Este complemento por maternidad será para las mujeres que se jubilen desde el 1 de enero de 2016, quienes verán incrementadas sus pensiones entre un 5% y un 15% a partir del segundo hijo. Las nuevas pensionistas recibirán un 5% más si son madres de dos hijos; el incremento será de un 10% si han tenido tres hijos, y un 15% más de prestación si son madres de cuatro o más hijos. Esta subida repercute en las pensiones contributivas de jubilación, de incapacidad permanente y las de viudedad. Y está incluida en el Plan Integral de Apoyo a la Familia, tratando así de nivelar la brecha que aún separa las pensiones de mujeres y hombres, puesto que ellas son las que en mayor medida suspenden su trabajo para dedicarse a su familia.

1. En la actualidad, la pensión media de un hombre asciende a 1.500 euros, mientras que la de la mujer es de 1.096 euros, casi un 27% menos. Además, el 98% de las peticiones de excedencia para cuidado de los hijos proceden de mujeres. Según el Gobierno, “se trata de una medida de justicia” para recompensar el esfuerzo que hicieron las mujeres al tener descendencia, puesto que a la hora de calcular las pensiones a las que tienen derecho cuando acaban su vida laboral, se ven reducidas por las excedencias para el cuidado de sus hijos.

Y es también una manera de fomentar la tasa de la natalidad que en España es muy baja. Es de justicia compensar a las familias que, con sus hijos, están aportando capital humano necesario para el sostenimiento del sistema de bienestar y garantizando las pensiones de todos. Mediante esta prestación social pública se reconoce la contribución demográfica al sistema de Seguridad Social de las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con la maternidad.

2. Para ello, se ha modificado la Ley General de la Seguridad Social de modo que “con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida” se reconozca “un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen de Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente”.

Asimismo, busca “valorar la dimensión de género en materia de pensiones, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, atendiendo al esfuerzo asociado a la maternidad en la Seguridad Social, suavizando las consecuencias de las discriminaciones históricas que han gravado más intensamente a las mujeres que a los hombres”.

3. Límites a las cuantías: Si la cuantía de la pensión reconocida inicialmente supera el límite establecido sin aplicar el complemento, la suma de la pensión y del complemento no podrá rebasar dicho límite incrementado en un 50% del complemento asignado. No obstante, si la cuantía de la pensión reconocida alcanza el límite aplicando solo parcialmente el complemento, la interesada tendrá derecho además a percibir el 50% de la parte del complemento que exceda del límite máximo vigente en cada momento.

En los casos en que legal o reglamentariamente esté permitida por otras causas la superación del límite máximo, el complemento se calculará en los términos indicados, estimando como cuantía inicial de la pensión el importe del límite máximo vigente en cada momento. “Si la pensión a complementar se causa por totalización de períodos de seguro a pro rata temporis, en aplicación de normativa internacional, el complemento se calculará sobre la pensión teórica causada y al resultado obtenido se le aplicará la prorrata que corresponda”.

Para aquellos supuestos en que la pensión inicialmente causada no alcance la cuantía mínima de pensiones que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, se reconocerá dicha cuantía, a la que se sumará el complemento por hijo aplicando el porcentaje correspondiente.

4. ¿Y en caso de las jubilaciones anticipadas voluntarias? El complemento de pensión no será de aplicación en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad de la interesada ni en los de jubilación parcial, aunque se asignará cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena o completa, una vez cumplida la edad que en cada caso corresponda. Las madres que se prejubilen voluntariamente no cobrarán el complemento por hijos, pero sí lo cobrarán si ha sido forzosa la prejubilación (por despido).

En el caso de concurrencia de pensiones del sistema de la Seguridad Social, se reconocerá el complemento por hijo solamente a una de las pensiones de la beneficiaria, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: a la pensión que resulte más favorable y a la de jubilación si es que ésta concurre con la de viudedad. El derecho al complemento estará sujeto al régimen jurídico de la pensión en lo referente a nacimiento, duración, suspensión, extinción y, en su caso, actualización.

5. ¿Y si la cuantía inicial no llega al mínimo legal, el nuevo complemento es compatible con el complemento a mínimos? Sí. Si la pensión reconocida inicialmente no llega a la mínima fijada para ese año, se le reconocerá el complemento a mínimos para alcanzar la pensión mínima legal que incluya cada año los Presupuestos Generales del Estado y se le añadirá el nuevo complemento por maternidad.

A la hora de determinar si se tiene o no derecho a este nuevo complemento, así como su cuantía, solo se tendrán en cuenta los hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente.

6. Ya hay críticas a esta ley, como la de dejar por fuera a las mujeres que han sido madres de un solo hijo. O la discriminación que esta ley supone para los hombres, quienes consideran que contradice el tan defendido principio de igualdad y reclaman la extensión del complemento retributivo por paternidad, ya que también los padres han contribuido a la gestación y crianza de sus hijos.

También hay quienes consideran insuficiente que las madres trabajadoras que se jubilen anticipadamente de forma voluntaria no puedan cobrar el complemento de la pensión de carácter demográfico. Y que se excluya de la percepción a las mujeres que se jubilen de forma parcial, aunque reciban el complemento cuando accedan a la jubilación completa.

Esta medida que se comenzó a aplicar el 1 de enero del 2016, beneficiará a 123.357 mujeres en el primer año, en su mayoría viudas (58.857). El gasto previsto para el primer año es de 51.616.278 millones de euros, según los cálculos realizados por la Seguridad Social.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El Papa Francisco reforma el proceso de nulidad matrimonial, otorgando una mayor participación a los Obispos, más rapidez y agilidad en la resolución de los casos y declarando la gratuidad en el proceso de declaración de nulidad, buscando así mejorar el sistema “por la salvación de las almas” mientras se reafirma la enseñanza católica de la indisolubilidad del matrimonio. El Papa afirma que estos ajustes “no favorecen la nulidad de los matrimonios sino la prontitud en el proceso”.

La reforma ha sido publicada en dos documentos llamados Motu Proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus (El Señor Jesús, un Juez Manso), que establece la reforma en el Código de Derecho Canónico del Rito Latino; y Mitis et Misericors Iesus (Jesús, Manso y Misericordioso), que establece los cambios para las 23 Iglesias Orientales Católicas que están en comunión con Roma.

Estos dos documentos para la Iglesia Católica de Occidente y de Oriente son prácticamente iguales con la diferencia fundamental de que en el texto Oriental, no se habla de los Obispos sino de los Patriarcas.

Se considera que el derogado proceso de nulidad matrimonial era demasiado largo, complicado y muy caro (en algunas ocasiones), lo que hacía que muchos “fieles se alejaran de las estructuras jurídicas de la Iglesia debido a la distancia física o moral”. Para el Sumo Pontífice, “la caridad y la misericordia” requieren que la Iglesia como madre acerque a sus hijos que se consideran lejos de ella.

El Papa ha decidido retirar la apelación automática que se generaba luego de que se tomaba la decisión de nulidad, puesto que antes de esta reforma, una vez que se decidía la nulidad de un matrimonio en primera instancia, éste debía pasar a un tribunal de segunda instancia, puesto que se necesitaban dos sentencias iguales, lo que era una innecesaria postergación del proceso, particularmente cuando nadie contradecía la primera sentencia. Sin contar que si no había dos sentencias iguales, había que ir a Roma para buscar la paridad de sentencias, con la consecuentes demora, dificultad y carestía. Con esta reforma, solo se necesitará una sentencia, a menos que se haga una apelación. Si hay apelación, el Papa señala que ahora se podrá hacer en la Arquidiócesis más cercana, conocida como la “Sede Metropolitana” y ya no habrá necesidad de dirigirse a Roma.

El Pontífice también ha establecido que cada Diócesis en el mundo nombre a un juez o un tribunal de la Iglesia para procesar los casos. Cada Obispo local puede ser el único juez o puede establecer un tribunal de tres miembros. De ser así, al menos uno de ellos debe ser clérigo y los otros dos pueden ser laicos.

El Papa también ha declarado que el proceso de nulidad sea gratuito, una práctica que ya se realizaba en muchas Diócesis. La reforma hace que la gratuidad sea ahora universal.

En su introducción, el Papa reconoce que esta reforma, particularmente los nuevos procedimientos en relación a las decisiones tomadas por los Obispos, puede generar preocupación sobre la enseñanza de la Iglesia en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio. “No he dejado de percatarme de que un juicio abreviado puede poner en riesgo la indisolubilidad del matrimonio”, afirma.

“De hecho, por esta razón he querido que en este proceso el juez sea el Obispo porque la fuerza de su ministerio pastoral es, con Pedro, la mejor garantía de la unidad católica en la fe y la disciplina”.

El Papa también explicó que ha querido ofrecer este nuevo proceso a los Obispos para que “sea aplicado en casos en los que la nulidad matrimonial es particularmente evidente” como, por ejemplo, el aborto procurado para impedir la procreación, la obstinada permanencia en una relación extra conyugal durante el tiempo de las nupcias, el ocultamiento doloso de la esterilidad o de una grave enfermedad contagiosa o de hijos nacidos de una relación anterior o de una encarcelación.

Esta reforma ha sido establecida por el Papa el pasado 15 de agosto, en la fiesta de la Asunción de la Virgen María, y entrará en vigor el 8 de diciembre de 2015, en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, coincidiendo con el inicio del Año Santo de la Misericordia y con el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II.

Particularmente considero que esta reforma del Papa Francisco hará que muchos fieles católicos practicantes que se han casado por lo católico, se han divorciado y vuelto a casar por lo civil, y que se sienten alejados de la Iglesia por no poder comulgar -queriendo y deseando hacerlo- se animen a solicitar la posible y/o segura declaración de nulidad de su anterior matrimonio católico, pues antes no lo hacían por considerar lento, largo y costoso el proceso de nulidad. Es una sabia y acertada decisión del Sumo Pontífice, ya que no se está yendo contra el principio de la indisolubilidad del matrimonio, sino que se está afirmando que la Iglesia se preocupa por la “salvación de las almas” que es su principio y ley universal, facilitando que los católicos puedan acudir más fácilmente a su Iglesia para despejar “esa duda” de su posible nulidad matrimonial. La reforma no tiene como objetivo facilitar la nulidad matrimonial, sino acelerar el proceso que declare la verdad sobre el matrimonio.

Muchos conocemos personas que habiéndose casado primero por lo católico, con un matrimonio que duró muy poco y que no fue una convivencia verdaderamente matrimonial, luego han encontrado a esa otra persona con la que han conformado un auténtico matrimonio duradero y fiel y una feliz familia, pero debido a que este matrimonio es por lo civil, se alejan de la Iglesia lo mismo que alejan a sus hijos. Y si no se alejan de la Iglesia, se “sienten” alejados por no poder comulgar. Y podría ser que ese primer matrimonio católico fuera nulo, pero no se ha declarado como tal porque los interesados no lo han intentado ya que les parece difícil, lento y costoso. Esta reforma animará a varios fieles a que su duda se despeje, aliviará sus conciencias y sentirán la cercanía y comprensión de sus Pastores, sin que ésto suponga declarar la nulidad en todos los casos, sino sólo cuando realmente exista alguna de las causales de nulidad matrimonial, las cuales siguen siendo las mismas.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

Los Notarios ya pueden resolver nuevas y distintas cuestiones civiles, matrimoniales, de sucesiones, hipotecarias y mercantiles en las que no exista controversia entre las partes, puesto que al no existir desacuerdo entre los implicados, no se requiere la intervención de un Juez. La nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, amplía las competencias de los Notarios, con lo que se ayudará a descongestionar los Juzgados y los Tribunales y se agilizarán las tramitaciones.

Se consideran de jurisdicción voluntaria todos aquellos asuntos que no requieren la intervención de un Juez para la tutela de derechos e intereses en materia civil y mercantil, porque no existe controversia entre las partes y, por tanto, no son asuntos propios de un proceso contencioso.

Los Notarios son cualificados expertos en Derecho, quienes están sujetos a un estatuto que garantiza su actuación independiente, imparcial, rigurosa y responsable, con vocación de servicio público.

La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria posibilita la alternatividad, es decir, permite al ciudadano la libertad de elegir al Secretario Judicial o al Notario o al Registrador para determinados casos.

¿Cuáles son estas nuevas competencias para los Notarios en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria?

1. A partir del 30 de junio de 2017, el matrimonio civil también podrá contraerse ante Notario, Juez del Registro Civil o de Paz, Secretario Judicial, Concejales y Alcaldes.

Actualmente, los Notarios ya intervienen en temas de familia como las capitulaciones matrimoniales, el reconocimiento de hijos, la protocolización de convenios familiares, las tutelas, la constitución de parejas de hecho, etc.

2. Los Notarios también podrán, a partir del 30 Junio de 2017, tramitar separaciones y divorcios, cuando no existan hijos menores a cargo de la pareja, con lo que seguramente se agilizarán los plazos de estas mismas tramitaciones en los Juzgados y, además, con la misma seguridad jurídica.

3. En cuanto al tema de las sucesiones sin controversia, los Notarios podrán, por ejemplo, conocer temas como el de los herederos colaterales de aquellas personas que han fallecido sin hacer testamento; por lo que estos herederos podrán recibir la herencia sin tener que acudir ante un Juez.

Los herederos directos, desde hace varios años, pueden encargar a los Notarios algunos asuntos de las sucesiones abintestato, es decir, sin testamento y sin controversia.

4. Los Notarios también conocerán de los expedientes de reclamación de deudas dinerarias sin controversia entre las partes, lo que permitirá acortar los plazos actuales. También se podrán realizar las subastas notariales, que serán estrictamente electrónicas, lo que abaratará y agilizará el procedimiento.

5. Otro asunto que se podrá hacer ante Notario es la conciliación. Desde 2012, los Notarios ya actúan en el ámbito de la mediación como mediadores. La conciliación y la mediación, como función pública notarial, lleva intrínseco el asesoramiento imparcial y equilibrado a las partes, para alcanzar en situaciones complejas acuerdos que sean conformes con la legalidad.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

La nueva Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia contiene, dentro de los aspectos más destacados, el nuevo sistema de adopción y de acogimiento familiar; crea un registro de delincuentes sexuales y, además, reforma algunas leyes del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Adopción Internacional y de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Entrará en vigor el próximo 12 de agosto de 2015.

El contenido más relevante de esta nueva Ley Orgánica que protege al menor puede resumirse así:

1. Fija el concepto de “interés superior del menor”, el cual debe ser una consideración primordial que deberá tenerse en cuenta en la satisfacción de las necesidades básicas del menor, en la consideración de sus deseos, sentimientos y opiniones y en la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia.

Para cualquier decisión que deba tomarse sobre un menor, habrá de ponderarse la edad y madurez del menor, la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad y la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten, respetando siempre las garantías procesales y los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado; deberán intervenir en los procesos sobre menores, profesionales expertos y cualificados quienes deberán incluir en sus decisiones y/o motivaciones los criterios utilizados, primando el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo.

2. En cuanto a los menores con problemas de conducta y su ingreso en centros de protección específicos, se deberá tener en cuenta las especiales características, complejidad, condiciones y necesidades de estos menores, previéndose como último recurso, la utilización de medidas de seguridad y de restricción de libertades o derechos fundamentales, tales como la contención, el aislamiento o los registros personales y materiales, la administración de medicamentos, el régimen de visitas, los permisos de salida o sus comunicaciones. Las medidas de seguridad aplicadas han de ser el último recuro y tendrán siempre carácter educativo.

El ingreso en estos centros para menores con problemas de conducta requiere autorización judicial, que puede ser solicitada por la Entidad Pública que ostente la tutela o guarda del menor o por el Ministerio Fiscal.

3. Se establecen nuevos procedimientos judiciales más ágiles y sumarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC):

– Procedimiento para la obtención de la autorización judicial del ingreso de un menor en un centro de protección específico de menores con problemas de conducta. Se exige que se realice previa autorización del Juez de Primera Instancia.

– Procedimiento para conocer de las solicitudes para entrar en un domicilio en ejecución de las resoluciones administrativas de protección de menores. Se atribuye la competencia para la autorización de entrada en domicilio al Juzgado de Primera Instancia, eliminando esta competencia de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. Se prevé la posibilidad de acordar la entrada de forma inmediata sin oir al titular u ocupante del domicilio.

4. Los menores víctimas de violencia de género quedan reconocidos como tales y los jueces tendrán la obligación de pronunciarse sobre las medidas civiles que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia.

Los hijos de un matrimonio en el que un cónyuge mate al otro podrán cobrar, además, la pensión de orfandad completa, aunque el padre o madre homicida siga con vida y esta pensión será de mayor cuantía, pues se le reconocerá el cien por cien de la base reguladora y no un porcentaje sobre la misma, como hasta ahora sucede.

5. Se prioriza el acogimiento familiar para los menores de seis años de edad, eliminando la intervención del juez en el proceso, de modo que sea la Administración la que decida dónde aloja al menor, sin que el recurso de los padres biológicos lo obligue a permanecer en un centro, como actualmente sucede.

6. Los padres podrán recurrir la declaración de desamparo, la cual no podrá declararse solo con base en la pobreza o discapacidad de los padres del menor y, mientras se resuelve este recurso, el niño estará en una familia de acogida y no en un centro. Las familias de acogida, deberán ser evaluadas por las Administraciones Públicas para comprobar su idoneidad y podrán estar en una Comunidad Autónoma distinta, si no se dispone en ese momento de núcleos familiares donde alojar a menores desamparados.

7. También se crea el sistema de adopción abierta para esos casos en que el menor quiere y puede seguir manteniendo relación con su familia biológica, se establecen criterios comunes para preparar para la adopción a padres que lo son de acogida, se regula el derecho de esos niños a conocer su origen y su pasado, y se crea un registro unificado de maltrato infantil al que podrán acceder los servicios sociales de todo el país.

8. Otra novedad muy importante es la prohibición expresa de que los condenados por delitos contra la integridad, la libertad o la indemnidad sexual de los menores de edad puedan trabajar en relación con niños y adolescentes. Para ello se establece la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales, al que deberán acudir quienes deseen trabajar en contacto con niños para conseguir un certificado que demuestre que no tienen antecedentes por estos delitos.

El Registro de Delincuentes Sexuales, tendrá que estar listo en los próximos seis meses. Su objetivo es que antes de emplear a una persona en una labor relacionada con niños, la institución, entidad, el particular o la administración contratante compruebe si el candidato tiene antecedentes penales por delitos contra la libertad e indeminidad sexual, la trata de seres humanos o la explotación de menores.

Para ello, le exigirá un certificado negativo del mencionado Registro de Delincuentes Sexuales, que estará vinculado al Registro Central de Penados, tendrá carácter confidencial y contendrá información sobre la identidad y el perfil genético de todas las personas condenadas por estos delitos en España.

9. La nueva Ley Orgánica establece expresamente los deberes de los menores, que se les exigirán tanto en el ámbito general, como en el doméstico, escolar y social y consiste en que los menores “deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos así como a otros familiares”. Y también que “deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo”. La norma exige a la Administración “promover la realización de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento de estos deberes”.

10. Por último, debe tenerse en cuenta que las disposiciones del Capítulo III del Título II la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, reguladoras de la adopción, entrarán en vigor al mismo tiempo de la entrada en vigor de esta nueva Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que estamos comentando, es decir, a partir del 12 de agosto de 2015.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho