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El usufructo del cónyuge viudo y de la pareja de hecho supérstite

miércoles, 25 julio 2012

El artículo 467 del Código civil  español establece que “el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa”. Esto quiere decir que el usufructuario del bien debe cuidarlo, no puede destruirlo ni tampoco puede alterar el destino económico de ese bien.

El PLENO propietario es aquel que tiene la plena propiedad sobre un bien, esto es, no sólo tiene el dominio sino también tiene el uso y disfrute de ese bien (usufructo). Pero el propietario que sólo tiene la propiedad del bien pero no el usufructo del mismo, se le llama NUDO propietario. Quien tiene el uso y disfrute de ese bien (usufructo) pero no su  propiedad se le llama USUFRUCTUARIO.

Quien conserva la propiedad del bien usufructuado (o sea, el nudo propietario) puede hacer las obras y mejoras de ese bien, siempre que por tales actos no resulte disminuido el valor del usufructo, ni se perjudique el derecho del usufructuario.

El usufructuario tiene derecho a percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes usufructuados. Los frutos naturales o industriales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo, pertenecen al usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario.

1. Sabemos que en el derecho sucesorio español existen las legítimas, que son aquellas partes de la herencia (ya sean bienes y/o derechos) que el testador está obligado a respetar en su testamento a los legitimarios, que son aquellos parientes (hijos, padres, cónyuge) a quienes la ley reconoce como herederos legítimos del difunto. Es decir, si hay testamento el testador no puede desconocer la porción de la herencia a los legitimarios, y si no hay testamento la ley exige que se les respeten sus legítimas. La legítima puede ser otorgada en pleno dominio o en usufructo.

En el ámbito de derecho sucesorio (es decir, en las herencias) el usufructo es un derecho de muy habitual aplicación en la legítima del cónyuge viudo. En este caso el usufructo es otorgado con bastante amplitud, ya que el viudo o la viuda usufructuarios pueden usar y disfrutar como quieran los bienes usufructuados; si se trata de bienes inmuebles, puede arrendarlos a un tercero teniendo derecho a recibir el viudo o la viuda toda la renta que este bien genere.

El usufructo puede ser vitalicio o puede ser temporal. El usufructo temporal se concede por un plazo determinado de tiempo. El usufructo vitalicio es el más frecuente en las herencias del viudo(a), ya que generalmente se otorga sobre todos los bienes y derechos que tenía el cónyuge difunto y durante toda la vida del cónyuge usufructuario, extinguiéndose con su fallecimiento.

Veamos algunos ejemplos concretos y su aplicación práctica según la ley española, la cual puede variar en las Comunidades Autónomas y territorios que tienen derecho foral propio:

– El usufructo de dinero: Cuando hay fondos en bancos o en cajas, se le suele llamar “cuasi-usufructo”; en este caso el usufructuario tiene derecho a los intereses que este dinero produzca y a disponer del mismo, pero con la obligación de devolverlo cuando se extinga el usufructo. Hay quienes sostienen que el usufructuario viudo puede disponer del dinero sin el consentimiento de los nudo propietarios, excepto en el derecho foral de Cataluña que establece que el usufructuario de dinero tiene derecho a los intereses y a los demás rendimientos que produce el capital y, si ha prestado la respectiva garantía, puede dar al capital el destino que estime conveniente. Si no ha prestado garantía o fianza debe poner el capital a intereses para garantizar su integridad.

En el derecho foral Aragonés, el usufructo de dinero del viudo(a) le da derecho a los intereses que éste produzca y podrá disponer de todo o parte del dinero, pero con la obligación de restituir su valor actualizado al momento de extinguirse el usufructo.

– El usufructo de una vivienda posibilita al usufructuario usar la vivienda o dejarle su uso a un tercero. El cónyuge viudo(a) puede  arrendarla y percibir la cuantía del alquiler, incluso sin contar con el consentimiento de los nudos propietarios.

– El usufructo de acciones o participaciones de una sociedad concede al usufructuario el derecho a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo, aunque la cualidad de socio la sustente el nudo propietario.

Es importante valorar el usufructo y la nuda propiedad (existen para ello tablas de valoración), para así poder elaborar el correspondiente cuaderno particional. Algunas veces el cónyuge viudo(a) solicita a los nudos propietarios la conmutación de su usufructo por bienes o derechos dados en pleno dominio para él. También es conveniente valorar el usufructo y la nuda propiedad para determinar cuáles son los impuestos que deben pagar tanto los usufructuarios como los nudos propietarios, de acuerdo con la legislación fiscal respectiva.

2. Como ya se dijo antes, en España existen algunos territorios que tienen un derecho foral propio que regula de manera diversa, entre otros temas, el de las legítimas, los legitimarios y el usufructo del viudo. Los territorios que tienen derecho foral propio son Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra, Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), Álava (Tierra de Ayala) Araba-Álava (Llodio, Aramaio y resto de Araba-Álava), Bizkaia, Gipuzkoa y el fuero de Baylio (en algunos pueblos de Extremadura).

En los territorios que no tienen derecho foral propio, es decir, en el resto de España, se aplican las normas establecidas en el Código Civil español que, en términos generales, establecen que los legitimarios DESCENDIENTES (hijos y sus descendientes) tienen derecho a las dos terceras partes del caudal hereditario; de esos dos tercios, un tercio debe distribuirse por partes iguales entre los hijos y descendientes del testador o difunto. Los ASCENDIENTES (padres y abuelos) del testador o difunto, tienen derecho a la mitad del caudal hereditario, salvo que concurran con el cónyuge viudo que entonces sería de un tercio. El CÓNYUGE viudo tiene derecho al usufructo de un tercio del caudal hereditario, si concurre con hijos o descendientes; a la mitad, si concurre con padres o ascendientes; y a las dos terceras partes si no concurre con descendientes ni ascendientes (ver artículos 834 a 840 del Código Civil español).

Según el Código Civil español, el cónyuge viudo tiene derecho al ajuar doméstico constituido por las ropas, el mobiliario y enseres que son el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos, sin computárselo en su haber, con independencia de que los cónyuges hubieran estado casados en gananciales, separación de bienes u otro régimen económico matrimonial. No se incluirán en el ajuar de la casa los bienes que son de extraordinario valor como las alhajas, objetos artísticos, históricos y culturales.

En lo que respecta a la vivienda familiar, si los esposos estaban casados bajo el régimen de gananciales, al fallecer uno de los esposos se liquida la sociedad de gananciales, adjudicándose una mitad al cónyuge viudo y la otra mitad forma la herencia del difunto. Por tanto, la herencia estará compuesta por la mitad de los bienes gananciales que correspondían al fallecido y por todos los bienes privativos del fallecido. Es como si hubiesen dos liquidaciones: una es la de la sociedad de gananciales y la otra es la de la herencia.

El cónyuge viudo podrá pedir que se le atribuya la propiedad plena de la vivienda familiar o que se constituya en su favor un derecho de usufructo sobre la vivienda familiar. Si el valor de cualquiera de estas dos opciones fuera más elevado del que le corresponde en la herencia, el viudo deberá abonar la diferencia en dinero a los herederos. Esta es una manera de impedir que los hijos priven al cónyuge casado en gananciales del uso de la vivienda familiar. Y aunque se adjudicaran la propiedad, nunca podrían dejar al viudo(a) sin el uso o usufructo de la vivienda. Por eso son nudo propietarios.

3. Cuando se habla del derecho de usufructo del cónyuge viudo, se hace referencia al cónyuge que no está divorciado, ni separado judicialmente ni de hecho del cónyuge fallecido; si entre los cónyuges separados judicialmente hubiera mediado reconciliación notificada al Juzgado que conoció de la separación, el sobreviviente conservará sus derechos. Entonces, tenemos que el viudo divorciado o separado no tiene derechos hereditarios de legítima ni de usufructo de quien fuera su ex-cónyuge. Tampoco tendrá derecho de usufructo, el viudo cuyo matrimonio fue declarado nulo antes del fallecimiento del otro cónyuge.

