Entradas de la categoría ‘Notas de prensa’

Reconocimiento civil del matrimonio de otras religiones en la nueva Ley de Jurisdiccion Voluntaria

viernes, 17 julio 2015

Es posible que las bodas de otras confesiones religiosas también sean reconocidas civilmente en España. Ya ha sido publicada en el BOE la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE número 158, de 3 de julio de 2015) que, entre otras muchas reformas, modifica los acuerdos de cooperación con varias confesiones religiosas contenidas en las Disposiciones finales quinta, sexta y séptimas respectivamente, que entrarán en vigor a partir del 30 de junio del 2017.

1. Concretamente, se reforma el artículo 7 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, de cooperación con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España; el artículo 7 de Ley 24/1992, de 10 de noviembre, de cooperación con la Federación de Comunidades Judías de España; el artículo 7 de Ley 26/1992, de 10 de noviembre, de cooperación con la Comisión Islámica de España.

La cuestión principal de esta nueva ley es la posibilidad de que las bodas religiosas de otras confesiones también sean reconocidas civilmente, puesto que se establece el derecho a celebrar matrimonio religioso con efectos civiles a las confesiones religiosas declaradas de notorio arraigo en España. Muchos consideran que esta es una modificación acorde al pluralismo religioso de la sociedad española.

Al día de hoy, este reconocimiento civil solo es posible para las confesiones que además de notorio arraigo, tienen firmados Acuerdos con el Estado como son los Católicos, Judíos, Musulmanes y Evangélicos. Otras confesiones religiosas con notorio arraigo pero sin Acuerdos firmados con el Estado, tienen que casarse por lo civil para que su matrimonio alcance validez en España.

Ahora bien, seguramente otras confesiones religiosas intentarán solicitar el notorio arraigo, por lo que cabe preguntarnos. ¿Qué requisitos deberá cumplir una confesión religiosa para tener reconocido el notorio arraigo? No cabe duda de que el notorio arraigo será una cuestión polémica.

2. Para responder, debemos tener en cuenta que son tres cuestiones importantes, respecto de las confesiones religiosas en España, que se hace necesario conocer para poder diferenciar: a) La inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, b) El reconocimiento de su notorio arraigo en nuestro país y c) La firma de Acuerdos con el Estado español.

A) En cuanto a la inscripción, el artículo 5 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR), establece unos requisitos para poder inscribirse en el Registro de entidades religiosas: 1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro público, que se crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia. 2. La inscripción se practicará en virtud de solicitud, acompañada de documento fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en España, expresión de sus fines religiosos, denominación y demás datos de identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación. 3. La cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad religiosa sólo podrá llevarse a cabo a petición de sus órganos representativos o en cumplimiento de sentencia judicial firme.

Quiere decir que en España existen dos grandes grupos de confesiones religiosas: las inscritas y las no inscritas. Dentro de las inscritas, encontramos las confesiones con Acuerdo y con notorio arraigo, las confesiones inscritas con notorio arraigo y sin Acuerdo y las confesiones inscritas sin notorio arraigo y sin Acuerdo.

B) El reconocimiento de notorio arraigo, junto a la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, constituyen un requisito indispensable para suscribir Acuerdos de cooperación con el Estado español.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR) define el notorio arraigo: El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales.

A pesar de ser imprescindible para entablar negociaciones con el Estado, obtener esta declaración no implica que el Estado acepte la firma de un Acuerdo. El único derecho que se reconoce a una confesión con notorio arraigo es el de participar en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Salvo este derecho, este reconocimiento carece de consecuencias legales. Sin embargo, sí tiene consecuencias sociales, ya que representa una legitimación pública del Estado a una confesión religiosa minoritaria, y abre las puertas a la posibilidad de negociación de un Acuerdo de cooperación.

Para conseguir la aprobación de la solicitud de reconocimiento de notorio arraigo por parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, una confesión debe demostrar:
– Un número relevante de practicantes de su confesión presentes en España (su representatividad social);
– Un tiempo considerable de presencia en el país (su presencia histórica legal o clandestina);
– Su grado de difusión (el ámbito de presencia territorial de sus creyentes, lugares de culto o personal religioso).

A día de hoy son siete las confesiones que tienen reconocimiento de Notorio Arraigo. El Islam, el Judaísmo y el Protestantismo consiguieron este reconocimiento en el año 1989. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) lo obtiene en el año 2003, los Testigos Cristianos de Jehová en el año 2006, la Federación de Entidades Budistas de España en el año 2007 y la Iglesia Ortodoxa en el año 2010.

Muchos expertos en la materia creen que resulta imposible definir objetivamente el concepto de “notorio arraigo”. En cualquier caso, el hecho de obtener notorio arraigo no suponía hasta ahora apenas ningún privilegio respecto al estatuto jurídico. Sin embargo, esta reforma supone un importante reconocimiento hacia esas confesiones religiosas que sin duda favorece al pluralismo religioso existente en la sociedad española.

C) Respecto de los Acuerdos, éstos constituyen una de las formas de hacer efectivo el mandato constitucional de cooperación del Estado con las confesiones religiosas. Su objetivo último es el de promover las condiciones y remover los obstáculos que impiden el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa. Los Acuerdos están al servicio del pleno ejercicio del derecho del individuo y de los grupos. La existencia de estos Acuerdos se establece en el artículo 7 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR):

El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales.

Para que una confesión religiosa pueda acceder al Acuerdo tiene que cumplir dos condiciones: Estar inscrita en el Registro de Entidades Religiosas y haber alcanzado notorio arraigo en España. Sin embargo, al afirmar la LOLR “establecerá, en su caso”, la concurrencia de estos dos requisitos, y en particular el de notorio arraigo, no implica necesariamente que el Estado esté obligado a la firma de un Acuerdo.

Las confesiones que hasta la fecha, han firmado Acuerdos de cooperación con el Estado español son cuatro:
– La Iglesia Católica (Acuerdos de 3 de enero de 1979),
– Las Iglesias Evangélicas (Ley 24/1992, de 10 de noviembre),
– Las Comunidades Judías (Ley 25/1992, de 10 de noviembre),
– Las Comunidades Musulmanas (Ley 26/1992, de 10 de noviembre).

Existe una diferencia fundamental entre los Acuerdos celebrados por el Estado español con la Santa Sede y los Acuerdos de cooperación celebrados por el Estado español con evangélicos, judíos y musulmanes: los primeros son equiparados a Tratados Internacionales, mientras que los segundos tienen la consideración de leyes de las Cortes Generales.

Los Acuerdos celebrados con la Santa Sede son equiparados a Tratados Internacionales (firmados al amparo de la Constitución española). Se negocian por vía diplomática y, tras su ratificación por las Cortes Generales, se firman por el Jefe del Estado. Para que tengan eficacia jurídica deben ser publicados en el Boletín Oficial del Estado. Su modificación o derogación debe hacerse conforme a lo previsto en el propio Tratado o a las normas generales del Derecho Internacional.

