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Aprobada la Ley de Mediación Familiar Aragonesa

lunes, 28 marzo 2011

El pasado 24 de marzo, el Pleno de las Cortes de Aragón, aprobó la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad Autónoma, que la regula como un servicio social especializado para facilitar la resolución de conflictos en la unidad familiar.

Sus principales impulsores sostienen que la mediación familiar es un sistema alternativo al judicial para encontrar decisiones favorables entre las partes en litigio y facilitar el cumplimiento de sus acuerdos, ayudando así a todos los miembros de la unidad familiar, especialmente a los más desfavorecidos. Esta mediación, no sólo será aplicable para los casos de rupturas de parejas, sino para cualquier otro tipo de conflicto familiar.

La ley regula la mediación familiar como servicio social especializado, en el que los mediadores serán designados por la Comunidad Autónoma, lo que no significa que no pueda llevarse a cabo ninguna otra mediación.

Un número bastante elevado de los legisladores que la aprobaron consideran que la mediación debe extenderse al derecho privado, como un procedimiento extrajudicial y voluntario, y no sólo la que presta el servicio de mediación del Gobierno, sino también la que pudieran prestar entidades locales, asociaciones, colegios profesionales o profesionales liberales.

En este punto estoy totalmente de acuerdo, y espero que el texto definitivo así lo contemple, puesto que considero que una de estas profesiones liberales es la del Abogado(a) en ejercicio. Desde mi punto de vista personal, y dada mi experiencia profesional como Abogada de familia durante más de quince años, estoy convencida de que el mediador familiar por antonomasia es el Abogado de Derecho de Familia. Nuestros Despachos son los primeros y principales lugares de mediación familiar, porque es en ellos donde ponemos todos nuestros esfuerzos, conocimientos y experiencia para conseguir el mutuo acuerdo entre nuestros clientes implicados en conflictos familiares.

Llámese “convenio regulador” (según el código civil español), o “pacto de relaciones familiares” (Aragón), o “plan de parentalidad” (Cataluña), o “pacto de convivencia familiar” (Valencia), éstos son acuerdos voluntarios y mutuamente satisfactorios, logrados exitosamente a través de la imprescindible asesoría legal que estos temas jurídicos de familia requieren, con ese “plus” que sólo podemos aportarle los Abogados de familia, que es el de que esos acuerdos puedan ser eficazmente presentados ante los Juzgados de familia, mediante una demanda de mutuo acuerdo, para su respectiva aprobación judicial. Es decir, que tenemos la enorme ventaja de ser, a la misma vez, Abogados y mediadores de familia.

Nadie puede negar esta realidad, como tampoco nadie puede negar la numerosa existencia y aumento de demandas de divorcios y separaciones de mutuo acuerdo conseguidas en los Juzgados de Familia, a través de nuestro eficaz ejercicio profesional como Abogados- mediadores. Es evidente que todos los que tenemos un Despacho de derecho de familia, tocamos a diario la “fibra humana” de nuestos clientes, quienes nos confian de manera admirable sus preocupaciones y sentimientos más íntimos, en busca de una solución jurídica favorable a sus problemas. Por eso, la gran mayoría de Abogados de Familia, también somos expertos en humanidad.

Una vez se publique la Ley de Mediación Familiar en el BOA, conoceremos el texto definitivo aprobado. Mientras tanto, puede verse el texto del Proyecto de ley de Mediación Familiar en Aragón y las Enmiendas presentadas a este proyecto de ley por los disitintos grupos parlamentarios.

Por último, nos viene bien recordar las palabras de Leonard Marlow, prestigioso Abogado matrimonialista de los EE.UU. y experto en mediación familiar, quien define la mediación como “un proceso  imperfecto  donde una tercera persona imperfecta trata de ayudar a personas imperfectas a alcanzar soluciones imperfectas  en un mundo imperfecto” .

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

La Incapacidad de las Personas

jueves, 2 diciembre 2010

1. Cuando en una familia existen personas con alguna incapacidad o discapacidad, sus padres y familiares tienen una legítima preocupación por su futuro, especialmente cuando ellos falten y no les puedan brindar personalmente ese continuo desvelo. El deseo de estos padres y familiares es garantizarles en todo momento unos cuidados personales y los suficientes recursos para que tengan una calidad de vida asegurada.

La Ley otorga a los progenitores y familiares algunos medios de previsión para proteger a ese hijo o familiar necesitado de especial apoyo y afecto; estos medios pueden ser, entre otros: a) hacer un testamento que lo ampare en el aspecto personal y en el patrimonial, ampliando la legítima con el tercio de mejora y/o el de libre disposición; b) designarle tutor; c) determinarle una sustitución fideicomisaria que podrá gravar la legítima estricta en su beneficio; d) donarle o legarle un derecho de habitación sobre la vivienda  habitual  del  progenitor,  que no se computará  para  el  cálculo  de  las legítimas, cuando convivía con el  testador; e) legarle el usufructo  de  determinados  bienes,  dejando  la  nuda propiedad para los hermanos y, mientras viva, obtendrá los frutos y rentas que  produzcan  los  bienes, pero sin poder venderlos. Cuando fallezca, los hermanos consolidarán la plena propiedad.

2. Otra posibilidad que tienen los padres y familiares es suscribir un contrato de alimentos en beneficio del incapaz, mediante el cual una de las partes se obliga a proporcionarle vivienda, manutención y asistencia, recibiendo a cambio la propiedad de determinados bienes y derechos, mientras viva el beneficiario.

3. Existe también el patrimonio protegido (Ley  41/2003,  de  18  de noviembre),  contemplado para  la protección económica de las personas con discapacidad,  a través del cual se concede la posibilidad de agrupar un conjunto de bienes, dinero y derechos, formando un patrimonio del que sólo puede ser beneficiaria la persona que se encuentre afectada por una discapacidad física mayor del 65%, o por una  discapacidad  psíquica  mayor del 33% (según certificado administrativo acreditativo del grado de minusvalía), con independencia de que haya sido o no  judicialmente incapacitada, y con la finalidad de satisfacer sus necesidades vitales.

El patrimonio protegido puede constituirse por la propia persona con discapacidad, es decir, el propio beneficiario si conserva su capacidad de obrar, pudiendo nombrar y sustituir a su administrador. También pueden constituirlo los padres, tutores, curadores y guardadores de hecho de la persona incapaz. Se requiere una aportación inicial de dinero u otra clase de bienes o derechos a título gratuito.

Una vez constituido, cualquier persona puede efectuar aportaciones al mismo, a título gratuito.  Se constituye mediante escritura pública otorgada ante Notario, anotando las normas de administración de ese patrimonio, según las necesidades de la persona con discapacidad y los bienes aportados y determinando el momento en que comenzará su uso, bien al fallecimiento de los progenitores o, incluso, en vida de éstos. Es conveniente inscribirlo en el Registro Civil y en el Registro de la Propiedad.

El patrimonio protegido se extingue por la muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario, o cuando el beneficiario deje de padecer una minusvalía en los grados establecidos por la Ley o por decisión judicial cuando así convenga al interés de la persona con incapacidad.

A nivel fiscal existen medidas y beneficios para favorecer las aportaciones a los patrimonios protegidos a título gratuito. La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, regulan el régimen tributario aplicable al discapacitado, titular del patrimonio protegido, por las aportaciones que se integren en éste; y a las personas que aportan al patrimonio por las disposiciones que realicen.

4. Es importante diferenciar términos, conceptos y situaciones que no deben confundirse como, por ejemplo, capacidad, incapacidad, discapacidad (física, psíquica, intelectual, sensorial), incapacitación. Y lo más importante es aplicar la precisión terminológica cuando estos conceptos hagan referencia a personas en estas situaciones de especial vulnerabilidad, a las que deben protegerse en todos sus derechos, sin ninguna discriminación.

Vemos personas que pueden tener una discapacidad física, sensorial o un impedimento de movilidad, pero que están en pleno uso de sus facultades mentales, incluso pueden tener una inteligencia superior a la media de las personas que no tienen ningún impedimento físico. También vemos personas con una capacidad intelectual bastante limitada, pero con unas habilidades físicas muy superiores.

Las diferencias no expresan minusvalía, sino diversidad de personas. Es imprescindible que todos aprendamos que hay equivalencia en la diferencia, que sepamos equilibrar la diferencia y que tengamos la capacidad de reconocer y valorar las diferencias entre las personas; esto nos hace más humanos, más solidarios y más inteligentes.

Distingamos conceptos. Según la Real Academia Española (RAE):

A. CAPACIDAD: Es la aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. La capacidad de obrar es la aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. La capacidad jurídica es la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones.

B. INCAPACIDAD: Es la falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo; falta de entendimiento o inteligencia; falta de preparación o de medios para realizar un acto; es un estado transitorio o permanente de una persona que, por accidente o enfermedad, queda mermada en su capacidad laboral; carencia de aptitud legal para ejecutar válidamente determinados actos, o para ejercer determinados cargos públicos; situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que impide a una persona, de manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesional y que normalmente da derecho a una prestación de la seguridad social.

C. DISCAPACITADO: Dicho de una persona que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas.

D. INCAPACITADO: Falto de capacidad o aptitud para hacer algo. Dicho de una persona sujeta a interdicción civil.

E. DISMINUIDO: Que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal.

Otros conceptos que también deben aplicarse con precisión terminológica son: DEFICIENCIA: Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. DISCAPACIDAD: Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. MINUSVALÍA: Toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un papel que es normal en su caso (en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales).

No es correcto ni justo hablar de personas inválidas o minusválidas, porque todas las personas en cualquier circunstancia o situación en la que se encuentren, tienen el mismo valor y la misma dignidad personal. Todas las personas son igualmente válidas, ni más ni menos válidas, así unas personas tengan más capacidades que otras en distintos aspectos. Otra cosa es que haya personas más conscientes de sus capacidades y talentos.  Y otras personas, que siendo conocedoras de esas capacidades y talentos que poseen, los potencian más, se esfuerzan más, se exigen más, haciéndose por esto más meritorias.

Muchas veces se concibe a una persona discapacitada como alguien incapaz de hacer bien cualquier cosa. Son estereotipos que reflejan en el fondo una falta de conocimiento y de comprensión hacia estas personas que pueden valerse por sí mismas en otras muchas actividades y aportar mucho a la sociedad en la que se mueven. No constituyen un grupo separado o segregado, sino que son miembros de la comunidad, con la misma dignidad personal y los mismos derechos a una calidad de vida, a las mismas oportunidades y recursos para desarrollarse como personas. Más que sobreprotección o compasión, lo que necesitan es apoyo y solidaridad.

Todas las personas, por el hecho de serlo y desde su nacimiento, tienen capacidad jurídica, con independencia de su edad, estado civil y de su salud mental y física. En virtud de la capacidad jurídica, todas las personas, incluidas las afectadas por una incapacidad, pueden ser titulares de derechos y obligaciones y ser sujetos de las relaciones jurídicas, como ser propietarias, herederas, etc.

Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, para ejercitar estos derechos y cumplir con sus obligaciones es necesaria la capacidad de obrar. La capacidad de obrar la tienen todas las personas mayores de edad mientras no sean incapacitadas total o parcialmente, mediante un proceso judicial de incapacitación que culmina con una Sentencia firme, en la que el Juez determinará el grado de la incapacidad solicitada y establecerá el régimen al que el incapaz debe quedar sometido.

Las personas incapacitadas judicialmente carecen de capacidad de negociar jurídicamente y para hacerlo como, por ejemplo, firmar un contrato, necesitan la asistencia de otra persona que la represente legalmente, porque no pueden autogobernarse.

La Sentencia declarará la incapacidad total, cuando se aprecie que el demandado no es capaz de cuidar de su persona, ni de administrar sus bienes. La Sentencia declarará la incapacidad parcial, cuando se estime que el demandado puede realizar determinados actos por sí solo y que es capaz de adoptar algunas decisiones sobre su persona, pero no para actos de mayor trascendencia porque necesita el auxilio de otra persona. La Sentencia debe especificar qué actos puede el incapaz realizar por sí mismo y para qué actos necesita asistencia.

La incapacitación judicial no significa una pérdida de derechos, sino un apoyo al incapaz para ejercer sus derechos y hacer valer sus intereses a través de un tutor o un curador o un defensor judicial.

Si se declara por Sentencia la incapacidad total o la incapacidad parcial, el incapacitado conserva algunos derechos personales, a menos que expresamente la Sentencia firme establezca otra cosa. Algunos de estos derechos son: a) El ejercicio del derecho de sufragio. b) La facultad de hacer testamento notarial, pudiendo el Notario autorizar su otorgamiento, cuando dos peritos por él designados examinen al incapaz y respondan de su capacidad para testar, en el momento mismo de otorgarlo. c) Derecho a contraer matrimonio civil o canónico; el Juez encargado del Registro Civil, o el Párroco encargado de elaborar el expdiente matrimonial, previo informe médico de un especialista, apreciarán si el contrayente posee capacidad suficiente para prestar válidamente su consentimiento matrimonial. d) Firmar un contrato de trabajo que permita a una persona con capacidad limitada ejercer ese trabajo, bastando la autorización expresa del representante legal.

La incapacitación puede ser modificada cuando la persona recupere su capacidad, porque era una incapacidad transitoria o porque se ha curado de la enfermedad o deficiencia física o psíquica que determinó la declaración de incapacidad parcial.  También se modifica cuando siendo una incapacidad parcial, la persona se agrava con el transcurso del tiempo y, entonces, debe iniciarse un nuevo proceso judicial para que se declare la incapacidad total.

Cuando sea necesaria la inmediata protección de de los bienes y derechos de la persona presuntamente incapaz, sin necesidad de tener que esperar a que se dicte la Sentencia de incapacitación, puede solicitarse previamente al Juez que se adopten medidas conducentes a su protección; también será el mismo Juez quien las adopte si lo estima necesario. Ejemplo de estas medidas previas a la Sentencia de incapacitación, pueden ser: a) internamiento no voluntario en un centro psiquiátrico; b) el seguimiento de un tratamiento médico adecuado; c) el nombramiento de un administrador provisional de los bienes del presunto incapaz; d) la indisponibilidad de las cuentas bancarias; e) el depósito de bienes muebles o valores mobiliarios en un establecimiento destinado a este fin; f) la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad.

Una vez haya Sentencia, el Juez decretará el mantenimiento o extinción de estas medidas cautelares o las sustituirá por otras más convenientes.  La declaración de incapacidad de una persona, no conlleva necesariamente su internamiento en un Centro especializado y para hacerlo, el tutor o el curador o el defensor judicial, deberán solicitarlo al Juez, aportando los informes médicos que determinen el ingreso como la mejor opción.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Capitulaciones matrimoniales: acuerdos ventajosos para los enamorados

domingo, 14 marzo 2010

tribuna_derecho_1Las capitulaciones matrimoniales son un documento público otorgado ante Notario, mediante Escritura Pública, en el que los cónyuges o los futuros cónyuges (prometidos), en pleno uso de su libertad y de sus facultades, pactan el contenido patrimonial de su matrimonio o de su futuro matrimonio. El artículo 1325 del Código Civil Español estable que “en capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo”. También se conocen con el nombre de pactos o acuerdos prenupciales o acuerdos prematrimoniales.

En cuanto a esas otras disposiciones en razón del matrimonio, pueden ser muy variadas, siempre y cuando no sean ilícitas ni inmorales ni contradigan o limiten la igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges. El artículo 1328 del Código Civil establece que “será nula cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge.” Por ejemplo, no se pueden pactar estipulaciones contrarias a la patria potestad, ni a la tutela, ni que alteren los efectos personales del matrimonio, como sería el de no vivir juntos, no guardarse fidelidad, ni prestarse alimentos, etc.

Sí se pueden pactar aspectos relativos a una hipoteca, al reconocimiento de hijas e hijos extramatrimoniales, a las donaciones por razón del matrimonio (artículos 1338, 1341 del Código Civil español). Igualmente, en los artículos 826, 827 y 831 del Código Civil español se reconocen efectos a los pactos relativos al tercio de mejora hereditaria cuando se encuentren contenidos en las capitulaciones matrimoniales de los esposos.

Si las capitulaciones matrimoniales se otorgan antes del matrimonio y en el plazo de un año desde la realización de las mismas no se contrae matrimonio, se convierten en ineficaces y, por lo tanto, no producen efectos.

Para que una persona menor de edad pueda hacerlas necesitará el consentimiento de sus progenitores o tutores, salvo para establecer el régimen de separación de bienes o el de participación. Para que una persona incapacitada pueda hacerlas necesitará la asistencia legal de su tutor o tutora.

Tras la celebración del matrimonio, los cónyuges pueden en cualquier momento modificar el régimen económico de su matrimonio, mediante el otorgamiento de nuevas capitulaciones. No obstante, “la modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros” (artículo 1317 del C.C.). Podrá rescindirse la posterior modificación del régimen económico matrimonial, si con ello se pretende provocar un fraude a los acreedores, amañando la insolvencia del cónyuge deudor.

El artículo 1333 del Código Civil establece que “en toda inscripción de matrimonio en el Registro Civil se hará mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se hubieren otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico del matrimonio. Si aquéllas o éstos afectaren a inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, en la forma y a los efectos previstos en la Ley Hipotecaria”.

Así mismo, el artículo 1332 prevé que, en caso de modificación de anteriores capitulaciones matrimoniales el Notario autorizante habrá de hacerlo constar, mediante nota, en la escritura correspondiente. Las capitulaciones y sus modificaciones que no se hayan inscrito en el Registro Civil, no serán oponibles a los terceros interesados.

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Podría decirse que las capitulaciones matrimoniales son acuerdos ventajosos, especialmente cuando uno de los contrayentes, o los dos, ya tienen bastantes bienes privativos o bastantes deudas propias, evitando así “futuros disgustos” en caso de que llegara la separación, el divorcio o la nulidad matrimonial. Muchas veces, durante el noviazgo o durante el matrimonio, se tiene cierto miedo o reticencia a hablar de ello, porque equivocadamente se puede pensar que no es nada romántico o que no es “muestra de amor” el hacerlas o que esto significa desconfianza. Pero nada más lejos de la realidad.

En varias ocasiones vemos a los futuros casados preparando al detalle todos los planes de la boda (los trajes, el menú, los invitados, el sitio donde van a celebrar la fiesta, el viaje de la luna de miel, las fotos o los videos para el recuerdo, etc.) y en ningún momento han pensado qué régimen económico matrimonial desean elegir o les conviene más para su matrimonio.

Sobre este tema de las capitulaciones matrimoniales y de los acuerdos prematrimoniales, ha sido consultado el Despacho de Abogados Alzate Monroy & Asociados en algunas revistas especializadas como, por ejemplo, La Tribuna del Derecho, en su edición Nº 79 del mes de febrero de 2010.

 

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Cómo se divide judicialmente la Herencia según la L.E.C.

sábado, 5 diciembre 2009

La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000, de 7 de enero, cuyo principal objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva, con la plenitud de las garantías procesales, en su Libro IV que se refiere a los procesos especiales y, concretamente, en el Título II trata de la división judicial de patrimonios, recogiendo en el Capítulo I (artículos 782 a 805) todas las disposiciones referentes a la división judicial de la herencia. Los herederos o legatarios que no pueden resolver entre sí sus posibles diferencias o desacuerdos con respecto a la herencia dejada por el difunto, ya sea mediante testamento o sin él, podrán reclamar ante los Tribunales sus justas pretensiones, cuando crean que sus derechos han sido vulnerados.

SECCIÓN 1ª.  DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DIVISIÓN DE LA HERENCIA

Artículo 782. Solicitud de división judicial de la herencia. 1.  Cualquier  coheredero  o  legatario  de  parte  alícuota  podrá  reclamar judicialmente  la  división  de  la  herencia,  siempre  que  ésta  no  deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por resolución judicial. 2.  A  la  solicitud  deberá  acompañarse  el  certificado  de  defunción  de  la persona de cuya sucesión se trate y el documento que acredite la condición de heredero o legatario del solicitante. 3. Los acreedores no podrán instar la división, sin perjuicio de las acciones que  les  correspondan  contra  la  herencia,  la  comunidad  hereditaria  o  los coherederos, que se ejercitarán en el juicio declarativo que corresponda, sin suspender ni entorpecer las actuaciones de división de la herencia. 4. No obstante, los acreedores reconocidos como tales en el testamento o por los coherederos y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos. Esta petición podrá  deducirse  en  cualquier  momento,  antes  de  que  se  produzca  la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. 5. Los acreedores de uno o más de los coherederos podrán intervenir a su costa en la partición para evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos.

Artículo  783.  Convocatoria  de  Junta  para  designar  contador  y peritos. 1.  Solicitada  la  división  judicial  de  la  herencia  se  acordará,  cuando  así  se hubiere pedido y resultare procedente, la intervención del caudal hereditario y la formación de inventario. 2. Practicadas las actuaciones anteriores o, si no fuera necesario, a la vista de  la  solicitud  de  división  judicial  de  la  herencia  se  mandará  convocar  a Junta  a  los  herederos,  a  los  legatarios  de  parte  alícuota  y  al  cónyuge sobreviviente, señalando día dentro de los diez siguientes. 3.  La  citación  de  los  interesados  que  estuvieren  ya  personados  en  las actuaciones  se  hará  por  medio  del  procurador.  A  los  que  no  estuvieren personados se les citará personalmente, si su residencia fuere conocida. Si no lo fuere, se les llamará por edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 164. 4.  Se  convocará  también  al  Ministerio  Fiscal  para  que  represente  a  los interesados en la herencia que sean menores o incapacitados y no tengan representación  legítima  y  a  los  ausentes  cuyo  paradero  se  ignore.  La representación  del  Ministerio  Fiscal  cesará  una  vez  que  los  menores  o incapacitados estén habilitados de representante legal o defensor judicial y, respecto  de  los  ausentes,  cuando  se  presenten  en  el  juicio  o  puedan  ser citados personalmente, aunque vuelvan a ausentarse. 5. Los acreedores a que se refiere el apartado 5 del artículo anterior serán convocados a la Junta cuando estuvieren personados en el procedimiento. Los que no estuvieren personados no serán citados, pero podrán participar en ella si concurren en el día señalado aportando los títulos justificativos de sus créditos.

Artículo 784. Designación del contador y de los peritos. 1. La Junta se celebrará, con los que concurran, en el día y hora señalado y será presidida por el Secretario Judicial. 2. Los interesados deberán ponerse de acuerdo sobre el nombramiento de un  contador  que  practique  las  operaciones  divisorias  del  caudal,  así  como sobre  el  nombramiento  del  perito  o  peritos  que  hayan  de  intervenir  en  el avalúo de los bienes. No podrá designarse más de un perito para cada clase de bienes que hayan de ser justipreciados. 3.  Si  de  la  Junta  resultare  falta  de  acuerdo  para  el  nombramiento  de contador,  se  designará  uno  por  sorteo,  conforme  a  lo  dispuesto en el artículo 341, de   entre   los   abogados   ejercientes   con   especiales conocimientos  en  la  materia  y  con  despacho  profesional  en  el  lugar  del juicio.  Si  no  hubiera  acuerdo  sobre  los  peritos,  se  designarán  por igual procedimiento los  que  el  contador  o  contadores  estimen  necesarios  para practicar los avalúos, pero nunca más de uno por cada clase de bienes que deban ser tasados. 4.  Será  aplicable  al  contador  designado  por  sorteo  lo  dispuesto  para  la recusación de los peritos.

Artículo  785.  Entrega  de  la  documentación  al  contador.  Obligación de cumplir el encargo aceptado y plazo para hacerlo. 1.  Elegidos  el  contador  y  los  peritos,  en  su  caso,  previa  aceptación,  se entregarán los autos al primero y se pondrán a disposición de éste y de los peritos cuantos objetos, documentos y papeles necesiten para practicar el inventario, cuando éste no hubiere sido hecho, y el avalúo, la liquidación y la división del caudal hereditario. 2. La aceptación del contador dará derecho a cada uno de los interesados para obligarle a que cumpla su encargo. 3.  A  instancia  de  parte,  podrá  el  tribunal  mediante  providencia  fijar  al contador un plazo para que presente las operaciones divisorias, y si no lo verificare, será responsable de los daños y perjuicios.

Artículo 786. Práctica de las operaciones divisorias. 1. El contador realizará las operaciones divisorias con arreglo a lo dispuesto en la ley  aplicable a la sucesión del  causante; pero si  el testador hubiere establecido reglas distintas para el inventario, avalúo, liquidación y división de  sus  bienes,  se  atendrá  a  lo  que  resulte  de  ellas,  siempre  que  no perjudiquen  las  legítimas  de  los  herederos  forzosos.  Procurará,  en  todo caso, evitar la indivisión, así como la excesiva división de las fincas. 2.  Las  operaciones  divisorias  deberán  presentarse  en  el  plazo  máximo  de dos  meses  desde  que  fueron  iniciadas,  y  se  contendrán  en  un  escrito firmado por el contador, en el que se expresará: a) La relación de los bienes que formen el caudal partible. b) El avalúo de los comprendidos en esa relación. c) La liquidación del caudal, su división y adjudicación a cada uno de los partícipes.

Artículo 787. Aprobación de las operaciones divisorias. Oposición a ellas. 1.   De   las   operaciones   divisorias   se   dará   traslado   a   las   partes, emplazándolas  por  diez  días  para  que  formulen  oposición.  Durante  este plazo,  podrán  las  partes  examinar  en  la  Secretaría  los  autos  y  las operaciones divisorias y obtener, a su costa, las copias que soliciten. La oposición habrá de formularse por escrito, expresando los puntos de las operaciones divisorias a que se refiere y las razones en que se funda. 2. Pasado dicho término sin hacerse oposición o luego que los interesados hayan manifestado su conformidad, el tribunal llamará los autos a la vista y dictará auto aprobando  las operaciones  divisorias, mandando protocolizarlas. 3.  Cuando  en  tiempo  hábil  se  hubiere  formalizado  la  oposición  a  las operaciones  divisorias,  el  tribunal  mandará  convocar  al  contador  y  a  las partes  a  una  comparecencia,  que  se  celebrará  dentro  de  los  diez  días siguientes. 4.  Si  en  la  comparecencia  se  alcanzare  la  conformidad  de  todos  los interesados respecto a las cuestiones promovidas, se ejecutará lo acordado y  el  contador  hará  en  las  operaciones  divisorias  las  reformas  convenidas, que  serán  aprobadas  por  el  tribunal  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el apartado 2 de este artículo. 5.  Si  no  hubiere  conformidad,  el  tribunal  oirá  a  las  partes  y  admitirá  las pruebas que propongan y que no sean impertinentes o inútiles, continuando la sustanciación del procedimiento con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal. La sentencia que recaiga se llevará a efecto con arreglo a lo dispuesto en el artículo  siguiente,  pero  no  tendrá  eficacia  de  cosa  juzgada,  pudiendo  los interesados  hacer  valer  los  derechos  que  crean  corresponderles  sobre  los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda. 6.  Cuando,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  40  de  esta  Ley,  se hubieran  suspendido  las  actuaciones  por  estar  pendiente  causa  penal  en que se investigue un delito de cohecho cometido en el avalúo de los bienes de la herencia, la suspensión se alzará, sin esperar a que la causa finalice por  resolución  firme,  en  cuanto  los  interesados,  prescindiendo  del  avalúo impugnado,  presentaren  otro  hecho  de  común  acuerdo,  en  cuyo  caso  se dictará sentencia con arreglo a lo que resulte de éste.

Artículo 788. Entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. 1.  Aprobadas  definitivamente  las  particiones,  se  procederá  a  entregar  a cada uno de los interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado y los títulos de propiedad, poniéndose previamente en éstos por el actuario notas expresivas de la adjudicación. 2. Luego que sean protocolizadas, se dará a los partícipes que lo pidieren testimonio de su haber y adjudicación respectivos. 3.  No  obstante  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores,  cuando  se  haya formulado por algún acreedor de la herencia la petición a que se refiere el apartado 4 del artículo 782, no se hará la entrega de los bienes a ninguno de los herederos ni legatarios sin estar aquéllos completamente pagados o garantizados a su satisfacción.

Artículo  789.  Terminación  del  procedimiento  por  acuerdo  de  los coherederos. En  cualquier  estado  del  juicio  podrán  los  interesados  separarse  de  su seguimiento  y  adoptar  los  acuerdos  que  estimen  convenientes.  Cuando lo solicitaren de común acuerdo, deberá el tribunal sobreseer el juicio y poner los bienes a disposición de los herederos.

SECCIÓN 2.ª DE LA INTERVENCIÓN DEL CAUDAL HEREDITARIO

Artículo  790.  Aseguramiento  de  los  bienes  de  la  herencia  y  de  los documentos del difunto. 1. Siempre que el tribunal tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes o cónyuge  del  finado  o  persona  que  se  halle  en  una  situación  de  hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptará de oficio las medidas  más  indispensables  para  el  enterramiento  del  difunto  si  fuere necesario y para la seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracción u ocultación. De la misma forma procederá cuando las personas de que habla el párrafo anterior  estuvieren  ausentes  o  cuando  alguno  de  ellos  sea  menor  o incapacitado y no tenga representante legal. 2. En los casos a que se refiere este artículo, luego que comparezcan los parientes o se nombre representante legal a los menores o incapacitados, se  les  hará  entrega  de  los  bienes  y  efectos  pertenecientes  al  difunto, cesando la intervención judicial, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 791. Intervención judicial de la herencia cuando no conste la existencia de testamento ni de parientes llamados a la sucesión legítima. 1. En el caso a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, una vez practicadas  las  actuaciones  que  en  él  se  mencionan,  el  tribunal  adoptará mediante  providencia  las  medidas  que  estime  más  conducentes  para averiguar si la persona de cuya sucesión se trata ha muerto con disposición testamentaria o sin ella, ordenando, a tal efecto, que se traiga a los autos certificado  del  Registro  General  de  Actos  de  Ultima  Voluntad,  así  como  el certificado de defunción luego que sea posible. A falta de otros medios, el tribunal ordenará mediante providencia que sean examinados los parientes, amigos o vecinos del difunto sobre el hecho de haber muerto éste abintestato y sobre si tiene parientes con derecho a la sucesión legítima. 2. Si, en efecto, resultare haber fallecido sin testar y sin parientes llamados por  la  ley  a  la  sucesión,  mandará  el  tribunal,  por  medio  de  auto,  que  se proceda: a) A ocupar los libros, papeles y correspondencia del difunto. b) A  inventariar  y  depositar  los  bienes,  disponiendo  lo  que proceda sobre su administración, con arreglo a lo  establecido en  esta  Ley.  El  tribunal  podrá  nombrar  a  una  persona,  con cargo  al  caudal   hereditario,  que  efectúe   y  garantice  el inventario y su depósito. En  la  misma  resolución  ordenará  de  oficio  la  apertura  de  pieza  separada para hacer la declaración de herederos abintestato.

Artículo   792.   Intervención   judicial   de   la   herencia   durante   la tramitación de la declaración de herederos o de la división judicial de  la  herencia.  Intervención  a  instancia  de  los  acreedores  de  la herencia. 1.  Las  actuaciones  a  que  se  refiere  el  apartado  2  del  artículo  anterior podrán acordarse a instancia de parte en los siguientes casos: a) Por  el  cónyuge  o  cualquiera  de  los  parientes  que  se  crea con  derecho  a  la  sucesión  legítima,  siempre  que  acrediten haber promovido la declaración de herederos abintestato ante notario,  o  se  formule  la  solicitud  de  intervención  del  caudal hereditario  al  tiempo  de  promover  la  declaración  judicial  de herederos. b)Por  cualquier  coheredero  o  legatario  de  parte  alícuota,  al tiempo de solicitar la división judicial de la herencia, salvo que la  intervención  hubiera  sido  expresamente  prohibida  por disposición testamentaria. 2. También podrán pedir la intervención del caudal hereditario, con arreglo a lo establecido en el apartado segundo del artículo anterior, los acreedores reconocidos  como  tales  en  el  testamento  o  por  los  coherederos  y  los  que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo.

Artículo  793.  Primeras  actuaciones  y  citación  de  los  interesados para la formación de inventario. 1. Acordada la intervención del caudal hereditario en cualquiera de los casos a que se refieren los artículos anteriores ordenará el tribunal, por medio de auto,  si  fuere  necesario  y  no  se  hubiera  efectuado  anteriormente,  la adopción de las medidas indispensables para la seguridad de los bienes, así como  de  los  libros,  papeles,  correspondencia  y  efectos  del  difunto susceptibles de sustracción u ocultación. 2.  En  la  misma  resolución,  señalará  día  y  hora  para  la  formación  de inventario, mandando citar a los interesados. 3. Deberán ser citados para la formación de inventario: a) El cónyuge sobreviviente. b) Los parientes que pudieran tener derecho a la herencia y fueren   conocidos,   cuando   no   conste   la   existencia   de testamento  ni  se  haya  hecho  la  declaración  de  herederos abintestato. c)  Los herederos o legatarios de parte alícuota. d) Los  acreedores  a  cuya  instancia  se  hubiere  decretado  la intervención  del  caudal  hereditario  y,  en  su  caso,  los  que estuvieren  personados  en  el  procedimiento  de  división  de  la herencia. e) El  Ministerio  Fiscal,  siempre  que  pudiere  haber  parientes desconocidos con derecho a la sucesión legítima, o que alguno de los parientes conocidos con derecho a la herencia o de los herederos o legatarios de parte alícuota no pudiere ser citado personalmente  por  no  ser  conocida  su  residencia,  o  cuando cualquiera  de  los  interesados  sea  menor  o  incapacitado  y  no tenga representante legal. f) El   abogado   del   Estado,   o,   en   los   casos   previstos legalmente,   los   Servicios   Jurídicos de   las   Comunidades Autónomas,  cuando  no  conste  la  existencia  de  testamento  ni de  cónyuge  o  parientes  que  puedan  tener  derecho  a  la sucesión legítima.

Artículo 794. Formación del inventario. 1.  Citados  todos  los  que  menciona  el  artículo  anterior,  en  el  día  y  hora señalados, procederá el Secretario Judicial, con los que concurran, a formar el inventario, el cual contendrá la relación de los bienes de la herencia y de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren. 2. Si por disposición testamentaria se hubieren establecido reglas especiales para el inventario de los bienes de la herencia, se formará éste con sujeción a dichas reglas. 3.  Cuando  no  se  pudiere  terminar  el  inventario  en  el  día  señalado  se continuará en los siguientes. 4. Si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario se citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. La sentencia que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario dejará a salvo los derechos de terceros.

Artículo   795.   Resolución   sobre  la  administración,  custodia  y conservación del caudal hereditario. Hecho  el  inventario,  determinará  el  tribunal,  por  medio  de  auto,  lo  que según las circunstancias corresponda sobre la administración del caudal, su custodia  y  conservación,  ateniéndose,  en  su  caso,  a  lo  que  sobre  estas materias hubiere dispuesto el testador y, en su defecto, con sujeción a las reglas siguientes: 1.º El metálico y efectos públicos se depositarán con arreglo a derecho. 2.º  Se  nombrará  administrador  al  viudo  o  viuda  y,  en  su defecto, al heredero  o legatario de parte alícuota que tuviere mayor parte en la herencia. A falta de éstos, o si no tuvieren, a juicio del tribunal, la capacidad nece saria para desempeñar el cargo, podrá el tribunal nombrar administrador a cualquiera de los herederos o legatarios de parte alícuota, si los hubiere, o a un tercero. 3.º  El  administrador  deberá  prestar,  en  cualquiera  de  las formas permitidas por esta Ley, caución bastante a responder de  los  bienes  que  se  le  entreguen,  que  será  fijada  por  el tribunal.  Podrá  éste,  no  obstante,  dispensar  de  la  caución  al cónyuge viudo o al heredero designado administrador cuando tengan  bienes  suficientes  para  responder  de  los  que  se  le entreguen. 4.º  Los  herederos  y  legatarios  de  parte  alícuota  podrán dispensar  al  administrador  del  deber  de  prestar  caución.  No habiendo   acerca   de   esto   conformidad,   la   caución   será proporcionada al interés en el caudal de los que no otorguen su relevación. Se constituirá caución, en todo caso, respecto de la participación  en  la  herencia  de  los  menores  o  incapacitados que no tengan representante legal y de los ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su paradero.

Artículo 796. Cesación de la intervención judicial de la herencia. 1.  Cesará  la  intervención  judicial  de  la  herencia  cuando  se  efectúe  la declaración  de  herederos,  a  no  ser  que  alguno  de  ellos pida la división judicial de la herencia, en cuyo caso podrá subsistir la intervención, si así se solicita, hasta que se haga entrega a cada heredero de los bienes que les hayan sido adjudicados. 2.  Durante  la  sustanciación  del  procedimiento  de  división  judicial  de  la herencia  podrán  pedir  los  herederos,  de  común  acuerdo,  que  cese  la intervención judicial. El tribunal así lo acordará, salvo cuando alguno de los interesados  sea  menor  o  incapacitado  y  no  tenga  representante  legal  o cuando  haya  algún  heredero  ausente  al  que  no  haya  podido  citarse  por ignorarse su paradero. 3.   Si   hubiera   acreedores   reconocidos   en   el   testamento   o   por   los coherederos  o  con  derecho  documentado  en  un  título  ejecutivo,  que  se hubieran opuesto a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que  se  les  pague  o  afiance  el  importe  de  sus  créditos,  no  se  acordará  la cesación de la intervención hasta que se produzca el pago o afianzamiento.

SECCIÓN 3.ª DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAUDAL HEREDITARIO

Artículo 797. Posesión del cargo de administrador de la herencia. 1. Nombrado el administrador y prestada por éste la caución, se le pondrá en posesión de su cargo, dándole a reconocer a las personas que el mismo designe de aquellas con quienes deba entenderse para su desempeño. 2. Para que pueda acreditar su representación se le dará testimonio, en que conste su nombramiento y que se halla en posesión del cargo. 3.  Podrá  hacerse  constar  en  el  Registro  de  la  Propiedad  el  estado  de administración  de  las  fincas  de  la  herencia  y  el  nombramiento  de administrador  mediante  el  correspondiente  mandamiento  judicial  con  los requisitos previstos en la legislación hipotecaria.

Artículo 798. Representación de la herencia por el administrador. Mientras  la  herencia  no  haya  sido   aceptada   por  los  herederos,  el administrador de los bienes representará a la herencia en todos los pleitos que  se  promuevan  o  que  estuvieren  principiados  al  fallecer  el  causante  y ejercitará en dicha representación las acciones que pudieran corresponder al difunto, hasta que se haga la declaración de herederos. Aceptada la herencia, el administrador sólo tendrá la representación de la misma en lo que se refiere directamente a la administración del caudal, su custodia y conservación, y en tal concepto podrá y deberá gestionar lo que sea conducente, ejercitando las acciones que procedan.

Artículo 799. Rendición periódica de cuentas. 1. El administrador rendirá cuenta justificada en los plazos que el tribunal le señale,  los  que  serán  proporcionados  a  la  importancia  y  condiciones  del caudal, sin que en ningún caso puedan exceder de un año. 2. Al rendir la cuenta, el administrador consignará el saldo que de la misma resulte o presentará el resguardo original que acredite haberlo depositado en  el  establecimiento  destinado  al  efecto.  En  el  primer  caso,  el  tribunal acordará  inmediatamente  mediante  providencia  el  depósito  y,  en  el segundo,  que  se  ponga  en  los  autos  diligencia  expresiva  de  la  fecha  y cantidad del mismo. 3.  Para  el  efecto  de  instruirse  de  las  cuentas  y  a  fin  de  inspeccionar  la administración   o   promover   cualesquiera   medidas   que   versen   sobre rectificación  o  aprobación  de  aquéllas,  serán  puestas  de  manifiesto  en  la Secretaría a la parte que, en cualquier tiempo, lo pidiere.

Artículo  800.  Rendición  final  de  cuentas. Impugnación  de  las cuentas. 1. Cuando el administrador cese en el desempeño de su cargo, rendirá una cuenta final complementaria de las ya presentadas. 2.  Todas  las  cuentas  del  administrador,  incluso  la  final,  serán  puestas  de manifiesto a las partes en la Secretaría, cuando cese en el desempeño de su cargo, por un término común, que el tribunal señalará mediante providencia según la importancia de aquéllas. 3.  Pasado  dicho  término  sin  hacerse  oposición  a  las  cuentas,  el  tribunal dictará  auto  aprobándolas  y  declarando  exento  de  responsabilidad  al administrador. En   el   mismo   auto, el   tribunal   mandará devolver   al administrador la caución que hubiere prestado. 4. Si las cuentas fueren impugnadas en tiempo hábil, se dará traslado del escrito  de  impugnación  al  cuentadante  para  que  conteste  conforme a lo previsto por los artículos 404 y siguientes, continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal.

Artículo 801. Conservación de los bienes de la herencia. 1. El administrador está obligado bajo su responsabilidad, a conservar sin menoscabo  los  bienes  de  la  herencia,  y  a  procurar  que  den  las  rentas, productos o utilidades que corresponda. 2.   A   este   fin   deberá   hacer   las   reparaciones   ordinarias que sean indispensables para la conservación de los bienes. Cuando sean necesarias reparaciones  o  gastos  extraordinarios,  lo  pondrá  en  conocimiento  del Juzgado,  el  cual,  oyendo  en  una  comparecencia  a  los  interesados  que menciona el apartado 3 del artículo 793 y previo reconocimiento pericial y formación de presupuesto resolverá lo que estime procedente, atendidas las circunstancia del caso.

Artículo   802.   Destino   de   las   cantidades   recaudadas   por   el administrador en el desempeño del cargo. 1.  El  administrador  depositará  sin  dilación  a  disposición  del  Juzgado  las cantidades  que  recaude  en  el  desempeño  de  su  cargo,  reteniendo únicamente  las  que  fueren  necesarias  para  atender  los  gastos  de  pleitos, pago de contribuciones y demás atenciones ordinarias. 2.  Para  atender  los  gastos  extraordinarios  a  que  se  refiere  el  artículo anterior  el  tribunal,  mediante  providencia,  podrá  dejar  en  poder  del administrador  la  suma  que  se  crea  necesaria,  mandando  sacarla  del depósito si no pudiere cubrirse con los ingresos ordinarios. Esto último se ordenará  también  cuando  deba  hacerse  algún  gasto  ordinario  y  el administrador  no  disponga  de  la  cantidad  suficiente  procedente  de  la administración de la herencia.

Artículo  803.  Prohibición de enajenar los bienes inventariados. Excepciones a dicha prohibición. 1. El administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes inventariados. 2. Exceptúanse de esta regla: a) Los que puedan deteriorarse. b) Los que sean de difícil y costosa conservación. c) Los   frutos   para   cuya   enajenación   se   presenten circunstancias que se estimen ventajosas. d) Los demás bienes cuya enajenación sea necesaria para el pago  de  deudas,  o  para  cubrir  otras  atenciones  de  la administración de la herencia. 3. El tribunal, a propuesta del administrador, y oyendo a los interesados a que  se  refiere  el  apartado  3  del  artículo  793,  podrá  decretar  mediante providencia la venta de cualesquiera de dichos bienes, que se verificará en pública  subasta  conforme  a  lo  establecido  en  la  legislación  notarial  o  en procedimiento de jurisdicción voluntaria. Los  valores  admitidos  a  cotización  oficial  se  venderán  a  través  de  dicho mercado.

Artículo 804. Retribución del administrador. 1. El administrador no tendrá derecho a otra retribución que la siguiente: a) Sobre  el  producto  líquido  de  la  venta  de  frutos  y  otros bienes muebles de los incluídos en el inventario, percibirá el 2 por 100. b) Sobre  el  producto  líquido  de  la  venta  de  bienes  raíces  y cobranza de valores de cualquier especie, el 1 por 100. c) Sobre el producto líquido de la venta de efectos públicos, el medio por 100. d) Sobre  los  demás  ingresos  que  haya  en  la  administración, por  conceptos  diversos  de  los  expresados  en  los  párrafos precedentes,  el  tribunal  le  señalará  del  4  al  10  por  100, teniendo en consideración los productos del caudal y el trabajo de la administración. 2.  También  podrá  acordar  el  tribunal,  mediante  providencia,  cuando  lo considere  justo,  que  se  abonen  al  administrador  los  gastos  de  viajes  que tenga necesidad de hacer para el desempeño de su cargo.

Artículo 805. Administraciones subalternas. 1. Se conservarán las administraciones subalternas que para el cuidado de sus bienes tuviera el finado, con la misma retribución y facultades que aquél les hubiere otorgado. 2. Dichos administradores rendirán sus cuentas y remitirán lo que recauden al  administrador  judicial, considerándose como  dependientes  del  mismo, pero  no  podrán  ser  separados  por  éste  sino  por  causa  justa  y  con autorización mediante providencia del tribunal. 3. Con la misma autorización podrá proveer el administrador judicial, bajo su responsabilidad las vacantes que resultaren.

NOTA: Puede leer un artículo sobre “La Herencia como motivo de discusión familiar” en este mismo blog.  Si desea conocer todos los artículos del Código Civil español pertinentes al derecho de sucesiones, herencias y legados, puede acceder a su lectura en la primera parte (arts. 657 a 805) y también a la segunda parte (artículos 806 a 1087).

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