Entradas de la categoría ‘Matrimonio’

Ocultación paternidad de hijo e indemnización por daño moral

martes, 20 noviembre 2018

Mediante Sentencia 629/2018, de 13 de noviembre, la Sala Civil del Tribunal Supremo, estima un recurso de casación interpuesto sobre la procedencia de responsabilidad civil por daños morales derivados de la ocultación de la paternidad, en el que se pretendía la condena de la ex esposa a la devolución de las pensiones alimenticias fijadas en las sentencias de separación y divorcio y al pago de una indemnización por los daños morales causados por la ocultación de la verdadera paternidad del hijo.

La sentencia de primera instancia declaró que la acción ejercitada había prescrito y desestimó la demanda, mientras que la Audiencia Provincial descartó la prescripción y entendió que se había producido una ocultación dolosa de la paternidad que determinaba la obligación de la ex esposa de devolver las pensiones alimenticias percibidas y de indemnizar al demandante por los daños morales ocasionados en 15.000 euros.

El Tribunal Supremo reitera su doctrina jurisprudencial que niega la procedencia de devolver las pensiones de alimentos. La inscripción de la filiación, en este caso matrimonial, conlleva la aplicación de las normas de protección de la familia a través de medidas tanto personales como patrimoniales, entre las que se encuentra el deber de alimentos que, como la propia filiación y el resto de obligaciones que integran la potestad de los padres, han surtido sus efectos en cada uno de los momentos de la vida del niño, porque la función de protección debía cumplirse y el hijo debía ser alimentado.

Por ello, no se devuelven los alimentos, como tampoco se devuelven los demás efectos asociados a estos derechos y obligaciones propias de las relaciones de los padres con sus hijos. La sentencia del Pleno del Alto Tribunal estudia la cuestión sobre la responsabilidad civil por daños morales en el ámbito familiar en el supuesto de ocultación de la paternidad, sobre el que hasta ahora no se había llegado a fijar doctrina jurisprudencial, concluyendo que el daño moral generado en uno de los cónyuges no es susceptible de reparación económica.

No se niega que conductas como la enjuiciada sean susceptibles de causar un daño sino que éste sea indemnizable mediante el ejercicio de las acciones propias de la responsabilidad civil, a partir de un juicio de moralidad complejo y de consecuencias indudablemente negativas para el grupo familiar. La infidelidad tiene respuesta en la normativa reguladora del matrimonio mediante la separación o el divorcio, que aquí ya se ha producido; esa regulación no contempla la indemnización del daño moral generado a uno de los cónyuges en supuestos en que, como este, se trata del incumplimiento de deberes estrictamente matrimoniales, que no son coercibles jurídicamente con medidas distintas de las previstas en esa normativa. Y las mismas razones resultan de aplicación cuando la conducta que se considera causante del daño es la ocultación de la filiación que deriva del incumplimiento del deber de fidelidad.

Esta solución no deja sin aplicación el sistema general de la responsabilidad civil prevista en el artículo 1902 del Código Civil ni deja sin sancionar el daño generado por otra suerte de conductas propias del ámbito penal y de los derechos fundamentales. Simplemente acota el daño indemnizable a supuestos que no tienen su origen en el incumplimiento de los deberes propios del matrimonio, sino en la condición de persona afectada por la acción culposa o negligente de quien lo causa.

Extinción de la pensión compensatoria

miércoles, 25 julio 2018

Desde cuándo produce efectos la extinción de la pensión compensatoria por la convivencia del ex cónyuge con un tercero? Hay que distinguir entre la modificación y la extinción de la pensión compensatoria.

La modificación de la pensión compensatoria se revisará judicialmente en los casos de variación sustancial de la situación económica del perceptor o del pagador para aumentarla o reducirla, a solicitud de la parte interesada, pero ésta se mantiene. Mientras que en la extinción desaparece la pensión compensatoria en los supuestos de nueva convivencia marital del perceptor, la muerte del perceptor, cumplimiento del plazo de duración, por el incumplimiento de su finalidad y por la alteración sustancial de los criterios económicos en función de los cuales se determinó.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resuelve por primera vez un recurso de casación sobre el momento en que se produce la extinción de la pensión compensatoria por convivencia marital del ex cónyuge con un tercero. En su Sentencia número 453/2018, de 18 de julio, se declara que la extinción se produce por las causas establecidas en el artículo 101 del Código Civil, entre ellas, el hecho de contraer el acreedor nuevo matrimonio o el de -aunque no exista matrimonio- vivir maritalmente con otra persona, lo que se equipara a la situación anterior.

