Entradas de la categoría ‘Familia’

No se vulneran derechos fundamentales al denegar inscripción de la filiación mediante vientres de alquiler

viernes, 13 febrero 2015

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Auto fechado el 2 de febrero de 2015 (recurso número 245/2012), declara que su sentencia de 6 de febrero de 2014, por la que confirmaba la denegación de la inscripción de la filiación de unos menores nacidos por gestación por subrogación, no vulneró los derechos fundamentales de los menores, ni de quienes pretendían ser inscritos como progenitores.

La Sala desestima así el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra su sentencia, señalando que la misma respeta la doctrina establecida sobre esta materia en tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Sala afirma que su sentencia respetó el derecho a la vida privada de los menores y a la determinación de su identidad conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, pues permitió el reconocimiento de la filiación biológica paterna y la formalización de las relaciones existentes si hubiera un núcleo familiar “de facto” entre los recurrentes y los niños, y al instar al Ministerio Fiscal para que adoptara las medidas pertinentes, en el sentido indicado, para la protección de los menores.

El 6 de febrero de 2014 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó la sentencia número 835/2013, cuyo fallo acuerda:

“1.- Desestimar el recurso de casación interpuesto por D. ABC y D. XYZ, contra la sentencia número 826/2011, de 23 de noviembre, dictada por la sección décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en el recurso de apelación número 949/2011, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario número 188/2010, seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de la misma ciudad.

2.- No hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación. Acordar la pérdida del depósito constituido.

3.- Instar al Ministerio Fiscal a que, de acuerdo con las funciones que le atribuye su Estatuto Orgánico, ejercite las acciones pertinentes para determinar en la medida de lo posible la correcta filiación de los menores y para su protección, tomando en consideración, en su caso, la efectiva integración de los mismos en un núcleo familiar “de facto”.”

Frente a dicha sentencia los actores presentaron escrito promoviendo incidente de nulidad de actuaciones al amparo de los artículos 228 de la LEC y 241 de la LOPJ.

Posteriormente, con fecha 26 de junio de 2014, el TECH dictó dos sentencias, de fecha 26 de junio de 2014 (asuntos Mennesson y Labassee), relativas a asuntos sobre los que versa el presente procedimiento, por lo que se acordó dar traslado a las partes para que alegaran lo que considerasen oportuno en relación con los pronunciamientos de las referidas sentencias.

A. El Auto del Tribunal Supremo:

El Pleno de la Sala desestima el incidente de nulidad con base en las siguientes consideraciones:

Fundamento de Derecho Sexto:

«(…) 9.- Criterios rectores de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo:

Los promotores del incidente, cuando han sido oídos sobre la trascendencia de las sentencias dictadas por el Tribunal de Estrasburgo, alegan que este Tribunal, en sus sentencias, “critica específicamente las soluciones que otorgan los tribunales franceses a los litigantes: reconocimiento de paternidad, adopción, o notoriedad de estado. Es decir, las mismas soluciones que se sugiere a los litigantes españoles. La crítica versa sobre la grave restricción sobre la identidad y el derecho fundamental a la vida privada de los menores”.

Los recurrentes se equivocan en su lectura de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, puesto que lo que lleva al mismo a considerar vulnerado el artículo 8 del Convenio, en su aspecto de derecho a la vida privada de los menores, es que el ordenamiento francés, considerando que existe un vicio de origen, no permita el reconocimiento de la filiación entre los matrimonios comitentes y las niñas gestadas por subrogación por ningún medio (transcripción de actas de nacimiento, filiación biológica paterna, adopción, posesión de estado), y especialmente, que no admita el reconocimiento de la filiación paterna biológica, lo que merece al Tribunal un especial reproche pues “… obstaculizando así tanto el reconocimiento como el establecimiento en Derecho interno de su relación de filiación respecto de su padre biológico, el Estado demandado ha ido más allá de lo que le permitía su margen de apreciación…”

El análisis de las referidas sentencias muestra que su criterio rector consiste en que la negativa de las autoridades francesas a la inscripción de la filiación de los niños respecto de los demandantes (no solo por la denegación de transcripción de las actas de nacimiento norteamericanas, sino también por negar que en Francia pueda establecerse por cualquier otro modo la filiación biológica, por adopción o por posesión de estado, por estar viciada en origen la relación a causa del contrato de gestación por sustitución) es una injerencia prevista en la ley, que persigue objetivos legítimos, como la protección de la salud y la protección de los derechos y libertades de los demás (tanto del niño como de la madre gestante, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico francés), pero que no cumple el requisito de ser “necesario en una sociedad democrática” pues perjudica de tal forma al menor, al impedirle fijar su identidad en Francia, que supone una falta de equilibrio entre los legítimos objetivos perseguidos por el Estado al prohibir la gestación por sustitución, de un lado, y el interés superior del menor, de otro, ya que trae consigo una incertidumbre que afecta tanto a su identidad, de la que la filiación es un aspecto fundamental, como a la posibilidad de adquirir la nacionalidad francesa y de heredar como hijo, por lo que el Estado francés habría ido más allá del margen de apreciación de lo que es necesario para una sociedad democrática que le concede el artículo 8 del Convenio.

El Tribunal de Estrasburgo considera como especialmente grave la imposibilidad de reconocer o establecer la relación de filiación respecto del progenitor biológico; es más, según la jurisprudencia del Tribunal de Casación francés, el fraude permitiría la destrucción del vínculo de filiación que el padre intencional hubiera establecido en relación con el menor, incluso aunque se probara que se trataba efectivamente del padre biológico.

10.- Similitudes y diferencias entre los casos franceses y el caso español:

Las similitudes entre la sentencia del Tribunal de Casación francés y la sentencia de esta Sala cuya nulidad se solicita se circunscriben a que ambas deniegan la transcripción al Registro Civil de las actas extranjeras de nacimiento que establecen la filiación de los niños respecto de los padres comitentes en supuestos de contratos de gestación por sustitución.

