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Sobre la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional en España

jueves, 3 enero 2008

boletin - Sobre la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional en EspañaHace una semana acaba de publicarse la nueva ley de adopción internacional en España, la cual era muy necesaria. Todos sabemos que en los últimos años el número de menores extranjeros adoptados por españoles o residentes en España se ha incrementado de manera muy notable. Los factores determinantes para este aumento de adopciones internacionales son, entre otros,  el descenso de la natalidad en España y la difícil situación económica y social de algunos países de donde provienen los niños adoptados por familias españolas.

Supone un gran desafío jurídico para el legislador asegurar que la adopción se realice con las máximas garantías y respeto a los intereses de los menores a adoptar, a la vez que posibilitar el desarrollo armónico de la personalidad del niño en el contexto de un medio familiar propicio. La dispersión normativa que existe hasta el momento en esta materia es bien conocida por todos, de ahí la urgente necesidad de conseguir una legislación propicia, completa y uniforme de las cuestiones de derecho internacional privado que atañen a todo proceso de adopción internacional, que no sólo asegure sino que también armonice los principios y valores de nuestra Constitución con las disposiciones de los instrumentos internacionales en materia de adopción que son parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Han servido de base a esta Ley los principios contenidos en el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar en los planos nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General 41/1985, de 3 de diciembre de 1986), el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, ratificado por España mediante Instrumento de 30 de junio de 1995.

En la adopción, ya sea nacional o internacional, siempre prima el interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo. Específicamente, la adopción internacional está concebida como una medida de protección de los menores que no pueden encontrar una familia en sus países de origen,  estableciendo las garantías necesarias y adecuadas para asegurar que las adopciones internacionales se realicen, ante todo, en interés superior del niño y con respeto a sus derechos. Asimismo, se pretende evitar y prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños, asegurando al mismo tiempo la no discriminación del menor por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, etc.

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La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional en España ha sido reformada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria: Esta reciente ley ha reformado algunos aspectos de la adopción, tanto nacional como internacional, que entraron en vigor el 12 de agosto de 2015.

NOTA: Este artículo también ha sido publicado en el Boletín Nº 182 de los Colegios de Abogados de Aragón (IV época, enero de 2008).

La presunción de los matrimonios de conveniencia o complacencia.

jueves, 8 febrero 2007

boletin presuncion - La presunción de los matrimonios de conveniencia o complacencia.Resulta llamativa la creciente consulta en los Despachos de Abogados de personas que vienen solicitando asistencia jurídica por encontrarse ante la imposibilidad de celebrar un matrimonio con extranjero/a porque la autoridad competente “presume” que se encuentra ante un matrimonio de complacencia. También es frecuente la consulta porque al haberse celebrado ya ese  matrimonio en el extranjero, no pueden inscribirlo en el Registro Civil Español respectivo por esa misma presunción. 

Aunque es verdad que estamos ante un fenómeno social a nivel mundial como es el de la migración, no podemos presumir o “poner la etiqueta” de matrimonio de complacencia o de “conveniencia” a todo matrimonio celebrado entre ciudadano/a español/a con ciudadano/a extranjero/a. Los llamados matrimonios de complacencia se celebran a cambio de un precio, entre ciudadano/a extranjero/a y ciudadano/a español/a, con el expreso o tácito acuerdo de no tener convivencia matrimonial auténtica, ni voluntad de fundar o formar una familia y que pasado un tiempo (generalmente un año) se pedirá el divorcio. Estos matrimonios de complacencia se celebran con la finalidad de obtener de manera acelerada la nacionalidad española o la residencia legal o la reagrupación familiar, pues es bien sabido que al estar casado un extranjero/a con ciudadano/a español/a facilita mucho las cosas en este sentido.

