Entradas de la categoría ‘Matrimonio’

La problemática atribución del uso y disfrute de la vivienda y ajuar familiar

lunes, 4 mayo 2009

La persona humana, como ser único e irrepetible, tiene unos atributos inherentes a su personalidad y a su individualidad. Uno de estos atributos es el domicilio que, en términos generales, es el sitio donde puede ser localizada, donde ejerce sus derechos y obligaciones, donde fija su residencia con ánimo de permanecer en ella. Cuando la persona es capaz y mayor de edad, puede decidir voluntariamente su domicilio.

Aunque existen varias clases de domicilio, voy a referirme específicamente al domicilio familiar, también conocido como domicilo conyugal, el cual es decidido por los esposos de común acuerdo. El domicilio conyugal es ese espacio físico llamado vivienda familiar ocupado por los esposos y los hijos, si los hay, cuya titularidad comparten los cónyuges.

Pero no es simplemente un espacio físico, sino que es mucho más que una vivienda: el domicilio conyugal o familiar es un hogar para la convivencia familiar armoniosa, es ese lugar de cobijo cada vez más propio y más íntimo. Cuando fijamos nuestra permanencia, nuestro afincamiento, nuestro asiento, es porque tenemos un hogar en el que “echar raíces”, pues el hogar nace cuando la persona se estabiliza y fija su vida y sus metas. De aquí la necesidad de lograr matrimonios sólidos y duraderos para conseguir estabilidad en nuestra vida personal y familiar y en la de nuestros hijos. Pero, desafortunadamente, por diferentes factores no siempre se puede cumplir este deseo.

Proteger la vivienda familiar es proteger a la familia, ya que esta vivienda es un patrimonio preferente al servicio de la familia. La vivienda familiar es un bien familiar, porque es la familia la que tiene el uso, el disfrute y  la atribución de esa vivienda. Hasta aquí no hay problema y todos estamos de acuerdo. La problemática se presenta cuando, en casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, se tiene que “decidir” quién de los ex-cónyuges se queda con la vivienda familiar (llámese casa, chalet o piso). Todo ordenamiento jurídico debe proteger la vivienda familiar, tanto en la situación estable del matrimonio como en una situación de crisis o fracaso matrimonial.

Es cierto que las sentencias de separación, divorcio o nulidad matrimonial las dictan los Jueces, pero también es cierto que son los mismos cónyuges los que pueden decidir conjuntamente todas las medidas provisionales como, por ejemplo, quién y cómo se queda con el uso y atribución de lo que era el domicilio conyugal (artículo 90, literal c del Código Civil español), puesto que si ya están divorciados o separados no tendría sentido seguirlo llamando domicilio conyugal.

Cuando el divorcio o la separación es de mutuo acuerdo, pueden pactarse todas las medidas previas mediante el convenio regulador; y si no es de mutuo acuerdo, el medio más idóneo para solucionar los conflictos familiares, sería el de la mediación familiar o el de la negociación, para lo cual los Abogados de familia podemos desempeñar un papel fundamental, ayudando a que temas tan importantes como son el acuerdo sobre la vivienda familiar, la pensión de alimentos, la guarda y custodia compartida o el régimen de visitas de los padres, la visita de los abuelos, etc. sean decididos de común acuerdo por las partes implicadas. Es también una manera de ayudar a “descargar” a los Jueces de todas estas cuestiones inherentes a la sentencia de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Lo que no decida la pareja entre sí, lo tendrá que decidir el Juez (artículo 103,2 del Código Civil), con las consecuentes desaveniencias entre las partes. Es verdad que los Abogados de familia podemos ayudar mucho a la protección del matrimonio y de la familia, porque intuimos cuándo un matrimonio se encuentra simplemente frente a una normal “crisis matrimonial“, haciéndole ver a quien acude a nuestro despacho en busca de asesoría jurídica, que la solución no es siempre el divorcio.

El artículo 96 del Código Civil español , expresa: “En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial.”

Esto quiere decir que primero se estará a lo que los cónyuges hubiesen decidido en el convenio regulador en los supuestos de divorcio o separación de mutuo acuerdo, el cual ellos han firmado antes de presentar la respectiva demanda y el Juez lo aprueba en la sentencia, si considera que quedan protegidos los intereses de las partes, especialmente de los hijos menores cuando los haya, previo informe del Ministerio Fiscal.