Pero a partir de ahí, las diferencias son importantes:

(i) Mientras que el Tribunal de Casación francés afirma la imposibilidad de que pueda determinarse legalmente en Francia cualquier relación de filiación entre el niño y los padres comitentes, de tal modo que procede incluso anular el reconocimiento o el establecimiento de la paternidad del padre biológico por el carácter fraudulento del contrato de gestación por sustitución («fraus omnia corrumpit», el fraude todo lo corrompe, dice el Tribunal de Casación francés en dos sentencias dictadas en el año 2013 sobre esta misma cuestión, citadas por el Tribunal de Estrasburgo en sus sentencias de los casos Labassee y Mennesson), por el contrario, el ordenamiento jurídico español, y así lo afirmó nuestra sentencia, prevé que respecto del padre biológico es posible la determinación de filiación paterna; y, en todo caso, si los comitentes y los niños efectivamente forman un núcleo familiar “de facto” (lo que es muy posible pero no ha sido el objeto del recurso, pues los demandados han fundado su oposición a la demanda del Ministerio Fiscal en la procedencia de transcribir las actas de nacimiento de California tal como allí fueron extendidas), nuestra sentencia acuerda que debe protegerse legalmente, en su caso mediante la adopción (que, si uno de los solicitantes de la nulidad de actuaciones fuera padre biológico, no requeriría siquiera propuesta previa ni declaración administrativa de idoneidad, sino solo el asentimiento del consorte y la comprobación judicial de la adecuación de la medida al interés del menor, artículo 176 del Código Civil) o, de considerarse que existe una situación de desamparo por la decisión de la madre gestante de no ejercer sus funciones como tal, mediante el acogimiento.

(ii) En Francia, las niñas no pueden adquirir la nacionalidad francesa ni heredar a los comitentes en calidad de hijas. En España, la sentencia de esta Sala acordó que solo se anulara la mención a la filiación de los menores en tanto se determinaba la filiación biológica paterna y también, en su caso, la filiación que fuera acorde con la situación familiar “de facto” (por ejemplo, mediante la adopción), de modo que, una vez quede determinada la filiación biológica respecto del padre biológico y la filiación por criterios no biológicos respecto del otro cónyuge (o respecto de ambos, si ninguno de ellos fuera el padre biológico), tendrán la nacionalidad española y podrán heredar como hijos.

(iii) El Tribunal de Casación francés afirma que ante la existencia de fraude, no puede invocarse el interés superior del menor ni el derecho a la vida privada del mismo. Nuestra sentencia, por el contrario, afirma que debe tenerse en cuenta el interés superior del menor, tal como es protegido por el ordenamiento jurídico español (artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida), y evitando en todo caso su desprotección, para lo que se instó al Ministerio Fiscal a que, de acuerdo con las funciones que le atribuye su Estatuto Orgánico, ejercitara las acciones pertinentes para determinar en la medida de lo posible la correcta filiación de los menores, y para su protección, tomando en consideración, en su caso, la efectiva integración de los mismos en un núcleo familiar “de facto”.

(iv) En los asuntos franceses, los comitentes habían solicitado que se determinara la filiación de las niñas no solo con base en las actas de nacimiento expedidas en Norteamérica (determinadas por la existencia de sendos contratos de gestación por sustitución que, una vez homologados judicialmente sus efectos, dieron lugar a la inscripción del nacimiento en el Registro Civil con determinación de la filiación respecto de los padres comitentes): en ambos casos se pidió, de modo alternativo o subsidiario, que se determinara la filiación paterna biológica respecto del marido, pues constaba que tanto el Sr. Labassee como el Sr. Mennesson eran los padres biológicos de las respectivas niñas. Y en el caso del matrimonio Labassee, se solicitó también que se realizara la inscripción de la filiación con base en un acta de notoriedad de posesión de estado civil puesto que constaba que el matrimonio Labassee había criado y educado a la niña desde su nacimiento. El Tribunal de Estrasburgo hace constar que en ambos casos está constatado que los matrimonios demandantes y las niñas fruto de la gestación por sustitución por ellos contratada formaban sendos núcleos familiares “de facto”.

El litigio que dio lugar al recurso resuelto por nuestra sentencia es distinto. Consistió en una impugnación por parte del Ministerio Fiscal de la inscripción en el Registro Civil con base en las actas de nacimiento de California. En este litigio, los demandados han sostenido la regularidad del reconocimiento en el Registro Civil español de la inscripción extranjera, alegando que el hecho de que los niños hayan sido fruto de un contrato de gestación por sustitución no impide que se reconozca en España la relación de filiación reconocida a los comitentes en el ordenamiento de California. No se han introducido adecuadamente en el debate, mediante la correspondiente alegación y prueba, las circunstancias concretas de los menores y de sus relaciones familiares: si alguno de los recurrentes es el padre biológico, si los niños están integrados actualmente en un núcleo familiar con los recurrentes, etc.

En estas circunstancias, impugnada por el Ministerio Fiscal la inscripción registral, defendida su legalidad por los hoy promotores del incidente, planteada la conformidad del contenido de la inscripción registral extranjera con el orden público internacional español, la cuestión relevante consistía en la aptitud de la relación resultante de una gestación por subrogación contratada en el extranjero, una vez que ha sido homologada judicialmente y ha dado lugar a la correspondiente inscripción registral en el Estado donde tuvo lugar la gestación y el nacimiento, para determinar en España la relación de filiación entre los niños así nacidos y los comitentes, esto es, las personas que contrataron la gestación por subrogación con la futura madre gestante y fueron reconocidos como padres, con base en tal relación jurídica, por el ordenamiento extranjero.

Este Tribunal decidió que, en tales circunstancias, dicha relación jurídica no podía ser reconocida por nuestro ordenamiento jurídico al resultar contraria a las normas actualmente vigentes que integran el orden público internacional español, como son las que regulan la filiación y las normas esenciales sobre técnicas de reproducción humana asistida.

Ahora bien, para proteger el interés del menor, y dado que era probable que alguno de los recurrentes fuera padre biológico de los niños, y que estos estuvieran integrados en un núcleo familiar “de facto” con los recurrentes, se instó al Ministerio Fiscal a proteger a los menores y a procurar su integración en ese núcleo familiar, en el caso de que efectivamente existiera, puesto que los menores no pueden cargar con las consecuencias negativas derivadas de que los recurrentes hayan acudido al contrato de gestación por subrogación, considerado radicalmente nulo por el ordenamiento jurídico español, que también dispone que la filiación materna es la que resulta del parto y deja a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico.

La sentencia de esta Sala no anula la inscripción de la filiación de los niños nacidos de una gestación por sustitución respecto de los comitentes para obligarles a dar un rodeo, “cumplir unas formalidades” y llegar al mismo sitio. La cuestión decisiva es que lo que determina la relación de filiación, esencial para establecer la identidad del menor, según las normas de orden público del ordenamiento español actualmente vigentes porque el legislador ha entendido que es lo más adecuado para proteger el interés del menor, es la filiación biológica (cuyo reconocimiento como determinante de la filiación tiene una especial importancia para el interés del menor, como elemento esencial de su identidad, y así es destacado por las sentencias del Tribunal de Estrasburgo), y el establecimiento de lazos filiales como consecuencia de la existencia de un núcleo familiar de facto en el que estén integrados los menores, el progenitor biológico y su cónyuge, como por ejemplo los derivados de la adopción, en la que el interés del menor se controla y protege por el juez que la constituye (artículo 176 del Código Civil). Y esta cuestión no ha sido la planteada en el proceso.

11.- Razones por las que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo consideran que se ha vulnerado el derecho a la vida privada de los niños por las autoridades judiciales francesas:

Las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, reconociendo que la filiación es un aspecto esencial de la identidad del individuo, no establecen que, a priori y en todo caso, cualquier decisión que afecte a la filiación de los menores suponga una violación de su derecho a la vida privada. Afirman las sentencias (párrafo 63 de la sentencia del caso Labassee y 84 de la del caso Mennesson) que el juez nacional, al aplicar la excepción del orden público internacional, debe procurar un equilibrio justo entre el interés de la comunidad en lograr que sus miembros cumplan con la elección efectuada democráticamente en su seno y el interés de los demandantes, incluido el interés superior del niño, para disfrutar plenamente de sus derechos al respeto de su vida privada y familiar. A tal efecto, el Tribunal de Estrasburgo realiza en estas sentencias un examen de la injerencia que dicha afectación supone a la luz de su jurisprudencia sobre el art. 8 del Convenio, y, en los casos enjuiciados, concluye que la injerencia cumple los requisitos de estar prevista en la ley y responder a una finalidad legítima, pero no supera la exigencia de ser necesaria en una sociedad democrática, debido a las consecuencias extremadamente rigurosas que en el ordenamiento jurídico francés se derivan del hecho de que los niños hayan sido gestados por una madre subrogada contratada por los comitentes, pues niega toda posibilidad de establecer lazos paterno filiales entre los comitentes y los niños, por lo que existe un desequilibrio injustificado entre los fines legítimos buscados por el Estado y el respeto a la identidad de los menores.

No deben descontextualizarse expresiones aisladas de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Los párrafos 75 y 78 de la sentencia del caso Labassee y 96 y 99 de la del caso Mennesson no afirman que cualquier afectación a la filiación del menor suponga una vulneración de su derecho a la vida privada, sino que tal afectación existe “en estas condiciones del Derecho positivo [francés]”, que consisten, como se ha visto, en la absoluta imposibilidad de que el ordenamiento jurídico francés reconozca cualquier vínculo de filiación entre los comitentes y el niño, no solamente por la imposibilidad de transcribir el acta de nacimiento norteamericana, sino también por la imposibilidad de que se reconozca la filiación biológica paterna (lo que el Tribunal de Estrasburgo considera injustificable), la filiación derivada de la posesión de estado, o la filiación por adopción por parte de los comitentes, con lo cual las menores tampoco podrán adquirir la nacionalidad francesa, ni heredar en calidad de hijas, lo que supone una situación de incertidumbre jurídica incompatible con las exigencias del art. 8 del Convenio.

12.- La sentencia dictada por esta Sala respeta el derecho a la vida privada de los menores y a la determinación de su identidad conforme al artículo 8 del Convenio:

Nuestra sentencia permite que la identidad de los menores quede debidamente asentada mediante el reconocimiento de la filiación biológica paterna y la formalización de las relaciones existentes si hubiera un núcleo familiar “de facto” entre los comitentes y los niños, como parece que existe. Y no solo lo permite, sino que acuerda instar al Ministerio Fiscal para que adopte las medidas pertinentes en ese sentido para la protección de los menores.

El Tribunal de Estrasburgo, en las sentencias Labassee y Mennesson, no afirma que la negativa a transcribir al Registro Civil francés las actas de nacimiento de los niños nacidos en el extranjero por gestación por subrogación infrinja el derecho al respeto de la vida privada de esos menores. Lo que afirma es que a esos niños hay que reconocerles un estatus definido, una identidad cierta en el país en el que normalmente van a vivir. Ese estatus debe ser fijado conforme a las normas esenciales del orden público internacional del Estado en cuestión sobre filiación y estado civil, siempre que sean compatibles con esta exigencia, como lo son en el ordenamiento jurídico español. En el caso de España, ese estatus puede proceder del reconocimiento o establecimiento de la filiación biológica con respecto a quienes hayan proporcionado sus propios gametos para la fecundación, puede proceder de la adopción, y, en determinados casos, puede proceder de la posesión de estado civil, que son los criterios de determinación de la filiación que nuestro ordenamiento jurídico vigente ha considerado idóneos para proteger el interés del menor.

