Entradas de la categoría ‘Notas de prensa’

La diferencia de requisitos para la pensión de viudedad de las parejas de hecho es inconstitucional

martes, 25 marzo 2014

Según el Pleno del Tribunal Constitucional, es contrario al principio de igualdad la diferencia de requisitos para acceder a la pensión de viudedad de las parejas de hecho en aquellas Comunidades Autónomas con Derecho Foral propio.

I. La Sentencia, de fecha 11 de marzo de 2014, cuyo Ponente es el Magistrado Ortega Álvarez, declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del párrafo quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) por vulnerar el Principio de Igualdad, al establecer: “En las Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio, cumpliéndose el requisito de convivencia al que se refiere el párrafo anterior, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevará conforme a lo que establezca su legislación específica”.

Lo cual difiere de la regla general contenida en el párrafo cuarto del citado artículo 174 LGSS: “4. En todos los supuestos a los que se refiere el presente artículo, el derecho a pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho en los términos regulados en el apartado anterior, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente”.

El Tribunal Constitucional considera que dicha diferencia de trato supone que en situaciones análogas se llega a soluciones distintas, dependiendo del lugar de residencia del solicitante, circunstancia que no encuentra justificación razonable y proporcionada, en particular teniendo en cuenta la configuración del régimen público de la Seguridad Social como una función del Estado que debe garantizar asistencia y prestaciones suficientes en situaciones de necesidad, asegurando la uniformidad de las pensiones en todo el territorio español.

El precepto cuestionado no constituye norma de legislación civil, sino de Seguridad Social, de competencia exclusiva del Estado.

Esta declaración de inconstitucionalidad sólo tendrá efectos hacia el futuro, en relación con supuestos o procedimientos administrativos o judiciales donde aún no haya recaído sentencia firme.

II. Los Fundamentos de Derecho de esta Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 11 de marzo de 2014, que declara la Inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del párrafo quinto del artículo 174.3 LGSS por vulnerar el Principio de Igualdad son:

 “3. Con carácter previo al examen de fondo resulta conveniente analizar, siquiera brevemente, el contenido del art. 174.3 LGSS:

En el Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social, suscrito el 13 de julio de 2006 por el Gobierno, la Unión General de Trabajadores, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, que, a su vez, traía causa de la Declaración para el Diálogo Social firmada por los mismos interlocutores el 8 de julio de 2004, se incluían una serie de compromisos que afectaban a la pensión de viudedad. En concreto, entre otras medidas se acordó adecuar la acción protectora del sistema a las nuevas realidades sociales y así reconocer la pensión de viudedad a las parejas de hecho que acrediten “convivencia mutua, estable y notoria, durante un periodo amplio, a determinar en el desarrollo del Acuerdo”.

Con la finalidad de dar el adecuado soporte normativo a buena parte de los compromisos relativos a acción protectora incluidos en el referido Acuerdo se aprobó la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Como señala la Exposición de Motivos de la Ley, “en materia de supervivencia, las mayores novedades atañen a la pensión de viudedad y, dentro de ésta, a su otorgamiento en los supuestos de parejas de hecho que, además de los requisitos actualmente establecidos para las situaciones de matrimonio, acrediten una convivencia estable y notoria durante al menos cinco años, así como dependencia económica del conviviente sobreviviente en un porcentaje variable en función de la existencia o no de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad”. En efecto, la Ley 40/2007 dio una nueva redacción al art. 174 LGSS, y en concreto, en su apartado tercero estableció los requisitos que deben cumplir las parejas de hecho para tener acceso a la pensión de viudedad. Así, además de los requisitos de alta, cotización y situación de dependencia económica, se exigen dos requisitos simultáneos para que el miembro supérstite de la pareja de hecho pueda obtener la pensión de viudedad:

a) de un lado, la convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años (a acreditar mediante el correspondiente certificado de empadronamiento); y,

b) de otro, la publicidad de la situación de convivencia more uxorio, imponiendo, con carácter constitutivo y antelación mínima de dos años al fallecimiento, la inscripción en el registro de parejas de hecho (en alguno de los registro específicos existentes en la Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia) o la constitución en documento público.

Como ha señalado el Tribunal Supremo, la solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo (la existencia de la pareja de hecho), sino que el art. 174.3 LGSS se refiere a dos exigencias diferentes: la material, esto es, la convivencia como pareja de hecho estable durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento del causante; y la formal, ad solemnitatem, es decir, la verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y dotada de “análoga relación de afectividad a la conyugal”, con dos años de antelación al hecho causante. De este modo, la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas de hecho con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas registradas al menos dos años antes del fallecimiento del causante (o que han formalizado su relación en documento público en iguales términos temporales) y que asimismo cumplan el aludido requisito de convivencia.

Por otra parte, el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS remite a la legislación de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio todo lo relativo a la “consideración” y a la “acreditación” de pareja de hecho, a salvo del “requisito de convivencia”. De este modo, el art. 174.3 LGSS diferencia dos regímenes distintos en función de si la pareja de hecho reside en una Comunidad Autónoma con Derecho civil propio o no.

El art. 174.3 LGSS como se desprende de una interpretación literal, no se remite a las normas sobre parejas de hecho aprobadas por la gran mayoría de las Comunidades Autónomas, sino exclusivamente a la legislación sobre parejas de hecho de aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con “Derecho civil propio”. Así, puede darse la circunstancia de que la legislación específica de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio establezca una definición de pareja de hecho distinta a la prevista en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS, o que para la acreditación de la pareja de hecho no se exija inscripción registral o documento público. Si el concepto de pareja de hecho y la acreditación de su existencia en las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio fueran coincidentes con lo previsto en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS, ninguna peculiaridad cabría reseñar, pero el problema se plantea en la práctica por la diferencia de criterios existente.

A título meramente ejemplificativo de la diferencia de criterios existente entre la forma de acreditación de la pareja de hecho prevista en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS y la prevista en las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio podemos citar la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables de las Islas Baleares, que no prevé que la acreditación de la pareja estable se lleve a cabo medíante documento público y exige, con carácter constitutivo, inscripción en el Registro de Parejas Estables de las Islas Baleares (art. 1.2). En el mismo sentido se pronuncian la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia, que considera parejas de hecho a las inscritas en el Registro de parejas de hecho de Galicia, la Ley del País Vasco 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, que en su art 3 prevé que la inscripción de la pareja en el Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco tendrá carácter constitutivo y la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana que también en su art. 3 afirma que la inscripción de la unión de hecho en el Registro de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana tiene carácter constitutivo. Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, por el que aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón, prevé en su art. 305 que la existencia de pareja estable no casada podrá acreditarse, si no existiera escritura pública, medíante cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, especialmente, a través de acta de notoriedad o documento judicial que acredite la convivencia.

Y por lo que se refiere a la “consideración” de pareja de hecho también existen diferencias entre el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS y la regulación de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio. En efecto, el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS considera pareja de hecho “la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial”. De acuerdo con los arts. 46 y 47 del Código Civil no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados, los que están ligados con vínculo matrimonial, los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado y los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos. Pues bien, ninguna de las normas sobre parejas de hecho de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio recoge éste último impedimento y por lo que se refiere a los colaterales por consanguinidad algunas de dichas normas impiden constituir una pareja de hecho a los colaterales hasta el segundo grado (art. 2.1 Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, de Igualdad Jurídica de Parejas Estables de Navarra; art. 306 Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón; art. 234.2 Ley 25/2010, de 29 de julio, por el que se aprueba el Código Civil de Cataluña; art. 2 Ley del País Vasco 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho; art. 4 Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana) y otras los amplían a los colaterales por adopción (art. 306 Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Código del Derecho Foral de Aragón; disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia; art. 4 Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana).

Ciertamente, como se puede comprobar, el análisis de las leyes sobre parejas de hecho dictadas por las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio pone de manifiesto que existen diferencias entre estas normas y lo previsto con carácter general en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS, tanto en la consideración de pareja de hecho como en su acreditación. Sin embargo, la duda de constitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo se ciñe al inciso del párrafo quinto del art. 174.3 LGSS relativo a la acreditación formal de la pareja de hecho, porque es el único de aplicación al caso. Así pues, nuestro examen debe ceñirse al fragmento del precepto cuestionado que prevé que en las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio la acreditación de la pareja de hecho se llevará a cabo confonne a lo que establezca su legislación específica, sin perjuicio, claro es, de que las conclusiones alcanzadas en ese examen puedan extenderse por vía de conexión o consecuencia, en virtud del art. 39.1 LOTC, a otras partes del precepto cuestionado, al margen de su posible relevancia para la resolución del presente caso (STC 159/1991, de 18 de julio, FJ 1), si a ello hubiera lugar.

4. Una vez expuesto el contenido de la norma cuestionada y las diferencias existentes en la forma de acreditación y consideración de la pareja de hecho entre lo previsto en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS y las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, estamos ya en condiciones de abordar las dudas de constitucionalidad planteadas por el Tribunal Supremo. En este sentido, conviene recordar que el Tribunal Supremo plantea dos dudas relacionadas entre si: la vulneración del art. 14 y la del art. 149.1.17 CE.

Para el Tribunal Supremo el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley previsto en el art. 14 CE pues puede ocurrir que, estando ante parejas de hecho en idéntica situación fáctica, el derecho a la pensión de viudedad les sea reconocido o denegado en función únicamente de la Comunidad Autónoma en que tengan su residencia o vecindad, y más en concreto, en función de si dicha Comunidad cuenta o no con Derecho civil propio. Remisión del legislador estatal que contravendría también el art. 149.1.17 CE.

Examinada la cuestión desde la perspectiva de la cláusula general de igualdad, se hace necesario recordar que, “como tiene declarado este Tribunal desde la STC 22/1981, de 2 de julio (recogiendo al respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 14 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales), el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable” (STC 41/2013, de 14 de febrero, FJ 6).

De esta suerte, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato es necesario que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de manera que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. En suma, el principio de igualdad en la ley no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4; 117/1998, de 2 de junio, FJ 8; 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4; y 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4, por todas).

Debemos, en consecuencia, determinar si la diferencia de trato que el párrafo quinto del art 174.3 LGSS establece entre parejas de hecho con residencia en Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, que hubieran aprobado legislación especifica en materia de uniones de hecho, y parejas de hecho con residencia en Comunidades Autónomas que no ostentan competencias en materia de Derecho civil, responde a una finalidad objetivamente justificada, razonable y proporcionada, tomando también en consideración que se trata de una prestación de Seguridad Social establecida por el Estado con fundamento en el art. 149.1.17 CE.

El párrafo quinto del art. 174.3 LGSS viene a introducir en la pensión de viudedad un criterio de diferenciación entre los sobrevivientes de las parejas de hecho: el lugar de residencia o no en una Comunidad Autónoma con Derecho civil propio que hubiera aprobado legislación específica en materia de parejas de hecho. Pero no contiene ninguna justificación de ese criterio diferenciados. Es cierto que en materia de prestaciones de la Seguridad Social, y en concreto en relación con el subsidio de desempleo para trabajadores eventuales sólo en Andalucía y Extremadura, este Tribunal apreció esa justificación objetiva en atención a que “la situación de necesidad, y las perspectivas en orden a su remedio o agravación pueden verse afectadas por el contexto territorial en que se produzcan” (STC 90/1989, de 11 de mayo, FJ 4). De este modo, en aplicación de esa doctrina, si las parejas de hecho de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio estuvieran en una situación de necesidad particular que obligara a establecer excepciones a la regla general, podríamos apreciar la existencia de una justificación objetiva. Sin embargo, en el caso de la pensión de viudedad, las diferencias en función del criterio de residencia en una u otra Comunidad Autónoma no gozan de esa justificación objetiva, por cuanto no se aprecian razones para deducir que la situación de necesidad en relación a esta prestación es mayor o más grave en las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio.

La diferencia que establece la norma tampoco está justificada en atención a la finalidad de la prestación que en el caso de las parejas de hecho, según hemos señalado en la STC 41/2013, de 14 de febrero, FJ 4, no es otra que la atender un estado real de necesidad del supérstite, en función de su nivel de ingresos propios y de la existencia o no de cargas familiares, otorgando a tal efecto una pensión que depende en su cuantía de las cotizaciones efectuadas por el causante al régimen de Seguridad Social correspondiente. En efecto, no debemos olvidar que el art. 174.3 LGSS regula los requisitos de acceso de las parejas de hecho a una prestación contributiva de la Seguridad Social y los requisitos de acceso a la prestación deben ser iguales para todos los que actualicen la contingencia correspondiente.

El régimen público de la Seguridad Social se configura como una función de Estado destinada a garantizar la asistencia y prestaciones suficientes en situaciones de necesidad y al hacerlo debe asegurar la uniformidad de las pensiones en todo el territorio nacional. Como señala el art. 2.1 LGSS, “el Sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad”. Y siguiendo estos principios hemos afirmado que las diferentes prestaciones “de la materia ‘Seguridad Social’ conforman un entramado dirigido a la cobertura de riesgos y a la atención de otras situaciones de necesidad que presentan una tendencia de unidad y estabilidad en el tiempo y en el conjunto del territorio nacional” (STC 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 8). El régimen público de Seguridad Social debe ser único y unitario para todos los ciudadanos (art. 41 CE), y garantizar al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social (STC 324/1989, de 7 de julio, FJ 3), siendo ambos aspectos responsabilidad del Estado, en los términos el art. 149.1.17 CE. En consecuencia, la determinación de los sujetos beneficiarios de una prestación de la Seguridad Social, en este caso la pensión de viudedad, constituye una norma básica que corresponde establecer al Estado ex art. 149.1.17 CE y debe hacerlo de forma unitaria para todos los sujetos comprendidos dentro de su ámbito de cobertura, salvo razones excepcionales debidamente justificadas y vinculadas a la situación de necesidad que se trata de proteger. Es claro a este respecto que, en principio, el art. 149.1.17 CE demanda la fijación de los requisitos y del régimen jurídico de las prestaciones del sistema de Seguridad Social, de tal forma que el deber de fijar de modo uniforme los requisitos de acceso a la pensión de viudedad forma parte del contenido que protege el citado precepto constitucional.

5. Debemos plantearnos, no obstante, si, como sostienen el Abogado del Estado, el Fiscal General del Estado y la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, la justificación de la norma cuestionada se encuentra en el respeto a la competencia autonómica prevista en el art. 149.1.8 CE, relativa a la “conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”.

Es cierto, que, conforme a consolidada doctrina, “la noción constitucional de ‘desarrollo’ permite una ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por aquel Derecho, pues lo contrario llevaría a la inadmisible identificación de tal concepto con el más restringido de ‘modificación’. El ‘desarrollo’ de los Derechos civiles forales o especiales enuncia, pues, una competencia autonómica en la materia que no debe vincularse rígidamente al contenido actual de la Compilación u otras normas de su ordenamiento. Cabe, pues, que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta según los principios informadores peculiares del Derecho foral. Lo que no significa, claro está, en consonancia con lo anteriormente expuesto, una competencia legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas, que pugnaría con lo dispuesto en el art. 149.1.8 C.E., por lo mismo que no podría reconocer su fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha querido, por vía competencial, garantizar” (SSTC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 3; 156/1993, de 6 de mayo, FJ 1; 31/2010, de 28 de junio, FJ 76).

Conviene hacer no obstante dos precisiones a efectos de valorar si la existencia de esa competencia autonómica proporciona justificación suficiente a la norma cuestionada. La primera es que la norma ahora cuestionada relaciona dos planos, las competencias autonómicas en materia de derecho civil con la existencia de normas de las Comunidades Autónomas que regulen las parejas de hecho, planos que no tienen por qué ser coincidentes ni suponen que dichas normas se fundan en la aludida competencia (al respecto, STC 81/2013, de 11 de abril, en relación con la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho). La segunda, relacionada con la anterior, es que la diferencia que introduce el precepto no se vincula estrictamente hablando con la “conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”, sino con la existencia de legislación reguladora de las parejas de hecho en aquellas Comunidades Autónomas que hubieran asumido estatutariamente dicha competencia en el marco previsto en el art. 149.1.8 CE y con independencia de cuál sea el contenido material de dicha legislación. Es decir, la diferenciación que se introduce se formula con independencia de cuál sea el contenido concreto de dicha legislación de parejas de hecho y la eventual relación que pudiera tener con el derecho civil propio de las Comunidades Autónomas.

Ahora bien, atendiendo a su contenido, es claro que el precepto cuestionado no tiene por objeto la regulación de las parejas de hecho, ni guarda tampoco relación con las competencias autonómicas en materia de Derecho civil, porque no se trata de modificar, conservar o desarrollar el Derecho civil foral, lo que derivaría en diferencias consecuencia de la coexistencia de distintos derechos civiles en el ordenamiento español. En realidad se trata de una norma de Seguridad Social que, por referencia a otras normas, regula, exclusivamente, la forma de acreditar los requisitos para el acceso a una prestación de la Seguridad Social, la pensión de viudedad en el caso de parejas de hecho estables. Esto es, la finalidad de la norma es concretar los requisitos para acreditar la existencia de una unión de hecho a efectos de reconocer al superviviente el derecho a percibir una pensión de viudedad. Por tanto, como el Auto del Tribunal Supremo apunta, el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS no constituye una norma de legislación civil vinculada al art. 149.1.8 CE, sino una norma de Seguridad Social que, en principio y salvo justificación suficiente que no concurre en este caso, debería establecer los requisitos que las parejas de hecho tienen que cumplir para poder lucrar en su momento una pensión de viudedad con el más exquisito respeto al principio de igualdad, tal como ya hemos dejado sentado. Lo contrario conduce al resultado de introducir diversidad regulatoria en un ámbito en el que el mantenimiento de un sustrato de igualdad en todo el territorio nacional deriva del art. 14 CE en relación con el art. 149.1.17 CE. Con el precepto que enjuiciamos, el legislador introduce, siquiera por vía de remisión, un factor de diversidad determinante de la desigualdad de trato en el régimen jurídico de la pensión de viudedad, trato desigual que ya hemos considerado carente de justificación. Incluso, en cuanto la norma estatal remite a las legislaciones autonómicas, podría entenderse que el Estado, con dicha remisión, está obviando las atribuciones que le confiere el art. 149.1.17 CE, ignorando que, como hemos declarado reiteradamente, las competencias tienen carácter irrenunciable [STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ 6j) y las allí citadas].

En efecto, el art. 174 LGSS, tras la redacción dada a este precepto por la Ley 40/2007, ha establecido como posibles vías de acceso del miembro supérstite de la pareja a la pensión de viudedad, dos tipos de vínculo jurídico previo entre ambos: el matrimonio, o la pareja de hecho debidamente legalizada. Como señala la Exposición de Motivos de la Ley 40/2007, la ausencia de una regulación jurídica de carácter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situación. Y eso es precisamente lo que hace el art. 174.3 LGSS: establecer la forma de acreditar los requisitos para el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad, materia caracterizada por constituir “un régimen legal que tiene como límites, entre otros, el respeto al principio de igualdad” y “la prohibición de arbitrariedad” (STC 134/1987, de 21 de julio, FJ 4).

Por último, debemos señalar que, además de carecer de justificación suficiente, la aplicación del párrafo cuestionado puede conducir además a un resultado desproporcionado, pues dependiendo de la Comunidad Autónoma de residencia el superviviente de la pareja de hecho podrá tener o no acceso al cobro de la correspondiente pensión.

En consecuencia, debemos llegar a la conclusión de que no es posible deducir finalidad objetiva, razonable y proporcionada que justifique el establecimiento de un trato diferenciado entre los solicitantes de la correspondiente pensión de viudedad en función de su residencia o no en una Comunidad Autónoma con Derecho civil propio que hubiera aprobado legislación específica en materia de parejas de hecho.

6. Con el objeto de eliminar la desigualdad que se deriva del párrafo quinto del art. 174.3 LGSS, en lo que a la forma de acreditación de la pareja de hecho se refiere, en relación con el párrafo cuarto, la Sala proponente de esta cuestión de inconstitucionalidad plantea como alternativa entender que la remisión del párrafo quinto a la legislación especifica de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio debe entenderse hecha a las leyes de parejas de hecho de las Comunidades Autónomas tengan o no las mismas Derecho civil propio. Sin embargo, de aceptarse esta solución persistiría la desigualdad dimanante de la propia diversidad de esas leyes autonómicas de parejas de hecho, porque el problema de fondo que el precepto cuestionado plantea no es la limitación de la remisión a las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, sino la remisión a la legislación autonómica en sí misma cuando se trata de determinar los requisitos de acceso a una prestación de la Seguridad Social. En consecuencia, las conclusiones alcanzadas en el examen de constitucionalidad del inciso del precepto cuestionado (acreditación de la pareja de hecho), deben extenderse por vía de conexión o consecuencia, en virtud del art. 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a todo el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS.

Por todo lo señalado, debemos estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada, y declarar inconstitucional y nulo el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS por vulneración del art. 14 CE, en relación con el art. 149.1.17 C.E.

 

Suspensión del lanzamiento de la vivienda por ejecución hipotecaria

martes, 18 marzo 2014

Una de las más desafortunadas consecuencias del desempleo y de la crisis económica española de los últimos años es el “lanzamiento” de las viviendas de aquellas familias que no pueden seguir pagando sus hipotecas por carecer de trabajo todos sus miembros. Es una situación familiar dramática e injusta, ya que margina y excluye aún más a estas personas, con lo que se contradice lo mandado expresamente en el artículo 47 de nuestra Constitución española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

A todas luces, los miles de lanzamientos de las viviendas familiares de aquellos deudores hipotecarios sin trabajo, reflejan el incumplimiento del mandato constitucional a una vivienda digna y la poca importancia que las políticas económicas y sociales dan a la institución familiar. Pareciera que la especulación bancaria prevaleciera sobre el bien común, el bien social y el bien familiar. Pareciera que los ciudadanos corrientes fueran los culpables de la actual crisis económica y tuvieran que pagar las culpas de los verdaderos responsables del actual desempleo.

1. Algunas normativas como el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, son intentos legislativos que pretenden, sin conseguirlo, remediar esta difícil situación del lanzamiento de la vivienda de los deudores hipotecarios. Pero, por lo menos, son un paso más para avanzar en una solución más justa.

El Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, son leyes que han sido popularmente conocidas como “Ley Antidesahucios”, lo cual es erróneo porque se confunde el desahucio con el lanzamiento. El desahucio se aplica a la terminación judicial del contrato de arrendamiento para el inquilino por falta de pago del canon arrendaticio; mientras que el lanzamiento de la vivienda es un proceso derivado de una ejecución hipotecaria por la falta de pago de la hipoteca por parte del propietario. Es decir, el lanzamiento es sólo en la ejecución hipotecaria y el desahucio es sólo en el arrendamiento.

La Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 14 de marzo de 2013, originó en los tribunales españoles el aumento de las decisiones judiciales de suspensión del lanzamiento en la ejecución hipotecaria, por las cláusulas abusivas en las hipotecas, pero no por las necesidades de los deudores hipotecarios y de su unidad familiar, esto es, por razón del riesgo de exclusión social, que es lo que justifica la suspensión que prevé la Ley 1/2013, de 14 de mayo.

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la legislación española que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión, porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas y causa un “daño irreparable” con la falta de protección al consumidor frente a la entidad bancaria.

La legislación española no permite paralizar un lanzamiento invocando cláusulas abusivas en el contrato del préstamo a la compra de una vivienda. En su lugar, esta cuestión debe solventarse en otro juicio al margen del proceso de ejecución hipotecaria y una vez que ya se ha procedido al lanzamiento.

El fallo cree que la protección a posteriori “resulta incompleta e insuficiente” ya que “no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda” sino que se limita “al pago de una indemnización por daños y perjuicios”. El Tribunal de Justicia declara que “la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos”.

Con esta Sentencia del 14 de marzo de 2013 del TJUE, los lanzamientos podrán paralizase por el juez en cumplimiento de la normativa comunitaria indicada. La sentencia confirma parte de las demandas de la Plataforma de afectados por la hipoteca que se han recogido en la Iniciativa Legistiva Popular por la Vivienda Digna.

2. El Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, referentes a la posibilidad de suspender el lanzamiento para evitar la pérdida de la vivienda habitual, presentan el siguiente esquema:

a. Si es por aplicación de la dación en pago prevista en el Código de Buenas Prácticas (CBP), el antiguo propietario puede permanecer durante dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, a contar desde la dación, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total de la deuda en el momento de la dación y devengando, durante dicho plazo, en caso de impago de la renta, un interés de demora del 10 por ciento. Además, puede obtener las ayudas de los artículos 38 y 39 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, para el pago de la renta cuando sus ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), determinados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de dicho Real Decreto.

b. Si es por ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, cuando se produzca adjudicación al acreedor o a persona que actúe por su cuenta, el antiguo propietario puede permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda, puesto que se suspende el lanzamiento durante ese tiempo.

c. Si es por ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, cuando se produzca adjudicación a un tercero y lanzamiento, el antiguo propietario que alquile otra vivienda puede recibir ayuda al arrendamiento en los términos establecidos en los artículos 38 y 39 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre. En este supuesto de ejecución y lanzamiento, cualquier deudor hipotecario que ahora “viva de alquiler” tiene derecho a estas ayudas, mientras que si se trata del deudor hipotecario que “vive de alquiler” en su antigua vivienda por haberla dado en pago, obviamente, no es cualquier deudor hipotecario.

Cuando se trata del deudor que ha sido lanzado judicialmente de su vivienda habitual como consecuencia de ejecución hipotecaria (judicial o extrajudicial), las ayudas se le conceden esté o no en el umbral de la exclusión. Por el contrario, cuando se trata del deudor que ha dado en pago su vivienda, sí ha de estar éste en el umbral de la exclusión, porque esta situación es requisito de aplicación del Código de Buenas Prácticas (CBP) y de que haya podido llegar a la dación.

3. Sin embargo, ni en el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre ni en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, se ha contemplado ninguna medida de ayuda en el caso de pérdida de la vivienda habitual por ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, cuando se produce la adjudicación a un tercero con una entrega de la posesión voluntaria, originándose una discriminación entre el deudor hipotecario que ha alcanzado el beneficio de una dación en pago y el deudor contra el que se ha seguido el procedimiento de ejecución hasta la adjudicación al acreedor. En estos casos la pérdida de la vivienda a favor del acreedor y la posibilidad de permanencia en el uso por parte del deudor, es a título oneroso en el primero y a título gratuito, en el segundo.

Respecto al plazo, es mejor la situación del deudor que ha logrado la dación en pago que la del otro, pues el primero permanecerá por espacio de dos años a contar desde la dación, mientras que el segundo permanecerá, sea cual sea el momento de la adjudicación al acreedor, como máximo hasta el 15 de mayo de 2015.

La medida excepcional y temporal del aplazamiento del lanzamiento salva la situación de los deudores afectados hasta el 15 de mayo de 2015, pero no soluciona su problema de vivienda ni de deuda: el deudor, en la medida en que el remate no alcance a cubrir la totalidad de la deuda, sigue debiendo, aunque, ahora, sin garantía y sin patrimonio que pueda responder de la obligación.

4. Puede verse que estos preceptos legales permiten suspender el lanzamiento de la vivienda habitual del deudor que proceda de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, cuando la vivienda se haya adjudicado al acreedor o a persona que actúe por su cuenta, siempre que el deudor sea persona especialmente vulnerable. Pero esta medida protectora se restringe por diversos motivos, como la deuda, el proceso, el bien hipotecado, el adjudicatario y/o el tiempo de la adjudicación.

En cuanto a la deuda, porque la obligación garantizada con la vivienda objeto de la ejecución tiene que ser un préstamo o crédito concedido para la adquisición de la misma. Con esta limitación se dejan fuera de la medida las viviendas que, sufriendo ejecución, fueran garantía de una deuda de naturaleza empresarial o de una deuda ajena, como la deuda de un hijo o de un familiar, lo que no se compadece con el espíritu y finalidad de la ley que es la de evitar que determinadas personas en situación de vulnerabilidad tengan que perder su vivienda. Sería más justo que fuera indiferente el origen de la deuda.

Otra lamentable limitación es que también quedan fuera las obligaciones garantizadas con fianza o aval por incumplimiento del fiador o avalista con el que se ha podido embargar y subastar, en el correspondiente procedimiento, su vivienda.

En cuanto al proceso, la medida sólo afecta a los procesos de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial. Aunque el bien afectado sea la vivienda habitual, quedan fuera los procesos de desahucio arrendaticio por falta de pago de la renta o por precario y los de ejecución de sentencia dictada en procedimiento declarativo o en procedimiento ejecutivo ordinario, puesto que el acreedor hipotecario, por el hecho de serlo, no pierde la posibilidad de exigir su crédito en esta clase de procedimientos.

Es evidente que no se puede mantener en el uso de la vivienda al arrendatario que no paga la renta, aunque sea en casos extremos, porque afectaría a los arrendadores. Después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, algunas Comunidades Autónomas han firmado convenios de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, para que en los lanzamientos por falta de pago de la renta, en los que resulte una eventual situación de especial vulnerabilidad, resuelva el juez dar inmediata cuenta a los servicios sociales para que lleven a cabo la oportuna actuación. Las normas comentadas hubieran sido más justas y completas si se hubiera previsto un sistema de ayudas a los inquilinos en los mismos supuestos de vulnerabilidad que protegen al deudor hipotecario, para que se promoviera con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas.

En cuanto al bien del deudor que se protege del lanzamiento es únicamente su vivienda habitual. No alcanza a los procesos de ejecución en los que la garantía que se realiza es un local comercial, a pesar de que se había considerado conveniente incluirlos cuando constituyeran la base física del negocio familiar, y éste la única vía de ingresos. La vivienda objeto de la ejecución ha de ser la única vivienda del deudor.

Para evitar el lanzamiento y poder continuar con el derecho de uso de la vivienda habitual, el adjudicatario tiene que haber sido el acreedor o una persona que haya actuado por su cuenta, sin que haya sido necesario que aquél haya suscrito el Código de Buenas Prácticas, según prevé la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Lo normal sería que en la expresión “persona que actúe por cuenta del acreedor”, se tenga en cuenta no sólo al representante o al mandatario, sino a la persona vinculada, jurídica o económicamente, con el acreedor, pues, de lo contrario, se podría fácilmente burlar la norma.

Tampoco hay claridad en cuanto al tiempo de la adjudicación, porque en la ley se dice “cuando se hubiera adjudicado” ya que podría interpretarse que es en los procedimientos pendientes al tiempo de la entrada en vigor de la norma, esto es, solo se aplica a los procedimientos en los que la adjudicación haya sido anterior al 15 de mayo de 2015 y no se haya ejecutado el lanzamiento, quedando excluidos los procedimientos iniciados que no hubieran alcanzado al trámite de adjudicación en la fecha indicada y los iniciados con posterioridad.

En cuanto al deudor e hipotecante tienen que ser la misma persona, pues el crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor tiene que haberse concedido para la adquisición de la misma. Es decir, no forma parte del supuesto el caso del hipotecante no deudor, sino que el que pierde la vivienda por la ejecución es el mismo deudor. No obstante, si el deudor hipotecante vende la vivienda, el adquirente (tercer poseedor de la finca hipotecada) no deudor pueda perderla en ejecución y quedar protegido por esta norma. Lo determinante es que originariamente deudor y propietario de la vivienda hayan sido la misma persona y que, tanto si el ejecutado que pierde la vivienda es éste o un adquirente posterior, se encuentre en situación de especial vulnerabilidad.

5. ¿Y cuáles son los supuestos de especial vulnerabilidad contemplados en este caso normativo? Las familias numerosas, las unidades familiares monoparentales y otras unidades familiares compuestas por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos. Se excluye del supuesto de vulnerabilidad la persona sola. Las condiciones de “especial vulnerabilidad” son muy estrictas, por lo que son muy pocas las personas que realmente pueden acogerse a los beneficios, pues debe tratarse de personas en la pobreza más absoluta.

6. El derecho concedido al deudor es a continuar en el uso de la vivienda gratuitamente por dos años, en calidad de arrendatario, con una renta anual equivalente al 3 por ciento del importe total de la deuda en el momento de la dación. La permanencia en el uso de la vivienda constituye para el propietario una situación forzosa, porque si el deudor tiene derecho, conforme al Real Decreto-ley 6/2012, al arrendamiento forzoso es porque antes ha tenido lugar una dación en pago; y esta dación en pago se da porque previa y “voluntariamente”, la entidad financiera ha suscrito el Código de Buenas Prácticas (CBP), del que se deriva como posibilidad que ha de aceptar la continuidad arrendaticia. Pero nada de esto sucede con el derecho que concede el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo: el acreedor que debe soportarlo es cualquier acreedor hipotecario y no ha podido hacer nada para evitarlo (salvo no haber promovido el procedimiento de ejecución). Se podrá argumentar en contra que la suscripción del CBP no fue tampoco un ejercicio de libertad, pues las entidades financieras, para evitar el descrédito, se vieron forzadas a ello.

7. La medida del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo puede tener un carácter expropiatorio (sin que medie ningún procedimiento ni indemnización) y por ésta y otras razones, ha sido calificada de inconstitucional, siendo objeto de recurso de inconstitucionalidad. Obviamente, los acreedores hipotecarios (es decir, los Bancos) no se han planteado la inconstitucionalidad del “arrendamiento forzoso” con el que supuestamente se “beneficia” al deudor hipotecario que pierde su vivienda por la dación en pago.

Los artículos de la Constitución española que pueden contravenirse son:

a) El artículo 33.3: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”

b) El artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

c) El artículo 39.1: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”.

8. Como punto final, cabe preguntarse: ¿Realmente los legisladores están protegiendo la estabilidad y cohesión de la familia? ¿Todos estos intentos legales de “proteger al deudor hipotecario” con una suspensión del lanzamiento, miran definitivamente a la familia y a su hábitat natural que es su vivienda y su hogar?

