El matrimonio y la vida matrimonial son dos conceptos diferentes en dos momentos diferentes. El matrimonio es el vínculo que se crea cuando los dos contrayentes emiten un consentimiento matrimonial válido, es decir, cuando se dan el “sí quiero” el día de la boda o ceremonia nupcial. Ese consentimiento matrimonial auténtico de cada uno (que es la causa) genera el efecto (que es el vínculo o alianza matrimonial). El matrimonio válido lo origina el consentimiento matrimonial válido de los contrayentes. He aquí el primer momento. Luego viene el segundo momento que es la vida matrimonial de los cónyuges, esto es, la convivencia de los esposos en la que se pone por obra ese deseo y voluntad auténtica del “sí quiero… entregarme a ti y amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la juventud y en la vejez…”.

La vida matrimonial es la convivencia matrimonial en la que se pone en acción esa búsqueda del bien de los cónyuges, que es el objeto del consentimiento matrimonial.

1. Todo matrimonio se presume válido, mientras no se demuestre lo contrario; es lo que conocemos como el “favor iuris” o favor del derecho. Mientras no se solicite, no se demuestre y no se declare judicialmente la nulidad matrimonial, el matrimonio se considera válido. En un proceso de nulidad matrimonial, lo que debe probarse es la nulidad del matrimonio y no su validez, aportando todas las pruebas documentales, testimoniales y periciales que resulten veraces para declarar la nulidad matrimonial, que no es otra cosa que corroborar que si no hubo causa (no hubo consentimiento matrimonial válido) no hubo efecto (no hubo matrimonio válido).

Es como una cadena o secuencia lógica fácil de entender, en la que el primer eslabón es el consentimiento matrimonial que da paso al segundo eslabón que es el matrimonio o alianza matrimonial o vínculo matrimonial, y éste a su vez da paso al tercer eslabón que es la vida matrimonial o convivencia conyugal, en la que cada uno busca el bien del otro cónyuge, el bien de la familia y el bien de los hijos. Son tres eslabones de una misma cadena.

Lo normal y corriente es que existan matrimonios con vida matrimonial, pero pueden darse situaciones excepcionales en las que habiendo matrimonios válidos los esposos no conviven, bien sea porque están separados judicialmente o de hecho; o porque debido a circunstancias laborales, los cónyuges viven en sitios distantes: pensemos, por ejemplo, en algunos casos de militares, cuerpo diplomático, marineros, presidentes de multinacionales, etc., que por razones justificadas uno de los cónyuges no se puede desplazar por largo tiempo al lugar del trabajo del otro. Todo esto demuestra que el matrimonio y la vida matrimonial no son lo mismo, porque pueden darse matrimonios válidos pero sin vida matrimonial.

Igualmente, pueden existir matrimonios válidos, pero cuya vida matrimonial o convivencia conyugal ha fracasado, y no por esto son matrimonios nulos. Los fracasos matrimoniales no se pueden confundir con nulidades matrimoniales.

También pueden darse en la vida real casos muy curiosos, en los que probablemente habiendo matrimonios “nulos”, éstos presentan una espléndida vida matrimonial. Ya decíamos que todo matrimonio se presume válido, mientras no se demuestre lo contrario. Pues bien, hay matrimonios que nunca han pedido ni pedirán la nulidad matrimonial, pero si la solicitaran podrían configurarse una o varias causales de nulidad sin que lo sepan los esposos, o sabiéndolo no lo manifiestan y, sin embargo, llevan una buena convivencia conyugal, tratándose quizás de matrimonios nulos.

2. Desde un punto de vista personalista, el concepto de matrimonio como alianza es más acorde que el concepto de matrimonio como contrato, puesto que en el matrimonio se implican las personas de los cónyuges. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica Gaudium Et Spes Nº 48, habla del matrimonio como “la íntima comunidad de vida y amor conyugal que se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable”. El Código de Derecho Canónico, en el canon 1055, describe el matrimonio como “un consorcio de toda la vida”. A esta descripción se añade la enumeración de los fines del matrimonio que, por su propia naturaleza, se ordena al bien de los cónyuges, a la generación y educación de la prole y lo eleva a la dignidad de sacramento entre bautizados. En ese mismo orden natural, también se describe el matrimonio como “una caro”, como una unidad en la naturaleza masculina y femenina.

Tradicionalmente el derecho canónico ha expresado dos conceptos que son el matrimonio in fieri y el matrimonio in facto esse, para referirse al matrimonio y a la vida matrimonial respectivamente, pero, en mi opinión, se reduce a una visión demasiado contractualista del matrimonio, en la que prima un conjunto indefinido e indefinible de derechos y obligaciones que se intercambian los esposos a través el matrimonio, empobreciendo la realidad personalista de la entrega sincera, mutua y recíproca de los cónyuges y, a la vez, opacando la relación familiar del vínculo conyugal. Los cónyuges, al casarse, lejos de intercambiarse contractualmente unos derechos y unas obligaciones matrimoniales, lo que están haciendo es entregarse mutua y recíprocamente para fundar una familia, creando unas relaciones familiares basadas en el hecho real de que los cónyuges son los primeros parientes.

El matrimonio no es un contrato, es mucho más, …. es una alianza permanente que despliega la vida de los esposos que se entregan incondicionalmente. En un sistema divorcista el matrimonio es un contrato que se disuelve por la misma voluntad de los cónyuges que lo contrajeron. Actualmente, en muchos ordenamientos civiles, el matrimonio es menos que un contrato, porque se disuelve más fácilmente y sin menos formalismos que, por ejemplo, una hipoteca o un arrendamiento.

3. La vida matrimonial no puede ser perfecta, porque los esposos no son perfectos. Pero esa vida matrimonial va madurando, así como va madurando el amor de los esposos a través de la convivencia y del ejercicio de las virtudes de cada uno de ellos y de los demás miembros de la familia. Ese amor conyugal es el que funda un hogar. El hogar como el amor es un proyecto a largo plazo; el matrimonio y la vida matrimonial también son proyectos a largo plazo y con vocación de futuro. Los cónyuges se estabilizan, cuando “echan raíces”, es decir, cuando conviven con una decisión de permanencia. Es necesario recordar que es posible el matrimonio duradero y la vida matrimonial permanente y feliz.

El concepto de matrimonio como comunidad de vida y amor tiene un profundo significado. Una vez celebrado el matrimonio, los esposos están destinados a amarse y sostenerse mutuamente, pero su gradual desarrollo a lo largo de la vida matrimonial, e incluso su fracaso matrimonial, pertenece al orden de su existencia histórica y biográfica, pero no al de la esencia o constitución jurídica concreta del matrimonio.

Se podría decir que el matrimonio es la decisión de los dos contrayentes que voluntaria y libremente se casan, mientras que la vida matrimonial es la actitud de esos dos esposos que asumen con responsabilidad su identidad de cónyuges.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

La separación de los cónyuges no disuelve el vínculo matrimonial, puesto que los esposos separados continúan legalmente casados, a pesar de que ya no tengan vida en común y residan en distintos domicilios con vidas independientes. Se debe distinguir entre separación de hecho y separación judicial.

1. La separación de hecho es el cese efectivo de la convivencia matrimonial sin acudir al Juzgado para formalizar la situación; se trata de una separación matrimonial acordada libremente por ambos cónyuges o impuesta por el cónyuge que decide unilateralmente marcharse del hogar.

La separación judicial se declara mediante la sentencia judicial que suspende la vida en común de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, es decir, se independiza el patrimonio de cada uno de los cónyuges de las actividades del otro.

Mientras no exista separación con sentencia judicial, se mantiene el régimen económico matrimonial, a menos que se hagan capitulaciones matrimoniales, mediante Escritura Pública. Si el régimen económico del matrimonio es el de gananciales, las actividades económicas que realice uno de ellos, especialmente las deudas que pueda contraer, pueden afectar a los bienes gananciales, esto es, el patrimonio generado durante el matrimonio y que pertenece a ambos cónyuges.

Cuando se produce la separación matrimonial porque uno de los cónyuges abandonó el domicilio conyugal, podría configurarse el delito de abandono de familia, si se dan los supuestos tipificados en el artículo 226 del Código Penal : “El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses” .