Las molestias e inconvenientes que para los recurrentes (y en menor medida para los niños, que por su corta edad no serán conscientes siquiera de la situación) puede suponer la situación provisional que se produzca por la sustitución de la filiación resultante de la transcripción de las actas de nacimiento de California por la filiación que resulte de la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico español, no alcanzan una entidad suficiente como para considerar que se produce el desequilibrio vulnerador del derecho a la vida privada de los niños, en su aspecto de fijación de una identidad determinada. Se trata de una situación temporal que puede tener una duración razonablemente breve (determinación de la filiación paterna respecto del progenitor biológico y adopción por el cónyuge), y el Estado de Derecho provee de suficientes medios para evitar perjuicios a los menores durante esta interinidad, siguiendo el criterio de protección del núcleo familiar “de facto” afirmado en la sentencia.

Es más, los promotores del incidente deben ser conscientes de que la filiación de los menores podía haber sido ya fijada definitivamente, o estar muy avanzado el proceso para fijarla, si se hubiera dado cumplimiento a lo acordado en nuestra sentencia. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Fiscal en el último escrito presentado en el incidente, los promotores del incidente no solo no han ejercitado las acciones de reclamación de la filiación biológica paterna, sino que ni siquiera están prestando su colaboración al Ministerio Fiscal para que la filiación sea fijada del modo previsto en nuestro Derecho y acordada en la sentencia.

13.- Falta de alegación de perjuicios concretos causados a la identidad de los menores:

Los promotores del incidente invocan en abstracto el derecho a la vida privada de los menores, pero no alegan qué obstáculo hay para que la identidad de dichos menores sea establecida en cumplimiento de las medidas que la sentencia de esta Sala estableció para su protección, fijando su filiación, como aspecto fundamental de su identidad, mediante la determinación de la filiación biológica respecto del progenitor que efectivamente lo sea, y la adopción respecto del que no lo sea, que son los criterios determinantes de la relación paterno-filial previstos en nuestro ordenamiento jurídico.

Pese a la reiterada invocación genérica del interés del menor, los promotores del incidente no exponen adecuadamente en qué perjudica a estos concretos menores que la determinación de su filiación se haga, en un plazo razonable, conforme a la normativa española, atendiendo a los criterios que la sociedad española, mediante la decisión adoptada por su parlamento, considera en este momento adecuados para que una relación de filiación quede determinada y merezca protección jurídica. No reiteran siquiera las alegaciones infundadas que hacían en su recurso en el sentido de que los niños serían ingresados en un orfanato o expulsados a los Estados Unidos, carentes de cualquier verosimilitud y que en todo caso quedan descartadas por la decisión de esta Sala de instar al Ministerio Fiscal para que proteja el núcleo familiar que pudiera existir “de facto” y se determine la filiación biológica paterna.

No existe una situación de incertidumbre equiparable a la de los menores de los casos resueltos por el Tribunal de Estrasburgo, que se veían imposibilitados de por vida para ver reconocida su filiación por el ordenamiento jurídico nacional, con las consecuencias que ello traía respecto de la adquisición de la nacionalidad francesa y sus derechos sucesorios. En nuestro caso, los inconvenientes que puedan surgir en el proceso de fijación de la filiación biológica paterna y de adopción son transitorios, superables, y no alcanzan un nivel de gravedad tal que puedan considerarse constitutivos de un desequilibrio entre los intereses de la comunidad, fijados en su legislación sobre filiación y reproducción humana asistida, y el interés de los menores. Además, como se ha dicho, en ese periodo transitorio regirá el criterio de protección de la unidad familiar “de facto” que al parecer existe, para el caso de que surjan problemas en relación a la situación de los menores.

La defensa en abstracto de una determinada forma de fijación de la filiación (en este caso concreto, la que resulta de la existencia de un contrato de gestación por subrogación celebrado en California y homologado por las autoridades judiciales de dicho Estado, conforme a su legislación, una vez que la madre ha renunciado antes del parto a reclamar su condición de tal) es legítima. No es ajeno este tribunal a la existencia de un debate social e incluso al anuncio de reformas legislativas al respecto. Pero no parece razonable que la defensa de esos cambios en las relaciones familiares se haga imputando la vulneración de los derechos de los menores, en el caso concreto, al tribunal que, como es nuestro caso, protege tales derechos del modo previsto en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento, y que no se ha revelado incompatible con las exigencias derivadas de la Constitución y de los tratados sobre derechos humanos ratificados por España ni con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No debe confundirse la defensa de los derechos e intereses legítimos de los adultos (como son los ligados al contrato de una gestación subrogada que celebraron en California, al que pretenden se dé plena eficacia en España pese a las previsiones de la legislación nacional) con los derechos de los menores que han nacido de esa gestación subrogada, porque no son necesariamente coincidentes. (…)»

B. Conclusión: 

La denegación de la inscripción en España de la filiación de los menores nacidos en virtud de un contrato de gestación por sustitución respecto de los comitentes no vulnera el derecho a la vida privada de los menores. La sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo protege el interés de los menores, pues permite la fijación de las relaciones paterno- filiales mediante la determinación de la filiación biológica paterna y la formalización de las relaciones familiares «de facto» mediante la adopción o el acogimiento, protegiendo en todo momento la unidad familiar en que puedan estar integrados los menores.

C. Voto Particular:

El Auto cuenta con un voto particular discrepante de los magistrados señores Ferrándiz Gabriel; Seijas Quintana; Arroyo Fiestas y Sastre Papiol, en el que consideran la protección de derechos fundamentales ante una realidad innegable, como es la de los vientres de alquiler, y de unos niños que están creciendo en un entorno familiar, social y económico, con independencia de la nulidad del contrato que propició su nacimiento. En definitiva, con el interés de los menores, niños de carne y hueso, que no están en condiciones de recibir la protección especial que merecen sus derechos, sus necesidades y sus problemas desde su estancia en España.

