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La relación entre fe, sacramento y validez del vínculo conyugal

martes, 15 marzo 2016

En la Alocución a la Rota Romana del Papa Francisco, el pasado 22 de enero de 2016, el Santo Padre expresó que en la doctrina de la Iglesia la falta de fe no es elemento suficiente para declarar nulo un matrimonio, porque la calidad de la fe no es condición esencial para el consentimiento matrimonial, Y señaló que las deficiencias de formación en la fe y también el error relativo a la unidad, la indisolubilidad y la dignidad sacramental del matrimonio vician el consentimiento matrimonial solamente si determinan la voluntad.

Recordó que “junto a la definición de la Rota Romana como Tribunal de la familia, se resalta otra prerrogativa, y es que también es el Tribunal de la verdad del vínculo sagrado. Y estos dos aspectos son complementarios. También se refirió al Sínodo de los Obispos sobre el tema de la familia realizado en estos dos últimos años, en el cual la Iglesia ha indicado al mundo, entre otras cosas, que no puede haber confusión entre la familia querida por Dios y cualquier otro tipo de unión”.

En su discurso hizo referencia a que “cuando la Iglesia, a través de su servicio, se propone declarar la verdad sobre el matrimonio en el caso concreto, para el bien de los fieles, al mismo tiempo tiene siempre presente que quienes, por libre elección o por infelices circunstancias de la vida, viven en un estado objetivo de error, siguen siendo objeto del amor misericordioso de Cristo y por lo tanto de la misma Iglesia. La familia, fundada en el matrimonio indisoluble, unitivo y procreativo, pertenece al sueño de Dios y de su Iglesia para la salvación de la humanidad”.

1. En esta alocución, declara el Papa que “precisamente porque la Iglesia es madre y maestra, sabe que entre los cristianos, algunos tienen una fe fuerte, formada por la caridad, fortalecida por una buena catequesis y nutrida por la oración y la vida sacramental, mientras que otros tienen una fe débil, descuidada, no formada, poco educada u olvidada”. Y enseñó que “es bueno recordar con claridad que la calidad de la fe no es una condición esencial del consentimiento matrimonial, el cual, de acuerdo con la doctrina de siempre, puede ser minado solamente a nivel natural (cfr. CIC, canon 1055 § 1 y 2). De hecho, el habitus fidei se infunde en el momento del bautismo y sigue teniendo un misterioso influjo en el alma, incluso cuando la fe no se haya desarrollado y psicológicamente parezca estar ausente. No es raro que los novios, empujados al verdadero matrimonio por el instinctus naturae, en el momento de la celebración, tengan un conocimiento limitado de la plenitud del plan de Dios, y sólo después, en la vida familiar, descubran todo lo que Dios, Creador y Redentor ha establecido para ellos. Las deficiencias de formación en la fe y también el error relativo a la unidad, la indisolubilidad y la dignidad sacramental del matrimonio vician el consentimiento matrimonial solamente si determinan la voluntad (cfr. CIC, canon 1099). Precisamente por eso los errores que afectan a la naturaleza sacramental del matrimonio deben evaluarse con mucha atención”.

El Romano Pontífice explicó que “la Iglesia, con renovado sentido de responsabilidad sigue proponiendo el matrimonio, en sus elementos esenciales (hijos, bien de los cónyuges, unidad, indisolubilidad, sacramentalidad), no como un ideal para pocos, a pesar de los modernos modelos centrados en lo efímero y lo transitorio, sino como una realidad que, en la gracia de Cristo, puede ser vivida por todos los fieles bautizados. Y por ello, con mayor razón, la urgencia pastoral, que abraza todas las estructuras de la Iglesia, impulsa a converger hacia un intento común ordenado a la preparación adecuada al matrimonio, en una especie de nuevo catecumenado tan deseado por algunos Padres Sinodales”.

Con esta claridad, el Papa Francisco nos enseña que en la doctrina de la Iglesia la falta de fe no es elemento suficiente para declarar nulo un matrimonio, porque la calidad de la fe no es condición esencial para el consentimiento matrimonial. Las deficiencias de formación en la fe y también el error relativo a la unidad, la indisolubilidad y la dignidad sacramental del matrimonio vician el consentimiento matrimonial solamente si determinan la voluntad.

Lo que se necesita para que nazca el matrimonio válido es el consentimiento válidamente otorgado por los dos contrayentes.

