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Alimentos y declaración de paternidad

miércoles, 5 octubre 2016

La madre no puede reclamar al padre el reembolso de los alimentos que ella prestó al hijo antes de la declaración judicial de la paternidad. Así lo establece el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, resolviendo la cuestión jurídica de los efectos retroactivos de la obligación de los alimentos cuando se determina judicialmente la filiación paterna de una persona.

Mediante Sentencias fechadas el 29 y 30 de septiembre de 2016 (números 573/2016 y 574/2016, respectivamente), la Sala rechaza la acción de reembolso contemplada en el artículo 1158 del Código Civil en estos supuestos. Para ello la Sala se ha basado en el artículo 148.I in fine del Código Civil, que establece una excepción de retroactividad, afirmando que “ninguna petición de reembolso cabe de cantidades cuyo pago ya no podría ser exigido”.

1. Las Sentencias aclaran que no se está negando que haya existido una obligación de alimentos, pues la obligación del padre y de la madre de prestar alimentos a los hijos menores de edad nace y es exigible desde el nacimiento del hijo, aunque la filiación no esté entonces legalmente determinada, sino que la previsión legal establece que los alimentos solo son exigibles desde el momento en que se interpone demanda. Es claro que si el propio beneficiario de los alimentos carece de acción para ampliar su reclamación a un momento anterior a la demanda, tampoco tiene su madre la acción de reembolso contra el padre.

2. En el caso resuelto en la Sentencia 573/2016 de la Sala, la filiación paterna no matrimonial había sido determinada judicialmente en el año 2004 en un procedimiento instado por el hijo –nacido en 1983-, cuando ya era mayor de edad, y en el que no había reclamado alimentos. Unos años después, en 2011, la madre, que había asumido en exclusiva los gastos de manutención y educación del hijo, inició el procedimiento que ha resuelto el Tribunal Supremo, reclamando del padre el reembolso de dichos gastos.

La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y declaró el derecho de la parte actora al reintegro de 45.000 euros. Esta sentencia fue revocada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Malága, que, en sentencia de 30 de junio de 2015 , estimó el recurso de apelación del padre y desestimó la demanda. Entre sus argumentos, se remite a la doctrina del Tribunal Supremo, recogida en la sentencia de 8 de abril de 1995, que establece que una vez determinada la filiación, no puede reclamarse pensión de alimentos con efecto retroactivo, pues no pueden confundirse tiempo del nacimiento y tiempo de la exigibilidad de los alimentos, al carecer éstos de efectos retroactivos.

3. En el otro caso resuelto en la Sentencia 574/2016, la filiación paterna quedó determinada en 2008 en un procedimiento iniciado por la madre del menor (nacido en 2005), en el que no utilizó la posibilidad legal de acumular a la acción de filiación la acción de reclamación de alimentos. La determinación de la filiación fue firme en 2010 y, en un proceso posterior, la madre reclamó una pensión de alimentos para el menor, que se estableció con efectos desde la presentación de esa segunda demanda. Ya en el año 2013, la madre inició un tercer procedimiento contra el padre en reclamación del 80% de las cantidades empleadas en la atención del menor desde su nacimiento hasta la fecha en que se había establecido la pensión. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron la demanda por no haber utilizado la posibilidad legal de acumular ambas acciones en el mismo procedimiento.

4.  La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado los dos recursos de casación interpuestos por las madres demandantes contra las Sentencias de las respectivas Audiencias Provinciales. Razona la Sala que la filiación produce sus efectos desde que tiene lugar y su determinación tiene efectos retroactivos, pero siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de esos efectos y la ley no disponga lo contrario (artículo 112 del Código Civil).

Y, precisamente en materia alimenticia, el Código Civil establece una excepción expresa a la retroactividad cuando dispone en el artículo 148 que, aunque la obligación de dar alimentos es exigible desde que la persona que tenga derecho a percibirlos los necesite para subsistir, solo se abonarán desde la fecha de la demanda en la que se reclamen.

Esta norma, prevista en el régimen jurídico general de los alimentos entre parientes, es también de aplicación a la obligación de alimentos a los hijos menores, por mandato del propio artículo 153 del Código Civil. Así lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que en 2014 inadmitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la posible contradicción de esa acotación temporal con el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos (artículo 39 de la Constitución Española).

5. Se trata de una norma legal que establece una mínima retroactividad hasta la fecha de la demanda, y está prevista en beneficio del alimentante, atendiendo a la especial naturaleza de la prestación alimenticia reclamada. El legislador, con esta disposición, ha querido proteger al deudor de alimentos, evitando que le sea reclamada una cantidad elevada de dinero (hasta cinco años de pensiones, según el artículo 1966,1 del Código Civil a quien podía desconocer o dudar razonablemente que era, o por qué importe era, deudor de alimentos).

El Tribunal Constitucional (ATC Pleno de 16 diciembre 2014), consideró al respecto que una delimitación temporal de la exigibilidad de los alimentos parece proporcionada para evitar una situación de pendencia, difícilmente compatible con el principio de seguridad jurídica.

Como dice el Tribunal Constitucional, “es cierto que la retroactividad de los alimentos facilitaría procesalmente el resarcimiento del progenitor que cumplió su obligación ex artículo 154.1 del Código Civil como vía para reclamar la deuda al progenitor incumplidor. Pero la retroactividad de la obligación de prestación de alimentos al menor no se orientaría a su asistencia, como fin constitucionalmente relevante del artículo 39.3 de la Constitución Española, pues el menor ya fue asistido y sus necesidades ya fueron cubiertas, sino a resarcir al progenitor cumplidor, que puede formular demanda en reclamación de alimentos tan pronto como nace la obligación frente a una deuda generada a su favor por el progenitor incumplidor, y la limitación temporal de la exigibilidad de los alimentos, ante el incumplimiento voluntario por parte del progenitor no custodio, resulta además proporcionada para evitar una situación de pendencia que no sería compatible con la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución Española)”.

6. Si el propio beneficiario de los alimentos carece de acción para ampliar su reclamación a un momento anterior a la demanda, con mayor motivo no la tendrá su madre a través de la acción de reembolso contra el padre. Puede haber, sin duda, una obligación moral a cargo de quien finalmente es declarado padre por los gastos de manutención y educación anteriores a esa fecha, pero lo cierto es que la ley no concede acción para pedir el cumplimiento de un deber de esta clase.

Para ello, sería necesaria una modificación del Código Civil que extendiera la obligación de prestar alimentos a los hijos menores más allá de lo que la norma autoriza, o exceptuara del régimen general de los alimentos entre parientes el deber de alimentos a los hijos menores, e incluso facilitara la acción de reembolso al progenitor que asumió el cuidado del hijo en la parte que corresponde al progenitor no conviviente, con el límite de la prescripción, como ocurre en otros ordenamientos jurídicos.

Se ha criticado al legislador por no haber llevado la “retroactividad” de los alimentos a la fecha de una reclamación extrajudicial de los mismos, y por no haber tenido en cuenta si el retraso en la reclamación se debió, o no, a una causa imputable al deudor de los alimentos. Cuestión que, conforme manifiesta la Sala, no le corresponde aconsejar al legislador civil estatal la adopción, o no, de normas semejantes.

Los Notarios amplían sus competencias con la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria

sábado, 25 julio 2015

Los Notarios ya pueden resolver nuevas y distintas cuestiones civiles, matrimoniales, de sucesiones, hipotecarias y mercantiles en las que no exista controversia entre las partes, puesto que al no existir desacuerdo entre los implicados, no se requiere la intervención de un Juez. La nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, amplía las competencias de los Notarios, con lo que se ayudará a descongestionar los Juzgados y los Tribunales y se agilizarán las tramitaciones.

Se consideran de jurisdicción voluntaria todos aquellos asuntos que no requieren la intervención de un Juez para la tutela de derechos e intereses en materia civil y mercantil, porque no existe controversia entre las partes y, por tanto, no son asuntos propios de un proceso contencioso.

Los Notarios son cualificados expertos en Derecho, quienes están sujetos a un estatuto que garantiza su actuación independiente, imparcial, rigurosa y responsable, con vocación de servicio público.

La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria posibilita la alternatividad, es decir, permite al ciudadano la libertad de elegir al Secretario Judicial o al Notario o al Registrador para determinados casos.

¿Cuáles son estas nuevas competencias para los Notarios en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria?

1. A partir del 30 de junio de 2017, el matrimonio civil también podrá contraerse ante Notario, Juez del Registro Civil o de Paz, Secretario Judicial, Concejales y Alcaldes.

Actualmente, los Notarios ya intervienen en temas de familia como las capitulaciones matrimoniales, el reconocimiento de hijos, la protocolización de convenios familiares, las tutelas, la constitución de parejas de hecho, etc.

2. Los Notarios también podrán, a partir del 30 Junio de 2017, tramitar separaciones y divorcios, cuando no existan hijos menores a cargo de la pareja, con lo que seguramente se agilizarán los plazos de estas mismas tramitaciones en los Juzgados y, además, con la misma seguridad jurídica.

3. En cuanto al tema de las sucesiones sin controversia, los Notarios podrán, por ejemplo, conocer temas como el de los herederos colaterales de aquellas personas que han fallecido sin hacer testamento; por lo que estos herederos podrán recibir la herencia sin tener que acudir ante un Juez.

Los herederos directos, desde hace varios años, pueden encargar a los Notarios algunos asuntos de las sucesiones abintestato, es decir, sin testamento y sin controversia.

4. Los Notarios también conocerán de los expedientes de reclamación de deudas dinerarias sin controversia entre las partes, lo que permitirá acortar los plazos actuales. También se podrán realizar las subastas notariales, que serán estrictamente electrónicas, lo que abaratará y agilizará el procedimiento.

5. Otro asunto que se podrá hacer ante Notario es la conciliación. Desde 2012, los Notarios ya actúan en el ámbito de la mediación como mediadores. La conciliación y la mediación, como función pública notarial, lleva intrínseco el asesoramiento imparcial y equilibrado a las partes, para alcanzar en situaciones complejas acuerdos que sean conformes con la legalidad.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

Suspensión del lanzamiento de la vivienda por ejecución hipotecaria

martes, 18 marzo 2014

Una de las más desafortunadas consecuencias del desempleo y de la crisis económica española de los últimos años es el “lanzamiento” de las viviendas de aquellas familias que no pueden seguir pagando sus hipotecas por carecer de trabajo todos sus miembros. Es una situación familiar dramática e injusta, ya que margina y excluye aún más a estas personas, con lo que se contradice lo mandado expresamente en el artículo 47 de nuestra Constitución española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

A todas luces, los miles de lanzamientos de las viviendas familiares de aquellos deudores hipotecarios sin trabajo, reflejan el incumplimiento del mandato constitucional a una vivienda digna y la poca importancia que las políticas económicas y sociales dan a la institución familiar. Pareciera que la especulación bancaria prevaleciera sobre el bien común, el bien social y el bien familiar. Pareciera que los ciudadanos corrientes fueran los culpables de la actual crisis económica y tuvieran que pagar las culpas de los verdaderos responsables del actual desempleo.

1. Algunas normativas como el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, son intentos legislativos que pretenden, sin conseguirlo, remediar esta difícil situación del lanzamiento de la vivienda de los deudores hipotecarios. Pero, por lo menos, son un paso más para avanzar en una solución más justa.

El Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, son leyes que han sido popularmente conocidas como “Ley Antidesahucios”, lo cual es erróneo porque se confunde el desahucio con el lanzamiento. El desahucio se aplica a la terminación judicial del contrato de arrendamiento para el inquilino por falta de pago del canon arrendaticio; mientras que el lanzamiento de la vivienda es un proceso derivado de una ejecución hipotecaria por la falta de pago de la hipoteca por parte del propietario. Es decir, el lanzamiento es sólo en la ejecución hipotecaria y el desahucio es sólo en el arrendamiento.

La Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 14 de marzo de 2013, originó en los tribunales españoles el aumento de las decisiones judiciales de suspensión del lanzamiento en la ejecución hipotecaria, por las cláusulas abusivas en las hipotecas, pero no por las necesidades de los deudores hipotecarios y de su unidad familiar, esto es, por razón del riesgo de exclusión social, que es lo que justifica la suspensión que prevé la Ley 1/2013, de 14 de mayo.

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la legislación española que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión, porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas y causa un “daño irreparable” con la falta de protección al consumidor frente a la entidad bancaria.

La legislación española no permite paralizar un lanzamiento invocando cláusulas abusivas en el contrato del préstamo a la compra de una vivienda. En su lugar, esta cuestión debe solventarse en otro juicio al margen del proceso de ejecución hipotecaria y una vez que ya se ha procedido al lanzamiento.

El fallo cree que la protección a posteriori “resulta incompleta e insuficiente” ya que “no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda” sino que se limita “al pago de una indemnización por daños y perjuicios”. El Tribunal de Justicia declara que “la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos”.

Con esta Sentencia del 14 de marzo de 2013 del TJUE, los lanzamientos podrán paralizase por el juez en cumplimiento de la normativa comunitaria indicada. La sentencia confirma parte de las demandas de la Plataforma de afectados por la hipoteca que se han recogido en la Iniciativa Legistiva Popular por la Vivienda Digna.

2. El Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, referentes a la posibilidad de suspender el lanzamiento para evitar la pérdida de la vivienda habitual, presentan el siguiente esquema:

a. Si es por aplicación de la dación en pago prevista en el Código de Buenas Prácticas (CBP), el antiguo propietario puede permanecer durante dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, a contar desde la dación, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total de la deuda en el momento de la dación y devengando, durante dicho plazo, en caso de impago de la renta, un interés de demora del 10 por ciento. Además, puede obtener las ayudas de los artículos 38 y 39 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, para el pago de la renta cuando sus ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), determinados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de dicho Real Decreto.

b. Si es por ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, cuando se produzca adjudicación al acreedor o a persona que actúe por su cuenta, el antiguo propietario puede permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda, puesto que se suspende el lanzamiento durante ese tiempo.

c. Si es por ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, cuando se produzca adjudicación a un tercero y lanzamiento, el antiguo propietario que alquile otra vivienda puede recibir ayuda al arrendamiento en los términos establecidos en los artículos 38 y 39 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre. En este supuesto de ejecución y lanzamiento, cualquier deudor hipotecario que ahora “viva de alquiler” tiene derecho a estas ayudas, mientras que si se trata del deudor hipotecario que “vive de alquiler” en su antigua vivienda por haberla dado en pago, obviamente, no es cualquier deudor hipotecario.

Cuando se trata del deudor que ha sido lanzado judicialmente de su vivienda habitual como consecuencia de ejecución hipotecaria (judicial o extrajudicial), las ayudas se le conceden esté o no en el umbral de la exclusión. Por el contrario, cuando se trata del deudor que ha dado en pago su vivienda, sí ha de estar éste en el umbral de la exclusión, porque esta situación es requisito de aplicación del Código de Buenas Prácticas (CBP) y de que haya podido llegar a la dación.

3. Sin embargo, ni en el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre ni en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, se ha contemplado ninguna medida de ayuda en el caso de pérdida de la vivienda habitual por ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, cuando se produce la adjudicación a un tercero con una entrega de la posesión voluntaria, originándose una discriminación entre el deudor hipotecario que ha alcanzado el beneficio de una dación en pago y el deudor contra el que se ha seguido el procedimiento de ejecución hasta la adjudicación al acreedor. En estos casos la pérdida de la vivienda a favor del acreedor y la posibilidad de permanencia en el uso por parte del deudor, es a título oneroso en el primero y a título gratuito, en el segundo.

Respecto al plazo, es mejor la situación del deudor que ha logrado la dación en pago que la del otro, pues el primero permanecerá por espacio de dos años a contar desde la dación, mientras que el segundo permanecerá, sea cual sea el momento de la adjudicación al acreedor, como máximo hasta el 15 de mayo de 2015.

La medida excepcional y temporal del aplazamiento del lanzamiento salva la situación de los deudores afectados hasta el 15 de mayo de 2015, pero no soluciona su problema de vivienda ni de deuda: el deudor, en la medida en que el remate no alcance a cubrir la totalidad de la deuda, sigue debiendo, aunque, ahora, sin garantía y sin patrimonio que pueda responder de la obligación.

4. Puede verse que estos preceptos legales permiten suspender el lanzamiento de la vivienda habitual del deudor que proceda de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, cuando la vivienda se haya adjudicado al acreedor o a persona que actúe por su cuenta, siempre que el deudor sea persona especialmente vulnerable. Pero esta medida protectora se restringe por diversos motivos, como la deuda, el proceso, el bien hipotecado, el adjudicatario y/o el tiempo de la adjudicación.

En cuanto a la deuda, porque la obligación garantizada con la vivienda objeto de la ejecución tiene que ser un préstamo o crédito concedido para la adquisición de la misma. Con esta limitación se dejan fuera de la medida las viviendas que, sufriendo ejecución, fueran garantía de una deuda de naturaleza empresarial o de una deuda ajena, como la deuda de un hijo o de un familiar, lo que no se compadece con el espíritu y finalidad de la ley que es la de evitar que determinadas personas en situación de vulnerabilidad tengan que perder su vivienda. Sería más justo que fuera indiferente el origen de la deuda.

Otra lamentable limitación es que también quedan fuera las obligaciones garantizadas con fianza o aval por incumplimiento del fiador o avalista con el que se ha podido embargar y subastar, en el correspondiente procedimiento, su vivienda.

En cuanto al proceso, la medida sólo afecta a los procesos de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial. Aunque el bien afectado sea la vivienda habitual, quedan fuera los procesos de desahucio arrendaticio por falta de pago de la renta o por precario y los de ejecución de sentencia dictada en procedimiento declarativo o en procedimiento ejecutivo ordinario, puesto que el acreedor hipotecario, por el hecho de serlo, no pierde la posibilidad de exigir su crédito en esta clase de procedimientos.

Es evidente que no se puede mantener en el uso de la vivienda al arrendatario que no paga la renta, aunque sea en casos extremos, porque afectaría a los arrendadores. Después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, algunas Comunidades Autónomas han firmado convenios de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, para que en los lanzamientos por falta de pago de la renta, en los que resulte una eventual situación de especial vulnerabilidad, resuelva el juez dar inmediata cuenta a los servicios sociales para que lleven a cabo la oportuna actuación. Las normas comentadas hubieran sido más justas y completas si se hubiera previsto un sistema de ayudas a los inquilinos en los mismos supuestos de vulnerabilidad que protegen al deudor hipotecario, para que se promoviera con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas.

En cuanto al bien del deudor que se protege del lanzamiento es únicamente su vivienda habitual. No alcanza a los procesos de ejecución en los que la garantía que se realiza es un local comercial, a pesar de que se había considerado conveniente incluirlos cuando constituyeran la base física del negocio familiar, y éste la única vía de ingresos. La vivienda objeto de la ejecución ha de ser la única vivienda del deudor.

Para evitar el lanzamiento y poder continuar con el derecho de uso de la vivienda habitual, el adjudicatario tiene que haber sido el acreedor o una persona que haya actuado por su cuenta, sin que haya sido necesario que aquél haya suscrito el Código de Buenas Prácticas, según prevé la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Lo normal sería que en la expresión “persona que actúe por cuenta del acreedor”, se tenga en cuenta no sólo al representante o al mandatario, sino a la persona vinculada, jurídica o económicamente, con el acreedor, pues, de lo contrario, se podría fácilmente burlar la norma.

Tampoco hay claridad en cuanto al tiempo de la adjudicación, porque en la ley se dice “cuando se hubiera adjudicado” ya que podría interpretarse que es en los procedimientos pendientes al tiempo de la entrada en vigor de la norma, esto es, solo se aplica a los procedimientos en los que la adjudicación haya sido anterior al 15 de mayo de 2015 y no se haya ejecutado el lanzamiento, quedando excluidos los procedimientos iniciados que no hubieran alcanzado al trámite de adjudicación en la fecha indicada y los iniciados con posterioridad.

En cuanto al deudor e hipotecante tienen que ser la misma persona, pues el crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor tiene que haberse concedido para la adquisición de la misma. Es decir, no forma parte del supuesto el caso del hipotecante no deudor, sino que el que pierde la vivienda por la ejecución es el mismo deudor. No obstante, si el deudor hipotecante vende la vivienda, el adquirente (tercer poseedor de la finca hipotecada) no deudor pueda perderla en ejecución y quedar protegido por esta norma. Lo determinante es que originariamente deudor y propietario de la vivienda hayan sido la misma persona y que, tanto si el ejecutado que pierde la vivienda es éste o un adquirente posterior, se encuentre en situación de especial vulnerabilidad.

5. ¿Y cuáles son los supuestos de especial vulnerabilidad contemplados en este caso normativo? Las familias numerosas, las unidades familiares monoparentales y otras unidades familiares compuestas por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos. Se excluye del supuesto de vulnerabilidad la persona sola. Las condiciones de “especial vulnerabilidad” son muy estrictas, por lo que son muy pocas las personas que realmente pueden acogerse a los beneficios, pues debe tratarse de personas en la pobreza más absoluta.

6. El derecho concedido al deudor es a continuar en el uso de la vivienda gratuitamente por dos años, en calidad de arrendatario, con una renta anual equivalente al 3 por ciento del importe total de la deuda en el momento de la dación. La permanencia en el uso de la vivienda constituye para el propietario una situación forzosa, porque si el deudor tiene derecho, conforme al Real Decreto-ley 6/2012, al arrendamiento forzoso es porque antes ha tenido lugar una dación en pago; y esta dación en pago se da porque previa y “voluntariamente”, la entidad financiera ha suscrito el Código de Buenas Prácticas (CBP), del que se deriva como posibilidad que ha de aceptar la continuidad arrendaticia. Pero nada de esto sucede con el derecho que concede el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo: el acreedor que debe soportarlo es cualquier acreedor hipotecario y no ha podido hacer nada para evitarlo (salvo no haber promovido el procedimiento de ejecución). Se podrá argumentar en contra que la suscripción del CBP no fue tampoco un ejercicio de libertad, pues las entidades financieras, para evitar el descrédito, se vieron forzadas a ello.

7. La medida del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo puede tener un carácter expropiatorio (sin que medie ningún procedimiento ni indemnización) y por ésta y otras razones, ha sido calificada de inconstitucional, siendo objeto de recurso de inconstitucionalidad. Obviamente, los acreedores hipotecarios (es decir, los Bancos) no se han planteado la inconstitucionalidad del “arrendamiento forzoso” con el que supuestamente se “beneficia” al deudor hipotecario que pierde su vivienda por la dación en pago.

Los artículos de la Constitución española que pueden contravenirse son:

a) El artículo 33.3: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”

b) El artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

c) El artículo 39.1: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”.

8. Como punto final, cabe preguntarse: ¿Realmente los legisladores están protegiendo la estabilidad y cohesión de la familia? ¿Todos estos intentos legales de “proteger al deudor hipotecario” con una suspensión del lanzamiento, miran definitivamente a la familia y a su hábitat natural que es su vivienda y su hogar?

Nadie puede defender que se proteja a quien no paga sus deudas, pero todos podemos y debemos defender la protección jurídica del que siempre ha pagado su hipoteca, pero que por la coyuntura actual de este desempleo tan grave y prolongado, no pude hacerlo por falta de trabajo u otra circunstancia grave y no deliberada. Quizá podría pensarse que la solución inmediata sea la dación en pago o algunas de las soluciones legales que arriba se han comentado, pero tal vez sea “peor el remedio que la enfermedad” ante la “elección” de una posible “expropiación forzada” sin proceso ni indemnización.

Mucho tienen que decir tantas familias que han conseguido sus viviendas con tanto esfuerzo y sacrificio y han pagado varias cuotas de su hipoteca, pero se ven ante la imposibilidad de seguir pagándola por falta de trabajo  y, además, se quedan sin su vivienda (no hay que olvidar que España tiene en este momento una escandalosa tasa de paro laboral: cerca de cinco millones de parados). Lo cual se agrava y se hace más injusto y deplorable, cuando hay miles de viviendas vacías en poder de los bancos por impago de hipotecas; o muchas viviendas de protección oficial vacías. Lo mismo tendría que decirse de las familias desahuciadas de sus viviendas por falta de pago del arrendamiento, al quedarse sin trabajo. Las soluciones tendrían que ser menos restrictivas y más generosas porque se trata de personas y familias y, como dice el refrán, “A grandes males, grandes bienes”, y no soluciones a medias, como éstas.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Matrimonio y vida matrimonial

lunes, 1 julio 2013

El matrimonio y la vida matrimonial son dos conceptos diferentes en dos momentos diferentes. El matrimonio es el vínculo que se crea cuando los dos contrayentes emiten un consentimiento matrimonial válido, es decir, cuando se dan el “sí quiero” el día de la boda o ceremonia nupcial. Ese consentimiento matrimonial auténtico de cada uno (que es la causa) genera el efecto (que es el vínculo o alianza matrimonial). El matrimonio válido lo origina el consentimiento matrimonial válido de los contrayentes. He aquí el primer momento. Luego viene el segundo momento que es la vida matrimonial de los cónyuges, esto es, la convivencia de los esposos en la que se pone por obra ese deseo y voluntad auténtica del “sí quiero… entregarme a ti y amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la juventud y en la vejez…”.

La vida matrimonial es la convivencia matrimonial en la que se pone en acción esa búsqueda del bien de los cónyuges, que es el objeto del consentimiento matrimonial.

1. Todo matrimonio se presume válido, mientras no se demuestre lo contrario; es lo que conocemos como el “favor iuris” o favor del derecho. Mientras no se solicite, no se demuestre y no se declare judicialmente la nulidad matrimonial, el matrimonio se considera válido. En un proceso de nulidad matrimonial, lo que debe probarse es la nulidad del matrimonio y no su validez, aportando todas las pruebas documentales, testimoniales y periciales que resulten veraces para declarar la nulidad matrimonial, que no es otra cosa que corroborar que si no hubo causa (no hubo consentimiento matrimonial válido) no hubo efecto (no hubo matrimonio válido).

Es como una cadena o secuencia lógica fácil de entender, en la que el primer eslabón es el consentimiento matrimonial que da paso al segundo eslabón que es el matrimonio o alianza matrimonial o vínculo matrimonial, y éste a su vez da paso al tercer eslabón que es la vida matrimonial o convivencia conyugal, en la que cada uno busca el bien del otro cónyuge, el bien de la familia y el bien de los hijos. Son tres eslabones de una misma cadena.

Lo normal y corriente es que existan matrimonios con vida matrimonial, pero pueden darse situaciones excepcionales en las que habiendo matrimonios válidos los esposos no conviven, bien sea porque están separados judicialmente o de hecho; o porque debido a circunstancias laborales, los cónyuges viven en sitios distantes: pensemos, por ejemplo, en algunos casos de militares, cuerpo diplomático, marineros, presidentes de multinacionales, etc., que por razones justificadas uno de los cónyuges no se puede desplazar por largo tiempo al lugar del trabajo del otro. Todo esto demuestra que el matrimonio y la vida matrimonial no son lo mismo, porque pueden darse matrimonios válidos pero sin vida matrimonial.

Igualmente, pueden existir matrimonios válidos, pero cuya vida matrimonial o convivencia conyugal ha fracasado, y no por esto son matrimonios nulos. Los fracasos matrimoniales no se pueden confundir con nulidades matrimoniales.

También pueden darse en la vida real casos muy curiosos, en los que probablemente habiendo matrimonios “nulos”, éstos presentan una espléndida vida matrimonial. Ya decíamos que todo matrimonio se presume válido, mientras no se demuestre lo contrario. Pues bien, hay matrimonios que nunca han pedido ni pedirán la nulidad matrimonial, pero si la solicitaran podrían configurarse una o varias causales de nulidad sin que lo sepan los esposos, o sabiéndolo no lo manifiestan y, sin embargo, llevan una buena convivencia conyugal, tratándose quizás de matrimonios nulos.

2. Desde un punto de vista personalista, el concepto de matrimonio como alianza es más acorde que el concepto de matrimonio como contrato, puesto que en el matrimonio se implican las personas de los cónyuges. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica Gaudium Et Spes Nº 48, habla del matrimonio como “la íntima comunidad de vida y amor conyugal que se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable”. El Código de Derecho Canónico, en el canon 1055, describe el matrimonio como “un consorcio de toda la vida”. A esta descripción se añade la enumeración de los fines del matrimonio que, por su propia naturaleza, se ordena al bien de los cónyuges, a la generación y educación de la prole y lo eleva a la dignidad de sacramento entre bautizados. En ese mismo orden natural, también se describe el matrimonio como “una caro”, como una unidad en la naturaleza masculina y femenina.

Tradicionalmente el derecho canónico ha expresado dos conceptos que son el matrimonio in fieri y el matrimonio in facto esse, para referirse al matrimonio y a la vida matrimonial respectivamente, pero, en mi opinión, se reduce a una visión demasiado contractualista del matrimonio, en la que prima un conjunto indefinido e indefinible de derechos y obligaciones que se intercambian los esposos a través el matrimonio, empobreciendo la realidad personalista de la entrega sincera, mutua y recíproca de los cónyuges y, a la vez, opacando la relación familiar del vínculo conyugal. Los cónyuges, al casarse, lejos de intercambiarse contractualmente unos derechos y unas obligaciones matrimoniales, lo que están haciendo es entregarse mutua y recíprocamente para fundar una familia, creando unas relaciones familiares basadas en el hecho real de que los cónyuges son los primeros parientes.

El matrimonio no es un contrato, es mucho más, …. es una alianza permanente que despliega la vida de los esposos que se entregan incondicionalmente. En un sistema divorcista el matrimonio es un contrato que se disuelve por la misma voluntad de los cónyuges que lo contrajeron. Actualmente, en muchos ordenamientos civiles, el matrimonio es menos que un contrato, porque se disuelve más fácilmente y sin menos formalismos que, por ejemplo, una hipoteca o un arrendamiento.

3. La vida matrimonial no puede ser perfecta, porque los esposos no son perfectos. Pero esa vida matrimonial va madurando, así como va madurando el amor de los esposos a través de la convivencia y del ejercicio de las virtudes de cada uno de ellos y de los demás miembros de la familia. Ese amor conyugal es el que funda un hogar. El hogar como el amor es un proyecto a largo plazo; el matrimonio y la vida matrimonial también son proyectos a largo plazo y con vocación de futuro. Los cónyuges se estabilizan, cuando “echan raíces”, es decir, cuando conviven con una decisión de permanencia. Es necesario recordar que es posible el matrimonio duradero y la vida matrimonial permanente y feliz.

El concepto de matrimonio como comunidad de vida y amor tiene un profundo significado. Una vez celebrado el matrimonio, los esposos están destinados a amarse y sostenerse mutuamente, pero su gradual desarrollo a lo largo de la vida matrimonial, e incluso su fracaso matrimonial, pertenece al orden de su existencia histórica y biográfica, pero no al de la esencia o constitución jurídica concreta del matrimonio.

Se podría decir que el matrimonio es la decisión de los dos contrayentes que voluntaria y libremente se casan, mientras que la vida matrimonial es la actitud de esos dos esposos que asumen con responsabilidad su identidad de cónyuges.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

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