Lo que es necesario es que un niño no se vea perjudicado por el hecho de que ha sido traído al mundo por una madre subrogada, comenzando por la ciudadanía o la identidad que revisten una importancia primordial. En segundo lugar, estas soluciones mantienen una «incertidumbre inquietante» en cuanto a la situación de los menores; incertidumbre que refiere la sentencia del TEDH de 26 de junio de 2014. El problema afecta no solo a los padres, cuyo interés no está disociado del de sus hijos, sino al interés prevalente de los menores, y al hecho, también referido en la citada sentencia, de que » cada uno pueda establecer la sustancia de su identidad, incluido su filiación», significativamente afectado e incompatible «con el interés superior de los niños, cuyo respeto debe guiar toda decisión que les concierne», lo que exige una respuesta inmediata, que no se ha dado. No comparten, por tanto, la disociación que el auto hace de la defensa de los derechos e intereses legítimos de los adultos con los derechos de los menores que han nacido de esa gestación subrogada; en un caso, además, en el que unos – hijos- y otros – padres- están integrados en un mismo núcleo familiar desde hace años.

Consideran también que la solución alcanzada por la mayoría no ha realizado una adecuada ponderación de los bienes jurídicos en conflicto que tome en consideración primordial no solo el interés superior de los menores, sino la incertidumbre jurídica que la situación genera y seguirá generando en tanto no se de respuesta a su solicitud de inscripción… con el grave efecto de retrasar una filiación que podía haber sido ya fijada definitivamente y sin inconveniente alguno para nuestro ordenamiento jurídico que, de una forma o de otra, lo está admitiendo a través de vías verdaderamente singulares como son las circulares o las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado que han terminado por convertir la excepción de orden público en una cuestión meramente formal…

¿De quién heredan los nietos si el padre fallece antes que el abuelo?

lunes, 12 enero 2015

Lo normal es que los padres mueran antes que sus hijos y éste es el deseo de todo padre y madre. Lo más doloroso para los padres es que sus hijos los antecedan en el fallecimiento y, lamentablemente, este hecho ocurre con alguna frecuencia. Es un drama familiar que un padre o una madre mueran antes que el abuelo o la abuela. Después de superar este trauma familiar, hay una pregunta inevitable, que parece odiosa, pero que en algún momento habrá que enfrentar: ¿si los padres fallecen antes que los abuelos, los nietos de quién heredan?

La respuesta parece sencilla, pero desde un punto de vista jurídico no es muy fácil de explicar, porque hay diversas interpretaciones. La respuesta sencilla sería: si el padre heredero muere antes que el abuelo sin haber aceptado ni repudiado la herencia, pasará el mismo derecho que el padre tenía a sus hijos (es decir, a los nietos).

1. Existen dos posiciones doctrinales sobre la interpretación y alcance del artículo 1006 del Código Civil que contempla la sucesión por derecho de transmisión, que yo llamaría la teoría sencilla y la teoría complicada:

a) La teoría “sencilla” de la adquisición directa o por doble capacidad, que considera que los bienes del primer causante pasan directamente al heredero transmisario cuando éste ejercita positivamente el “Ius Delationis”.

b) La teoría “complicada” que considera que existen dos movimientos de bienes: uno que va del patrimonio del causante a la masa hereditaria del heredero transmitente, que fallece antes de aceptar la herencia de aquél; y un segundo movimiento desde esta masa hereditaria del segundo causante o transmitente al heredero transmisario que acepta las dos herencias, como si se tratara de dos sucesiones.

2. Vamos a quedarnos con la «teoría sencilla» que es la que contempla el artículo 1006 del Código Civil, al establecer que “por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía”. La cual ha sido corroborada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo al dictar la Sentencia 539/13, de 11 de septiembre de 2013 (recurso 397/2011), sentando doctrina jurisprudencial en torno a cómo ha de interpretarse este hecho: «cuando el llamado a suceder al causante fallece antes de aceptar o repudiar su herencia, hay un mero efecto transmisivo del derecho como presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia”.

De este modo, al aceptar la herencia, los herederos transmisarios (nietos) suceden directamente al causante de la herencia (abuelo) y en otra sucesión distinta, al fallecido heredero (el padre), conforme a lo establecido en el artículo 1006 del Código Civil. Es lo que se conoce como el Ius Delationis y el Ius Transmissionis. 

3. El Ius Delationis es el derecho que se le concede al llamado a una herencia para aceptarla o repudiarla, una vez producida la apertura de la herencia (por el fallecimiento de una persona); el llamamiento a la sucesión puede ser por testamento (sucesión testada) o por ley (sucesión intestada o sin testamento).

Si el llamado a la herencia la acepta, desde ese momento ostenta la condición de heredero. Esa aceptación puede ser pura y simple, expresa o tácita, y por tanto el heredero responde de todas las cargas de la herencia con los bienes de la herencia y con los suyos propios, a menos que haya aceptado la herencia a beneficio de inventario.

Este derecho que ostenta el llamado a la aceptación o repudiación de la herencia, es transmisible mortis causa, situación que se contempla en el artículo 1006 del Código Civil, cuando el llamado a la herencia fallece sin haberla aceptado ni repudiado.

Por tanto, el Ius Transmissionis se entiende ligado al Ius Delationis, puesto que el derecho que tiene el llamado a una herencia para aceptarla o repudiarla (Ius Delationis), se transmite a sus herederos, según el citado artículo 1006 del Código Civil: “por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía”. Esta transmisión del derecho que tenía el llamado a una herencia, pero que ha fallecido sin haberlo ejercitado, se conoce con el nombre de Ius Transmissionis o derecho de transmisión, en el sentido de que los herederos del heredero fallecido adquieren la facultad de aceptar o repudiar la herencia del causante.

El derecho de transmisión del artículo 1006 (Ius Transmissionis) supone posibilidad ex lege de transmitir el Ius Delationis.

4. La cuestión de fondo es que en los Tribunales no había unidad de criterio en cuanto a la naturaleza y alcance del derecho de transmisión (Ius Transmissionis) del artículo 1006 del Código Civil, pues se aplicaba una u otra teoría indistintamente, hasta que llega la Sentencia 539/13 del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 11 de septiembre de 2013, que sienta como doctrina jurisprudencial aplicable lo contenido en su fundamento segundo de derecho, que dice:

“La correcta fundamentación del presente caso requiere de una previa precisión de índole metodológica en el alcance del artículo 1006 del Código Civil. En este sentido interesa destacar que el derecho de transmisión que contempla el citado precepto (ius transmissionis) refiere, sustancialmente, la cualidad del ius delationis de poder ser objeto de transmisión, esto es, la aplicación ex lege de un efecto transmisivo en la adquisición de la herencia por el que el derecho a aceptar o repudiar la herencia que tenía el heredero transmitente, que fallece sin ejercitarlo, pasa a sus propios herederos, denominados en este proceso como herederos transmisarios. De esta forma, fuera de la mencionada cualidad el derecho de transmisión, en sí mismo considerado, ni configura ni altera la naturaleza y caracterización del ius delationis, verdadera cuestión de fondo del caso planteado…

“Esta equivalencia entre la unidad del fenómeno sucesorio y el ius delationis, que subsiste como tal, sin pérdida de su esencia o de sus caracteres en el curso de dicho fenómeno sucesorio, también encuentra un claro apoyo interpretativo en los precedentes de nuestro Código Civil pertinentes al actual artículo 1006. En este sentido, el artículo 2365 del Proyecto de 1836 ya establecía que el ius delationis podían ejercitarlo los herederos «en su propio nombre». Por su parte, el artículo 836.1 del Proyecto de 1851 recalcaba que por la muerte del heredero, sin aceptar o repudiar la herencia, «se transmitía a los suyos el mismo derecho que él tenía». Dicha expresión fue mantenida en el artículo 1018 del Anteproyecto de 1882.

“Del contexto interpretativo realizado debe concluirse, como fijación de la Doctrina jurisprudencial aplicable a la cuestión debatida, que el denominado derecho de transmisión previsto en el artículo 1006 del Código Civil no constituye, en ningún caso, una nueva delación hereditaria o fraccionamiento del ius delationis en curso de la herencia del causante que subsistiendo como tal, inalterado en su esencia y caracterización, transita o pasa al heredero trasmisario…

«No hay, por tanto, una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius delationis, sino un mero efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la herencia que ex lege ostentan los herederos transmisarios; todo ello, dentro de la unidad orgánica y funcional del fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que aceptando la herencia del heredero transmitente, y ejercitando el ius delationis integrado en la misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente…

«La inalterabilidad del ius delationis, junto con la debida diferenciación de los procesos sucesorios en liza, determina, a su vez, que los derechos hereditarios de los herederos transmisarios se ejerciten plenamente conforme a la sucesión del causante de la herencia, ya testamentariamente o bien de forma intestada, quedando comprendidas en dicha ejecución sucesoria la concreción e individualización propia de las operaciones particionales cuando éstas tengan lugar; sin que dicha ejecución venga condicionada por las disposiciones que deban seguirse respecto de la sucesión o partición de la herencia del heredero transmitente…

«Esta misma razón de inalterabilidad o subsistencia del ius delationis hace que cumplidos ya los requisitos de capacidad sucesoria por el heredero transmitente y, por tanto, la posibilidad de transmisión del ius delationis, la capacidad sucesoria de los herederos transmisarios en la herencia del causante deba ser apreciada cuando éstos acepten la herencia del fallecido heredero transmitente…»

5. Por último, la misma Sentencia 539/13 del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 11 de septiembre de 2013, dice que en parecidos términos a lo expuesto, en los Derechos Forales, el ius delationis y el ius transmissionis gozan de plena carta de naturaleza.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Fiscalidad y Familia

jueves, 20 noviembre 2014

Es imprescindible mejorar el trato fiscal a las familias españolas, máxime si tenemos en cuenta que los principios de la regulación fiscal son la neutralidad, la equidad y la eficiencia. La mejora del tratamiento fiscal dado a las familias no es solo una cuestión de justicia tributaria, sino también una decisión política para la sostenibilidad social.

Las legislaciones que contemplan beneficios tributarios a las familias, lo hacen estimulando el crecimiento demográfico para frenar el rápido envejecimiento de la población en las economías desarrolladas. España se encuentra entre los países con más baja natalidad del mundo, y esto repercute en el futuro de las prestaciones sociales y del Estado del bienestar. Proteger a las familias con hijos no es cuestión baladí.

1. El Pleno del Congreso ha aprobado hoy definitivamente los tres proyectos de ley que conforman la reforma fiscal relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto de Sociedades y al IVA y otros tributos especiales para que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

Respecto a la fiscalidad familiar, esta reforma amplía el beneficio fiscal asociado a los «impuestos negativos» por discapacitados a cargo o familias numerosas. En concreto, en los supuestos en los que los contribuyentes tengan a su cargo ascendientes o descendientes con discapacidad, podrán obtener 1.200 euros al año por cada ascendiente o descendiente.

Asimismo, se permite el derecho a aplicar las deducciones entre los contribuyentes que tengan derecho a las mismas en relación con un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa (por ejemplo, entre los ascendientes de un mismo descendiente), para facilitar la gestión ante la administración mediante una solicitud conjunta. Se clarifican los supuestos que dan derecho a las deducciones por familia numerosa para incluir la integrada por hermanos huérfanos de padre y madre.

