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Pensión de alimentos y mayoría de edad de los hijos

miércoles, 12 julio 2017

La pensión de alimentos contribuye a la subsistencia y educación de los hijos y tiene una lógica jurídica que impide que se prolongue indefinidamente en el tiempo o que se extinga antes de lo debido. El hecho de que los hijos cumplan 18 años no es motivo para extinguirla, ni tampoco cuando hayan terminado sus estudios, si por una causa no imputable a su negligencia o dejadez no logren conseguir trabajo.

Cuando los progenitores se separan, se divorcian o rompen la unión de hecho, cada progenitor debe contribuir para satisfacer la pensión de alimentos de sus hijos, conforme a sus circunstancias económicas y personales, asegurando el cubrimiento de las necesidades de los hijos en cada momento, incluso las contempladas como gastos extraordinarios. Si no lo hacen de manera voluntaria, será el juez quien lo determine al presentarse la respectiva demanda. La cuantía de la pensión, ya sea por acuerdo o por sentencia, podrá modificarse o extinguirse previa petición judicial.

La Sala Civil del Tribunal Supremo, se ha pronunciado en varias Sentencias para aclarar que sí se puede extinguir la pensión alimenticia de los hijos mayores de edad cuando son “ni-ni” (ni estudian ni trabajan). Conforme al apartado 5 del artículo 152 del Código Civil, se establece la cesación de la obligación de prestar alimentos “cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa”.

Por ejemplo, en STS 395/2017, de 22 de junio, el Tribunal Supremo considera que “la no culminación de estudios por parte de un joven de 23 años es por causa imputable a su propia actitud, dado el escaso aprovechamiento manifestado de forma continuada, pues no se trata de una crisis académica coyuntural derivada del divorcio de los padres. De lo actuado se deduce que el hijo mayor de edad reunía capacidades suficientes para haber completado su formación académica, debiéndose las interrupciones y la prolongación en el tiempo a su escasa disposición para el estudio. Tampoco consta intento de inserción laboral”; en STS 700/2014, de 21 noviembre, se niegan los alimentos para no favorecer una situación de pasividad de dos hermanos de 26 y 29 años; en otra sentencia de 28 de octubre de 2015, el Tribunal Supremo consideró que debía extinguirse la pensión alimenticia que había sido fijada a favor del hijo, mayor de edad, dado que había accedido al mercado laboral, aún de forma intermitente, además de haber abandonado su formación reglada y tener una vivienda en propiedad.

El artículo 142 del Código Civil afirma que cuando los hijos alcanzan la mayoría edad, la obligación de prestar alimentos subsiste mientras el hijo no haya terminado su formación por “causa que no le sea imputable”. La obligación de prestar alimentos cesará cuando el hijo mayor de edad alcance la independencia económica. Obviamente, si en el hijo mayor de edad hay desidia, dejadez, abandono, pasividad, falta de aprovechamiento o vagancia provocada por su propia conducta, la pensión alimenticia cesa pues no es justo fomentar estas actitudes. Varios son los Juzgados de Familia de Primera Instancia y las Audiencias Provinciales que también se pronuncian en este sentido.

Como caso curioso, en un procedimiento de modificación de medidas, el padre solicitaba la extinción de la pensión del hijo mayor de edad; la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de abril de 2016, no solo declaró la extinción de la pensión que venía abonando a su hijo mayor de edad, sino que la declara extinguida “retroactivamente”, es decir, no desde la fecha de la sentencia, sino desde la fecha de interposición de la demanda, con lo que el Alto tribunal pretendía evitar un enriquecimiento injusto del hijo, que estaba trabajando desde antes de la interposición de la demanda, percibiendo ingresos suficientes y superiores a la cuantía establecida en concepto de alimentos.

Contrario sensu, los hijos mayores de edad discapacitados, mientras vivan en el domicilio familiar y carezcan de recursos propios, seguirán recibiendo la pensión de alimentos.

Por: Patricia Alzate Monroy, Doctora en Derecho

 

Régimen de visitas con residencias alejadas de los padres

jueves, 1 junio 2017

Cuando los padres se separan o se divorcian y éstos residen en lugares muy distantes, ya sean ciudades diferentes e, incluso, países o Continentes diferentes, y se asigna la guarda y custodia de los hijos menores a uno solo de los progenitores, suelen surgir conflictos o discrepancias en la forma de determinar el régimen de visitas del otro progenitor, especialmente en lo que respecta a su duración y su frecuencia, quién asume los gastos de desplazamiento, etc.

El Tribunal Supremo ha dictado una reciente Sentencia, el pasado 16 Mayo 2017, en el Recurso 3579/2016, sobre uno de estos casos, en el que el padre norteamericano y la madre española se divorciaron, concediendo el juzgado de primera instancia la guarda y custodia exclusiva de la hija menor a la madre, estableciendo la cuantía de la pensión alimenticia y el régimen de visitas solicitado por la madre.

En este régimen de visitas la menor podía visitar al padre la mitad de las vacaciones de Navidad y la mitad de las vacaciones de verano, pagando el padre el gasto de desplazamiento de la niña a Estados Unidos y debiendo recoger personalmente a la menor y devolverla al hogar materno. También se estableció un sistema de visitas en el caso de que el padre se desplazara a España, así como el contacto telefónico o por video-conferencia.

El padre recurrió dicha sentencia ante la Audiencia Provincial de Oviedo que estimó en parte el recurso, ampliando el régimen de estancia del padre con su hija durante las vacaciones de verano a un período de un mes y tres semanas; además estableció que la visita se realizaría, a elección del padre, en España o en su lugar de residencia en EE.UU, autorizando que para el viaje en avión de la niña a la residencia de su padre se utilizara el servicio de acompañamiento y asistencia a menores prestado por las aerolíneas, considerando que la niña tenía siete años de edad y que ésta es una práctica habitual en la actualidad.

La Audiencia Provincial estimó que dado el hecho de la gran distancia entre los domicilios de los padres de la menor, era necesario ampliar el periodo de estancia de la niña para compensar la ausencia de visitas intersemanales del padre y reducirle la pensión de alimentos, aunque no la contribución a los gastos extraordinarios, teniendo en cuenta la capacidad económica del padre y el importante costo que le suponía el régimen de visitas de su hija.

El Ministerio Fiscal, no apreció riesgo en el hecho de que la niña se desplazara en avión utilizando el servicio que ofrecen las compañías aéreas.

La Sentencia del Tribunal Supremo señala que, conforme a lo establecido en el artículo 94 del Código Civil, será el juez quien a falta de acuerdo entre los padres determine el tiempo, modo y lugar del ejercicio del derecho de visitas, siempre atendiendo al interés superior del menor, ponderándolo con el de sus progenitores.

El Tribunal, además, recuerda que no existe una previsión legal de cómo organizarse en estos casos en los que los padres residen en lugares alejados, incluso en países y continentes distintos. En estos desplazamientos de largas distancias deberán valorarse adecuadamente las circunstancias concurrentes, indicando que es necesario delimitar el tiempo, modo y lugar del derecho de visitas y la frecuencia de las mismas, su duración, quién se desplaza y quién asume los gastos, quién acompaña al menor, si debe acudir solo o no. Por lo que no puede adoptarse una solución rígida ni uniforme ni con un único sistema de frecuencia, sino que deberá ser ajustada a las circunstancias concretas de cada caso.

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ya se ha pronunciado en situaciones similares y cita como ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo Nº 289/2014, de 26 de mayo, donde se decidió un caso en el que eran 32 kms los que separaban a ambos progenitores (el niño tenía 4 años y los padres eran de escasos recursos económicos),  fijando doctrina en aplicación a los principios del interés superior del menor y del reparto equitativo de las cargas del régimen de visitas. Se consideró que no debía atribuirse automáticamente al progenitor que no tiene la custodia todos los gastos de recogida y retorno del hijo menor y se confirmó la sentencia del Juzgado, que atribuía a cada progenitor la recogida del niño en el domicilio del otro.

Otra Sentencia del Tribunal Supremo es la Nº 536/2014, de 20 de octubre, en la que se señala que los gastos de traslado del menor a España, desde Brasil donde residía con su madre, sean compartidos por ambos progenitores. También, en la Sentencia del Tribunal Supremo Nº 529/2015, de 23 de septiembre, se declara que con arreglo al interés superior del menor y al reparto equitativo de las cargas, procede que la madre custodia asuma la mitad de los gastos de desplazamiento del hijo a la residencia del padre, excepto en las vacaciones de verano, porque fue ella quien se trasladó, por lo que el incremento de los gastos no deben recaer solo en el padre para visitar a su hijo.

Posesión del estado de cónyuge

miércoles, 17 mayo 2017

La posesión de estado existe, en el caso de los esposos, cuando han contraído matrimonio inscrito en el Registro Civil correspondiente y cohabitan en su calidad de estado conyugal o, lo que es lo mismo, de esposos. Es decir, hay posesión de estado cuando alguien ocupa una determinada situación familiar bajo el título de hijo, padre, esposo… Pero, en algunas ocasiones, puede aparecer disociado el título de estado y la posesión de estado y es cuando se deben instaurar las acciones de reconocimiento o de impugnación de ese título para que surjan sus respectivos efectos jurídicos.

La posesión de estado se encamina al parentesco de que se trate (conyugal, filiación, paternidad, maternidad), para poder gozar de los derechos y de las obligaciones que aquel parentesco comporta. Lo que persigue la acción de posesión de estado es el reconocimiento o la impugnación del título en sí y, por tanto, del goce o la exclusión, según el caso, de los derechos y obligaciones que surgen del título.

Los estados cuya posesión producen más acciones ante los tribunales de familia son los estados de cónyuge y de hijo. La posesión del estado de cónyuge busca convalidar las irregularidades formales que puedan existir en la partida de matrimonio. Aunque en principio la única prueba válida del matrimonio es la copia registrada y certificada del acta de su celebración, el ejercicio de la acción de reconocimiento de la posesión de estado permite a los cónyuges solicitar al Juez competente que declare la existencia del matrimonio, cuando concurran las siguientes circunstancias:

– Que haya indicios de que por dolo o culpa del funcionario respectivo no se ha inscrito el acta de matrimonio en el registro correspondiente.
– Que se presente prueba auténtica de la publicación o fijación del edicto matrimonial, salvo en los casos en que la ley dispensa de ese requisito.
– Que exista prueba plena de posesión de estado conforme. La posesión de estado de cónyuge, unida a otras condiciones, sirve para probar el matrimonio a falta del acta respectiva. La posesión de estado conyugal es una de las pruebas que pueden hacerse valer en juicio para obtener prueba supletoria de la partida de matrimonio.

En estos casos, se debe obtener un pronunciamiento judicial sobre el estado civil conyugal, por ser el estado civil de las personas una cuestión indisponible y  de orden público. Esa sentencia judicial solo pueden solicitarla las personas interesadas en que se reconozca o se impugne esa posesión de estado conyugal.

La posesión de estado de cónyuge produce como principal efecto la prueba de la titularidad del estado civil conyugal, haciendo valer una situación de hecho frente a la sociedad para ser reconocida en derecho. La situación de hecho es la de dos personas que viven maritalmente, cohabitan como esposos y son reconocidos como tales por la familia y por la sociedad.

Es importante advertir que la posesión de estado de cónyuges por sí sola no puede reemplazar como prueba la presentación de una partida de matrimonio inscrita en el Registro Civil respectivo, ya sea invocada por los cónyuges en sus relaciones con los herederos del otro, ni tampoco por los hijos nacidos del matrimonio contra aquellos que desconocen su condición de hijos matrimoniales.

Por: Patricia Alzate Monroy, Doctora en Derecho

Posesión de estado de la Filiación

martes, 11 abril 2017

La ley otorga unas acciones a aquellas personas que quieren averiguar su verdadera filiación, llamadas acciones de reclamación de la filiación para que se declare quién es el verdadero padre o la verdadera madre del interesado.

Otra de estas acciones es la impugnación de la filiación, para que se declare que el padre o la madre que aparecen como tal, no lo son verdaderamente.

Todas estas acciones legales de la filiación, ya sean de reclamación o de impugnación, buscan que prevalezca la verdad biológica y se dé relevancia a la posesión de estado.

1. La acción de reclamación de la filiación la pueden ejercitar el hijo, el padre o la madre ya sea para filiación matrimonial o no matrimonial, tanto si se goza de posesión de estado como si no. Esta acción es imprescriptible, es decir, que no está sujeta a plazo para su ejercicio (artículos 132, 133 y 134 del Código Civil).

También puede ejercer la acción de reclamación un tercero con interés legítimo (artículo 131 del Código Civil), tanto para la filiación matrimonial como la no matrimonial, pero se exige que exista posesión de estado. La acción también es imprescriptible. No puede ejercitarse cuando contradiga otra filiación legalmente determinada.

Igualmente, los herederos del hijo (artículos 132 y 133 del Código Civil), están legitimados para la acción de reclamación de la filiación si el hijo fallece antes de cuatro años de la mayoría de edad o por un año desde el descubrimiento de las pruebas de la filiación.

2. En cuanto a la acción de impugnación de la filiación, puede ejercerla el hijo en cualquier tiempo si no hay posesión de estado. Si hay posesión de estado, el hijo puede impugnar la paternidad matrimonial (artículo 137 del Código Civil) durante al año siguiente a la inscripción de la filiación o, si es menor o incapaz, durante el año siguiente desde que alcance la mayoría de edad. El interés del hijo puede ejercerse por la madre que ostente la patria potestad o por el Ministerio Fiscal.

La acción de impugnación de la paternidad o de la maternidad no matrimonial, cuando haya posesión de estado, caduca a los cuatro años desde que fue inscrita la filiación.

Sin posesión de estado, puede impugnarse en cualquier momento y, como acción de estado civil, es imprescriptible. Esta acción también pueden ejercitarla los herederos del hijo, en cualquier tiempo.

El marido puede impugnar la paternidad matrimonial (artículo 136 del Código Civil) en el plazo de un año desde la inscripción de filiación, pero el plazo no cuenta mientras ignore el nacimiento.

Los herederos del marido, si fallece antes de la caducidad de la acción, pueden ejercer la impugnación por el plazo que falte para el año. Si el marido falleció sin conocer el nacimiento, el plazo se cuenta desde que lo conozca el heredero.

La madre (artículo 137 del Código Civil), no tiene acción por sí misma para impugnar la paternidad, pero si ejerce la patria potestad puede ejercer la acción en interés del hijo menor.

La mujer puede impugnar la maternidad matrimonial (artículo 139 del Código Civil) por suposición de parto o por no ser cierta la identidad del hijo. Esta acción es imprescriptible

El padre o la madre pueden impugnar la paternidad o la maternidad no matrimonial (artículo 140 del Código Civil), durante el plazo de cuatro años desde que, una vez inscrita la filiación, el hijo goce de posesión de estado. Sin posesión de estado, el padre o la madre pueden impugnar sin sujeción a plazo.

Los terceros también pueden impugnar la filiación matrimonial. Ya habíamos dicho que los herederos del marido, si éste fallece antes de la caducidad de la acción, pueden ejercer la impugnación de la paternidad por el plazo que reste. Si el marido falleció sin conocer el nacimiento, el plazo se cuenta desde que lo conozca el heredero.

Los herederos del hijo (artículo 137 del Código Civil), pueden impugnar en cualquier tiempo la paternidad, si falta la posesión de estado.

Si se trata de una filiación no matrimonial (artículo 140 del Código Civil), solo están legitimados los herederos forzosos que pueden resultar afectados. Pueden impugnar durante el plazo de cuatro años desde que -una vez inscrita la filiación- el hijo goce de posesión de estado.

Sin posesión de estado, pueden impugnar la filiación aquellos a quien perjudique. Es una acción imprescriptible.

El plazo de caducidad del artículo 137 del Código Civil no se aplica cuando se ejercitan acumuladamente las acciones de reclamación y de impugnación.

3. Tanto en las acciones de reclamación de filiación como en las de impugnación, están pasivamente legitimados las personas a las que se atribuya la condición de progenitores y de hijo (artículo 766 LEC). Si cualquiera de ellos hubiere fallecido, serán parte demandada sus herederos.

También se puede impugnar la filiación determinada por el reconocimiento de complacencia, por no existir la verdad biológica, es decir, por no existir paternidad o maternidad biológica y, consecuentemente, no ser el hijo(a) biológico(a).

Tanto la filiación matrimonial como la no matrimonial pueden impugnarse por vicios del consentimiento como el error, la violencia o la intimidación. La acción caduca pasado un año desde el reconocimiento o desde que cesó el vicio. Los herederos del otorgante pueden ejercerla si éste fallece antes de la extinción del plazo, por lo que reste del mismo. La sentencia por esta causa deja sin efecto el reconocimiento, pero no determina la filiación y no tiene el efecto erga omnes de una sentencia sobre estado civil.

El reconocimiento por complacencia del hijo no biológico también puede adolecer de defectos de forma que lo invaliden.

4. En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas. En la actualidad, la fiabilidad de las pruebas biológicas es altísima en cuanto a su alcance científico de certeza para considerar excluida la paternidad y de cuasi certeza (99,9%) para la prueba positiva. Por tanto, se trata de una prueba de extrema importancia, cuya práctica y resultados pueden determinar el litigio.

En la escala de de K. Hummel, los rasgos de paternidad se determinan en este porcentaje:
99.8% – 99.9% >399:1 Prácticamente probada
99.0% – 99.7% > 95:1 Extremadamente probable
95.0% – 98.9% > 19:1 Muy probable
90.0% – 94.9% > 9:1 Probable
80.0% – 89.9% > 4:1 Indicios
Menor 80% 4:1 No significativo.

Esta prueba biológica no se puede practicar de manera coactiva, de tal forma que el obligado a su práctica puede negarse a someterse a ella. Si bien tal negativa no se puede considerar como una ficta confessio, sí puede verse como un indicio de inestimable valor, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad como, por ejemplo, las relaciones sexuales al tiempo de la concepción, sin posibilidad de concurrencia con otras personas.

5. La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el documento o sentencia que la determina legalmente, por la presunción de paternidad matrimonial y, a falta de los medios anteriores, por la posesión de estado (artículo 113 del Código Civil). No será eficaz la determinación de una filiación en tanto resulte acreditada otra contradictoria.

Existen una serie de presunciones para la paternidad, la maternidad y la consecuente filiación. En cuanto a la paternidad matrimonial, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges.

En la filiación extramatrimonial no se establecen presunciones legales.

Las acciones de impugnación de la maternidad corresponden a la mujer para lo cual es necesario justificar la suposición del parto o no ser cierta la identidad del hijo.

6. ¿Y qué es la posesión de estado a la que tantas veces nos hemos referido en este escrito? El artículo 131 del Código Civil, la consagra como un tipo de acción para reclamar la filiación: “Cualquier persona con interés legítimo tiene acción para que se declare la filiación manifestada por la constante posesión de estado. Se exceptúa el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente determinada”.

La finalidad de esta acción es la de confirmar la paternidad o la maternidad biológica de una persona. En caso de la posesión de estado, la filiación se realiza a través de una homologación judicial de su reconocimiento, una vez concedida tal reclamación de filiación en la demanda.

La filiación demandada y concedida por el Tribunal ha de constar en sentencia firme, tal y como establecen los artículos 115.2 y 120.2 del Código Civil y del artículo 764.2 de la LEC.

Como ejemplo de la posesión de estado reconocida judicialmente como acción de la filiación, además de como presupuesto de legitimación y medio de prueba, podemos citar la Sentencia 740/2013 de 5 de diciembre de 2013 y la Sentencia 836/2013 de 15 de enero de 2014, ambas de de la Sala Primera del Tribunal Supremo, donde, respectivamente, las demandantes reclamaban que se le reconociera como propia la hija matrimonial en un caso, y como propio el hijo extramatrimonial en el otro caso, que habían tenido con su pareja lesbiana y madre biológica tras la ruptura, concebidos mediante una técnica de reproducción humana asistida.

7. Para que se acredite la existencia de una posesión de estado de una filiación matrimonial o extramatrimonial, deben existir unos hechos o unos elementos que indiquen normalmente la relación de filiación y parentesco de un individuo con las personas que se señalan como sus progenitores y a la familia a la que dice pertenecer.

Estos hechos o elementos pueden ser, entre otros, que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o madre; o que los padres le hayan dispensado el trato de hijo y él, a su vez, los haya tratado como padre y madre; que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o por la sociedad.

Por tanto, la posesión de estado prueba la titularidad de los estados civiles de cónyuge y de hijo, es decir, la existencia del matrimonio y de la filiación. No vamos a referirnos a la posesión de estado de cónyuge, sino a la posesión de estado de hijo.

La posesión del estado de hijo (o de la filiación), constituye una de las pruebas de la maternidad o de la paternidad y sirve como base para declararse judicialmente la filiación, especialmente cuando no exista conformidad entre la partida de nacimiento y la posesión de estado, y así se puede reclamar una filiación distinta de la que atribuye la partida de nacimiento.

Quien reclama el estado de la filiación matrimonial, debe probar que ha usado de manera permanente y habitual el apellido de quien pretende por padre o madre sin que exista objeción alguna por parte de ellos. Y que entre los padres y el hijo ha habido una relación estable de familiaridad, reconocida por la familia, amigos y conocidos.

Un hijo puede gozar de posesión del estado de hijo matrimonial aun cuando se encuentre bajo la guarda y custodia de uno de los cónyuges en razón de un divorcio o de una separación de cuerpos. También se puede gozar de la posesión de estado de un hijo extramatrimonial respecto de su padre aun cuando quien lo ha cuidado y mantenido es su madre y ella no convive con el padre del hijo.

La posesión de estado de la filiación debe ser pacífica e inequívoca, basada en hechos que indiquen normalmente unas relaciones de filiación, sin que éstas sean aparentes y engañosas.

Ya decíamos que la posesión de estado de hijo requiere ser probada. El Código Civil no dice taxativamente cuáles son esos medios de prueba, pero sí dice que “los tribunales decidirán en los conflictos de filiación por todos los medios de prueba establecidos legalmente”.

Podemos deducir que la prueba testimonial de la familia y de los allegados y amigos, además de los documentos de familia, registros, cartas privadas de los padres, actos privados o públicos que demuestren esa filiación pueden servir de prueba.

Por: Patricia Alzate Monroy, Doctora en Derecho

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