La causa de extinción consistente en contraer nuevo matrimonio habrá de producir su efecto desde que este hecho se produce, con independencia de la fecha en que -conocida dicha situación- se interpone la demanda y se dicta sentencia decidiendo sobre la extinción.

Y esto porque la razón de ser de la pensión compensatoria está en relación con la comunidad de disfrute entre dos personas -unidas por matrimonio- de una determinada posición económica, lo que da lugar a que -extinguido el vínculo- deba ser compensado aquel de los cónyuges que sufre un desequilibrio perjudicial respecto de la situación en que se encontraba vigente el matrimonio; compensación que se extinguirá cuando esa comunidad de disfrute se instaura de nuevo con otra persona.

La novedad de esta sentencia del Alto Tribunal es muy interesante, porque establece la extinción desde la fecha del nuevo matrimonio del beneficiario/a de la pensión compensatoria, no dando la razón ni al demandante que solicitaba la extinción desde la fecha de interposición de la demanda, ni a la sentencia de primera instancia que extinguía los efectos desde la fecha de la sentencia, ni a la sentencia de la Audiencia Provincial que estimaba el recurso y acogía la tesis del demandante.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la ex mujer del demandante. Ninguna de las sentencias invocadas por la recurrente son aplicables, pues o bien contemplan pensiones de alimentos, que tienen régimen distinto por su finalidad, o se refieren a la modificación de la cuantía de la pensión compensatoria, y no a la extinción.

El repudio es un divorcio discriminatorio para las mujeres

jueves, 28 septiembre 2017

El repudio es discriminatorio para las mujeres y no está amparado por los tribunales europeos por ser un divorcio privado y, por tanto, no entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Roma III. En este caso, se trata de una pareja matrimonial, que poseen tanto la nacionalidad siria como la nacionalidad alemana y residen actualmente en Alemania.

En 2013, tras haber manifestado el marido la intención de divorciarse de su esposa, un representante suyo pronunció la fórmula requerida ante un tribunal religioso situado en Siria, el cual declaró el divorcio de los cónyuges. Se trata de un divorcio privado, que no se basa en una resolución de carácter constitutivo de un órgano jurisdiccional o de otra autoridad pública, sino en una declaración de voluntad de los cónyuges, en este caso unilateral y seguida de una intervención de índole meramente declarativa de una instancia extranjera. A continuación, la esposa firmó una declaración en la que reconocía haber recibido la compensación íntegra que, según la legislación religiosa, le correspondía de acuerdo con el contrato matrimonial y debido a la disolución del matrimonio mediante divorcio por deseo unilateral de su marido, y eximía a éste de cualquier obligación que pudiera tener frente a ella.

A continuación, el marido solicitó en Alemania el reconocimiento del divorcio, solicitud que fue aceptada por el Presidente del Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Múnich, Alemania) por considerar, concretamente, que el Reglamento Roma III, relativo a la ley aplicable al divorcio, cubría este tipo de demandas, y que en virtud de dicho Reglamento el divorcio en cuestión estaba sometido al Derecho sirio. La esposa impugnó el reconocimiento del divorcio ante el Oberlandesgericht München, que ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones relativas a la interpretación del Reglamento Roma III.

En sus conclusiones el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considera que el Reglamento Roma III determina las normas de conflicto de leyes aplicables en materia de divorcio en los Estados miembros participantes, pero no regula el reconocimiento de las resoluciones de divorcio ya dictadas. No obstante, este Reglamento se aplica indirectamente en el caso examinado, y su interpretación resulta por tanto útil, toda vez que el Derecho alemán se remite a dicho texto a fin de determinar la ley aplicable en los procedimientos judiciales relativos al reconocimiento de divorcios privados declarados en el extranjero.

Sin embargo, el Abogado General estima que, en contra de lo que presumió el legislador alemán, el Reglamento Roma III no cubre los divorcios declarados sin que medie la adopción de una resolución de efectos constitutivos por un órgano jurisdiccional o una autoridad pública, como un divorcio resultante de la declaración unilateral de un cónyuge registrada por un tribunal religioso. A esta conclusión llega, en particular, analizando los trabajos preparatorios de dicho Reglamento y teniendo en cuenta que la intención del legislador de la Unión Europea era que el ámbito de aplicación de este último fuera coherente con el del Reglamento Bruselas II bis, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial.

En caso de que el Tribunal de Justicia declare que los divorcios privados están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Roma III, el Abogado General se pronuncia sobre la interpretación del artículo 10 de dicho Reglamento, según el cual los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro participante deben aplicar su propio Derecho nacional cuando la ley extranjera en principio aplicable establezca que el acceso al divorcio varía por razón del sexo del cónyuge de que se trate. A este respecto el Abogado General observa que, según el Oberlandesgericht München, el Derecho sirio no ofrece a la esposa las mismas condiciones de acceso al divorcio que las que se ofrecen al marido.

El Abogado General estima, que la cuestión de si el acceso al divorcio previsto por el Derecho extranjero entraña una discriminación debe apreciarse de manera abstracta, y no de manera concreta a la luz de las circunstancias del caso en examen. Así, basta con que la ley extranjera aplicable sea discriminatoria por su contenido para que sea descartada. En efecto, el legislador de la Unión ha considerado que la discriminación en cuestión –la basada en el sexo de los cónyuges– reviste tal gravedad que debe ocasionar la exclusión absoluta, sin posibilidad de excepciones puntuales caso por caso, de la totalidad de la ley que, en otro caso, se habría aplicado.

A continuación, el Abogado General examina si el hecho de que el cónyuge discriminado haya prestado eventualmente consentimiento al divorcio permite al órgano jurisdiccional nacional no descartar la ley extranjera a pesar de su carácter discriminatorio, y aplicar en consecuencia esa ley. Según el Abogado General, procede responder negativamente a esta cuestión. En efecto, la norma establecida en el artículo 10 del Reglamento Roma III, que se basa en el respeto de valores considerados fundamentales, está dotada de carácter imperativo y, en consecuencia, ha sido situada, por voluntad del legislador de la Unión, fuera del ámbito en el que las personas interesadas pueden renunciar libremente a la protección de sus derechos.

Posesión del estado de cónyuge

miércoles, 17 mayo 2017

La posesión de estado existe, en el caso de los esposos, cuando han contraído matrimonio inscrito en el Registro Civil correspondiente y cohabitan en su calidad de estado conyugal o, lo que es lo mismo, de esposos. Es decir, hay posesión de estado cuando alguien ocupa una determinada situación familiar bajo el título de hijo, padre, esposo… Pero, en algunas ocasiones, puede aparecer disociado el título de estado y la posesión de estado y es cuando se deben instaurar las acciones de reconocimiento o de impugnación de ese título para que surjan sus respectivos efectos jurídicos.

La posesión de estado se encamina al parentesco de que se trate (conyugal, filiación, paternidad, maternidad), para poder gozar de los derechos y de las obligaciones que aquel parentesco comporta. Lo que persigue la acción de posesión de estado es el reconocimiento o la impugnación del título en sí y, por tanto, del goce o la exclusión, según el caso, de los derechos y obligaciones que surgen del título.

Los estados cuya posesión producen más acciones ante los tribunales de familia son los estados de cónyuge y de hijo. La posesión del estado de cónyuge busca convalidar las irregularidades formales que puedan existir en la partida de matrimonio. Aunque en principio la única prueba válida del matrimonio es la copia registrada y certificada del acta de su celebración, el ejercicio de la acción de reconocimiento de la posesión de estado permite a los cónyuges solicitar al Juez competente que declare la existencia del matrimonio, cuando concurran las siguientes circunstancias:

– Que haya indicios de que por dolo o culpa del funcionario respectivo no se ha inscrito el acta de matrimonio en el registro correspondiente.
– Que se presente prueba auténtica de la publicación o fijación del edicto matrimonial, salvo en los casos en que la ley dispensa de ese requisito.
– Que exista prueba plena de posesión de estado conforme. La posesión de estado de cónyuge, unida a otras condiciones, sirve para probar el matrimonio a falta del acta respectiva. La posesión de estado conyugal es una de las pruebas que pueden hacerse valer en juicio para obtener prueba supletoria de la partida de matrimonio.

En estos casos, se debe obtener un pronunciamiento judicial sobre el estado civil conyugal, por ser el estado civil de las personas una cuestión indisponible y  de orden público. Esa sentencia judicial solo pueden solicitarla las personas interesadas en que se reconozca o se impugne esa posesión de estado conyugal.

La posesión de estado de cónyuge produce como principal efecto la prueba de la titularidad del estado civil conyugal, haciendo valer una situación de hecho frente a la sociedad para ser reconocida en derecho. La situación de hecho es la de dos personas que viven maritalmente, cohabitan como esposos y son reconocidos como tales por la familia y por la sociedad.

Es importante advertir que la posesión de estado de cónyuges por sí sola no puede reemplazar como prueba la presentación de una partida de matrimonio inscrita en el Registro Civil respectivo, ya sea invocada por los cónyuges en sus relaciones con los herederos del otro, ni tampoco por los hijos nacidos del matrimonio contra aquellos que desconocen su condición de hijos matrimoniales.

Por: Patricia Alzate Monroy, Doctora en Derecho

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