La reforma fiscal introduce un aumento de los mínimos familiares en el IRPF, de hasta el 32%, y tres nuevos «impuestos negativos» o categorías de beneficios sociales para familias y personas con discapacidad. Operarán para familias con hijos dependientes con discapacidad, familias con ascendientes dependientes y familias numerosas (3 o más hijos o con 2 hijos y uno discapacitado). En cada uno de los casos recibirán 1.200 euros anuales, que se podrán recibir de forma anticipada a razón de 100 euros mensuales. Estos «impuestos negativos» son acumulables entre sí y al actual de igual cuantía (100 euros mensuales) que perciben las madres trabajadoras con hijos menores de tres años.

2. Efectivamente, puede ser que esta reforma resulte más favorable para las familias con hijos o con personas dependientes, al incorporar por primera vez deducciones específicas para familias numerosas y aumentar las cuantías de los mínimos vitales y familiares. Es verdad que el nuevo IRPF dará un trato más positivo a los hogares con más miembros dependientes, ya sean niños o mayores. Pero con respecto a otros países europeos, todavía se queda corta en cuanto a beneficios fiscales para las familias. Es lamentable que impuestos indirectos como el IVA, en artículos como pañales para bebés, alcancen el 21%, como si fuesen artículos de lujo, aunque, por fortuna, los pañales para adultos sí tienen un IVA más reducido.

Varios padres y asociaciones de familias numerosas españolas manifiestan que no están tanto a favor de establecer o aumentar «los mínimos familiares» como sí de tener en cuenta a todos los miembros de la familia, al igual que sucede en Francia con el llamado «cociente familiar» del Impuesto sobre la Renta; es decir, que la renta se divida primero entre los miembros del hogar, dando lugar a la renta per cápita familiar, sobre la que se calcula el impuesto: este sistema es mucho más justo y equitativo, y los expertos lo consideran como uno de los factores que ayudan a que Francia tenga una de las tasas de natalidad más elevadas de Europa.

El sistema francés es mucho “más equitativo” porque considera a la familia “como una unidad fiscal” en la que la renta se divide por el número de hijos. Es por lo tanto, una medida de mayor equidad distributiva que aplicar el impuesto exclusivamente sobre la renta, porque lo que hace es ajustar los ingresos a la verdadera renta disponible, teniendo en cuenta el mayor gasto que conlleva mantener una familia.

Este sistema francés no es una innovación, puesto que está en vigor en Francia desde 1945 por consenso de todos los partidos políticos. Lo positivo es que cambia el concepto porque no se parte de la idea de una ayuda a las familias sino de un reparto equitativo al gravar el nivel de vida y no la renta. Debe permitirse a las familias deducir en el IRPF los gastos inherentes a la infancia, como los pañales, la leche y los gastos médicos específicos.

3. Varias familias piensan que tener hijos en España discrimina fiscalmente, no solo con el IRPF sino también con el IVA. Y se preguntan «¿es normal que los niños, que no tienen ningún tipo de ingreso, tengan que pagar impuestos? Pues lo hacen: su comida, su ropa, todo lo que usan, está gravado con el IVA».

Otro aspecto desfavorable para las familias numerosas es, por ejemplo, el impuesto de circulación que se calcula por la potencia del vehículo, y como las familias numerosas necesitan vehículos grandes, siempre pagan más. Consideran que el hecho de solo dirigirse a individuos hace que la dimensión familiar esté ignorada, provocando multitud de problemas, no solo fiscales, sino con todo lo que supone la conciliación de la vida familiar y laboral. «Así, no es de extrañar que seamos de los últimos países del mundo en natalidad, y se retrasen los matrimonios y la formación de hogares. Si queremos apostar por un futuro sostenible, y mantener nuestro sistema de bienestar, el trato a las familias es clave. Ojalá esta reforma fiscal, y el plan de apoyo a la familia sea un primer paso para conseguirlo, y se mantenga y se mejore con el tiempo».

Sabemos que el tratamiento fiscal de la familia es un problema complejo, sobre el que difícilmente puede proponerse una solución claramente superior a las demás, desde los puntos de vista de la equidad tributaria, de la eficacia económica y de la igualdad ante la ley. Por razones de eficacia económica, el incentivo a trabajar de una persona no debería verse condicionado por la renta de los miembros de su familia, puesto que al considerar la renta conjunta de una familia como base imponible de un impuesto progresivo, deriva en que el tipo marginal al que se grava el trabajo de un cónyuge empieza donde acaba el del otro.

4. La reforma fiscal respecto a los mínimos familiares y el impuesto negativo:

a) Esta reforma fiscal plantea profundizar en los mínimos familiares en el IRPF y extender a las familias numerosas la deducción de 1.200 euros al año (o un adelanto de 100 euros al mes) que ya disfrutan las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años.

El aumento de los mínimos familiares es más notable en el caso de los dos primeros descendientes menores de 18 años. Así, el mínimo familiar exento por el primer hijo pasa de 1.836 euros a 2.400 euros, mientras que si hay un segundo descendiente, la exención sube de 2.040 euros a 2.700 euros, un incremento cercano al 33%. El aumento del mínimo familiar es más limitado por el tercer hijo (de 3.672 a 4.000 euros) y la exención llega a 4.500 euros (frente a los 4.182 actuales) si se tienen cuatro hijos o más. Además, también se aumenta la exención si los hijos son menores de tres años (de 2.244 a 2.800 euros).

