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El Derecho de la Persona en la Ley Aragonesa 13/2006, de 27 de diciembre

miércoles, 8 septiembre 2010

En la historia del Derecho Aragonés no ha existido la patria potestad romana; es por esto que en nuestro derecho foral, las relaciones entre padres e hijos menores siempre han mirado al bienestar de los hijos como interés superior. Al no tener patria potestad, los aforados aragoneses desde antiguo han alcanzado la plena capacidad de obrar cuando cumplen los catorce años. Otro hecho significativo de la ausencia de patria potestad en el derecho foral aragonés, es la histórica igualdad de las relaciones jurídicas entre el padre y la madre con sus hijos. Sin lugar a dudas, se puede decir que el derecho foral aragonés en lo que respecta a la regulación de la igualdad de las relaciones familiares y al derecho de la persona, “se adelantó a los siglos”.

Los ideales y exigencias del Derecho de la Persona en los ordenamientos jurídicos occidentales del siglo XXI, son para el derecho foral aragonés una identidad de siempre, por lo que no ha supuesto un corte o un cambio radical en nuestra tradición histórica y cultural “actualizarse”. Así, se puede entender que los principios más exigentes en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la personalidad han estado siempre presentes en el Derecho Foral Aragonés. Como ejemplo más reciente, se destaca el haber sido pioneros en España en legalizar la guarda y custodia compartida mediante la Ley 2/2010, de 26 de mayo, conocida como la “Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres” y que entra en vigor hoy miércoles 8 de septiembre de 2010.

El derecho de la persona en el derecho civil aragonés,  tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre capacidad y estado de las personas físicas y de las instituciones civiles para la protección de menores e incapaces. La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, que fue antecedida por la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte y por la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad  y precedida por la Ley 2/2010, de 26 de mayo, sobre la “Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres”, corroboran que las instituciones civiles aragonesas son muy recientes y adecuadas a las circunstancias y valores del tiempo en el que vivimos.

Esta Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, se estructura en cuatro Títulos: el I se ocupa de la capacidad y estado de las personas; el II, de las relaciones entre ascendientes y descendientes; el III, de las relaciones tutelares, y el IV, de la Junta de Parientes.

El Título I sobre la capacidad y estado de las personas, consta de tres Capítulos: I, Capacidad de las personas por razón de la edad; II, Incapacidad e incapacitación y III, Ausencia.

Desde 1978, cuando se redujo la mayoría de edad para toda España, en Aragón la mayoría de edad quedó establecida al cumplir dieciocho años. También son mayores de edad los que han contraído matrimonio, dejando de estar sujetos a la autoridad familiar, tutela o curatela porque se presumen capaces para todos los actos de la vida civil. En Aragón no ha existido nunca la emancipación por matrimonio, puesto que el contraerlo constituye al menor en la situación de mayoría de edad.

En Aragón, la minoría de edad no es una situación de incapacidad sino un estado de las personas en los primeros años de su vida, cuando su personalidad se está desarrollando y requiere una formación adecuada a este desarrollo. Para favorecer este desarrollo y esta formación, los menores están sujetos a la autoridad familiar, la tutela o la curatela que están presididas siempre por el criterio supremo del interés del menor, interés que hoy es central y decisivo en estas materias en las legislaciones de nuestro entorno, pero que en el derecho aragonés ha estado presente desde hace muchos siglos, porque no se ha conocido la patria potestad.

A partir de los catorce años, el menor aragonés actúa por sí mismo y sin representante, con la asistencia de las personas llamadas a prestarla para la plena validez de sus actos. Los padres son los únicos titulares de la autoridad familiar y, en consecuencia, son generalmente sus asistentes, pues la autoridad familiar habitualmente lleva consigo la gestión de los bienes del hijo, pero no como contenido de un poder paterno, sino como función aneja a la autoridad familiar que no es esencial a la misma.

Las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretarán de forma restrictiva, porque la capacidad es la regla y sus limitaciones, la excepción. Pero para algunos asuntos no es el cumplimiento de determinada edad lo decisivo, sino que el menor tenga suficiente juicio; en todo caso, si es mayor de doce años, ha de ser oído antes de la adopción de medidas que le afecten en su persona o bienes.

El Título II, sobre las relaciones entre padres e hijos, consta de tres capítulos: en el capítulo 1 se habla de los efectos de la filiación; en el 2 del deber de crianza y autoridad familiar y en el 3 de la gestión de los bienes de los hijos.

En Aragón, a la edad de catorce años, se puede solicitar  la alteración en el orden de los apellidos paterno y materno. También, a esa edad, se exigen deberes como el de asistencia recíproca que comprende contribuir equitativamente, durante la vida en común, a la satisfacción de las necesidades familiares y que se concreta en la colaboración personal del hijo en las tareas del hogar y los negocios familiares, mientras conviva con la familia, además del cumplimiento de las reglas de convivencia equitativa entre padres e hijos mayores de edad.  Se concede la posibilidad de que los padres que ejerzan la autoridad familiar destinen una parte de los ingresos del hijo a necesidades familiares distintas de su propia crianza y educación.

Hay un especial énfasis en el derecho del hijo a relacionarse con ambos padres, con sus abuelos y con otros parientes y allegados, con el único límite del propio interés del menor; el padre tiene la obligación de contribuir a los gastos de embarazo y parto de la madre del hijo común. Se regulan los supuestos de privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar.

El deber de los padres de sufragar los gastos de enseñanza y educación de los hijos, se mantiene cuando alcanza el hijo la mayoría de edad, con término de extinción, salvo que judicial o convencionalmente se hubiera establecido otra cosa, al cumplir el hijo los veintiséis años, más allá del cual subsistirá el derecho de alimentos en caso de necesidad.

Otro efecto de no tener la patria potestad en Aragón, es que se reconocen como flexibles las relaciones jurídicas familiares entre nietos y abuelos, así como entre los hijos de una persona y el cónyuge de ésta.

La autoridad familiar de otras personas que no sean los padres, es igual al que les corresponde en el ámbito personal, pero no se extiende a la gestión de los bienes del menor. Para la gestión de los bienes es necesario, si no hay administrador, el nombramiento de un tutor, cargo que puede recaer en quien ejerza la autoridad familiar. La gestión de los bienes de los hijos es función aneja a la autoridad familiar solo cuando ésta se ejerce por los padres.

El Título III de esta Ley se ocupa de las relaciones e instituciones tutelares respecto de menores y de incapacitados, regulando la tutela, la curatela y el defensor judicial, así como las instituciones de la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela, siendo éstas complementarias de las anteriores. Se posibilita el nombramiento de administrador de bienes, coexistente con los padres o el tutor. La autoridad judicial salvaguarda la tutela, que se ejerce bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, potenciándose la autonomía de los particulares en la determinación de las reglas por las que cada tutela haya de regirse.

La “autotutela”, es aquella en la  que cualquier persona capaz y mayor de edad, previendo ser incapacitada judicialmente puede, mediante escritura pública, designar a las personas que ejercerán las funciones tutelares, así como adoptar las disposiciones relativas a su persona y bienes para cuando esté incapacitado, incluido un mandato a tercero que no se extinga por su incapacidad sobrevenida o su incapacitación. También podrá promover, en su momento, su propia incapacitación.

En el derecho aragonés pueden concurrir varias personas simultáneamente en el ejercicio de la tutela. También serán dos los tutores cuando lo sean los padres o los abuelos paternos o maternos o cuando, por decisión del Juez, el tutor sea una persona casada y considere conveniente que también ejerza la tutela con su cónyuge, debiendo cumplir todos con sus obligaciones de fianza e inventario, rendir cuenta general justificada de su gestión ante la autoridad judicial, al cesar en sus funciones.

La tutela se manifiesta también en algunos aspectos familiares como la obligación, en última instancia, de alimentos cuando no haya nadie más que se los pueda proporcionar al pupilo. En este título también se establece la curatela de los emancipados y de los incapacitados, si así lo determina la sentencia de incapacitación. También se hace referencia a la guarda, que de hecho es transitoria, a la guarda administrativa y al acogimiento familiar.

El Título IV trata de la Junta de Parientes, institución importante que es como un tribunal familiar integrado por dos parientes idóneos, uno por cada grupo familiar, que ayuda a resolver los problemas que se pueden presentar en la familia. Las funciones principales de la Junta de Parientes son la autorización para disponer de bienes de menores de catorce años por sus representantes legales y la prestación de asistencia a los menores que han cumplido dicha edad, en los casos y formas que las leyes preven. La Junta puede también dirimir divergencias entre los padres en el ejercicio de la autoridad familiar, dirimir los conflictos que surjan sobre la titularidad de la autoridad familiar de personas distintas de los padres, sobre la organización y funcionamiento de la tutela y la guarda de hecho, etc., cuando se prefiera acudir a ella, en vez de al Juez.

Se describe la composición y funcionamiento de la Junta de Parientes, pudiendo constituirse voluntariamente ante Notario o por decisión judicial a instancia de parte interesada, manifestando sobre qué asunto familiar o sucesorio decidirán, sin que puedan privar al Juez de la facultad de apartarse motivadamente de estos criterios cuando se quiera acudir a la constitución judicial. La toma de decisiones por parte de la Junta de Parientes es libre y por unanimidad con asistencia obligatoria y personal a las reuniones, deliberaciones conjuntas y decisiones conformes al leal saber y entender de los vocales.

La decisión de la Junta de Parientes, ya sea positiva o sea negativa, impide someter el mismo asunto a otro órgano de decisión, en particular al Juez en funciones de jurisdicción voluntaria. Si transcurre un mes sin obtener un acuerdo, se permite acudir a otra vía. La validez y eficacia de las decisiones de la Junta de Parientes se presume mientras no se declare judicialmente la invalidez.

Vemos , entonces, que las normas legales más importante del Derecho Civil Aragonés, están contenidas en la Ley de Sucesiones (Ley 1/1999, de 24 de febrero), en la Ley de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad (Ley 2/2003, de 12 de febrero), en la Ley del Derecho de la Persona (Ley 13/2006, de 27 de diciembre) y en la Ley sobre la “Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres” (Ley 2/2010, de 26 de mayo), que se refiere a la guarda y custodia compartida de los padres. Aragón ya tiene su propio código de derecho civil, llamado Código del Derecho Foral de Aragón.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Las parejas estables no casadas en Aragón

lunes, 7 junio 2010

La Ley Aragonesa 6/1999, de 26 de marzo, de parejas estables no casadas, modificada por la Ley 2/2004, de 3 de mayo, con la que se amplió los derechos a las parejas del mismo sexo, se aplica a las personas mayores de edad que formen parte de una pareja estable no casada en la que exista una relación de afectividad análoga a la conyugal; deben estar  inscritas en el respectivo Registro de la Diputación General de Aragón o en el Registro Civil competente .

Existe en España una amplia regulación de las uniones de hecho en las Leyes Autonómicas, lo que implica en ocasiones un problema de disparidad y contradicción legal. En Aragón, se configura la pareja estable no casada, cuando se haya producido la convivencia marital durante un período ininterrumpido de dos años como mínimo, o se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura pública y, si no existiera escritura pública, mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, especialmente a través de acta de notoriedad o documento judicial que acredite la convivencia. Entre los distintos medios de prueba tenemos, por ejemplo, contratos privados, contratos con terceros (de arrendamiento, compra-venta de bienes), empadronamiento, domicilio fiscal, hijos comunes y libro de familia, cartilla de la Seguridad Social, testigos, etc.

No podrá permitirse una pareja estable no casada entre:  1) Los que estén ligados con vínculo matrimonial. 2) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 3) Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. 4) Los que formen pareja estable con otra persona.

Sus derechos y obligaciones  podrán  regularse  en  los aspectos personales y patrimoniales mediante convenio recogido en escritura pública, conforme al principio de libertad de pactos, siempre que no perjudiquen los derechos o dignidad de cualquiera de los otorgantes y no sean contrarios a normas imperativas aplicables en Aragón. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable no casada con carácter temporal ni someterse a condición. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al mantenimiento de la vivienda y gastos comunes con sus recursos, en proporción a sus ingresos respectivos y, si no son suficientes, de acuerdo con sus patrimonios, sin perjuicio de que cada uno conserve la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes.

Tienen la consideración de gastos comunes de la pareja  los  necesarios  para  su  mantenimiento  y  el  de los hijos comunes o no que convivan con ellos, incluyendo  el  derecho  a  alimentos,  educación,  atenciones médico-sanitarias y vivienda. Ambos  miembros  de  la  pareja  responden  solidariamente ante terceras personas de las obligaciones contraídas por estos gastos.

La pareja estable no casada se extingue: a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes. b) De común acuerdo. c) Por decisión unilateral. d) Por separación de hecho de más de un año. e) Por matrimonio de uno de sus miembros. Cualquier  miembro  de  la  pareja  estable  podrá proceder, unilateralmente, a su revocación, notificándolo fehacientemente al otro. En todo caso, los dos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a dejar sin efecto la escritura pública cuando se hubiera otorgado.

En caso de ruptura de la convivencia, las partes no pueden volver a formalizar una pareja estable no casada mediante escritura pública hasta que hayan transcurrido seis meses desde que dejaron sin efecto el documento público correspondiente a la convivencia anterior. La extinción de la pareja estable no casada implica la revocación de los poderes que cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro.

En caso de extinción de la pareja estable no casada por causa distinta a la muerte o declaración de fallecimiento, y si la convivencia ha supuesto una situación de  desigualdad  patrimonial  entre  ambos  convivientes que implique un enriquecimiento injusto, podrá exigirse una compensación económica por el conviviente perjudicado en los siguientes casos: a) Cuando el conviviente ha contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja estable no casada. b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución  insuficiente, se ha dedicado al hogar o a los hijos comunes o del otro conviviente o ha trabajado para éste.

En estos casos, cualquiera de  los  convivientes  podrá  exigir  al  otro  una  pensión, si la necesitase para su sustento, en el supuesto de que el cuidado de los hijos comunes le impida la realización de actividades laborales o las dificulte seriamente. La pensión  se  extinguirá  cuando  el  cuidado  de  los  hijos cese por cualquier causa o éstos alcancen la mayoría de edad o se emancipen. Se le llama pensión reparadora.

La reclamación de estos derechos de compensación económica y/o de pensión reparadora deberá formularse en el plazo máximo de un año, contado  desde  la  extinción  de  la  pareja  estable no casada, en razón de la duración de la convivencia.

En  cuanto  a  la  guarda  y  custodia  de  los hijos comunes y al régimen de visitas, comunicación, estancia y alimentos de los hijos, se estará a lo que la pareja haya convenido. El Juez podrá moderar lo acordado, cuando a su juicio sea gravemente lesivo para cualquiera de los miembros o para la prole común. Si no hay pacto entre los padres se acudirá al Juez, quien podrá acordar lo que estime procedente respecto a la prole común, en beneficio de los hijos menores y previa audiencia de éstos si tienen suficiente juicio o son mayores de doce años.

Lo normal es que la vivienda se la quede el propietario pero, excepcionalmente y mediante Resolución Judicial, el uso y disfrute de la vivienda se le puede otorgar a los hijos comunes y al compañero(a) no propietario que se quede con su custodia, hasta la mayoría de edad o la independencia económica de los hijos.

La vivienda pudo ser adquirida por el otro compañero antes de la convivencia, en este caso es de su propiedad. O pudo ser adquirida durante la convivencia por uno de los convivientes, con dinero propio y para su exclusiva propiedad. O pudo ser adquirida por uno sólo de los convivientes pero para los dos, así deberá constar en la  Escritura Pública; si no hay Escritura Pública en la que figure que es de los dos, se presume que es de quien figure como propietario en el Registro de la Propiedad.

En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el supérstite tendrá derecho al mobiliario, útiles e instrumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión solamente de las joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los bienes de procedencia familiar. Asimismo, el supérstite podrá, independientemente de los derechos hereditarios que se le atribuyeran, residir gratuitamente en la vivienda habitual durante el plazo de un año.

Sobre la pensión de viudedad, que es la prestación económica a que tiene derecho el cónyuge supérstite, llamado viudo(a), por el fallecimiento de su consorte, hay que recordar que el 1 de enero de 2008 entró en vigor la nueva regulación del derecho a la pensión de viudedad, en la que se reconoce que también tienen derecho a esta prestación el sobreviviente de una pareja de hecho.

Respecto al tema de la adopción, mediante la Ley 2/2004, de 3 de mayo, se amplió este derecho a las parejas estables del mismo sexo, ya que antes sólo se les permitía a las parejas heterosexuales, con lo que se evitó la discriminación existente, quedando la redacción del artículo 10: “Las parejas estables no casadas podrán adoptar conjuntamente, con fundamento en el artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón”.

En cuanto a otros de los efectos jurídicos que se generan entre las parejas estables no casadas en Aragón, tenemos: 1. Si un miembro de la pareja es declarado judicialmente en ausencia, a efectos de su representación y administración de su patrimonio, el otro ocupará la misma posición que el cónyuge. 2. Si uno de los miembros de la pareja es declarado judicialmente incapacitado, el otro ocupará el primer lugar en el orden de preferencia para la delación dativa de la tutela. 3. Los miembros de la pareja están obligados a prestarse entre sí alimentos, con preferencia a cualquier otra persona legalmente obligada. 4. La pareja estable no casada no genera relación alguna de parentesco entre cada uno de sus miembros y los parientes del otro. 5. Pueden testar mancomunadamente, otorgar pactos sucesorios y ordenar la sucesión del otro mediante la fiducia, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sucesoria aragonesa.

El régimen de convivencia y de derechos y obligaciones de la pareja estable no casada, pactado en escritura pública, adquirirá el valor de capitulaciones matrimoniales,  en  caso de que los miembros de la pareja contrajeran matrimonio, si  así  lo  hubieran  acordado expresamente en la escritura.

Para la liquidación y adjudicación de los bienes comunes, si los hay, se puede hacer de mutuo acuerdo o de manera contenciosa. Si no hay bienes inmuebles comunes, se podrán liquidar verbalmente o por documento privado. Si hay bienes inmuebles comunes y cuando la pareja no casada se ha registrado con escritura pública, la liquidación se hará mediante escritura pública.

Por último, y como novedad legislativa, cabe anotar que la nueva ley aragonesa, pionera en España, sobre la guarda y custodia compartida, llamada Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura de la Convivencia de los Padres (aprobada por las Cortes de Aragón en sesión plenaria celebrada los días 20 y 21 de mayo de 2010), ha dispuesto, en su diposición adicional tercera: “Especialidades procesales en los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o parejas de hecho con hijos a cargo: En los casos de ruptura de convivencia de parejas estables no casadas o de parejas de hecho con hijos a cargo, las medidas judiciales sobre las relaciones familiares tras la ruptura, se adoptarán en el procedimiento que corresponda según la Ley de Enjuiciamiento Civil. La demanda y la reconvención deberán ir acompañadas de un plan de relaciones familiares”.

Igualmente, la  disposición  derogatoria  única  y  la  disposición  final  de dicha ley pionera de Aragón,  deroga  y modifica los preceptos de la ley relativa a parejas estables no casadas, en lo que es aplicable a las relaciones familiares de los padres con los hijos con independencia del régimen legal de convivencia de los padres, de la siguiente manera:  “DISPOSICIONES FINALES: Primera. Modificación de la Ley relativa a parejas estables no casadas. 1. El artículo 7.1.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, quedará redactado en los siguientes términos: b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución insuficiente, se ha  dedicado  al  hogar,  o  a  los  hijos  del  otro  conviviente,  o  ha  trabajado  para éste. 2.  El  artículo  7.3  de  la  Ley  6/1999,  de  26  de  marzo,  relativa  a  parejas estables no casadas, quedará redactado en los siguientes términos: 2.  La  reclamación  por  cualquiera  de  los  miembros  de  la  pareja  del derecho regulado en el párrafo anterior deberá formularse en el plazo máximo de un año a contar desde la extinción de la pareja estable no casada, ponderándose equilibradamente en razón de la duración de la convivencia”.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

 

De la Viudedad Aragonesa

lunes, 5 abril 2010

La Viudedad Aragonesa es el derecho que tiene el cónyuge viudo a usar y disfrutar de todos los bienes que fueron privativos de su cónyuge o comunes del matrimonio, tanto muebles como inmuebles, que durante la vigencia del matrimonio hubiesen entrado en el patrimonio común o en el privativo del cónyuge fallecido. Durante la vigencia del matrimonio, ambos cónyuges son titulares del derecho expectante de viudedad. La causa que atribuye el usufructo vidual aragonés a uno de los cónyuges no es la muerte del otro cónyuge, sino la celebración del matrimonio.

El derecho de viudedad durante el matrimonio, en su fase de derecho expectante, es coherente con una concepción igualitaria y participativa de la comunidad de vida conyugal, en la que ambos cónyuges comparten todas las decisiones económicas que tienen incidencia sobre la familia, en particular las más importantes y, por tanto, las relativas a la enajenación de bienes inmuebles de uno de ellos sobre los que el otro está llamado a tener usufructo. Es por esto que ambos cónyuges concurren a la enajenación de los inmuebles de uno de ellos al objeto de renunciar el otro a su derecho.

La viudedad en el Derecho Foral Aragonés viene detallada con sumo cuidado en la Ley 2/2003, de 12 de febrero, en los artículos 89 a 120, que a continuación se transcriben:

Artículo 10.-  Derecho de viudedad: La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca, con las consecuencias y la regulación contenidas en el Título V.

Título V
De la viudedad

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 89

Origen

1. La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca.

2. Durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como derecho expectante.

3. El derecho de viudedad es compatible con cualquier régimen económico matrimonial.

Artículo 90

Pactos

1. Los cónyuges pueden pactar en escritura pública o disponer de mancomún en su testamento la exclusión o limitación del derecho de viudedad, para los dos o para uno solo de ellos, o regularlo como libremente convengan. Antes del matrimonio, los pactos entre contrayentes habrán de constar en capitulaciones matrimoniales.

2. Pueden asimismo pactar, en escritura pública, la exclusión del derecho expectante de viudedad, conservando para su caso el de usufructo vidual.

3. Las cláusulas contractuales y testamentarias relativas a la viudedad se entenderán siempre en sentido favorable a la misma.

Artículo 91

Inalienabilidad

El derecho de viudedad es inalienable e inembargable.

Artículo 92

Renuncia

1. Cada cónyuge puede renunciar, en escritura pública, a su derecho de viudedad sobre todos los bienes del otro o parte de ellos.

2. También es válida la renuncia, en escritura pública, solamente al derecho expectante de viudedad, sobre todos o parte de los bienes del otro.

Artículo 93

Privación

1. Cada cónyuge puede, en testamento, privar al otro de su derecho de viudedad, exclusivamente por alguna de las causas que dan lugar a la desheredación de acuerdo con el artículo 195 de la Ley de sucesiones por causa de muerte.

2. La prueba de ser cierta la causa corresponde a los herederos del cónyuge premuerto, si el viudo la niega.

Artículo 94

Extinción

1. El derecho de viudedad se extingue necesariamente con la disolución del matrimonio por causa distinta de la muerte y por la declaración de su nulidad.

2. Se extingue también por la admisión a trámite de la demanda de separación, divorcio o nulidad, interpuesta por uno o ambos cónyuges, a menos que pacten su mantenimiento mientras el matrimonio subsista. El derecho de viudedad nace de nuevo cuando el proceso finaliza en vida de ambos cónyuges sin sentencia firme estimatoria, se reconcilian los cónyuges separados, o así lo pactan éstos.

3. Se extingue también cuando, al fallecer un cónyuge, incurre el supérstite en alguno de los supuestos enumerados en el artículo 13 de la Ley de sucesiones por causa de muerte como causas de indignidad.

Artículo 95

Limitaciones

1. El derecho de viudedad no comprende los bienes que los cónyuges reciban a título gratuito con prohibición de viudedad o para que a su fallecimiento pasen a tercera persona.

2. Sin embargo, los ascendientes no pueden prohibir o impedir que el cónyuge de su descendiente tenga viudedad en los bienes que transmitan a éste por donación o sucesión.

Artículo 96

Derecho de transmisión y consorcio foral

Los bienes adquiridos como consecuencia de la transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia quedan sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente; y los adquiridos por el acrecimiento derivado del consorcio foral, al del cónyuge del consorte fallecido.

Capítulo II
El derecho de viudedad durante el matrimonio

Artículo 97

Derecho expectante de viudedad

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 89, durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como derecho expectante a favor de cada uno de los cónyuges sobre los bienes del otro y los consorciales.

Artículo 98

Disposición de bienes inmuebles

1. El derecho expectante de viudedad sobre los bienes inmuebles por naturaleza y las empresas o explotaciones económicas no se extingue por su enajenación, salvo en los siguientes supuestos:

a) Renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública, a menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el bien.

b) Enajenación válida de un bien consorcial.

c) Enajenación de bienes privativos de uno de los cónyuges incluidos en el tráfico habitual de su profesión o negocio. Para probar en el tráfico que un acto está incluido en el giro habitual del que lo realiza, bastará que así resulte de la aseveración del Notario de que le consta por notoriedad.

d) Partición y división de bienes, incluso con exceso de adjudicación, respecto de aquellos que no se adjudiquen al cónyuge.

e) Enajenación de bienes por el cónyuge del declarado ausente.

f) Expropiación o reemplazo por otros en virtud de procedimiento administrativo.

2. Salvo reserva expresa, en toda enajenación en que hayan concurrido ambos cónyuges se extinguirá el derecho expectante de viudedad.

3. A petición de un cónyuge, el Juez puede declarar extinguido el derecho expectante del otro sobre un bien, antes o después de su enajenación, en razón de las necesidades o intereses familiares.

4. También se extingue el derecho expectante cuando se haya notificado fehacientemente al cónyuge la enajenación, con el requerimiento para que manifieste su voluntad de conservar o renunciar su derecho con las consecuencias legales que de ello se derivan, y hayan transcurrido dos años desde dicha notificación sin que en el Registro de la Propiedad conste la voluntad del cónyuge de conservar el derecho expectante.

Artículo 99

Enajenación judicial de bienes inmuebles

1. Se extingue el derecho expectante de viudedad en la enajenación judicial por deudas contraídas por ambos cónyuges o por uno de ellos cuando sean de cargo o responsabilidad común, así como por deudas contraídas con anterioridad al matrimonio o por razón de sucesiones o donaciones.

2. También se extingue en la enajenación judicial por deudas contraídas por uno de los cónyuges si, notificado el embargo del bien común o privativo al menos diez días hábiles antes de la celebración de la subasta al otro cónyuge, éste no manifiesta en el citado plazo su voluntad de conservarlo por no ser deudas de las enumeradas en el apartado anterior. Corresponde al acreedor probar que la deuda es de las enumeradas en el apartado 1, en los términos previstos en la Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución en bienes gananciales.

Artículo 100

Disposición de bienes muebles

El derecho expectante de viudedad sobre bienes muebles se extingue cuando salen del patrimonio común o privativo, salvo que se hayan enajenado en fraude del derecho de viudedad.

Capítulo III
Usufructo vidual

Artículo 101

Comienzo y extensión del usufructo vidual

1. El fallecimiento de un cónyuge atribuye al sobreviviente el derecho de usufructo de todos los bienes del premuerto, así como de los enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad, de acuerdo con lo pactado y lo dispuesto en los artículos anteriores.

2. Cuando un cónyuge hubiera sido declarado ausente, quedan excluidos de su derecho de usufructo vidual los bienes enajenados válidamente por los herederos del premuerto antes de la aparición de aquél.

3. Por voluntad de uno de los cónyuges expresada en testamento o escritura pública, podrán excluirse del usufructo vidual los bienes de su herencia que recaigan en descendientes suyos que no sean comunes, siempre que el valor de esos bienes no exceda de la mitad del caudal hereditario.

4. Desde el fallecimiento de un cónyuge el sobreviviente adquiere la posesión de los bienes afectos al usufructo vidual.

Artículo 102

Explotaciones económicas

1. El titular de empresas o explotaciones económicas privativas que se transmitan a hijos o descendientes podrá ordenar, en testamento o escritura pública, la sustitución del usufructo vidual del sobreviviente sobre las mismas por una renta mensual a cargo del adquirente.

2. La renta será equivalente al rendimiento medio que hubiera producido la explotación durante los cinco años anteriores al fallecimiento.

3. La renta se actualizará anualmente en función de las variaciones del índice general de precios al consumo y se extinguirá por las mismas causas que el usufructo vidual.

4. El cónyuge viudo y el titular de la explotación económica podrán, en cualquier momento, acordar la sustitución del régimen previsto en este precepto por el ordinario del usufructo vidual.

5. La transmisión por el titular de la explotación económica por actos entre vivos dará derecho a pedir el afianzamiento de las rentas futuras.

Artículo 103

Inventario y fianza

El cónyuge viudo solamente estará obligado a formalizar inventario de los bienes usufructuados y a prestar fianza:

a) Cuando se hubieren establecido por el premuerto tales obligaciones en testamento u otro instrumento público.

b) Cuando lo exijan los nudo propietarios, salvo disposición contraria del premuerto.

c) Cuando, aun mediando tal disposición, lo acuerde el Juez, a instancia del Ministerio Fiscal para salvaguardar el patrimonio hereditario.

Artículo 104

Formalización del inventario

1. Cuando sea obligatorio formalizar inventario, se practicará con citación de los nudo propietarios de los bienes o sus representantes legales y comprenderá todos los bienes sujetos al usufructo vidual.

2. El plazo para terminarlo será:

a) En el caso de la letra a) del artículo 103, el fijado por el causante y, en su defecto, el de seis meses contados desde el fallecimiento.

b) En el caso de la letra b) del artículo 103, el de cincuenta días, contados desde el oportuno requerimiento fehaciente.

c) Y en el caso de la letra c) del artículo 103, el señalado por el Juez y, en su defecto, el de cincuenta días a contar desde la notificación de la resolución judicial que ordene su práctica.

En todos los casos, mediando justa causa, el cónyuge viudo o cualquiera de los nudo propietarios podrá pedir al Juez y éste acordar la prórroga o reducción del plazo.

3. El inventario extrajudicial deberá formalizarse en escritura pública.

Artículo 105

Otras medidas cautelares

Cuando proceda el inventario y hasta tanto éste se formalice y, en su caso, se constituya la fianza, los nudo propietarios podrán instar del Juez la adopción de medidas de aseguramiento respecto de los bienes sujetos al usufructo.

Artículo 106

Sanción de la falta de inventario

Cuando el viudo obligado a formalizar inventario no lo concluya dentro del plazo, podrá ser requerido por los nudo propietarios para que lo termine. Los disfrutes de viudedad, desde el día del requerimiento y hasta la terminación del inventario, corresponderán definitivamente a los nudo propietarios.

Artículo 107

Derechos y obligaciones

El usufructo vidual atribuye a su titular los derechos y obligaciones de todo usufructuario, con las modificaciones que resultan del presente Capítulo.

Artículo 108

Inalienabilidad e inembargabilidad

1. El usufructo vidual sobre los bienes afectos al mismo es inalienable e inembargable.

2. Puede enajenarse la plena propiedad de bienes determinados, concurriendo el viudo usufructuario con el nudo propietario. Salvo pacto en contrario, quedarán subrogados el precio o la cosa adquirida en lugar de lo enajenado.

3. El usufructo de viudedad sobre bienes determinados sólo podrá embargarse y transmitirse como consecuencia del procedimiento de ejecución conjuntamente con la nuda propiedad.

4. Son susceptibles de enajenación y embargo los frutos y rentas resultantes del disfrute de los bienes afectos al usufructo de viudedad.

Artículo 109

Transformación del usufructo

El viudo usufructuario y los nudo propietarios pueden pactar la transformación, modificación y extinción del usufructo como estimen oportuno.

Artículo 110

Intervención de los nudo propietarios

Cuando los nudo propietarios estimen que de la administración y explotación de los bienes por el usufructuario se derivan graves perjuicios para ellos, podrán acudir al Juez para que dicte las medidas oportunas, incluida la transformación del usufructo.

Artículo 111- Liquidación de frutos

A la constitución o extinción del usufructo, la liquidación de los frutos naturales, industriales y civiles obtenidos durante el correspondiente período productivo se hará en proporción a la duración en él del respectivo derecho. La misma regla regirá en cuanto a los gastos de producción.

Artículo 112

Gastos y mejoras

1. Son a cargo del usufructuario los gastos de producción, conservación, mantenimiento y reparaciones ordinarias.

2. El usufructuario tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios y útiles que no sean de su cargo, pudiendo retener la cosa hasta que se le satisfagan. El nudo propietario podrá optar por satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.

3. No se abonarán al usufructuario los gastos de puro lujo o mero recreo, pero podrá llevarse los adornos con que hubiera embellecido la cosa principal si no sufre deterioro, y si el nudo propietario no prefiere abonar el importe de lo satisfecho.

Artículo 113

Reparaciones extraordinarias

1. Serán a cargo del usufructuario las reparaciones extraordinarias cuando los nudo propietarios fueran descendientes suyos.

2. En otro caso, serán a cargo del nudo propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuera urgente la necesidad de hacerlas.

3. Si el nudo propietario hiciere las reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo. Si no las hiciere cuando fuesen indispensables para la subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario; pero tendrá derecho a exigir del nudo propietario, al concluir el usufructo, el aumento de valor que tuviese la cosa por efecto de las mismas obras. Si el nudo propietario se negase a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus productos.

Artículo 114

Tributos

1. Serán de cargo del usufructuario los tributos que graven los bienes usufructuados.

2. Cuando los nudo propietarios no fueren descendientes del viudo usufructuario serán a cargo de aquéllos los tributos de carácter extraordinario.

Artículo 115

Seguro de los bienes sujetos a usufructo vidual

1. Si un bien afecto al usufructo vidual estuviera asegurado en vida del cónyuge difunto deberá el viudo mantenerlo asegurado, siendo de su cargo el pago de las primas.

2. De no estar asegurado al fallecimiento de su cónyuge, el viudo no tendrá obligación de hacerlo. De asegurarlo el nudo propietario, será de su cargo el pago de las primas.

3. Producido el siniestro, el nudo propietario podrá emplear el importe de la indemnización en la reparación, reconstrucción o sustitución del bien. De no hacerlo, se aplicarán a la indemnización las reglas del usufructo de dinero.

Artículo 116

Alimentos

La obligación de alimentos, con las condiciones y el alcance con que corresponde a los ascendientes, se extiende para el viudo usufructuario respecto de los descendientes no comunes del cónyuge premuerto.

Artículo 117

Usufructo de dinero

El viudo tendrá derecho a los intereses que produzca el dinero. También podrá disponer de todo o parte del mismo. En este caso el viudo o sus herederos habrán de restituir, al tiempo de extinguirse el usufructo, el valor actualizado del dinero dispuesto.

Artículo 118

Usufructo de fondos de inversión

1. En los productos financieros cuya rentabilidad consiste en la plusvalía obtenida al tiempo de su reembolso, como los fondos de inversión acumulativos, corresponde al viudo la diferencia positiva entre el importe actualizado de su valor al comienzo del usufructo y el que tengan al producirse el reembolso o extinguirse el usufructo.

2. La facultad de exigir el reembolso corresponde al nudo propietario. No obstante, el usufructuario podrá disponer con periodicidad anual de aquellas participaciones del fondo que sean equivalentes al importe que le corresponde conforme al apartado anterior, haciendo suya definitivamente la cantidad así obtenida.

3. Obtenido el reembolso por el nudo propietario y a falta de acuerdo con el usufructuario para la reinversión, se aplicarán, desde ese momento, las reglas del usufructo de dinero a la parte del importe obtenido que no corresponda al viudo.

Artículo 119

Extinción del usufructo vidual

1. Se extingue el usufructo de viudedad:

a) Por muerte del usufructuario.

b) Por renuncia explícita que conste en escritura pública.

c) Por nuevo matrimonio o por llevar el cónyuge viudo vida marital estable, salvo pacto de los cónyuges o disposición del premuerto en contrario.

d) Por corromper o abandonar a los hijos.

e) Por incumplir como usufructuario, con negligencia grave o malicia, las obligaciones inherentes al disfrute de la viudedad, salvo lo dispuesto sobre negligencia en la formalización del inventario.

f) Por no reclamar su derecho durante los veinte años siguientes a la defunción del otro cónyuge.

2. Se extingue el usufructo sobre bienes determinados:

a) Por renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública, a menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el bien.

b) Por la reunión del usufructo y la nuda propiedad en una misma persona.

c) Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.

Artículo 120

Posesión de los propietarios

Extinguida la viudedad, los propietarios podrán entrar en posesión de los bienes usufructuados por el mismo procedimiento previsto para los herederos.

Capitulaciones matrimoniales: acuerdos ventajosos para los enamorados

domingo, 14 marzo 2010

tribuna_derecho_1Las capitulaciones matrimoniales son un documento público otorgado ante Notario, mediante Escritura Pública, en el que los cónyuges o los futuros cónyuges (prometidos), en pleno uso de su libertad y de sus facultades, pactan el contenido patrimonial de su matrimonio o de su futuro matrimonio. El artículo 1325 del Código Civil Español estable que “en capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo”. También se conocen con el nombre de pactos o acuerdos prenupciales o acuerdos prematrimoniales.

En cuanto a esas otras disposiciones en razón del matrimonio, pueden ser muy variadas, siempre y cuando no sean ilícitas ni inmorales ni contradigan o limiten la igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges. El artículo 1328 del Código Civil establece que “será nula cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge.” Por ejemplo, no se pueden pactar estipulaciones contrarias a la patria potestad, ni a la tutela, ni que alteren los efectos personales del matrimonio, como sería el de no vivir juntos, no guardarse fidelidad, ni prestarse alimentos, etc.

Sí se pueden pactar aspectos relativos a una hipoteca, al reconocimiento de hijas e hijos extramatrimoniales, a las donaciones por razón del matrimonio (artículos 1338, 1341 del Código Civil español). Igualmente, en los artículos 826, 827 y 831 del Código Civil español se reconocen efectos a los pactos relativos al tercio de mejora hereditaria cuando se encuentren contenidos en las capitulaciones matrimoniales de los esposos.

Si las capitulaciones matrimoniales se otorgan antes del matrimonio y en el plazo de un año desde la realización de las mismas no se contrae matrimonio, se convierten en ineficaces y, por lo tanto, no producen efectos.

Para que una persona menor de edad pueda hacerlas necesitará el consentimiento de sus progenitores o tutores, salvo para establecer el régimen de separación de bienes o el de participación. Para que una persona incapacitada pueda hacerlas necesitará la asistencia legal de su tutor o tutora.

Tras la celebración del matrimonio, los cónyuges pueden en cualquier momento modificar el régimen económico de su matrimonio, mediante el otorgamiento de nuevas capitulaciones. No obstante, “la modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros” (artículo 1317 del C.C.). Podrá rescindirse la posterior modificación del régimen económico matrimonial, si con ello se pretende provocar un fraude a los acreedores, amañando la insolvencia del cónyuge deudor.

El artículo 1333 del Código Civil establece que “en toda inscripción de matrimonio en el Registro Civil se hará mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se hubieren otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico del matrimonio. Si aquéllas o éstos afectaren a inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, en la forma y a los efectos previstos en la Ley Hipotecaria”.

Así mismo, el artículo 1332 prevé que, en caso de modificación de anteriores capitulaciones matrimoniales el Notario autorizante habrá de hacerlo constar, mediante nota, en la escritura correspondiente. Las capitulaciones y sus modificaciones que no se hayan inscrito en el Registro Civil, no serán oponibles a los terceros interesados.

tribuna_derecho_2

Podría decirse que las capitulaciones matrimoniales son acuerdos ventajosos, especialmente cuando uno de los contrayentes, o los dos, ya tienen bastantes bienes privativos o bastantes deudas propias, evitando así “futuros disgustos” en caso de que llegara la separación, el divorcio o la nulidad matrimonial. Muchas veces, durante el noviazgo o durante el matrimonio, se tiene cierto miedo o reticencia a hablar de ello, porque equivocadamente se puede pensar que no es nada romántico o que no es “muestra de amor” el hacerlas o que esto significa desconfianza. Pero nada más lejos de la realidad.

En varias ocasiones vemos a los futuros casados preparando al detalle todos los planes de la boda (los trajes, el menú, los invitados, el sitio donde van a celebrar la fiesta, el viaje de la luna de miel, las fotos o los videos para el recuerdo, etc.) y en ningún momento han pensado qué régimen económico matrimonial desean elegir o les conviene más para su matrimonio.

Sobre este tema de las capitulaciones matrimoniales y de los acuerdos prematrimoniales, ha sido consultado el Despacho de Abogados Alzate Monroy & Asociados en algunas revistas especializadas como, por ejemplo, La Tribuna del Derecho, en su edición Nº 79 del mes de febrero de 2010.

 

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

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