Los Acuerdos celebrados con la Santa Sede, vigentes en la actualidad, son los siguientes:
– Convenio de 5 de abril de 1962, sobre reconocimiento, a efectos civiles, de estudios no eclesiásticos, realizados en Universidades de la Iglesia;
– Acuerdo básico de 28 de julio de 1976;
– Acuerdo de 3 de enero de 1979, sobre Asuntos Jurídicos;
– Acuerdo de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales;
– Acuerdo de 3 de enero de 1979, sobre la asistencia religiosas a las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos;
– Acuerdo de 3 de enero de 1979, sobre Asuntos Económicos;
– Acuerdo de 21 de diciembre de 1994, sobre asuntos de interés común en Tierra Santa.

Mientras que los Acuerdos con el resto de confesiones, tienen la naturaleza jurídica de una ley especial ordinaria (firmados al amparo de la LOLR) y se tramitan como tal en el Parlamento. Se negocian entre el Gobierno y los representantes nacionales de las respectivas confesiones religiosas. El contenido puede verse afectado por iniciativas legislativas posteriores sin que el Gobierno tenga más obligación que la de dar cuenta de ello a la confesión respectiva.

En el caso de las confesiones con Acuerdo de cooperación firmado, el Notorio Arraigo se concedió a la confesión genéricamente (al Protestantismo, al Judaísmo y al Islam) así que, dada la diversidad que caracteriza estas religiones, se decidió que sería más conveniente que se articularan en Federaciones. Estas funcionan como estructuras representativas del conjunto de Iglesias o comunidades que las componen, facilitando su interlocución con el Estado. Las Federaciones firmantes son:
– La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE);
– La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE);
– La Comisión Islámica de España (CIE).

El hecho de que los sujetos firmantes de los Acuerdos sean las Federaciones, significa que el contenido de los mismos sólo puede ser aplicado a aquellas entidades religiosas que forman parte de las respectivas Federaciones.

El contenido de los Acuerdos -con todas las confesiones- contempla dos tipos de derechos: individuales y colectivos. Los Derechos individuales contemplados son:
– La atribución de efectos civiles al matrimonio celebrado según la forma religiosa específica de la confesión;
– El reconocimiento del derecho a la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas;
– La garantía del ejercicio del derecho a la asistencia religiosa a internados en centros o establecimientos penitenciarios, hospitalarios, asistenciales u otros análogos del sector público;
– La garantía del ejercicio del derecho a la enseñanza religiosa en centros docentes públicos y privados concertados;
– La celebración de las festividades religiosas y el día de descanso semanal.

Los Derechos colectivos contemplados en los Acuerdos son:
– Derecho al culto y al establecimiento de lugares de culto y de cementerios propios;
– Derecho al nombramiento y designación de los ministros de culto y al secreto profesional;
– Derecho a ser incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social;
– Derecho a recibir y organizar ofrendas y colectas;
– Derecho a la exención de determinados impuestos y tributos;
– Derecho a establecer centros y a prestar actividades de carácter benéfico o asistencial;
– Derecho a mantener relaciones con sus propias organizaciones y con otras confesiones religiosas, en territorio español o en el extranjero;
– Garantía de tutela sobre la conservación y fomento del patrimonio cultural de interés religioso;
– Garantía de tutela de las cuestiones relacionadas con la alimentación propia.

Los Acuerdos son leyes del Estado por lo que el ejercicio de las competencias autonómicas y locales que inciden en los contenidos de los Acuerdos deben respetar y tener en cuenta dicha regulación legal.

3. Entrando ya al tema de la reforma de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, sobre los Acuerdos de cooperación con varias confesiones religiosas sobre el matrimonio de su propio rito y el respectivo reconocimiento civil, contenidas en las Disposiciones finales quinta, sexta y séptimas respectivamente de esta nueva ley, y que entrarán en vigor a partir del 30 de junio del 2017, tenemos lo siguiente:

3.1) Disposición final quinta. Modificación de Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Los apartados 2 y 5 del artículo 7 quedan redactados de la forma siguiente:

“2. Las personas que deseen contraer matrimonio en la forma prevista en el párrafo anterior promoverán acta o expediente previo al matrimonio ante el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil correspondiente conforme a la Ley del Registro Civil”.

“5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del acta o expediente previo que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o resolución diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto”.

3.2) Disposición final sexta. Modificación de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España.

Uno. Se modifica el Título de esta Ley que pasa a ser “Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Judías de España”.

Dos. Los apartados 2 y 5 del artículo 7 quedan redactados de la forma siguiente:

“2. Las personas que deseen contraer matrimonio en la forma prevista en el párrafo anterior promoverán acta o expediente previo al matrimonio ante el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil correspondiente conforme a la Ley del Registro Civil”.

“5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente acta previa que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa que representa como ministro de culto”.

Tres. Se añade una nueva disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:

“Disposición adicional cuarta. Denominación de la Federación. Por acuerdo de las partes se procede a sustituir el nombre de Federación de Comunidades Israelitas de España por el de Federación de Comunidades Judías de España, que será utilizado en lo sucesivo. Las referencias realizadas a la Federación de Comunidades Israelitas de España en este Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, así como las que figuren en otras normas deberán entenderse hechas a la Federación de Comunidades Judías de España”.

3.3) Disposición final séptima. Modificación de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Los apartados 2 y 3 del artículo 7 quedan redactados de la forma siguiente:

“2. Las personas que deseen inscribir el matrimonio celebrado en la forma prevista en el número anterior, deberán acreditar previamente su capacidad matrimonial, mediante copia del acta o resolución previa expedida por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil conforme a la Ley del Registro Civil y que deberá contener, en su caso, juicio acreditativo de la capacidad matrimonial. No podrá practicarse la inscripción si se hubiera celebrado el matrimonio transcurridos más de seis meses desde la fecha de dicho acta o desde la fecha de la resolución correspondiente.

3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad Islámica en que se hubiera contraído aquel extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de las circunstancias del expediente o acta previa que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la capacidad representante de la Comunidad Islámica para celebrar matrimonios, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 3, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio, entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo de la Comunidad”.

4. Esta reforma, obviamente, genera la modificación  de los artículos 60, 62, 63 y 65 del Código Civil español, cuyas nuevas redacciones quedarán de la siguiente manera:

Artículo 60 del Código Civil:

1. El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de otras formas religiosas previstas en los Acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas produce efectos civiles.

2. Igualmente, se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España.

En este supuesto, el reconocimiento de efectos civiles requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial con arreglo a la normativa del Registro Civil.

b) La libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto debidamente acreditado y dos testigos mayores de edad.

La condición de ministro de culto será acreditada mediante certificación expedida por la iglesia, confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, con la conformidad de la Federación que, en su caso, hubiere solicitado dicho reconocimiento.

3. Para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado en forma religiosa se estará a lo dispuesto en el Capítulo siguiente.

Artículo 62 del Código Civil:

La celebración del matrimonio se hará constar mediante acta o escritura pública que será firmada por aquél ante quien se celebre, los contrayentes y dos testigos.

Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se remitirá por el autorizante copia acreditativa de la celebración del matrimonio al Registro Civil competente, para su inscripción, previa calificación por el Encargado del mismo.

Artículo 63 del Código Civil:

La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la iglesia, o confesión, comunidad religiosa o federación respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil.

Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este Título.

Artículo 65 del Código Civil:

En los casos en que el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente o acta previa, si éste fuera necesario, el Secretario judicial, Notario, o el funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil que lo haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripción, deberá comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitación del acta o expediente al que se refiere este artículo.

Si la celebración del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona competente distinta de las indicadas en el párrafo anterior, el acta de aquélla se remitirá al Encargado del Registro Civil del lugar de celebración para que proceda a la comprobación de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. Efectuada esa comprobación, el Encargado del Registro Civil procederá a su inscripción.

5. Como conclusión, considero que éste es un paso muy importante no sólo en el ámbito del efectivo reconocimiento de la Libertad religiosa en nuestro país, sino que también constituye la mejor manera de proteger la monogamia del matrimonio, otorgándole a esta característica esencial del matrimonio una mayor seguridad jurídica y un eficaz control legal, puesto que antes, y muy posiblemente, se nos escapaba el importante control administrativo que debe hacerse cuando se celebraban matrimonios religiosos, generando que se pudieran celebrar matrimonios simultáneos, esto es, que personas que están “actualmente” casadas, no les aparezca su matrimonio registrado en el correspondiente Registro Civil (con lo que se presumiría que su estado civil es soltero o soltera) y podrían celebrar otro matrimonio, incurriendo “supuestamente” en el delito de bigamia y en la nulidad del matrimonio por impedimento de ligamen o vínculo anterior. Estas son situaciones reales que aún se siguen dando y que no garantizan la protección legal de la monogamia del matrimonio.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

No se vulneran derechos fundamentales al denegar inscripción de la filiación mediante vientres de alquiler

viernes, 13 febrero 2015

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Auto fechado el 2 de febrero de 2015 (recurso número 245/2012), declara que su sentencia de 6 de febrero de 2014, por la que confirmaba la denegación de la inscripción de la filiación de unos menores nacidos por gestación por subrogación, no vulneró los derechos fundamentales de los menores, ni de quienes pretendían ser inscritos como progenitores.

La Sala desestima así el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra su sentencia, señalando que la misma respeta la doctrina establecida sobre esta materia en tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Sala afirma que su sentencia respetó el derecho a la vida privada de los menores y a la determinación de su identidad conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, pues permitió el reconocimiento de la filiación biológica paterna y la formalización de las relaciones existentes si hubiera un núcleo familiar “de facto” entre los recurrentes y los niños, y al instar al Ministerio Fiscal para que adoptara las medidas pertinentes, en el sentido indicado, para la protección de los menores.

El 6 de febrero de 2014 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó la sentencia número 835/2013, cuyo fallo acuerda:

“1.- Desestimar el recurso de casación interpuesto por D. ABC y D. XYZ, contra la sentencia número 826/2011, de 23 de noviembre, dictada por la sección décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en el recurso de apelación número 949/2011, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario número 188/2010, seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de la misma ciudad.

2.- No hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación. Acordar la pérdida del depósito constituido.

3.- Instar al Ministerio Fiscal a que, de acuerdo con las funciones que le atribuye su Estatuto Orgánico, ejercite las acciones pertinentes para determinar en la medida de lo posible la correcta filiación de los menores y para su protección, tomando en consideración, en su caso, la efectiva integración de los mismos en un núcleo familiar “de facto”.”

Frente a dicha sentencia los actores presentaron escrito promoviendo incidente de nulidad de actuaciones al amparo de los artículos 228 de la LEC y 241 de la LOPJ.

Posteriormente, con fecha 26 de junio de 2014, el TECH dictó dos sentencias, de fecha 26 de junio de 2014 (asuntos Mennesson y Labassee), relativas a asuntos sobre los que versa el presente procedimiento, por lo que se acordó dar traslado a las partes para que alegaran lo que considerasen oportuno en relación con los pronunciamientos de las referidas sentencias.

A. El Auto del Tribunal Supremo:

El Pleno de la Sala desestima el incidente de nulidad con base en las siguientes consideraciones:

Fundamento de Derecho Sexto:

“(…) 9.- Criterios rectores de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo:

Los promotores del incidente, cuando han sido oídos sobre la trascendencia de las sentencias dictadas por el Tribunal de Estrasburgo, alegan que este Tribunal, en sus sentencias, “critica específicamente las soluciones que otorgan los tribunales franceses a los litigantes: reconocimiento de paternidad, adopción, o notoriedad de estado. Es decir, las mismas soluciones que se sugiere a los litigantes españoles. La crítica versa sobre la grave restricción sobre la identidad y el derecho fundamental a la vida privada de los menores”.

Los recurrentes se equivocan en su lectura de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, puesto que lo que lleva al mismo a considerar vulnerado el artículo 8 del Convenio, en su aspecto de derecho a la vida privada de los menores, es que el ordenamiento francés, considerando que existe un vicio de origen, no permita el reconocimiento de la filiación entre los matrimonios comitentes y las niñas gestadas por subrogación por ningún medio (transcripción de actas de nacimiento, filiación biológica paterna, adopción, posesión de estado), y especialmente, que no admita el reconocimiento de la filiación paterna biológica, lo que merece al Tribunal un especial reproche pues “… obstaculizando así tanto el reconocimiento como el establecimiento en Derecho interno de su relación de filiación respecto de su padre biológico, el Estado demandado ha ido más allá de lo que le permitía su margen de apreciación…”

El análisis de las referidas sentencias muestra que su criterio rector consiste en que la negativa de las autoridades francesas a la inscripción de la filiación de los niños respecto de los demandantes (no solo por la denegación de transcripción de las actas de nacimiento norteamericanas, sino también por negar que en Francia pueda establecerse por cualquier otro modo la filiación biológica, por adopción o por posesión de estado, por estar viciada en origen la relación a causa del contrato de gestación por sustitución) es una injerencia prevista en la ley, que persigue objetivos legítimos, como la protección de la salud y la protección de los derechos y libertades de los demás (tanto del niño como de la madre gestante, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico francés), pero que no cumple el requisito de ser “necesario en una sociedad democrática” pues perjudica de tal forma al menor, al impedirle fijar su identidad en Francia, que supone una falta de equilibrio entre los legítimos objetivos perseguidos por el Estado al prohibir la gestación por sustitución, de un lado, y el interés superior del menor, de otro, ya que trae consigo una incertidumbre que afecta tanto a su identidad, de la que la filiación es un aspecto fundamental, como a la posibilidad de adquirir la nacionalidad francesa y de heredar como hijo, por lo que el Estado francés habría ido más allá del margen de apreciación de lo que es necesario para una sociedad democrática que le concede el artículo 8 del Convenio.

