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El matrimonio in extremis o por causa de muerte

martes, 14 junio 2011

El matrimonio “in extremis” o “in articulo mortis”, también llamado matrimonio por causa de muerte, hace referencia al matrimonio en el que uno de los contrayentes  está a punto de morir, por lo cual las legislaciones permiten acelerar los trámites necesarios. Esta circunstancia de que uno de los contrayentes esté en peligro de muerte o próximo a ella, autoriza omitir inicialmente determinadas formalidades exigidas normalmente.

La norma general es que el matrimonio sólo puede celebrarse después de haberse cumplido con todos los trámites y requisitos que establece la ley; sin embargo, existe un caso en el cual puede realizarse sin cumplir las formalidades y esto sucede cuando alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte.

El Código de Derecho Canónico establece expresamente:

Canon 1115: Se han de celebrar los matrimonios en la parroquia donde uno de los contrayentes tiene su domicilio o cuasi-domicilio o ha residido durante un mes, o, si se trata de vagos, en la parroquia donde se encuentran en ese momento; con licencia del Ordinario propio o del párroco propio se pueden celebrar en otro lugar.

Canon 1116 § 1: Si no hay alguien que sea competente conforme al derecho para asistir al matrimonio, o no se puede acudir a él sin grave dificultad, quienes pretenden contraer verdadero matrimonio pueden hacerlo válida y lícitamente estando presentes sólo los testigos:
1. En peligro de muerte;
2. Fuera de peligro de muerte, con tal de que se prevea prudentemente que esa situación va a prolongarse durante un mes.
§ 2. En ambos casos, si hay otro sacerdote o diácono que pueda estar presente, ha de ser llamado y debe presenciar el matrimonio juntamente con los testigos, sin perjuicio de la validez del matrimonio sólo ante testigos.

Canon 1117: La forma arriba establecida se ha de observar si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia católica o recibido en ella y no se ha apartado de ella por acto formal, sin perjuicio de lo establecido en el canon 1127 § 2.

Canon 1121 § 1: Después de celebrarse el matrimonio, el párroco del lugar donde se celebró o quien hace sus veces, aunque ninguno de ellos hubiera asistido al matrimonio, debe anotar cuanto antes en el registro matrimonial los nombres de los cónyuges, del asistente y de los testigos, y el lugar y día de la celebración, según el modo prescrito por la Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano.
§ 2. Cuando se contrae el matrimonio según lo previsto en el canon 1116, el sacerdote o el diácono, si estuvo presente en la celebración, o en caso contrario los testigos, están obligados solidariamente con los contrayentes a comunicar cuanto antes al párroco o al Ordinario del lugar que se ha celebrado el matrimonio.
§ 3. Por lo que se refiere al matrimonio contraído con dispensa de la forma canónica, el Ordinario del lugar que concedió la dispensa debe cuidar de que se anote la dispensa y la celebración en el registro de matrimonios, tanto de la curia como de la parroquia propia de la parte católica, cuyo párroco realizó las investigaciones acerca del estado de libertad; el cónyuge católico está obligado a notificar cuanto antes al mismo Ordinario y al párroco que se ha celebrado el matrimonio, haciendo constar también el lugar donde se ha contraído, y la forma pública que se ha observado.

Canon 1122 § 1: El matrimonio ha de anotarse también en los registros de bautismos en los que está inscrito el bautismo de los cónyuges.
§ 2. Si un cónyuge no ha contraído matrimonio en la parroquia en la que fue bautizado, el párroco del lugar en el que se celebró debe enviar cuanto antes notificación del matrimonio contraído al párroco del lugar donde se administró el bautismo.

En el Código Civil español también se hace referencia a esta situación especial del matrimonio “in articulo mortis“:

Artículo 52: Podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte:

– El Juez encargado del Registro Civil, el delegado o el Alcalde, aunque los contrayentes no residan en la circunscripción respectiva.
– En defecto del Juez, y respecto de los militares en campaña, el Oficial o Jefe superior inmediato.
– Respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave, el Capitán o Comandante de la misma.
Este matrimonio no requerirá para su autorización la previa formación de expediente, pero sí la presencia, en su celebración, de dos testigos mayores de edad, salvo imposibilidad acreditada.