Si no hay convenio regulador y la pareja tiene hijos menores de edad, el Juez atribuirá el uso y disfrute de la vivienda y del ajuar familiar a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. El ajuar familiar son los enseres domésticos y todos aquellos objetos de uso ordinario de la casa (muebles, decoración, electrodomésticos). Cuando no existan hijos, se atribuirá la vivienda familiar al cónyuge más necesitado, aunque ésta sea propiedad privativa del otro.

Mientras existan hijos menores de edad, o mayores que no sean independientes económicamente, no se hará efectiva una petición de cambio en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar ya que ésta les estará atribuida legalmente a los hijos y al cónyuge que tenga, o hubiese tenido en el supuesto de que los hijos hubiesen alcanzado la mayoría de edad, la guarda y custodia de los hijos.

Pero sí es posible solicitar el cambio en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar cuando no existan hijos en el matrimonio o, si los hay, cuando ya han alcanzado la mayoría de edad y la independencia económica, siempre que pueda acreditarse, con posterioridad a la sentencia, una alteración sustancial y notable de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para atribuirla a uno de los cónyuges. No sólo puede pedirse un cambio de usuario de la vivienda familiar para el otro(a) ex-cónyuge, sino que también puede pedirse un uso compartido en forma alterna y temporal, o que no sea para ninguno de los dos para así poder alquilarla o venderla.

De gran trasecendencia resulta ser la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería, el 19 de marzo de 2007, porque abrió otra posibilidad para acreditar una alteración sustancial y notable de las circunstancias para solicitar la extinción de la atribución, uso y disfrute de la vivienda familiar: es la convivencia de uno de los progenitores con otra persona en la vivienda familiar que le ha sido atribuido a él (o ella) y a sus hijos menores para su uso y disfrute.

Con esto queda claro que las medidas provisionales tomadas en los procesos de nulidad matrimonial, separación o divorcio, hayan sido decididas por mutuo acuerdo de las partes en el convenio regulador, o en forma contenciosa por sentencia judicial, pueden ser modificadas solicitándolo previamente al Juez, conforme a lo establecido en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC): “Art. 775, 1: Modificación de las medidas definitivas: El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del Tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.” De igual modo, el artículo 90 del Código Civil, dice: “… Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo, o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias…” Lo mismo reafirma el artículo 91 del Código Civil cuando expresa taxativamente en su parte final: “… Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias”.

Actualmente, sigue siendo muy frecuente que los jueces atribuyan el uso y disfrute de la vivienda y ajuar familiar a las madres divorciadas o separadas, por lo que los padres separados o divorciados se ven en la difícil situación de tener que conseguir otra vivienda sin dejar de pagar la hipoteca, los gastos de la comunidad, el IBI y los seguros de la que fuera su vivienda familiar, además de tener que conseguir a veces otro coche, todo ello con la consecuente precariedad económica en la que quedan, a lo que se les suma la “lucha” por la custodia de sus hijos, el derecho de visita de los abuelos paternos, etc.

Por esto mismo, la posibilidad de vender el que fuera domicilio conyugal, podría ser beneficioso para todos, en determinadas circunstancias y estudiando caso por caso. El padre o la madre, podrían adquirir el otro 50% de la vivienda familiar a un mejor precio y esta venta estaría exenta del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El padre o la madre que se ha quedado con el dinero de esa venta, podría adquirir otra vivienda y hacer frente a los gastos de sus hijos. Los hijos se beneficiarían porque ninguno de sus progenitores, una vez vendida la casa, se pelearían  por su custodia para obtener el uso de la vivienda y ajuar familiar, sino que se llegaría a convenir la guarda y custodia compartida, con la venaja de que las decisiones sobre los asuntos de sus hijos como colegios, médicos, educación religiosa, viajes, etc. se asumirían conjuntamente.

Así se haría efectivo el anhelado principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o social” y en el artículo 9.2 de la misma Constitución Española que establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Lo mismo se dice en Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, especialmente en sus artículos 1 a 4.

Obviamente, no siempre es posible la guarda y custodia compartida, porque ésta depende también de las condiciones personales y psíquicas, tanto del padre como de la madre, que los hagan capaces de ejercerla en beneficio de los hijos. Es claro también que actualmente, con la grave crisis económica e inmobiliaria que estamos padeciendo en España, es muy difícil vender la vivienda familiar, por lo que ahora se está llegando a pactar en los convenios reguladores cosas tan “curiosas” como seguir viviendo bajo el mismo techo una vez divorciados, mientras se logra vender el piso o la casa.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El bien de los cónyuges es jurídicamente posible

jueves, 2 abril 2009

“No existe derecho sin objeto, el cual, en el matrimonio, se refiere a la persona de los cónyuges”. Esto significa que la verdadera dimensión jurídica del consentimiento matrimonial no consiste en el intercambio de unas prestaciones recíprocas entre los cónyuges, ni en la exigencia de cumplir unos indefinidos e indefinibles derechos y obligaciones matrimoniales, porque es evidente que cuando los contrayentes se casan no se están intercambiando unos  “roles por cumplir”, sino que se están entregando ellos mismos como esposos, como personas que tienen la capacidad de donarse por amor.

La naturaleza jurídica del pacto conyugal radica -precisamente- en la fórmula del consentimento matrimonial que se declaran  los contrayentes en la ceremonia nupcial: “Yo, ……….. me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y, así, amarte y respetarte todos los días de mi vida”.  Estas palabras tan conmovedoras se repiten continuamente en todos los lugares del mundo porque es posible que los contrayentes se entreguen mutua, sincera y recíprocamente para formar un matrimonio y una familia.

Es por esto que podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el objeto del consentimiento matrimonial es el bien de los cónyuges (el bonum coniugum) y el bien de la familia (el bonum familiae). Esta es la explicación adecuada que el derecho debe hacer del matrimonio para abordar directamente y hasta el fondo la realidad vital del mismo. Aquí encontramos la diferencia entre la concepción “contractualista” y la visión “personalista” del matrimonio, pues en el concepto del matrimonio como “contrato“, los cónyuges al casarse, lo que se intercambiarían sería un “conjunto de derechos y obligaciones”, los cuales una vez ya no se cumplan o no se quieran cumplir, puede rescindirse. Mientras que en la visión personalista del matrimonio como “alianza“, al casarse los contrayentes, los que se entregan son ellos mismos y su futuro posible y de esta manera se explica por qué el matrimonio tiene una vocación de permanencia y una relación de igualdad entre los cónyuges. Son dos visiones jurídicas (la contractualista y la personalista) radicalmente opuestas de concebir el matrimonio y el objeto del consentimiento matrimonial.

¿Qué es lo que hacen un hombre y una mujer cuando realmente se casan? ¿Constituir un “contrato matrimonial” donde los cónyuges se comprometen a unas indeterminadas e indeterminables obligaciones y deberes matrimoniales? ¿O a realizar unas acciones y prestaciones de dar, hacer o no hacer algo? Evidentemente no. En todo caso, el cumplimiento de esos deberes y obligaciones matrimoniales están implícitos en la búsqueda sincera, mutua y recíproca del “bien de los cónyuges”, pero no son el objeto del consentimiento matrimonial,  ya que la voluntad de los esposos no tiene como objeto propio y directo ningún aspecto concreto de la vida conyugal. Lo amado conyugalmente es la persona del otro, porque el verdadero amor conyugal es personal.

La lógica jurídica de la donación matrimonial sostiene que una persona pueda entregarse a otra por amor.  Esto es digno, justo, posible y humano. Efectivamente existen fracasos matrimoniales, divorcios y  nulidades matrimoniales, pero esto no nos puede  crear una mentalidad pesimista del amor y del matrimonio.

Cuando  se casan los novios,  lo que se comprometen es a buscar el bien personal y el de su cónyuge. Es un bien no medido en términos utilitaristas porque no se trata de “utilizar al otro en beneficio propio” sino se trata de amarlo y respetarlo. Es por esto que el amor conyugal sí tiene un objeto: la donación de sí mismo, que en derecho matrimonial tiene un significado jurídico que es la alianza matrimonial. Donación personal que no puede ser entendida como esclavitud, dominio del otro, negación de la propia autonomía ni de la propia personalidad porque esto no sería digno de la persona humana. Esto sería utilitarismo y degradación.

La lógica de la donación (esto es, del amor) es irreconciliable con una lógica utilitarista. A las personas se les ama, no se les usa o utiliza. En el don de sí mismo, la persona no se pierde sino que se encuentra plenamente, se realiza, se perfecciona, es feliz.  Un matrimonio que vive la lógica del don, del amor y no la lógica utilitarista del egoísmo, es un matrimonio feliz y perdurable  porque tiene como objeto el “bien de los cónyuges”, el cual no se puede medir ni cuantificar. La búsqueda y la realización del bonum coniugum es un acto de la voluntad que se renueva continuamente y se adapta a las cirunstancias del momento concreto; es por esto que el bien de los cónyuges es algo vital, flexible, renovable, dinámico, viene con la vida misma. No es algo rígido ni pre-determinado en una lista indefinida de “derechos y obligaciones”. El amor conyugal y la donación personal irán determinando lo que es correcto y adecuado para la búsqueda del bien de los cónyuges y el bien de la familia.

Para donarse uno a sí mismo por amor hay que ser muy libre, hay que auto-poseerse y ser dueño del propio ser personal; por esto, casarse es un gran acto de amor, de libertad, de autodominio y de responsabilidad. Los dos contrayentes se dan y se aceptan de manera mutua y permanente, cada uno de ellos es el bien del otro y así existe un único bien que es exactamente la realización de los dos. Esto contiene una profunda dimensión de justicia que repercute no sólo en el bien de los cónyuges, sino que también se extiende al bien de la familia y de la sociedad.

El amor supone la justicia y por lo tanto el derecho, lo que comporta que el matrimonio es un amor libremente comprometido. El hombre y la mujer pueden proyectar y proyectarse en el futuro y ser capaces de concebir juntos un proyecto conyugal, asumiendo lo previsible y lo imprevisible. Esta vocación de compromiso y de permanencia del matrimonio es una posibilidad del amor verdadero de los esposos, no es una obligación impuesta por una creencia religiosa o una cultura determinada. Cuántos matrimonios duraderos y felices vemos realizados en parejas pertenecientes a diversas religiones, culturas, razas, creencias, incluso en parejas “ateas” o agnósticas, lo que demuestra que la búsqueda sincera del bien de los cónyuges es realizable y que la “civilización del amor” es posible y alegre.

El matrimonio tiene una dimensión familiar (personal y biográfica) y es por esto que la relación entre  los cónyuges, lejos de ser una relación “funcional” de roles, es una relación plenamente familiar que los hace llamarse “consortes”, convirtiéndolos en los “primeros parientes”. Como anécdota simpática pongo a “colación” lo que es muy común entre los españoles cuando preguntan a alguien cómo está su esposa: “¿Y cómo está la parienta?”  Lo que reafirma una vez más la “sabiduría popular”.

Amar es vocación de todos, también de los esposos y de las familias. El amor conyugal, como todo amor es exigente y es verdadero cuando crea el “bien de los cónyuges” porque será una entrega sincera, cohesionada y permanente ya que ellos asumen también sus propias dimensiones temporales. De ahí esa preciosa frase que se dicen el día de la boda: “… y, así, amarte y respetarte todos los días de mi vida”. En esta historia interviene la naturaleza y la libertad que supone un proceso activo de construcción responsable por parte de los cónyuges. Supone un compromiso vinculante que se deriva de una elección amorosa. No es algo que se “impone” al varón y a la mujer, sino que éstos lo construyen. Y esto tiene sentido, no es algo absurdo. El matrimonio tiene un sentido y una finalidad acorde con la dignidad humana, por esto el matrimonio no es un absurdo, no es un simple hecho amoroso, sino que comporta un acto de amor que es el compromiso de asumir y entregar un futuro posible.

La realización del bien de los cónyuges, como objeto del consentimiento matrimonial, más que el “frio” cumplimiento de unos derechos y de unos deberes matrimoniales, exige el ejercicio de las virtudes humanas, lo cual resulta más atractivo, positivo y consecuente con la lógica de la donación personal. Quien se entrega por amor no “cumple” obligaciones sino que practica muchas virtudes humanas para lograr una buena convivencia matrimonial. “La virtud es el orden del amor”  y es posible para los esposos concebir un proyecto conyugal y familiar perdurable y, además, ser leales a ese compromiso a pesar de las muchas dificultades que puedan presentarse en el camino.

En el matrimonio y en la familia se da la solidaridad más espontánea y más responsable y se encuentra el sentido de pertenencia y de identificación más profundo y originario, donde se aprende que el amor no es algo abstracto e impersonal, sino una continua experiencia “del don de sí para el otro”. El amor ordenado exige honradez, fidelidad, lealtad, paciencia, respeto, comprensión, tolerancia, entre otras muchas más virtudes humanas.

Vemos como  sexualidad, naturaleza, libertad y cultura se funden armoniosamente en la entrega sincera de los esposos que, por ser el objeto del consentimiento matrimonial, exige naturalmente que sea una entrega duradera e irrevocable. El  nº 11 de la Carta a las Familias dice: “…la indisolubilidad del matrimonio deriva primariamente de la esencia de esa entrega: entrega de la persona a la persona. En este entregarse recíproco se manifiesta el carácter esponsal del amor…”

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El matrimonio no consumado

lunes, 16 marzo 2009

El Código de Derecho Canónico habla de matrimonio sólo rato (es el matrimonio válido entre bautizados, pero que no ha sido consumado) y del matrimonio rato y consumado (cuando los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole y mediante el cual se hacen una sola carne). Si los cónyuges han “cohabitado” se presume la consumación del matrimonio, mientras no se pruebe lo contrario (canon 1061 ).

Un matrimonio rato y consumado es indisoluble, porque es un matrimonio válido y, además, los cónyuges se han hecho “una caro” mediante la realización del acto sexual plenamente humano y, por esto mismo, no puede ser disuelto por ningún poder humano (canon 1141),  ni siquiera por el Papa,  ya que sólo se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges.

En la definición del matrimonio, entra necesariamente el concepto de sexualidad y el concepto de validez del consentimiento matrimonial, ya que naturaleza (amor conyugal) y libertad (consentimiento matrimonial) se entrelazan admirablemente en la dinámica natural del matrimonio, porque los cónyuges no sólo deciden libremente casarse, sino también entregarse sexualmente mediante la cópula conyugal. El amor conyugal  complementa a los esposos (como varón y como mujer) mediante la realización de su sexualidad a modo humano. De esta dinámica natural del matrimonio, nacen sus propiedades esenciales que son la unidad y la indisolubilidad, las cuales, en el matrimonio cristiano, alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento (canon 1056).

La unidad no sólo hace referencia a la fidelidad o exclusividad que deben guardarse mutuamente los esposos, sino también a que sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, excluyendo de esta manera la poligamia,  la poliandria y el matrimonio entre personas del mismo sexo. La sacramentalidad originaria del matrimonio católico está estrechamente ligada a la sexualidad, que no es simplemente una cualidad biológica del ser humano, sino que afecta a toda su persona. La antropología personalista destaca el significado esponsal del cuerpo humano y el valor sacro de los gestos sexuales cuando son un signo de la entrega de la persona.

La trascendencia del acto conyugal explica por qué es tan importante para la Iglesia la consumación del matrimonio, pues ningún acto, mejor que el conyugal, tiene la fuerza de expresar la entrega sincera de los cónyuges. El matrimonio es una “íntima comunidad de vida y amor” enraizado en la donación y entrega personal de los cónyuges. La indisolubilidad del matrimonio deriva de la esencia de esa entrega sincera de los cónyuges, de ese carácter del amor esponsal que es la “unidad de una sola carne”. La indisolubilidad se asienta en la lógica jurídica de la donación personal, en la dimensión jurídica del ejercicio de la sexualidad humana que origina el vínculo jurídico matrimonial. Por esto mismo, si el matrimonio no ha sido consumado, puede ser disuelto por la Santa Sede, mediante una dispensa.

Es muy diferente hablar de la  nulidad matrimonial canónica de un matrimonio inválido (que se declara por Sentencia de los Tribunales Eclesiásticos mediante un previo proceso judicial de nulidad) a hablar de la disolución del matrimonio rato (o sea válido pero no consumado), la cual se declara por Dispensa de la Santa Sede, previo proceso de tipo administrativo. Entre los “supuestos de disolución canónica” está el del matrimonio rato y no consumado, conocido como el “Privilegio Paulino” y contemplado en el canon 1142 del Código de Derecho Canónico: “El matrimonio no consumado entre bautizados, o entre parte bautizada y parte no bautizada, puede ser disuelto con causa justa por el Romano Pontífice, a petición de ambas partes o de una de ellas, aunque la otra se oponga”.

También existe el “Privliegio Petrino” (cánones 1148 a 1150) contemplado  para el caso de un(a) no bautizado(a) que luego se bautiza, pero previamente vive en poligamia o en poliandría y debe elegir quedarse con sólo uno(a) de entre ellos(as), según el caso. Tanto el privilegio petrino como el privilegio paulino, son los llamados “Privilegios de la Fe” que gozan del favor del derecho.

Las doctrinas del libre consentimiento como causa eficiente del matrimonio y de la consumación como causa perfectiva del mismo, tienen una larga historia de muchos siglos, y no es mi objetivo desarrollarlas en este breve artículo, aunque sí quiero destacar que el siglo XII es determinante en la consolidación de estas teorías matrimoniales del consentimiento y de la cópula, en las que Graciano y Lombardo tuvieron un papel determinante.

Graciano considera que el matrimonio se inicia con el consentimiento, ya sea de presente o de futuro, y se perfecciona con la cópula. Distingue dos momentos en el matrimonio: la desponsatio o prestación del consentimiento y la commixtio sexus o consumación. Sólo cuando se ha consumado existe verdadero matrimonio, con lo cual, el consentimiento de presente o de futuro, si no es seguido de la consumación, no es un matrimonio perfecto, y por tanto, puede ser disuelto. Pero una vez consumado, se constituye el verdadero matrimonio y es absolutamente indisoluble.

Pedro Lombardo se opone a la teoría de Graciano sobre la cópula. Afirmará que la causa eficiente del matrimonio es el consentimiento de presente, excluyendo cualquier eficacia  al consentimiento de futuro. Aunque descarta el carácter perfectivo de la cópula,  reconoce que tan sólo el matrimonio consumado es absolutamente indisoluble.

Voy a describir brevemente cómo es el proceso para la dispensa del matrimonio rato y no consumado, el cual está contemplado en los cánones 1697 a 1706  del Código de Derecho Canónico, dispensa  que sólo tienen derecho a pedir los cónyuges, o uno de ellos aunque el otro se oponga; la dispensa sólo es concedida por el Romano Pontífice y únicamente la Sede Apostólica juzga sobre el hecho de la inconsumación del matrimonio y sobre la existencia de la justa causa para darla. Los requisitos exigidos para que sea posible este tipo de disolución matrimonial son cuatro: 1º. Que se trate de un matrimonio válido. 2º. Que los cónyuges estén bautizados o, al menos, uno de ellos. 3º. Que el matrimonio no esté consumado. 4º. Que exista justa causa.

El proceso para la disolución del matrimonio rato y no consumado es administrativo, aunque en algunas ocasiones  sea el propio Tribunal el que realiza la instrucción, pero en estos casos el Juez actúa como delegado del Obispo. El proceso no finaliza con una sentencia sino con una dispensa. Los cónyuges (o el cónyuge) que la solicitan, se les llama oradores o peticionaros y no actores porque no tienen una acción judicial, como sí ocurre en los procesos judiciales. Además, no hay intervención de abogado sino que  las partes pueden solicitar un asesor jurídico a quien se le  autoriza examinar las actas y a presentar alegatos. En estos procesos debe intervenir siempre el defensor del vínculo

La instrucción del proceso administrativo es competencia del Obispo diocesano del domicilio o cuasidomicilio del orador o peticionario (es decir, del cónyuge que la solicita), el cual, si consta que la petición tiene fundamento, debe ordenar la instrucción del proceso. En la instrucción deben ser oídos ambos cónyuges. Las actas no se publican, pero si el juez considera que por las pruebas presentadas puede surgir un obstáculo grave para la petición del orador o para la excepción de la parte demandada, se lo hará saber prudentemente a la parte interesada.

Una vez terminado todo lo que se refiere a la presentación de las pruebas, se llega a la conclusión de la causa que tendrá lugar cuando las partes no tienen nada más que decir o ha transcurrido el plazo establecido por el instructor. En los autos, que con posterioridad serán enviados a la Sede Apostólica, el instructor no se pronuncia sobre la causa, sino que realiza una síntesis que servirá al Obispo para elaborar el voto fundamentado sobre el hecho de la inconsumación, sobre la causa justa para la dispensa y sobre la oportunidad de concederla. Será el Obispo, independientemente del Tribunal Eclesiástico en el que se ha practicado la instrucción, el que envíe las actas, su voto y las observaciones del defensor del vínculo a la Sede Apostólica. Las actas se enviarán por triplicado, numeradas, ordenadas y encuadernadas y deberán ser íntegras, fieles y auténticas, estando cada una de las copias autenticadas por el notario.

La Sede Apostólica, concretamente la Sagrada Congregación para el Culto Divino y para los Sacramentos, tiene la decisión sobre la concesión o no de la dispensa. Si aconseja al Sumo Pontífice que no conceda la dispensa,  se comunicará esta denegación al Obispo correspondiente, sin que sean argumentados los motivos que han conducido a la misma. A su vez, se solicita al Obispo que comunique a las partes la desestimación de la dispensa por falta de motivación o de justa causa. Si, por el contrario, la decisión es afirmativa, el Cardenal Prefecto presenta el Folium pro Audientia Pontificia al Romano Pontífice y comunica su conformidad con la recomendación de la Sagrada Congregación. La dispensa tiene validez desde el mismo momento en el que es concedida por el Papa. Luego, se enviará el rescripto al Obispo competente.

Cuando la dispensa se ha concedido, puede serlo con dos modalidades: 1. Absoluta: En este caso no existirá restricción alguna a la concesión de la dispensa. Una vez que haya sido recibida por el Obispo, deberá comunicarla a las partes, al párroco de la parroquia donde se bautizaron y al de la parroquia donde contrajeron matrimonio. 2. Con cláusula prohibitoria: Aquí se prohíbe a uno o a ambos cónyuges contraer nuevas nupcias hasta que no desaparezca el motivo que ha dado lugar a la inconsumación del matrimonio, de forma que se asegure la licitud del vínculo posterior .

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Los vicios del consentimiento matrimonial

domingo, 1 marzo 2009

El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad de los contrayentes que deciden casarse y fundar una familia. Para que sea válido el consentimiento matrimonial, éste debe reunir unos ciertos requisitos y condiciones generales y especiales, tales como que los contrayentes tengan plena capacidad, lo hagan libremente, no lo tengan prohibido por la ley, conozcan y asuman mutuamente las obligaciones y deberes matrimoniales y así lo declaren externamente y sin falsedades ante la autoridad civil o religiosa competente. Si no es así, el consentimiento matrimonial es inválido y, por lo tanto, el matrimonio es nulo porque sin consentimiento matrimonial no puede haber matrimonio.

Tanto el derecho canónico (cánones 1057, 1095 a 1104), como el derecho civil español (artículos 45, 73), dan plena relevancia a la validez del consentimiento matrimonial como causa del matrimonio. Pero el código de derecho de la Iglesia detalla con más precisión y extensión  las causales de nulidad del matrimonio canónico  y, además, sólo permite el matrimonio entre el varón y la mujer que se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable porque las propiedades esenciales del matrimonio católico son la unidad y la indisolubilidad, esto es, que ella y él han de ser fieles el uno al otro y su matrimonio durará mientras vivan. Mientras que en el derecho civil español se admite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y no es indisoluble, puesto que se admite el divorcio rápido o “express” y sin alegar causales. Son dos legislaciones que “miran” el matrimonio de diversa manera.

 Los vicios del consentimiento matrimonial, pueden surgir de diferentes circunstancias:

1. Por falta de capacidad: Es incapaz de contraer matrimonio quien carece del suficiente uso de razón; quien tiene un  grave defecto de discreción de juicio sobre los derechos y obligaciones esenciales del matrimonio que mutuamente se han de entregar y aceptar  y quien  no puede asumir las obligaciones esenciales del matrimonio debido a una  incapacidad por causas de naturaleza psíquica. Son los tres supuestos contemplados en el canon 1095 del Código de Derecho Canónico.

2. Por falta de entendimiento: Porque se ignora que el matrimonio es un consorcio permanente entre varón y mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual (canon 1096,1). O por un error de identidad de la persona con quien se casa, es decir que se casa con otra persona (canon 1097, 1); por un error acerca de una cualidad  que se pretenda directa y principalmente de esa persona con quien se casa (canon 1097, 2); el error de identidad o de cualidad de la persona lo contempla también el artículo 73,4 del Código Civil español.

3. Por dolo, engaño o fraude, es decir, por cualquier astucia, artimaña, maquinación, mentira o estrategia utilizada contra el otro contrayente para obtener su consentimiento matrimonial. Ese dolo o engaño es acerca de una cualidad del que engaña y que, por su naturaleza, su ausencia puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal (canon 1098). Por ejemplo, uno de los contrayentes sabiendo que es estéril, se lo oculta al otro porque sabe que lo que más desea el otro es tener hijos. O le oculta una enfermedad grave y contagiosa. O le engaña diciendo que tiene una profesión, oficio o “status” que en realidad no tiene, etc. Hay autores que identifican el dolo con el error acerca de una cualidad de la persona, pero otros lo diferencian porque sostienen que en este caso ese error ha sido inducido mediante engaño.

El canon 1098 del Código de Derecho Canónico dice: “Quien contrae el matrimonio engañado por dolo provocado para obtener su consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, contrae inválidamente”. El dolo o intencion de engañar debe estar presente en el momento de contraer matrimonio, no antes ni después; puede ser provocado por acción o por omisión, con el fin de conseguir el consentimiento matrimonial del engañado. La cualidad personal debe ser objetiva y no subjetiva, es decir, que no se trata de cualidades subjetivas como que si es una persona simpática, amable, inteligente, o no lo sea, o que sean compatibles sus caracteres, sino que debe ser una cualidad objetiva que incida en la esencia misma del matrimonio, como es el caso de ocultar la esterilidad. Hay que aclarar que la esterilidad no es causa de nulidad matrimonial: si un miembro de la pareja es estéril o ambos son estériles, ese matrimonio no es nulo, a menos que uno de ellos sabiéndolo, se lo ocultó al otro contrayente porque de haberlo sabido no se hubieran casado.

4. Por la simulación, es decir, por la discordancia del contrayente entre la intención interna de su voluntad y las palabras o signos expresados externamente. Es un “sí, pero no”,  se da un “sí quiero” externo con palabras, pero existe un “no quiero” interno con la voluntad. No se puede asumir una obligación y al mismo tiempo no querer cumplirla (canon 1101). Se excluyen, con un acto positivo de la voluntad, las propiedades esenciales del matrimonio.

5. Por ponerse una condición futura e incierta. Se suele expresar con un “sí, con tal de que” o  “sí, con la condición de que”, ya que con la condición se pierde el objeto del matrimonio que es un consentimiento incondicional y absoluto (canon 1102). También se contempla indirectamente la condición en el Código Civil español en su artículo 45, pero se tendrá por no puesta.

6. Por la fuerza, violencia o miedo grave, ya que anulan la libertad del contrayente. Consentir a la fuerza o por miedo no es consentir. El canon 1103  invalida el consentimiento matrimonial producido por violencia o miedo, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) Que el mal que se teme en caso de no celebrarse el matrimonio sea grave. b) Que el miedo sea producido por una causa externa, es decir, no sea solamente fruto de la imaginación o de la sensibilidad o nerviosismo de quien se casa, sino que puedan determinarse las amenazas o coacciones de otro(s) para obtener el consentimiento matrimonial. c) Que quien sufre el miedo no tenga otro medio para huir del mal con que se le amenaza, que casarse. Un ejemplo de casarse a la fuerza o por coacción puede ser cuando dos jóvenes se casan porque ella ha quedado embarazada y sus padres los obligan; o cuando ellos se casan por el embarazo, que de no haber existido, ellos nunca se hubieran casado entre sí.

También podría pensarse como violencia, en el rapto o secuestro de una mujer para obligarla a casarse con su raptor, pero el derecho canónico lo ha catalagodo entre los impedimentos matrimoniales; la diferencia es que en los impedimentos matrimoniales sí existe un consentimiento matrimonial, pero es un consentimiento prohibido o impedido por la ley, ya sea canónica (cánones 1083 a 1094 del Código de Derecho Canónico) o civil (artículos 46 y 47 del Código Civil español).

7. Por el temor reverencial hacia las personas a quienes se les debe reverencia y obediencia, por tener alguna autoridad o dominio y de las cuales se depende realmente (padres, tutores, superiores, maestros, etc.). Es un temor a causarles disgusto, enojo, contrariedad o indignación por no someterse a su voluntad o imposición de casarse con determinada persona;  también puede darse cuando se teme soportar una vida gravemente molesta o infeliz, a consecuencia o por causa de la indignación, disgusto o enojo de quien tiene autoridad. El contrayente que contrae con temor reverencial  cree que va a sufrir si no se casa y, para evitarlo, se siente obligado(a) a someterse a la voluntad de quienes quieren ese matrimonio. Se requiere que haya una relación real de sujeción y dependencia; que exista un temor fundado a la indignación y al enojo de esa(s) personas(s); que sea un temor  grave y antecedente, es decir, es causa de su decisión de casarse porque de no hacerlo no podría evitar los males que teme la víctima del temor reverencial (canon 1103). 

El entendimiento (entender lo que se hace) y la voluntad (querer hacerlo) son cualidades humanas que deben estar presentes en todos los compromisos de las personas, para que sus decisiones sean libres y, por eso mismo, responsables. Casarse es el acto humano que requiere el mayor grado de libertad personal, porque es entregarse por amor a otra persona. Por eso, los que “se casan” son los contrayentes;  no “los casa” el sacerdote o el juez o la autoridad: éstos asisten, en todo caso, como testigos especiales. 

Casare es asumir mutuamente un futuro impredecible al lado de esa persona elegida que también lo asume. Esta entrega mutua y recíproca de dos personas tiene tal “halo” que , tal vez , sea ésto lo que explique por qué a lo largo de la historia de las distintas  civilizaciones, religiones y culturas se le dé plena relevancia al matrimonio y se “celebre” siempre en una atmósfera de especial solemnidad y ritualidad.

La fórmula del consentimiento matrimonial que se declaran  los contrayentes en la ceremonia nupcial: “Yo, ……….. me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida” contiene tal compromiso, libertad y responsabilidad que requiere que no esté viciado por ninguna de las causales anteriormente citadas.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Páginas: Ant. 1 2 3 ... 19 20 21 22 23 ... 27 28 29 Sig.