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Abogados de familia: mediadores familiares

viernes, 4 noviembre 2011

La mediación familiar es aplicable a cualquier tipo de conflicto familiar y es una eficaz alternativa de solución entre las partes, porque con ella se intenta llegar a un acuerdo satisfactorio, duradero y estable para todos los implicados. La mediación familiar evita entrar en litigios innecesarios y desgastadores que muchas veces no consiguen resolver y atender las necesidades de todos. Pero tampoco es la panacea porque no existe el acuerdo perfecto, ya que la “mediación es un proceso  imperfecto  donde una tercera persona imperfecta trata de ayudar a personas imperfectas a alcanzar soluciones imperfectas  en un mundo imperfecto”, como muy bien dice Leonard Marlow, prestigioso abogado matrimonialista de los EE.UU. y experto en mediación familiar.

Desde mi punto de vista personal, y dada mi experiencia profesional como abogada de familia durante más de quince años, estoy convencida de que el mediador familiar por antonomasia es el abogado de derecho de familia. Nuestros despachos son los primeros y principales lugares de mediación familiar, porque es en ellos donde ponemos todos nuestros esfuerzos, conocimientos y experiencia para conseguir el mutuo acuerdo entre nuestros clientes implicados en conflictos familiares.

Llámese “convenio regulador” (según el código civil español), o “pacto de relaciones familiares” (Aragón), o “plan de parentalidad” (Cataluña), o “pacto de convivencia familiar” (Valencia), éstos son acuerdos voluntarios y mutuamente satisfactorios, logrados exitosamente a través de la imprescindible asesoría legal que estos temas jurídicos de familia requieren, con ese “plus” que sólo podemos aportarle los abogados de familia, que es el de que esos acuerdos pueden ser eficazmente presentados, mediante una demanda de mutuo acuerdo, ante los Juzgados de familia para su respectiva aprobación judicial. Es decir, que tenemos la enorme ventaja de ser, a la misma vez, abogados de familia con ejercicio y mediadores familiares.

Nadie puede negar esta realidad, como tampoco nadie puede negar la numerosa existencia y aumento de demandas de divorcios y separaciones de mutuo acuerdo conseguidas en los Juzgados de Familia, a través de nuestro eficaz ejercicio profesional como abogados-mediadores de familia. Es evidente que todos los que tenemos un despacho dedicado al derecho de familia, tocamos a diario la “fibra humana” de nuestos clientes, quienes nos confian de manera admirable sus preocupaciones y sentimientos más íntimos, en busca de una solución jurídica favorable a sus problemas. Por eso, la gran mayoría de abogados de familia también somos expertos en humanidad y podemos crear  una “cultura a favor del no litigio” y de la “solución consensuada” de los conflictos familiares.

Los conflictos familiares son conflictos interpersonales que afectan a todos los individuos de la propia familia, ya que sus miembros tienen en común una historia compartida. La mediación familiar que ejercemos los abogados de familia para conseguir el mutuo acuerdo y ayudar a resolver conflictos familiares, ha sido muy positiva en España y tiende a crecer en el ámbito de las relaciones familiares y de las crisis matrimoniales y de pareja, extendiéndose a otros contextos como las herencias y sucesiones, la obligación de alimentos, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas de los abuelos, la pensión compensatoria, las separaciones de bienes o de cuerpos, la atribución de la vivienda familiar, etc.

La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, señala en su exposición de motivos que “… las partes pueden pedir en cualquier momento al Juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas objeto de litigio. La intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados, o uno de los cónyuges y las partes no hayan atendido a sus requerimientos de modificación. Sólo en estos casos deberá dictarse una resolución en la que se impongan las medidas que sean precisas…”

La mediación familiar está demostrando en todo el mundo muchas ventajas como la descongestión de los Tribunales y Juzgados, la celeridad y economía de tiempo y de dinero, el incremento de la participación de los actores del conflicto y la capacidad que tienen todos ellos de asumir su propia responsabilidad personal en la solución del problema. Esto no quiere decir que la mediación familiar sustituya a los Tribunales de Justicia, pero sí que puede “descargarlos” de algunos asuntos que pueden resolverse extrajudicialmente.

En la misma exposición de motivos de la ya citada Ley 15/2005, de 8 de julio, se hace una referencia a las ventajas que conlleva la mediación familiar: “… Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el diálogo y, en especial, garantizar la protección del interés superior del menor, se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y neutral…”

Los abogados de familia vemos en demasiadas ocasiones que cuando un cliente entra en nuestro despacho buscando nuestra asesoría legal o pidiéndonos que asumamos su caso en un conflicto familiar, nos plantea el problema en términos de “contienda” en la que tenemos que ganar. Se sorprende cuando le preguntamos si se ha planteado llegar al mutuo acuerdo o lo descarta de plano como algo imposible de conseguir. Es cuando comienza nuestro trabajo, más lento y difícil si cabe, pero también más eficaz, de intentar conseguir el consenso entre las partes implicadas, lo cual nos obliga a desplegar todas nuestras dotes mediadoras y conciliadoras. Y en la mayoría de los casos se logra con éxito y todos salen ganando.

Cuando los abogados de familia mediamos para conseguir el mutuo acuerdo buscando la mejor solución para todos, cambiando el “esquema” vencedor y vencido, fuerte y débil, ganador y perdedor, se pone realmente en acción el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, su capacidad de buscar soluciones a un problema y de comprometerse a cumplirlas, buscando el bien de los menores y de la familia. El abogado de familia es realmente imparcial cuando actúa como abogado de ambas partes, buscando el mutuo acuerdo en los temas conflictivos planteados.

Todos los abogados de familia sabemos que no es fácil lograr el mutuo acuerdo entre las partes y cuando se consigue después de un arduo trabajo como mediadores en nuestros despachos, nos damos cuenta de que debemos poner en juego muchas cualidades, no sólo de experiencia profesional y de sólidos conocimientos jurídicos sino, sobre todo, los valores éticos y deontológicos. También es cuestión de tener aptitudes humanas, actitudes conciliadoras y mucha observación psicológica para conseguir esos acuerdos que cumplen los requisitos jurídicamente exigibles para ser homologados en los procesos judiciales, mediante las demandas de mutuo acuerdo.

En Aragón ha sido recientemente aprobada la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar, contemplada para cualquier conflicto familiar y no sólo para los casos de ruptura de la pareja. Se insiste, y con razón, en la necesidad del título y de la formación del mediador familiar. Pero también es verdad, que muchos abogados de familia desde hace muchísimo tiempo vienen mediando eficazmente en sus despachos ante los conflictos familiares de sus clientes y lo seguirán haciendo como siempre, sin tener el “título” de mediadores familiares, pero sí la sólida y exitosa experiencia para seguir practicando y transmitiendo esos valiosos conocimientos.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abgada y Doctora en Derecho

 

¿Da igual casarse que no casarse?

viernes, 23 septiembre 2011

logo aragon radio - ¿Da igual casarse que no casarse?Hace pocos días me hicieron una entrevista en directo en el magazine diario de las mañanas “Cada día más” de la emisora “Aragón Radio”, en el que me preguntaban “si daba lo mismo casarse que irse a vivir juntos en unión de hecho”. La cuestión la planteaban argumentando que actualmente hay demasiados divorcios en España, son tantos que -según las estadísticas del año 2010- en nuestro país hubo un número más elevado de divorcios que de matrimonios. Uno de los contertulios, un sociólogo que también fue invitado a participar en dicho programa de radio, aducía que ahora las mujeres optan más por la unión libre, dada su independencia económica y que los hijos son iguales ante la ley, sin importar que nazcan dentro de un matrimonio o dentro de una unión de hecho.

Se afirmaba también que las parejas buscan más las uniones de hecho para “huir de los papeleos”. Y que por todo ello podría pensarse que actualmente el matrimonio está en crisis.

Teniendo en cuenta mi experiencia en temas de derecho matrimonial y de familia, tanto en el área del derecho civil como del derecho canónico, manifestaba en este programa lo que personalmente creo y es que el matrimonio no está en crisis, aunque sea cierto que últimamente han aumentado considerablemente los divorcios y las uniones de hecho. Como prueba de que el matrimonio no está en crisis, tenemos las innumerables listas de espera que hay en las Iglesias y en los Juzgados por el elevado número de parejas que desean casarse, ya sea por lo católico o por lo civil, las cuales deben esperar un promedio de uno a dos años para poder contraer nupcias.