El incremento de los mínimos familiares también afecta a lo que queda exento por tener familiares mayores de 65 años a cargo (pasará de 918 euros a 1.150 euros), una exención que se amplía a 2.550 euros a partir de los 75 años. En el caso de los familiares discapacitados, el aumento de la exención es del 29%, de modo que la desgravación oscila entre los 3.000 y los 12.000 euros en función del grado de discapacidad del familiar.

b) Además del aumento de los mínimos familiares, se ha decidido ampliar el uso de lo que los expertos catalogan como “impuesto negativo”: una deducción en la cuota que el contribuyente puede pedir por adelantado, ya que su cobro está asegurado. Es lo que ya se utiliza en el caso de las mujeres trabajadoras con hijos menores de tres años: tienen derecho a una desgravación anual de 1.200 euros, que Hacienda les puede anticipar, si lo solicitan, mediante un ingreso de 100 euros al mes.

Esta fórmula se extenderá ahora a otros colectivos. Así, una familia con hijos dependientes con una discapacidad superior al 33% podrá aplicarse dicha deducción, o el cobro por adelantado, desgravación que también podrán aplicarse los hogares con ascendientes dependientes con una discapacidad también del 33%.

Las familias numerosas con tres o más hijos también tendrán derecho a esta ayuda, o aquellas que tengan dos hijos pero uno de ellos presente una discapacidad del 33%. La medida se extenderá a las familias numerosas de categoría especial, con cinco o más hijos, o aquellos hogares con cuatro hijos y al menos tres por parto o adopción múltiple. También se aplicará a familias con cuatro hijos e ingresos anuales no superiores al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), fijado en unos 7.450 euros al año. Estas ayudas son acumulativas, es decir, que si una familia cumple, por ejemplo, con dos requisitos, podrá desgravarse 2.400 euros, o recibir 200 euros de ingreso mensual.

5. La Reforma del IRPF es cierto que supone una mejora de la protección fiscal de las familias con hijos, con la nueva deducción de 1.200 euros para familias numerosas y de 2.400 para las de categoría especial; sin embargo, estas medidas fiscales son insuficientes si no van acompañadas de otras relativas a la vivienda, la educación, la conciliación de la vida famiiar y laboral, etc.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

Reparto equitativo de los gastos derivados del régimen de visitas

lunes, 7 julio 2014

La Sala Primera del Tribunal Supremo dicta sentencia, de fecha 26 de mayo de 2014 (recurso número 2710/2012), cuyo Magistrado Ponente es D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, por la que se fija como doctrina jurisprudencial, respecto del reparto de gastos derivados del régimen de visitas a los hijos menores, lo siguiente:

«En caso de separación de los padres, para determinar el criterio que contribuya a clarificar la cuestión es preciso que se establezca un sistema prioritario y otro subsidiario, dado que pueden presentarse diferentes situaciones y será necesario ofrecer soluciones alternativas adaptadas a las particularidades de cada situación. En base a ello la Sala declara que para la determinación de quién es el obligado a trasladar y retornar al menor del domicilio de cada uno de los progenitores, se habrá de estar al deseable acuerdo de las partes, en tanto no viole el interés del menor, y en su defecto:

1. Cada padre/madre recogerá al menor del domicilio del progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita y el custodio lo retornará a su domicilio. Este será el sistema normal o habitual.
2. Subsidiariamente, cuando a la vista de l as circunstancias del caso, el sistema habitual no se corresponda con los principios expresados de interés del menor y distribución equitativa de las cargas, las partes o el juez podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los progenitores con la correspondiente compensación económica, en su caso y debiendo motivarse en la resolución judicial.

Estas dos soluciones se establecen sin perjuicio de situaciones extraordinarias que supongan un desplazamiento a larga distancia, que exigirá ponderar las circunstancias concurrentes y que deberá conllevar una singularización de las medidas adoptables»…

«Para ello la Sala debe ajustarse a dos principios generales de ineludible observancia en esta materia:

1. El interés al menor, art. 39 Constitución y art. 92 Código Civil.
2. El reparto equitativo de cargas, art. 90 c) y art. 91 del Código Civil.

Es esencial que el sistema que se establezca no pierda de vista el interés del menor, de forma que no dificulte su relación con cada uno de los progenitores. Por otro lado, es preciso un reparto equitativo de cargas, de forma que ambos progenitores sufraguen los costes de traslado de forma equilibrada y proporcionada a su capacidad económica, teniéndose en cuenta sus circunstancias personales, familiares, disponibilidad, flexibilidad del horario laboral, etc.»

Como ya se dijo, la sentencia declara «que se establezca un sistema prioritario y otro subsidiario, dado que pueden presentarse diferentes situaciones y será necesario ofrecer soluciones alternativas adaptadas a las particularidades de cada situación».

En el caso enjuiciado por el Alto Tribunal, el padre alegó en su recurso que recorría unos 1.200 kilómetros mensuales, aproximadamente para poder visitar a su hijo menor. La sentencia detalla las circunstancias económicas de ambos: el hombre percibe una prestación pública de 423 euros, con algún trabajo esporádico en el campo, y la mujer una prestación de 500 euros estando desempleada. «A la vista de los escasos ingresos de los padres, y del notable kilometraje que se ha de desarrollar pese a la escasa distancia entre los municipios, derivado del amplio régimen de visitas», dicen que el padre recogerá al hijo en el domicilio materno, y la madre quien le recoja del paterno cuando concluya el régimen de visitas. A la hora de establecer esta nueva doctrina, el Tribunal Supremo destaca la gran cantidad de sentencias sobre este asunto, y la contradicción que existe entre ellas.

Así, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina, al resolver un recurso que presenta interés casacional, sobre el sistema que ha de regir para el reparto equitativo entre los progenitores de las cargas derivadas del régimen de visitas cuando ambos cónyuges residen en localidades muy distantes, a fin de que, como regla general, sean ambos los que se las realicen y no sea solamente el progenitor no custodio el que las asuma en exclusiva.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

 

Páginas: Ant. 1 2 3 ... 7 8 9 10 11 ... 39 40 41 Sig.