Si estos son los móviles que llevan a celebrar ese matrimonio, no estamos ante un verdadero consentimiento matrimonial sino ante un matrimonio simulado o aparente. Para que haya verdadero matrimonio, no se requiere un consentimiento cualquiera, sino un consentimiento matrimonial dirigido a crear una comunidad de vida entre los esposos, con el fin de asumir los fines propios y específicos de la unión en matrimonio, es decir, formar un “consortium omnes vitae” (fundar una familia) según lo establece expresamente la Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios de complacencia. En esta Instrucción se recuerda que cuando los contrayentes se unen en matrimonio, excluyendo las propiedades esenciales del matrimonio, ese matrimonio es simulado y, por lo tanto, nulo.

El matrimonio es simulado cuando el consentimiento se emite por una o ambas partes en forma legal, pero simulada, esto es, sin una voluntad real y efectiva de contraer matrimonio, excluyendo el matrimonio mismo (simulación total) o un elemento o propiedad esencial del matrimonio (simulación parcial). Quiere decir esto que lo dicho con palabras en el momento de emitir el consentimiento matrimonial ante la autoridad competente, no corresponde con la voluntad real o intencionalidad. No sobra decir sobre la dificultad de la prueba ante estos casos de simulación. Esta simulación genera una nulidad matrimonial que impide que pueda inscribirse ese matrimonio en los Registros Civiles Españoles porque un matrimonio simulado supone una voluntad matrimonial inexistente. Se trata de una nulidad absoluta, “ipso iure” o automática, sin perjuicio de su declaración judicial, es una nulidad insubsanable por lo que no cabe convalidación ni por transcurso del tiempo ni por confirmación. Ningún funcionario puede autorizar su acceso al Registro.

¿Y qué sucede entonces con el “ius connubii” o derecho fundamental de la persona al matrimonio? Es verdad que el derecho al matrimonio no es ilimitado ni tampoco ampara a los matrimonios simulados, por ser éstos falsos matrimonios. Por tanto, en el tratamiento jurídico de los matrimonios de complacencia, deben conjugarse factores que están dentro  del ámbito del derecho privado y dentro del ámbito del derecho público. El derecho a contraer matrimonio libremente,  consagrado en el artículo  32 de la Constitución Española y en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros convenios internacionales, tiene algunas escasas limitaciones legales, como por ejemplo, la edad, el parentesco cercano, un vínculo anterior todavía existente, etc. Si no se cumplen esos requisitos esenciales se impide su celebración y, en caso de haber sido celebrados ya, se impide su inscripción en el Registro Civil. Esto en cuanto el ámbito del derecho privado. En cuanto el ámbito del derecho público, entramos ya al derecho de nacionalidad y al derecho de extranjería, con la consiguiente preocupación de que estos matrimonios de complacencia  potencian el fraude de las normas de la nacionalidad y extranjería y fomentan la inmigración ilegal.

Desde la perspectiva del derecho internacional privado, es necesario precisar cuál es la ley estatal aplicable, pues en estos casos se haya implicado un ciudadano extranjero. Una vez precisada cuál es la legislación nacional aplicable, es necesario determinar los criterios adecuados para probar que el matrimonio que se pretende celebrar o inscribir en el Registro Civil Español  es un matrimonio falso, es decir, simulado. Los criterios suelen ser la capacidad matrimonial, el consentimiento matrimonial y la forma de celebración del matrimonio.

En lo que respecta a la validez o invalidez del  consentimiento matrimonial, debemos atenernos a la ley estatal española. La doctrina mayoritaria se refiere al artículo 9.1 del Código Civil Español en el que se establece  que el consentimiento matrimonial debe regirse por la ley personal de cada contrayente, ya que afecta a su estado civil. Por esto, el consentimiento matrimonial de cada cónyuge se regirá por la ley nacional de cada uno de ellos en el momento de la celebración del matrimonio y así se deberá determinar si  ese consentimiento es real o aparente, cuáles son los vicios del consentimiento, los efectos del consentimiento aparente, el plazo para el ejercicio de las acciones  y las personas legitimadas para hacerlo.

Pero es importante tener en cuenta que la citada Instrucción de 31 de enero de 2006 de la DGRN,  diferencia claramente dos situaciones: la primera es cuando uno de los contrayentes es español y el otro extranjero y la segunda se refiere a cuando los dos contrayentes son extranjeros. Veamos, en la primera situación y para la economía procesal, basta analizar el consentimiento matrimonial del contrayente español para determinar si ese matrimonio es válido o no. En la segunda situación, para analizar la validez de ese consentimiento matrimonial hay que dilucidar sus respectivas leyes personales, es decir, el derecho extranjero. Dicha ley no se aplicará por las autoridades españolas, si resultasen contradictorias con el orden público internacional español, como por ejemplo, cuando ese derecho extranjero sí se permite la bigamia o el matrimonio de menores convenido entre los padres de éstos, etc.

Además de estas dos situaciones diferentes que acabamos de citar, también vemos  que la citada Instrucción del 31 de enero de 2006, contempla que ante los matrimonios de complacencia nos podemos encontrar en dos momentos distintos: un primer momento es cuando no se ha podido celebrar ese matrimonio porque la autoridad competente, en la investigación previa al matrimonio mediante el llamado expediente matrimonial, ha percibido el hecho y por esto no ha  permitido su celebración. Un segundo momento es cuando ya se ha celebrado el matrimonio -casi siempre en el extranjero- y entonces lo que no se permite es su inscripción en el Registro Civil Español.

¿Y cómo se prueba la simulación en el expediente matrimonial previo a la autorización de ese  matrimonio? Para evitar que se celebren los matrimonios de complacencia se aplica la Instrucción del 9 de enero de 1995 de la DGRN, sobre el expediente previo al matrimonio, cuando uno de los contrayentes está domiciliado en el extranjero, ya se trate de matrimonios civiles o religiosos (por el rito evangélico, judío o islámico) y para acreditar la capacidad nupcial y la verdadera intención matrimonial. Con el expediente previo se verifica el cumplimiento de todos los requisitos legales para la validez del matrimonio, especialmente en el trámite de la audiencia  de cada uno de los contrayentes por separado, en la que el instructor interroga a los futuros contrayentes para descubrir posibles fraudes. Ha de ser un interrogatorio bien encauzado para verificar si la verdadera intención matrimonial es la de asumir todos los derechos y deberes propios del matrimonio. Esa entrevista ha de ser lo más completa posible y no debe hacerse de manera rutinaria. La certeza de los hechos será investigada de oficio (principio inquisitivo en la carga de la prueba). El verdadero problema de que se “cuelen” tantos matrimonios de complacencia, es que muchos se celebran en el extranjero sin haberse instruido un expediente previo ante la autoridad española. Sin embargo, no dejan de quedar muchas dudas, porque no es nada fácil demostrar si estamos ante un matrimonio de complacencia, así se haya hecho un expediente matrimonial previo.

¿Y cómo se prueba la simulación en el momento de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil Español, cuando el matrimonio se ha celebrado en el extranjero? Bien sabemos que al Registro sólo pueden acceder actos válidos y eficaces. Pues bien, cuando se trata de inscribir en el Registro Civil central o consular un matrimonio ya celebrado en el extranjero, el Encargado debe comprobar si concurren todos los requisitos legales  y en las declaraciones complementarias oportunas debe llegar a la convicción de que no hay dudas de la realidad del hecho y de su legalidad conforme al derecho español. Esas declaraciones complementarias son precisamente las realizadas en audiencia personal reservada y por separado. Cuando existen una serie de hechos objetivos comprobados por las declaraciones de los propios interesados y demás pruebas oportunas, debe denegarse la inscripción de ese matrimonio en el Registro. 

La simulación del consentimiento matrimonial es algo evidentemente difícil de probar, puesto que normalmente no existen pruebas directas. Aquí nos adentramos en el campo de las presunciones como medio para acreditar la existencia de un matrimonio simulado. Según el artículo 386 de la LEC 1/2000, se debe acudir al sistema de las presunciones judiciales: “a partir de un hecho admitido o probado se puede presumir la certeza de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace directo y preciso según las reglas del criterio humano”. Al aplicar de manera supletoria este criterio a las actuaciones registrales (expediente y calificación), por ser de jurisdicción voluntaria, vemos que a falta de una prueba directa y, a partir de ciertos datos o indicios, se podría deducir  la presunción de inexistencia de un verdadero consentimiento matrimonial. Esos datos de hecho objetivos pueden desprenderse de las declaraciones de los contrayentes o de terceras personas, o de cualquier información escrita o de otros datos obtenidos durante la investigación.

Ahora bien, la valoración de esos hechos objetivos se ha de realizar de modo que garantice el pleno respeto al “ius connubii”, como derecho fundamental de la persona a contraer matrimonio y, al mismo tiempo, se ha de evitar que una falsa apariencia de matrimonio pueda acceder al Registro Civil Español. En la Instrucción del 31 de enero de 2006 que venimos comentando, se da a los Encargados de los Registros Civiles unas orientaciones prácticas en este sentido. Dice, por ejemplo, que los datos básicos de los que cabe suponer la simulación del consentimiento matrimonial son dos:

  1. El desconocimiento por parte de uno o ambos contrayentes de los datos personales y/o familiares básicos del otro (pueden ser fecha y lugar de nacimiento, domicilio, profesión, aficiones relevantes, hábitos notorios, nacionalidad, anteriores matrimonios, cómo se conocieron, etc.) sin que sea preciso descender a detalles concretos. Lo que se pide es un conocimiento suficiente, pero no exhaustivo de esos datos personales y/o familiares. Debe hacerse entonces una valoración de conjunto, de modo que se permita concluir  que el desconocimiento de esos datos por parte de uno o ambos contrayentes es claro, evidente y flagrante. Hay otros datos “no básicos” que no son determinantes por sí solos (conocimiento personal de los familiares del otro, hechos de la vida pasada del otro contrayente, etc.). Todos estos son elementos que pueden ayudar a la Autoridad española a formarse una certeza moral sobre la simulación o autenticidad del matrimonio. En definitiva, no se trata de dar una “lista cerrada” de datos o hechos objetivos porque, entre otras cosas, sería imposible..
  2. La inexistencia de relaciones previas entre los contrayentes. Aun cuando los contrayentes pudieran desconocer algunos datos familiares y/o personales básicos recíprocos, esto resultaría insuficiente si se prueba que los contrayentes han mantenido relaciones antes de la celebración del matrimonio, ya sean de manera personal o por carta o por teléfono o por internet y que por su duración o por su intensidad, no permitan excluir toda duda sobre la posible simulación.

Las relaciones personales pueden ser antes o después del matrimonio, pero si son posteriores al matrimonio, deberán ser ininterrumpidas durante un cierto lapso de tiempo. Las relaciones entre los contrayentes pueden ser visitas a España o al país extranjero del otro contrayente. El hecho de que los contrayentes hablen idiomas diferentes y que no se comprendan entre ellos, es un indicio de que las relaciones son difíciles pero no imposibles.

Son también indicios importantes, el hecho de que en el historial de uno de los contrayentes se revelen matrimonios simulados anteriores. Igualmente, el hecho de que se hayan entregado entre los contrayentes sumas de dinero, salvo que se trate de la dote donde ésta sea una costumbre relevante. Si los contrayentes se han conocido pocos meses o pocas semanas antes al enlace no dice nada, en sí mismo, de la intención simulatoria. Pero si se han conocido el mismo día del enlace o pocos días antes, ya sería algo que llamaría notoriamente la atención.

En todo caso sí es muy importante que el Encargado del Registro Civil alcance una “certeza moral plena” de hallarse ante un matrimonio simulado. No se trata de una evidencia total porque ésta no es posible, pero si no tiene esa certeza moral plena, el matrimonio debe autorizarse o inscribirse en el Registro. De todas maneras, y frente a la formulación de una presunción judicial de estas dimensiones, cualquiera de los contrayentes afectados por la presunción de simulación u otra persona legitimada, puede practicar “pruebas en contrario” para demostrar la inexistencia del indicio tomado en cuenta por la Autoridad española para declarar el matrimonio de complacencia.

Finalmente, y por la importancia de la cuestión planteada, si se llegare a rechazar la autorización o la inscripción del matrimonio, al existir sospechas de simulación o fraude, siempre es posible instar posteriormente la inscripción del matrimonio si surgen nuevos datos relevantes, pues en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de cosa juzgada.

Pero volviendo a lo que decía al comienzo de este escrito, todas estas precauciones y orientaciones están muy bien para evitar los matrimonios fraudulentos o de complacencia, siempre y cuando no se lleguen a tomar estas medidas de manera general y como una práctica habitual ante todo matrimonio que se celebre entre un ciudadano/a español/a con un ciudadano/a extranjero/a, ya sea en España o en el Consulado español de un país extranjero. Varias son las personas que buscando afanosamente una asesoría jurídica, nos han llegado a los Despachos de Abogados “sorprendidos” por el hecho de que habiéndose casado con una verdadera intención matrimonial en un país extranjero, se encuentran ante la sorpresa que a su matrimonio celebrado con autenticidad lo han calificado de “matrimonio de complacencia” y les han denegado su inscripción en el Registro Civil.

NOTA: Este artículo también ha sido publicado en el Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón, Nº 178, de Abril de 2007.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Análisis Ley 13/2005 sobre derecho a contraer matrimonio.

sábado, 22 julio 2006

Después de un intenso debate, en el que se enfrentaron diversas posturas a favor y en contra del proyecto de ley presentado por el gobierno para reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue aprobada la ley que modifica estructuralmente el derecho matrimonial y el derecho de familia en España. El intenso debate no sólo tuvo lugar en el seno del Congreso de los Diputados y del Senado, sino, especialmente, en la sociedad española, en el mundo académico y periodístico y en los ámbitos religiosos de las diferentes iglesias reconocidas en España.

Significativos resultan los dictámenes que el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia de la Lengua  Española emitieron sobre el Anteproyecto del Gobierno, antes de dar inicio a la fase legislativa del mismo; los dos primeros desaconsejando jurídicamente la iniciativa legislativa y la última señalando  la inconveniencia e inadecuación lingüística de llamar matrimonio a las uniones homosexuales.

La Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (BOE núm. 157, de 02-07-2005, pp. 23632-23634), ha sido demandada  mediante el recurso de inconstitucionalidad núm. 6864-2005, recurso que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, mediante  providencia de 25 de octubre de 2005(BOE núm. 273, de 15-11-2005, p. 37313) y que aún está pendiente de resolver.

En este capítulo expondremos los principales argumentos dados a favor y en contra de esta iniciativa no sólo en la fase legislativa del Congreso de los Diputados y el Senado, sino también en la fase prelegislativa como la del proyecto presentado por el Consejo de Ministros y los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

A.- FASE PRELEGISLATIVA

  1. Proyecto del Gobierno.
  2. Dictamen del Consejo de Estado.
  3. Dictamen del Consejo General del Poder Judicial.
  4. Dictamen de la Real Academia Española de la lengua.

B.- FASE LEGISLATIVA

  1. Proyecto de Ley del Gobierno por el que se modifica el
    Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
  2. Enmiendas al Proyecto de Ley en el Congreso de los
    Diputados.
  3. Informe de la ponencia.
  4. Propuestas de veto del Senado.
  5. Veto aprobado por el Senado.
  6. Aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.
  7. Texto definitivo Ley 13/2005, publicado en el BOE nº 157
    de 2/7/2005.

Puedes descargar el artículo completo en PDF desde aquí.

NOTA: En este mismo blog encontrarás artículos relacionados con este tema, que puedes leer en “La heterosexualidad como propiedad esencial del matrimonio” y en “¿Nuevas formas de parentesco y de familia para el siglo XXI?”

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Elegir al Nuevo Gobernante Universal

lunes, 4 abril 2005

portada heraldo - Elegir al Nuevo Gobernante UniversalHe tenido el privilegio de conocer personalmente al Papa Juan Pablo II, de conversar con él y de tener varios encuentros directos en la Santa Sede durante mis estudios de doctorado en Roma. Mi emoción y expectación ante cada encuentro con Juan Pablo II eran enormes, mezclados con algo de nerviosismo que desaparecía al estar frente a él, al ver su mirada y su sonrisa serena y, especialmente, al percibir su disposición de escucha atenta a lo que le decía, acercaba su oído moviendo lentamente su cabeza, reflejando una actitud de interés profundo en lo que escuchaba y en la persona que le hablaba.

La vida del Papa se ha apagado, pero se enciende ahora de una manera potente la luz de su influencia histórica en el momento presente y futuro de la humanidad. El tiempo corroborará la grandeza de su personalidad, de su pensamiento, de su humanidad y de su coherencia de vida al encarnar valientemente lo que predicaba con tanta fuerza: “no tener miedo al dolor, al sufrimiento ni a las contradicciones”. Una voluntad férrea dentro de un cuerpo enfermo y anciano, fue su legado en sus últimas apariciones. Un hombre de fe.

Pero no me referiré a Juan Pablo II en su indiscutible liderazgo espiritual, religioso, moral o intelectual. Quiero referirme al Papa como Jefe del Estado Vaticano. En estos veintisiete años de su Pontificado no ha habido personalidad política de talla mundial que no se haya entrevistado con el Romano Pontífice. El Estado Vaticano, minúsculo territorialmente hablando, pero presente en todo el planeta está perfectamente estructurado, como un modelo de organización funcional y jerárquica sorprendente. El Gobierno Universal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es complejo, sólido y con una experiencia de dos mil años de existencia, con todas sus luces y sombras. A la cabeza de este Gobierno Universal, el Papa. En él se concentran todos los poderes ejecutivos, legislativos y jurisdiccionales. No es un gobierno democrático, ni sus decisiones se someten a referéndum. Tampoco es un gobierno despótico ni arbitrario, pues la finalidad y sentido de todas las actuaciones del Vicario de Cristo en la tierra son el amor, el respeto y la dignidad de todos los hombres.

¿Por qué la muerte, elección y sucesión de un Jefe de Estado tan pequeño como es el Estado Vaticano pone en vilo a todo el mundo que, generalmente, permanece indiferente ante la muerte de otros Jefes de Estado? Porque es el Papa. Porque sus decisiones no sólo influyen en las conciencias y comportamiento de los católicos, sino, sobre todo, porque es evidente su influencia y repercusión política y social. ¿Qué pasará con la muerte de Juan Pablo II, quién gobernará la Iglesia mientras se elige al nuevo Papa, quiénes y cómo lo elegirán? Lo cierto es que la historia de la Iglesia se seguirá escribiendo y quien lo suceda continuará la misión de servicio a toda la humanidad.

La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, del 22 de febrero de 1996, de Juan Pablo II, y que hasta el momento no se había aplicado dada su novedad, recoge la experiencia de muchos siglos. La Sede Vacante que acaba de comenzar, la elección y aceptación del nuevo Pontífice, es un periodo en el que “no se innovará nada”. El gobierno queda confiado al Colegio de los Cardenales sin ninguna potestad sobre cuestiones reservadas exclusivamente al Papa en vida. Los Cardenales que no hayan cumplido 80 años se reúnen en cónclave para elegir al Sucesor; se convoca 15 ó 20 días después de la vacante. Se celebra en la Capilla Sixtina, con la necesaria reserva y discreción. Hay una novedad: los Cardenales se alojan en una residencia situada en el Vaticano llamada Domus Sanctae Marthae, inaugurada en 1996.

La elección se hace por escrutinio, con una votación individual y secreta de los Cardenales electores, contando con dos tercios de los votos. En el momento en que es elegido se le pregunta si acepta ser el Papa y con qué nombre quiere ser llamado y, desde ese momento, adquiere la plena y suprema potestad en la Iglesia Universal; se anuncia su nombramiento en el balcón de la Basílica Vaticana “…habemus Papam” y el Romano Pontífice imparte la bendición “Urbi et Orbi”.

 Publicado en el Diario Heraldo de Aragón, Lunes 4 de abril de 2005 

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