2. Para que pueda solicitarse la separación judicial debe haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio, sin que tengan que alegarse causales de separación. Sin embargo, no será necesario este plazo de tres meses para la interposición de la demanda, cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

El procedimiento para tramitar la separación judicial puede realizarse de mutuo acuerdo o a instancia de un cónyuge con el consentimiento del otro o de manera contenciosa.

3. Lo cierto es que, tanto en la legislación canónica como en la civil, la separación matrimonial parece estar en desuso.  Lo que hoy abunda es el divorcio (en el derecho civil) y las nulidades matrimoniales (en el derecho canónico). Poco se piensa en la separación de los cónyuges como una de las soluciones legales actualmente vigentes para ayudar a resolver las crisis matrimoniales, con la consecuente suspensión de la vida matrimonial, pero permaneciendo el vínculo conyugal.

Es muy importante distinguir entre divorcio, nulidad matrimonial y separación matrimonial, para tener muy claro que tras la separación no se pueden volver a casar los cónyuges.

La separación matrimonial es temporal porque dura hasta que cese la causa que la motivó o hasta que los esposos se reconcilien.

4. Si hay reconciliación entre los cónyuges durante la tramitación del procedimiento, y antes de que recaiga sentencia, se extingue la acción, siempre y cuando  ambos cónyuges lo comuniquen expresamente, y por separado, al Juzgado que está conociendo la causa.

Cuando ya se ha declarado judicialmente la sentencia de separación y se reconcilian los esposos, el Juez, tras la notificación de la reconciliación por cada uno de ellos, dejará sin efecto lo acordado, salvo dos excepciones:

a) Mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique.

b) Conforme al artículo 1443 del Código Civil, la separación de bienes que se hubiera decretado entre los cónyuges no se altera por la reconciliación. Quiere esto decir que la reconciliación no restaura el régimen económico del matrimonio anterior a la sentencia de separación, por lo que será necesario que los cónyuges lo acuerden así en capitulaciones matrimoniales.

Si es una separación de hecho en las que se hicieron capitulaciones matrimoniales, éstas se mantendrán si los esposos se reconcilian, a menos que deseen modificarse nuevamente mediante Escritura Pública.

5.  La separación de los cónyuges en el Derecho Canónico:

En el Derecho Canónico existen principalmente dos causas de separación: el adulterio y el grave peligro espiritual o corporal del cónyuge o de la prole. El Código de Derecho Canónico establece también normas procesales propias para las causas de separación.

Si los cónyuges quieren seguir casados, pero separados, es legítima y posible esta opción, ya que la separación no afecta sustancialmente a la esencia del matrimonio. Aunque no haya vida matrimonial ni convivencia matrimonial, siguen manteniéndose entre los esposos los deberes y obligaciones propios del matrimonio, como son la fidelidad y la ayuda mutua, además de los deberes y obligaciones para con los hijos.

No es fácil entender un matrimonio sin vida matrimonial, pero es una posibilidad real para los cónyuges que quieren permanecer casados aunque separados: el matrimonio y la vida matrimonial son dos conceptos diferentes, tema que resulta muy interesante de estudiar e investigar desde una óptica socio-jurídica. Un aspecto de esta diferencia es que pueden existir matrimonios válidos, pero cuya convivencia matrimonial ha fracasado. Es cuando podemos darnos cuenta de que un fracaso matrimonial no siempre equivale a una nulidad matrimonial.

Hay que tener en cuenta que en el derecho canónico la separación de los cónyuges, confirmada por el Decreto de la autoridad eclesiástica, es considerada por el ordenamiento civil como una simple separación de hecho. Los efectos civiles de esta separación son casi inexistentes: no supone la disolución de la sociedad patrimonial (a no ser que se acordase en convenio ante Notario), no puede anotarse en el Registro Civil y no puede solicitarse su ejecución judicial.

El pleno reconocimiento civil de la separación privada consensual requiere la intervención de la autoridad civil y la inscripción registral. El procedimiento de separación consensual civil normalmente es simple y otorga plenos efectos civiles a lo convenido en el acuerdo. Por lo tanto, es necesaria la intervención de la autoridad civil para obtener los efectos civiles de la separación matrimonial canónica.

Los cánones 1151 a 1155 del Código de Derecho Canónico se refieren a las normas sustanciales de la separación de los cónyuges permaneciendo el vínculo matrimonial. Y los cánones 1692 a 1696 tratan de las normas procesales de la separación matrimonial canónica.

6. La separación matrimonial en el Derecho Civil español:

En la separación matrimonial civil  no hay que alegar causales, a diferencia de lo que sucede en la separación matrimonial canónica que sí tienen que alegarse.

Para separarse por lo civil, pueden darse dos tipos de procedimiento: la separación de mutuo acuerdo y la separación contenciosa. Si es de mutuo acuerdo, a la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador. Y si es contenciosa, a la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.

Debe presentarse demanda en el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante o de los cónyuges que soliciten la separación o el divorcio de mutuo acuerdo, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.

En el procedimiento de separación matrimonial será competente el Juez del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes.

Con la sólo presentación de la demanda, los cónyuges pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal, quedando revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.

Ya dijimos que la sentencia de separación produce la suspensión de la vida común de los casados, y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Contra la sentencia que se dicte en los procesos matrimoniales de separación, podrá interponerse el correspondiente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

El Juez acordará de oficio la comunicación al Registro Civil de la sentencia de separación, una vez esté firme.

En el proceso de separación matrimonial civil, pueden solicitarse medidas provisionales o simultáneas en el momento de la presentación de la demanda.

Entre las medidas que se pueden solicitar y que debe acordar el Juez se encuentran las siguientes:

1. Determinar, en interés de los hijos, si la guarda y custodia es compartida o no y, en su caso, el régimen de visitas para el progenitor no custodio.

Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes: a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa. b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.

2. Determinar cuál de los cónyuges ha de continuar con el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.

3. Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas, si procede, las litis expensas , establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro, como es el caso de la pensión de alimentos, gastos extraordinarios, etc.

Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad.

4. Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.

5. Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas del matrimonio.

Las medidas definitivas acordadas judicialmente podrán ser modificadas, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta para acordarlas.

Antes de presentar la demanda de separación matrimonial, también se pueden presentar medidas provisionales o provisionalísimas , las cuales son de carácter urgente, mediante un escrito en el Juzgado del domicilio del solicitante en el que se expondrán los datos de las partes, los hechos y las circunstancias que dan lugar a su solicitud y las medidas concretas que se solicitan; aportando con la misma las certificaciones de matrimonio y de nacimiento de los hijos y aquellos otros documentos que justifiquen o avalen las medidas que se solicitan.

A la vista de la solicitud, el Tribunal mandará citar a los cónyuges y, si hubiere hijos menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia, en la que se intentará un acuerdo de las partes y que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su Abogado y representado por su Procurador. La falta de asistencia, sin causa justificada, de alguno de los cónyuges a la comparecencia podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el cónyuge presente para fundamentar sus peticiones sobre medidas provisionales de carácter patrimonial.

El Juez acordará las medidas provisionales oportunas y contra esta resolución no cabe recurso alguno. Los efectos y medidas acordadas sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a su adopción, se presenta la demanda de separación.

Los artículos 81, 83 y 84 del Código Civil español se refieren a las normas sustantivas de la separación matrimonial y los artículos 769 a 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se refieren a las normas procesales de la misma.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

La ley permite el matrimonio por poderes cuando uno de los dos contrayentes no puede estar presente en el lugar, fecha y hora de la boda. En el poder matrimonial se determina la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, debiendo quedar clara su identidad.

El matrimonio por poder consiste en que una persona sustituya a uno de los contrayentes en la emisión del consentimiento matrimonial. Esta persona actúa como apoderado o representante, por medio de un poder especial que le ha otorgado legalmente el contrayente ausente. En este poder matrimonial debe constar el nombre e identidad del poderdante, del apoderado y del otro contrayente.

1. El artículo 55 del Código Civil Español dice: “Podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el contrayente que no resida en el distrito o demarcación del Juez, Alcalde o funcionario autorizante celebre el matrimonio por apoderado a quien haya concedido poder especial en forma auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del otro contrayente.

En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad.

El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocación por el poderdante bastará su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se notificará de inmediato al Juez, Alcalde, Notario o funcionario autorizante.”

Celebración de Matrimonio por poderes: Para la realización de un matrimonio por poder deben de aportarse los documentos pertenecientes a los dos contrayentes que se relacionan a continuación:

– Impreso de Solicitud para contraer Matrimonio civil
– Certificación literal de nacimiento (Expedido por el Registro Civil del lugar de Nacimiento de cada uno).
– Certificado de capacidad matrimonial o certificación de soltería de los dos.
– Certificado de si con arreglo a las leyes de su país es necesaria la publicación de edictos.
– Certificado de empadronamiento o de residencia
– Pasaporte o permiso de residencia o documento que acredite su identidad (DNI)

Además de estos documentos, necesita un Poder Notarial, debidamente legalizado, por el que se autoriza a una persona en España para que pueda instar el expediente de matrimonio, recibir notificaciones y prestar el consentimiento matrimonial.

También se deberá facilitar a los funcionarios del Registro Civil, la dirección del Consulado o Embajada más cercana al domicilio de la persona que está en el extranjero.

Todos los documentos extranjeros deberán estar debidamente legalizados, bien por el Consulado o Embajada de España en su país, o por el Consulado o Embajada de su país en España, o con la Apostilla de la Haya y traducidos, si fuera el caso, al castellano, por un intérprete oficial.

Una vez reunida toda la información debe acudir a presentarla al Registro Civil para que se inicie el expediente matrimonial.

Iniciado el expediente (con la aportación de documentación necesaria, poder y apoderado) se envía el exhorto al Consulado Español más cercano al domicilio del contrayente extranjero, donde éste deberá hacer una comparecencia reservada prestando consentimiento (entrevista privada para ver si es un matrimonio por conveniencia o no). Una vez realizada la entrevista le transmitirá su parecer al Registro civil (al juez que está tramitando el expediente).

Una vez gestionado todo ya señalarán la fecha para el matrimonio y éste se celebrará. Una vez celebrado el extranjero ya podrá solicitar en su consulado correspondiente el visado para la entrada en España.

2. En caso de matrimonio católico, el Código de Derecho Canónico establece en sus cánones 1104 y 1105, que para que pueda celebrase el matrimonio de forma válida, el contrayente ha de firmar un poder notarial y presentarlo al párroco o a un sacerdote delegado quien, a su vez, emitirá un poder especial. Este poder será privado, y se firmará, ante notario, junto a un procurador, el párroco o sacerdote, un obispo y dos testigos mayores de edad en pleno ejercicio de sus facultades y derechos.

1104 § 1: Para contraer válidamente matrimonio es necesario que ambos contrayentes se hallen presentes en un mismo lugar, o en persona o por medio de un procurador.

§ 2. Expresen los esposos con palabras el consentimiento matrimonial; o, si no pueden hablar, con signos equivalentes.

1105 § 1: Para contraer válidamente matrimonio por procurador, se requiere:

1. Que se haya dado mandato especial para contraer con una persona determinada;
2. Que el procurador haya sido designado por el mandante, y desempeñe personalmente esa función.
§ 2. Para la validez del mandato se requiere que esté firmado por el mandante y, además, por el párroco o el Ordinario del lugar donde se da el mandato, o por un sacerdote delegado por uno de ellos, o al menos por dos testigos; o debe hacerse mediante documento auténtico a tenor del derecho civil.
§ 3. Si el mandante no puede escribir, se ha de hacer constar esta circunstancia en el mandato, y se añadirá otro testigo, que debe firmar también el escrito; en caso contrario, el mandato es nulo.
§ 4. Si el mandante, antes de que el procurador haya contraído en su nombre, revoca el mandato o cae en amencia, el matrimonio es inválido, aunque el procurador o el otro contrayente lo ignoren.

3. En la inscripción de matrimonio por poder se expresará quién es el poderdante, la identidad del apoderado y la fecha, así como el autorizante del poder.

La autoridad competente en España para la realización de matrimonios por poderes es el Registro Civil de la localidad de residencia del extranjero.

Es necesario facilitar a los funcionarios del Registro Civil, la dirección del Consulado o Embajada más cercana al domicilio de la persona que está en el extranjero.

Iniciado el expediente matrimonial (con la aportación de documentación necesaria, poder y apoderado) se envía el exhorto al Consulado Español que le corresponde al domicilio del contrayente extranjero, donde el interesado deberá hacer una comparecencia reservada prestando su consentimiento a casarse.