Artículo 53: La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo del Juez, Alcalde o funcionario que lo autorice, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquéllos ejercieran sus funciones públicamente.

Vemos que en ambas legislaciones, tanto civil como canónica, ésta es una forma extraordinaria de celebrar el matrimonio, debiendo acreditarse convenientemente que uno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte. En la escritura o acta respectiva se hará constar la circunstancia de haberse celebrado el matrimonio en inminente peligro de muerte.

Los que contrajeren matrimonio, ya sea canónicamente o civilmente in articulo mortis, podrán dar aviso al encargado del Registro en cualquier instante anterior a la celebración y acreditar de cualquier manera que cumplieron este deber. De todas maneras, para poder inscribir el matrimonio posteriormente, deben darse todos los requisitos de validez del matrimonio, no debe existir ningún impedimento matrimonial y, además, ha de  expresarse claramente el consentimiento de los contrayentes.

En este sentido, existe una interesante RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra el auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona, en el expediente sobre inscripción de matrimonio en peligro de muerte, sobre la denegación de la inscripción posterior del matrimonio in extremis en el Registro Civil, por existir el impedimento de vínculo matrimonial anterior (bigamia) en el momento de su celebración:

“En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Barcelona.

Hechos:

1. En fecha 29 de agosto de 2001 Doña …., nacida el ….. de ….. de ….. en ….., compareció en el Registro Civil de Barcelona, solicitando que se celebrara su matrimonio «in artículo mortis» en el Hospital Valle Hebron, con Don …., nacido el ….. de ….. de ….. Se acompañaba certificado médico y DNI de los interesados.
2. El Juez Encargado acordó en la misma fecha la incoación del expediente sobre autorización de matrimonio civil, in articulo mortis, requiriendo a la promotora para que aportase certificados literales de nacimiento y de empadronamiento de ambos, así como certificado literal de matrimonio con anotación de divorcio de la interesada y presentara un testigo. Los interesados hicieron declaración jurada de estado civil, ella de divorciada y él de soltero, celebrándose el matrimonio en dicha fecha.
3. El 22 de julio de 2003, compareció un sobrino del contrayente, que manifestó su convicción de que los contrayentes no se encontraban incursos en impedimento ni prohibición alguna, aportando certificados de empadronamiento e inscripciones de nacimiento de los contrayentes. Se requirió a la promotora para que aportase certificado de matrimonio anterior con divorcio, presentándose éste en el que consta que, por sentencia de 8 de octubre de 2002, se ha declarado la disolución del matrimonio por divorcio.
4. El Ministerio Fiscal informó que en la fecha de celebración del matrimonio, 29 de agosto de 2001, el estado civil de la promotora era de separada, existiendo el impedimento del vinculo matrimonial persistente del artículo 46,2º del Código Civil. El Juez Encargado dictó auto en fecha 23 de marzo de 2004, denegando la autorización para la inscripción registral del matrimonio celebrado «in artículo mortis», por la concurrencia en la promotora en la fecha de celebración del mismo, 29 de agosto de 2001, del impedimento del vínculo matrimonial del artículo 46,2º del Código Civil, ya que constaba documentalmente acreditado que la promotora se casó en fecha 4 de mayo de 1979 con Don ……., con el cual tuvo vínculo matrimonial hasta su sentencia de divorcio de fecha 8 de octubre de 2002.
5. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la anulación del auto y que se inscribiera el matrimonio, alegando que llamaba la atención que se hubiese permitido la celebración del matrimonio, sin hacer ningún tipo de comprobación previa por parte del Registro Civil, ya que si se hubiese detectado la concurrencia del impedimento, en lugar de proceder a la celebración del matrimonio, el contrayente hubiese llamado al notario para hacer testamento a favor de ella, con la que estuvo conviviendo durante mas de 20 años antes de su fallecimiento. Además, en la inscripción de defunción del contrayente figura como estado civil el de casado.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso y la confirmación del auto apelado. El Juez Encargado reiteró los argumentos emitidos en los fundamentos jurídicos del auto recurrido, y remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Fundamentos de Derecho:

I. Vistos los artículos 46, 73 y 74 del Código civil; 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 18 de febrero de 1995, 9 de marzo de 1996, 1-2ª y 19-1ª de febrero, 15-1ª y 27-2ª de junio, 4 de julio, 4-8ª de septiembre y 2-1ª de noviembre de 2002 y 23-3ª de noviembre de 2002.

II. El consentimiento matrimonial es en nuestro Derecho un requisito «sine qua non» para que sea posible la autorización del matrimonio (cfr. art. 45 y 75 C.c.) y este consentimiento ha de expresarse afirmativamente en ese momento solemne (cfr. art. 58 C.c.). En los casos de peligro de muerte no debe, por razones de urgencia, tramitarse el expediente previo para la celebración (cfr. art. 52 C.c.), de modo que la comprobación de la inexistencia de obstáculos para el matrimonio queda, con frecuencia, pospuesta a la posterior inscripción del acta en el Registro Civil. Por ello ninguna relevancia sobre el sentido favorable o desfavorable de esta Resolución puede tener la alegación que la recurrente hace sobre los eventuales perjuicios derivados para la misma de la autorización del acta de matrimonio realizada con la intervención de la correspondiente comisión judicial, vislumbrando la voluntad alternativa del contrayente, después fallecido, de otorgar testamento a favor de la recurrente en defecto de la autorización del matrimonio «in artículo mortis». En función de lo dicho no cabe imputar ninguna irregularidad, que en ningún caso podría tener eficacia convalidatoria del matrimonio, por la no denegación de la autorización del matrimonio precisamente por la singularidad de la regulación legal de los matrimonios celebrados en peligro de muerte, en los que la preocupación álgida de la norma estriba en no impedir la formalización del consentimiento matrimonial, defiriendo el control de su legalidad al momento de su inscripción ulterior.

III. Precisamente porque dicho control no ha podido tener lugar en su integridad en un momento anterior, para inscribir un matrimonio en forma civil celebrado en peligro de muerte es necesario que se compruebe, antes de la inscripción, que concurren los requisitos legales exigidos para la celebración (cfr. art. 65 C.c.), lo cual ha de hacerse mediante la calificación del acta levantada y de las declaraciones complementarias oportunas, que lleve al convencimiento de que no hay dudas de la realidad del hecho y de su legalidad (cfr. art. 256 R.R.C.), o mediante expediente, cuando no se haya extendido la oportuna acta (cfr. art. 257 R.R.C.). Sin embargo, en este caso el convencimiento es el contrario, por lo que ha de confirmarse la denegación de la inscripción postulada.

IV. En efecto, el principio de legalidad, básico en el Registro Civil, impide que pueda acceder al Registro un matrimonio nulo. En este caso no hay duda de la nulidad del matrimonio que se pretende inscribir, celebrado por dos ciudadanos españoles en España el 29 de agosto de 2001, pues en tal fecha la contrayente estaba ligada a un matrimonio anterior, celebrado con otro español en 1.999, del cual no se divorció sino por sentencia judicial de 8 de octubre de 2002. Consiguientemente el segundo matrimonio de la interesada es nulo por concurrir el impedimento de ligamen (cfr. art. 46 n.º 2 C.c.).

V. En nada empece la anterior conclusión el hecho de que en la posterior inscripción de defunción del contrayente que se encontraba en peligro de muerte se consignase, entre sus circunstancias personales, como estado el de casado, pues de tal extremo no hace fe la inscripción de defunción, limitada como está su fehaciencia al hecho de la muerte de la persona, y a la fecha, hora y lugar en que acontece (cfr. art. 81 L.R.C.), tratándose de un error que habrá de ser corregido de oficio, por razón del superior principio de la concordancia del Registro y la realidad (cfr. art. 24 y 97 L.R.C.).

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria que procede:

1º Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado;
2º Ordenar la corrección de oficio del dato sobre el estado civil de Don ….. en su inscripción de defunción.
Madrid, 8 de junio de 2005.–La Directora General, Pilar Blanco-Morales Limones”.

Es obvio, que por las circunstancias especiales que rodean el matrimonio in extremis, no se hace un control inicial de la legalidad del mismo, ni se lleva a cabo la formación del expediente matrimonial, pero, posteriormente, cuando éste  ha de inscribirse en el Registro Civil, debe hacerse ese control de legalidad y de validez, denegándose su inscripción si concurren causales de nulidad o de invalidez.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Supuestos de disolución matrimonial en el Derecho Canónico

viernes, 27 mayo 2011

La indisolubilidad del matrimonio (perpetuidad) es una de las propiedades esenciales del matrimonio, junto con la unidad (un hombre con una mujer), lo que impide la bigamia (tener dos matrimonios al mismo tiempo), la poligamia (un hombre que tiene varias esposas) o la poliandria (una mujer que tiene varios esposos). La Iglesia no acepta el divorcio ni el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni la bigamia, ni la poligamia, ni la poliandria.

El derecho canónico refuerza jurídicamente la indisolubilidad del matrimonio, mediante el impedimento de vínculo o ligamen, de modo que es nulo el matrimonio contraído subsistiendo un vínculo matrimonial anterior (bigamia). El canon 1085 § 1, dice que atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado.

En virtud de la propiedad esencial de la indisolubilidad y del impedimento de vínculo, los contrayentes adquieren un compromiso para toda la vida, compromiso que ninguna autoridad puede disolver; el matrimonio católico “no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa, fuera de la muerte” (canon 1141). No obstante, como enseña la Iglesia, la propiedad esencial de la indisolubilidad se refiere a todos los matrimonios, también a los matrimonios celebrados entre no cristianos.

El divorcio es la negación de la indisolubilidad, ya que el divorcio disuelve el matrimonio por la simple voluntad de uno de los esposos, o de los dos esposos, decidiendo poner fin al matrimonio, independientemente de que haya sido contraído válidamente.

El matrimonio católico válidamente contraído (matrimonio RATO), una vez consumado (es decir, que se ha realizado a modo humano el acto conyugal o acto sexual), no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni siquiera por el Papa. Los contrayentes, en el momento de contraer el matrimonio católico, deben tener plena capacidad y libre consentimiento para hacerlo y, además,  deben consumarlo una vez contraido para que sea indisoluble.

Sin embargo, la Iglesia reconoce su propia potestad para disolver el matrimonio en el caso del matrimonio rato pero que no ha sido consumado. Se trata de un matrimonio católico válidamente celebrado entre personas bautizadas, o al menos una de ellas, pero en el que los cónyuges no han realizado el acto conyugal.

Existen otros casos excepcionales reconocidos en la iglesia, en las que un matrimonio sí puede ser disuelto: es el llamado privilegio de la fe (privilegio paulino y privilegio petrino). El privilegio de la fe solo se aplica a los matrimonios entre personas no bautizadas, en las que una de ellas posteriormente se bautiza en la iglesia católica.

1. El privilegio paulino es la disolución de un vínculo natural del matrimonio entre partes no bautizadas. Surge cuando una de las partes se bautiza mientras que la otra no está dispuesta a aceptar pacíficamente la situación; la parte bautizada puede entonces contraer nuevo matrimonio. El nuevo matrimonio disuelve el antiguo. El privilegio paulino se contempla en los cánones 1143 a 1147 del Código de Derecho Canónico.

Hay cuatro condiciones para que pueda aplicarse el privilegio paulino: un matrimonio válido previo entre dos personas no bautizadas; la conversión y el bautismo (en la Iglesia católica) de uno de los cónyuges; la oposición y el distanciamiento físico o moral del cónyuge no bautizado; la interpelación de la parte no bautizada.

Para su validez se requiere que la parte no bautizada sea interrogada acerca de los siguientes puntos: si desea recibir el bautismo; si quiere por lo menos cohabitar pacíficamente con la parte bautizada, sin ofensa (contumelia) del Creador. La respuesta negativa a estas preguntas confirma la separación de la parte no bautizada y confiere validez al segundo matrimonio.

El ejercicio del privilegio paulino no supone anulación, ya que no hay intervención directa por parte de la Iglesia. Si la parte bautizada es católica, ésta puede valerse del privilegio paulino para casarse con un católico, o un no católico, bautizado o no, de acuerdo con los cánones 1124 a1 129 sobre los matrimonios mixtos; en tales casos es necesario el permiso del Ordinario del lugar (canon 1147).

Tenemos entonces, que por el privilegio paulino, cuando un cónyuge se bautiza y el otro no consiente en convivir respetando las exigencias de la fe de la otra parte, el cónyuge bautizado puede contraer nuevo matrimonio y el anterior queda, ipso facto, disuelto.

2. El privilegio petrino se aplica a los casos de poligamia o poliandria, cuando la persona implicada se bautiza: aunque tendría que permanecer sólo con el primer cónyuge, si esto le resulta duro, se le permite casarse con otro, y el primer matrimonio (único válido) queda disuelto.

El privilegio petrino es un concepto sumamente complejo y su aplicación es muy variada, como puede verse en los cánones 1148 y 1149 del Código de Derecho Canónico. Se va desde la dispensa respecto a las interpelaciones en caso de imposibilidad de hacerlas hasta la posibilidad de decidir, por parte del que se convierte a la fe, a qué persona escoger como cónyuge en el caso de un matrimonio polígamo preexistente.

El privilegio petrino se refiere a matrimonios polígamos entre no bautizados (ya sea entre un hombre con varias mujeres o una mujer con varios hombres) en los que la parte implicada se bautiza y debe escoger a uno sólo de sus cónyuges. Esto nos lleva a deducir que el matrimonio de los infieles no resulta absolutamente indisoluble frente a la potestad vicaria del Papa.

El privilegio petrino se diferencia del privilegio paulino en que el primero conlleva un acto de ejercicio de la autoridad suprema del Papa.

3. El canon 1142 señala que el Romano Pontífice puede conceder la gracia de disolver el matrimonio rato, si no ha sido consumado. Puede verse que la sacramentalidad y la consumación refuerzan la indisolubilidad del matrimonio. El Código de Derecho Canónico, en su canon 1056, dice que las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento.

Los únicos matrimonios que no pueden disolverse son los matrimonios válidos consumados entre dos cristianos o uno de ellos (matrimonios ratos y consumados). Ahora bien, la no consumación justifica la posibilidad de disolver el matrimonio rato en la iglesia católica, como una potestad del Sumo Pontífice. Los cánones 1697 y siguientes regulan el modo de pedir esta gracia. La disolución del matrimonio rato no consumado, se conoce como dispensa comúnmente llamada dispensa super rato. Se trata de una dispensa que actúa por vía de gracia y no de justicia, pudiéndose negar el Romano Pontífice a su concesión, incluso siendo ciertos los fundamentos alegados.

No es muy exacto calificar este supuesto como dispensa, tal y como se encuentra definida en los cánones 85 a 93 del Código de Derecho Canónico, puesto que la dispensa se predica de un impedimento matrimonial, siendo una figura jurídico-canónica en la que se exime de una norma canónica a un caso particular, sin que esto suponga derogarla.

La disolución del matrimonio rato y no consumado puede aplicarse tanto al matrimonio entre bautizados, como al matrimonio entre parte bautizada y parte no bautizada. El canon 1142 afirma que  el matrimonio no consumado entre bautizados, o entre parte bautizada y parte no bautizada, puede ser disuelto por el Romano Pontífice, a petición de ambas partes o de una de ellas, aunque la otra se oponga.

Deben cumplirse cuatro requisitos: 1. Matrimonio válido. 2. El bautismo de, al menos, uno de los cónyuges. 3. La inconsumación del matrimonio. 4. La justa causa.

El matrimonio estará consumado si se ha producido la cópula conyugal desde el momento de su válida celebración. La cópula que implica la consumación del matrimonio, consiste en la realización de modo humano del acto conyugal apto de por sí para engendrar prole. La justa causa queda recogida en los cánones 1142 y 1698.

Por último, no deben confundirse estos supuestos disolución del matrimonio, con las causas de nulidad del matrimonio canónico. Con la disolución se “disuelve” el matrimonio, independientemente de que éste sea válido o no lo sea. Con la nulidad se “declara” que un matrimonio ha sido contraido inválidamente, mediante una sentencia judicial de nulidad. Los Tribunales Ecelsiásticos no es que anulen el matrimonio, sino que certifican que ya lo es desde que se contrajo, previo un proceso canónico de nulidad matrimonial

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

No es lo mismo separación, divorcio y nulidad matrimonial

lunes, 2 mayo 2011

Algunas veces, realmente pocas, suelen llegar a mi Despacho personas pidiendo la separación, cuando en realidad lo que quieren es divorciarse; o solicitando el divorcio, cuando lo que desean es la nulidad matrimonial; o pretendiendo el divorcio, cuando tan solo desean separarse. Otras veces utilizan indistintamente estos términos, pensando que significan lo mismo.

Es cuando debo explicarles las diferencias entre separación, divorcio y nulidad matrimonial. Para los Abogados de Familia son obvias estas diferencias, pero algunas personas no lo tienen tan claro, lo cual tampoco debe sorprendernos, puesto que estos temas no pertenecen a la vida ordinaria de las personas, ni todos los matrimonios tienen que enfrentarse a estas realidades jurídicas.

Antes del año 2005, en España era necesario separarse previamente para poder divorciarse. Con la entrada en vigor de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se puede demandar directamente el divorcio si han transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. No será necesario que hayan transcurrido los tres meses cuando se acredite que existe un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge que solicita el divorcio, de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

La principal diferencia entre la separación y el divorcio, es que con la separación no se disuelve el vínculo matrimonial, sino que el matrimonio permanece, sigue vigente; por lo tanto, no puede volverse a contraer un nuevo matrimonio con una tercera persona, mientras el vínculo matrimonial no se disuelva. La sentencia de separación matrimonial suspende la vida en común de los casados.

La separación puede ser de hecho o de derecho. Es de derecho, cuando se solicita judicialmente; es de hecho si se produce por mutuo acuerdo o de forma unilateral, sin intervención judicial, abandonando uno de los esposos la vivienda familiar (es la comúnmente llamada separación de cuerpos).

En caso de separación, es recomendable separarse judicialmente para que puedan definirse aspectos tan importantes como los referentes a los hijos (guarda y custodia, pensión de alimentos, etc.) o los referentes a las relaciones patrimoniales (régimen económico matrimonial, liquidación del régimen económico matrimonial, etc.). En todo caso, si deciden separarse de hecho, es conveniente formalizar mediante acta notarial las relaciones paterno-filiales y patrimoniales.

La sentencia de divorcio, en cambio, sí disuelve o rompe el vínculo matrimonial, por lo que, una vez divorciados, los cónyuges pueden volver a contraer un nuevo  matrimonio civil. Pero si el matrimonio se celebró por la Iglesia católica, el divorcio no permite contraer un nuevo matrimonio canónico hasta que los Tribunales Eclesiásticos competentes no declaren judicialmente la nulidad del matrimonio católico, tras un exigente proceso judicial, en el que se examina cuidadosamente si concurren algunas de las causas de nulidad matrimonial canónica.

Los Tribunales Civiles también pueden declarar la nulidad de un matrimonio civil, si existen las causales de nulidad matrimonial civil, señaladas en el artículo 73 del Código Civil español. La sentencia de nulidad, tanto eclesiástica para el matrimonio católico, como civil para el matrimonio civil, lo que hace es declarar la inexistencia del matrimonio, es decir, que no hubo matrimonio, que éste no nació a la vida jurídica, aunque sí generó efectos jurídicos (por ejemplo, respecto a la filiación matrimonial de los hijos, el régimen económico matrimonial, etc.).

La nulidad, a diferencia del divorcio, declara la inexistencia del matrimonio porque se contrajo inválidamente. El divorcio, en cambio, disuelve el matrimonio, lo rompe sin importar que haya sido válido o haya sido nulo.

Tenemos, entonces, que la separación matrimonial ni disuelve ni anula el matrimonio, éste sigue existiendo y los cónyuges siguen siendo cónyuges, es decir, permanecen casados y, por lo tanto, no pueden casarse nuevamente con otra persona. El divorcio sí disuelve el matrimonio, éste deja de existir, así el matrimonio haya sido contraído válidamente y los ex cónyuges pueden volver a casarse por lo civil con otra persona. La nulidad declara que ese matrimonio no tuvo validez, que no existe, pero sí se desplegaron todos los efectos jurídicos del matrimonio relativos a los hijos habidos en el matrimonio y al régimen económico matrimonial; una vez declarada judicialmente la nulidad matrimonial, los cónyuges quedan sin vínculo matrimonial y pueden volver a contraer nuevas nupcias.

Con la separación cesan algunos deberes conyugales, como el deber de vivir juntos, y cesan algunas presunciones legales, como la presunción de paternidad respecto a los hijos concebidos por la esposa en el periodo en que la separación sea ya efectiva.  Si los esposos se reconcilian, pueden volver a vivir juntos en matrimonio, comunicándolo al Juez si la separación no es de hecho sino judicial. Pero si están divorciados y los ex se reconcilian, deben contraer nuevo matrimonio civil, porque éste fue disuelto.

Tanto la ley civil como la ley canónica autorizan la separación de los esposos. Igualmente, también la ley canónica (para el matrimonio canónico) y la ley civil (para el matrimonio civil) admiten y reconocen que puede haber causas de nulidad que permitan declarar que un matrimonio es nulo. Mientras que en la Iglesia católica el matrimonio es indisoluble y por esto no admite el divorcio (salvo el privilegio de la fe y el matrimonio rato no consumado).

Las causas de nulidad matrimonial tienen que existir antes de contraerse el matrimonio o deben darse en el mismo momento contraerlo. No deben ser posteriores a la celebración del matrimonio válidamente contraído. Es por esto que en caso de nulidad matrimonial, no es que la jurisdicción eclesiástica o la jurisdicción civil, “anulen el matrimonio” o lo “hagan nulo”, sino lo que hacen es “declarar la nulidad pre-existente” del mismo, una vez la hayan constatado (porque la presunción de validez admite que “todo es matrimonio es válido, mientras no se demuestre lo contrario”).

Las causales de nulidad tanto del matrimonio civil como del matrimonio católico, están taxativamente señaladas por las legislaciones respectivas y ambas admiten la dispensa de las mismas, así como su convalidación y sanación en la raíz.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Aragón ya tiene su propio Código Civil

miércoles, 30 marzo 2011

En el día de ayer se publicó el “Código del Derecho Foral de Aragón” (Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón), que recopila nuestras propias “Leyes Civiles Aragonesas”:

1) El Título preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.

2) La Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte.

3) La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas.

4) La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad.

5) La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.

6) La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.

7) La propia Ley de Derecho civil patrimonial.

La publicación del “Código del Derecho Foral de Aragón”, puede verse en el Boletín Oficial de Aragón (B.O.A.) número 63 de 29/03/2011.

Se cierra así un ciclo de más de diez años que abrió la Ley de sucesiones por causa de muerte en 1999 y se culmina la reformulación legislativa del Derecho civil de Aragón contenido en la Compilación. El Derecho civil aragonés, en este trayecto, ha revitalizado sus viejas raíces, se ha adaptado a las nuevas necesidades y deseos de los aragoneses y las aragonesas del siglo XXI y ha adquirido mayor presencia en nuestra sociedad.

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