Sinceramente considero que lo que está en crisis es una visión optimista acerca del amor y del matrimonio, ya que existe un gran temor a las dificultades propias de la convivencia matrimonial. Algunas personas piensan que la estabilidad y la permanencia de la vida matrimonial es una utopía; otros creen que hay más libertad para vivir en “unión libre” o en unión de hecho que en matrimonio. ¡Y nada más lejos de la realidad! Para casarse también se necesita libertad, además de madurez, porque con libertad y madurez dos personas que se aman pueden entregarse y aceptarse  mutua y recíprocamente en matrimonio.

Casarse supone asumir juntos un futuro impredecible e imprevisible porque el matrimonio es un proyecto de vida en común a largo plazo. Un matrimonio estable funda un hogar estable en el que se pueden “echar raíces”. El hogar está hecho a la medida del amor humano, por eso el hogar como el amor, es un proyecto a largo plazo. El amor no es la suma de dos egoísmos, ni la relación entre dos, sino una actitud amorosa de darse mutuamente sin intereses personales, de una manera permanente, sin la temporalidad del “mientras tanto”. Un hogar no se logra mientras esté sujeto a caducidad temporal, porque precisamente el hogar nace cuando la persona se estabiliza y fija su vida y sus metas. Cuando fijamos nuestra permanencia, nuestro afincamiento, nuestro asiento es porque hemos constituido un hogar. Podría decirse que el hogar es un proyecto interminable.

Es verdad que hay parejas en unión de hecho que son estables y permanentes y que fundan hogares estables y permanentes. Conozco varias parejas de hecho que llevan más de 25 años de convivencia, que no se han casado ni piensan hacerlo y que ya tienen hasta nietos, a pesar de que todavía son jóvenes. Conozco también otras parejas en unión de hecho, que después de muchos años de convivencia, deciden casarse. En general, las parejas que inicialmente deciden vivir juntas, tienen en mente casarse si después de unos años “funcionan como pareja”; es decir, en la mayoría de los casos, el matrimonio es la meta después de conocerse a fondo.

También es verdad que el matrimonio no es la “garantía” de que una pareja va a permanecer mucho tiempo junta. Hay matrimonios que a los 6 meses de casados, se divorcian. Pero también hay muchísimos matrimonios que “duran toda la vida”. En el fondo de los corazones de dos personas que se aman verdaderamente y deciden unirse para vivir juntas, late el deseo de buscar el “bien de los dos”, de permanecer en el tiempo y de superar unidos todas las difultades. Y así es, ya que el amor real tiene vocación de permanencia y de estabilidad.

Evidentemente, la manera de convivir en pareja es una cuestión de actitud, de libertad, de convicción personal y no de “sistemas legales” o formales, porque no son los sistemas legales ni los ordenamientos jurídicos los que crean las familias, ni los que crean los matrimonios ni las uniones de hecho, sino que son las personas las que deciden libremente casarse o vivir en unión de hecho sin casarse. En todo caso, lo que debe hacer el sistema legal es regular esas  formas de convivencia en pareja, ya sean en matrimonio o en uniones de hecho, según decidan los enamorados. Y por esto digo que lo que está en crisis no es la “institución del matrimonio” sino la actitud optimista acerca del amor y de la convivencia estable y libre en pareja.

Hay un cierto pesimismo y temor al compromiso estable, ya sea matrimonial o en unión de hecho. Y reitero nuevamente que no es la “opción” del matrimonio o de la unión de hecho (o sea, un “sistema legal”) la garantía de esa decisión permanente y firme de conviviencia, sino que la grantía está en la actitud consciente y libre de querer hacerlo y de estar convencidos de poder hacerlo. Y hay que afirmar que sí es posible, por amor y en libertad, fundar familias y hogares estables, ya sea en matrimonio o en unión de hecho.

Sin embargo, no es lo mismo casarse que no casarse o, dicho de otra manera, desde un punto de vista legal, no es igual el matrimonio a la unión de hecho, así esta unión sea la de una pareja estable que lleve muchos años de convivencia. Y así lo viene sosteniendo de manera reiterada el Tribunal Supremo, quien declara desde hace tiempo y a través de sus sentencias que entre el matrimonio y la pareja de hecho no existe una relación de analogía y que aunque estas uniones de hecho gocen de un reconocimiento social no son equivalentes al matrimonio, por lo que no cabe transponer el régimen jurídico de éste en aspectos tales como, por ejemplo, el régimen económico matrimonial en las parejas no casadas. La unión de hecho es una situación NO equiparable al matrimonio, aunque ciertamente ambas instituciones se encuentran en el ámbito del derecho de familia.