Es importante saber que si se ha hecho un testamento en favor del ex-cónyuge con anterioridad al divorcio o a la separación judicial de cuerpos o a la declaración de nulidad del matrimonio, este testamento deberá cambiarse inmediatamente, porque de no hacerlo, la voluntad testamentaria prevalecerá y no se extinguirá automáticamente por el divorcio ni por la separación ni por la nulidad matrimonial. No obstante, en los derechos forales de Cataluña, Aragón y Galicia se establece expresamente que todas las disposiciones testamentarias hechas en favor del ex-cónyuge quedan sin efecto en estos supuestos.

El Código Civil también establece que las parejas de hecho NO tienen derechos sucesorios de legítima ni de usufructo viudal, a menos que expresamente se haga un testamento en favor de la pareja de hecho, lo cual se recomienda si ésta es la voluntad de la pareja. Pero en los derechos forales de Aragón, Cataluña, Bizkaia, Navarra, Galicia e Islas Baleares, a la pareja de hecho sí se le reconocen algunos derechos sucesorios “mortis causa”.

Según la RAE, el viudo o la viuda es la persona a quien se le ha muerto su cónyuge y no ha vuelto a casarse. Por esto es que se habla del usufructo del cónyuge viudo, es decir, de quien se mantuvo casado con el cónyuge difunto y continúa en estado de viudedad. En este sentido, no se le llama propiamente viudo o viuda a la pareja de hecho que sobrevive a su pareja difunta fallecida estando unidos de hecho, como tampoco se les llama casados ni cónyuges mientras conviven como pareja estable sin que medie matrimonio.

Sea una sucesión testada (con testamento) o intestada (sin testamento), el derecho del cónyuge viudo como legitimario no se puede desconocer. Y su cuota legitimaria como viudo(a) concurrirá con la legítima de los descendientes del fallecido o, en su defecto, de los ascendientes, pero con derecho de usufructo y no de plena propiedad. Si el difunto no tiene ascendientes ni descendientes, el viudo(a) sucederá en todos los bienes del difunto, con predilección sobre  los colaterales del cónyuge difunto (esto es, hermanos o sobrinos del difunto).

Ya decíamos antes que el usufructo del viudo(a) es conmutable por dinero, por otros bienes o por una renta periódica proporcional al valor del usufructo. Son los herederos quienes deciden hacer o no la conmutación, pero deberán acordar con el viudo cómo hacerla.

4. De manera sucinta intentaré resumir el derecho sucesorio del cónyuge viudo, como legitimario y usufructuario, en algunos de los derecho forales, así como el que se les reconoce a las parejas de hecho en estas legislaciones forales:

a) En Aragón, el fallecimiento del cónyuge atribuye al sobreviviente el derecho de usufructo universal sobre todos los bienes del difunto, así como de los enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad.

En cuanto a las parejas de hecho estables no casadas, reconoce al supérstite derecho al mobiliario, útiles e instrumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión de las joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los bienes de procedencia familiar. También le posibilita residir gratuitamente en la vivienda habitual de la pareja durante el plazo de un año, además de lo que le haya dejado expresamente en testamento el difunto, respetando las legítimas.

b) En Cataluña, el cónyuge viudo tiene la propiedad de la ropa, del mobiliario y de los utensilios que forman el ajuar de la vivienda conyugal, sin que se computen en su haber hereditario. Se excluyen los bienes que tengan un valor extraordinario con relación al nivel de vida del matrimonio y al patrimonio relicto, al igual que los muebles de procedencia familiar si el cónyuge premuerto ha dispuesto de ellos por actos de última voluntad en favor de otras personas.

Existe el llamado año de viudedad o de luto siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges, que consiste en que el viudo no separado judicialmente o de hecho, que no sea usufructuario universal del patrimonio del difunto, tiene derecho a continuar usando la vivienda conyugal siempre que no se case o viva maritalmente con otra persona, ni abandone o descuide gravemente a los hijos comunes.

También existe la cuarta vidual para el cónyuge viudo, que le da derecho a reclamar de los herederos un máximo de la cuarta parte de la herencia del difunto, pagadera en bienes o en dinero, en caso de que con los bienes propios del viudo o viuda y los que le correspondan en la liquidación de la sociedad conyugal, no le alcancen para su sustento. Este derecho también se extiende al conviviente en pareja estable que carezca de medios propios para subsistir.

En Cataluña, el cónyuge viudo tiene derecho al usufructo universal de la herencia, pudiendo conmutarlo por la atribución de una cuarta parte de la herencia y, además, el usufructo de la vivienda conyugal o familiar. Este derecho se reconoce también a las parejas de hecho.

c) En las Islas Baleares, concretamente en Mallorca y en Menorca, el cónyuge que no esté separado judicialmente o de hecho tiene derecho a la legítima en usufructo, que será la mitad del haber hereditario cuando concurre con descendientes y a los dos tercios de usufructo cuando concurre con ascendientes. En los demás casos, el usufructo es universal.

En Ibiza y Formentera el cónyuge viudo no está entre los legitimarios. Pero en caso de fallecimiento sin testamento, el cónyuge viudo tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia si concurre con descendientes, o de dos tercios de la herencia si concurre con ascendientes.

En todas las Islas Baleares, el sobreviviente de la pareja estable tiene derecho a la propiedad de la ropa, el mobiliario y los enseres que conforman el ajuar de la vivienda común, excluyendo los objetos artísticos o históricos, los bienes de procedencia familiar y los de valor extraordinario según el nivel de vida de la pareja.

Si la pareja de hecho difunta era la arrendataria de la vivienda urbana, el conviviente tiene derecho a subrogarse en el arrendamiento.
En general, el régimen sucesorio de la Compilación del Derecho Civil Balear, ya sea sucesión testada o intestada, concede los mismos derechos al conviviente de la pareja difunta que al cónyuge viudo.

d) En Galicia, se aplica supletoriamente el Código Civil, que es igual en cuanto a la legítima del cónyuge viudo, la cual es concedida en usufructo. Lo que varía es su cuantía porque si el viudo concurre a la herencia con descendientes, su usufructo será de una cuarta parte. Si no concurre con descendientes, el usufructo será de la mitad.

La pareja de hecho prácticamente está equiparada al cónyuge viudo, cuando la unión está inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia.

e) En Navarra, se habla del usufructo legal de fidelidad, que concede al cónyuge viudo el usufructo universal de todos los bienes del cónyuge fallecido; también se habla de las “aventajas” (que es un derecho al ajuar doméstico) muy similar al del Código Civil que destina en propiedad al cónyuge sobreviviente las ropas y efectos de uso personal, así como los demás objetos del ajuar de la casa cuando su valor no es excesivo, de acuerdo con la posición de la familia y los usos sociales, además de los instrumentos de trabajo de un valor no desproporcionado al patrimonio común.

Las parejas estables, también se equiparan en estos casos al cónyuge viudo.

f) En el País Vasco, existe el Fuero de Vizcaya aplicable en el Territorio Histórico o Tierra Llana, esto es, en toda Bizkaia salvo en los municipios de Balmaseda, Bermeo, Durango, Ermua, Gernika, Lumo, Lanestosa, Lekeitio, Markina-Xemein, Ondarroa, Otxandio, Portugalete y Plentzia, Orduña y Bilbao, en los que rige el Código Civil español.

La legítima del cónyuge viudo, es igual que en el Código Civil español, es decir, en usufructo, pero en la mitad cuando se concurre con descendientes o ascendientes. Si no hay ascendientes ni descendientes, el usufructo del viudo es de las dos terceras partes.

Sin embargo, el testador podrá legar a su cónyuge el usufructo universal de sus bienes, legado que será incompatible con el de la libre disposición. Puede suceder que el testador los dispusiere de modo alternativo, caso en el cual es el cónyuge viudo quien elige la alternancia.

En este Fuero de Vizcaya también existe el llamado Caserío durante un año y un día: cuando no existen descendientes, el cónyuge viudo que hubiera venido al caserío del difunto tendrá el derecho de continuar en él durante un año y un día, o más tiempo mientras se conserve viudo y hasta que se le restituya la dote.

