tales como la validez material de las disposiciones mortis causa. El valor probatorio del certificado no debe afectar a los elementos que no se rigen por el presente Reglamento, como la cuestión de la filiación o la determinación de si un bien pertenecía al causante o no.

El Diario Oficial de la Unión Europea (L201/107) publica esta nueva normativa del Reglamento Europeo Nº 605/2012, que facilitará a los ciudadanos europeos la tramitación jurídica del testamento o la sucesión internacional.

Los Estados miembros disponen de un plazo de 3 años para adaptar sus legislaciones y así poder aplicar efectivamente esta nueva legislación europea.

Puede leerse el texto completo del Reglamento en:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:ES:PDF

 

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