El Tribunal de Estrasburgo considera como especialmente grave la imposibilidad de reconocer o establecer la relación de filiación respecto del progenitor biológico; es más, según la jurisprudencia del Tribunal de Casación francés, el fraude permitiría la destrucción del vínculo de filiación que el padre intencional hubiera establecido en relación con el menor, incluso aunque se probara que se trataba efectivamente del padre biológico.

10.- Similitudes y diferencias entre los casos franceses y el caso español:

Las similitudes entre la sentencia del Tribunal de Casación francés y la sentencia de esta Sala cuya nulidad se solicita se circunscriben a que ambas deniegan la transcripción al Registro Civil de las actas extranjeras de nacimiento que establecen la filiación de los niños respecto de los padres comitentes en supuestos de contratos de gestación por sustitución.

Pero a partir de ahí, las diferencias son importantes:

(i) Mientras que el Tribunal de Casación francés afirma la imposibilidad de que pueda determinarse legalmente en Francia cualquier relación de filiación entre el niño y los padres comitentes, de tal modo que procede incluso anular el reconocimiento o el establecimiento de la paternidad del padre biológico por el carácter fraudulento del contrato de gestación por sustitución («fraus omnia corrumpit», el fraude todo lo corrompe, dice el Tribunal de Casación francés en dos sentencias dictadas en el año 2013 sobre esta misma cuestión, citadas por el Tribunal de Estrasburgo en sus sentencias de los casos Labassee y Mennesson), por el contrario, el ordenamiento jurídico español, y así lo afirmó nuestra sentencia, prevé que respecto del padre biológico es posible la determinación de filiación paterna; y, en todo caso, si los comitentes y los niños efectivamente forman un núcleo familiar “de facto” (lo que es muy posible pero no ha sido el objeto del recurso, pues los demandados han fundado su oposición a la demanda del Ministerio Fiscal en la procedencia de transcribir las actas de nacimiento de California tal como allí fueron extendidas), nuestra sentencia acuerda que debe protegerse legalmente, en su caso mediante la adopción (que, si uno de los solicitantes de la nulidad de actuaciones fuera padre biológico, no requeriría siquiera propuesta previa ni declaración administrativa de idoneidad, sino solo el asentimiento del consorte y la comprobación judicial de la adecuación de la medida al interés del menor, artículo 176 del Código Civil) o, de considerarse que existe una situación de desamparo por la decisión de la madre gestante de no ejercer sus funciones como tal, mediante el acogimiento.

(ii) En Francia, las niñas no pueden adquirir la nacionalidad francesa ni heredar a los comitentes en calidad de hijas. En España, la sentencia de esta Sala acordó que solo se anulara la mención a la filiación de los menores en tanto se determinaba la filiación biológica paterna y también, en su caso, la filiación que fuera acorde con la situación familiar “de facto” (por ejemplo, mediante la adopción), de modo que, una vez quede determinada la filiación biológica respecto del padre biológico y la filiación por criterios no biológicos respecto del otro cónyuge (o respecto de ambos, si ninguno de ellos fuera el padre biológico), tendrán la nacionalidad española y podrán heredar como hijos.

(iii) El Tribunal de Casación francés afirma que ante la existencia de fraude, no puede invocarse el interés superior del menor ni el derecho a la vida privada del mismo. Nuestra sentencia, por el contrario, afirma que debe tenerse en cuenta el interés superior del menor, tal como es protegido por el ordenamiento jurídico español (artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida), y evitando en todo caso su desprotección, para lo que se instó al Ministerio Fiscal a que, de acuerdo con las funciones que le atribuye su Estatuto Orgánico, ejercitara las acciones pertinentes para determinar en la medida de lo posible la correcta filiación de los menores, y para su protección, tomando en consideración, en su caso, la efectiva integración de los mismos en un núcleo familiar “de facto”.

(iv) En los asuntos franceses, los comitentes habían solicitado que se determinara la filiación de las niñas no solo con base en las actas de nacimiento expedidas en Norteamérica (determinadas por la existencia de sendos contratos de gestación por sustitución que, una vez homologados judicialmente sus efectos, dieron lugar a la inscripción del nacimiento en el Registro Civil con determinación de la filiación respecto de los padres comitentes): en ambos casos se pidió, de modo alternativo o subsidiario, que se determinara la filiación paterna biológica respecto del marido, pues constaba que tanto el Sr. Labassee como el Sr. Mennesson eran los padres biológicos de las respectivas niñas. Y en el caso del matrimonio Labassee, se solicitó también que se realizara la inscripción de la filiación con base en un acta de notoriedad de posesión de estado civil puesto que constaba que el matrimonio Labassee había criado y educado a la niña desde su nacimiento. El Tribunal de Estrasburgo hace constar que en ambos casos está constatado que los matrimonios demandantes y las niñas fruto de la gestación por sustitución por ellos contratada formaban sendos núcleos familiares “de facto”.

El litigio que dio lugar al recurso resuelto por nuestra sentencia es distinto. Consistió en una impugnación por parte del Ministerio Fiscal de la inscripción en el Registro Civil con base en las actas de nacimiento de California. En este litigio, los demandados han sostenido la regularidad del reconocimiento en el Registro Civil español de la inscripción extranjera, alegando que el hecho de que los niños hayan sido fruto de un contrato de gestación por sustitución no impide que se reconozca en España la relación de filiación reconocida a los comitentes en el ordenamiento de California. No se han introducido adecuadamente en el debate, mediante la correspondiente alegación y prueba, las circunstancias concretas de los menores y de sus relaciones familiares: si alguno de los recurrentes es el padre biológico, si los niños están integrados actualmente en un núcleo familiar con los recurrentes, etc.

En estas circunstancias, impugnada por el Ministerio Fiscal la inscripción registral, defendida su legalidad por los hoy promotores del incidente, planteada la conformidad del contenido de la inscripción registral extranjera con el orden público internacional español, la cuestión relevante consistía en la aptitud de la relación resultante de una gestación por subrogación contratada en el extranjero, una vez que ha sido homologada judicialmente y ha dado lugar a la correspondiente inscripción registral en el Estado donde tuvo lugar la gestación y el nacimiento, para determinar en España la relación de filiación entre los niños así nacidos y los comitentes, esto es, las personas que contrataron la gestación por subrogación con la futura madre gestante y fueron reconocidos como padres, con base en tal relación jurídica, por el ordenamiento extranjero.

Este Tribunal decidió que, en tales circunstancias, dicha relación jurídica no podía ser reconocida por nuestro ordenamiento jurídico al resultar contraria a las normas actualmente vigentes que integran el orden público internacional español, como son las que regulan la filiación y las normas esenciales sobre técnicas de reproducción humana asistida.

Ahora bien, para proteger el interés del menor, y dado que era probable que alguno de los recurrentes fuera padre biológico de los niños, y que estos estuvieran integrados en un núcleo familiar “de facto” con los recurrentes, se instó al Ministerio Fiscal a proteger a los menores y a procurar su integración en ese núcleo familiar, en el caso de que efectivamente existiera, puesto que los menores no pueden cargar con las consecuencias negativas derivadas de que los recurrentes hayan acudido al contrato de gestación por subrogación, considerado radicalmente nulo por el ordenamiento jurídico español, que también dispone que la filiación materna es la que resulta del parto y deja a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico.

La sentencia de esta Sala no anula la inscripción de la filiación de los niños nacidos de una gestación por sustitución respecto de los comitentes para obligarles a dar un rodeo, “cumplir unas formalidades” y llegar al mismo sitio. La cuestión decisiva es que lo que determina la relación de filiación, esencial para establecer la identidad del menor, según las normas de orden público del ordenamiento español actualmente vigentes porque el legislador ha entendido que es lo más adecuado para proteger el interés del menor, es la filiación biológica (cuyo reconocimiento como determinante de la filiación tiene una especial importancia para el interés del menor, como elemento esencial de su identidad, y así es destacado por las sentencias del Tribunal de Estrasburgo), y el establecimiento de lazos filiales como consecuencia de la existencia de un núcleo familiar de facto en el que estén integrados los menores, el progenitor biológico y su cónyuge, como por ejemplo los derivados de la adopción, en la que el interés del menor se controla y protege por el juez que la constituye (artículo 176 del Código Civil). Y esta cuestión no ha sido la planteada en el proceso.

11.- Razones por las que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo consideran que se ha vulnerado el derecho a la vida privada de los niños por las autoridades judiciales francesas:

Las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, reconociendo que la filiación es un aspecto esencial de la identidad del individuo, no establecen que, a priori y en todo caso, cualquier decisión que afecte a la filiación de los menores suponga una violación de su derecho a la vida privada. Afirman las sentencias (párrafo 63 de la sentencia del caso Labassee y 84 de la del caso Mennesson) que el juez nacional, al aplicar la excepción del orden público internacional, debe procurar un equilibrio justo entre el interés de la comunidad en lograr que sus miembros cumplan con la elección efectuada democráticamente en su seno y el interés de los demandantes, incluido el interés superior del niño, para disfrutar plenamente de sus derechos al respeto de su vida privada y familiar. A tal efecto, el Tribunal de Estrasburgo realiza en estas sentencias un examen de la injerencia que dicha afectación supone a la luz de su jurisprudencia sobre el art. 8 del Convenio, y, en los casos enjuiciados, concluye que la injerencia cumple los requisitos de estar prevista en la ley y responder a una finalidad legítima, pero no supera la exigencia de ser necesaria en una sociedad democrática, debido a las consecuencias extremadamente rigurosas que en el ordenamiento jurídico francés se derivan del hecho de que los niños hayan sido gestados por una madre subrogada contratada por los comitentes, pues niega toda posibilidad de establecer lazos paterno filiales entre los comitentes y los niños, por lo que existe un desequilibrio injustificado entre los fines legítimos buscados por el Estado y el respeto a la identidad de los menores.

No deben descontextualizarse expresiones aisladas de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Los párrafos 75 y 78 de la sentencia del caso Labassee y 96 y 99 de la del caso Mennesson no afirman que cualquier afectación a la filiación del menor suponga una vulneración de su derecho a la vida privada, sino que tal afectación existe “en estas condiciones del Derecho positivo [francés]”, que consisten, como se ha visto, en la absoluta imposibilidad de que el ordenamiento jurídico francés reconozca cualquier vínculo de filiación entre los comitentes y el niño, no solamente por la imposibilidad de transcribir el acta de nacimiento norteamericana, sino también por la imposibilidad de que se reconozca la filiación biológica paterna (lo que el Tribunal de Estrasburgo considera injustificable), la filiación derivada de la posesión de estado, o la filiación por adopción por parte de los comitentes, con lo cual las menores tampoco podrán adquirir la nacionalidad francesa, ni heredar en calidad de hijas, lo que supone una situación de incertidumbre jurídica incompatible con las exigencias del art. 8 del Convenio.

12.- La sentencia dictada por esta Sala respeta el derecho a la vida privada de los menores y a la determinación de su identidad conforme al artículo 8 del Convenio:

Nuestra sentencia permite que la identidad de los menores quede debidamente asentada mediante el reconocimiento de la filiación biológica paterna y la formalización de las relaciones existentes si hubiera un núcleo familiar “de facto” entre los comitentes y los niños, como parece que existe. Y no solo lo permite, sino que acuerda instar al Ministerio Fiscal para que adopte las medidas pertinentes en ese sentido para la protección de los menores.

El Tribunal de Estrasburgo, en las sentencias Labassee y Mennesson, no afirma que la negativa a transcribir al Registro Civil francés las actas de nacimiento de los niños nacidos en el extranjero por gestación por subrogación infrinja el derecho al respeto de la vida privada de esos menores. Lo que afirma es que a esos niños hay que reconocerles un estatus definido, una identidad cierta en el país en el que normalmente van a vivir. Ese estatus debe ser fijado conforme a las normas esenciales del orden público internacional del Estado en cuestión sobre filiación y estado civil, siempre que sean compatibles con esta exigencia, como lo son en el ordenamiento jurídico español. En el caso de España, ese estatus puede proceder del reconocimiento o establecimiento de la filiación biológica con respecto a quienes hayan proporcionado sus propios gametos para la fecundación, puede proceder de la adopción, y, en determinados casos, puede proceder de la posesión de estado civil, que son los criterios de determinación de la filiación que nuestro ordenamiento jurídico vigente ha considerado idóneos para proteger el interés del menor.

Las molestias e inconvenientes que para los recurrentes (y en menor medida para los niños, que por su corta edad no serán conscientes siquiera de la situación) puede suponer la situación provisional que se produzca por la sustitución de la filiación resultante de la transcripción de las actas de nacimiento de California por la filiación que resulte de la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico español, no alcanzan una entidad suficiente como para considerar que se produce el desequilibrio vulnerador del derecho a la vida privada de los niños, en su aspecto de fijación de una identidad determinada. Se trata de una situación temporal que puede tener una duración razonablemente breve (determinación de la filiación paterna respecto del progenitor biológico y adopción por el cónyuge), y el Estado de Derecho provee de suficientes medios para evitar perjuicios a los menores durante esta interinidad, siguiendo el criterio de protección del núcleo familiar “de facto” afirmado en la sentencia.