Nadie puede defender que se proteja a quien no paga sus deudas, pero todos podemos y debemos defender la protección jurídica del que siempre ha pagado su hipoteca, pero que por la coyuntura actual de este desempleo tan grave y prolongado, no pude hacerlo por falta de trabajo u otra circunstancia grave y no deliberada. Quizá podría pensarse que la solución inmediata sea la dación en pago o algunas de las soluciones legales que arriba se han comentado, pero tal vez sea “peor el remedio que la enfermedad” ante la “elección” de una posible “expropiación forzada” sin proceso ni indemnización.

Mucho tienen que decir tantas familias que han conseguido sus viviendas con tanto esfuerzo y sacrificio y han pagado varias cuotas de su hipoteca, pero se ven ante la imposibilidad de seguir pagándola por falta de trabajo  y, además, se quedan sin su vivienda (no hay que olvidar que España tiene en este momento una escandalosa tasa de paro laboral: cerca de cinco millones de parados). Lo cual se agrava y se hace más injusto y deplorable, cuando hay miles de viviendas vacías en poder de los bancos por impago de hipotecas; o muchas viviendas de protección oficial vacías. Lo mismo tendría que decirse de las familias desahuciadas de sus viviendas por falta de pago del arrendamiento, al quedarse sin trabajo. Las soluciones tendrían que ser menos restrictivas y más generosas porque se trata de personas y familias y, como dice el refrán, “A grandes males, grandes bienes”, y no soluciones a medias, como éstas.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Matrimonio, separación y divorcio ante Notarios

jueves, 27 febrero 2014

El Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, del Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, se fundamenta en que los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles son profesionales que reúnen la condición de juristas y de garantes de la fe pública; por lo tanto, tienen capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garantías, en algunos de los actos de jurisdicción voluntaria atribuidos a los Jueces.

1. Los actos de jurisdicción voluntaria son aquellos que requieren la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de derecho civil y mercantil, sin que exista la controversia propia de un proceso contencioso.

Este anteproyecto modifica la actual Ley de Jurisdicción Voluntaria atribuyendo al Notario funciones que hasta ahora correspondían al Juez, porque les otorga competencia sobre los requisitos para contraer matrimonio y su celebración, así como la posibilidad de acordar por los cónyuges sin hijos menores de edad su separación o divorcio fuera del ámbito judicial, lo que también conlleva una reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y de la Ley del Notariado.

El objetivo de esta reforma de la jurisdicción voluntaria es lograr que los Jueces y Magistrados puedan centrarse en su verdadera función, que es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Además, se reducen los costes económicos para el ciudadano y se agilizan los trámites, ya que en algunos casos no será necesaria la presencia de Abogado y Procurador.

2. Este Anteproyecto fija un procedimiento único y sin alternativas (o sólo en sede judicial o sólo ante otros fedatarios públicos) para resolver los asuntos planteados. Únicamente habrá tres excepciones con posibilidad de dos procedimientos alternativos entre los casos previstos en esta norma: matrimonios y divorcios, consignaciones y reconocimiento de deudas no contradichas. En los matrimonios, además de mantener las vías tradicionales para formalizar la unión (religiosos y civiles, tanto en los Ayuntamientos como en los Registros Civiles), se incluye a los Notarios, que expedirán los expedientes matrimoniales y podrán realizar la unión.

3. Como vemos, el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria incluye la posibilidad de que los Notarios celebren matrimonios, como ya ocurre con los Alcaldes o Concejales en los que éstos deleguen y, por supuesto, en el Registro Civil, así como los que se realicen según las normas del Derecho canónico o en las formas previstas en los acuerdos firmados entre el Estado y las confesiones religiosas.

Será el Registro Civil o los Notarios del domicilio de uno de los cónyuges quienes tramiten el expediente matrimonial. De esta forma, los ciudadanos verán ampliadas las alternativas de las que disponen si optan por el matrimonio.

En cuanto a las separaciones y divorcios, en los casos de mutuo acuerdo e inexistencia de hijos menores o discapacitados judicialmente, los ciudadanos también podrán acudir al Juez o al Notario, según entiendan más conveniente para sus intereses.

4. El Consejo Nacional de Notariado defiende el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, porque considera que la competencia de los Notarios para celebrar matrimonios e intervenir en divorcios de mutuo acuerdo y sin hijos menores de edad “garantiza la máxima seguridad jurídica a los ciudadanos”; también resalta que la reforma de la jurisdicción voluntaria ha sido propuesta por el Ministerio de Justicia tras hablar con diversos colectivos como los Notarios, los Registradores, los Jueces y los Secretarios judiciales.

El objetivo, según sostiene el Consejo Nacional de Notariado, es la modernización de la justicia y la necesidad de liberar a los Tribunales de la tramitación de aquellos expedientes en los que no existe controversia y, por lo tanto, pueden ser llevados por funcionarios diferentes al Juez; así, la celebración de una boda o un divorcio ante estos profesionales lograría que el expediente se tramite de forma más ágil y rápida, sin sufrir los retrasos derivados del colapso en los Juzgados.

Además, el Notariado afirma que se conseguirá un coste económico “moderado y razonable” que pagarán aquellos interesados en realizar el trámite y no el conjunto de la sociedad que mediante sus impuestos sostiene el coste de la estructura judicial. El arancel notarial sería de 95 euros por cada matrimonio.

El Consejo Nacional de Notariado recuerda que este colectivo tiene ya amplia experiencia en el ámbito del derecho de familia, pues ya se realizan ante los Notarios las capitulaciones matrimoniales, el reconocimiento de hijos o la protocolización de convenios reguladores en caso de separación y divorcio.

En el caso del divorcio, únicamente podrá hacerse ante Notario en los casos en los que no existan hijos menores y exista mutuo acuerdo entre los dos cónyuges, ya que se trata de casos en los que el convenio regulador no contempla la intervención del ministerio fiscal. Según el Notariado, las bodas y los divorcios amistosos o de mutuo acuerdo serán más rápidos y baratos de aprobarse el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.

En la actualidad son varios los países en los que los Notarios pueden autorizar las bodas civiles y la separación y divorcio de los cónyuges en determinados supuestos.

5. Varios Jueces consideran que con este Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que otorga facultad a los Notarios para celebrar bodas, no se van a descongestionar los Juzgados porque, en muchos casos, el matrimonio ya se celebra ante el Alcalde o los Concejales. Y si se les atribuye también competencia para tramitar el expediente previo a la celebración del matrimonio, eso supondrá la privatización de una función hasta ahora encomendada a los Jueces y el pago por el ciudadano de una tasa por la tramitación de un expediente que actualmente es gratuito.

También consideran los Jueces que en cuanto a la posibilidad de que los Notarios acuerden el divorcio consensuado de los matrimonios sin hijos o con hijos mayores, tampoco va a resolver el atasco que puedan sufrir los Juzgados de familia porque ese tipo de procesos son los que menos conflictividad y trabajo presentan y suelen ser procedimientos que se tramitan, en la mayoría de los casos, de mutuo acuerdo.

