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Matrimonio y vida matrimonial

lunes, 1 julio 2013

El matrimonio y la vida matrimonial son dos conceptos diferentes en dos momentos diferentes. El matrimonio es el vínculo que se crea cuando los dos contrayentes emiten un consentimiento matrimonial válido, es decir, cuando se dan el “sí quiero” el día de la boda o ceremonia nupcial. Ese consentimiento matrimonial auténtico de cada uno (que es la causa) genera el efecto (que es el vínculo o alianza matrimonial). El matrimonio válido lo origina el consentimiento matrimonial válido de los contrayentes. He aquí el primer momento. Luego viene el segundo momento que es la vida matrimonial de los cónyuges, esto es, la convivencia de los esposos en la que se pone por obra ese deseo y voluntad auténtica del “sí quiero… entregarme a ti y amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la juventud y en la vejez…”.

La vida matrimonial es la convivencia matrimonial en la que se pone en acción esa búsqueda del bien de los cónyuges, que es el objeto del consentimiento matrimonial.

1. Todo matrimonio se presume válido, mientras no se demuestre lo contrario; es lo que conocemos como el “favor iuris” o favor del derecho. Mientras no se solicite, no se demuestre y no se declare judicialmente la nulidad matrimonial, el matrimonio se considera válido. En un proceso de nulidad matrimonial, lo que debe probarse es la nulidad del matrimonio y no su validez, aportando todas las pruebas documentales, testimoniales y periciales que resulten veraces para declarar la nulidad matrimonial, que no es otra cosa que corroborar que si no hubo causa (no hubo consentimiento matrimonial válido) no hubo efecto (no hubo matrimonio válido).

Es como una cadena o secuencia lógica fácil de entender, en la que el primer eslabón es el consentimiento matrimonial que da paso al segundo eslabón que es el matrimonio o alianza matrimonial o vínculo matrimonial, y éste a su vez da paso al tercer eslabón que es la vida matrimonial o convivencia conyugal, en la que cada uno busca el bien del otro cónyuge, el bien de la familia y el bien de los hijos. Son tres eslabones de una misma cadena.

Lo normal y corriente es que existan matrimonios con vida matrimonial, pero pueden darse situaciones excepcionales en las que habiendo matrimonios válidos los esposos no conviven, bien sea porque están separados judicialmente o de hecho; o porque debido a circunstancias laborales, los cónyuges viven en sitios distantes: pensemos, por ejemplo, en algunos casos de militares, cuerpo diplomático, marineros, presidentes de multinacionales, etc., que por razones justificadas uno de los cónyuges no se puede desplazar por largo tiempo al lugar del trabajo del otro. Todo esto demuestra que el matrimonio y la vida matrimonial no son lo mismo, porque pueden darse matrimonios válidos pero sin vida matrimonial.

Igualmente, pueden existir matrimonios válidos, pero cuya vida matrimonial o convivencia conyugal ha fracasado, y no por esto son matrimonios nulos. Los fracasos matrimoniales no se pueden confundir con nulidades matrimoniales.

También pueden darse en la vida real casos muy curiosos, en los que probablemente habiendo matrimonios “nulos”, éstos presentan una espléndida vida matrimonial. Ya decíamos que todo matrimonio se presume válido, mientras no se demuestre lo contrario. Pues bien, hay matrimonios que nunca han pedido ni pedirán la nulidad matrimonial, pero si la solicitaran podrían configurarse una o varias causales de nulidad sin que lo sepan los esposos, o sabiéndolo no lo manifiestan y, sin embargo, llevan una buena convivencia conyugal, tratándose quizás de matrimonios nulos.

2. Desde un punto de vista personalista, el concepto de matrimonio como alianza es más acorde que el concepto de matrimonio como contrato, puesto que en el matrimonio se implican las personas de los cónyuges. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica Gaudium Et Spes Nº 48, habla del matrimonio como “la íntima comunidad de vida y amor conyugal que se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable”. El Código de Derecho Canónico, en el canon 1055, describe el matrimonio como “un consorcio de toda la vida”. A esta descripción se añade la enumeración de los fines del matrimonio que, por su propia naturaleza, se ordena al bien de los cónyuges, a la generación y educación de la prole y lo eleva a la dignidad de sacramento entre bautizados. En ese mismo orden natural, también se describe el matrimonio como “una caro”, como una unidad en la naturaleza masculina y femenina.

Tradicionalmente el derecho canónico ha expresado dos conceptos que son el matrimonio in fieri y el matrimonio in facto esse, para referirse al matrimonio y a la vida matrimonial respectivamente, pero, en mi opinión, se reduce a una visión demasiado contractualista del matrimonio, en la que prima un conjunto indefinido e indefinible de derechos y obligaciones que se intercambian los esposos a través el matrimonio, empobreciendo la realidad personalista de la entrega sincera, mutua y recíproca de los cónyuges y, a la vez, opacando la relación familiar del vínculo conyugal. Los cónyuges, al casarse, lejos de intercambiarse contractualmente unos derechos y unas obligaciones matrimoniales, lo que están haciendo es entregarse mutua y recíprocamente para fundar una familia, creando unas relaciones familiares basadas en el hecho real de que los cónyuges son los primeros parientes.

El matrimonio no es un contrato, es mucho más, …. es una alianza permanente que despliega la vida de los esposos que se entregan incondicionalmente. En un sistema divorcista el matrimonio es un contrato que se disuelve por la misma voluntad de los cónyuges que lo contrajeron. Actualmente, en muchos ordenamientos civiles, el matrimonio es menos que un contrato, porque se disuelve más fácilmente y sin menos formalismos que, por ejemplo, una hipoteca o un arrendamiento.

3. La vida matrimonial no puede ser perfecta, porque los esposos no son perfectos. Pero esa vida matrimonial va madurando, así como va madurando el amor de los esposos a través de la convivencia y del ejercicio de las virtudes de cada uno de ellos y de los demás miembros de la familia. Ese amor conyugal es el que funda un hogar. El hogar como el amor es un proyecto a largo plazo; el matrimonio y la vida matrimonial también son proyectos a largo plazo y con vocación de futuro. Los cónyuges se estabilizan, cuando “echan raíces”, es decir, cuando conviven con una decisión de permanencia. Es necesario recordar que es posible el matrimonio duradero y la vida matrimonial permanente y feliz.

El concepto de matrimonio como comunidad de vida y amor tiene un profundo significado. Una vez celebrado el matrimonio, los esposos están destinados a amarse y sostenerse mutuamente, pero su gradual desarrollo a lo largo de la vida matrimonial, e incluso su fracaso matrimonial, pertenece al orden de su existencia histórica y biográfica, pero no al de la esencia o constitución jurídica concreta del matrimonio.

Se podría decir que el matrimonio es la decisión de los dos contrayentes que voluntaria y libremente se casan, mientras que la vida matrimonial es la actitud de esos dos esposos que asumen con responsabilidad su identidad de cónyuges.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

De la Separación Matrimonial

martes, 11 junio 2013

La separación de los cónyuges no disuelve el vínculo matrimonial, puesto que los esposos separados continúan legalmente casados, a pesar de que ya no tengan vida en común y residan en distintos domicilios con vidas independientes. Se debe distinguir entre separación de hecho y separación judicial.

1. La separación de hecho es el cese efectivo de la convivencia matrimonial sin acudir al Juzgado para formalizar la situación; se trata de una separación matrimonial acordada libremente por ambos cónyuges o impuesta por el cónyuge que decide unilateralmente marcharse del hogar.

La separación judicial se declara mediante la sentencia judicial que suspende la vida en común de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, es decir, se independiza el patrimonio de cada uno de los cónyuges de las actividades del otro.

Mientras no exista separación con sentencia judicial, se mantiene el régimen económico matrimonial, a menos que se hagan capitulaciones matrimoniales, mediante Escritura Pública. Si el régimen económico del matrimonio es el de gananciales, las actividades económicas que realice uno de ellos, especialmente las deudas que pueda contraer, pueden afectar a los bienes gananciales, esto es, el patrimonio generado durante el matrimonio y que pertenece a ambos cónyuges.

Cuando se produce la separación matrimonial porque uno de los cónyuges abandonó el domicilio conyugal, podría configurarse el delito de abandono de familia, si se dan los supuestos tipificados en el artículo 226 del Código Penal : “El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses” .

2. Para que pueda solicitarse la separación judicial debe haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio, sin que tengan que alegarse causales de separación. Sin embargo, no será necesario este plazo de tres meses para la interposición de la demanda, cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

El procedimiento para tramitar la separación judicial puede realizarse de mutuo acuerdo o a instancia de un cónyuge con el consentimiento del otro o de manera contenciosa.

3. Lo cierto es que, tanto en la legislación canónica como en la civil, la separación matrimonial parece estar en desuso.  Lo que hoy abunda es el divorcio (en el derecho civil) y las nulidades matrimoniales (en el derecho canónico). Poco se piensa en la separación de los cónyuges como una de las soluciones legales actualmente vigentes para ayudar a resolver las crisis matrimoniales, con la consecuente suspensión de la vida matrimonial, pero permaneciendo el vínculo conyugal.

Es muy importante distinguir entre divorcio, nulidad matrimonial y separación matrimonial, para tener muy claro que tras la separación no se pueden volver a casar los cónyuges.

La separación matrimonial es temporal porque dura hasta que cese la causa que la motivó o hasta que los esposos se reconcilien.

4. Si hay reconciliación entre los cónyuges durante la tramitación del procedimiento, y antes de que recaiga sentencia, se extingue la acción, siempre y cuando  ambos cónyuges lo comuniquen expresamente, y por separado, al Juzgado que está conociendo la causa.

Cuando ya se ha declarado judicialmente la sentencia de separación y se reconcilian los esposos, el Juez, tras la notificación de la reconciliación por cada uno de ellos, dejará sin efecto lo acordado, salvo dos excepciones:

a) Mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique.

b) Conforme al artículo 1443 del Código Civil, la separación de bienes que se hubiera decretado entre los cónyuges no se altera por la reconciliación. Quiere esto decir que la reconciliación no restaura el régimen económico del matrimonio anterior a la sentencia de separación, por lo que será necesario que los cónyuges lo acuerden así en capitulaciones matrimoniales.

Si es una separación de hecho en las que se hicieron capitulaciones matrimoniales, éstas se mantendrán si los esposos se reconcilian, a menos que deseen modificarse nuevamente mediante Escritura Pública.

5.  La separación de los cónyuges en el Derecho Canónico:

En el Derecho Canónico existen principalmente dos causas de separación: el adulterio y el grave peligro espiritual o corporal del cónyuge o de la prole. El Código de Derecho Canónico establece también normas procesales propias para las causas de separación.

Si los cónyuges quieren seguir casados, pero separados, es legítima y posible esta opción, ya que la separación no afecta sustancialmente a la esencia del matrimonio. Aunque no haya vida matrimonial ni convivencia matrimonial, siguen manteniéndose entre los esposos los deberes y obligaciones propios del matrimonio, como son la fidelidad y la ayuda mutua, además de los deberes y obligaciones para con los hijos.

No es fácil entender un matrimonio sin vida matrimonial, pero es una posibilidad real para los cónyuges que quieren permanecer casados aunque separados: el matrimonio y la vida matrimonial son dos conceptos diferentes, tema que resulta muy interesante de estudiar e investigar desde una óptica socio-jurídica. Un aspecto de esta diferencia es que pueden existir matrimonios válidos, pero cuya convivencia matrimonial ha fracasado. Es cuando podemos darnos cuenta de que un fracaso matrimonial no siempre equivale a una nulidad matrimonial.

Hay que tener en cuenta que en el derecho canónico la separación de los cónyuges, confirmada por el Decreto de la autoridad eclesiástica, es considerada por el ordenamiento civil como una simple separación de hecho. Los efectos civiles de esta separación son casi inexistentes: no supone la disolución de la sociedad patrimonial (a no ser que se acordase en convenio ante Notario), no puede anotarse en el Registro Civil y no puede solicitarse su ejecución judicial.

El pleno reconocimiento civil de la separación privada consensual requiere la intervención de la autoridad civil y la inscripción registral. El procedimiento de separación consensual civil normalmente es simple y otorga plenos efectos civiles a lo convenido en el acuerdo. Por lo tanto, es necesaria la intervención de la autoridad civil para obtener los efectos civiles de la separación matrimonial canónica.

Los cánones 1151 a 1155 del Código de Derecho Canónico se refieren a las normas sustanciales de la separación de los cónyuges permaneciendo el vínculo matrimonial. Y los cánones 1692 a 1696 tratan de las normas procesales de la separación matrimonial canónica.

6. La separación matrimonial en el Derecho Civil español:

En la separación matrimonial civil  no hay que alegar causales, a diferencia de lo que sucede en la separación matrimonial canónica que sí tienen que alegarse.

Para separarse por lo civil, pueden darse dos tipos de procedimiento: la separación de mutuo acuerdo y la separación contenciosa. Si es de mutuo acuerdo, a la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador. Y si es contenciosa, a la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.

Debe presentarse demanda en el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante o de los cónyuges que soliciten la separación o el divorcio de mutuo acuerdo, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.

En el procedimiento de separación matrimonial será competente el Juez del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes.

Con la sólo presentación de la demanda, los cónyuges pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal, quedando revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.

Ya dijimos que la sentencia de separación produce la suspensión de la vida común de los casados, y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Contra la sentencia que se dicte en los procesos matrimoniales de separación, podrá interponerse el correspondiente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

El Juez acordará de oficio la comunicación al Registro Civil de la sentencia de separación, una vez esté firme.

En el proceso de separación matrimonial civil, pueden solicitarse medidas provisionales o simultáneas en el momento de la presentación de la demanda.

Entre las medidas que se pueden solicitar y que debe acordar el Juez se encuentran las siguientes:

1. Determinar, en interés de los hijos, si la guarda y custodia es compartida o no y, en su caso, el régimen de visitas para el progenitor no custodio.

Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes: a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa. b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.

2. Determinar cuál de los cónyuges ha de continuar con el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.

3. Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas, si procede, las litis expensas , establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro, como es el caso de la pensión de alimentos, gastos extraordinarios, etc.

Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad.

4. Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.

5. Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas del matrimonio.

Las medidas definitivas acordadas judicialmente podrán ser modificadas, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta para acordarlas.

Antes de presentar la demanda de separación matrimonial, también se pueden presentar medidas provisionales o provisionalísimas , las cuales son de carácter urgente, mediante un escrito en el Juzgado del domicilio del solicitante en el que se expondrán los datos de las partes, los hechos y las circunstancias que dan lugar a su solicitud y las medidas concretas que se solicitan; aportando con la misma las certificaciones de matrimonio y de nacimiento de los hijos y aquellos otros documentos que justifiquen o avalen las medidas que se solicitan.

A la vista de la solicitud, el Tribunal mandará citar a los cónyuges y, si hubiere hijos menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia, en la que se intentará un acuerdo de las partes y que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su Abogado y representado por su Procurador. La falta de asistencia, sin causa justificada, de alguno de los cónyuges a la comparecencia podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el cónyuge presente para fundamentar sus peticiones sobre medidas provisionales de carácter patrimonial.

El Juez acordará las medidas provisionales oportunas y contra esta resolución no cabe recurso alguno. Los efectos y medidas acordadas sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a su adopción, se presenta la demanda de separación.

Los artículos 81, 83 y 84 del Código Civil español se refieren a las normas sustantivas de la separación matrimonial y los artículos 769 a 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se refieren a las normas procesales de la misma.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Matrimonio por Poder

miércoles, 17 abril 2013

La ley permite el matrimonio por poderes cuando uno de los dos contrayentes no puede estar presente en el lugar, fecha y hora de la boda. En el poder matrimonial se determina la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, debiendo quedar clara su identidad.

El matrimonio por poder consiste en que una persona sustituya a uno de los contrayentes en la emisión del consentimiento matrimonial. Esta persona actúa como apoderado o representante, por medio de un poder especial que le ha otorgado legalmente el contrayente ausente. En este poder matrimonial debe constar el nombre e identidad del poderdante, del apoderado y del otro contrayente.

1. El artículo 55 del Código Civil Español dice: “Podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el contrayente que no resida en el distrito o demarcación del Juez, Alcalde o funcionario autorizante celebre el matrimonio por apoderado a quien haya concedido poder especial en forma auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del otro contrayente.

En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad.

El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocación por el poderdante bastará su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se notificará de inmediato al Juez, Alcalde, Notario o funcionario autorizante.”

Celebración de Matrimonio por poderes: Para la realización de un matrimonio por poder deben de aportarse los documentos pertenecientes a los dos contrayentes que se relacionan a continuación:

– Impreso de Solicitud para contraer Matrimonio civil
– Certificación literal de nacimiento (Expedido por el Registro Civil del lugar de Nacimiento de cada uno).
– Certificado de capacidad matrimonial o certificación de soltería de los dos.
– Certificado de si con arreglo a las leyes de su país es necesaria la publicación de edictos.
– Certificado de empadronamiento o de residencia
– Pasaporte o permiso de residencia o documento que acredite su identidad (DNI)

Además de estos documentos, necesita un Poder Notarial, debidamente legalizado, por el que se autoriza a una persona en España para que pueda instar el expediente de matrimonio, recibir notificaciones y prestar el consentimiento matrimonial.

También se deberá facilitar a los funcionarios del Registro Civil, la dirección del Consulado o Embajada más cercana al domicilio de la persona que está en el extranjero.

Todos los documentos extranjeros deberán estar debidamente legalizados, bien por el Consulado o Embajada de España en su país, o por el Consulado o Embajada de su país en España, o con la Apostilla de la Haya y traducidos, si fuera el caso, al castellano, por un intérprete oficial.

Una vez reunida toda la información debe acudir a presentarla al Registro Civil para que se inicie el expediente matrimonial.

Iniciado el expediente (con la aportación de documentación necesaria, poder y apoderado) se envía el exhorto al Consulado Español más cercano al domicilio del contrayente extranjero, donde éste deberá hacer una comparecencia reservada prestando consentimiento (entrevista privada para ver si es un matrimonio por conveniencia o no). Una vez realizada la entrevista le transmitirá su parecer al Registro civil (al juez que está tramitando el expediente).

Una vez gestionado todo ya señalarán la fecha para el matrimonio y éste se celebrará. Una vez celebrado el extranjero ya podrá solicitar en su consulado correspondiente el visado para la entrada en España.

2. En caso de matrimonio católico, el Código de Derecho Canónico establece en sus cánones 1104 y 1105, que para que pueda celebrase el matrimonio de forma válida, el contrayente ha de firmar un poder notarial y presentarlo al párroco o a un sacerdote delegado quien, a su vez, emitirá un poder especial. Este poder será privado, y se firmará, ante notario, junto a un procurador, el párroco o sacerdote, un obispo y dos testigos mayores de edad en pleno ejercicio de sus facultades y derechos.

1104 § 1: Para contraer válidamente matrimonio es necesario que ambos contrayentes se hallen presentes en un mismo lugar, o en persona o por medio de un procurador.

§ 2. Expresen los esposos con palabras el consentimiento matrimonial; o, si no pueden hablar, con signos equivalentes.

1105 § 1: Para contraer válidamente matrimonio por procurador, se requiere:

1. Que se haya dado mandato especial para contraer con una persona determinada;
2. Que el procurador haya sido designado por el mandante, y desempeñe personalmente esa función.
§ 2. Para la validez del mandato se requiere que esté firmado por el mandante y, además, por el párroco o el Ordinario del lugar donde se da el mandato, o por un sacerdote delegado por uno de ellos, o al menos por dos testigos; o debe hacerse mediante documento auténtico a tenor del derecho civil.
§ 3. Si el mandante no puede escribir, se ha de hacer constar esta circunstancia en el mandato, y se añadirá otro testigo, que debe firmar también el escrito; en caso contrario, el mandato es nulo.
§ 4. Si el mandante, antes de que el procurador haya contraído en su nombre, revoca el mandato o cae en amencia, el matrimonio es inválido, aunque el procurador o el otro contrayente lo ignoren.

3. En la inscripción de matrimonio por poder se expresará quién es el poderdante, la identidad del apoderado y la fecha, así como el autorizante del poder.

La autoridad competente en España para la realización de matrimonios por poderes es el Registro Civil de la localidad de residencia del extranjero.

Es necesario facilitar a los funcionarios del Registro Civil, la dirección del Consulado o Embajada más cercana al domicilio de la persona que está en el extranjero.

Iniciado el expediente matrimonial (con la aportación de documentación necesaria, poder y apoderado) se envía el exhorto al Consulado Español que le corresponde al domicilio del contrayente extranjero, donde el interesado deberá hacer una comparecencia reservada prestando su consentimiento a casarse.

La verdad es que el matrimonio por poder es un trámite difícil y las autoridades competentes no lo conceden fácilmente debido a que presumen que en algunos casos puede tratarse de matrimonios de conveniencia, con el fin de obtener la documentación necesaria para residir legalmente en España o en la Unión Europea.

Resulta evidente que en España y en el mundo entero se ha incrementado el número de matrimonios internacionales, por el creciente fenómeno de la inmigración y emigración y por la globalización que ha supuesto internet, con lo que se permite el contacto inmediato y cercano entre las personas de distintos y distantes Continentes, originando cada día más  matrimonios mixtos.

Lo importante es que las personas que deciden casarse, se casen de verdad, asumiendo ese compromiso matrimonial con plena conciencia, libertad y con un auténtico consentimiento matrimonial. Y que las autoridades competentes se aseguren muy bien para evitar irregularidades y nulidades matrimoniales.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

Sede Vacante y Elección del Papa

jueves, 7 marzo 2013

Desde el pasado 28 de febrero, a partir de las 20:00 horas, ha quedado vacante la Santa Sede, por la renuncia del hoy Papa Emérito Benedicto XVI, quien de una manera libre, meditada y comprometida ha decidido pasar el testigo al siguiente Papa que será elegido en el cónclave, para continuar con su misión de servicio y entrega a la Iglesia, ya que Benedicto XVI declaró que “ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino”.

1. Aunque a todos nos sorprendió su dimisión, al mismo tiempo comprendimos la grandeza de su decisión, al reconocer ante Dios y ante él mismo que había disminuido su vigor físico y espiritual necesarios para dirigir la Iglesia Universal. Esta es una de sus grandes enseñanzas que durante su Pontificado nos ha brindado, la humildad, la confianza y la libertad para que el mundo vea con naturalidad que un Papa puede renunciar y que su cargo, aunque es vitalicio, le está permitido renunciarlo en vida. Joseph Ratzinger siempre ha sido un hombre rompedor de esquemas, un hombre libre y de firmes convicciones y sólidas creencias. Un hombre de fe, de cultura y de esplendor intelectual.

El Papa que resulte elegido continuará llevando el timón de la Barca de Pedro, bajo las coordenadas de la Ley Suprema de la Iglesia que es la “salvación de todas las almas”.

El Papa Emérito Benedicto XVI ha dicho… “no abandono la Cruz, sino que me mantengo de un modo nuevo en el Señor Crucificado, en el servicio de la oración permanezco”.  Y unas horas antes de hacerse efectiva su renuncia, en su despedida ante el Colegio Cardenalicio afirmó… “entre vosotros está el futuro Papa, al que prometo mi respeto incondicional y obediencia. Continuaré rezando, especialmente en estos días del cónclave”. Y les pidió que sean “como una orquesta, en la que la diversidad pueda llevar a una armonía acorde”, recordándoles que la Iglesia  no es una “institución inventada por alguien, construida sobre una mesa, sino una realidad viviente, que vive transformándose aunque su naturaleza siempre es la misma, ya que su naturaleza es Cristo”.

2. Sobre la Sede Vacante y el procedimiento de elección del Sumo Pontífice está todo escrito, nada queda a la improvisación, porque todo lo contempla la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, del 22 de febrero de 1996, de Juan Pablo II, además de las nuevas prescripciones que estableció Benedicto XVI respecto a algunas normas de esta Constitución, mediante el Motu Proprio del pasado 22 de febrero.

El gobierno de la Iglesia ha quedado confiado, a partir del 28 de febrero de 2013, desde las 20:01, al Colegio de los Cardenales que no tiene ninguna potestad sobre cuestiones reservadas exclusivamente al Papa. Los Cardenales que no hayan cumplido 80 años se reunirán en cónclave para elegir al Sucesor, cuya fecha seguramente conoceremos mañana, después de la congregación general de Cardenales convocada para las 17:30 horas.

Los 115 Cardenales electores ya se encuentran alojados en la residencia Domus Sanctae Marthae, inaugurada en 1996, situada en el Vaticano, para conseguir el aislamiento y el consiguiente recogimiento que un acto tan vital para la Iglesia entera exige de los Cardenales electores.

Como ya decía, mientras está vacante la Sede Apostólica, el Colegio de los Cardenales no tiene ninguna potestad o jurisdicción sobre las cuestiones que corresponden exclusivamente al Sumo Pontífice. Mientras está vacante la Sede Apostólica, el gobierno de la Iglesia queda confiado al Colegio de los Cardenales solamente para el despacho de los asuntos ordinarios o de los inaplazables y para la preparación de todo lo necesario para la elección del nuevo Pontífice. Durante la Sede vacante tendrán lugar dos clases de Congregaciones de los Cardenales: una general, es decir, de todo el Colegio hasta el comienzo de la elección, y otra particular. En las Congregaciones generales deben participar todos los Cardenales no impedidos legítimamente, apenas son informados de la vacante de la Sede Apostólica.

La Congregación particular está constituida por el Cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana y por tres Cardenales, uno por cada Orden, extraídos por sorteo entre los Cardenales electores llegados a Roma. La función de estos tres Cardenales, llamados Asistentes, cesa al cumplirse el tercer día, y en su lugar, siempre mediante sorteo, les suceden otros con el mismo plazo de tiempo incluso después de iniciada la elección.

Durante el período de la elección las cuestiones de mayor importancia, si es necesario, serán tratadas por la asamblea de los Cardenales electores, mientras que los asuntos ordinarios seguirán siendo tratados por la Congregación particular de los Cardenales. En las Congregaciones particulares deben tratarse solamente las cuestiones de menor importancia que se vayan presentando diariamente o en cada momento. Si surgieran cuestiones más importantes y que merecieran un examen más profundo, deben ser sometidas a la Congregación general. Además, todo lo que ha sido decidido, resuelto o denegado en una Congregación particular no puede ser revocado, cambiado o concedido en otra; el derecho de hacer esto corresponde únicamente a la Congregación general y por mayoría de votos.

3. El actual camarlengo es el cardenal Tarcisio Bertone, SDB nombrado por el Papa Benedicto XVI el 4 de abril de 2007. El Decano del Colegio Cardenalicio es el Cardenal Angelo Sodano. Ambos han sido Secretarios de Estado.

4. La elección, de la que todo el mundo está muy expectante, se hará por escrutinio, con una votación individual y secreta de los Cardenales electores, contando con al menos dos tercios de los votos. El 22 de febrero del año 2013, Benedicto XVI publicó un Motu Proprio SOBRE ALGUNAS MODIFICACIONES DE LAS NORMAS RELATIVAS A LA ELECCIÓN DEL ROMANO PONTÍFICE, en las que se establece, entre otras cosas, lo siguiente:

“Los Escrutadores hacen la suma de todos los votos que cada uno ha obtenido, y si ninguno ha alcanzado al menos los dos tercios de los votos en aquella votación, el Papa no ha sido elegido; en cambio, si resulta que alguno ha obtenido al menos los dos tercios, se tiene por canónicamente válida la elección del Romano Pontífice”.

“Si las votaciones no tuvieran resultado positivo, dedíquese un día a la oración, a la reflexión y al diálogo; en las sucesivas votaciones, observado el orden establecido, tendrán voz pasiva solamente los dos nombres que en el precedente escrutinio hayan obtenido el mayor número de votos, sin apartarse de la norma de que también en estas votaciones se requiere para la validez de la elección la mayoría cualificada de al menos dos tercios de los sufragios de los Cardenales presentes y votantes. En estas votaciones los dos nombres que tienen voz pasiva carecen de voz activa”.

“Ningún Cardenal elector podrá ser excluido de la elección, activa o pasiva, por ningún motivo o pretexto…”

“Establezco, además, que desde el momento en que la Sede Apostólica esté legítimamente vacante, se espere durante quince días completos a los ausentes antes de iniciar el Cónclave, aunque dejo al Colegio de los Cardenales la facultad de anticipar el comienzo del Cónclave si consta la presencia de todos los cardenales electores, así como la de retrasarlo algunos días si hubiera motivos graves. Pero pasados al máximo veinte días desde el inicio de la Sede vacante, todos los Cardenales electores presentes están obligados a proceder a la elección”.

“Desde el momento en que se ha dispuesto el comienzo del proceso de la elección hasta el anuncio público de que se ha realizado la elección del Sumo Pontífice o, de todos modos, hasta cuando así lo ordene el nuevo Pontífice, los locales de la Domus Sanctae Marthae, como también y de modo especial la Capilla Sixtina y las zonas destinadas a las celebraciones litúrgicas, deben estar cerrados a las personas no autorizadas, bajo la autoridad del Cardenal Camarlengo y con la colaboración externa del Vicecamarlengo y del Sustituto de la Secretaría de Estado, según lo establecido en los números siguientes”.

“Realizada la elección canónicamente, el último de los Cardenales Diáconos llama al aula de la elección al Secretario del Colegio de los Cardenales, al Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias y a dos Ceremonieros; después, el Cardenal Decano, o el primero de los Cardenales por orden y antigüedad, en nombre de todo el Colegio de los electores, pide el consentimiento del elegido con las siguientes palabras: ¿Aceptas tu elección canónica para Sumo Pontífice? Y, una vez recibido el consentimiento, le pregunta: ¿Cómo quieres ser llamado? Entonces el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, actuando como notario y teniendo como testigos a dos Ceremonieros, levanta acta de la aceptación del nuevo Pontífice y del nombre que ha tomado”.

5. Y desde ese momento, adquiere la plena y suprema potestad en la Iglesia Universal; se anuncia su nombramiento en el balcón de la Basílica Vaticana “…habemus Papam” y el Romano Pontífice imparte la bendición “Urbi et Orbi”.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho 

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