Bien sabemos que el matrimonio católico es indisoluble.  El canon 1141 del Código de Derecho Canónico, expresamente dice que “el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte”. El  nº 1640 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo mismo: “Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina”.

También sabemos que en la Iglesia Católica no existe el divorcio, tal y como es entendido en la legislación civil de los países Occidentales, aunque sí existen algunos supuestos de disolución matrimonial canónica. Son varios los fieles católicos casados por la Iglesia, que se han divorciado por lo civil y se han vuelto a casar por lo civil. Es evidente que el divorcio ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente desde que la jurisdicción civil puede legalmente “cesar los efectos civiles del matrimonio canónico”, es decir, puede decretar el divorcio de un matrimonio católico, pero éste permanece vigente para la Iglesia, mientras no se declare la nulidad eclesiástica del matrimonio, si es que existen causales de nulidad para declararla.

Esta situación de “católicos divorciados y vueltos a casar” es bastante numerosa y es un problema que preocupa inmensamente a la jerarquía eclesiástica, la cual siempre ha demostrado su desvelo por estos fieles, a través de su ingente pastoral dirigida a ellos.

El problema radica en que los fieles casados por la Iglesia, que se han divorciado por lo civil y han vuelto a casarse por lo civil, aún permaneciendo su vínculo matrimonial canónico, NO pueden comulgar, es decir, no pueden recibir la Eucaristía. Esta prohibición afecta profundamente a los fieles que se encuentran en esta difícil situación, especialmente cuando se trata de católicos que se declaran practicantes y creyentes. También es cierto que hay muchos católicos bautizados que están dentro de este mismo supuesto, pero a quienes no les importa para nada no poder comulgar, ya que se declaran no practicantes ni creyentes ni tampoco se consideran vinculados a la Iglesia católica, a pesar de estar bautizados en ella.

Cabe recordar también que hay católicos que estando ambos solteros, se han casado sólo por el matrimonio civil y luego se han divorciado; éstos sí pueden comulgar, aunque se hayan vuelto a casar por lo católico con otra persona soltera que tampoco tiene un vínculo matrimonial canónico ni civil vigente.

Otro caso es el de los fieles casados por lo católico y que se han divorciado por lo civil, pero que no se han vuelto a casar por lo civil ni viven en unión libre, éstos también pueden comulgar. Quiere decir que el divorcio civil no es un obstáculo para recibir la comunión, porque sólo cesa los efectos civiles del matrimonio y regula los aspectos económicos del matrimonio y del régimen económico matrimonial, además de las obligaciones paterno-filiales (como la guarda y custodia de los hijos, la pensión de alimentos, etc.).

Entonces, tenemos que se origina la prohibición de comulgar cuando existen dos vínculos matrimoniales vigentes (bigamia); o sea, cuando el fiel está casado por lo civil, manteniendo todavía un matrimonio canónico vigente. También cuando estando casado por lo católico y divorciado, vive en unión libre o en unión de hecho permanente, ya que estas dos situaciones son consideradas en la Iglesia como adulterio.

Intentaré, de manera breve, decir cuáles son las enseñanzas de la Iglesia para no permitir recibir la Eucaristía a estos fieles bautizados que se han casado por lo católico, se han divorciado y vuelto a casar por lo civil. También haré mención a algunos argumentos diferentes a la doctrina de la Iglesia, que consideran que sí se les debería permitir la comunión a estas personas.

1. La Doctrina de la Iglesia Católica:

La Santa Sede afirma la continua teología y disciplina de la Iglesia Católica, sobre los fieles que se han divorciado y vuelto a casar sin un Decreto de Nulidad para el primer matrimonio (sin importar si fue realizado dentro o fuera de la Iglesia), quienes no pueden recibir los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, hasta que se resuelva la irregularidad matrimonial por el Tribunal Eclesiástico de los Procesos Matrimoniales.

Sin embargo, afirma la Sede Apostólica, “estos hombres y estas mujeres deben saber que la Iglesia los ama, no está alejada de ellos y sufre por su situación. Los divorciados vueltos a casar son y siguen siendo miembros suyos, porque han recibido el bautismo y conservan la fe cristiana”.

Pero la Iglesia Católica, al mismo tiempo, no puede quedar indiferente frente el aumento de esas situaciones, ni debe rendirse ante una costumbre, fruto de una mentalidad que devalúa el matrimonio como compromiso único e indisoluble, así como no puede aprobar todo lo que atenta contra la naturaleza propia del matrimonio mismo.

Se debe promover también la asistencia pastoral de los que se dirigen o podrían dirigirse al juicio de los Tribunales Eclesiásticos. Conviene ayudarles a tomar en cuenta la posible nulidad de su matrimonio.

La Iglesia dice que no puede aceptarse la creencia errónea que tiene una persona divorciada y vuelta a casar, de poder recibir la Eucaristía normalmente, ya que esto supondría que la conciencia personal es tomada en cuenta en el análisis final de que, basado en sus propias convicciones, existió o no existió un matrimonio anterior y el valor de una nueva unión. Y recuerda que el matrimonio es básicamente una realidad pública.

El Papa Juan Pablo II, recientemente canonizado, tenía una gran preocupación por estos fieles católicos; y así lo escribió en el documento de la Reconciliación y de la Eucaristía, donde expresa que la Iglesia desea que estas parejas participen de la vida de la Iglesia hasta donde les sea posible (y esta participación en la Misa, adoración Eucarística, devociones y otros serán de gran ayuda espiritual para ellos) mientras trabajan para lograr la completa participación sacramental.

La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, reafirma que sólo podrían acercarse a comulgar si, evitado el escándalo y recibida la absolución sacramental, se comprometen a vivir en plena continencia.

El Consejo Pontificio para la Familia invita a que se respete la verdad del matrimonio, redescubriendo el valor y el significado del mismo y de la vida conyugal, especialmente en lo que respecta a la fidelidad conyugal. Y propone la preparación previa de los futuros contrayentes para lograr una celebración fructuosa del matrimonio.

El Papa Benedicto XVI, en un encuentro informal que se celebró el día 25 de julio del año 2005, en la iglesia de Introd de la Diócesis de Aosta, localidad en la que pasó ese año sus vacaciones de verano, pronunció sin papeles unas palabras en italiano, que fueron transcritas por la edición diaria de «L’Osservatore Romano» y traducidas por Zenit, en su página web del 29 de julio de 2005, que manifiestan su honda preocupación por este problema particularmente doloroso para las personas que viven en situaciones en las que son excluidas de la comunión eucarística y, naturalmente, para los sacerdotes que quieren ayudar a estas personas a amar a la Iglesia y a querer a Cristo. El Sumo Pontífice dice que la Iglesia debe acoger con amor a los divorciados vueltos a casar y ayudarles a vivir el sufrimiento provocado por no acceder a la comunión, para manifestar también visiblemente el carácter indisoluble del matrimonio.

Benedicto XVI explicó que “ninguno de nosotros tiene una receta, en parte porque las situaciones son siempre diferentes. Diría que es particularmente dolorosa la situación de los que se casaron por la Iglesia, pero no eran realmente creyentes y lo hicieron por tradición, y luego, encontrándose en una nueva boda no válida se convierten, encuentran la fe y se sienten excluidos por el sacramento. Éste realmente es un sufrimiento grande y cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe invité a muchas Conferencias episcopales y especialistas a estudiar este problema: un sacramento celebrado sin fe. No me atrevo a decir si realmente se pueda encontrar aquí un motivo de invalidez porque en el sacramento faltó una dimensión fundamental. Personalmente yo lo pensé, pero con las discusiones que hemos tenido he comprendido que el problema es muy difícil y que tiene que todavía hay que profundizar en él. Es importante que el párroco y la comunidad parroquial hagan experimentar a estas personas que, por una parte, tenemos que respetar el carácter indivisible del sacramento y, por otra parte, que queremos a estas personas que también sufren por nosotros. Y éste es un sufrimiento noble, diría yo”.

2. Otras consideraciones diferentes a la Doctrina de la Iglesia:

Hay quienes consideran que la Iglesia no debería sancionar con la pena canónica más severa, esto es, excluir de la comunión eucarística a aquellos fieles que están casados por lo civil, y menos aún cuando hay diferencia entre aquellos que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente, o los que han contraído una segunda boda para asegurar la educación de los hijos, estando  seguros en conciencia de que el precedente matrimonio, irreparablemente destruido, no había sido nunca válido.

Y aunque muchos reconocen que si se admitiera a estas personas divorciadas y vueltas a casar a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio, reconocen también que  resulta imposible la carga que se les impone consistente en que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios como, por ejemplo, la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, “tienen que asumir el compromiso de vivir en plena continencia, o sea de abstenerse de los actos conyugales propios de los esposos”.

Afirman que la Iglesia está firmemente convencida de que también quienes viven en tal situación pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación si perseveran en la oración, en la penitencia y en la caridad, y los sigue considerando “fieles” divorciados vueltos a casar, invitándoles a tomar parte en la vida eclesial. Entonces, se preguntan ¿por qué mantener apartados de la Eucaristía a los que desean ser parte activa y desean con fervor comulgar?

También se cuestionan que si el sacramento de la confesión TODO lo perdona, ¿por qué el segundo matrimonio civil de los fieles divorciados es el ÚNICO caso en el que la reconciliación sacramental no es posible? ¿Por qué se interpreta como única prueba de arrepentimiento y de conversión el abandono del segundo vínculo?

Se sabe que la ausencia de arrepentimiento entraña la imposibilidad de la absolución, y si “para todo pecado hay misericordia divina”, ¿por qué obligarles a que su segunda unión no sea indisoluble, si lo que pretenden los cónyuges casados es que su nuevo vínculo sea duradero y estable?

Esto causa un sufrimiento enorme en aquellos a quienes precisamente su segunda unión les ha implicado un renacer en su fe por el amor, porque precisamente su primera unión era dramática.

¿Por qué a los divorciados vueltos a casar que buscan sinceramente ser miembros activos de la Iglesia, se les aparta de la vida sacramental por encontrar nuevamente la posibilidad de vivir un vínculo matrimonial duradero, fiel y abierto a la vida? ¿Acaso  un verdadero matrimonio entre bautizados no es ya de por sí sacramental? ¿No podría pensarse que este segundo matrimonio sí que es el verdadero?

Si un fiel joven se casó por primera vez por lo católico sin la fe de un compromiso verdaderamente sacramental y ahora con su segundo matrimonio se casa “como Dios manda”, ¿es Dios Misericordioso el que lo aparta de la absolución y de la Eucaristía, a menos que “no vivan como esposos”, cuando realmente se aman como tales? Estas personas consideran que todo esto no es realmente imposición de Dios sino que creen que es sólo imposición de la disciplina de la Iglesia.

¿Es acaso un pecado grave “imperdonable” amar casándose por segunda vez y conforme a la verdadera esencia del matrimonio? Porque muchas veces y realmente se está ante casos de un segundo matrimonio contraído esta vez sí verdaderamente, por lo que no debería ser considerado como adulterio. ¿Por que la Iglesia necesaria e irremisiblemente debe considerar la segunda unión matrimonial como “escándalo público” y “adulterio”?

¿Si los divorciados vueltos a casar no están excomulgados, por qué se les niegan los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, cuando precisamente es la misma Iglesia la que  reconoce a  estos sacramentos como la fuente de alimento y gracia para aquellos que, se supone, más lo necesitan? Por una parte, con insistencia pastoral se les invita a participar en la Iglesia y, por  otra, se les excluye del centro y esencia de la fe que es la Eucaristía y la Reconciliación.

Es cierto que la Iglesia insiste en que en el primer matrimonio que se contrajo por el rito católico podría haber una nulidad matrimonial y, por lo tanto,  podría acudirse a los Tribunales Eclesiásticos solicitando un proceso de nulidad matrimonial. Esta nulidad podría ser declarada si existen causales para ello y, por lo mismo, ese primer vínculo matrimonial canónico dejaría de existir y se podría contraer  un nuevo matrimonio canónico.

¿Pero qué sucede si no se declara nulo el matrimonio? ¿Es que la Iglesia no admite el fracaso matrimonial de sus fieles que, precisamente, no son perfectos por ser humanos? ¿Es que admitir sinceramente el fracaso no es el primer paso para arrepentirse y comenzar de nuevo, sin cometer los errores de la primera vez?

3. Como conclusión de esta difícil situación de los fieles divorciados vueltos a casar, que desean ardientemente seguir siendo parte activa en la Iglesia Católica, participando plenamente de los Sacramentos, podría decirse que por referirse a casos reales y vidas concretas, es imposible no asumir su sufrimiento, sufrimiento que por la comunión eclesial es el sufrimiento de todos los miembros de la Iglesia.

Suele haber personas que sin tener conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre este punto, la critican sin conocimiento de causa. En cambio, hay otras que conociendo bien el Magisterio de la Iglesia sobre los fieles en esta situación, por tratarse de sacerdotes y laicos comprometidos, toman una posición que podría o no diferir de las Enseñanzas de la Iglesia sobre la recepción de los sacramentos de la penitencia y de la comunión en este caso.

Las preguntas que fueron expuestas anteriormente en el apartado 2 como otras posiciones “diferentes” a la doctrina perenne de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio, son profundas y honestas, porque están hechas por personas conocedoras y pastoralmente preocupadas por estos fieles y, por lo tanto, merecen la debida consideración y análisis.

Es verdad que en la Iglesia hay católicos que sin tener impedimentos para recibir la Eucaristía, no acuden a Misa, ni a confesarse ni a comulgar porque se declaran indiferentes y no practicantes. Otros católicos comulgan con frecuencia porque pueden hacerlo y valoran profundamente el querer y poder hacerlo. Pero también es verdad que cuando un católico se ve impedido de recibir la comunión sacramental, la valora como nunca antes lo había hecho.

Muchas veces, los católicos divorciados y vueltos a casar que antes eran indiferentes respecto de su fe cristiana, entran en un proceso de acercamiento a la Iglesia, pero sin poder llegar al culmen de su fe que es la recepción de la Sagrada Eucaristía.

Y aunque muchos pudieran considerar que se trata de una discriminación en la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar, insistiendo que la actitud de Cristo es amorosa más que juzgadora y condenatoria, especialmente cuando se presenta en su imagen del Buen Pastor, realmente no es discriminatorio porque la Iglesia defiende una Verdad del Principio que compromete la importancia del vínculo matrimonial y del matrimonio como sacramento.

Para los fieles divorciados y vueltos a casar queda plenamente abierta la posibilidad de la comunión espiritual que les permite sentir la presencia divina en una forma especial. Poder aceptar desde el corazón la comunión espiritual es una gracia que es concedida cuando es pedida.

La Santa Sede defiende una posición que considera irrenunciable, puesto que sostiene una Verdad sobre el matrimonio y la familia que no pertenece a la Iglesia sino que Ella es la depositaria de esa Verdad  y, por lo tanto, debe custodiarla en su integridad. Aunque resulte duro, no puede cambiar el contenido de su Mensaje ni de sus Enseñanzas de acuerdo al parecer de una mayoría de sus fieles, puesto que la Iglesia no es democrática en este sentido para someter sus enseñanzas a “referéndum”.

Esto no quiere decir que la Iglesia sea arbitraria o impositiva, ni que se quede anquilosada y no se “actualice” a los tiempos, pues es la misma Iglesia la que defiende que su Doctrina perenne sobre el matrimonio (la cual es la enseñanza de Cristo) es siempre actual. Para la Iglesia sería “más fácil acomodarse” a una mayoría para “ganar adeptos”, pero estaría contradiciendo su misión encomendada.

Las puertas para la correcta solución al problema no están cerradas, puesto que en muchos casos de estos fieles divorciados y vueltos a casar puede existir una posible nulidad matrimonial, ya que en sus primeros matrimonios podrían presentarse causales evidentes de nulidad para ser declaradas por los Tribunales Eclesiásticos. Lo que sucede es que muchos de estos fieles no acuden a buscar un posible proceso de nulidad o un posible proceso de disolución, porque los desconocen o sienten temor y desconfianza. Si tan injusto es declarar un matrimonio nulo cuando no lo es, más injusto todavía es mantener como aparentemente válido un matrimonio que es nulo en su origen, porque los fieles implicados no han acudido a un proceso canónico de nulidad matrimonial, pudiendo y debiendo hacerlo.

Como punto final diría que hay que seguir confiando, puesto que la Santa Sede sigue trabajando intensamente en la solución a este problema a través de la pastoral específica, analizando todas las inquietudes y preguntas ya expuestas y otras tantas y tan importantes como las que ya manifestó el Papa Benedicto XVI en el encuentro informal que se celebró el día 25 de julio del año 2005, en la iglesia de Introd de la Diócesis de Aosta, que ya fueron expuestas al final del punto 1 de este artículo.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

La libertad religiosa es uno de los derechos y libertades fundamentales del hombre y es la fuente de convivencia de una sana sociedad democrática y pluralista, que entiende la religión como un factor importante e influyente en la vida social. La libertad religiosa tiene un papel central en la defensa y protección de la dignidad inviolable de cada ser humano.

Ningún Estado puede plantearse la religión como un problema para la sociedad, ni como un factor de perturbación o de conflicto, porque la religión también posibilita la construcción estable del bien común.

1. La Constitución española de 1978 protege y garantiza el derecho y la libertad religiosa en varios de sus artículos. Cito como ejemplo, entre otros:

Artículo 10:
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

En este punto debe recordarse que el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece expresamente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado”.

Artículo 14:
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 16:
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin mas limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden publico protegido por la Ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

El límite de la libertad religiosa lo constituye el orden público  establecido en el ordenamiento jurídico de los Estados democráticos y de derecho.

2. La libertad religiosa se manifiesta no sólo individualmente, sino también comunitaria o colectivamente. Ejemplos del ejercicio individual de la libertad religiosa son el derecho a profesar cualquier creencia religiosa o a no profesar ninguna, a cambiar de religión, a no ser obligado a declarar sobre sus ideas o a no ser obligado a practicar actos de culto, a recibir enseñanza religiosa según las propias convicciones o las de los padres o tutores, derecho a recibir sepultura digna, etc. Ejemplos del ejercicio colectivo de la libertad religiosa, son el  derecho a celebrar los propios ritos mediante los propios actos de culto, el derecho a impartir enseñanza religiosa, a reunirse, manifestarse o  asociarse, etc.

La libertad religiosa no es compatible con la subversión o alteración del orden público que provoca daños a la sociedad, como el fanatismo, el fundamentalismo, las prácticas contrarias a la dignidad humana; esto nunca  puede justificarse, mucho menos en nombre de la religión, puesto que la religión no se impone por la fuerza.

Así como debe condenarse toda forma de fanatismo y fundamentalismo religioso, debe condenarse también toda forma de “laicismo” u hostilidad contra la religión, que limita el ejercicio público de los creyentes en la vida civil y política. Tanto el fundamentalismo religioso como el laicismo, constituyen un rechazo al legítimo pluralismo y al principio de laicidad estatal. Ningún Estado puede imponer ni negar la religión, porque la libertad religiosa no es una creación estatal que puede ser manipulada, sino que debe ser reconocida y respetada. De lo contrario, caeríamos en totalitarismos políticos e ideológicos, que menoscaban y coartan la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión.

La libertad religiosa es garantía auténtica de paz y de justicia. Por esto, un Estado debe ser aconfesional, es decir, no debe tener confesión religiosa porque debe ser neutral ante el hecho religioso, pero no indiferente ni mucho menos restrictivo con la religión, ni puede discriminar a los ciudadanos creyentes.

La inscripción de Iglesias, confesiones o entidades religiosas no habilita al Estado para ejercer un control sobre las distintas modalidades de expresión de las actividades religiosas (Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero).

Es innegable el hecho histórico y cultural de que tanto España, como el resto de Europa, son países de hondas raíces cristianas, lo cual no puede desconocerse ni ignorarse ni arrancarse mediante decretos o leyes. Hace pocos días leía un interesante artículo de un periodista, quien dice no considerarse religioso, que decía que “los católicos españoles y europeos dejarán de ser católicos el día en que lo decidan ellos, no sus Gobiernos”.

El respeto del derecho a la vida y a la libertad religiosa es una condición para la legitimidad de toda norma social y jurídica, ya que ninguna ley puede imponer a los ciudadanos creyentes que “tengan que suprimir su fe para ser ciudadanos activos”.

3. Una vertiente de la libertad religiosa es la libertad de conciencia, que posibilita la objeción de conciencia, entendida como aquella facultad de oponerse al cumplimiento de deberes establecidos de forma general por el ordenamiento jurídico.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la objeción de médicos y personal sanitario en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (STC 53/1985, de 11 de abril) y prácticas vinculadas a reproducción asistida (STC 116/1999, de 17 de junio).

En este campo de la sanidad pública suelen presentarse situaciones personales conflictivas entre la propia creencia religiosa, la objeción  de conciencia y un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Algunas personas que trabajan en la sanidad pública, desde su propia fe religiosa o desde su propia libertad ideológica, tienen la firme convicción de que la vida humana debe ser protegida desde el mismo instante de la concepción, hasta el momento de la muerte (no provocada).

El conflicto se presenta cuando ese personal médico y sanitario que, por ejemplo, profesa la fe católica, tiene que actuar profesionalmente dentro de sistemas legales sanitarios que permiten el aborto y la eutanasia. Lo justo es que puedan objetar su conciencia para no tener que practicar abortos o eutanasias en las clínicas u hospitales públicos en los que trabajan. Un Estado “pluralista y democrático” como es España, no podría negar, ni directa ni indirectamente, al personal médico y sanitario “creyente” el derecho a la objeción de conciencia, ni obligarlos por “imperativo legal” a practicar abortos o eutanasias, cuando estas personas están convencidas, no sólo por argumentos de fe, sino también por argumentos científicos y de razón, que el aborto y la eutanasia son contrarios a la defensa de la vida humana. 

 Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho 

 

 

El matrimonio “in extremis” o “in articulo mortis”, también llamado matrimonio por causa de muerte, hace referencia al matrimonio en el que uno de los contrayentes  está a punto de morir, por lo cual las legislaciones permiten acelerar los trámites necesarios. Esta circunstancia de que uno de los contrayentes esté en peligro de muerte o próximo a ella, autoriza omitir inicialmente determinadas formalidades exigidas normalmente.

La norma general es que el matrimonio sólo puede celebrarse después de haberse cumplido con todos los trámites y requisitos que establece la ley; sin embargo, existe un caso en el cual puede realizarse sin cumplir las formalidades y esto sucede cuando alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte.

El Código de Derecho Canónico establece expresamente:

Canon 1115: Se han de celebrar los matrimonios en la parroquia donde uno de los contrayentes tiene su domicilio o cuasi-domicilio o ha residido durante un mes, o, si se trata de vagos, en la parroquia donde se encuentran en ese momento; con licencia del Ordinario propio o del párroco propio se pueden celebrar en otro lugar.

Canon 1116 § 1: Si no hay alguien que sea competente conforme al derecho para asistir al matrimonio, o no se puede acudir a él sin grave dificultad, quienes pretenden contraer verdadero matrimonio pueden hacerlo válida y lícitamente estando presentes sólo los testigos:
1. En peligro de muerte;
2. Fuera de peligro de muerte, con tal de que se prevea prudentemente que esa situación va a prolongarse durante un mes.
§ 2. En ambos casos, si hay otro sacerdote o diácono que pueda estar presente, ha de ser llamado y debe presenciar el matrimonio juntamente con los testigos, sin perjuicio de la validez del matrimonio sólo ante testigos.

Canon 1117: La forma arriba establecida se ha de observar si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia católica o recibido en ella y no se ha apartado de ella por acto formal, sin perjuicio de lo establecido en el canon 1127 § 2.

Canon 1121 § 1: Después de celebrarse el matrimonio, el párroco del lugar donde se celebró o quien hace sus veces, aunque ninguno de ellos hubiera asistido al matrimonio, debe anotar cuanto antes en el registro matrimonial los nombres de los cónyuges, del asistente y de los testigos, y el lugar y día de la celebración, según el modo prescrito por la Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano.
§ 2. Cuando se contrae el matrimonio según lo previsto en el canon 1116, el sacerdote o el diácono, si estuvo presente en la celebración, o en caso contrario los testigos, están obligados solidariamente con los contrayentes a comunicar cuanto antes al párroco o al Ordinario del lugar que se ha celebrado el matrimonio.
§ 3. Por lo que se refiere al matrimonio contraído con dispensa de la forma canónica, el Ordinario del lugar que concedió la dispensa debe cuidar de que se anote la dispensa y la celebración en el registro de matrimonios, tanto de la curia como de la parroquia propia de la parte católica, cuyo párroco realizó las investigaciones acerca del estado de libertad; el cónyuge católico está obligado a notificar cuanto antes al mismo Ordinario y al párroco que se ha celebrado el matrimonio, haciendo constar también el lugar donde se ha contraído, y la forma pública que se ha observado.

Canon 1122 § 1: El matrimonio ha de anotarse también en los registros de bautismos en los que está inscrito el bautismo de los cónyuges.
§ 2. Si un cónyuge no ha contraído matrimonio en la parroquia en la que fue bautizado, el párroco del lugar en el que se celebró debe enviar cuanto antes notificación del matrimonio contraído al párroco del lugar donde se administró el bautismo.

En el Código Civil español también se hace referencia a esta situación especial del matrimonio “in articulo mortis“:

Artículo 52: Podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte:

– El Juez encargado del Registro Civil, el delegado o el Alcalde, aunque los contrayentes no residan en la circunscripción respectiva.
– En defecto del Juez, y respecto de los militares en campaña, el Oficial o Jefe superior inmediato.
– Respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave, el Capitán o Comandante de la misma.
Este matrimonio no requerirá para su autorización la previa formación de expediente, pero sí la presencia, en su celebración, de dos testigos mayores de edad, salvo imposibilidad acreditada.

Artículo 53: La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo del Juez, Alcalde o funcionario que lo autorice, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquéllos ejercieran sus funciones públicamente.

Vemos que en ambas legislaciones, tanto civil como canónica, ésta es una forma extraordinaria de celebrar el matrimonio, debiendo acreditarse convenientemente que uno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte. En la escritura o acta respectiva se hará constar la circunstancia de haberse celebrado el matrimonio en inminente peligro de muerte.

Los que contrajeren matrimonio, ya sea canónicamente o civilmente in articulo mortis, podrán dar aviso al encargado del Registro en cualquier instante anterior a la celebración y acreditar de cualquier manera que cumplieron este deber. De todas maneras, para poder inscribir el matrimonio posteriormente, deben darse todos los requisitos de validez del matrimonio, no debe existir ningún impedimento matrimonial y, además, ha de  expresarse claramente el consentimiento de los contrayentes.

En este sentido, existe una interesante RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra el auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Barcelona, en el expediente sobre inscripción de matrimonio en peligro de muerte, sobre la denegación de la inscripción posterior del matrimonio in extremis en el Registro Civil, por existir el impedimento de vínculo matrimonial anterior (bigamia) en el momento de su celebración:

“En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Barcelona.

Hechos:

1. En fecha 29 de agosto de 2001 Doña …., nacida el ….. de ….. de ….. en ….., compareció en el Registro Civil de Barcelona, solicitando que se celebrara su matrimonio «in artículo mortis» en el Hospital Valle Hebron, con Don …., nacido el ….. de ….. de ….. Se acompañaba certificado médico y DNI de los interesados.
2. El Juez Encargado acordó en la misma fecha la incoación del expediente sobre autorización de matrimonio civil, in articulo mortis, requiriendo a la promotora para que aportase certificados literales de nacimiento y de empadronamiento de ambos, así como certificado literal de matrimonio con anotación de divorcio de la interesada y presentara un testigo. Los interesados hicieron declaración jurada de estado civil, ella de divorciada y él de soltero, celebrándose el matrimonio en dicha fecha.
3. El 22 de julio de 2003, compareció un sobrino del contrayente, que manifestó su convicción de que los contrayentes no se encontraban incursos en impedimento ni prohibición alguna, aportando certificados de empadronamiento e inscripciones de nacimiento de los contrayentes. Se requirió a la promotora para que aportase certificado de matrimonio anterior con divorcio, presentándose éste en el que consta que, por sentencia de 8 de octubre de 2002, se ha declarado la disolución del matrimonio por divorcio.
4. El Ministerio Fiscal informó que en la fecha de celebración del matrimonio, 29 de agosto de 2001, el estado civil de la promotora era de separada, existiendo el impedimento del vinculo matrimonial persistente del artículo 46,2º del Código Civil. El Juez Encargado dictó auto en fecha 23 de marzo de 2004, denegando la autorización para la inscripción registral del matrimonio celebrado «in artículo mortis», por la concurrencia en la promotora en la fecha de celebración del mismo, 29 de agosto de 2001, del impedimento del vínculo matrimonial del artículo 46,2º del Código Civil, ya que constaba documentalmente acreditado que la promotora se casó en fecha 4 de mayo de 1979 con Don ……., con el cual tuvo vínculo matrimonial hasta su sentencia de divorcio de fecha 8 de octubre de 2002.
5. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la anulación del auto y que se inscribiera el matrimonio, alegando que llamaba la atención que se hubiese permitido la celebración del matrimonio, sin hacer ningún tipo de comprobación previa por parte del Registro Civil, ya que si se hubiese detectado la concurrencia del impedimento, en lugar de proceder a la celebración del matrimonio, el contrayente hubiese llamado al notario para hacer testamento a favor de ella, con la que estuvo conviviendo durante mas de 20 años antes de su fallecimiento. Además, en la inscripción de defunción del contrayente figura como estado civil el de casado.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la desestimación del recurso y la confirmación del auto apelado. El Juez Encargado reiteró los argumentos emitidos en los fundamentos jurídicos del auto recurrido, y remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Fundamentos de Derecho:

I. Vistos los artículos 46, 73 y 74 del Código civil; 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 18 de febrero de 1995, 9 de marzo de 1996, 1-2ª y 19-1ª de febrero, 15-1ª y 27-2ª de junio, 4 de julio, 4-8ª de septiembre y 2-1ª de noviembre de 2002 y 23-3ª de noviembre de 2002.

II. El consentimiento matrimonial es en nuestro Derecho un requisito «sine qua non» para que sea posible la autorización del matrimonio (cfr. art. 45 y 75 C.c.) y este consentimiento ha de expresarse afirmativamente en ese momento solemne (cfr. art. 58 C.c.). En los casos de peligro de muerte no debe, por razones de urgencia, tramitarse el expediente previo para la celebración (cfr. art. 52 C.c.), de modo que la comprobación de la inexistencia de obstáculos para el matrimonio queda, con frecuencia, pospuesta a la posterior inscripción del acta en el Registro Civil. Por ello ninguna relevancia sobre el sentido favorable o desfavorable de esta Resolución puede tener la alegación que la recurrente hace sobre los eventuales perjuicios derivados para la misma de la autorización del acta de matrimonio realizada con la intervención de la correspondiente comisión judicial, vislumbrando la voluntad alternativa del contrayente, después fallecido, de otorgar testamento a favor de la recurrente en defecto de la autorización del matrimonio «in artículo mortis». En función de lo dicho no cabe imputar ninguna irregularidad, que en ningún caso podría tener eficacia convalidatoria del matrimonio, por la no denegación de la autorización del matrimonio precisamente por la singularidad de la regulación legal de los matrimonios celebrados en peligro de muerte, en los que la preocupación álgida de la norma estriba en no impedir la formalización del consentimiento matrimonial, defiriendo el control de su legalidad al momento de su inscripción ulterior.

III. Precisamente porque dicho control no ha podido tener lugar en su integridad en un momento anterior, para inscribir un matrimonio en forma civil celebrado en peligro de muerte es necesario que se compruebe, antes de la inscripción, que concurren los requisitos legales exigidos para la celebración (cfr. art. 65 C.c.), lo cual ha de hacerse mediante la calificación del acta levantada y de las declaraciones complementarias oportunas, que lleve al convencimiento de que no hay dudas de la realidad del hecho y de su legalidad (cfr. art. 256 R.R.C.), o mediante expediente, cuando no se haya extendido la oportuna acta (cfr. art. 257 R.R.C.). Sin embargo, en este caso el convencimiento es el contrario, por lo que ha de confirmarse la denegación de la inscripción postulada.

IV. En efecto, el principio de legalidad, básico en el Registro Civil, impide que pueda acceder al Registro un matrimonio nulo. En este caso no hay duda de la nulidad del matrimonio que se pretende inscribir, celebrado por dos ciudadanos españoles en España el 29 de agosto de 2001, pues en tal fecha la contrayente estaba ligada a un matrimonio anterior, celebrado con otro español en 1.999, del cual no se divorció sino por sentencia judicial de 8 de octubre de 2002. Consiguientemente el segundo matrimonio de la interesada es nulo por concurrir el impedimento de ligamen (cfr. art. 46 n.º 2 C.c.).

V. En nada empece la anterior conclusión el hecho de que en la posterior inscripción de defunción del contrayente que se encontraba en peligro de muerte se consignase, entre sus circunstancias personales, como estado el de casado, pues de tal extremo no hace fe la inscripción de defunción, limitada como está su fehaciencia al hecho de la muerte de la persona, y a la fecha, hora y lugar en que acontece (cfr. art. 81 L.R.C.), tratándose de un error que habrá de ser corregido de oficio, por razón del superior principio de la concordancia del Registro y la realidad (cfr. art. 24 y 97 L.R.C.).

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria que procede:

1º Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado;
2º Ordenar la corrección de oficio del dato sobre el estado civil de Don ….. en su inscripción de defunción.
Madrid, 8 de junio de 2005.–La Directora General, Pilar Blanco-Morales Limones”.

Es obvio, que por las circunstancias especiales que rodean el matrimonio in extremis, no se hace un control inicial de la legalidad del mismo, ni se lleva a cabo la formación del expediente matrimonial, pero, posteriormente, cuando éste  ha de inscribirse en el Registro Civil, debe hacerse ese control de legalidad y de validez, denegándose su inscripción si concurren causales de nulidad o de invalidez.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

La indisolubilidad del matrimonio (perpetuidad) es una de las propiedades esenciales del matrimonio, junto con la unidad (un hombre con una mujer), lo que impide la bigamia (tener dos matrimonios al mismo tiempo), la poligamia (un hombre que tiene varias esposas) o la poliandria (una mujer que tiene varios esposos). La Iglesia no acepta el divorcio ni el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni la bigamia, ni la poligamia, ni la poliandria.

El derecho canónico refuerza jurídicamente la indisolubilidad del matrimonio, mediante el impedimento de vínculo o ligamen, de modo que es nulo el matrimonio contraído subsistiendo un vínculo matrimonial anterior (bigamia). El canon 1085 § 1, dice que atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado.

En virtud de la propiedad esencial de la indisolubilidad y del impedimento de vínculo, los contrayentes adquieren un compromiso para toda la vida, compromiso que ninguna autoridad puede disolver; el matrimonio católico “no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa, fuera de la muerte” (canon 1141). No obstante, como enseña la Iglesia, la propiedad esencial de la indisolubilidad se refiere a todos los matrimonios, también a los matrimonios celebrados entre no cristianos.

El divorcio es la negación de la indisolubilidad, ya que el divorcio disuelve el matrimonio por la simple voluntad de uno de los esposos, o de los dos esposos, decidiendo poner fin al matrimonio, independientemente de que haya sido contraído válidamente.

El matrimonio católico válidamente contraído (matrimonio RATO), una vez consumado (es decir, que se ha realizado a modo humano el acto conyugal o acto sexual), no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni siquiera por el Papa. Los contrayentes, en el momento de contraer el matrimonio católico, deben tener plena capacidad y libre consentimiento para hacerlo y, además,  deben consumarlo una vez contraido para que sea indisoluble.

Sin embargo, la Iglesia reconoce su propia potestad para disolver el matrimonio en el caso del matrimonio rato pero que no ha sido consumado. Se trata de un matrimonio católico válidamente celebrado entre personas bautizadas, o al menos una de ellas, pero en el que los cónyuges no han realizado el acto conyugal.

Existen otros casos excepcionales reconocidos en la iglesia, en las que un matrimonio sí puede ser disuelto: es el llamado privilegio de la fe (privilegio paulino y privilegio petrino). El privilegio de la fe solo se aplica a los matrimonios entre personas no bautizadas, en las que una de ellas posteriormente se bautiza en la iglesia católica.

1. El privilegio paulino es la disolución de un vínculo natural del matrimonio entre partes no bautizadas. Surge cuando una de las partes se bautiza mientras que la otra no está dispuesta a aceptar pacíficamente la situación; la parte bautizada puede entonces contraer nuevo matrimonio. El nuevo matrimonio disuelve el antiguo. El privilegio paulino se contempla en los cánones 1143 a 1147 del Código de Derecho Canónico.

Hay cuatro condiciones para que pueda aplicarse el privilegio paulino: un matrimonio válido previo entre dos personas no bautizadas; la conversión y el bautismo (en la Iglesia católica) de uno de los cónyuges; la oposición y el distanciamiento físico o moral del cónyuge no bautizado; la interpelación de la parte no bautizada.

Para su validez se requiere que la parte no bautizada sea interrogada acerca de los siguientes puntos: si desea recibir el bautismo; si quiere por lo menos cohabitar pacíficamente con la parte bautizada, sin ofensa (contumelia) del Creador. La respuesta negativa a estas preguntas confirma la separación de la parte no bautizada y confiere validez al segundo matrimonio.

El ejercicio del privilegio paulino no supone anulación, ya que no hay intervención directa por parte de la Iglesia. Si la parte bautizada es católica, ésta puede valerse del privilegio paulino para casarse con un católico, o un no católico, bautizado o no, de acuerdo con los cánones 1124 a1 129 sobre los matrimonios mixtos; en tales casos es necesario el permiso del Ordinario del lugar (canon 1147).

Tenemos entonces, que por el privilegio paulino, cuando un cónyuge se bautiza y el otro no consiente en convivir respetando las exigencias de la fe de la otra parte, el cónyuge bautizado puede contraer nuevo matrimonio y el anterior queda, ipso facto, disuelto.

2. El privilegio petrino se aplica a los casos de poligamia o poliandria, cuando la persona implicada se bautiza: aunque tendría que permanecer sólo con el primer cónyuge, si esto le resulta duro, se le permite casarse con otro, y el primer matrimonio (único válido) queda disuelto.

El privilegio petrino es un concepto sumamente complejo y su aplicación es muy variada, como puede verse en los cánones 1148 y 1149 del Código de Derecho Canónico. Se va desde la dispensa respecto a las interpelaciones en caso de imposibilidad de hacerlas hasta la posibilidad de decidir, por parte del que se convierte a la fe, a qué persona escoger como cónyuge en el caso de un matrimonio polígamo preexistente.

El privilegio petrino se refiere a matrimonios polígamos entre no bautizados (ya sea entre un hombre con varias mujeres o una mujer con varios hombres) en los que la parte implicada se bautiza y debe escoger a uno sólo de sus cónyuges. Esto nos lleva a deducir que el matrimonio de los infieles no resulta absolutamente indisoluble frente a la potestad vicaria del Papa.

El privilegio petrino se diferencia del privilegio paulino en que el primero conlleva un acto de ejercicio de la autoridad suprema del Papa.

3. El canon 1142 señala que el Romano Pontífice puede conceder la gracia de disolver el matrimonio rato, si no ha sido consumado. Puede verse que la sacramentalidad y la consumación refuerzan la indisolubilidad del matrimonio. El Código de Derecho Canónico, en su canon 1056, dice que las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento.

Los únicos matrimonios que no pueden disolverse son los matrimonios válidos consumados entre dos cristianos o uno de ellos (matrimonios ratos y consumados). Ahora bien, la no consumación justifica la posibilidad de disolver el matrimonio rato en la iglesia católica, como una potestad del Sumo Pontífice. Los cánones 1697 y siguientes regulan el modo de pedir esta gracia. La disolución del matrimonio rato no consumado, se conoce como dispensa comúnmente llamada dispensa super rato. Se trata de una dispensa que actúa por vía de gracia y no de justicia, pudiéndose negar el Romano Pontífice a su concesión, incluso siendo ciertos los fundamentos alegados.

No es muy exacto calificar este supuesto como dispensa, tal y como se encuentra definida en los cánones 85 a 93 del Código de Derecho Canónico, puesto que la dispensa se predica de un impedimento matrimonial, siendo una figura jurídico-canónica en la que se exime de una norma canónica a un caso particular, sin que esto suponga derogarla.

La disolución del matrimonio rato y no consumado puede aplicarse tanto al matrimonio entre bautizados, como al matrimonio entre parte bautizada y parte no bautizada. El canon 1142 afirma que  el matrimonio no consumado entre bautizados, o entre parte bautizada y parte no bautizada, puede ser disuelto por el Romano Pontífice, a petición de ambas partes o de una de ellas, aunque la otra se oponga.

Deben cumplirse cuatro requisitos: 1. Matrimonio válido. 2. El bautismo de, al menos, uno de los cónyuges. 3. La inconsumación del matrimonio. 4. La justa causa.

El matrimonio estará consumado si se ha producido la cópula conyugal desde el momento de su válida celebración. La cópula que implica la consumación del matrimonio, consiste en la realización de modo humano del acto conyugal apto de por sí para engendrar prole. La justa causa queda recogida en los cánones 1142 y 1698.

Por último, no deben confundirse estos supuestos disolución del matrimonio, con las causas de nulidad del matrimonio canónico. Con la disolución se “disuelve” el matrimonio, independientemente de que éste sea válido o no lo sea. Con la nulidad se “declara” que un matrimonio ha sido contraido inválidamente, mediante una sentencia judicial de nulidad. Los Tribunales Ecelsiásticos no es que anulen el matrimonio, sino que certifican que ya lo es desde que se contrajo, previo un proceso canónico de nulidad matrimonial. 

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho