Entradas de la categoría ‘Matrimonio’

La herencia como motivo de discusión familiar

miércoles, 18 febrero 2009

Cuando una persona fallece se desencadena un proceso de sucesión que inicia desde el momento mismo de la muerte y termina con la aceptación de la herencia. Si el fallecido ha dejado testamento, se respetará su voluntad, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos y formalidades legales; ésta es la llamada sucesión testamentaria. Si el difunto no ha dejado testamento, se seguirá lo dispuesto en la ley civil o foral; ésta es la llamada sucesión ab intestato o sin testamento.

El testamento es un acto personalísimo, propio e indelegable. Debe distinguirse entre las disposiciones del difunto a título de herencia y a título de legado y entre testamentos comunes y especiales. Hay Comunidades Autónomas que tienen el llamado Derecho Foral, que regula de una manera especial estos temas: por ejemplo, permiten que el testamento se haga mancomunadamente o establecen un orden especial de sucesión. Como caso concreto se podría citar el Derecho Foral Aragonés, el cual tiene una legislación específica con respecto a las sucesiones por causa de muerte (Ley 1/1999 de 24 de febrero).

Existen varias clases de testamentos: 1. Testamentos comunes: testamento ológrafo, testamento abierto y testamento cerrado. 2. Testamentos especiales: testamento militar, testamento marítimo y el realizado en país extranjero.

En un proceso de sucesión testada (con testamento dejado por el difunto) o de sucesión intestada (cuando el difunto no dejó testamento) existen unos herederos legítimos a quienes no se les puede desconocer su derecho a heredar ni la porción de la herencia que les corresponde por los respectivos grados de parentesco. Son los llamados herederos forzosos, a quienes les corresponde la legítima: los hijos, el cónyuge, los padres, etc.

El testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o de legado. El legado se separa de la herencia y no es objeto de reparto entre los herederos. Se llama legatario al que recibe un legado, es decir, al que recibe del difunto un bien específico o genérico. El legado no puede perjudicar la legítima (lo que le corresponde a los herederos forzosos). El heredero puede aceptar simplemente la herencia o aceptarla con beneficio de inventario o rechazarla. El legatario también puede aceptar o rechazar el legado. No todas las herencias llevan consigo un aumento del patrimonio personal del heredero sino, por el contrario, su disminución cuando lo que se hereda son deudas. Por esto, mediante la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, el heredero puede escoger aceptar la herencia  a condición de que el activo sea superior al pasivo, de forma que no se hará cargo de las deudas de la herencia, más que hasta donde cubran los bienes de la misma.

Entonces, tenemos que el heredero puede adoptar con respecto a su derecho a la herencia diferentes actitudes: 1.- Ejercerlo expresamente: a) aceptando la herencia o b) repudiándola. 2.- No ejercerlo (transmitiendo así a sus herederos el ejercicio de aceptarla o repudiarla).

El Código Civil español no establece un plazo determinado para que, quien es llamado a la sucesión hereditaria de un fallecido, manifieste su voluntad de aceptar o repudiar. La doctrina se encuentra dividida en el derecho español, sobre este asunto. El Tribunal Supremo, en sentencia de 15 noviembre 1985, estableció que la aceptación o renuncia hereditarias “no está sujeta a otro plazo que no sea el de prescripción del derecho a reclamar la herencia o derecho de petición” y ese derecho, en pronunciamientos del Alto Tribunal, es de treinta (30) años.

Las herencias no siempre tienen que suscitar problemas o divisiones familiares, si los parientes están bien avenidos y tienen entre sí lazos fuertes de unión. Pero desafortunadamente, muchas veces las herencias provocan situaciones desagradables y hace que se descubran entre los parientes otro “tipo de intereses”. Los problemas más frecuentes tienen que ver con el pago de impuestos, el reparto de bienes y la designación de herederos. El cobro de una herencia puede conllevar trifulcas familiares que obliga a que se tenga quepasar por los Juzgados. De hecho, los Juzgados civiles suelen tener un alto volúmen de procesos hereditarios.

Lo más recomendable es dejar un testamento claro y con un reparto justo, equitativo, pormenorizado y legal de los bienes y de los herederos. Pero no siempre el testamento es garantía de que todo va a salir bien. El primer problema con el que se encuentran los herederos es tener que hacer frente al pago del impuesto de sucesiones. Las leyes de sucesión dicen que los descendientes tienen derecho a la mitad de los bienes del difunto. Pero el derecho foral de algunas Comunidades Autónomas permite al fallecido dejar la herencia al cónyuge que sobrevive  y que sea éste quien gestione el reparto de los bienes.  Y la controversia llega cuando los hijos deben pagar por una herencia que aún no han cobrado.

Otro problema que puede surgir en torno a las herencias es el de las parejas que compran piso entre los dos y no están casadas ni son parejas de hecho registradas, pues se pueden llevar sorpresas ya que sin testamento, si uno de ellos muere, los derechos sobre la vivienda recaen en los padres del fallecido. La ley debería fijar los derechos sucesorios para estas parejas.

Las rupturas sentimentales también generan situaciones inesperadas cuando se desconoce que  la ex-pareja pierde sus derechos como heredera en el momento en que se dicta la sentencia de divorcio.

La falta de costumbre y el tabú que existe respecto a redactar un testamento genera múltiples problemas económicos a las personas y deja al “descubierto” que, cuando de dinero y propiedades se trata, “el amor se acaba”. La promesa verbal de que “esta casa es para ti cuando yo no esté”, cuando se fallece sin haberse dispuesto  mediante testamento esta voluntad,  aparecen parientes por todas partes dispuestos a pelear por “lo suyo”. Hay que disponer en vida de los bienes, no importa si se es jóven o no.

El hecho es que hacer el testamento ante un Notario no sale costoso y los especialistas en derecho de familia recomendamos  que se haga testamento en cuanto se tenga en propiedad un piso, tierras, bienes, etc. Así podrían evitarse problemas, ya que si no hay testamento es la ley la que determina quién debe cobrar la herencia.  Para hacer un testamento se deben tener más de catorce (14) años de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales. Y se puede cambiar todas las veces que se quiera, mientras el testador viva.

Sin embargo, aunque haya testamento, la herencia de una vivienda o de unas tierras puede convertirse algunas veces en una fuente de conflictos familiares: peleas entre hermanos, suspicacias, envidias, rencores.  Existen varias soluciones para evitarlos y, sobre todo, para no terminar con la subasta de la casa o de la finca. Para poder disponer de los bienes heredados, lo primero es pagar el impuesto de sucesiones antes de seis meses desde la lectura del testamento. Su importe variará según la Comunidad Autónoma y el grado de parentesco que se tenía con el fallecido.

Como ya se ha dicho, el derecho foral sobre sucesiones de algunas Comunidades Autónomas determina la prioridad del cónyuge supérstite, quien podrá seguir disfrutando de la vivienda en usufructo, mientras viva. Los herederos serán entonces nudo propietarios, es decir, tienen derecho a la propiedad, pero no pueden disponer de ella durante ese tiempo. Y si alguno de ellos reclama su parte, el viudo(a) estará obligado(a) a pagarle, incluso si para ello tiene que vender la casa. Si no hay cónyuge supérstite, los herederos deberán acordar qué hacer con la vivienda. Lo normal es que la transmisión se haga en régimen proindiviso, es decir, que la propiedad de la casa o del piso es indivisible y queda compartida entre varias personas.

El problema es cuando la convivencia entre los propietarios no funciona bien, entonces lo mejor es que lleguen a un acuerdo entre los mismos para que uno de ellos se quede con el porcentaje del resto, o bien, para vender toda la propiedad a un tercero. Otra posibilidad es que cada propietario venda a quien él quiera la parte que le corresponde, ya que todos son libres para hacerlo. Aunque será muy difícil encontrar a un comprador dispuesto a compartir casa con otros (para esto, existen empresas especializadas en la compra de inmuebles “por partes”). La peor alternativa, si no hay acuerdo entre los herederos o propietarios proindiviso, es el cese del régimen proindiviso a través de un proceso judicial que se resolverá con la subasta pública de la casa, lo que conlleva muchísimos gastos y que el precio que se obtiene por el inmueble en la subasta será bastante inferior al del mercado libre.

La ley detemina varias acciones que pueden ejercitarse en caso de disconformidad con la herencia y su reparto. Entre éstas tenemos, por ejemplo, la acción de petición de herencia, la acción de impugnación de la herencia, la acción de impugnación del inventario de la herencia, la acción de impugnación de desheredación, la acción de partición parcial de la herencia y su impugnación por lesión. La acción de impugnación por lesión se dirige a la rescisión de la partición hereditaria porque esta lesión es superior “al cuarto”, teniendo en cuenta que la valoración que determina la lesión se hace atendiendo al valor de esos bienes cuando fueron adjudicados.

Sólo la lesión superior “al cuarto” provoca la ineficacia de la partición. Como ya se dijo, lo que se debe tener en cuenta es el valor de los bienes al tiempo de la partición y no del valor que tenían los mismos al tiempo de haberse confeccionado el testamento, ni su valor al tiempo de fallecer el causante y abrirse la sucesión, ni tampoco su valor en el momento de la impugnación. La alteración del valor de los bienes hereditarios (bien sea por su aumento o por su disminución) ya no influirá sobre la partición realizada. Es decir, hay que atenerse al valor de los bienes al tiempo de la adjudicación, pues ésta constituye el requisito de la rescisión, ya que mientras no exista adjudicación no cabe calcular la lesión.

Planificar la herencia ayuda a disminuir futuros conflictos. La muerte de un ser querido, que podría convertirse en un momento de unidad y apoyo entre los miembros de la familia, marca muchas veces el inicio de un calvario de enfrentamientos, acusaciones y rabias, por conflictos relacionados con la sucesión del patrimonio. No es fácil evitar estos problemas y, menos aún, si la herencia toca a varias personas, puesto que basta con que una de ellas tome una actitud hostil para que empiece la “tormenta”. Así, hermanos que parecían muy unidos pasan a acusarse mutuamente y hasta dejan de hablarse de por vida. (Puede leer en este mismo blog un interesante artículo sobre la solución de los conflictos familiares).

Dependiendo de las familias, sería incluso conveniente la conversación de las expectativas que cada familiar tiene “internamente” sobre la herencia, sin entrar mucho en detalles. Pero el mejor consejo que se le puede dar al testador que va a  dejar la herencia, es que tenga la “sabiduría” de disfrutar  en vida plenamente de sus bienes, más de lo que lo harán sus herederos cuando ya esté difunto. Que no se restrinja tanto en sus gastos, porque seguramente sus herederos gastarán sin medida eso que tanto ahorró y de lo que tanto se privó para dejar a otros.

Como anécdota, recuerdo lo que rezaba el gran cartel publicitario de una aerolínea cercano a la entrada de un cementerio: “Si usted no vuela en primera clase, sus herederos seguramente sí lo harán”.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho.

 NOTA: Si desea conocer todos los artículos del Código Civil español referentes al derecho de sucesiones, herencias y legados, puede acceder a su lectura en la primera parte (arts. 657 a 805) y también en la segunda parte (artículos 806 a 1087). También puede leer en este mismo blog sobre “La división judicial de la Herencia”.

El Derecho Foral Aragonés de sucesiones por causa de muerte se tipifica en su propio código civil, llamado Código Civil de Aragón, concretamente en el Libro III, artículos 316 a 536.

Solución a los conflictos familiares: ¿por vía judicial o por mediación familiar?

jueves, 12 febrero 2009

Los “Medios Alternativos de Solución de Conflictos” (como la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje) se hacen cada vez más habituales y necesarios y generan un cambio positivo en el pensamiento de los ciudadanos y de los operadores de la  justicia, porque ayudan a crear  una “cultura a favor del no litigio” y de la “solución consensuada” de los conflictos. El conflicto aparece como la manifestación de un problema que necesita una solución conducente a buscar alternativas que resuelvan y atiendan las necesidades de todos los implicados, con el fin de adoptar un acuerdo satisfactorio, duradero y estable para todos.

Los conflictos familiares son conflictos interpersonales que afectan a todos los individuos de la propia familia, ya que sus miembros tienen en común una historia compartida. La mediación familiar es una muy deseable forma de resolución de conflictos y su implantación en España ha sido muy positiva y creciente en el ámbito de las relaciones familiares y de las crisis matrimoniales y de pareja, extendiéndose a otros contextos como las herencias y sucesiones, la obligación de alimentos, la adopción, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas de los abuelos, la pensión compensatoria, las separaciones de bienes o de cuerpos, la atribución de la vivienda familiar, etc.

En la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se señala en su exposición de motivos que “… las partes pueden pedir en cualquier momento al Juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas objeto de litigio. La intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados, o uno de los cónyuges y las partes no hayan atendido a sus requerimientos de modificación. Sólo en estos casos deberá dictarse una resolución en la que se impongan las medidas que sean precisas…”

La mediación familiar está demostrando en todo el mundo muchas ventajas como la descongestión de los Tribunales y Juzgados, la celeridad y economía de tiempo y de dinero, el incremento de la participación de los actores del conflicto y la capacidad que tienen todos ellos de asumir su propia responsabilidad personal en la solución del problema. Esto no quiere decir que la mediación familiar sustituya a los Tribunales de Justicia, pero sí que puede “descargarlos” de algunos asuntos que pueden resolverse extrajudicialmente.

En la misma exposición de motivos de la ya citada Ley 15/2005, de 8 de julio, se hace una referencia a las ventajas que conlleva la mediación familiar: “… Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el diálogo y, en especial, garantizar la protección del interés superior del menor, se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y neutral…”

En demasiadas ocasiones, vemos a las partes más preocupadas en negociar en términos de ganar o perder. Cuando las partes solicitan el servicio de mediación, se sorprenden de que el mediador les explique que se trata de buscar la solución que sea mejor para todos los implicados y que lo importante es que todos ganen. Resulta difícil pensar que no existe un ganador y un perdedor cuando estamos ante un proceso de mediación familiar, que todos pueden escuchar y comprender lo que dice el otro y pasar de un “esquema” vencedor y vencido, fuerte y débil, ganador y perdedor, a un plano de igualdad de condiciones para hablar, para ser escuchado y para ser valorado en sus pretensiones.

Las partes constituyen el elemento subjetivo del proceso de mediación y pueden serlo los cónyuges, las parejas de hecho, los padres-hijos, los hermanos, los abuelos, etc. La mediación familiar se deriva de la autonomía de la voluntad de las partes, la cual tiene aplicación dentro de la órbita familiar y actúa con unos límites que son la ley, la moral y el orden público. Es por esto que en temas como alimentos, herencias, emancipación, capitulaciones matrimoniales, algunos efectos personales del matrimonio como la elección del domicilio familiar, el convenio regulador en crisis matrimoniales o de pareja con hijos, el derecho de visitas con abuelos y otros parientes del hijo menor y ciertas cuestiones relativas a instituciones como la tutela y la adopción, los interesados pueden beneficiarse de este  medio de resolución de conflictos. Ocupará siempre un lugar central el interés del menor en el proceso de  mediación familiar.

Obviamente, al hablar de la autonomía de la voluntad de las partes, de su capacidad de buscar soluciones a un problema y de comprometerse a cumplirlas, es impescindible que los implicados en la mediación reúnan ciertos requisitos personales referentes a su capacidad volitiva, intelectiva, afectiva y psíquica. Sin una capacidad plena es imposible o desaconsejable negociar, pactar o conciliar soluciones. Por ejemplo, sería imposible y desaconsejable en los casos de malos tratos o de violencia intrafamiliar. Es por esto que la mediación no es la “panacea”, pues para que sea eficaz ha de desarrollarse en un marco de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, profesionalidad, buena fe, flexibilidad, confianza y respeto, buscando el bien del menor y de la familia.

A la mediación se suele acudir antes de iniciar el procedimiento judicial, aunque también puede tener lugar durante la tramitación del mismo, por derivación del juez o por petición de las partes. Cabe igualmente la mediación una vez finalizado el proceso judicial, en lo que respecta a la ejecución de la sentencia.

La imparcialidad del mediador y su necesaria formación, además de la confidencialidad del proceso, conlleva muchas garantías para la correcta resolución de los conflictos familiares. Las Comunidades Autónomas tienen en alta consideración la institución de la mediación familiar, por ser un instrumento de paz social en apoyo a la familia. El mediador no es quien toma las decisiones sino que son los implicados en el conflicto familiar los que las toman y las asumen plenamente.

El mediador imparcial es el que lleva a que se preserve la igualdad de las partes sin asumir la posición de ninguna de ellas y con el máximo respeto de los intereses de las mismas. Es por esto que el mediador debe abstenerse de intervenir no sólo en los casos en que tenga conflicto de intereses con las partes, sino también en aquéllos en que exista o haya existido relación personal o profesional con alguno de los sujetos que asisten a la mediación, pudiendo ser recusado por estas mismas razones. La confidencialidad en el proceso de mediación supone la obligación de mantener la reserva sobre el desarrollo y contenido del mismo. La calidad del proceso de mediación depende, y en mucho, de la cualificación y profesionalidad del mediador que la lleve a cabo.

La mediación familiar es un proceso no jurisdiccional o extrajudicial de gestión y resolución pacífica de conflictos familiares. Los actos jurídicos realizados a lo largo del proceso de mediación tienen distinto alcance. Así, tras la sesión informativa, y si es la voluntad de las partes, tendrá lugar el contrato de mediación por el que los participantes y el mediador asumen sus condiciones, incluyendo la satisfacción de los honorarios del mediador. Las partes tienen la posibilidad de elegir al mediador. La mediación concluye con la firma del contrato por los miembros de la relación familiar en conflicto, el cual contiene los acuerdos a los que aquéllos hayan llegado respecto de la cuestión objeto de controversia y les obligará en lo que hayan suscrito, siempre que concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos. Una vez que las partes han llegado a concretar acuerdos, pondrán en disposición de la autoridad judicial los mismos para obtener su validación.

Las partes deben sentir que el mediador entiende los aspectos críticos y la dinámica de las relaciones familiares y que les ofrece un camino para avanzar en la resolución de su conflicto. Pero ha de tratarse de un camino compartido: el mediador es alguien que camina junto a la familia durante el proceso. No es alguien que simplemente interviene desde fuera; su actitud debe ser sensible y respetuosa y, especialmente, debe facilitar una comunicación eficaz que permita un diálogo entre los familiares.

En definitiva, para resolver un conflicto familiar se puede escoger entre la vía extrajudicial de la mediación familiar o la vía judicial, con la gran diferencia de que en la mediación son las partes las que voluntaria y pacíficamente resuelven, deciden y solucionan entre sí y por mutuo acuerdo su conflicto. Mientras que en un proceso judicial el que decide es el Juez por medio de una sentencia, puesto que lo que no han podido ni querido resolver las partes entre sí en un conflicto familiar, lo resolverá el Juez mediante la sentencia impositiva. Lo cierto es que en estas cuestiones, los Abogados que nos dedicamos al derecho de familia hacemos un gran papel en la medida en que realicemos en nuestros despachos una tarea más conciliadora, negociadora y mediadora que contenciosa.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

¿Qué son los matrimonios mixtos?

sábado, 24 enero 2009

Los matrimonios mixtos no son tan infrecuentes ni tan extraños como a simple vista podría parecer. Muchos de nosotros conocemos parejas casadas en las que los esposos pertenecen a distintas religiones, razas, idiomas, países o culturas. Nuestro mundo es ahora un “mundo globalizado” debido a los avances que la ciencia y la tecnología han experimentado en estos últimos 20 años, principalmente en los medios de comunicación y de transporte. Hoy podemos ver que las distintas naciones están más cerca y que los habitantes de nuestro planeta se interrelacionan de una manera nunca antes imaginada. Gracias a los flujos migratorios de personas podemos conocer y convivir en nuestra sociedad con gente de otras culturas, lenguas y folklore y podemos sorprendernos al observar tanta diversidad de colores de piel y de facciones que tenemos los seres humanos.

Hoy podemos viajar más rápido a lugares lejanos y enterarnos de manera inmediata de lo que sucede en todos los rincones del mundo. Internet resulta ser el medio de comunicación universal por excelencia. Todo esto hace que se amplien nuestros horizontes y valoremos esta “maravillosa diversidad” en la que hay muchas cosas positivas para aprender y enriquecernos como personas. El fenómeno de la globalización podemos analizarlo desde muchos puntos de vista como el económico, el político, el social, el cultural, el religioso, etc.

Un hecho socio-cultural sorprendente son los matrimonios interraciales, interculturales e interreligiosos, originados -en parte- por el incremento de la inmigración. Desde la óptica concreta del derecho matrimonial canónico, esta situación de los matrimonios mixtos está contemplada en su legislación, puesto que la Iglesia Católica nació hace más de 2.000 años con vocación universal (“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura” Mc. 16, 15) y nunca ha sido ajena al fenómeno de la interculturalidad ni de la inculturación; por ello no sólo admite sino que estimula el acercamiento y el respeto con otras culturas.

En un sentido amplio, el matrimonio mixto podría entenderse como el contraído entre personas pertenecientes a países distintos, razas distintas, culturas distintas, idiomas distintos o religiones e iglesias distintas. El matrimonio mixto está permitido en la religón católica, mientras que en algunas otras religiones está prohibido como en el judaísmo, tanto en el caso de un judío que se casa con una no judía como el de una judía que se casa con un no judío. En el primer caso los hijos no son judíos, mientras que en el segundo sí lo son. El derecho musulmán acepta que un hombre musulmán pueda casarse con una mujer no musulmana (a condición de que no sea atea o politeísta), es decir, puede casarse un musulmán con una judía, católica o cristiana pero en este caso los hijos deben ser necesariamente musulmanes, porque es el padre el que transmite la religión y no puede ser válida una decisión distinta de los padres. Ahora bien, se niega totalmente la posibilidad de que una mujer islámica pueda casarse con un hombre de otra religión que no sea la musulmana, puesto que el matrimonio de una musulmana con un no musulmán se considera inválido.

Los protestantes declaran una apertura incondicional a los matrimonios mixtos, tanto entre cristianos como entre diversas religiones. La única condición que pone el pastor protestante a un matrimonio mixto es la siguiente: «el cónyuge no cristiano no debe oponerse a la posibilidad de que sus futuros hijos oigan hablar de Cristo». La posición budista, a nivel matrimonial, parece ser la de que entre los budistas y católicos no hay mayores problemas dado que el budismo no da mayor importancia al matrimonio (al contrario de lo que sucede con los funerales). Más bien, en una pareja mixta del budismo zen japonés, «la aceptación y el apoyo que cada esposo da a la práctica religiosa del otro son directamente proporcionales a la sinceridad y a la profundidad con la que cada uno de los dos se compromete con su propia fe». En la religión hinduísta son los padres quienes deciden con quién han de casarse los hijos, quienes disponen todo lo relativo a la boda y se sabe que los hinduístas no permiten el casamiento entre personas de diferentes castas.

En el derecho canónico se denomina “matrimonio mixto” al matrimonio contraído entre un católico y un bautizado no católico (por ejemplo, un católico con una cristiana anglicana o protestante). Se llama “matrimonio con disparidad de culto” al matrimonio contraído entre un católico con un no bautizado (por ejemplo una católica con un musulmán o judío). En el matrimonio mixto ambos son cristianos, mientras que en el matrimonio con disparidad de cultos uno de ellos ni siquiera es cristiano sino que pertenece a otra religión no cristiana como la judía, musulmana, hindú, budista, etc.

La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio católico, cuando se ponen en común todos los medios para no vivir la desunión ni el indiferentismo religioso. Las divergencias en la fe de los cónyuges y en la concepción misma del matrimonio pueden crear fuentes de tensiones en el matrimonio, principlamente en lo que se refiere a la educación de los hijos. Es por esto que un matrimonio mixto necesita el permiso expreso de la autoridad eclesiástica para que sea lícito; mientras que un matrimonio con disparidad de culto requiere una dispensa expresa del impedimento para que sea válido. Este permiso o esta dispensa que otorga el Obispo supone que las dos partes conocen y no excluyen los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, así como las obligaciones que contrae la parte católica en lo que se refiere al bautismo y a la educación de los hijos en la Iglesia católica (puede leer en este blog  los impedimentos matrimoniales).

La Iglesia católica regula la preparación, celebración y acompañamiento posterior de estos matrimonios en el Código de Derecho Canónico (cánones 1124 a 1129) y ofrece orientaciones en el actual Directorio de Ecumenismo (números 143 a 160), velando así por la dignidad del matrimonio y la estabilidad de la familia cristiana. El fiel católico ha de declarar que está dispuesto a evitar los peligros que le aparten de su fe, prometer que hará lo posible por bautizar y educar en la Iglesia católica a sus hijos e informar a la parte no católica de la declaración y promesa hechas. Siempre se prohibe, antes o después de la celebración canónica, otra celebración religiosa para emitir o renovar el consentimiento matimonial.

Por su parte, al fiel no católico no se le pide nada a cambio, no tiene que hacer ninguna declaración, ni afirmación o profesión de fe. Pero uno y otro han de ser instruidos sobre los fines matrimoniales (consorcio de toda la vida, ordenación natural al bien de los cónyuges, generación y educación de los hijos) y sobre las propiedades esenciales del matrimonio (unidad e indisolubilidad) que ninguno puede excluir, pues de lo contrario significaría un vicio del consentimiento matrimonial que invalidaría el matrimonio al excluir algo esencial (puede leer en este blog la simulación del consentimiento matrimonial).

El matrimonio mixto ha de ser celebrado con la forma canónica, es decir, ante el Ordinario del lugar o el Párroco (o un delegado de uno u otro) que pide y recibe el consentimiento y dos testigos. Si está presente el Pastor no católico, puede intervenir con una exhortación evangélica, con oraciones, con la bendición final. La parte no católica si habla otro idioma puede utilizarlo en algún momento. Hay que recordar que la reciprocidad y la consulta a la autoridad local no católica son criterios a tener en cuenta. Si contrae matrimonio un católico con otra parte no católica de rito oriental se ha de observar la forma canónica, pero no es necesaria para la validez sino para la licitud y ha de intervenir un ministro sagrado que pide, recibe y bendice el consentimiento matrimonial.

Durante la vida matrimonial cabría la oportuna recepción en la Iglesia católica del cónyuge no católico, sólo por motivos de conciencia. A pesar de las grandes dificultades que podrían suponer estas uniones, también ellas pueden representar un motivo de encuentro y un lugar de alianza entre dos creencias religiosas en una época como ésta, abierta al diálogo y a la colaboración entre las religiones.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho 

La nulidad canónica matrimonial por incapacidad de naturaleza psíquica

martes, 6 enero 2009

Una cosa es la dificultad de la vida matrimonial y otra muy distinta es la nulidad matrimonial. Es diferente que un matrimonio “fracase” por las dificultades, a que un matrimonio sea nulo por las incapacidades. Nadie duda de que, a veces, la convivencia matrimonial es difícil, pero esto no quiere decir que sea imposible. Hablar de nulidad matrimonial es hablar de incapacidad para casarse, de “imposibilidad” de conformar una comunidad de vida y amor conyugal; no es hablar de “dificultad” para realizar una verdadera comunidad de vida y amor. Sólo la incapacidad -y no la dificultad- para dar el consentimiento matrimonial, hace nulo el matrimonio.

El fracaso de la unión conyugal no es nunca una prueba para demostrar la incapacidad de los contrayentes ni es la prueba de una seria anomalía que afecta sustancialmente la capacidad del entendimiento y de la voluntad del contrayente. “Nadie está obligado a hacer lo imposible”. El canon 1095.3 del Código de Derecho Canónico dice claramente que “quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, son incapaces de contraer matrimonio”. Tanto la doctrina como la jurisprudencia canónicas , han ido señalando una serie de características que debe tener la incapacidad para que ésta sea calificada como tal y no como mera dificultad y pueda así invalidar el matrimonio.

Ser incapaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, quiere decir que el contrayente no puede comprometer ese futuro conyugal, no puede hacerse cargo ni responsabilizarse de la obligación jurídica de realizar aquellos comportamientos futuros que son idóneos y necesarios para la obtención de los fines objetivos del matrimonio. Es una imposibilidad personal y moral para casarse y adquirir las cargas del matrimonio por una causa de naturaleza psíquica, aunque se goce de un suficiente uso de razón.

Hay personas que pueden ser muy inteligentes, pero carecen de las condiciones psíquicas exigidas para casarse por tener una anomalía que afecta su capacidad de contraer matrimonio válidamente. Esta anomalía psíquica debe ser antecedente, es decir, que debe existir en la persona antes de casarse y debe estar presente en el momento mismo de emitir el consentimiento matrimonial.

1. La anomalía psíquica:

La incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica, que hace imposible realizar una verdadera comunidad de vida y amor, no se trata simplemente de mala voluntad ni de leves vicios del carácter ni de trastornos de personalidad que originan una relación interpersonal más difícil o menos perfecta, sino que se requiere que la causa de naturaleza psíquica haga la relación interpersonal matrimonial moralmente imposible o intolerable. Es una incapacidad que no admite grados: o existe o no existe.

La causa psíquica originante de la incapacidad debe existir previamente al consentimiento matrimonial, para que así pueda hacer inválido o nulo el matrimonio. No es necesario que se hubiera manifestado con anterioridad, pues podía existir aunque sólo fuera en forma “latente”. Por eso, aunque la incapacidad en concreto se haya probado después de las nupcias, debe proceder de una causa que ya existía en el mismo momento de contraer matrimonio. La anomalía no debe sobrevenir después de celebrado el matrimonio.

¿Y qué es la incapacidad latente? Es aquella incapacidad que, aun existiendo con anterioridad a la celebración del matrimonio, se manifiesta con posterioridad al mismo. Es decir, que en el momento del matrimonio deben estar los elementos patológicos que necesariamente hagan explotar la incapacidad del sujeto.

La incapacidad psíquica despliega las situaciones propias de un inadecuado desarrollo del psiquismo y de la personalidad, que afectan al grado de autoposesión, de autodominio y de autogobierno de la propia libertad y de todos aquellos comportamientos propios para la recta ordenación de los fines de la unión conyugal. Es una incapacidad de superar las dificultades ordinarias y comunes de la vida matrimonial, generando reacciones desequilibradas y anormales en el sujeto que la padece. Nunca debe confundirse la incapacidad con meros vicios o dificultades o defectos del carácter.

Un elenco de las “causas de naturaleza psíquica” que más suelen alegarse en los Tribunales Eclesiásticos son, por ejemplo: 1. En el área de las relaciones sexuales aparece la hiperestesia sexual o deseo sexual inmoderado tanto en el hombre (satiriasis) como en la mujer (ninfomanía); la grave inhibición sexual de la mujer debida a diferentes causas como el incesto; la violencia sexual en las relaciones conyugales; etc. 2. Las neurosis, psicosis, psicopatías en sus diferentes versiones: psicosis maníaco-depresivas, personalidad paranóica, esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, anorexia mental, etc. 3. Los trastornos de personalidad, en su variada gama: el trastorno de personalidad histriónico o histérico, de personalidad narcisista, de personalidad esquizoide, de personalidad psicopática, de personalidad dependiente, de personalidad antisocial, la cleptomanía, la celotipia, el alcoholismo grave, la drogodependencia, etc. Todas estas enfermedades mentales pueden perturbar gravemente el consorcio conyugal y hacerlo totalmente imposible.

Sin embargo, es importante anotar que no se trata sólo de que exista una enfermedad psíquica para que el matrimonio sea nulo, puesto que puede haber parejas matrimoniales en las que uno o ambos miembros padecen enfermedades psíquicas o psicológicas y los dos se complementan muy bien y logran conformar mutuamente una comunidad de vida y amor conyugal. En definitiva, para que un matrimonio sea nulo por causas de naturaleza psíquica, “depende” de cada situación concreta y de la forma en que esa enfermedad incida en la validez del matrimonio y en realización de la vida matrimonial.

2. La prueba pericial:

El juez debe apoyarse en la Psiquiatría y en los informes periciales que avalan la naturaleza del trastorno de una persona, la evolución del mismo y su incidencia en la inteligencia y en la voluntad del individuo. Entender las causas de nulidad del matrimonio por limitaciones psíquicas o psiquiátricas exige, por una parte, la ayuda de expertos en esas materias, que valoren según su propia competencia la naturaleza y el grado de los procesos psíquicos que afectan al consentimiento matrimonial y la capacidad de la persona para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio.

El interés del juez radica en que el perito se pronuncie acertadamente sobre el modo como la anomalía psíquica afecta a las facultades superiores de la persona. Es decir, lo que interesa en orden a declarar la nulidad del matrimonio no es el que la anomalía padecida esté catalogada en uno o en otro tipo de enfermedad dentro de las categorías de la ciencia psiquiátrica y psicológica, sino el hecho de que la existencia de una anomalía grave, del tipo que sea, incapacita al contrayente para cumplir los deberes conyugales. No hay que olvidar que las sentencias las hacen los jueces, no las hacen los peritos. Las pericias psiquiátricas son una prueba muy importante, pero son sólo una prueba pericial. Las sentencias rotales manifiestan que las pericias deben estar fundadas en los autos de la causa y el perito debe usar toda su ciencia, experiencia y los medios legítimos a su alcance. 

Las investigaciones acerca de la complejidad y de los condicionamientos de la vida psíquica no deben hacer perder de vista una completa e integral concepción del hombre creado por Dios ni una genuina visión del matrimonio como una íntima comunidad de vida y amor conyugal.

Como decía el Papa Juan Pablo II en la Alocución de 5 de febrero de 1987 a la Rota Romana: “El juez, por tanto, no puede y no debe pretender del perito un juicio acerca de la nulidad del matrimonio y, mucho menos, debe sentirse obligado por el juicio que en ese sentido hubiera eventualmente expresado el perito. La valoración acerca de la nulidad del matrimonio corresponde únicamente al juez. La función del perito es únicamente la de presentar los elementos que afectan a su específica competencia, y por tanto la naturaleza y el grado de la realidad psicológica o psiquiátrica, en función de la cual ha sido defendida la nulidad del matrimonio. Efectivamente, el Código en los cánones 1578 y 1579 exige expresamente del juez que valore críticamente las pericias. Es importante que en esta valoración no se deje engañar ni por juicios superficiales ni por expresiones aparentemente neutrales, pero que en realidad contienen premisas antropológicas inaceptables”.

La tarea de los Jueces de los Tribunales Eclesiásticos es descubrir la verdad en cada situación matrimonial que se les plantea y así decidir con justicia sobre la nulidad o la validez de un matrimonio concreto. La difícil tarea del Juez en estos procesos canónicos de nulidad matrimonial, es la de constatar el nexo de causalidad proporcionada entre esta causa de naturaleza psíquica y el defecto de capacidad consensual que se invoca como causa de nulidad. Y como lo he dicho ya en varios artículos escritos sobre este tema,  se ha de tener especialmente en cuenta la biografía de las personas implicadas y el conjunto de otras pruebas procesales como la confesión, la prueba documental, los testimonios de los testigos y de las personas próximas a la intimidad de las partes.

NOTA: Si desea leer otros artículos referentes a este tema, puede encontrarlos en este mismo blog en : Grave defecto de discreción de juicio, las Causales canónicas de nulidad matrimonial, el Proceso de nulidad del matrimonio católico.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Páginas: Ant. 1 2 3 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Sig.