Es más, los promotores del incidente deben ser conscientes de que la filiación de los menores podía haber sido ya fijada definitivamente, o estar muy avanzado el proceso para fijarla, si se hubiera dado cumplimiento a lo acordado en nuestra sentencia. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Fiscal en el último escrito presentado en el incidente, los promotores del incidente no solo no han ejercitado las acciones de reclamación de la filiación biológica paterna, sino que ni siquiera están prestando su colaboración al Ministerio Fiscal para que la filiación sea fijada del modo previsto en nuestro Derecho y acordada en la sentencia.

13.- Falta de alegación de perjuicios concretos causados a la identidad de los menores:

Los promotores del incidente invocan en abstracto el derecho a la vida privada de los menores, pero no alegan qué obstáculo hay para que la identidad de dichos menores sea establecida en cumplimiento de las medidas que la sentencia de esta Sala estableció para su protección, fijando su filiación, como aspecto fundamental de su identidad, mediante la determinación de la filiación biológica respecto del progenitor que efectivamente lo sea, y la adopción respecto del que no lo sea, que son los criterios determinantes de la relación paterno-filial previstos en nuestro ordenamiento jurídico.

Pese a la reiterada invocación genérica del interés del menor, los promotores del incidente no exponen adecuadamente en qué perjudica a estos concretos menores que la determinación de su filiación se haga, en un plazo razonable, conforme a la normativa española, atendiendo a los criterios que la sociedad española, mediante la decisión adoptada por su parlamento, considera en este momento adecuados para que una relación de filiación quede determinada y merezca protección jurídica. No reiteran siquiera las alegaciones infundadas que hacían en su recurso en el sentido de que los niños serían ingresados en un orfanato o expulsados a los Estados Unidos, carentes de cualquier verosimilitud y que en todo caso quedan descartadas por la decisión de esta Sala de instar al Ministerio Fiscal para que proteja el núcleo familiar que pudiera existir “de facto” y se determine la filiación biológica paterna.

No existe una situación de incertidumbre equiparable a la de los menores de los casos resueltos por el Tribunal de Estrasburgo, que se veían imposibilitados de por vida para ver reconocida su filiación por el ordenamiento jurídico nacional, con las consecuencias que ello traía respecto de la adquisición de la nacionalidad francesa y sus derechos sucesorios. En nuestro caso, los inconvenientes que puedan surgir en el proceso de fijación de la filiación biológica paterna y de adopción son transitorios, superables, y no alcanzan un nivel de gravedad tal que puedan considerarse constitutivos de un desequilibrio entre los intereses de la comunidad, fijados en su legislación sobre filiación y reproducción humana asistida, y el interés de los menores. Además, como se ha dicho, en ese periodo transitorio regirá el criterio de protección de la unidad familiar “de facto” que al parecer existe, para el caso de que surjan problemas en relación a la situación de los menores.

La defensa en abstracto de una determinada forma de fijación de la filiación (en este caso concreto, la que resulta de la existencia de un contrato de gestación por subrogación celebrado en California y homologado por las autoridades judiciales de dicho Estado, conforme a su legislación, una vez que la madre ha renunciado antes del parto a reclamar su condición de tal) es legítima. No es ajeno este tribunal a la existencia de un debate social e incluso al anuncio de reformas legislativas al respecto. Pero no parece razonable que la defensa de esos cambios en las relaciones familiares se haga imputando la vulneración de los derechos de los menores, en el caso concreto, al tribunal que, como es nuestro caso, protege tales derechos del modo previsto en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento, y que no se ha revelado incompatible con las exigencias derivadas de la Constitución y de los tratados sobre derechos humanos ratificados por España ni con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No debe confundirse la defensa de los derechos e intereses legítimos de los adultos (como son los ligados al contrato de una gestación subrogada que celebraron en California, al que pretenden se dé plena eficacia en España pese a las previsiones de la legislación nacional) con los derechos de los menores que han nacido de esa gestación subrogada, porque no son necesariamente coincidentes. (…)”

B. Conclusión: 

La denegación de la inscripción en España de la filiación de los menores nacidos en virtud de un contrato de gestación por sustitución respecto de los comitentes no vulnera el derecho a la vida privada de los menores. La sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo protege el interés de los menores, pues permite la fijación de las relaciones paterno- filiales mediante la determinación de la filiación biológica paterna y la formalización de las relaciones familiares “de facto” mediante la adopción o el acogimiento, protegiendo en todo momento la unidad familiar en que puedan estar integrados los menores.

C. Voto Particular:

El Auto cuenta con un voto particular discrepante de los magistrados señores Ferrándiz Gabriel; Seijas Quintana; Arroyo Fiestas y Sastre Papiol, en el que consideran la protección de derechos fundamentales ante una realidad innegable, como es la de los vientres de alquiler, y de unos niños que están creciendo en un entorno familiar, social y económico, con independencia de la nulidad del contrato que propició su nacimiento. En definitiva, con el interés de los menores, niños de carne y hueso, que no están en condiciones de recibir la protección especial que merecen sus derechos, sus necesidades y sus problemas desde su estancia en España.

Lo que es necesario es que un niño no se vea perjudicado por el hecho de que ha sido traído al mundo por una madre subrogada, comenzando por la ciudadanía o la identidad que revisten una importancia primordial. En segundo lugar, estas soluciones mantienen una “incertidumbre inquietante” en cuanto a la situación de los menores; incertidumbre que refiere la sentencia del TEDH de 26 de junio de 2014. El problema afecta no solo a los padres, cuyo interés no está disociado del de sus hijos, sino al interés prevalente de los menores, y al hecho, también referido en la citada sentencia, de que ” cada uno pueda establecer la sustancia de su identidad, incluido su filiación”, significativamente afectado e incompatible “con el interés superior de los niños, cuyo respeto debe guiar toda decisión que les concierne”, lo que exige una respuesta inmediata, que no se ha dado. No comparten, por tanto, la disociación que el auto hace de la defensa de los derechos e intereses legítimos de los adultos con los derechos de los menores que han nacido de esa gestación subrogada; en un caso, además, en el que unos – hijos- y otros – padres- están integrados en un mismo núcleo familiar desde hace años.