Que las uniones de hecho no son lo mismo que el matrimonio lo saben muy bien las parejas homosexuales, quienes no se han conformado con que sus uniones se queden jurídicamente reconocidas tan sólo como uniones de hecho, sino que han luchado hasta conseguirlo ya en algunos países, que se les reconozca legalmente su derecho a casarse, es decir, a contraer matrimonio y no a ser simplemente parejas de hecho. ¿Por qué? Porque saben que el matrimonio “implica” más que la mera convivencia de hecho, tiene mayor trascendencia y reconocimiento socio-jurídico, porque el matrimonio origina un estado civil, el de “casado/a”, y porque el matrimonio crea una identidad familiar que es la de ser “esposo o esposa” o “cónyuges”.

Sabemos que los cónyuges son los primeros parientes, porque la relación conyugal tiene un carácter familiar que se adquiere desde el momento en que los esposos se intercambian el consentimiento matrimonial, cuando se dicen libremente y por amor, durante la ceremonia nupcial, “si quiero entregarme a ti como esposo/a”.

El matrimonio también crea unas relaciones de parentesco por afinidad entre los parientes consanguíneos de los cónyuges, quienes, precisamente por ser cónyuges, hacen que surjan las relaciones familiares entre los suegros con sus yernos y sus nueras, entre cuñados, etc.

Obviamente, el actual sistema legal sobre el matrimonio es totalmente opuesto respecto del matrimonio civil y del matrimonio canónico. El matrimonio civil en España permite el divorcio a los 3 meses de casados, permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, lo cual no está permitido en el matrimonio católico, porque el matrimonio católico es indisoluble y sólo puede contraerse entre un hombre y una mujer.  Muchos expertos juristas en derecho matrimonial, consideran que el matrimonio civil en España es un sistema “creado por la ley” o una “ficción legal” que desvirtúa el verdadero y auténtico concepto del matrimonio y del consentimiento matrimonial.

Y por esto, tampoco es igual casarse por lo católico que por lo civil en España, y los que se casan eligiendo alguna de estas dos formas, generalmente lo hacen por convicción personal y/o religiosa, sabiendo que el matrimonio canónico conlleva una visión trascendente del vínculo matrimonial, que va más allá de un formalismo meramente legal.

En cuanto a las uniones de hecho, también su regulación es muy diversa según se aplique el código civil español o la legislación propia de algunas Comunidades Autónomas que tienen derecho foral propio. Tampoco es lo mismo una unión de hecho “registrada” a una unión de hecho “no registrada”. Pero lo cierto es que las uniones de hecho están tan extensamente legisladas que, a veces, terminan pareciéndose a un “cuasi-matrimonio civil”. Tanto es así, que si una pareja elige la unión de hecho para “huir de los papeleos”, lo tiene muy mal porque no puede evitarlos si quiere demostrar que vive en unión de hecho, lo mismo que si quieren terminarla o demostrar que la han terminado.

Entonces, tenemos que no es igual casarse a no casarse. Y que no es lo mismo casarse por lo católico, que casarse por lo civil, que vivir en unión de hecho registrada o no registrada. ¿Qué hace la diferencia? ¡No es el sistema legal! La diferencia la hacen las dos personas que se aman y deciden cómo van a vivir su unión. Es la decisión personal sincera, libre y verdadera de cómo asumir a su pareja; decisión que necesariamente conlleva la dimensión temporal de vivir de manera estable y permanente o sólo “mientras tanto”. Es una decisión de dos, donde no sólo cuenta cómo quiero yo asumir a mi pareja sino, sobre todo, cómo quiero yo que me asuma mi pareja a mí. Es lo que marca el grado de compromiso.

Y de acuerdo con ese grado de compromiso personal y de pareja se toma la decisión de casarse o no casarse. Lo importante es ser coherente con la decisión y el compromiso adquirido. Creo que nadie se casa pensando en divorciarse. Pero si alguien se casa por lo civil, sabe que el divorcio express lo puede obtener a los 3 meses de casados (o menos tiempo, si hay violencia de género), y con el divorcio ya queda libre de ese vínculo matrimonial civil. Mientras que si se casa por lo católico, sabe que ese matrimonio es indisoluble y que en la Iglesia, al no existir el divorcio, sólo se podrá quedar libre de ese vínculo matrimonial católico, si se declara la nulidad matrimonial, siempre y cuando existan causales de nulidad matrimonial. Es verdad que se puede obtener el “divorcio civil” de un matrimonio canónico en la jurisdicción civil, pero este divorcio no libera el vínculo matrimonial canónico, por lo que nadie puede volver a casarse por lo católico mientras éste permanezca, aunque sí puede volver a casarse por lo civil, pero con consecuencias canónicas como la de no poder comulgar: ésta es la difícil situación de los divorciados católicos vueltos a casar por lo civil.

Como conclusión, podemos entender que existe libertad para vivir en pareja estando casados o no casados; y que existe también libertad para divorciarse si hay matrimonio o para romper la convivencia si hay unión de hecho. Pero, sin duda, hay un mayor grado de libertad, de amor y de compromiso personal para convivir de manera estable y permanente, ya sea en matrimonio canónico, matrimonio civil o en unión de hecho, porque la pareja así lo ha decidido y lo cree posible. Y sólo el transcurso del tiempo, “hasta que la muerte nos separe” certifica la veracidad de ese auténtico compromiso amoroso, ya sea matrimonial o en unión de hecho. Y muchísimas parejas “duraderas”, ya sean casadas o en unión de hecho, pueden certificar con sus vidas comprometidas la permanencia de su entrega por amor.

ESCUCHAR LA ENTREVISTA EN ARAGÓN RADIO

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

La “ley de muerte digna” y el “testamento vital”

martes, 19 julio 2011

Si hay algo seguro e inevitable en la vida de una persona es la muerte. Ninguno podremos librarnos de ella porque, como bien dice un amigo mio, “el verdadero peligro para morirse es estar vivo”. No sabemos “ni el día ni la hora” en que llegará, ni dónde ni cómo será nuestra propia muerte.

Lo extraño es que siendo la muerte una realidad tan evidente y tan connatural a la vida misma,  se intenta eludirla de nuestro pensamiento y se evita afrontarla como si fuese algo “macabro”, cuando no debería ser así porque la muerte es una realidad inherente al ser humano. Los sabios nos recuerdan que solo la persona que enfrenta cada día de su vida como si fuera el último de su existencia en la tierra, es quien vive plena e intensamente.

I. Actualmente se habla mucho en España del “Testamento Vital” o del “Documento de Voluntades Anticipadas”, lo mismo que del “Anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna” del Gobierno central. Todo esto está despertando muchas voces a favor y muchas voces en contra. De hecho, en España ya hay dos Comunidades Autónomas que tienen recientemente aprobadas la “Ley de Muerte Digna”, que son Andalucía y Aragón. En ellas se recogen algunas de las cuestiones relacionadas con el proceso de la muerte, como son la calidad de vida, el consentimiento informado, los cuidados paliativos, la declaración de voluntad vital anticipada, la intervención en el ámbito de la sanidad, la limitación del esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa, la situación terminal, el testamento vital, etc.

Los que defienden el Anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna, dicen que ésta persigue proteger la dignidad de la persona y asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad, incluyendo la manifestada voluntad anticipada mediante el testamento vital; sostienen también que “la muerte digna forma parte de la vida digna”, porque a través de esta ley se intenta evitar sufrimientos innecesarios para los pacientes, sus familias y los profesionales de la salud.

Los que no están de acuerdo, creen que con la llamada “ley de muerte digna” se dan pasos hacia la “eutanasia”. Critican, además, que el anteproyecto del gobierno no alude a la objeción de conciencia, no brinda seguridad ni a los médicos ni a los pacientes, que la actuación de los profesionales sanitarios quedará en “tela de juicio” y surgirán conflictos éticos y jurídicos que, probablemente, acabarán en los tribunales.

El todavía proyecto de ley de cuidados paliativos y de muerte digna en el proceso final de la vida, del actual gobierno socialista español, debería tener más en cuenta el consenso y la opinión de los profesionales de los cuidados paliativos, porque ellos son quienes deciden sobre las intervenciones y el tratamiento a seguir en situaciones terminales de los pacientes, para evitarles dolor y sufrimiento innecesarios.

Pero varios de estos profesionales se quejan de que este proyecto de ley convierte al médico en mero ejecutor de “la voluntad del paciente, que se configura como mandato fundamental del personal sanitario” y “no contempla el derecho a la objeción de conciencia”, ya que el profesional tendrá todo el amparo legal si respeta las convicciones y decisiones del paciente, puesto que esta ley dice que “el cumplimiento de la voluntad del paciente (…) excluirá cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales”. En caso de incapacidad del paciente, será su representante legal o familiar más próximo quien decidirá qué tratamientos dar o suspender, sin que en ningún momento se contemple la posibilidad de que el profesional se niegue a realizar la voluntad del paciente.

Los críticos ante este proyecto de  ley de cuidados paliativos y muerte digna, reconocen que esta ley no regula de forma abierta la eutanasia, pero sí permite que suceda impunemente, al hacer posible que el paciente o su representante decidan en un momento dado que se retire una nutrición necesaria para sobrevivir,  convirtiendo de esta manera la relación profesional y humana médico-paciente, en una relación basada en la sospecha y la desconfianza.

Es verdad que la dignidad de una persona no radica en su estado de salud o en su condición física y, precisamente por esto, la vida de una persona en estado terminal no deja de ser digna. También es verdad que todos debemos enfrentarnos a la muerte de nuestros seres queridos y a nuestra propia muerte, lo cual conlleva un sufrimiento y un dolor inevitables: ninguna ley puede aliviar el dolor humano que conlleva toda muerte. El dolor y el sufrimiento físico y espiritual no hacen indigna la muerte. Por tanto, la muerte no se convierte en “digna” cuando no hay dolor y en “indigna” cuando lo haya.

Lo que sí es cierto es que este dolor sí debe aliviarse a través del amor del entorno familiar del paciente, con la medicación y con la sedación indicada en los protocolos ya existentes, los cuales impiden prolongar inútilmente una “vida artificial” y también ayudan a mitigar el dolor y el sufrimiento del paciente. Esta es la responsabilidad del médico y esta es su vocación de “cuidar” y es aquí donde radica la confianza del paciente hacia su médico.

El artículo 27 del Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial Española de 1999, señala claramente que “el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuando ya no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo, aún cuando de ello pudiera derivarse, a pesar de su correcto uso, un acortamiento de la vida. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”.

Y la Asociación Médica Mundial declara reiteradamente que “la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, ya sea a petición suya o de sus familiares, es contraria a la ética médica”.

La Organización Médica Colegial Española aprobó en febrero de 2009 una Declaración sobre «Ética de la sedación en la agonía», señalando que “la frontera entre lo que es una sedación en la agonía y la eutanasia activa se encuentra en los fines primarios de una y otra. En la sedación se busca conseguir, con la dosis mínima necesaria de fármacos, un nivel de conciencia en el que el paciente no sufra, ni física, ni emocionalmente, aunque de forma indirecta pudiera acortar la vida. En la eutanasia se busca deliberadamente la muerte inmediata. La diferencia es clara si se observa desde la Ética y la Deontología Médica”.

Una sedación para paliar el dolor es correcta, una sedación con la intención de precipitar el desenlace sería un acto de eutanasia.

II. Tanto la ley andaluza (Ley 2/2010, de 8 de abril, de “Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte”), como la ley aragonesa (Ley 10/2011, de 24 de marzo, de “Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir y de la Muerte”), que ya están aprobadas, como el mencionado “Anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna” del gobierno central, aún sin aprobar, hacen referencia al “Testamento Vital” o  “Documento de Voluntades Anticipadas”, contemplados en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. El artículo 11 de esta ley los define como el documento en el que “una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo”.

Los requisitos básicos que ha de reunir un ‘testamento vital’ para que produzca efectos legales y, por tanto, pueda ser tenido en cuenta, son: 1) Deberá ser otorgado por persona mayor de edad, capaz y libre. 2) Se hará por escrito. 3) No podrá ser contraria al ordenamiento jurídico (especialmente al Código Penal que, en su artículo 143, tipifica la eutanasia como delito por ser auxilio e inducción al suicidio), a la lex artis, ni a las que no se correspondan al supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlo. Puede ser revocado por escrito, en cualquier momento del procedimiento y se podrá designar un representante o interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas o tomar las decisiones oportunas de interpretación de éstas.

La mencionada ley de autonomía del paciente, contempla la creación de un “Registro Nacional de Instrucciones Previas”, con el objeto de asegurar la eficacia en todo el territorio español de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas. El problema radica en que actualmente la situación normativa sobre el ‘Testamento Vital’ en las pocas Comunidades Autónomas donde se legisla es dispersa, incompleta, ambigua, presenta lagunas y contradicciones.

MODELO DE DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS:

Yo, D………………………………………………………………….., mayor de edad, con  Documento Nacional de Identidad número ……………….., y con domicilio en ………………, (calle, plaza)…………………………………… número…….., con capacidad para tomar una decisión de manera libre y con la información suficiente que me ha permitido reflexionar, DECLARO por medio del presente documento las instrucciones que quiero que se tengan en cuenta sobre mi atención sanitaria cuando me encuentre en una situación en que, por diferentes circunstancias derivadas de mi estado físico y/o psíquico, no pueda expresar mi voluntad:
Teniendo en cuenta que para mi proyecto vital es muy importante la calidad de vida, es mi deseo que ésta no se prolongue mediante sistemas o técnicas artificiales cuando la situación sea irreversible. Por este motivo, deseo que se respeten los principios antes mencionados en las situaciones médicas como las que se especifican a continuación o a cualquier otra que, a juicio de los médicos que me atiendan, sean asimilables:
• Enfermedad irreversible que tiene que conducir inevitablemente a mi muerte.
• Estado vegetativo crónico, persistente y prolongado.
• Estado avanzado de la enfermedad de pronóstico fatal.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y con los criterios señalados, es mi voluntad que, si a juicio de los médicos que entonces me atiendan (siendo al menos uno de ellos especialista), no haya expectativa de recuperación, se tengan en cuenta las siguientes instrucciones:
1.-No me sean aplicadas o, bien que se me retiren si ya han empezado a aplicarse, medidas de soporte vital, o cualquier otra que intenten prolongar mi supervivencia artificialmente.
2.- Se me suministren los fármacos necesarios para paliar al máximo el malestar, el sufrimiento psíquico y el dolor físico que me ocasione mi enfermedad.
3.- Sin perjuicio de las decisiones tomadas, se me garantice la asistencia necesaria adecuada para procurarme una muerte digna.
4.- No se me administren tratamientos complementarios ni terapias no contrastadas, que no demuestren su efectividad para la recuperación y prolonguen inútilmente mi vida.
5.- Si estuviera embarazada y me encontrara en alguna de las situaciones anteriores, deseo que la validez de este documento quede en suspenso hasta después del parto, siempre que eso no afecte negativamente al feto.
6.- Igualmente, manifiesto mi deseo de hacer donación de mis órganos para transplantes tratamientos, investigación o enseñanza (opcional)
7.- El lugar donde deseo que se me atienda en el final de mi vida es.. (Hospital, Domicilio, otro lugar…)
8.- Deseo recibir asistencia espiritual acorde con mis creencias y manifiesto profesar la religión …………………………….  ( opcional)

DESIGNO COMO MI REPRESENTANTE para que actúe como interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario que me atenderá, en el caso de encontrarme en una situación en la que no pueda expresar mi voluntad a D………………………………………………………………., con Documento Nacional de Identidad nº ………………………….., con domicilio en…………………………………………….C/……………………………………………………. nº…………….. teléfono…………………

En consecuencia, AUTORIZO a mi representante para que tome decisiones con respecto a mi salud en el caso en que yo no pueda  y siempre que no se contradiga con las voluntades anticipadas que constan en este documento.

Lugar y fecha………………………………………………………………………………………
Nombre y dos apellidos………………………………………………………………………..
D.N.I. nº……………………………………………………………………………………………..

Firma
ACEPTO la designación y estoy conforme en ser el representante de D………………………………………………………………….. COMPRENDO Y ESTOY DE ACUERDO en seguir las instrucciones expresadas en este documento por la persona que represento. ENTIENDO que mi representación solamente tiene sentido en el caso de que la persona a quien represento no pueda expresar ella misma estas instrucciones y en el caso de que no haya revocado este documento, bien en su totalidad o en la parte que me afecte .

Lugar y Fecha
Nombre y dos apellidos
D.N.I. Nº

Firma:

Los abajo firmantes, mayores de edad, con plena capacidad de obrar y no vinculados, los dos primeros, con el otorgante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho, parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna, DECLARAMOS : que la persona que firma este documento de voluntades anticipadas lo ha hecho plenamente consciente sin que nos conste que haya sido incapacitada judicialmente y sin que hayamos podido apreciar ningún tipo de coacción en su decisión

Y para que así conste firmamos el presente documento en presencia del otorgante en la fecha y lugar anteriormente mencionados.

Testigo primero:
Nombre y apellidos……………………………………………………………….
D.N.I nº…………………………………………………………………..
Dirección………………………………………………………………………………………….Teléfono………………………………………………………………………………….

Firma:

Testigo segundo:
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………..
D.N.I nº ……………………………………………………
Dirección………………………………………………………………………………..
Teléfono………………………………………………………………………………

Firma:

Testigo tercero:
Nombre y apellidos………………………………………………………………………
D.N.I. nº………………………………………………
Dirección……………………………………………………………………………………
Teléfono………………………………………………………………

Firma:

MODELO DOCUMENTO DE REVOCACIÓN DE VOLUNTADES ANTICIPADAS

Yo ……………………………………………………………………………, mayor de edad, con D.N.I. nº ………………………., con capacidad para tomar una decisión de manera libre, y con la información suficiente para hacerlo REVOCO Y DEJO SIN EFECTO el presente documento, comprometiéndome a comunicárselo a las personas en el aludidas

Lugar y fecha…………………………………………………………………………

Firma:

III. La Conferencia Episcopal Española (CEE) sostiene que la muerte no debe ser causada (no a la eutanasia), pero tampoco absurdamente retrasada (no al encarnizamiento terapéutico) y rechaza toda acción u omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor (eutanasia); tampoco acepta las terapias desproporcionadas que retrasan forzadamente la muerte a costa del sufrimiento del moribundo y de sus familiares. En cambio, acepta los cuidados paliativos y la administración adecuada de calmantes al paciente. También acepta la posibilidad de redactar un “testamento vital” y ofrece un modelo de manifestación anticipada de voluntad. Y ha redactado una Declaración fechada el 22 de junio de 2011, con motivo de este anteproyecto de ley del gobierno español en el proceso final de la vida humana.

MODELO DE “TESTAMENTO VITAL” DE LA CEE:

A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario: Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento.
Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios.
Por ello, yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados; que no se me aplique la eutanasia (ningún acto u omisión que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte) y que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos.
Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio de los sacramentos.
Suscribo esta declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuando yo mismo no pueda hacerlo, a………… Faculto a esta misma persona para que, en este supuesto, pueda tomar en mi nombre, las decisiones pertinentes. Para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración.
Nombre y apellidos:
Firma:
Lugar y fecha:

IV. Puede concluirse que la última etapa de nuestra vida o etapa terminal no es ni menos digna ni despreciable, sino la ocasión de encarar con serenidad este momento por el que inevitablemente hemos de pasar todos. Y es una obligación de la sociedad procurar que este proceso se desarrolle con la mayor serenidad y con la mejor atención posible en los aspectos clínicos, psicológicos y espirituales.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

Aragón ya tiene su propio Código Civil

miércoles, 30 marzo 2011

En el día de ayer se publicó el “Código del Derecho Foral de Aragón” (Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón), que recopila nuestras propias “Leyes Civiles Aragonesas”:

1) El Título preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.

2) La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.

3) La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.

4) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.

5) La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.

6) La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.

7) La propia Ley de Derecho civil patrimonial.

La publicación del “Código del Derecho Foral de Aragón”, puede verse en el Boletín Oficial de Aragón (B.O.A.) número 63 de 29/03/2011.

Se cierra así un ciclo de más de diez años que abrió la Ley de sucesiones por causa de muerte en 1999 y se culmina la reformulación legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. El Derecho civil aragonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adaptado a las nuevas necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del siglo XXI y ha adquirido mayor presencia en nuestra sociedad.

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