La paternidad de un hijo no biológico puede extinguirse con el divorcio. Así lo determina la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a renunciar, una vez disuelto el matrimonio,  a la paternidad adquirida de un hijo no biológico en el marco de la relación. La Sala de lo Civil fija doctrina y destaca que “quien ha realizado un reconocimiento de complacencia de su paternidad puede ejercitar una acción de impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de no ser el padre biológico del reconocido”.

1. La sentencia número 494/2016, de 15 de julio de 2016, establece que el afectado tiene derecho a impugnar la filiación. El recurrente había efectuado un reconocimiento de complacencia a la hija de su mujer, que no tenía ninguna paternidad reconocida. En este sentido, el Tribunal Supremo subraya que “la finalidad de este reconocimiento es constituir entre ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es propia de la paternidad por naturaleza”.

El magistrado ponente del fallo, rechaza “una visión general de los reconocedores de complacencia como personas frívolas o inconstantes, cuyos caprichosos cambios de opinión no pueda el Derecho tolerar”. Además, insiste en dotar al marido de “la posibilidad de reconstruir su vida afectiva y familiar, aunque se haya quebrado la convivencia con la madre del reconocido a pesar de lo que, en la normalidad de los casos, preveían y deseaban que ocurriera”.

Así, el Tribunal Supremo establece que en caso de que el autor del reconocimiento de complacencia y la madre del reconocido hayan contraído matrimonio con posterioridad al nacimiento de éste, la acción de impugnación de la paternidad que dicho reconocedor podrá ejercitar será la regulada en el artículo 136 Código Civil. También se podrá pedir la nulidad, cuando el reconocimiento se haya realizado con anterioridad a la celebración del referido matrimonio.

La dificultad de impugnar también es analizada en la sentencia cuando interpreta el artículo 119 del Código Civil. “Su finalidad es robustecer la protección jurídica de la familia que se ha convertido en matrimonial, y precisamente por la razón de que ha venido a serlo”. El Tribunal Supremo insiste que es “un robustecimiento que consiste, especialmente, en hacer más difícil la impugnación de la filiación”.

El magistrado ponente niega que la acción de nulidad que pretende el recurrente sea para evitar el pago de la pensión de alimentos, como sostenía la madre de la menor. Sin embargo, en el asunto concreto, la sentencia rechaza el recurso por motivos de plazo. Y recuerda que el plazo para renunciar a la paternidad es de un año por tratarse de una filiación matrimonial. En el caso de personas que no se han casado, el Supremo extiende el plazo hasta los cuatro años.

2. El reconocimiento de complacencia es el que hace un hombre (reconocimiento de complacencia de la paternidad) o una mujer (reconocimiento de complacencia de la maternidad), con conocimiento de que dicha declaración de voluntad no se corresponde con la realidad biológica porque el reconocedor es consciente de que el reconocido como hijo(a) suyo(a) no lo es biológicamente, y, pese a ello, tiene la real intención de asumir una relación de filiación con el reconocido, con todos los deberes y cargas que ello impone, aunque no se acuda para ello al procedimiento de adopción, sino a un reconocimiento de filiación, mucho más sencillo y económico en sus trámites (lo que no implica un supuesto de fraude de ley ni implica causa ilícita en el acto).

Hay que distinguir entre el reconocimiento de “complacencia” de la paternidad o de la maternidad, en el que existe una verdadera voluntad de asumir la filiación, y el reconocimiento de “conveniencia”, otorgado en fraude de ley y con otras finalidades, que lo hacen nulo de pleno derecho. El reconocimiento de complacencia de la paternidad no es nulo por ser de complacencia.

El Tribunal Supremo sostiene que “lo que caracteriza a los reconocimientos de complacencia es que el autor del reconocimiento, sabiendo o teniendo la convicción de que no es el padre biológico del reconocido, declara su voluntad de reconocerlo con el propósito práctico de tenerlo por hijo biológico suyo, con la finalidad de constituir entre ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es propia de la paternidad por naturaleza. Esto lo diferencia radicalmente de los denominados reconocimientos de conveniencia que tienen la finalidad de crear una mera apariencia de que existe dicha relación de filiación, en orden a conseguir la consecuencia jurídica favorable de una norma (sobre nacionalidad, permisos de residencia, beneficios sociales, etc.) cuyo supuesto de hecho la requiere.

La polémica con los reconocimientos de complacencia surge cuando la pareja en cuyo seno tuvo lugar el reconocimiento entra en crisis, pretendiendo, bien el reconocedor, bien la madre del reconocido, la anulación de los efectos del mismo.

3. La misma Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2016 reconoce que su doctrina sobre la validez de pleno derecho del reconocimiento de complacencia de la filiación y la posibilidad de su inscripción, se contradice con la posición sostenida al respecto por la Dirección General del Registro y Notariado (DGRN). Afirma la sentencia:

“La respuesta afirmativa sobre la nulidad del reconocimiento de complacencia la sostiene la Dirección General de los Registros y del Notariado: entre otras, en las resoluciones de 5 de junio de 2006 y la de 29 de octubre de 2012, en los términos siguientes: «Hay que insistir en la idea de que la regulación de la filiación en el Código Civil español se inspira en el principio de la veracidad biológica (principio reforzado por las Sentencias del Tribunal Constitucional 138/2005, de 26 de mayo y por la más reciente de 27 de octubre de 2005 que declaran la inconstitucionalidad de los artículos 136.1 y 133.1 del C.C., respectivamente), de modo que un reconocimiento de complacencia de la paternidad no matrimonial es nulo de pleno derecho y no podrá ser inscrito cuando haya en las actuaciones datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que tal reconocimiento no se ajusta a la realidad» …

Frente al autorizado criterio de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), considera esta Sala que – como dejó bien claro la sentencia del Tribunal Constitucional 138/2005, de 26 de mayo, que el mismo Centro Directivo invoca- las exigencias del principio de veracidad biológica o prevalencia de la verdad biológica ( arts. 10.1 y 39.2 CE ) pueden y deben cohonestarse con las que impone el principio de seguridad jurídica en las relaciones familiares y de estabilidad de los estados civiles, especialmente en interés de los menores de edad ( arts. 9.3 , 39.3 y 39.4 CE ). En ese sentido nos hemos pronunciado en las sentencias 707/2014, de 3 de diciembre (Rec. 1946/2013 ), y 441/2016, de 30 de junio (Rec. 1957/2015 ), esta última del Pleno. No impone, pues, nuestra Ley Fundamental que en la filiación por naturaleza la verdad biológica prevalezca siempre sobre la realidad jurídica de la determinación legal de esa clase de filiación. De otro modo, habría que considerar inconstitucionales la totalidad de las limitaciones de la legitimación activa y los plazos de caducidad que resultan de la regulación «De las acciones de filiación» contenida en el Capítulo III del Título V del Libro I del Código Civil”.

4. Queda, pues, fijada como doctrina jurisprudencial que “en caso de que el autor del reconocimiento de complacencia y la madre del reconocido hayan contraído matrimonio con posterioridad al nacimiento de éste, la acción de impugnación de la paternidad que dicho reconocedor podrá ejercitar será la regulada en el artículo 136 del Código Civil , durante el plazo de caducidad de un año que el mismo artículo establece. También será esa la acción, cuando el reconocimiento se haya realizado con anterioridad a la celebración del referido matrimonio; y a no ser que hubiera caducado antes la acción que regula el artículo 140.2 del Código Civil, en cuyo caso, el reconocedor no podrá ejercitar la acción del artículo 136 del Código Civil: el matrimonio no abrirá un nuevo plazo de un año a tal efecto”.

Respecto de la posibilidad de impugnar la paternidad por reconocimiento, también se fija como doctrina que “cabe que quien ha realizado un reconocimiento de complacencia de su paternidad ejercite una acción de impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de no ser el padre biológico del reconocido. Si esa acción prospera, el reconocimiento devendrá ineficaz”.

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) mediante Sentencia 400/2016, de 15 de junio, anula el régimen de custodia compartida de una menor concedido a su padre y su madre porque ninguno de los dos lo había solicitado. El Alto Tribunal ordena a la Audiencia Provincial de Vizcaya, que dictó la sentencia estableciendo la custodia compartida, que pronuncie nueva sentencia en los “estrictos términos” en que se planteó el debate “que no incluía decidir sobre la guarda y custodia compartida”.

El Juzgado de Bilbao que resolvió en primera instancia el caso concedió la custodia al padre, quien al inicio de la vista desistió de la petición subsidiaria de custodia compartida proponiendo únicamente la custodia paterna. La madre reclamaba que se le concediese la custodia a ella.

El Juzgado le dio la custodia al padre al considerar que, al estar desempleado, tenía más tiempo de ocuparse del cuidado de la hija, mientras que la madre regentaba un negocio de hostelería que le absorbía mucho tiempo.

Respecto a la custodia compartida, el juez de Primera Instancia señaló que no concurrían los presupuestos para concederla porque ninguno de los progenitores la había pedido. Según el artículo 92 del Cödigo CIvil, se establece como requisito esencial que exista la petición de al menos uno de los progenitores, para acordarse la guarda y custodia compartida.

La madre recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial (AP) de Vizcaya, que estableció un sistema de guarda y custodia compartida por semanas alternas, permaneciendo la menor en el domicilio familiar salvo acuerdo que pudiesen alcanzar las partes en otro sentido, considerando la AP que la madre se encontraba ahora desempleada y el padre con trabajo.

La custodia compartida es el sistema normal, pero debe solicitarse: El Tribunal Supremo recuerda la doctrina contenida en su sentencia de 19 de abril de 2012 (recurso 1089/2010): los dos casos previstos por el artículo 92 del Código Civil para que pueda acordarse la guardia y custodia compartida, parten de un mismo “requisito esencial para acordar este régimen”: “la petición de al menos uno de los progenitores: si la piden ambos, se aplicará el párrafo quinto, y si la pide uno solo y el juez considera que, a la vista de los informes exigidos en el párrafo octavo, resulta conveniente para el interés del niño, podrá establecerse este sistema de guarda”, pero, destaca la Sala, el Código Civil “exige siempre la petición de al menos uno de los progenitores, sin la cual no podrá acordarse”.

Y “si bien es cierto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 del Código Civil, el Juez debe tomar las medidas que considere más convenientes en relación a los hijos, en el sistema del Código civil para acordar la guarda y custodia compartida debe concurrir esta petición”.

Doctrina que ha sido posteriormente confirmada por las Sentencias del Tribunal Supremo 29 de abril de 2013 (recurso 2525/2011) y 9 de marzo de 2016 (recurso 1849/2014), que establecen que si bien la guarda y custodia compartida ha de considerarse la medida “normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”, requiere “la existencia de petición de parte, pues de no existir ésta por ninguno de los progenitores, difícilmente puede valorarse un plan contradictorio, adecuadamente informado, sobre el qué decidir con fundamento en el interés de los menores, al no haber existido debate y prueba contradictoria sobre tal régimen de custodia”.

Para que los menores tengan un marco jurídico seguro que les garantice de manera real y efectiva la relación con ambos padres, la Comisión Europea, interesada en la mayor protección de los menores en litigios transfronterizos en materia de responsabilidad parental y en relación con la custodia, el derecho de visitas y la sustracción de menores, prepara nuevas normas con el objetivo acelerar los procedimientos judiciales y administrativos, aumentando la cooperación judicial entre los Estados.

Los procedimientos judiciales transfronterizos en la Unión Europea deben ser más armoniosos y eficientes, especialmente en cuanto a los plazos aplicables en las distintas fases del procedimiento de restitución de menores. La idea es que este período máximo de restitución sea de 18 semanas. Igualmente, las decisiones relativas a la restitución podrán recurrirse una sola vez, y el Juez deberá considerar si durante el proceso debe ser ejecutable una resolución que ordene el retorno del menor.

Buscar la mayor brevedad posible del procedimiento irá directamente en el interés superior del menor. Se trata de una actualización de las normas existentes sobre la base de la experiencia práctica adquirida durante los diez últimos años. Un aspecto muy importante es garantizar a los niños que estén en condiciones de formarse un juicio propio, la oportunidad de expresar su opinión en todos los procedimientos que les afecten directamente, como son los procesos sobre la custodia, el derecho de visita y sobre la restitución de menores en caso de que hayan sido sustraídos por uno de los padres.

Con la aprobación del nuevo Reglamento, quedará abolido el exequátur actualmente necesario para la ejecución de una sentencia en otro país. Así, cuando la ejecución no haya tenido lugar en el plazo de seis semanas, el Tribunal comunicará a la autoridad central requirente del Estado miembro de origen, o al solicitante, los motivos de la no ejecución en su momento. Además, el Tribunal que haya dictado el fallo podrá declararla provisionalmente ejecutiva.

El Parlamento Europeo aprobó el Reglamento que reduce los costes y los trámites para los ciudadanos que necesiten presentar un documento público en otro país de la Unión Europea (UE). Actualmente, los ciudadanos que se trasladen o residan en otro país de la UE deben conseguir una estampilla para demostrar que sus documentos públicos (certificados de nacimiento, matrimonio o defunción) son auténticos. Con este nuevo Reglamento, la estampilla y los procedimientos burocráticos relacionados con ella ya no serán necesarios al presentar documentos públicos expedidos en un país de la UE a las autoridades de otro país de la UE.

En concreto, con este nuevo Reglamento:

1. Los documentos públicos (por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio o antecedentes penales) emitidos en un país de la Unión han de ser aceptados como auténticos en otro Estado miembro sin necesidad de llevar una estampilla de autenticación (apostilla).
2. El Reglamento suprime también la obligación de los ciudadanos de facilitar siempre una copia compulsada o una traducción jurada de los documentos públicos. Los ciudadanos también podrán usar un formulario multilingüe, disponible en todas las lenguas de la UE, para su presentación como ayuda a la traducción adjunta a los documentos públicos, a fin de evitar los requisitos de traducción.
3. El Reglamento establece salvaguardias contra el fraude: si la autoridad receptora tiene dudas fundadas sobre la autenticidad de un documento público, podrá comprobar esa autenticidad ante la autoridad de expedición en el otro país a través de la actual plataforma informática, el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI).

El Reglamento solo trata de la autenticidad de los documentos públicos, por lo que los Estados miembros seguirán aplicando sus normas nacionales relativas al reconocimiento del contenido y los efectos de un documento público expedido en otro país de la Unión.

El Reglamento afecta a los siguientes tipos de documentos públicos:

1. Nacimiento
2. El hecho de que una persona está viva
3. Defunción
4. Nombre
5. Matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil)
6. Divorcio, separación legal o anulación del matrimonio
7. Unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho registrada y la condición de miembro de una unión de hecho registrada)
8. Cancelación del registro de una unión de hecho, separación judicial o anulación de una unión de hecho registrada
9. Filiación
10. Adopción
11. Domicilio o residencia
12. Nacionalidad
13. Ausencia de antecedentes penales
14. El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo.

Además, el Reglamento establece impresos estándar multilingües como ayuda a la traducción de los documentos públicos relativos a lo siguiente:
– nacimiento
– el hecho de que una persona está viva
– defunción
– matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil)
– unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho registrada y la condición de miembro de una unión de hecho registrada)
– domicilio o residencia
– ausencia de antecedentes penales

El Reglamento sobre documentos públicos estará disponible en los próximos días, tras su firma por los colegisladores. A continuación los Estados miembros disponen de dos años y medio a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento para adoptar todas las medidas necesarias al efecto de permitir la correcta aplicación del Reglamento al final de ese período.