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Custodia compartida y colaboración de los abuelos

martes, 4 junio 2019

Recientemente, y en menos de una semana, hemos conocido dos sentencias judiciales sobre la custodia compartida y la ayuda a ésta por parte de los abuelos. Las dos sentencias, una del 21 de mayo de 2019 y la otra del 25 de mayo de 2019, curiosamente son totalmente diversas en su dictamen. Es lo que tiene la aplicación de la ley a situaciones concretas de la vida real. Es curioso, pero a la vez es la maravilla de lo que significa la realidad viva del derecho en la interpretación lógica de cada caso, en el que ninguno es igual a otro.

La primera sentencia trata de un padre que pierde la custodia compartida por dejar el cuidado de su hijo menor a la casi total ayuda de los abuelos. Y en el otro caso, el padre gana la custodia compartida porque sus abuelos colaboran con el joven padre en el cuidado de su hijo menor de edad. Veamos:

1. El 21 de mayo conocíamos que la sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirma el fallo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de esta ciudad que retiró la custodia compartida a un padre por “desatención” en el cuidado de su hijo y delegar en los abuelos paternos el cuidado del niño. La sentencia afirma que se ha demostrado “la desatención del padre respecto al cuidado hacia su hijo, funciones que realizan los abuelos paternos”. “Una cosa es que, en casos puntuales, pueda verse obligado a pedir ayuda a los abuelos del menor para su cuidado, pero no que sean éstos los que cuiden y se encarguen directamente de su nieto”.

Se recalca en esta sentencia que las funciones que le corresponden al padre “son de obligado cumplimiento sin que pueda exonarse de sus obligaciones por considerar que el menor está bien cuidado por los abuelos”. “Lo cual no se pone en duda”, precisa el fallo. Por todo ello, considera “correctas” las medidas adoptadas por el juez de instancia respecto a la atribución de la custodia a la madre, estableciendo un régimen de visitas y de vacaciones, con la obligación del padre de abonarle en concepto de pensión de alimentos la suma de 200 euros mensuales.

2. El 25 de mayo, la Audiencia Provincial de Badajoz desestima el recurso de una mujer que solicitaba la custodia exclusiva de su hijo de dos años y rechaza el argumento de que los abuelos paternos ayuden en el cuidado del menor del padre para retirar la custodia compartida.

La sentencia sostiene que el régimen de custodia compartida es el deseable cuando los padres se separan porque les garantiza “la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y deberes inherentes a la patria potestad y participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos”.

El niño nació en el año 2016 cuando sus progenitores, que entonces tenían 19 años, estudiaban. Desde que tenía dos meses de vida, los padres decidieron compartir la custodia por semanas. En ese período, el bebé residía junto al padre o la madre en la casa de los abuelos paternos o maternos según le correspondiera. Así ocurrió hasta que la pareja rompió su relación en abril de 2017. Tres meses más tarde, el juzgado le concedió la guarda y custodia a la madre, pero el padre se opuso y en noviembre de 2018 fue dictada una sentencia en la que se aprobaba un régimen de custodia compartida por turnos semanales.

La madre, entonces, recurrió a la Audiencia para que le permitiera mantener la custodia mono parental. Entre los motivos que ella alegó están que el padre vive con sus progenitores, los cuales “son los que cuidan del niño”, así como que la distancia que les separa, 21 kilómetros, hace “inviable” la custodia compartida. La madre también ha alegado que el padre “es adicto a la marihuana” y lo considera “inmaduro e incapaz de dar de comer o bañar al niño”, dado que tiene 21 años.

Por su parte, el padre ha rechazado ser adicto y ha aceptado someterse a los oportunos análisis que han dado negativo en consumo de drogas, por lo que considera el Tribunal que “no se ha demostrado la adicción”. La Audiencia también rechaza que el padre sea “inmaduro” y que “insinuar que no sabe dar de comer, bañar, vestir, educar o jugar con su hijo de dos años está fuera de lugar. Ciertamente la paternidad le ha llegado por sorpresa. Pero lo mismo le ha pasado a la madre”.

El Tribunal entiende que tener un hijo con esa edad no es algo “extraordinario”. Y es cuando destaca el papel que han desempeñado los abuelos, de quienes se dice “pueden ser unos magníficos colaboradores. Más todavía en supuestos como éste, donde prácticamente puede hablarse de padres adolescentes”. La Sentencia afirma que “cuando hablamos de custodia compartida, uno de los factores a valorar positivamente es la disponibilidad de los abuelos”.

En cuanto a la distancia que les separa de las dos localidades en las que viven los padres, 21 kilómetros, la Sala se pronuncia e indica que si el niño se escolariza en la localidad de la madre, el padre tardará 20 minutos en coche, con lo cual no ve impedimento en llevar a cabo la custodia compartida como señala la resolución. La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.

3. Considero personalmente que los abuelos son un gran apoyo para los padres en el cuidado de sus nietos menores, sin importarles que sus hijos estén casados, divorciados o separados. Pero es justo y lógico que los abuelos no asuman deberes paternales que solo corresponden por obligación natural a los progenitores. Los abuelos tienen una disponibilidad incondicional, desinteresada y amorosa hacia sus nietos,  pero los padres no pueden abusar de ellos para convertirlos en abuelos “esclavos”, como sucede muchas veces.

Como pudimos ver en estos dos casos, una cosa es que los abuelos colaboren en el cuidado de sus nietos y otra bien distinta es que asuman casi totalmente ese cuidado.

Ocultación paternidad de hijo e indemnización por daño moral

martes, 20 noviembre 2018

Mediante Sentencia 629/2018, de 13 de noviembre, la Sala Civil del Tribunal Supremo, estima un recurso de casación interpuesto sobre la procedencia de responsabilidad civil por daños morales derivados de la ocultación de la paternidad, en el que se pretendía la condena de la ex esposa a la devolución de las pensiones alimenticias fijadas en las sentencias de separación y divorcio y al pago de una indemnización por los daños morales causados por la ocultación de la verdadera paternidad del hijo.

La sentencia de primera instancia declaró que la acción ejercitada había prescrito y desestimó la demanda, mientras que la Audiencia Provincial descartó la prescripción y entendió que se había producido una ocultación dolosa de la paternidad que determinaba la obligación de la ex esposa de devolver las pensiones alimenticias percibidas y de indemnizar al demandante por los daños morales ocasionados en 15.000 euros.

El Tribunal Supremo reitera su doctrina jurisprudencial que niega la procedencia de devolver las pensiones de alimentos. La inscripción de la filiación, en este caso matrimonial, conlleva la aplicación de las normas de protección de la familia a través de medidas tanto personales como patrimoniales, entre las que se encuentra el deber de alimentos que, como la propia filiación y el resto de obligaciones que integran la potestad de los padres, han surtido sus efectos en cada uno de los momentos de la vida del niño, porque la función de protección debía cumplirse y el hijo debía ser alimentado.

Por ello, no se devuelven los alimentos, como tampoco se devuelven los demás efectos asociados a estos derechos y obligaciones propias de las relaciones de los padres con sus hijos. La sentencia del Pleno del Alto Tribunal estudia la cuestión sobre la responsabilidad civil por daños morales en el ámbito familiar en el supuesto de ocultación de la paternidad, sobre el que hasta ahora no se había llegado a fijar doctrina jurisprudencial, concluyendo que el daño moral generado en uno de los cónyuges no es susceptible de reparación económica.

No se niega que conductas como la enjuiciada sean susceptibles de causar un daño sino que éste sea indemnizable mediante el ejercicio de las acciones propias de la responsabilidad civil, a partir de un juicio de moralidad complejo y de consecuencias indudablemente negativas para el grupo familiar. La infidelidad tiene respuesta en la normativa reguladora del matrimonio mediante la separación o el divorcio, que aquí ya se ha producido; esa regulación no contempla la indemnización del daño moral generado a uno de los cónyuges en supuestos en que, como este, se trata del incumplimiento de deberes estrictamente matrimoniales, que no son coercibles jurídicamente con medidas distintas de las previstas en esa normativa. Y las mismas razones resultan de aplicación cuando la conducta que se considera causante del daño es la ocultación de la filiación que deriva del incumplimiento del deber de fidelidad.

Esta solución no deja sin aplicación el sistema general de la responsabilidad civil prevista en el artículo 1902 del Código Civil ni deja sin sancionar el daño generado por otra suerte de conductas propias del ámbito penal y de los derechos fundamentales. Simplemente acota el daño indemnizable a supuestos que no tienen su origen en el incumplimiento de los deberes propios del matrimonio, sino en la condición de persona afectada por la acción culposa o negligente de quien lo causa.

Permiso de maternidad de 16 semanas de la madre las disfruta el padre

miércoles, 25 julio 2018

En este caso, un padre que es Juez, tiene derecho a disfrutar de un permiso de maternidad de 16 semanas por el nacimiento de su hija, porque la madre, que es abogada por cuenta propia, no pudo suspender su actividad profesional, ni iniciar un periodo de descanso alguno, ni tuvo un pago por prestaciones. Así lo considera la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su Sentencia número 1.109/2018 de 28 de junio.

El pago único por parto/lactancia que recibió la madre, no es equiparable a un pago por prestaciones. El Juez tuvo un permiso de 10 semanas, pero él consideraba que debían ser de 16, para disfrutar el permiso íntegro en beneficio de la menor, que nació en 2016.

En la sentencia se aplica el apartado 3 del artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores que establece que en el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el apartado 7 (permiso de paternidad que comporta la suspensión del contrato durante cuatro semanas).

El Alto Tribunal rechaza que dicho pago único, que recibe la madre, suponga doble pago o duplicación de prestaciones, ya que “resulta obvio que el permiso parental tiene una significación muy distinta para los progenitores, para el cuidado del menor y para el propio interés general, a la del simple percibo de una cantidad que resarza de gastos de maternidad y lactancia”.

Añade que no existe ningún dato que indique qué cantidad debía percibir la madre de la Mutualidad General de la Abogacía como pago único por parto/lactancia, lo que impide valorar su suficiencia o insuficiencia a los efectos que le otorga la resolución impugnada, ni tampoco indicio alguno que avale la afirmación de que ese pago único a percibir por la madre esté destinado precisamente a cubrir el periodo mínimo de recuperación biológica post parto. Por el contrario, añade la Sala, se declara probado que el certificado de la Mutualidad General de la Abogacía de 6 de mayo de 2016 demuestra que el Plan Universal en el que estaba integrada la madre “no contempla en ningún caso la protección por maternidad de 16 semanas retribuidas que la ley establece como descanso por maternidad ni el periodo de lactancia, aunque sí contempla la garantía de maternidad y lactancia con una indemnización de carácter económico de pago único por parto/lactancia”.

La sentencia explica que esa indemnización de pago único es imputable tanto al parto como a la lactancia por lo que carece de sentido, y de apoyo probatorio, llamarla a cubrir, de forma estricta por insuficiencia, sólo la ausencia de rentas durante el periodo mínimo indispensable para la recuperación biológica de la madre tras el parto, protegiendo así únicamente la maternidad biológica. Para la Sala, el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incurre en contradicción ya que, por una parte, considera que el pago único no se puede equiparar al pago por prestaciones porque solo protege la recuperación biológica y desatiende las demás funciones esenciales que tiene asignada la licencia por parto, pero, de la otra, sostiene que ese pago único sí es un derecho a prestaciones que excluye el derecho del padre al permiso íntegro.

En el primer caso, carece de sentido considerar como derecho a prestaciones un pago que es insuficiente para los fines a los que sirve el permiso parental. En el segundo, advierte la Sala, se privaría a ambos padres del permiso parental, en detrimento de los cuidados de la menor y en forma contraria a los principios del derecho de la Unión Europea. Por ello, estima el recurso y reconoce el derecho al permiso de 16 semanas solicitado por el recurrente, debiéndose imputar el tiempo en el que éste haya estado de excedencia voluntaria para cuidado de la menor a dicha licencia por maternidad.

El repudio es un divorcio discriminatorio para las mujeres

jueves, 28 septiembre 2017

El repudio es discriminatorio para las mujeres y no está amparado por los tribunales europeos por ser un divorcio privado y, por tanto, no entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Roma III. En este caso, se trata de una pareja matrimonial, que poseen tanto la nacionalidad siria como la nacionalidad alemana y residen actualmente en Alemania.

En 2013, tras haber manifestado el marido la intención de divorciarse de su esposa, un representante suyo pronunció la fórmula requerida ante un tribunal religioso situado en Siria, el cual declaró el divorcio de los cónyuges. Se trata de un divorcio privado, que no se basa en una resolución de carácter constitutivo de un órgano jurisdiccional o de otra autoridad pública, sino en una declaración de voluntad de los cónyuges, en este caso unilateral y seguida de una intervención de índole meramente declarativa de una instancia extranjera. A continuación, la esposa firmó una declaración en la que reconocía haber recibido la compensación íntegra que, según la legislación religiosa, le correspondía de acuerdo con el contrato matrimonial y debido a la disolución del matrimonio mediante divorcio por deseo unilateral de su marido, y eximía a éste de cualquier obligación que pudiera tener frente a ella.

A continuación, el marido solicitó en Alemania el reconocimiento del divorcio, solicitud que fue aceptada por el Presidente del Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Múnich, Alemania) por considerar, concretamente, que el Reglamento Roma III, relativo a la ley aplicable al divorcio, cubría este tipo de demandas, y que en virtud de dicho Reglamento el divorcio en cuestión estaba sometido al Derecho sirio. La esposa impugnó el reconocimiento del divorcio ante el Oberlandesgericht München, que ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones relativas a la interpretación del Reglamento Roma III.

En sus conclusiones el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considera que el Reglamento Roma III determina las normas de conflicto de leyes aplicables en materia de divorcio en los Estados miembros participantes, pero no regula el reconocimiento de las resoluciones de divorcio ya dictadas. No obstante, este Reglamento se aplica indirectamente en el caso examinado, y su interpretación resulta por tanto útil, toda vez que el Derecho alemán se remite a dicho texto a fin de determinar la ley aplicable en los procedimientos judiciales relativos al reconocimiento de divorcios privados declarados en el extranjero.

Sin embargo, el Abogado General estima que, en contra de lo que presumió el legislador alemán, el Reglamento Roma III no cubre los divorcios declarados sin que medie la adopción de una resolución de efectos constitutivos por un órgano jurisdiccional o una autoridad pública, como un divorcio resultante de la declaración unilateral de un cónyuge registrada por un tribunal religioso. A esta conclusión llega, en particular, analizando los trabajos preparatorios de dicho Reglamento y teniendo en cuenta que la intención del legislador de la Unión Europea era que el ámbito de aplicación de este último fuera coherente con el del Reglamento Bruselas II bis, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial.

En caso de que el Tribunal de Justicia declare que los divorcios privados están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Roma III, el Abogado General se pronuncia sobre la interpretación del artículo 10 de dicho Reglamento, según el cual los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro participante deben aplicar su propio Derecho nacional cuando la ley extranjera en principio aplicable establezca que el acceso al divorcio varía por razón del sexo del cónyuge de que se trate. A este respecto el Abogado General observa que, según el Oberlandesgericht München, el Derecho sirio no ofrece a la esposa las mismas condiciones de acceso al divorcio que las que se ofrecen al marido.

El Abogado General estima, que la cuestión de si el acceso al divorcio previsto por el Derecho extranjero entraña una discriminación debe apreciarse de manera abstracta, y no de manera concreta a la luz de las circunstancias del caso en examen. Así, basta con que la ley extranjera aplicable sea discriminatoria por su contenido para que sea descartada. En efecto, el legislador de la Unión ha considerado que la discriminación en cuestión –la basada en el sexo de los cónyuges– reviste tal gravedad que debe ocasionar la exclusión absoluta, sin posibilidad de excepciones puntuales caso por caso, de la totalidad de la ley que, en otro caso, se habría aplicado.

A continuación, el Abogado General examina si el hecho de que el cónyuge discriminado haya prestado eventualmente consentimiento al divorcio permite al órgano jurisdiccional nacional no descartar la ley extranjera a pesar de su carácter discriminatorio, y aplicar en consecuencia esa ley. Según el Abogado General, procede responder negativamente a esta cuestión. En efecto, la norma establecida en el artículo 10 del Reglamento Roma III, que se basa en el respeto de valores considerados fundamentales, está dotada de carácter imperativo y, en consecuencia, ha sido situada, por voluntad del legislador de la Unión, fuera del ámbito en el que las personas interesadas pueden renunciar libremente a la protección de sus derechos.

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