La Ley 3/1992, de 1 de julio, de Derecho Civil Foral del País Vasco, equipara las parejas de hecho a las casadas.

En el Fuero de Ayala, el cónyuge viudo es legitimario y su legítima es en usufructo como la del Código Civil, pero el testador puede apartar al viudo de la misma, porque en el territorio de Ayala sí hay plena libertad de testar, pudiendo el testador dejar sin bienes a los legitimarios, incluso no dejar nada ni a los hijos ni al cónyuge y nombrar como heredero universal a un tercero extraño a la familia.

El Fuero de Ayala se aplica en los municipios de Ayala, Amurrio y Okondo, y en los poblados de Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma y Sojoguti, del municipio de Artziniega.

En Gipuzkoa se aplica el Código civil con muy pocas diferencias.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Abogados de familia: mediadores familiares

viernes, 4 noviembre 2011

La mediación familiar es aplicable a cualquier tipo de conflicto familiar y es una eficaz alternativa de solución entre las partes, porque con ella se intenta llegar a un acuerdo satisfactorio, duradero y estable para todos los implicados. La mediación familiar evita entrar en litigios innecesarios y desgastadores que muchas veces no consiguen resolver y atender las necesidades de todos. Pero tampoco es la panacea porque no existe el acuerdo perfecto, ya que la “mediación es un proceso  imperfecto  donde una tercera persona imperfecta trata de ayudar a personas imperfectas a alcanzar soluciones imperfectas  en un mundo imperfecto”, como muy bien dice Leonard Marlow, prestigioso abogado matrimonialista de los EE.UU. y experto en mediación familiar.

Desde mi punto de vista personal, y dada mi experiencia profesional como abogada de familia durante más de quince años, estoy convencida de que el mediador familiar por antonomasia es el abogado de derecho de familia. Nuestros despachos son los primeros y principales lugares de mediación familiar, porque es en ellos donde ponemos todos nuestros esfuerzos, conocimientos y experiencia para conseguir el mutuo acuerdo entre nuestros clientes implicados en conflictos familiares.

Llámese “convenio regulador” (según el código civil español), o “pacto de relaciones familiares” (Aragón), o “plan de parentalidad” (Cataluña), o “pacto de convivencia familiar” (Valencia), éstos son acuerdos voluntarios y mutuamente satisfactorios, logrados exitosamente a través de la imprescindible asesoría legal que estos temas jurídicos de familia requieren, con ese “plus” que sólo podemos aportarle los abogados de familia, que es el de que esos acuerdos pueden ser eficazmente presentados, mediante una demanda de mutuo acuerdo, ante los Juzgados de familia para su respectiva aprobación judicial. Es decir, que tenemos la enorme ventaja de ser, a la misma vez, abogados de familia con ejercicio y mediadores familiares.

Nadie puede negar esta realidad, como tampoco nadie puede negar la numerosa existencia y aumento de demandas de divorcios y separaciones de mutuo acuerdo conseguidas en los Juzgados de Familia, a través de nuestro eficaz ejercicio profesional como abogados-mediadores de familia. Es evidente que todos los que tenemos un despacho dedicado al derecho de familia, tocamos a diario la “fibra humana” de nuestos clientes, quienes nos confian de manera admirable sus preocupaciones y sentimientos más íntimos, en busca de una solución jurídica favorable a sus problemas. Por eso, la gran mayoría de abogados de familia también somos expertos en humanidad y podemos crear  una “cultura a favor del no litigio” y de la “solución consensuada” de los conflictos familiares.

Los conflictos familiares son conflictos interpersonales que afectan a todos los individuos de la propia familia, ya que sus miembros tienen en común una historia compartida. La mediación familiar que ejercemos los abogados de familia para conseguir el mutuo acuerdo y ayudar a resolver conflictos familiares, ha sido muy positiva en España y tiende a crecer en el ámbito de las relaciones familiares y de las crisis matrimoniales y de pareja, extendiéndose a otros contextos como las herencias y sucesiones, la obligación de alimentos, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas de los abuelos, la pensión compensatoria, las separaciones de bienes o de cuerpos, la atribución de la vivienda familiar, etc.

La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, señala en su exposición de motivos que “… las partes pueden pedir en cualquier momento al Juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas objeto de litigio. La intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados, o uno de los cónyuges y las partes no hayan atendido a sus requerimientos de modificación. Sólo en estos casos deberá dictarse una resolución en la que se impongan las medidas que sean precisas…”

La mediación familiar está demostrando en todo el mundo muchas ventajas como la descongestión de los Tribunales y Juzgados, la celeridad y economía de tiempo y de dinero, el incremento de la participación de los actores del conflicto y la capacidad que tienen todos ellos de asumir su propia responsabilidad personal en la solución del problema. Esto no quiere decir que la mediación familiar sustituya a los Tribunales de Justicia, pero sí que puede “descargarlos” de algunos asuntos que pueden resolverse extrajudicialmente.

En la misma exposición de motivos de la ya citada Ley 15/2005, de 8 de julio, se hace una referencia a las ventajas que conlleva la mediación familiar: “… Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el diálogo y, en especial, garantizar la protección del interés superior del menor, se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y neutral…”

Los abogados de familia vemos en demasiadas ocasiones que cuando un cliente entra en nuestro despacho buscando nuestra asesoría legal o pidiéndonos que asumamos su caso en un conflicto familiar, nos plantea el problema en términos de “contienda” en la que tenemos que ganar. Se sorprende cuando le preguntamos si se ha planteado llegar al mutuo acuerdo o lo descarta de plano como algo imposible de conseguir. Es cuando comienza nuestro trabajo, más lento y difícil si cabe, pero también más eficaz, de intentar conseguir el consenso entre las partes implicadas, lo cual nos obliga a desplegar todas nuestras dotes mediadoras y conciliadoras. Y en la mayoría de los casos se logra con éxito y todos salen ganando.

Cuando los abogados de familia mediamos para conseguir el mutuo acuerdo buscando la mejor solución para todos, cambiando el “esquema” vencedor y vencido, fuerte y débil, ganador y perdedor, se pone realmente en acción el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, su capacidad de buscar soluciones a un problema y de comprometerse a cumplirlas, buscando el bien de los menores y de la familia. El abogado de familia es realmente imparcial cuando actúa como abogado de ambas partes, buscando el mutuo acuerdo en los temas conflictivos planteados.

Todos los abogados de familia sabemos que no es fácil lograr el mutuo acuerdo entre las partes y cuando se consigue después de un arduo trabajo como mediadores en nuestros despachos, nos damos cuenta de que debemos poner en juego muchas cualidades, no sólo de experiencia profesional y de sólidos conocimientos jurídicos sino, sobre todo, los valores éticos y deontológicos. También es cuestión de tener aptitudes humanas, actitudes conciliadoras y mucha observación psicológica para conseguir esos acuerdos que cumplen los requisitos jurídicamente exigibles para ser homologados en los procesos judiciales, mediante las demandas de mutuo acuerdo.

En Aragón ha sido recientemente aprobada la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar, contemplada para cualquier conflicto familiar y no sólo para los casos de ruptura de la pareja. Se insiste, y con razón, en la necesidad del título y de la formación del mediador familiar. Pero también es verdad, que muchos abogados de familia desde hace muchísimo tiempo vienen mediando eficazmente en sus despachos ante los conflictos familiares de sus clientes y lo seguirán haciendo como siempre, sin tener el “título” de mediadores familiares, pero sí la sólida y exitosa experiencia para seguir practicando y transmitiendo esos valiosos conocimientos.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abgada y Doctora en Derecho

 

Aragón ya tiene su propio Código Civil

miércoles, 30 marzo 2011

En el día de ayer se publicó el “Código del Derecho Foral de Aragón” (Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón), que recopila nuestras propias “Leyes Civiles Aragonesas”:

1) El Título preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.

2) La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.

3) La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.

4) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.

5) La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.

6) La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.

7) La propia Ley de Derecho civil patrimonial.

La publicación del “Código del Derecho Foral de Aragón”, puede verse en el Boletín Oficial de Aragón (B.O.A.) número 63 de 29/03/2011.

Se cierra así un ciclo de más de diez años que abrió la Ley de sucesiones por causa de muerte en 1999 y se culmina la reformulación legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. El Derecho civil aragonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adaptado a las nuevas necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del siglo XXI y ha adquirido mayor presencia en nuestra sociedad.

Aprobada la Ley de Mediación Familiar Aragonesa

lunes, 28 marzo 2011

El pasado 24 de marzo, el Pleno de las Cortes de Aragón, aprobó la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad Autónoma, que la regula como un servicio social especializado para facilitar la resolución de conflictos en la unidad familiar.

Sus principales impulsores sostienen que la mediación familiar es un sistema alternativo al judicial para encontrar decisiones favorables entre las partes en litigio y facilitar el cumplimiento de sus acuerdos, ayudando así a todos los miembros de la unidad familiar, especialmente a los más desfavorecidos. Esta mediación, no sólo será aplicable para los casos de rupturas de parejas, sino para cualquier otro tipo de conflicto familiar.

La ley regula la mediación familiar como servicio social especializado, en el que los mediadores serán designados por la Comunidad Autónoma, lo que no significa que no pueda llevarse a cabo ninguna otra mediación.

Un número bastante elevado de los legisladores que la aprobaron consideran que la mediación debe extenderse al derecho privado, como un procedimiento extrajudicial y voluntario, y no sólo la que presta el servicio de mediación del Gobierno, sino también la que pudieran prestar entidades locales, asociaciones, colegios profesionales o profesionales liberales.

En este punto estoy totalmente de acuerdo, y espero que el texto definitivo así lo contemple, puesto que considero que una de estas profesiones liberales es la del Abogado(a) en ejercicio. Desde mi punto de vista personal, y dada mi experiencia profesional como Abogada de familia durante más de quince años, estoy convencida de que el mediador familiar por antonomasia es el Abogado de Derecho de Familia. Nuestros Despachos son los primeros y principales lugares de mediación familiar, porque es en ellos donde ponemos todos nuestros esfuerzos, conocimientos y experiencia para conseguir el mutuo acuerdo entre nuestros clientes implicados en conflictos familiares.

Llámese “convenio regulador” (según el código civil español), o “pacto de relaciones familiares” (Aragón), o “plan de parentalidad” (Cataluña), o “pacto de convivencia familiar” (Valencia), éstos son acuerdos voluntarios y mutuamente satisfactorios, logrados exitosamente a través de la imprescindible asesoría legal que estos temas jurídicos de familia requieren, con ese “plus” que sólo podemos aportarle los Abogados de familia, que es el de que esos acuerdos puedan ser eficazmente presentados ante los Juzgados de familia, mediante una demanda de mutuo acuerdo, para su respectiva aprobación judicial. Es decir, que tenemos la enorme ventaja de ser, a la misma vez, Abogados y mediadores de familia.

Nadie puede negar esta realidad, como tampoco nadie puede negar la numerosa existencia y aumento de demandas de divorcios y separaciones de mutuo acuerdo conseguidas en los Juzgados de Familia, a través de nuestro eficaz ejercicio profesional como Abogados- mediadores. Es evidente que todos los que tenemos un Despacho de derecho de familia, tocamos a diario la “fibra humana” de nuestos clientes, quienes nos confian de manera admirable sus preocupaciones y sentimientos más íntimos, en busca de una solución jurídica favorable a sus problemas. Por eso, la gran mayoría de Abogados de Familia, también somos expertos en humanidad.

Una vez se publique la Ley de Mediación Familiar en el BOA, conoceremos el texto definitivo aprobado. Mientras tanto, puede verse el texto del Proyecto de ley de Mediación Familiar en Aragón y las Enmiendas presentadas a este proyecto de ley por los disitintos grupos parlamentarios.

Por último, nos viene bien recordar las palabras de Leonard Marlow, prestigioso Abogado matrimonialista de los EE.UU. y experto en mediación familiar, quien define la mediación como “un proceso  imperfecto  donde una tercera persona imperfecta trata de ayudar a personas imperfectas a alcanzar soluciones imperfectas  en un mundo imperfecto” .

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

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