2. ¿Y cuándo las deficiencias en la fe o el error relativo a la indisolubilidad, fidelidad o procreación de los hijos determinan la voluntad?

Ya decíamos que el matrimonio no requiere, a fines de la sacramentalidad, la fe personal de los novios. Aunque la carencia de fe puede herir los bienes del matrimonio. Los tres bienes del matrimonio (conocidos también como las propiedades esenciales del matrimonio) son la procreatividad o apertura a la vida, la fidelidad conyugal y la indisolubilidad matrimonial. Para casarse válidamente no se requiere un conocimiento profundo de lo que es el matrimonio ni de lo que significa casarse. En el contexto actual de un acentuado subjetivismo y de un relativismo ético y religioso, es difícil pensar que las personas puedan casarse para toda la vida o que puedan ser fieles a su cónyuge para toda la vida. Algunos consideran que esto sería una falta de libertad personal.

Una cosa es casarse pensando que es difícil ser fiel durante el matrimonio o que es difícil que éste tenga que durar toda la vida, o que “ojalá no fuera así”. Y otra cosa es casarse ignorando o excluyendo, con un acto positivo de la voluntad, alguno de los bienes del matrimonio o todos los bienes o propiedades esenciales del matrimonio. Es decir, casarse con una voluntad determinada, con un consentimiento matrimonial que ignore o excluya la fidelidad conyugal, la duración permanente del matrimonio o la apertura a la vida o procreación de los hijos. Yo diría más bien que ignore y no que excluya, porque creo que para excluir hay que conocer o saber eso que se excluye, mientras que ignorar es no saber.

No hay que desconocer tampoco que algunas personas actualmente se casan por la Iglesia porque es la tradición, porque la ceremonia es más bonita, pero se casan pensando en divorciarse a la primera oportunidad, o seguir su vida matrimonial teniendo relaciones extra conyugales, o con el deseo explícito de no tener hijos, indicando con esto una ignorancia absoluta de lo que significa casarse por la Iglesia. Les hubiera dado igual casarse por la Iglesia que ante un Juez o un Notario, por desconocer el matrimonio sacramental. Es decir, que por una carencia de fe o por no tener una fe lo suficientemente formada, se desembocaría en un falso conocimiento del matrimonio, que determinaría la voluntad del contrayente, dando lugar a un consentimiento matrimonial inválido.

En este caso, el juez eclesiástico está llamado a realizar su análisis judicial cuando existe la duda de la validez del matrimonio, para establecer si hay un vicio de origen en el consentimiento, sea directamente por defecto de intención válida, sea por déficit grave en la comprensión del matrimonio mismo, de tal modo que determine la voluntad del contrayente. El juez, al ponderar la validez del consentimiento expresado, debe tener en cuenta el contexto de valores y de fe -o de su carencia o ausencia- en el que se ha formado la intención matrimonial. De hecho, el desconocimiento de los contenidos de la fe podría llevar a lo que el Código define error que determina a la voluntad (cfr. canon 1099).

El canon 1099, es claro al decir: “El error acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, con tal que no determine a la voluntad, no vicia el consentimiento”.

A contrario sensu, sí lo viciaría cuando llevara al contrayente a consentir voluntariamente un matrimonio privado de unidad, indisolubilidad y sacramentalidad.

3. Recordemos lo que dice el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 66: “El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Una visión deformada del matrimonio causada por la falta de fe podría impulsar a los contrayentes a la reserva mental sobre la duración misma de la unión, o su exclusividad, que decaería cuando la persona amada ya no realizara sus expectativas de bienestar afectivo”.

Es verdad que la falta o la carencia de la fe podría llevar a un error sobre el matrimonio mismo y, por ende, a una nulidad matrimonial, pero como advertía Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio”, qué ventajas e inconvenientes tendría reclamar un grado de fe personal en los contrayentes, para concluir que resulta inviable determinar un grado de fe personal, entre otras cosas por la dificultad de individuar el contenido de la fe exigida, además de los riesgos de juicios infundados y discriminatorios, y de dudas sobre la validez de matrimonios ya celebrados, en particular por parte de bautizados no católicos (FC, 66-68). Recordaba Juan Pablo II que introducir para el sacramento requisitos intencionales o de fe que fueran más allá del de casarse según el plan divino del “principio”, llevaría inevitablemente a querer separar el matrimonio de los cristianos del de otras personas, lo que se opondría profundamente al verdadero sentido del designio divino.

En definitiva, como manifiesta el Papa Francisco, “el abandono de una perspectiva de fe lleva inexorablemente a una falsa comprensión del matrimonio, que puede acabar teniendo consecuencias en la maduración de la voluntad nupcial”.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

Custodia compartida y pago de pensión de alimentos y pensión compensatoria

lunes, 22 febrero 2016

La custodia compartida de los hijos no exime del pago de una pensión de alimentos cuando exista desproporción entre los ingresos de ambos ex cónyuges. Así lo declara la Sala Civil del Tribunal Supremo (TS) a través de la sentencia número 55/2016, fechada el 11 de febrero de 2016. Y rechaza que la pensión alimenticia pueda limitarse temporalmente “pues los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo”, sin que obste que posteriormente pueda pedirse modificación de medidas si existe variación sustancial de las circunstancias (artículo 91 del Código Civil).

Los hechos narran que en la sentencia de primera instancia se declaró disuelto por divorcio el matrimonio entre las partes, estableciendo la guarda y custodia compartida de los hijos del matrimonio y que el padre deberá abonar una cantidad mensual de 350 € en concepto de pensión alimenticia para los hijos y una cantidad de 150 € mensuales durante 2 años en concepto de pensión compensatoria a su ex cónyuge.

Las partes interpusieron recurso de apelación contra dicha sentencia y la Audiencia Provincial (AP) de Sevilla dictó sentencia, con fecha 31 de octubre de 2014, estimando el recurso de apelación interpuesto por la madre y revocando la sentencia de instancia, declarando que la guarda y custodia de los hijos la ejercerá la madre; también mantiene la pensión de alimentos pero sin limitación y la pensión compensatoria, dejando sin efecto el plazo de dos años, aumentándolo a 3 años.

Ante esta sentencia, el padre interpuso recurso de casación que fue parcialmente estimado por el TS.

Los fundamentos de derecho de la Sala Civil del TS para resolver el recurso, entre otros, son los siguientes:

“SEXTO.- El recurrente entiende que al adoptarse el sistema de custodia compartida no es necesario el pago de alimentos, pues cada uno se hará cargo de los mismos durante el período que tenga la custodia de los menores.

Sin embargo, en la sentencia del Juzgado, que acordaba la custodia compartida, fijaba alimentos para los hijos, dado que la madre no tenía ingresos propios, si bien los limitaba por un plazo de dos años, en los que consideraba que la madre podría encontrar trabajo.

Esta Sala debe declarar que la custodia compartida no exime del pago de alimentos, cuando exista desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges, o como en este caso, cuando la progenitora no percibe salario o rendimiento alguno (artículo 146 Código Civil), ya que la cuantía de los alimentos será proporcional a las necesidades del que los recibe, pero también al caudal o medios de quien los da.

El Juzgado yerra y la Audiencia lo corrige cuando aquel limita temporalmente la percepción de alimentos a dos años, pues los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo.

Esta limitación temporal, tiene sentido en una pensión compensatoria, como estímulo en la búsqueda de ocupación laboral, pero no tiene cabida en los alimentos a los hijos, al proscribirlo el artículo 152 del Código Civil.

Por lo expuesto, esta Sala mantiene el pronunciamiento de la sentencia recurrida, en relación con los alimentos al mantenerlos sin limitación temporal, sin perjuicio de una ulterior modificación de medidas, si varían las circunstancias sustancialmente (art. 91 C. Civil).

SÉPTIMO.- Motivo tercero.- “Al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, alegando interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo referente a la concesión de la pensión compensatoria fijada en SSTS de 10-1-2010, 22-6-2011, 19-10-2011, 24-11-2011, 16-11- 2012 y 17-5-2013”.

Se desestima el motivo.

Alega el recurrente que no procede la pensión compensatoria y, subsidiariamente que se haya prolongado hasta los tres años por la Audiencia Provincial, en lugar de los dos años establecidos por el Juzgado.

Esta Sala en sentencia de 16 de Julio del 2013, recurso 1044/2012, declaró:

“El artículo 97 CC exige que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro, para que surja el derecho a obtener la pensión compensatoria. En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se deben tener en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS 864/2010, de Pleno, de 19 enero. La pensión compensatoria -declara- “pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación.

De este modo, las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 Código Civil tienen una doble función:
a) Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias.
b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión.

A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones:
a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria.
b) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia.
c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal”.

Esta doctrina se ha aplicado en las sentencias posteriores 856/2011 de 24 noviembre, 720/2011 de 19 octubre, 719/2012 de 16 de noviembre y 335/2012 de 17 de mayo 2013.

En Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Diciembre del 2012, recurso 691/2010, se fijó que: “…por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Puesto que por su configuración legal y jurisprudencial la pensión compensatoria no tiene por finalidad perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura, sino que su objeto o finalidad legítima es lograr reequilibrar la situación dispar resultante de aquella, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial…”

Aplicada la doctrina a lo alegado en el presente recurso se ha de mantener la pensión compensatoria temporal, a la vista de la manifiesta situación de desequilibrio dado que:

1. La esposa no trabaja.
2. A lo largo de su vida su ocupación laboral se ha extendido solo en 1973 días.
3. Ha invertido la mayor parte de su tiempo en las atenciones familiares.

En cuanto a la duración de la pensión compensatoria que la Audiencia Provincial eleva de dos a tres años, es una cuestión que debe quedar a la discrecionalidad del tribunal de apelación, al no constar arbitrariedad en su fijación, ni infracción normativa”.

Complemento por maternidad en la pensión de jubilación a partir del 1 de enero de 2016

martes, 5 enero 2016

Este complemento por maternidad será para las mujeres que se jubilen desde el 1 de enero de 2016, quienes verán incrementadas sus pensiones entre un 5% y un 15% a partir del segundo hijo. Las nuevas pensionistas recibirán un 5% más si son madres de dos hijos; el incremento será de un 10% si han tenido tres hijos, y un 15% más de prestación si son madres de cuatro o más hijos. Esta subida repercute en las pensiones contributivas de jubilación, de incapacidad permanente y las de viudedad. Y está incluida en el Plan Integral de Apoyo a la Familia, tratando así de nivelar la brecha que aún separa las pensiones de mujeres y hombres, puesto que ellas son las que en mayor medida suspenden su trabajo para dedicarse a su familia.

1. En la actualidad, la pensión media de un hombre asciende a 1.500 euros, mientras que la de la mujer es de 1.096 euros, casi un 27% menos. Además, el 98% de las peticiones de excedencia para cuidado de los hijos proceden de mujeres. Según el Gobierno, “se trata de una medida de justicia” para recompensar el esfuerzo que hicieron las mujeres al tener descendencia, puesto que a la hora de calcular las pensiones a las que tienen derecho cuando acaban su vida laboral, se ven reducidas por las excedencias para el cuidado de sus hijos.

Y es también una manera de fomentar la tasa de la natalidad que en España es muy baja. Es de justicia compensar a las familias que, con sus hijos, están aportando capital humano necesario para el sostenimiento del sistema de bienestar y garantizando las pensiones de todos. Mediante esta prestación social pública se reconoce la contribución demográfica al sistema de Seguridad Social de las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con la maternidad.

2. Para ello, se ha modificado la Ley General de la Seguridad Social de modo que “con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida” se reconozca “un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen de Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente”.

Asimismo, busca “valorar la dimensión de género en materia de pensiones, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, atendiendo al esfuerzo asociado a la maternidad en la Seguridad Social, suavizando las consecuencias de las discriminaciones históricas que han gravado más intensamente a las mujeres que a los hombres”.

3. Límites a las cuantías: Si la cuantía de la pensión reconocida inicialmente supera el límite establecido sin aplicar el complemento, la suma de la pensión y del complemento no podrá rebasar dicho límite incrementado en un 50% del complemento asignado. No obstante, si la cuantía de la pensión reconocida alcanza el límite aplicando solo parcialmente el complemento, la interesada tendrá derecho además a percibir el 50% de la parte del complemento que exceda del límite máximo vigente en cada momento.

En los casos en que legal o reglamentariamente esté permitida por otras causas la superación del límite máximo, el complemento se calculará en los términos indicados, estimando como cuantía inicial de la pensión el importe del límite máximo vigente en cada momento. “Si la pensión a complementar se causa por totalización de períodos de seguro a pro rata temporis, en aplicación de normativa internacional, el complemento se calculará sobre la pensión teórica causada y al resultado obtenido se le aplicará la prorrata que corresponda”.

Para aquellos supuestos en que la pensión inicialmente causada no alcance la cuantía mínima de pensiones que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, se reconocerá dicha cuantía, a la que se sumará el complemento por hijo aplicando el porcentaje correspondiente.

4. ¿Y en caso de las jubilaciones anticipadas voluntarias? El complemento de pensión no será de aplicación en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad de la interesada ni en los de jubilación parcial, aunque se asignará cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena o completa, una vez cumplida la edad que en cada caso corresponda. Las madres que se prejubilen voluntariamente no cobrarán el complemento por hijos, pero sí lo cobrarán si ha sido forzosa la prejubilación (por despido).

En el caso de concurrencia de pensiones del sistema de la Seguridad Social, se reconocerá el complemento por hijo solamente a una de las pensiones de la beneficiaria, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: a la pensión que resulte más favorable y a la de jubilación si es que ésta concurre con la de viudedad. El derecho al complemento estará sujeto al régimen jurídico de la pensión en lo referente a nacimiento, duración, suspensión, extinción y, en su caso, actualización.

5. ¿Y si la cuantía inicial no llega al mínimo legal, el nuevo complemento es compatible con el complemento a mínimos? Sí. Si la pensión reconocida inicialmente no llega a la mínima fijada para ese año, se le reconocerá el complemento a mínimos para alcanzar la pensión mínima legal que incluya cada año los Presupuestos Generales del Estado y se le añadirá el nuevo complemento por maternidad.

A la hora de determinar si se tiene o no derecho a este nuevo complemento, así como su cuantía, solo se tendrán en cuenta los hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente.

6. Ya hay críticas a esta ley, como la de dejar por fuera a las mujeres que han sido madres de un solo hijo. O la discriminación que esta ley supone para los hombres, quienes consideran que contradice el tan defendido principio de igualdad y reclaman la extensión del complemento retributivo por paternidad, ya que también los padres han contribuido a la gestación y crianza de sus hijos.

También hay quienes consideran insuficiente que las madres trabajadoras que se jubilen anticipadamente de forma voluntaria no puedan cobrar el complemento de la pensión de carácter demográfico. Y que se excluya de la percepción a las mujeres que se jubilen de forma parcial, aunque reciban el complemento cuando accedan a la jubilación completa.

Esta medida que se comenzó a aplicar el 1 de enero del 2016, beneficiará a 123.357 mujeres en el primer año, en su mayoría viudas (58.857). El gasto previsto para el primer año es de 51.616.278 millones de euros, según los cálculos realizados por la Seguridad Social.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

La reforma del proceso de nulidad del matrimonio católico

domingo, 13 septiembre 2015

El Papa Francisco reforma el proceso de nulidad matrimonial, otorgando una mayor participación a los Obispos, más rapidez y agilidad en la resolución de los casos y declarando la gratuidad en el proceso de declaración de nulidad, buscando así mejorar el sistema “por la salvación de las almas” mientras se reafirma la enseñanza católica de la indisolubilidad del matrimonio. El Papa afirma que estos ajustes “no favorecen la nulidad de los matrimonios sino la prontitud en el proceso”.

La reforma ha sido publicada en dos documentos llamados Motu Proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus (El Señor Jesús, un Juez Manso), que establece la reforma en el Código de Derecho Canónico del Rito Latino; y Mitis et Misericors Iesus (Jesús, Manso y Misericordioso), que establece los cambios para las 23 Iglesias Orientales Católicas que están en comunión con Roma.

Estos dos documentos para la Iglesia Católica de Occidente y de Oriente son prácticamente iguales con la diferencia fundamental de que en el texto Oriental, no se habla de los Obispos sino de los Patriarcas.

Se considera que el derogado proceso de nulidad matrimonial era demasiado largo, complicado y muy caro (en algunas ocasiones), lo que hacía que muchos “fieles se alejaran de las estructuras jurídicas de la Iglesia debido a la distancia física o moral”. Para el Sumo Pontífice, “la caridad y la misericordia” requieren que la Iglesia como madre acerque a sus hijos que se consideran lejos de ella.

El Papa ha decidido retirar la apelación automática que se generaba luego de que se tomaba la decisión de nulidad, puesto que antes de esta reforma, una vez que se decidía la nulidad de un matrimonio en primera instancia, éste debía pasar a un tribunal de segunda instancia, puesto que se necesitaban dos sentencias iguales, lo que era una innecesaria postergación del proceso, particularmente cuando nadie contradecía la primera sentencia. Sin contar que si no había dos sentencias iguales, había que ir a Roma para buscar la paridad de sentencias, con la consecuentes demora, dificultad y carestía. Con esta reforma, solo se necesitará una sentencia, a menos que se haga una apelación. Si hay apelación, el Papa señala que ahora se podrá hacer en la Arquidiócesis más cercana, conocida como la “Sede Metropolitana” y ya no habrá necesidad de dirigirse a Roma.

El Pontífice también ha establecido que cada Diócesis en el mundo nombre a un juez o un tribunal de la Iglesia para procesar los casos. Cada Obispo local puede ser el único juez o puede establecer un tribunal de tres miembros. De ser así, al menos uno de ellos debe ser clérigo y los otros dos pueden ser laicos.

El Papa también ha declarado que el proceso de nulidad sea gratuito, una práctica que ya se realizaba en muchas Diócesis. La reforma hace que la gratuidad sea ahora universal.

En su introducción, el Papa reconoce que esta reforma, particularmente los nuevos procedimientos en relación a las decisiones tomadas por los Obispos, puede generar preocupación sobre la enseñanza de la Iglesia en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio. “No he dejado de percatarme de que un juicio abreviado puede poner en riesgo la indisolubilidad del matrimonio”, afirma.

“De hecho, por esta razón he querido que en este proceso el juez sea el Obispo porque la fuerza de su ministerio pastoral es, con Pedro, la mejor garantía de la unidad católica en la fe y la disciplina”.

El Papa también explicó que ha querido ofrecer este nuevo proceso a los Obispos para que “sea aplicado en casos en los que la nulidad matrimonial es particularmente evidente” como, por ejemplo, el aborto procurado para impedir la procreación, la obstinada permanencia en una relación extra conyugal durante el tiempo de las nupcias, el ocultamiento doloso de la esterilidad o de una grave enfermedad contagiosa o de hijos nacidos de una relación anterior o de una encarcelación.

Esta reforma ha sido establecida por el Papa el pasado 15 de agosto, en la fiesta de la Asunción de la Virgen María, y entrará en vigor el 8 de diciembre de 2015, en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, coincidiendo con el inicio del Año Santo de la Misericordia y con el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II.

Particularmente considero que esta reforma del Papa Francisco hará que muchos fieles católicos practicantes que se han casado por lo católico, se han divorciado y vuelto a casar por lo civil, y que se sienten alejados de la Iglesia por no poder comulgar -queriendo y deseando hacerlo- se animen a solicitar la posible y/o segura declaración de nulidad de su anterior matrimonio católico, pues antes no lo hacían por considerar lento, largo y costoso el proceso de nulidad. Es una sabia y acertada decisión del Sumo Pontífice, ya que no se está yendo contra el principio de la indisolubilidad del matrimonio, sino que se está afirmando que la Iglesia se preocupa por la “salvación de las almas” que es su principio y ley universal, facilitando que los católicos puedan acudir más fácilmente a su Iglesia para despejar “esa duda” de su posible nulidad matrimonial. La reforma no tiene como objetivo facilitar la nulidad matrimonial, sino acelerar el proceso que declare la verdad sobre el matrimonio.

Muchos conocemos personas que habiéndose casado primero por lo católico, con un matrimonio que duró muy poco y que no fue una convivencia verdaderamente matrimonial, luego han encontrado a esa otra persona con la que han conformado un auténtico matrimonio duradero y fiel y una feliz familia, pero debido a que este matrimonio es por lo civil, se alejan de la Iglesia lo mismo que alejan a sus hijos. Y si no se alejan de la Iglesia, se “sienten” alejados por no poder comulgar. Y podría ser que ese primer matrimonio católico fuera nulo, pero no se ha declarado como tal porque los interesados no lo han intentado ya que les parece difícil, lento y costoso. Esta reforma animará a varios fieles a que su duda se despeje, aliviará sus conciencias y sentirán la cercanía y comprensión de sus Pastores, sin que ésto suponga declarar la nulidad en todos los casos, sino sólo cuando realmente exista alguna de las causales de nulidad matrimonial, las cuales siguen siendo las mismas.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

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