La verdad es que el matrimonio por poder es un trámite difícil y las autoridades competentes no lo conceden fácilmente debido a que presumen que en algunos casos puede tratarse de matrimonios de conveniencia, con el fin de obtener la documentación necesaria para residir legalmente en España o en la Unión Europea.

Resulta evidente que en España y en el mundo entero se ha incrementado el número de matrimonios internacionales, por el creciente fenómeno de la inmigración y emigración y por la globalización que ha supuesto internet, con lo que se permite el contacto inmediato y cercano entre las personas de distintos y distantes Continentes, originando cada día más  matrimonios mixtos.

Lo importante es que las personas que deciden casarse, se casen de verdad, asumiendo ese compromiso matrimonial con plena conciencia, libertad y con un auténtico consentimiento matrimonial. Y que las autoridades competentes se aseguren muy bien para evitar irregularidades y nulidades matrimoniales.

Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho

 

Con la expresión matrimonio secreto o de conciencia se comprenden dos formas de matrimonio: el matrimonio secreto o de conciencia de la Iglesia Católica, regulado por las normas del derecho canónico, y el matrimonio secreto civil, regulado por el código de derecho civil y la legislación del Registro Civil. El matrimonio secreto está actualmente vigente, y se sigue presentando, aunque en escasas ocasiones.

I. En la legislación canónica se entiende por matrimonio secreto el que se celebra por causa urgente y grave, con permiso del Ordinario del lugar, llevando en secreto las investigaciones que han de hacerse antes de todo matrimonio, quedando obligados a guardar el secreto de su celebración el Ordinario del lugar, el asistente, los testigos y los cónyuges (cánones 1130 y 1131).

Deben estar presentes el testigo cualificado (es decir, el sacerdote celebrante) y los dos testigos comunes. Su publicidad registral es restringida al igual que su publicidad social por lo que hay secreto obligatorio para todos los asistentes.

El presupuesto para que pueda concederse la correspondiente autorización para celebrar este matrimonio es la existencia de una causa grave y urgente, la cual la valora el Ordinario del lugar (Obispo), quien autoriza el matrimonio secreto.

Su modalidad consiste en:

1. Realización en secreto de las investigaciones previas que deben preceder a la celebración de todo matrimonio (canon 1131,1).

2. Celebración en secreto del mismo matrimonio, con la presencia del mínimo de personas exigidas para la firma (canon 1131,2), quienes están obligadas a guardar secreto.

3. Inscripción en un libro especial, que se conserva en el archivo secreto de la curia diocesana (c. 1133).

La obligación de guardar secreto cesa, por parte del Ordinario del lugar, cuando de su observancia se origine un grave escándalo o una grave injuria al matrimonio mismo, y así debe advertirlo, como puntualiza el canon 1132, a las partes antes de la celebración del matrimonio.

De la celebración del Matrimonio en Secreto en el Código de Derecho Canónico (cánones 1130 a 1133):

1130: Por causa grave y urgente, el Ordinario del lugar puede permitir que el matrimonio se celebre en secreto.

1131: El permiso para celebrar el matrimonio en secreto lleva consigo:

1. Que se lleven a cabo en secreto las investigaciones que han de hacerse antes del matrimonio;

2. Que el Ordinario del lugar, el asistente, los testigos y los cónyuges guarden secreto del matrimonio celebrado.

1132: Cesa para el Ordinario del lugar la obligación de guardar secreto, de la que se trata en el c. 1131, 2, si por la observancia del secreto hay peligro inminente de escándalo grave o de grave injuria a la santidad del matrimonio, y así debe advertirlo a las partes antes de la celebración del matrimonio.

1133: El matrimonio celebrado en secreto se anotará sólo en un registro especial, que se ha de guardar en el archivo secreto de la curia.

II. El matrimonio secreto civil no fue contemplado en el Código civil en su redacción originaria de 1888, ni en la legislación del Registro Civil entonces vigente. Matrimonios secretos civiles son aquellos matrimonios que se celebran en secreto por solicitud de ambos cónyuges.

El matrimonio secreto civil se celebra precedido de expediente reservado y sin publicación de edictos. Ha de ser autorizado por el Ministro de Justicia en caso de que concurra causa grave y suficientemente probada.

Artículo 54 Código Civil español: Cuando concurra causa grave suficientemente probada, el Ministro de Justicia podrá autorizar el matrimonio secreto. En este caso, el expediente se tramitará reservadamente, sin la publicación de edictos o proclamas.

La inscripción de los matrimonios secretos es secreta y el secreto se extiende a los contrayentes, mientras que ambos no consientan la divulgación del mismo.

En el libro especial de matrimonios secretos del Registro Civil Central se inscribirán:

– Los matrimonios de conciencia celebrados ante la Iglesia, si lo solicitan ambos contrayentes.

– Los matrimonios civiles celebrados en secreto por dispensa.

– Solo se podrá solicitar la publicación del matrimonio secreto por los propios cónyuges.

III. Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta su inscripción en el Libro Especial del Registro Civil Central, pero no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas sino desde el momento en que se publique en el Registro Civil ordinario.

Podrán solicitar la publicación del matrimonio secreto mediante inscripción en el Registro Civil correspondiente los cónyuges de común acuerdo, o el cónyuge sobreviviente en caso de fallecimiento del otro.

La Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, se refiere al matrimonio en secreto en los siguientes términos:

Artículo 78: En el Libro Especial de Matrimonios secretos del Registro Central se inscribirán:

1. Los matrimonios de conciencia celebrados ante la Iglesia, si lo solicitan ambos contrayentes.

2. Los matrimonios civiles celebrados en secreto por dispensa.

Artículo 79: Sólo podrán solicitar la publicación del matrimonio secreto, la cual se hará mediante el traslado de la inscripción al Registro Civil correspondiente:

1. Ambos contrayentes de común acuerdo.

2. El cónyuge sobreviviente.

3. Tratándose de matrimonio canónico, el Ordinario en los casos en que cesa para él la obligación canónica del secreto.

4. Tratándose de matrimonio civil, cuando lo ordenare el Director General, con citación de los cónyuges, si uno o ambos se amparan en el secreto para infringir gravemente los deberes fundamentales del matrimonio o los que tienen respecto a la prole.

 IV. Pasando a otro aspecto, es de anotar que algunos párrocos se han visto en la necesidad de explicar que el espíritu de la legislación canónica es evitar el fraude a la ley civil, puesto que hay personas viudas que para no perder la pensión de viudedad que alguno de ellos estuviera percibiendo, les solicitan la posibilidad de la celebración de su matrimonio en secreto.

Estos mismos párrocos les recuerdan a estos viudos que el hecho de contraer nuevo matrimonio, según la normativa estatal aplicable, hace perder la pensión de viudedad del que la estuviera percibiendo, salvo que concurrieran los siguientes supuestos:

– Ser mayor de 61 años (o menor y tener reconocida también una pensión de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez) o acreditar una discapacidad en grado superior al 65%.

– Que la pensión de viudedad debe constituir la principal o única fuente de ingresos del pensionista. Se entiende que constituye la principal fuente de ingresos cuando el importe de la misma represente, como mínimo, el 75% del total de ingresos de aquél, en cómputo anual.

– Tener el nuevo matrimonio unos ingresos anuales, de cualquier naturaleza e incluida la pensión de viudedad, que no superen dos veces el importe, en cómputo anual, del SMI (salario mínimo interprofesional) vigente en cada momento.

A la vista de todo esto, los Obispos y los Párrocos insisten en el respeto tanto a la Ley canónica como a la civil. No se puede autorizar la celebración del matrimonio en secreto para que el interesado no pierda la pensión de viudedad, puesto que estos fines no responden a su regulación y se estaría incurriendo en violación de los Acuerdos vigentes entre la Santa Sede y el Estado Español y en fraude de ley al mismo tiempo. Quien contraiga matrimonio debe ser consciente de las consecuencias del mismo y, si entiende que se dan los requisitos para no perder la pensión de viudedad, tal y como han sido expresados, pueden hacer valer sus argumentos y derechos ante la Administración del Estado.

V. Por último, recordar que el matrimonio en secreto es diferente al matrimonio en peligro de muerte y al matrimonio por poderes.

 Por: Patricia Alzate Monroy, Abogada y Doctora en Derecho