Creen que esa función jurisdiccional de alguna manera se privatiza y aquellos que tengan mayores posibilidades económicas van a poder divorciarse ante Notario sin espera ni retraso alguno y con una rapidez total. Por otro lado, aquellos que no dispongan de medios tendrán que seguir acudiendo a los Juzgados.

Preocupa a algunos Jueces el hecho de que no se dice qué tipo de control va a ejercer el Notario sobre los convenios reguladores de la separación y el divorcio que ellos autoricen, ya que para que los convenios reguladores de separación y divorcio puedan ejecutarse necesitan la aprobación judicial. Si los cónyuges que se divorcien ante Notario necesitan que el convenio sea aprobado por el Juez para que sea ejecutable, no se ha solucionado el problema de fondo, porque la posibilidad de su posterior ejecución en vía judicial es exclusiva del Juez.

6. El borrador del informe preceptivo al Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará hoy jueves 27 de febrero, recomienda:

– Mantener el control del Juez en los casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

– La competencia para celebrar un matrimonio (que el Anteproyecto extiende a los Notarios) no debe amparar la de disolverlo, porque “son realidades absolutamente diferenciadas”.

– Debe seguir siendo preceptiva la intervención de un Abogado en este tipo de expedientes tramitados ante los Notarios, así como en todos los relativos a la capacidad de las personas, menores y familia en general, porque se considera imprescindible que cada parte esté asistida en todo caso por su propio Letrado en los expedientes notariales de separación y divorcio de mutuo acuerdo.

– Respecto al requisito de la edad para contraer matrimonio, que pasa de 14 a 16 años, el borrador pide mantener un cierto grado de discrecionalidad judicial, como en determinados casos ocurre en la actualidad.

– Deben seguir siendo las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, y no los Notarios o los Registradores en los expedientes que tramiten, las que valoren la concurrencia de los requisitos relativos a la insuficiencia de recursos económicos que dé derecho a esta prestación.

– Algunos expedientes cuya tramitación se atribuye en exclusiva a Notarios y Registradores, debe aplicarse el arancel correspondiente a los documentos sin cuantía que los acerquen, en cuanto a su coste para el usuario, a los tramitados en sede judicial, carentes de tasa.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada

lunes, 23 diciembre 2013

El Consejo de Ministros aprobó este viernes 20 de diciembre, a propuesta del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, el “Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, por el que sustituirá la anterior “Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo”, del año 2010. Lo que supone un cambio sustancial no solo en el nombre de la ley, sino también un cambio profundo respecto a los derechos y la atención de las necesidades concretas de las mujeres embarazadas que se enfrentan al drama del aborto.

I. Por encima de todo, lo más destacable de esta ley es que prevalece el derecho a la vida del nasciturus o no nacido, que es un ser humano inocente que no puede defenderse.  Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición y, sobre todo, considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

Otro cambio significativo es el hecho de que las menores de edad pudieran abortar sin el consentimiento paterno, lo que resultaba a todas luces ilógico si tenemos en cuenta que, por un lado, se les permitía decidir sobre el futuro del ser humano que estaban gestando y, en cambio, se les seguía negando la posibilidad de ejercer el derecho al voto precisamente porque eran menores de edad.

Una novedad es que se reafirma por primera vez el concepto de despenalizar el aborto, es decir, que la mujer que decide interrumpir la gestación no tiene que ir a la cárcel.

También es muy importante que con este anteproyecto de ley desaparece la posibilidad de abortar en el caso de malformaciones del feto, con lo que se lanza un mensaje muy claro y justo: los discapacitados deben ser protegidos no sólo después de nacer, sino especialmente antes de nacer. Porque toda vida humana es igualmente digna y porque todos somos iguales ante la ley.

En este anteproyecto se regula en detalle la objeción de conciencia del personal sanitario. El Tribunal Constitucional ha reconocido la objeción de médicos y personal sanitario en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (STC 53/1985, de 11 de abril) y prácticas vinculadas a la reproducción asistida (STC 116/1999, de 17 de junio). En este campo de la sanidad pública suelen presentarse situaciones personales conflictivas entre la objeción de conciencia y un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Algunas personas que trabajan en la sanidad pública, desde su propia fe religiosa o desde su propia libertad ideológica, tienen la firme convicción de que la vida humana debe ser protegida desde el mismo instante de la concepción, hasta el momento de la muerte (no provocada).

El conflicto se presenta cuando ese personal médico y sanitario tiene que actuar profesionalmente dentro de sistemas legales sanitarios que permiten el aborto. Lo justo es que puedan objetar su conciencia para no tener que practicar abortos en las clínicas u hospitales públicos en los que trabajan. Un Estado “pluralista y democrático” como es España, no podría negar, ni directa ni indirectamente, al personal médico y sanitario el derecho a la objeción de conciencia, ni obligarlos por “imperativo legal” a practicar abortos, cuando estas personas están convencidas de que el aborto es contrario a la defensa de la vida humana.

La anterior “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, del 3 de marzo de 2010, era una ley de plazos que, en palabras del Ministro de Justicia, “deshumanizaba absolutamente el drama del aborto, considerándolo más como un método abortivo” o como un método anticonceptivo. Mientras que con la nueva “Ley Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada” se retoma el sistema de supuestos hasta tres veces avalado por el Tribunal Constitucional.

Aún falta por regular un auténtico programa social de ayuda a las mujeres que han sufrido un embarazo no deseado y que no quieren abortar, pero que a veces lo hacen porque no disponen de los medios económicos para sostener a ese niño que viene en camino. Tiene que ser el Estado quien proporcione el impulso y los medios fundamentales para ello, máxime cuando los niños son el futuro de este país que está envejeciendo a marchas forzadas.

Es una necesidad respecto al bien social y respecto al bien común que toda mujer que quiera seguir adelante con una responsabilidad tan importante como es la maternidad, pueda disponer de los medios necesarios. En este sentido, las políticas sociales conectarían realmente con la posición mayoritaria de la sociedad, que prefiere mayor apoyo a la maternidad que al aborto.

II. El texto del Anteproyecto dice:

“El Gobierno retoma el sistema de indicaciones avalado por el Tribunal Constitucional y garantiza que las menores tengan que contar con sus padres en caso de aborto.

1. Por primera vez despenaliza a la mujer que interrumpe su embarazo.

2. En caso de violación las mujeres podrán abortar en las doce primeras semanas.

3. Se podrá interrumpir el embarazo hasta la semana veintidós si existe grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer.

4. Será necesario un informe previo emitido por dos médicos ajenos al centro donde se realizará el aborto que acredite los peligros que afecten a la mujer.

5. La mujer dará su consentimiento expreso en un plazo de siete días tras recibir información y asesoramiento.

6. Los supuestos despenalizados de la interrupción voluntaria del embarazo estarán incluidos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

7. Se regula en detalle la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, una norma que garantiza que las menores tengan que contar con sus padres durante el proceso y que por primera vez despenaliza a la mujer que decide interrumpir la gestación, y además de regular la objeción de conciencia del personal sanitario.

La Ley retoma el sistema de supuestos en los que se basaba la Ley del Aborto de 1985, hasta tres veces avalado por el Tribunal Constitucional, y que fue sustituido por el de plazos en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, del 3 de marzo de 2010, recurrida ese mismo año ante el Alto Tribunal por el Grupo Parlamentario Popular, y que cuando entre en vigor el nuevo texto quedará derogada.

Bien jurídico

El Anteproyecto de Ley Orgánica, consecuente con la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional, garantiza la protección de la vida del concebido no nacido como bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución. No obstante, en línea con esa misma doctrina, señala que la protección de la vida del “nasciturus” no tiene un carácter absoluto si entra en colisión con la vida y la dignidad más esencial de la mujer, derechos estos también reconocidos en la Carta Magna. Por tanto, la interrupción voluntaria del embarazo debe ser eximida de castigo penal dentro de los límites impuestos por la existencia de otros derechos bajo determinadas condiciones.

Así, cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad o indemnidad sexual prevalecerá el derecho a la dignidad más esencial de la mujer, que podrá interrumpir la gestación en las doce primeras semanas tras interponer la correspondiente denuncia.

El otro supuesto que no será punible es la existencia de grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, lo que se entenderá cuando el embarazo produzca un menoscabo importante en su salud, con permanencia o duración en el tiempo, según los conocimientos de la ciencia médica en ese momento.

En estos casos, la interrupción de la gestación debe realizarse en las veintidós primeras semanas. Para acogerse a este supuesto será necesario un informe previo emitido por dos médicos especialistas en la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer y ajenos al centro donde se practique el aborto. Si el peligro tiene su origen en anomalías incompatibles con la vida del feto, el informe sobre la madre solo tendrá que estar firmado por un médico y no dos, pero será necesario otro sobre el feto. Si hay peligro vital para la mujer, no será necesario ningún informe.

Naciones Unidas

Siguiendo las recomendaciones del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, no se podrá alegar la existencia de discapacidad para interrumpir voluntariamente el embarazo, de tal forma que no se cometa algún tipo de discriminación por este motivo. No obstante, esta circunstancia podrá ser tenida en cuenta si causa un grave daño físico o psicológico a la madre.

La interrupción del embarazo sólo podrá practicarse más allá de las veintidós semanas en el caso de que exista un peligro vital para la mujer o el peligro para la salud de la madre derive de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes o que sólo en ese momento lo sea con un diagnóstico certero.

La atención a la mujer que se vea en la necesidad de interrumpir voluntariamente su embarazo, en cualquier caso, queda totalmente garantizada, pues la prestación para la interrupción voluntaria en los supuestos despenalizados se mantendrá incluida en la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.

Información clínica y asesoramiento asistencial

Todas las mujeres embarazadas recibirán asesoramiento asistencial con información sobre las prestaciones a las que pueden tener acceso. Además, quienes estén considerando interrumpirlo tendrán asesoramiento personalizado e información clínica para que en un plazo de siete días decidan si consienten expresamente el aborto. Esta fase informativa no será necesaria cuando exista un peligro vital para la gestante que aconseje la interrupción inmediata del embarazo.

En el asesoramiento, que será facilitado por personal de los servicios sociales, se explicará que la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución y se realizará un estudio sobre las circunstancias concretas de la mujer, a la que se orientará sobre las ayudas concretas a las que tiene derecho. También se le detallarán las alternativas existentes a la interrupción voluntaria del embarazo, como la guarda administrativa, el acogimiento o la adopción.

Los médicos serán los encargados de informar a la mujer de los riesgos del aborto para la salud y la maternidad futura, así como sobre el diagnóstico, aspectos médicos y psicosociales, y expectativas sobre la salud del feto.

Menores de edad y con capacidad judicialmente complementada

El Anteproyecto prevé que para interrumpir voluntariamente el embarazo las jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años de edad y las mayores sujetas a curatela presten su consentimiento, pero también deban contar con el asentimiento de los padres o tutores o curadores.

Si hubiera controversia entre ellos, el juez considerará que es válido el consentimiento de la menor salvo que constate su falta de madurez, en cuyo caso resolverá atendiendo a su interés.

En los casos de menores de dieciséis años o mujeres mayores sujetas a tutela será necesario el consentimiento de los padres o tutores y la manifestación de la voluntad de la menor, para lo que se atenderá a su edad, madurez y circunstancias. En caso de desacuerdo, el juez dará valor al consentimiento de los padres o tutores siempre y cuando atienda al interés del menor.

El juez intervendrá con el procedimiento urgente que esta norma introducirá en la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que haya motivos que impidan o desaconsejen que se consulte a los representantes legales o curadores; cuando nieguen su consentimiento o asentimiento; o si expresan opiniones distintas.

Sistema penal

A diferencia de las leyes anteriores, el Anteproyecto de Ley Orgánica despenaliza la conducta de la mujer que se practica o consiente que le sea practicado un aborto al entender que se trata siempre de una víctima. En la Ley de 1985 se preveía que las mujeres que abortaban fueran castigadas con penas de prisión de seis a doce meses o multa de seis a veinticuatro meses, y en la ley de 2010, con multa de seis a veinticuatro meses, en caso de impago esta pena se sustituía en cárcel.

El texto mantiene las mismas penas ya vigentes en el Código Penal para quien produzca el aborto, pero se concretan y definen todos los supuestos para que los profesionales sanitarios tengan mayor seguridad jurídica. Para quien produzca el aborto de una mujer con su consentimiento o la induzca a abortar fuera de los casos despenalizados se prevén penas de uno a tres años de cárcel. Cuando el aborto se produzca fuera de los centros acreditados se impondrá en su mitad superior.

Además, el que realice el aborto sin el consentimiento de la mujer o habiéndolo conseguido mediante violencia, amenaza o engaño podrá ser condenado a penas de cuatro a ocho años de cárcel. El aborto por imprudencia grave se penará con entre tres y cinco meses de cárcel o multa de seis a diez meses.

Objeción de conciencia

A diferencia de las leyes anteriores, este Anteproyecto regula la objeción de conciencia de cualquier profesional sanitario que participe o colabore en los supuestos despenalizados de interrupción voluntaria del embarazo sin posponerla a un reglamento posterior como ocurría con la ley de 2010.

El profesional sanitario que quiera objetar deberá comunicar esta circunstancia por escrito al director del centro dentro de los cinco días siguientes a empezar a trabajar en él. Su decisión se incluirá en su expediente personal, que será reservado y confidencial. El ejercicio de este derecho, que no admite modulaciones, se podrá modificar en cualquier momento.

Por otro lado, el texto prevé también que a través de la Ley General de Sanidad se desarrollen programas que busquen la formación, información y prevención de embarazos no deseados, transmisión de enfermedades sexuales y de educación afectivo sexual. Se promoverá el asesoramiento socioeconómico de las embarazadas que lo requieran y se prohíbe la publicidad de los centros o de los servicios médicos o de los procedimientos para interrumpir voluntariamente un embarazo”.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Páginas: Ant. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13 14 Sig.