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El Bonum Familiae en el Derecho Canónico

viernes, 12 junio 2015

El objeto del consentimiento matrimonial es el bien de los cónyuges (el bonum coniugum) y el bien de la familia (el bonum familiae). El amor conyugal y la donación personal que implica casarse irán determinando lo que es correcto y adecuado para la búsqueda del bien de los cónyuges y el bien de la familia. Casarse es un gran acto de amor, de libertad y de responsabilidad. Y contiene una profunda dimensión de justicia que repercute no sólo en el bien de los cónyuges, sino que también se extiende al bien de la familia y de la sociedad.

El matrimonio tiene una dimensión familiar (personal y biográfica) y es por esto que la relación entre los cónyuges, lejos de ser una relación “funcional” de roles, es una relación plenamente familiar que los hace llamarse “consortes”, convirtiéndolos en los “primeros parientes”.

La realización del bien de los cónyuges y del bien de la familia, como objeto del consentimiento matrimonial, más que el “frío” cumplimiento de unos derechos y de unos deberes matrimoniales, exige el ejercicio de las virtudes humanas, lo cual resulta más atractivo, positivo y consecuente con la lógica de la donación personal del matrimonio. Quien se entrega por amor no “cumple” obligaciones, sino que practica muchas virtudes humanas para lograr una buena convivencia matrimonial. “La virtud es el orden del amor” y es posible para los esposos concebir un proyecto conyugal y familiar perdurable y, además, ser leales a ese compromiso a pesar de las muchas dificultades que puedan presentarse en el camino.

En el matrimonio y en la familia se da la solidaridad más espontánea y más responsable y se encuentra el sentido de pertenencia y de identificación más profundo y originario, donde se aprende que el amor no es algo abstracto e impersonal, sino una continua experiencia “del don de sí para el otro”. Por eso casarse es fundar una familia, es originar unas relaciones familiares, una comunidad familiar.

El vínculo conyugal tiene como soporte una relación familiar que sólo puede comprenderse en el interior de un sistema de parentesco. Las relaciones familiares padres-hijos-hermanos tienen como fundamento un hecho biológico: la generación. Mientras que la conyugalidad constituye un caso especial porque no se constituye sobre este hecho biológico de la generación, sino en la elección del cónyuge que es consecuencia de la libertad de los esposos. Podría entonces pensarse que la conyugalidad no es una relación familiar porque en ella no interviene el elemento sangre, sino la libertad o consentimiento matrimonial. Por tanto, y de ser así, ser cónyuges consistiría en saber desarrollar unos roles: el propio “rol” de marido y mujer, “rol” que sería definido por el contexto socio-cultural.

Entonces tendría que concluirse que el concepto de familia y de relación familiar quedarían ligados exclusivamente a la dimensión biológica de la persona, cayendo en un prejuicio cultural muy difundido que hace pensar que donde no hay relación biológica, pero sí vínculo de libertad, no habría familia. Consecuentemente, la familia vendría a ser el efecto biológico del vínculo matrimonial, lo cual sería un error.

El vínculo matrimonial permanente refleja que la relación conyugal tiene un carácter personal y biográfico. Porque en el matrimonio los esposos se entregan y se asumen como personas en su dimensión biográfica y existencial, que no está sujeta a la temporalidad “del mientras tanto”. La conyugalidad es la relación familiar por excelencia y, sin ésta, no hay ninguna otra relación que sea plenamente familiar. Sobre la conyugalidad se fundamentan las otras relaciones familiares por consanguinidad: padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, primos, tíos; y también las relaciones familiares por afinidad: cuñados, suegros, consuegros, etc. También las relaciones familiares por adopción.

La familia no es un conjunto de personas que ponen en común sus existencias y sus bienes. La familia es una comunidad de personas que solamente puede constituirse sobre la comunión conyugal del hombre y la mujer. La conyugalidad recibe su plenitud con el advenimiento del hijo. Sin embargo, con independencia de la inexistencia involuntaria de los hijos, la comunión de los esposos es ya familiar puesto que “los cónyuges son los primeros parientes”.

Efectivamente hay matrimonios que por razones ajenas a su voluntad no logran tener hijos. Pero es un matrimonio, es una familia. Ya son familia. La familia no se puede reducir al hecho biológico de la procreación. ¿Qué es lo que relamente crea el lazo familiar? ¿Una estructura social, política o económica? No. Es la exigencia de la solidaridad radical y de la comunidad amorosa, dimanante de la condición y dignidad de las personas humanas, de quienes se vinculan definitivamente entre sí, por el “simple y grandioso hecho” de ser aceptados y amados sin más; esto es lo que crea el lazo radical e incondicional de amor y solidaridad debido en justicia entre familiares.

Pero los esposos que se casan de verdad, en una alianza de amor permanente, no hay que explicarles mucho que ellos son “los primeros parientes”, porque ya lo saben o lo intuyen.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Pensión compensatoria y nulidad matrimonial

viernes, 22 mayo 2015

En una reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 28 de abril de 2015 (Recurso 395/2014), se ha mantenido el pago de la pensión compensatoria, después de que el matrimonio se declaró nulo eclesiásticamente, confirmando así las Sentencias del Juzgado de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial de Málaga.

1. Los hechos narran que Don A y Dña. B se divorciaron por sentencia de 20 diciembre 2005 en la que se reconocía a la esposa una pensión compensatoria de 700 € mensuales que, posteriormente y de común acuerdo, se fijó en 600 € mensuales.

El 29 diciembre 2009 se dictó sentencia del Tribunal Eclesiástico del Obispado de Málaga, declarando la nulidad del matrimonio por falta de grave discreción de juicio en el esposo, sentencia que fue declarada firme y ejecutoria por el Tribunal Metropolitano de Granada, procedimiento en el que no se personó la esposa.

El 22 julio 2010 se dictó Auto reconociendo la eficacia civil de la resolución canónica que declaraba la nulidad del matrimonio. En la fundamentación jurídica de este Auto, que no fue recurrido y devino firme, se expresa que “en cuanto a la adopción de medidas, no se solicita ninguna por cuanto no existen hijos menores y las condiciones del divorcio fueron reguladas por sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número seis de Málaga con fecha del 20/12/2005 en los autos de divorcio número 1127/2005”.

Don A presentó demanda de modificación de medidas contra Dña. B, solicitando al Juzgado que se dictase sentencia declarando extinguida la pensión compensatoria que se fijó en el procedimiento de divorcio. Dña. B contestó a la demanda y solicitó, entre otras cosas, que se mantuviese la pensión compensatoria, como efecto civil de la sentencia de divorcio.

2. La sentencia del juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda del esposo, expresando, entre otros argumentos, los siguientes:
a) El contenido de la sentencia eclesiástica de nulidad, aún declarada acorde y ajustada al derecho del Estado, no puede modificar el contenido de una sentencia firme dictada por los Tribunales españoles (artículo 18 de la LOPJ).
b) No existe aquí un reconocimiento ex novo de la pensión compensatoria tras la declaración de nulidad, lo cual sería impensable, sino una pensión reconocida válidamente y conforme a derecho en un procedimiento matrimonial anterior, por lo que devino firme.

Contra esta sentencia, el esposo interpuso recurso de apelación y la Audiencia Provincial de Málaga dictó sentencia desestimando el recurso con la siguiente motivación:
a) Existe la nulidad del matrimonio y es posterior a la sentencia de divorcio en que se acordaron las medidas, incluso posterior a la sentencia en que se desestimó una primera modificación de medidas, que es de 2 diciembre 2008.
b) En su lugar, lo que recoge el Auto expresamente es que al no existir menores y haberse regulado las condiciones entre los cónyuges en la sentencia de divorcio, se daban éstos por buenos.
c) La pensión compensatoria es una materia puramente económica y plenamente disponible para las partes que, conocedoras de la sentencia de nulidad eclesiástica no instaron su modificación en el procedimiento de eficacia civil, por lo que excluyó su derecho a alegarlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, viniendo a ser cosa juzgada al haber ocurrido el hecho alegado como justificante de la modificación antes de haberse dictado dicho Auto y no alegarse ninguna otra circunstancia capaz de justificar la modificación por haber ocurrido con posterioridad al dictado de la resolución de 22 julio 2010.

3. El esposo, después de haber sido desestimada su pretensión en las dos instancias, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación que fueron desestimados por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 de abril de 2015.

En la demanda de modificación sostenía el actor que la nulidad eclesiástica del matrimonio declarada por el Tribunal Eclesiástico tiene completa efectividad en el ámbito jurídico interno, al haberse reconocido sus efectos civiles por el Auto de 22 julio 2010, y que el artículo 97 del Código Civil sólo y exclusivamente prevé pensión compensatoria para los supuestos de divorcio y separación, por lo que el matrimonio es presupuesto imprescindible y necesario para la procedencia de la misma.

A ello se opuso la parte demandada, manifestando que la existencia de una sentencia firme de nulidad canónica no puede estimarse como cambio sustancial de circunstancias para dejar sin efecto lo acordado en sentencia firme de divorcio, siendo por ello de aplicación lo establecido en el artículo 79 del Código Civil, por lo que debe mantenerse los efectos de la sentencia de divorcio.

4. En su reciente Sentencia de 28 de abril de 2015, el Tribunal Supremo argumenta lo siguiente para desestimar tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación:

“Es cierto que el artículo 778 de la LEC al regular la eficacia civil de resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos o de decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, prevé dos clases de procedimiento según se pida o no junto a la eficacia civil la adopción o modificación de medidas. También lo es que, en el caso enjuiciado, se aprecia que el actor fue el que instó ante los Tribunales del Estado el divorcio y se mostró conforme con la pensión compensatoria para, más adelante, acudir no a los tribunales estatales sino a los eclesiásticos postulando una nulidad fundada en una causa de la que era consciente desde el inicio de su unión matrimonial. Alcanzada ésta, insta ante la jurisdicción estatal la homologación de la sentencia eclesiástica de nulidad.

El Juzgado de Primera Instancia número seis de Málaga dictó Auto el 22 julio 2010 acordando reconocer eficacia civil a resolución dictada por el Tribunal del Obispado de Málaga el día 29 diciembre 2009 por la que se declaró la nulidad del matrimonio celebrado en Málaga el día 24 diciembre 1976.

Sin embargo dicha resolución fue más allá del simple reconocimiento mencionado al recoger expresamente que “en cuanto a la adopción de medidas no se solicita ninguna por cuanto no existen hijos menores y las condiciones del divorcio fueron reguladas por la sentencia dictada…”. De ello se desprende con total claridad que la resolución da por cierto que la no solicitud de medidas obedece a la existencia y vigencia de las que se acordaron en la sentencia de divorcio.

Tal resolución devino firme sin que la parte recurrente acudiese a ningún remedio procesal para dejar sin efecto tal consideración; de forma que se reservase para otro procedimiento la adopción o modificación de medidas que interesarse a causa de la reconocida eficacia civil de la sentencia eclesiástica. Lejos de optar por esa conducta procesal consintió el Auto comentado de 22 julio 2010, y transcurrido casi un año (3 junio 2011) es cuando insta la extinción de la pensión compensatoria por una circunstancia que, como afirma la sentencia recurrida, no es nueva respecto al escenario tenido en cuenta en el Auto de homologación.

Esta Sala no entra en la bondad del contenido de este Auto sino sólo en su firmeza, siendo por ello cosa juzgada, pero no porque el recurrente no hiciese uso de todos los alegatos fácticos y jurídicos que tenía a su disposición (artículo 400 LEC), sino por haber aceptado la vigencia y eficacia de las medidas que fueron acordadas en la sentencia de divorcio, de forma que cualquier modificación sólo vendrá justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior de las circunstancias existentes cuando devino firme el Auto de 22 julio 2010”. El esposo cometió el error de no reclamar la modificación de medidas y siguió pagando la pensión durante un año”.

Concluye la sentencia que la resolución que concedía dicha pensión había devenido firme sin que la parte recurrente acudiese a ningún remedio procesal para dejar sin efecto tal consideración. Por todo ello desestima los recursos interpuestos por la parte actora.

5. Considero que como presupuestos previos a un análisis sobre este caso, se hace necesario recordar que el Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico. Los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos, será necesaria la inscripción en el Registro Civil, que se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio.

Igualmente, cabe recordar que los contrayentes del matrimonio católico, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, estas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal Civil competente.

Es conveniente advertir que es común que quienes obtienen la nulidad matrimonial ante un Tribunal Eclesiástico, han obtenido previamente la sentencia de divorcio de ese matrimonio en la jurisdicción civil.

También es importante recordar que cuando la Iglesia declara la nulidad de un matrimonio católico, a través de sus Tribunales Eclesiásticos, quiere decir que la convivencia conyugal durante el matrimonio declarado nulo fue moral y lícita, que los hijos que se tuvieron son hijos matrimoniales para la Iglesia, que permanece la obligación de los padres de alimentar y educar a sus hijos y que se originan todas las obligaciones civiles derivadas del matrimonio, como son la sociedad conyugal, su régimen económico matrimonial, etc.

Existe una interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2001, que se apoya en otra Sentencia del mismo Tribunal, de 24 de septiembre de 1991, que separa el reconocimiento de los efectos civiles, de la ejecución de los mismos: “En realidad, corresponde al Juez de la ejecución determinar, según las peticiones de las partes y el ámbito objetivo de la misma ejecutoria, el alcance concreto de los efectos dimanantes del juicio de homologación, sin que se desvirtúen los derivados de sentencias firmes anteriores, dictadas por la jurisdicción civil sobre la crisis matrimonial en cuestión”.

6. Son puntos especialmente conflictivos sobre la eficacia civil de las sentencias de nulidad matrimonial eclesiástica, el planteamiento de dos cuestiones concretas: la primera cuestión es, si es posible homologar sentencias canónicas dictadas en rebeldía de uno de los cónyuges; la segunda cuestión es, si la homologación de la nulidad canónica modifica o extingue las medidas adoptadas en una previa sentencia de divorcio.

Y más cuando se tiene en cuenta que en el ordenamiento civil las diferencias entre el divorcio y la nulidad son esenciales en estos aspectos:
a) La pensión compensatoria corresponde en caso de divorcio (artículo 97 del Código Civil), pero no en caso de nulidad.
b) La indemnización a favor del cónyuge de buena fe corresponde en caso de nulidad (artículo 98 del Código Civil), pero no en caso de divorcio.
c) En caso de nulidad, si un cónyuge ha sido declarado de mala fe, el otro puede optar por la liquidación de la sociedad de gananciales o por las disposiciones relativas al régimen de participación, y el contrayente de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte (artículo 1395 del Código Civil).
d) Las donaciones por razón del matrimonio son revocables conforme al artículo 1343 del mismo código. En caso de divorcio, es difícil revocarlas porque el divorcio no es causal para ello; además, se exige para la revocación de la donación que el divorcio haya sido por causa imputable al donatario.
e) En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad sólo corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a la que se refiere el artículo 98 del Código Civil (art. 174.2 LSS).

Por tanto, las sentencias de nulidad matrimonial canónica no varían -por sí solas- las previas decisiones judiciales civiles del divorcio de ese mismo matrimonio, ya que los efectos civiles de la nulidad matrimonial católica son competencia de los tribunales civiles y no canónicos. Para modificar las medidas decididas judicialmente en el proceso de divorcio, deberá optarse por el proceso de modificación de medidas en el tiempo y modo oportuno.

En este caso, el esposo cometió el error de no reclamar simultáneamente la modificación de medidas junto con el reconocimiento de la eficacia civil de la resolución canónica que declaraba la nulidad del matrimonio, sino que siguió pagando la pensión compensatoria durante un año más. Máxime cuando se prevé dos clases de procedimiento según se pida o no, junto a la eficacia civil, la adopción o modificación de medidas.

Por ello, el Tribunal Supremo lo que analizó fue la firmeza de cosa juzgada de las medidas que fueron acordadas en la sentencia de divorcio, al haber aceptado el recurrente la vigencia y eficacia de la resolución que concedía dicha pensión compensatoria que devino firme.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Sobre el proceso de declaración de la muerte presunta del cónyuge

sábado, 8 noviembre 2014

El proceso de declaración sobre la muerte presunta del cónyuge está previsto en el canon 1707 del Código de Derecho Canónico: “1. Cuando la muerte de un cónyuge no pueda probarse por documento auténtico, eclesiástico o civil, el otro cónyuge no puede considerarse libre del vínculo matrimonial antes de que el Obispo diocesano haya emitido la declaración de muerte presunta. 2. El Obispo diocesano sólo puede emitir la declaración a que se refiere el § 1 cuando, realizadas las investigaciones oportunas, por las declaraciones de testigos, por fama o por indicios, alcance certeza moral sobre la muerte del cónyuge. No basta el solo hecho de la ausencia del cónyuge, aunque se prolongue por mucho tiempo. 3. En los casos dudosos y complicados, el Obispo ha de consultar a la Sede Apostólica”.

Por tanto, si no consta con certeza la muerte de un cónyuge, el otro cónyuge no puede considerarse libre del vínculo matrimonial mientras no se instruya un proceso que declare la muerte presunta. Pero si se cuenta con un documento auténtico, eclesiástico o civil, el párroco puede autorizar el matrimonio del cónyuge viudo. Si no existe tal documento, el párroco no puede autorizar el nuevo matrimonio, y el cónyuge que se presume viudo habrá de acudir al Obispo.

Como documento auténtico puede servir la certificación de la inscripción de defunción en el Registro Civil,  que será un documento  público de carácter  civil que dará fe de la muerte. Y como documento auténtico eclesiástico podrá servir la partida parroquial de defunción. No puede servir de documento auténtico la sentencia civil que declara la muerte presunta como un fallecimiento, ni tampoco la inscripción  de defunción que se fundamente en ella, puesto que en estos documentos no se afirma el hecho cierto de la defunción, aunque sí podrán valorarse como un indicio más en el proceso canónico de declaración de muerte presunta, los cuales, unidos a otras pruebas, pueden llevar al Obispo a alcanzar la certeza de la defunción.

1. No basta pues la ausencia del cónyuge, por muy prolongada que ésta sea, ni la desaparición. Lo importante es la exigencia de que el juez “alcance la certeza moral sobre la muerte del cónyuge”, mediante la admisión de los medios de prueba establecidos: testigos, indicios y fama.

Es el cónyuge presente quien debe solicitar la apertura de este procedimiento, porque aún teniendo la íntima certeza de la muerte de su cónyuge, no le es lícito casarse sin que conste legítimamente y con certeza la disolución del precedente vínculo, según lo establece el  canon 1085.2 del Código de Derecho Canónico.

Es competente el Obispo diocesano del lugar donde se contraerá el nuevo  matrimonio. El Obispo también puede encomendar la instrucción del proceso al Tribunal de su diócesis o a un sacerdote idóneo. Si después de las pruebas aportadas, el Obispo ve que se trata de una situación dudosa, tiene el deber de consultar a la Sede Apostólica, concretamente, a la Sagrada Congregación para los Sacramentos.

Al finalizar el proceso, el Obispo dicta un decreto resolutorio declarando la muerte o rechazando la declaración de muerte; contra este decreto cabe recurso ante la Sagrada Congregación para los Sacramentos. El decreto de declaración de muerte presunta del cónyuge no es que disuelva el matrimonio, sino que permite al cónyuge presente considerarse libre para contraer un nuevo matrimonio, sólo bajo el presupuesto de que el cónyuge ausente esté realmente fallecido. El  procedimiento  para  instruir  la  declaración  de  muerte  presunta  suele ser un proceso administrativo, pero el Obispo diocesano puede tramitarlo judicialmente, sin que sea necesaria la comparecencia del defensor del vínculo, pero sí la del notario y del promotor de justicia.

2. Aunque parezca un tema de novela, ¿qué pasaría si tras la declaración eclesiástica de la muerte presunta del cónyuge, se ha celebrado un segundo matrimonio válidamente y de buena fe, y el presunto cónyuge muerto aparece y está vivo? Son casos reales actuales y no del pasado, de “desaparecimientos” o “ausencias prolongadas” que se siguen dando tras sucesos como tsunamis, terremotos u otras causas. Y de ahí la diferencia entre una ausencia prolongada, un desaparecimiento y la declaración de una muerte presunta, que sólo será cierta si realmente hay fallecimiento.

En el derecho canónico, si resulta con certeza que el cónyuge ausente está vivo o si éste retorna, el segundo matrimonio no es válido por el principio de indisolubilidad del matrimonio (canon 1141), así haya sido contraído de buena fe y con una declaración eclesiástica de muerte presunta del anterior cónyuge. Sin embargo, la declaración de nulidad del segundo matrimonio por impedimento de ligamen, no se opone a que éste sea considerado putativo y produzca los efectos matrimoniales, conforme a lo establecido en el canon 1061.3 del Código de Derecho Canónico: “El matrimonio inválido se llama putativo, si fue celebrado de buena fe al menos por uno de los contrayentes, hasta que ambos adquieran la certeza de la nulidad”.

Es importante tener claro que no es la reaparición del cónyuge ausente o la prueba de que vive lo que hace inválido el nuevo matrimonio, sino que este nuevo matrimonio ya era nulo por haberse contraído sin que realmente estuviera disuelto el anterior vínculo. No obstante, debe declararse esta nulidad judicialmente para que cese la buena fe de los contrayentes del segundo matrimonio y los beneficios del matrimonio putativo.

La invalidez del segundo matrimonio puede ser reclamada por los cónyuges del vínculo nulo, o por el fiscal o promotor de justicia cuando la nulidad sea notoria. El cónyuge desaparecido que retorna no está habilitado legalmente para pedir la nulidad, pero el promotor de justicia podrá actuar puesto que la nulidad será suficientemente notoria, para tener el carácter de divulgada, al reaparecer el cónyuge declarado presuntivamente muerto.

3. Puede suceder también el caso de que se haya probado la muerte del desaparecido, pero que ésta haya ocurrido en una fecha posterior a la celebración del nuevo matrimonio. En este supuesto este matrimonio también sería nulo, pero podría ser convalidado por renovación del consentimiento matrimonial (canon 1156) o por sanación en la raíz (canon 1161), si los cónyuges quieren permanecer en su vida conyugal. Es cierto que se configura el impedimento de ligamen que es un impedimento de derecho natural y, por tanto, no es dispensable, pero sí procede la sanación porque el impedimento ha cesado al quedar probada la muerte del primer cónyuge. Es la confirmación del canon 1041, cuando dice que el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y del canon 1163.2, cuando dice que el matrimonio nulo por un impedimento de derecho natural o divino positivo, sólo puede sanarse una vez que haya cesado el impedimento. En este caso el impedimento ha cesado por la muerte del ausente.

4. A diferencia del ordenamiento canónico, el ordenamiento civil establece que el matrimonio civil se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y el divorcio. El Código Civil español así lo afirma en su artículo 85, cuando se refiere a la disolución del matrimonio civil, atribuyendo a la declaración de fallecimiento más que una presunción de muerte, puesto que conlleva la disolución del matrimonio anterior.

Tenemos, entonces, que en el derecho civil español, la declaración de fallecimiento se equipara a la muerte, por lo que en relación con el vínculo matrimonial preexistente, esta declaración no es una mera presunción sino una ficción legal por la cual el cónyuge se considera muerto, aunque luego reaparezca. Es por esto que en el matrimonio civil, a diferencia del matrimonio católico, el cónyuge presente puede contraer un nuevo matrimonio con la simple declaración del fallecimiento, y sin que la reaparición del presunto difunto tenga ningún efecto de nulidad sobre este nuevo matrimonio.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

El Papa Francisco pide que los procesos de nulidad matrimonial sean más rápidos y económicos

viernes, 7 noviembre 2014

El Papa Francisco ha advertido que los procesos de nulidad matrimonial no deben tomar años y que es necesario estar muy atentos para que los procesos de nulidad matrimonial no entren en el “marco de los negocios”. Lo ha dicho este miércoles 5 de noviembre durante el breve encuentro que tuvo con los participantes del curso sobre el matrimonio organizado por la Rota Romana, ante quienes reiteró que los fieles necesitan procesos breves y sentencias justas.

El Santo Padre recordó que en el Sínodo extraordinario sobre la familia, realizado en octubre, se expresó la preocupación “por simplificar el proceso, por un motivo de justicia. Justicia, para que sean justas, y justicia para la gente que espera”.

Es un llamado para que la Rota Romana acelere los procesos de nulidad matrimonial:  el Papa Francisco señala que no puede ser posible que las personas esperen años por una sentencia, para saber si su matrimonio es válido o no.

“Justicia, cuánta gente espera por años una sentencia. Y por esto ya antes del Sínodo he constituido una Comisión que ayudase a preparar diversas posibilidades en esta línea: una línea de justicia, y también de caridad, porque hay tanta gente que necesita una palabra de la Iglesia sobre su situación matrimonial, para el sí o para el no, pero que sea justa”, expresó a los participantes del curso sobre el matrimonio organizado por la Rota Romana.

El Papa señaló que algunos procedimientos son largos y pesados “que no favorecen y la gente se va”. Recordó que al Tribunal interdiocesano de Buenos Aires (Argentina), llegaban personas luego de haber recorrido hasta 240 kilómetros. “No se puede, es imposible imaginarse que personas simples, comunes, vayan al Tribunal, tengan que hacer un viaje, tienen que perder días de trabajo”, expresó.

Estas personas, indicó, “dicen: Dios me comprende y sigo adelante así, con este peso en el alma. Y la Madre Iglesia debe hacer justicia y decir: Sí, es cierto, tu matrimonio es nulo; no, tu matrimonio es válido. Pero es la justicia la que lo tiene que decir. Así ellos podrán ir adelante sin esta duda, sin esta oscuridad en el alma”.

En ese sentido, el Papa Francisco agradeció este tipo de cursos. “Es la Madre Iglesia que va a buscar a sus hijos para hacer justicia. Y es necesario estar muy atentos a que los procesos de nulidad matrimonial no entren en el marco de los negocios: y no hablo de cosas extrañas. Ha habido también escándalos públicos”.

“Una vez tuve que despedir del tribunal a una persona, hace tiempo, que decía: “10 mil dólares y te hago los dos procesos: el civil y el eclesiástico”. ¡Por favor, esto no! Siempre en el Sínodo algunas propuestas han hablado de gratuidad, eso se debe ver… Pero cuando son atacados los intereses espirituales por lo económico, ¡esto no es de Dios! La Madre Iglesia tiene tanta generosidad para poder hacer justicia gratuitamente, como gratuitamente hemos sido justificados por Jesucristo. Este punto es importante: separen las dos cosas”, expresó.

“Gracias por haber venido a este curso: se debe estudiar y se debe ir adelante y buscar siempre la salus animarum, que no necesariamente se debe encontrar fuera de la justicia, sino también con justicia. Muchas gracias y les ruego que recen por mí. Gracias”, concluyó.

Hay que recordar que el 27 de agosto el Papa Francisco creó una Comisión con el fin de hacer más simples y rápidos los procesos de nulidad matrimonial, un tema que fue abordado en el Sínodo de la Familia.

El Cardenal Francesco Coccopalmerio, miembro de este grupo, explicó el pasado 10 de octubre que la misión de la Comisión es “preparar una propuesta de reforma del proceso matrimonial, buscando simplificar sus procedimientos, haciéndolo más sencillo y salvaguardando el principio de indisolubilidad del matrimonio”.

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