Consideran también que la solución alcanzada por la mayoría no ha realizado una adecuada ponderación de los bienes jurídicos en conflicto que tome en consideración primordial no solo el interés superior de los menores, sino la incertidumbre jurídica que la situación genera y seguirá generando en tanto no se de respuesta a su solicitud de inscripción… con el grave efecto de retrasar una filiación que podía haber sido ya fijada definitivamente y sin inconveniente alguno para nuestro ordenamiento jurídico que, de una forma o de otra, lo está admitiendo a través de vías verdaderamente singulares como son las circulares o las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado que han terminado por convertir la excepción de orden público en una cuestión meramente formal…

Fiscalidad y Familia

jueves, 20 noviembre 2014

Es imprescindible mejorar el trato fiscal a las familias españolas, máxime si tenemos en cuenta que los principios de la regulación fiscal son la neutralidad, la equidad y la eficiencia. La mejora del tratamiento fiscal dado a las familias no es solo una cuestión de justicia tributaria, sino también una decisión política para la sostenibilidad social.

Las legislaciones que contemplan beneficios tributarios a las familias, lo hacen estimulando el crecimiento demográfico para frenar el rápido envejecimiento de la población en las economías desarrolladas. España se encuentra entre los países con más baja natalidad del mundo, y esto repercute en el futuro de las prestaciones sociales y del Estado del bienestar. Proteger a las familias con hijos no es cuestión baladí.

1. El Pleno del Congreso ha aprobado hoy definitivamente los tres proyectos de ley que conforman la reforma fiscal relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto de Sociedades y al IVA y otros tributos especiales para que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

Respecto a la fiscalidad familiar, esta reforma amplía el beneficio fiscal asociado a los “impuestos negativos” por discapacitados a cargo o familias numerosas. En concreto, en los supuestos en los que los contribuyentes tengan a su cargo ascendientes o descendientes con discapacidad, podrán obtener 1.200 euros al año por cada ascendiente o descendiente.

Asimismo, se permite el derecho a aplicar las deducciones entre los contribuyentes que tengan derecho a las mismas en relación con un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa (por ejemplo, entre los ascendientes de un mismo descendiente), para facilitar la gestión ante la administración mediante una solicitud conjunta. Se clarifican los supuestos que dan derecho a las deducciones por familia numerosa para incluir la integrada por hermanos huérfanos de padre y madre.

La reforma fiscal introduce un aumento de los mínimos familiares en el IRPF, de hasta el 32%, y tres nuevos “impuestos negativos” o categorías de beneficios sociales para familias y personas con discapacidad. Operarán para familias con hijos dependientes con discapacidad, familias con ascendientes dependientes y familias numerosas (3 o más hijos o con 2 hijos y uno discapacitado). En cada uno de los casos recibirán 1.200 euros anuales, que se podrán recibir de forma anticipada a razón de 100 euros mensuales. Estos “impuestos negativos” son acumulables entre sí y al actual de igual cuantía (100 euros mensuales) que perciben las madres trabajadoras con hijos menores de tres años.

2. Efectivamente, puede ser que esta reforma resulte más favorable para las familias con hijos o con personas dependientes, al incorporar por primera vez deducciones específicas para familias numerosas y aumentar las cuantías de los mínimos vitales y familiares. Es verdad que el nuevo IRPF dará un trato más positivo a los hogares con más miembros dependientes, ya sean niños o mayores. Pero con respecto a otros países europeos, todavía se queda corta en cuanto a beneficios fiscales para las familias. Es lamentable que impuestos indirectos como el IVA, en artículos como pañales para bebés, alcancen el 21%, como si fuesen artículos de lujo, aunque, por fortuna, los pañales para adultos sí tienen un IVA más reducido.

Varios padres y asociaciones de familias numerosas españolas manifiestan que no están tanto a favor de establecer o aumentar “los mínimos familiares” como sí de tener en cuenta a todos los miembros de la familia, al igual que sucede en Francia con el llamado “cociente familiar” del Impuesto sobre la Renta; es decir, que la renta se divida primero entre los miembros del hogar, dando lugar a la renta per cápita familiar, sobre la que se calcula el impuesto: este sistema es mucho más justo y equitativo, y los expertos lo consideran como uno de los factores que ayudan a que Francia tenga una de las tasas de natalidad más elevadas de Europa.

El sistema francés es mucho “más equitativo” porque considera a la familia “como una unidad fiscal” en la que la renta se divide por el número de hijos. Es por lo tanto, una medida de mayor equidad distributiva que aplicar el impuesto exclusivamente sobre la renta, porque lo que hace es ajustar los ingresos a la verdadera renta disponible, teniendo en cuenta el mayor gasto que conlleva mantener una familia.

Este sistema francés no es una innovación, puesto que está en vigor en Francia desde 1945 por consenso de todos los partidos políticos. Lo positivo es que cambia el concepto porque no se parte de la idea de una ayuda a las familias sino de un reparto equitativo al gravar el nivel de vida y no la renta. Debe permitirse a las familias deducir en el IRPF los gastos inherentes a la infancia, como los pañales, la leche y los gastos médicos específicos.

3. Varias familias piensan que tener hijos en España discrimina fiscalmente, no solo con el IRPF sino también con el IVA. Y se preguntan “¿es normal que los niños, que no tienen ningún tipo de ingreso, tengan que pagar impuestos? Pues lo hacen: su comida, su ropa, todo lo que usan, está gravado con el IVA”.

Otro aspecto desfavorable para las familias numerosas es, por ejemplo, el impuesto de circulación que se calcula por la potencia del vehículo, y como las familias numerosas necesitan vehículos grandes, siempre pagan más. Consideran que el hecho de solo dirigirse a individuos hace que la dimensión familiar esté ignorada, provocando multitud de problemas, no solo fiscales, sino con todo lo que supone la conciliación de la vida familiar y laboral. “Así, no es de extrañar que seamos de los últimos países del mundo en natalidad, y se retrasen los matrimonios y la formación de hogares. Si queremos apostar por un futuro sostenible, y mantener nuestro sistema de bienestar, el trato a las familias es clave. Ojalá esta reforma fiscal, y el plan de apoyo a la familia sea un primer paso para conseguirlo, y se mantenga y se mejore con el tiempo”.

Sabemos que el tratamiento fiscal de la familia es un problema complejo, sobre el que difícilmente puede proponerse una solución claramente superior a las demás, desde los puntos de vista de la equidad tributaria, de la eficacia económica y de la igualdad ante la ley. Por razones de eficacia económica, el incentivo a trabajar de una persona no debería verse condicionado por la renta de los miembros de su familia, puesto que al considerar la renta conjunta de una familia como base imponible de un impuesto progresivo, deriva en que el tipo marginal al que se grava el trabajo de un cónyuge empieza donde acaba el del otro.

4. La reforma fiscal respecto a los mínimos familiares y el impuesto negativo:

a) Esta reforma fiscal plantea profundizar en los mínimos familiares en el IRPF y extender a las familias numerosas la deducción de 1.200 euros al año (o un adelanto de 100 euros al mes) que ya disfrutan las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años.

El aumento de los mínimos familiares es más notable en el caso de los dos primeros descendientes menores de 18 años. Así, el mínimo familiar exento por el primer hijo pasa de 1.836 euros a 2.400 euros, mientras que si hay un segundo descendiente, la exención sube de 2.040 euros a 2.700 euros, un incremento cercano al 33%. El aumento del mínimo familiar es más limitado por el tercer hijo (de 3.672 a 4.000 euros) y la exención llega a 4.500 euros (frente a los 4.182 actuales) si se tienen cuatro hijos o más. Además, también se aumenta la exención si los hijos son menores de tres años (de 2.244 a 2.800 euros).

El incremento de los mínimos familiares también afecta a lo que queda exento por tener familiares mayores de 65 años a cargo (pasará de 918 euros a 1.150 euros), una exención que se amplía a 2.550 euros a partir de los 75 años. En el caso de los familiares discapacitados, el aumento de la exención es del 29%, de modo que la desgravación oscila entre los 3.000 y los 12.000 euros en función del grado de discapacidad del familiar.

b) Además del aumento de los mínimos familiares, se ha decidido ampliar el uso de lo que los expertos catalogan como “impuesto negativo”: una deducción en la cuota que el contribuyente puede pedir por adelantado, ya que su cobro está asegurado. Es lo que ya se utiliza en el caso de las mujeres trabajadoras con hijos menores de tres años: tienen derecho a una desgravación anual de 1.200 euros, que Hacienda les puede anticipar, si lo solicitan, mediante un ingreso de 100 euros al mes.

Esta fórmula se extenderá ahora a otros colectivos. Así, una familia con hijos dependientes con una discapacidad superior al 33% podrá aplicarse dicha deducción, o el cobro por adelantado, desgravación que también podrán aplicarse los hogares con ascendientes dependientes con una discapacidad también del 33%.

Las familias numerosas con tres o más hijos también tendrán derecho a esta ayuda, o aquellas que tengan dos hijos pero uno de ellos presente una discapacidad del 33%. La medida se extenderá a las familias numerosas de categoría especial, con cinco o más hijos, o aquellos hogares con cuatro hijos y al menos tres por parto o adopción múltiple. También se aplicará a familias con cuatro hijos e ingresos anuales no superiores al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), fijado en unos 7.450 euros al año. Estas ayudas son acumulativas, es decir, que si una familia cumple, por ejemplo, con dos requisitos, podrá desgravarse 2.400 euros, o recibir 200 euros de ingreso mensual.

5. La Reforma del IRPF es cierto que supone una mejora de la protección fiscal de las familias con hijos, con la nueva deducción de 1.200 euros para familias numerosas y de 2.400 para las de categoría especial; sin embargo, estas medidas fiscales son insuficientes si no van acompañadas de otras relativas a la vivienda, la educación, la conciliación de la vida famiiar y laboral, etc.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

El Papa Francisco pide que los procesos de nulidad matrimonial sean más rápidos y económicos

viernes, 7 noviembre 2014

El Papa Francisco ha advertido que los procesos de nulidad matrimonial no deben tomar años y que es necesario estar muy atentos para que los procesos de nulidad matrimonial no entren en el “marco de los negocios”. Lo ha dicho este miércoles 5 de noviembre durante el breve encuentro que tuvo con los participantes del curso sobre el matrimonio organizado por la Rota Romana, ante quienes reiteró que los fieles necesitan procesos breves y sentencias justas.

El Santo Padre recordó que en el Sínodo extraordinario sobre la familia, realizado en octubre, se expresó la preocupación “por simplificar el proceso, por un motivo de justicia. Justicia, para que sean justas, y justicia para la gente que espera”.

Es un llamado para que la Rota Romana acelere los procesos de nulidad matrimonial:  el Papa Francisco señala que no puede ser posible que las personas esperen años por una sentencia, para saber si su matrimonio es válido o no.

“Justicia, cuánta gente espera por años una sentencia. Y por esto ya antes del Sínodo he constituido una Comisión que ayudase a preparar diversas posibilidades en esta línea: una línea de justicia, y también de caridad, porque hay tanta gente que necesita una palabra de la Iglesia sobre su situación matrimonial, para el sí o para el no, pero que sea justa”, expresó a los participantes del curso sobre el matrimonio organizado por la Rota Romana.

El Papa señaló que algunos procedimientos son largos y pesados “que no favorecen y la gente se va”. Recordó que al Tribunal interdiocesano de Buenos Aires (Argentina), llegaban personas luego de haber recorrido hasta 240 kilómetros. “No se puede, es imposible imaginarse que personas simples, comunes, vayan al Tribunal, tengan que hacer un viaje, tienen que perder días de trabajo”, expresó.

Estas personas, indicó, “dicen: Dios me comprende y sigo adelante así, con este peso en el alma. Y la Madre Iglesia debe hacer justicia y decir: Sí, es cierto, tu matrimonio es nulo; no, tu matrimonio es válido. Pero es la justicia la que lo tiene que decir. Así ellos podrán ir adelante sin esta duda, sin esta oscuridad en el alma”.

En ese sentido, el Papa Francisco agradeció este tipo de cursos. “Es la Madre Iglesia que va a buscar a sus hijos para hacer justicia. Y es necesario estar muy atentos a que los procesos de nulidad matrimonial no entren en el marco de los negocios: y no hablo de cosas extrañas. Ha habido también escándalos públicos”.

“Una vez tuve que despedir del tribunal a una persona, hace tiempo, que decía: “10 mil dólares y te hago los dos procesos: el civil y el eclesiástico”. ¡Por favor, esto no! Siempre en el Sínodo algunas propuestas han hablado de gratuidad, eso se debe ver… Pero cuando son atacados los intereses espirituales por lo económico, ¡esto no es de Dios! La Madre Iglesia tiene tanta generosidad para poder hacer justicia gratuitamente, como gratuitamente hemos sido justificados por Jesucristo. Este punto es importante: separen las dos cosas”, expresó.

“Gracias por haber venido a este curso: se debe estudiar y se debe ir adelante y buscar siempre la salus animarum, que no necesariamente se debe encontrar fuera de la justicia, sino también con justicia. Muchas gracias y les ruego que recen por mí. Gracias”, concluyó.

Hay que recordar que el 27 de agosto el Papa Francisco creó una Comisión con el fin de hacer más simples y rápidos los procesos de nulidad matrimonial, un tema que fue abordado en el Sínodo de la Familia.

El Cardenal Francesco Coccopalmerio, miembro de este grupo, explicó el pasado 10 de octubre que la misión de la Comisión es “preparar una propuesta de reforma del proceso matrimonial, buscando simplificar sus procedimientos, haciéndolo más sencillo y salvaguardando el principio de indisolubilidad del matrimonio”.

Páginas: Ant. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13 14 Sig.